Los inquilinos exigen revertir la burbuja del alquiler: "Si no lo hacen ellos, lo vamos a hacer nosotros"

La situación insostenible en torno al alquiler –subida de precios, endurecimiento de las condiciones, viviendas vacías y desahucios sin freno– ha llegado al Congreso de los Diputados. Lo ha hecho de la mano de quienes viven de forma más directa las consecuencias de la burbuja del alquiler que ya ahoga a algunas de las principales ciudades del país. Se trata de los sindicatos de inquilinos de Madrid y Barcelona, que este miércoles presentaron una batería de propuestas a los grupos parlamentarios que decidieron escuchar sus voces.

Javier Gil pertenece al Sindicato de Inquilinas de Madrid. Sus expectativas, dice en conversación telefónica con infoLibre, no se libran de cierto escepticismo. El PP y el PNV decidieron no reunirse con los sindicatos de inquilinos y, en general, "no se está tratando este tema con la necesidad que requiere". Si bien existen excepciones más favorables, "estamos ante una emergencia habitacional y cada día que pasa los riesgos son mucho mayores". 

Jaime Palomera, miembro del Sindicat de Llogaters, lamenta que "la mayoría de los grupos parlamentarios ni siquiera tenga en cuenta muchas de las políticas de vivienda existentes en otros países y que permitirían mejorar la situación aquí". Que el PNV no haya contestado al requerimiento y que el PP anulase la invitación supone una "falta de respeto para los inquilinos", que además también son parte del electorado. Respecto a Ciudadanos, Palomera agradece "su disposición a hablar y considerar propuestas, pero en general mantienen una posición adversa o poco abierta a incorporar demandas". Sí existe, por el contrario, una "clara disposición" por parte de ERC, PDeCAT, Bildu, Compromís y Unidos Podemos, "muy proclives a incorporar propuestas exceptuando algunos flecos".

En cuanto a las proposiciones de ley sobre el alquiler de la vivienda registradas recientemente por PSOE y Podemos, les deja un sabor agridulce. La iniciativa sugerida por los socialistas "no solucionaría de ninguna manera el problema" porque no abarca tres cuestiones clave: la estabilidad de los contratos, los precios y los privilegios fiscales de grupos especuladores. "No defiende a las familias que viven de alquiler y legitima la especulación", critica Palomera. La proposición de Unidos Podemos, sin embargo, "es hasta ahora la que más se acerca a varios de los planteamientos que se hacen desde las organizaciones ciudadanas", aunque existen todavía carencias que los sindicatos creen necesario solventar. Éstas son las exigencias que esbozan los agentes sociales.

Contratos: duración y precios

La derogación y total reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, modificada en el año 2013, es el primer y más importante de los pasos para no sólo terminar con la burbuja del alquiler, sino también para revertir unas consecuencias que son ya palpables. Las organizaciones proponen un cambio en la duración de los contratos, que la modificación legislativa redujo a tres años con prórrogas de uno. La propuesta habla de seis años para los pequeños propietarios y doce para los grandes, con renovaciones automáticas salvo necesidad propia o familiar. Actualmente, señala Gil, ocurre que hay "gente con contratos que lleva dos décadas renovando de forma automática, hasta que un fondo buitre compra la vivienda y echa a los inquilinos de manera legal".

Sucede, asimismo, que la finalización del contrato, si no es por necesidad familiar, es para buscar otro inquilino y obtener un mayor rendimiento económico, contexto en el que se producen las expulsiones. "Si los contratos fueran estables no habría ese incentivo perverso de terminar sus contratos para subir los precios", censura Palomera. El factor fundamental, sin embargo, no es tanto la duración como las condiciones de renovación. A no ser que la propiedad tenga una necesidad justificada con un familiar en primer grado, el contrato debe poder actualizarse automáticamente, reclaman.

La desmesurada subida de precios es otro de los fenómenos que más preocupa a la ciudadanía y que los sindicatos llaman a regular. Estas subidas "no pueden continuar porque las condiciones socioeconómicas de la población no aumentan", argumenta Gil. La reforma del 2013 desvinculó al IPC del contrato y fijó subidas de precio que no deben estar necesariamente ligadas a regulación alguna. La cuestión no es sólo que el contrato se encuentre vinculado al IPC, sino que al finalizar la relación contractual  –"cuando se producen los mayores abusos"– las posibles subidas estén debidamente controladas.

Para ello, relata Palomera, la idea consiste en "construir índices de referencia para los ayuntamientos y que éstos tengan competencias a la hora de modular las subidas". Los sindicatos no plantean un índice de mercado, sino que los indicadores de referencia se configuren como "índice social que determine el precio final en función de los ingresos domésticos".

Comisiones de intermediarios

Otro de los problemas para los arrendatarios apunta directamente a las empresas inmobiliarias que actúan como mediadoras. La responsabilidad de asumir económicamente sus prestaciones recae a menudo sobre los propios inquilinos, pese a que sus servicios están destinados a los arrendadores. "Es común que el 100% de los honorarios de los agentes inmobiliarios vayan a cargo del inquilino" y en ocasiones existen "honorarios muy abusivos que, por recomendación de los agentes de la propiedad inmobiliaria, alcanzan el 10% de la anualidad". Los inquilinos son "cautivos de los grandes agentes inmobiliarios".

