Corrupción

El juez cita a como testigo a Cifuentes y la presidenta promete “colaboración activa” con la Justicia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en su comparecencia tras la operación de la UCO en el Canal de Isabel II.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha reiterado la colaboración “absoluta” del Ejecutivo regional con la justicia tras la detención de su antecesor, Ignacio González, por las maniobras del Canal de Isabel II. “Es un asunto que está siendo investigado por la UCO y que está bajo secreto de sumario”, argumentó la dirigente para justificar la ausencia de declaraciones salvo la constatación de que el Gobierno está “colaborando activamente” con la investigación.

Cifuentes ha recordado que fue su propio Ejecutivo quien puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción el caso. ”En el pasado, en el presente y en el futuro, la colaboración va a ser absoluta, porque este Gobierno tiene tolerancia cero con la corrupción”, afirmó en un breve encuentro con los medios tras un acto de firma con los sindicatos de un  acuerdo sobre los empleados de la Administración regional.

Según informa Europa Press, el juez Eloy Velasco, impulsor de las detenciones, ha citado para esta mañana de miércoles a la presidenta madrileña para que acuda a testificar sobre la gestión del canal de Canal de Isabel II, bajo sospecha. Ni la propia dirigente ni su equipo de prensa han querido confirmar la citación ni si se personará en la Audiencia Nacional o, como permite la ley, declarará en su despacho. La agencia recoge que el portavoz del Gobierno regional y presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, también ha sido citado.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha sido detenido este miércoles en una operación que incluye el registro de la sede de la empresa de aguas Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de Madrid. La investigación fue abierta hace un año por la denuncia interpuesta por el propio Ejecutivo de Cifuentes.

Como recoge Europa Press, en mayo de 2016, el Gobierno de la Comunidad de Madrid informó que el nuevo director gerente del Canal de Isabel II, Rafael Prieto, estaba haciendo un análisis de la sociedad del Canal en Iberoamérica y sus filiales comenzando por la operación de compra más reciente, realizada en 2013.

Esta compra es la relativa a la que hizo el Canal en noviembre de 2013 de una empresa brasileña –Emissao Engenharia e Construçoes– por un importe de 21 millones de euros. Un año después el valor contable era de cinco millones.

Según explicó entonces el portavoz del Gobierno regional y presidente del Canal, Ángel Garrido, habían aparecido cuestiones que les parecían "anómalas", relativas a diferentes etapas, precios, plazos y fórmulas de pago de la operación. Por ello, las pusieron en conocimiento de la Fiscalía para determinar si alguna de estas anomalías eran constitutivas de delito.

Por su parte, Cifuentes también detalló que lo detectado tenía que ver con compra de acciones o letras de una sociedad a un precio mayor del establecido, y recalcó que la responsabilidad de esto se circunscribía en el que fue responsable de la entidad en esa área en ese momento y no del Ejecutivo regional que presidió Ignacio González.

Cifuentes aludía entonces al directivo ya cesado Edmundo Rodríguez que fue presidente ejecutivo de la Sociedad Interamericana Aguas y Servicios, S.A. (Inassa), empresa del Grupo Canal en Colombia.

Además, el pasado mes de julio, el Gobierno regional denunció ante la Fiscalía General del Estado presuntas irregularidades detectadas en el proceso de adquisición de esta compañía por parte del Canal de Isabel II. Por otro lado, el Canal procedió al cese de la directora Financiera y de Desarrollo de Negocio, María Fernanda Richmond, por pérdida de confianza por su participación en la compra de Emissao.

Informe de la oposición

Por su parte, el pasado mes de marzo, los grupos parlamentarios de la Asamblea en la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) presentaron un informe producto del trabajo desarrollado en la Comisión del Estudio de la Deuda de la Comunidad de Madrid, que llevó entre otros temas, esta compra.

Su objetivo era que la Fiscalía investigue quién autorizó y permitió el quebranto patrimonial y la actividad del Canal de Isabel II en Iberoamérica, así como el "entramado" societario en este continente, dado que sospechan de una posible "trama corrupta" en torno a las inversiones realizadas.

La denuncia versaba sobre la adquisición por parte del Canal de esta empresa en noviembre de 2013 a través de una sociedad "instrumental" radicada en Uruguay (Soluciones Andinas de Agua) y que carecía de actividad, según el escrito. El Canal la compró a través de su filial Inassa.

Además, relata que la adquisición de Emissao se hizo por valor de 21,4 millones de euros y un mes después el patrimonio neto en las cuentas del Canal era de 10,6 millones. Al año siguiente, el valor de la sociedad era de 5,4 millones y a finales de 2015 daba pérdidas de 5,5 millones en el balance consolidado del Canal. A su vez, la participación en Soluciones Andinas de Agua arrojaba un balance negativo de 10,5 millones.

La denuncia reclama al Ministerio Público que determine la calificación penal aunque los grupos parlamentarios de la oposición sospechan posible fraude con indicios de mala utilización del dinero público, utilización de sociedades off-shore y también administración desleal.

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