ENTREVISTA A ARYEH NEIER

“Con la Ley de Seguridad Ciudadana, España está violando sus compromisos con la ley internacional”

Aryeh Neier, en una imagen de archivo.

España está en guerra. O, al menos, eso debió pensar el partido de Gobierno, el PP, cuando redactó el texto del anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como la ley mordaza. Su apodo ya da la medida de lo que significa esta norma que se encuentra en la fase final de tramitación, y que cubre diferentes ámbitos: un hachazo a la libertad de protesta y de expresión que, de acuerdo con el estadounidense Aryeh Neier, abogado, exdirector de la American Civil Liberties Union, exdirector y fundador de la ONG dedicada a defender los derechos humanos Human Rights Watch y Presidente de Open Society Foundations, solo podría justificarse según la legalidad internacional en caso de que se hubiera declarado una “emergencia pública relacionada con una invasión militar o conflictos armados dentro del país”. Invitado a Madrid por juristas y abogados progresistas y por Rights International Spain para hablar de esta reforma de ley, el también profesor (1937) atiende a infoLibre para charlar sobre esta y otras posibles vulneraciones de los derechos humanos en España.

Pregunta. Ha venido a España a hablar de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero lo cierto es que este no es el único cambio legislativo o cuestión legal relevante en estos tiempos de crisis. El Gobierno español también ha permitido cientos de desahucios, se ha recortado la seguridad social a los inmigrantes, se va a cambiar el código penal para introducir la cadena perpetua revisable o se han introducido unas tasas que hay que pagar para ir a juicio. ¿Estamos ante un Gobierno que no respeta los derechos humanos?

Respuesta. Lo peor a mi entender es esa introducción de las tasas judiciales. En el fondo, lo que están diciendo es que la justicia no es para todo el mundo, sino que la justicia es solo para aquellos que se la pueden pagar sin recuperar el dinero. Hay otros lugares donde hay que pagar tasas, pero en todos los casos que yo conozco recuperas las tasas si el juicio resulta a tu favor. E incluso si no es así, si el tribunal establece que no se trataba de un caso frívolo, también recuperas las tasas. La única base legítima para imponer tasas es disuadir las demandas frívolas y no acarrear gastos innecesarios para el Estado o los contribuyentes, pero la idea de hacer de la justicia algo que tienes que pagar es completamente equivocada desde mi punto de vista: es como pagar por el aire que respiras.

P. Con respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿cuál es el mayor riesgo en su opinión?

R. Que se impedirá a la gente participar en protestas. Creo que el Gobierno debería acoger positivamente la participación de la gente a través de las protestas pacíficas, ya que estas suponen un medio para indicar cuán firmemente creen los ciudadanos en ciertas cuestiones, y el Gobierno debería recibir eso como una señal de que la democracia es fuerte en España. Si tratan de cortar las protestas, eso es señal de que la democracia es débil e incapaz de permitir a las personas expresar sus opiniones de manera pacífica.

P. En tiempos de agitación y de crisis como los que atraviesa España, ¿es común en otros países restringir los derechos y libertades?

R. Yo no acepto completamente la idea de que España esté viviendo un tiempo de crisis. España está viviendo un tiempo de dificultades económicas para un número sustancial de personas, pero no está viviendo unas circunstancias de invasión militar o de peligro real para el Estado. Bajo la ley internacional, hay ciertas emergencias por las que es posible recortar ciertos derechos.El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dicta que hay ciertos derechos que pueden recortarse. Hay una cláusula, el artículo 4, que dice que cuando la vida de una nación está en peligro se pueden suspender ciertos derechos, aunque otros no, en la medida que sea necesario con respecto a esa emergencia. Pero se trata de casos en los que la vida de una nación está en riesgo, así que España no cumple con esos criterios del artículo 4, y por lo tanto está violando sus compromisos con la ley internacional como parte de la alianza por los derechos civiles y políticos, al limitar ciertos derechos que están garantizados.