En este sentido, los sindicatos advierten de la frecuencia con la que se producen irregularidades, como fianzas superiores a lo establecido por ley para cubrir los gastos de las empresas. "Los inquilinos tienen que participar de esas ilegalidades porque no pueden aspirar" a alternativas habitacionales. Para evitarlo, las organizaciones proponen que los honorarios de los intermediarios corran a cargo de la propiedad, sin excepciones.

Privilegios fiscales

En un contexto de burbuja del alquiler, los sindicatos consideran "importantísimo" poner fin a los privilegios fiscales que disfrutan las llamadas socimis, sociedades que compran suelo y propiedades para después orientarlas al alquiler. En el año 2012, "alentado por el sector inmobiliario y financiero", el PP cede ventajas fiscales a dichas empresas, de forma que comienzan a estar exentas de pagar el impuesto sobre beneficios y conservan las bonificaciones de hasta el 95% en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. La banca española, dicen los activistas, está vendiendo pisos a las socimis y a fondos internacionales, que posteriormente "esperan a subir el precio" del alquiler al mismo tiempo que "reciben beneficios fiscales".

Para Javier Gil la medida respecto a las socimis "llega demasiado tarde porque el daño ya está hecho". La realidad es que "se está premiando a este tipo de actores económicos para que especulen con el mercado del alquiler", convirtiéndolo en un negocio altamente rentable y reactivando de esta forma la burbuja de compra-venta hipotecaria.

Desahucios y viviendas vacías

"El problema de la burbuja no es que no haya vivienda", sino que por el contrario existen "más de tres millones y medio vacías", señala Javier Gil. Reclama, por ello, la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional y exige que las administraciones estén obligadas al realojo. El activista repara en la existencia de "muchas viviendas en manos de grandes propietarios, entre ellos la Sareb, financiada en un 45% con fondos públicos" y que sin embargo "se niega a decir cuántos posee para ponerlos a disposición de las administraciones", lo que supone un lastre para el alquiler social.

En los últimos años, agrega Palomera, "todo lo que se ha hecho legislativamente y a nivel de discurso político ha sido poner el foco en las ocupaciones", que no son sino el "efecto de una política de vivienda desastrosa". A su parecer, "no se puede castigar a quien no tiene alternativa y al mismo tiempo premiar a quien especula", lo que interpela directamente a los grandes tenedores, bancos, socimis y fondos buitre para evitar que "tengan parques de miles de viviendas y las mantengan vacías para que se revalúen como activos financieros", sostiene Gil. La fórmula propuesta para revertir esta situación consiste en expropiaciones y multas. "Los ayuntamientos tienen que tener la posibilidad de ponerlas a disposición de la ciudadanía", añade Palomera.

Los sindicatos también apuntan directamente a las Viviendas de Protección Oficial (VPO) destinadas a la venta y proponen sustituirlas por aquellas de alquiler. "No entendemos por qué se prestan ayudas públicas a la compra", señala Gil, quien reclama el régimen de vivienda protegida, oficial y pública como herramienta para fomentar alquileres asequibles. También Palomera coincide en que la problemática respecto a las VPO es "una verdadera perversión" basada en "financiar con recursos públicos viviendas que luego son privatizadas".

Palma prohíbe el alquiler de pisos turísticos en un ensayo inédito para frenar el 'boom' de los precios

Ver más

Organización en las calles

El escenario resultante evidencia lo necesario de "hacer algo de manera inmediata". "Si no lo hacen ellos, lo vamos a hacer nosotros", sostienen los activistas. No son pocos los ejemplos en los que la movilización social se ha demostrado una vía exitosa para la consecución de los objetivos marcados. "La PAH ya lo hizo, nosotros estamos haciendo lo mismo", subraya Gil. En Barcelona, de hecho, una filial del grupo Goldman Sachs intentó recientemente subir el precio del alquiler de 140 pisos, entre un 40% y un 100%. Las 121 familias de Sant joan Despí "se han organizado y lo han conseguido frenar". Los vecinos decidieron unirse al sindicato y "se plantaron para exigir negociar colectivamente las diversas condiciones y tener la fuerza suficiente para acabar renovando contratos a precios asumibles", explica Palomera.

Si los poderes públicos no legislan para poner fin a "la enorme desigualdad entre propietarios e inquilinos", por tanto, "tendrán que ser los propios inquilinos los que se organicen y defiendan sus derechos". A juicio de los sindicatos, las garantías se ganan "en muchos casos organizándose" para no abandonar una vivienda aunque el propietario quiera finalizar el contrato. No obstante, y pese a la firme apuesta por la movilización en las calles, los agentes sociales reconocen el papel clave de las instituciones a la hora de legislar. "No puede ser que para evitar abusos se tenga que desobedecer la ley" y que por el contrario ésta permanezca "del lado de los grandes especuladores", sentencian.