El juez de Valencia pide al Supremo que impute a Rita Barberá

Nada se movía en el Ayuntamiento de Valencia sin su consentimiento. Se trata de María del Carmen García-Fuster, tesorera y secretaria del grupo. Lo suyo era cuestión de números y de órdenes. A García-Fuster la temían por su carácter tiránico y por su relación de poder como amiga íntima, desde hace décadas, de Rita Barberá, la principal pata de la Taula (mesa en valenciano). “Me siento muy orgullosa [de García-Fuster], es una persona muy trabajadora y muy honrada y lo quiero subrayar”, aseguró Barberá el pasado 16 de marzo en una rueda de prensa. “Juró solemnemente que Rita Barberá no es la recaudadora [del PP]; ha sido la diana de todos los medios y allende los medios”, protestó su amiga ante el juez el 8 de abril.

Víctor Gómez, titular del Juzgado de Instrucción 18, que investiga la pieza separada del caso Imelsa sobre un supuesto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal de PP, sospecha de tan estrechos vínculos. Razón suficiente para solicitar la imputación al Tribunal Supremo de Rita Barberá, senadora territorial y, por tanto, aforada. Además, a García-Fuster la señalan gran parte del resto de 46 políticos y asesores investigados (más el Partido Popular) como la que exigía donaciones de 1.000 euros para sufragar la campaña de las locales de 2015. Ese dinero, teóricamente, les era retornado en dos billetes de 500 euros de origen opaco. De los 47 solo dos asesoras reconocen este reitegro.

Una de ellas es María José Alcón, la polémica exconcejal de Cultura cuyas conversaciones con Marcos Benavent, exgerente de Imelsa, negociando comisiones en licitaciones municipales permitieron a la Guardia Civil estirar del hilo. En una de las grabaciones habla “de fajos de billetes de 500 euros en el grupo popular de Valencia”. El juez presupone que todas esas cantidades podrían estar vinculadas con los 245.000 euros que García Fuster reconoció haber recaudado en 2003, 2010 y 2011 a través de dos cuentas bancarias no declaradas y de una tercera persona vinculada al PP que se negó a identificar. Gómez considera “significativo” este silenció de la tesorera.

Además, el magistrado duda en su escrito que Bárbera, atendiendo a su cercanía con García-Fuster y a su superioridad jerárquica como alcaldesa, desconociera cómo se gestionaba el grupo. Es lo que arguyó la senadora en una alegación de finales de marzo en la que admitía la aportación, sin devolución, de los 1.000€ e insistía en que su labor era solo política y que las cuestiones electorales correspondían al equipo de campaña, con el que, asegura, nada tenía que ver. Y atribuía la situación judicial del grupo, y la suya propia, a una venganza personal del exvicealcalde Alfonso Grau, cuyo procesamiento en Nóos lo enfrentó con Barberá. Algo que se agravó cuando ésta decidió incluir a Alcón, esposa de Grau, en puestos de la lista con escaso futuro electoral. Unas explicaciones que al juez le parecen insuficientes.

Finalmente, Gómez incluye una razón de proporcionalidad a la hora de solicitar la investigación de Barberá. “Sería incoherente” tras la imputación del resto de concejales y asesores. Lo mismo sucede con el exedil y actual diputado autonómico, Miguel Domínguez, aforado y cuya investigación correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV). Esta pieza separada por blanqueo en el PP forma parte del Caso Imelsa, donde se rastrea el amaño de contratos a cambio de mordidas en la Diputación, el Ayuntamiento y la Generalitat. Se investigan delitos de malversación, fraude en la contratación pública, soborno, tráfico de influencias y blanqueo. El Ayuntamiento de Valencia ya se ha personado en la causa y, al igual que en la Diputación, se han creado sendas comisiones de investigación para depurar responsabilidades políticas.

Otra causa, esta vez por no retirar símbolos franquistas

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, este jueves se ha conocido también que el juzgado de Instrucción número 16 de Valencia ha enviado al Tribunal Supremo una causa contra Rita Barberá por no retirar símbolos franquistas cuando ocupaba el cargo de primera edil en el consistorio. La jueza se declara no competente para admitir la denuncia contra la exalcadesa por desobediencia por incumplir la Ley de Memoria Histórica, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.