P. ¿Y qué derechos se podrían recortar en caso de que existiera un riesgo real?

R. Cuando hay una emergencia que pone en peligro la vida de una nación se puede suspender la libertad de expresión o la prohibición de los arrestos arbitrarios, pero nunca se puede suspender la prohibición de la tortura. Aunque tiene que tratarse de una emergencia declarada públicamente, y nunca se puede incurrir en ningún tipo de discriminación, ya sea por cuestión de etnia o religión. Pero quiero subrayar que esa idea de emergencia pública está relacionada con una invasión militar o conflictos armados dentro del país.

P. Es decir, nada que ver con lo que ocurre en España.

R. Nada que ver con la actual situación. Muchos otros países también están atravesando dificultades económicas.

P. Efectivamente, como bien dice otros países también están atravesando dificultades económicas. ¿Están ellos recortando también sus derechos y libertades?

R. Creo que depende de cada país. Tenemos dificultades económicas en EEUU, y no se produjo ninguna restricción de derechos por ello. También ha habido este tipo de dificultades en Portugal, Irlanda, Grecia o Italia, y es sobre todo en Grecia e Italia donde se han producido ciertos cambios, más que nada en lo que respecta a los inmigrantes, pero no en cuanto a la libertad de expresión.

P. Como comentábamos al principio, la Ley de Seguridad Ciudadana no es el único cambio que se está produciendo en España. La reforma del Código Penal va a conllevar también la introducción de la cadena perpetua revisable. ¿Cuáles son los peligros de la cadena perpetua, y más aún en un país como España, con una tasa de criminalidad baja?

R. La verdad es que en ese sentido mi país tiene unos antecedentes terribles. Aún tenemos la pena capital, aunque por suerte se ejecuta a cada vez menos gente en los EEUU. También tenemos la cadena perpetua en EEUU. En este tema, Europa ha sido más ilustrada que los EEUU. Una dificultad que acarrea la cadena perpetua es que mucha de la gente que comete crímenes graves lo hace cuando son muy jóvenes: hay más criminalidad entre los jóvenes que entre los mayores. Y cuando la gente crece, suele cambiar. La cadena perpetua no tiene en cuenta esta tendencia general, la de transformarte según te vas haciendo mayor. Así que muy a menudo tienes a personas que han pasado muchos, muchos años en prisión, y que son completamente diferentes de como eran cuando cometieron ese grave crimen, y al final acaban muriendo en prisión. En EEUU se han tenido que crear hospicios en las prisiones, ya que hay presos muy mayores que muren en la cárcel. Además, encarcelar a la gente para toda la vida acarrea unos costes enormes para el Estado. Si tienes a alguien de 60 años en la cárcel, y esa persona cometió el crimen cuando tenía 22, estás pagando una fortuna, incluso aunque esa persona podría ser relativamente inofensiva o haberse transformado totalmente.

P. Algunos de estos cambios han sido propiciados por los recientes ataques terroristas en París. Lo mismo ocurrió con el 11-S en EEUU, atentado a raíz del cual se introdujeron cambios legislativos que recortaron los derechos y libertades de los ciudadanos. Sin embargo, tras los atentados de 2004 en España, se llevaron a cabo juicios a los responsables sin necesidad de cambios legislativos, y todo se desarrolló sin mayores problemas. ¿Significa esto que vamos hacia atrás?

R. Creo que las leyes en general son capaces de hacerse cargo de este tipo de crímenes. Estos son crímenes horribles y violentos, y es necesario imponer castigos suficientemente severos, pero la ley por sí misma es capaz de afrontarlos.

P. ¿Y significa esto que vamos hacia atrás? Porque hace diez años no hizo falta ninguna ley especial y ahora parece que sí.

R. Creo que no hace falta, no. Las leyes deben ser capaces por sí solas de enfrentarse a los crímenes más horribles.

P. Desde el mundo occidental tendemos a pensar que son los países en vías de desarrollo los que violan los derechos humanos. ¿Estamos en lo cierto o también aquí los vulneramos sustancialmente?

