Memoria histórica

Podemos insta a Justicia a facilitar interrogatorios de acusados de crímenes franquistas

Jueces para la Democracia estudia emprender acciones legales contra los responsables de la investigación a la exjuez Rosell

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Podemos quiere que el Pleno del Congreso respalde la investigación contra los crímenes del franquismo abierta por la jueza María Servini en Argentina y que lo haga instando al Ministerio de Justicia a dejar de obstaculizarla facilitando el interrogatorio de los investigados, entre los que hay varios ministros del dictador, en territorio español, informa Europa Press.

Este es el objetivo de la proposición no de ley registrada en la Cámara por el grupo parlamentario de Podemos y sus confluencias, que lleva la firma de su portavoz de Justicia, la jueza en excedencia Victoria Rosell.

La iniciativa persigue que el Congreso inste al Gobierno, en concreto al departamento que ahora dirige en funciones Rafael Catalá, a cumplimentar la comisión rogatoria cursada por Argentina para poder proceder al interrogatorio de los acusados en la citada causa.

Incumple el convenio de extradición

Rosell refiere en su texto que la intención de la jueza Servini era poder proceder a estas tomas de declaración entre los días 3 y 22 de abril y que, a estas alturas de mes, Justicia aún no ha dado respuesta a ese exhorto internacional, lo que, a su juicio, supone un "manifiesto y grave incumplimiento" de lo previsto en el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal que España y Argentina firmaron en 1987.

Así las cosas, Podemos aspira a que el Pleno del Congreso inste a Justicia a cumplimentar la comisión rogatoria y a remitirla "con carácter urgente" al Decanato de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional para que se proceda a

la toma de declaración indagatoria de los imputados "en virtud del principio de Justicia universal", en la que se investigan los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista.

La proposición no de ley contiene un segundo punto en el que se emplaza al Gobierno a cumplir con las recomendaciones en materia de recuperación de la memoria históricas planteadas en el informe del Grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas presentado el 2 de julio de 2014.

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