Política migratoria

La justicia y la ONU ordenan paralizar el plan de Marlaska para devolver menores a Marruecos

Fernando Grande-Marlaska, en una imagen de archivo

Esta vez no han sido ni las ONG, ni la oposición política ni las críticas de su socio de Gobierno. Los planes del ministro del Interior para devolver a Marruecos a los niños llegados a Ceuta en el mes de mayo chocan frontalmente con la propia justicia española hasta el punto de que, a última hora de este lunes, un juzgado de guardia de Ceuta ha ordenado la paralización del proceso de expulsión. En una decisión adelantada por la Cadena Ser y confirmada por este periódico, la jueza solicita información al Ministerio del Interior y suspende durante 72 horas las devoluciones tras escuchar el testimonio de 5 menores que iban a ser expulsados próximamente. 

La paralización supone un auténtico mazazo para Fernando Grande-Marlaska, que ha encabezado estas polémicas repatriaciones de menores en pleno puente de agosto y que en las últimas horas ha insistido en la legalidad del procedimiento en contra del criterio unánime de organizaciones internacionales, ONG, Defensor del Pueblo y, ahora, de la justicia. Pero el ministro ha sufrido un importante varapalo más este mismo lunes. Porque su controvertido e inédito procedimiento de expulsiones de menores ha merecido incluso el rechazo de las Naciones Unidas. En una resolución emitida este lunes por el Comité de Derechos del Niño de la ONU y a la que ha tenido acceso infoLibre se "solicita al Estado parte (España) suspender la expulsión” de los menores marroquíes a su país de origen “y su transferencia a un centro de protección”.

Horas antes, la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta ordenaba igualmente "suspender" la repatriación de un grupo de doce menores marroquíes, una decisión a la que solo han podido acogerse nueve de ellos al haber sido devueltos otros tres con anterioridad a dicha resolución. En un auto durísimo hacia el procedimiento puesto en marcha por el Ministerio del Interior y la ciudad autónoma de Ceuta, la jueza recalca que "la legislación española solo permite la devolución de mayores de edad que se encuentren ilegalmente en nuestro país” y recuerda que "nuestro ordenamiento jurídico exige para la repatriación de menores extranjeros no acompañados la incoación de un expediente administrativo, en el que debe constar datos tan esenciales como los relativos a la filiación y las circunstancias sociales y familiares de su entorno en el país de origen". En contra de lo afirmado este mismo lunes por Fernando Grande-Marlaska en una entrevista en la Ser, la jueza concluye que en este caso"ni se ha tramitado ni consta resolución expresa sobre dicha cuestión respecto a cada uno de los menores". Dos mazazos para Interior que se unen a una larga lista de denuncias por parte de ONG, Unicef o el Defensor del Pueblo. 

Hasta la resolución del juzgado de guardia de Ceuta en la que paraliza todas las expulsiones durante las próximas 72 horas, los planes del Ministerio del Interior pasaban por seguir adelante con los traslados de niños hasta la frontera con Marruecos, según fuentes de ese departamento. 

La justicia desmiente a Marlaska

En contra de la opinióndel resto de actores implicados, el Ministerio del Interior repite que las devoluciones se están llevando a cabo con todas las garantías mediante un procedimiento de “retorno asistido” para cada uno de los menores. Una afirmación que no solamente desmiente la jueza en su auto de suspensión. El propio área de menores del gobierno autónomo de Ceuta, departamento competente de redactar esos expedientes individualizados, ha pedido amparo a la Físcalía y le ha trasladado que “no ha participado” en un proceso que define como “devoluciones sin garantías”. Cuestionado también por la existencia de los expedientes que confirmarían la postura defendida por Marlaska de que los niños están recibiendo atención pormenorizada, desde su departamento argumentan que eso es “competencia del Gobierno de Ceuta”.

Llamamiento de Unidas Podemos

La gestión migratoria de Grande-Marlaska en Ceuta se ha convertido ya en un problema político que afecta también a la convivencia de los socios de Gobierno. Según ha podido confirmar infoLibre, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, telefoneó durante el pasado fin de semana a Pedro Sánchez para mostrarle su preocupación por la repatriación de menores a Marruecos. Fuentes de la vicepresidencia segunda explican que Díaz trasladó al presidente su inquietud por una posible vulneración de derechos, un asunto que en Unidas Podemos consideran de la máxima gravedad. Según esas mismas fuentes, Sánchez respondió que todo se estaba haciendo conforme a la legalidad vigente.

Este mismo lunes y tras la resolución judicial, desde el ministerio de Derechos Sociales se ha remitido una nueva carta a Fernando Grande-Marlaska en la que piden “que cese la operación” hasta que se defina un protocolo que permita “a los niños y niñas que deseen volver con sus familias poder hacerlo en condiciones de seguridad”, pero también que quienes “no deseen regresar, se queden en España en condiciones de acogida dignas”.

Por otra parte, uno de los principales socios parlamentarios del Gobierno como ERC, ha solicitado la comparecencia urgente en el Congreso del número dos de Interior y del Defensor del Pueblo.

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