R. El problema es que no hay país perfecto. Hay países en los que las violaciones de derechos humanos son más comunes. Desde mi punto de vista es muy importante que los países que han desarrollado una tradición en torno a los derechos humanos, la mantengan. Estamos en un tiempo en que es importante demostrar la capacidad de mantener el respeto por los derechos, y especialmente en el mundo occidental.

P. En lo que se refiere a la Ley de Seguridad Ciudadana, hay partidos de la oposición que aseguran que, si llegan al poder, la derogarán. ¿Qué consecuencias tiene que esta ley se ponga en marcha, incluso si luego desaparece?derogarán

R. Lo primero es que nunca puedes estar seguro de que la ley será derogada. Lo segundo es que habrá un periodo en que esa ley esté en marcha y se restrinjan ciertos derechos. Y tercero, si todo partido que llegue al poder tiene la capacidad de modificar las garantías básicas para que haya libertad de expresión, eso nos habla de un desarrollo nada saludable.

P. En ese sentido, ¿qué pueden hacer organizaciones como Human Rights Watch?

R. En todo país, la más importante defensa de los derechos tiene que darse desde dentro del país. Yo creo firmemente que una organización como Rights International Spain tiene que estar en la primera línea de los esfuerzos para proteger los derechos. Una organización como Human Rights Watch juega un papel de apoyo, lo que quiere decir que hace de altavoz para dar a conocer una cierta situación a nivel internacional: puede avergonzar a los gobiernos internacionalmente haciendo público su fracaso a la hora de proteger los derechos humanos. No obstante, HRW cree firmemente que lo más necesario para proteger los derechos es el esfuerzo que se hace desde dentro del país.

P. Y estos esfuerzos, ¿tienen que venir de la sociedad civil, de los partidos políticos…?

R. Uno espera que vengan de muchos lugares diferentes: de los partidos políticos, de parte del Gobierno, de los jueces… Pero la fuerza impulsora suele ser la sociedad civil. La sociedad civil suele aportar la información a los partidos políticos y al Gobierno, haciendo que un determinado asunto se convierta en una cuestión urgente.

P. Al principio de la entrevista le di una lista de problemas relacionados con los derechos humanos en España. ¿Cree usted que existen otros aparte de los mencionados?

R. Yo soy un forastero, y como tal no conozco todo lo que sucede en España. Me entero de las cosas de las que más se habla, pero no de todo.

P. Lo que sí conoce es la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que ha venido a hablar de ella. ¿Qué aspectos concretos ha tratado?

R. En general, la restricción del derecho a protestar. Es muy importante que la gente pueda protestar y que pueda hacerlo en los lugares que considere relevantes. No debería haber restricciones a no ser que se trate de situaciones en las que exista un riesgo real de violencia. Además, es importante poder hacer un seguimiento de lo que ocurre durante las protestas, lo que quiere decir poder contar con un archivo audiovisual o fotográfico de lo que ocurre. Debería ser posible identificar a los policías involucrados, ya que si se cometen abusos cada policía concreto debería rendir cuentas. Esos son los aspectos más críticos.

P. Efectivamente, no solo se restringe el derecho de protesta, sino que también se restringe el derecho a hacerlo en torno a ciertos lugares, como el Congreso.

R. El Congreso debería poder ser un lugar de reunión, porque la gente puede así expresar e informar sobre su opinión con respecto a determinadas cuestiones. La idea de impedir a la gente expresar su punto de vista cerca del Congreso es absolutamente equivocada. Es el sitio concreto en el que la gente debería poder reunirse para expresar su opinión.

P. Entiendo que esto no se puede expresar en términos medibles pero, ¿hasta qué punto es crítica es la situación en España?

R. Para la gente que está sufriendo económicamente, evidentemente la situción es muy preocupante. Pero nadie piensa que el país esté en riesgo físico o que vaya a desatarse la violencia, o que vaya a haber un derrocamiento del Gobierno, ni nada por el estilo. No es una situación crítica en ese sentido. Y es precisamente porque hay gente que está atravesando dificultades por lo que quieren protestar.

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