Es la comisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que advierte con más ahínco sobre los excesos políticos de los jueces. Sus dictámenes no son vinculantes para los miembros de la carrera, pero a menudo retratan a los magistrados o magistradas que, con cada vez más frecuencia, exponen públicamente y sin empacho su ideología –en la mayoría de los casos de derechas– en medios de comunicación, conferencias, redes sociales... Algunos, incluso, transgreden con toda nitidez el difuso límite de la apariencia de imparcialidad participando en actos de organizaciones vinculadas a partidos, cuando no organizadas directamente por estos. Se trata de casos que difícilmente llegan a ser sancionados disciplinariamente, pero los informes de la comisión, que no se refieren a actuaciones concretas, constituyen, en ocasiones, una censura moral a estas desmesuras basada en principios éticos de carácter universal aprobados en organismos internacionales como Naciones Unidas o el Consejo de Europa.
El pasado domingo y este lunes se ha producido la renovación parcial de esta comisión en la que toca elegir una plaza destinada a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo y dos a la de magistrado. A una de estas últimas se ha presentado como candidata la jueza de instrucción 3 de la Audiencia Nacional y exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid María Tardón. La magistrada, que formó parte del equipo de gobierno del exalcalde José María Álvarez del Manzano entre 1999 y 2003, opta al cargo a través su asociación de siempre, la moderada pero de derechas Asociación Judicial Francisco de Vitoria, de la que fue portavoz antes de su paso por la política de mano del partido que entonces dirigía José María Aznar. Su fichaje, según las crónicas de la época, se produjo para renovar la imagen del exregidor, por entonces muy tocada tras 10 años en el poder. Tras los comicios se convirtió en concejal de Seguridad del municipio.
A través del perfil en la red social X de su asociación, Tardón ha relatado en un vídeo las líneas generales de su programa de actuación. "Nuestro trabajo nos permite conocer de primera mano una realidad social que nos compromete, no solo a trabajar todo lo posible para tratar de lograr una mayor excelencia en nuestra función jurisdiccional, sino también para intentar mejorar la sociedad en la que vivimos", dice la jueza en ese vídeo. Después añade: "Por ello, aun con toda la prudencia necesaria para no afectar a nuestra independencia, no podemos renunciar al derecho a expresar libremente nuestras opiniones y nuestras propuestas en la defensa de los principios y valores constitucionales y en la mejora de la justicia". "Creo que el logro de ese equilibrio entre esa irrenunciable defensa y nuestra imagen de imparcialidad en la opinión pública debe ser uno de los objetivos que debe marcarse esta comisión judicial como principal tarea", concluye.
En su candidatura enviada al Consejo, la instructora de la Audiencia Nacional se declara partidaria de la "libertad de expresión responsable", que debe favorecer "la participación en el debate institucional mediante opiniones y propuestas fundamentadas, constructivas y respetuosas con los límites inherentes a la función judicial".
Ese derecho de los jueces a expresar sus opiniones y propuestas "en defensa de los principios y valores constitucionales y la mejora de la justicia" es lo que invocan gran parte de los magistrados de derechas que hacen públicos sus posicionamientos políticos. La interpretación de esa defensa ha amparado desde insultos a responsables de Gobierno y el Legislativo e incluso a familares de estos –por ejemplo del juez Manuel Ruiz de Lara llamando "psicópata" a Pedro Sánchez y "Barbigoña" a Begoña Gómez, su esposa; o el magistrado de la AN Eloy Velasco menospreciando a la exministra de Igualdad Irene Montero por haber trabajado en un supermercado–, posicionamientos más o menos explícitos contra el Gobierno de Pedro Sánchez –véase Luis Sanz @MagistraThor o Jesús Villegas–, manifestaciones y huelgas ilegales contra sus propuestas legislativas –como la amnistía, la reforma del acceso a la carrera o la que dará la instrucción al fiscal– o participación en actos del PP (María Jesús del Barco, presidenta de la mayoritaria y conservadora APM) o fundaciones ultra (el expresidente del Tribunal Superior de Castilla y León, José Luis Concepción o el magistrado del TS Antonio García).
El discurso de la derecha judicial, muy presente en esos actos y difundido también en medios y redes sociales y que se ha hecho valer ante instituciones europeas como la Comisión –que cada año evalúa a España avalando su Estado de derecho– o la Eurocámara, se basa en dibujar al Ejecutivo y sus iniciativas como epítome de un recorte patente, deliberado y permanente de libertades y garantías democráticas básicas que conducen a España poco menos que a una dictadura. Un recorte que, sin embargo, las organizaciones internacionales encargadas de analizar nuestro sistema y ofrecer recomendaciones para mejorarlo, no ven pese a los esfuerzos de esos colectivos judiciales. Las tres asociaciones más a la derecha (APM, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, que pese a negar que sea conservadora, así es vista en la carrera), han llegado a pedir a la UE que sancione a España como hizo con la Polonia del PiS o la Hungría de Viktor Orbán. Sin éxito.
A las dos plazas reservadas a la categoría de magistrado, además de Tardón, también optan el magistrado de la Audiencia de Sevilla Juan Jesús García Vélez y la de la Audiencia de Málaga María Teresa Sáez Martínez (ambos de la APM). Por Francisco de Vitoria (FdV), también compite Claudio García Vidales, del tribunal de Roquetas de Mar (Almería) y por el único colectivo progresista, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la presidenta de la Audiencia de Lugo Sandra María Piñeiro y el magistrado no asociado de lo Contencioso del Tribunal Superior de Asturias David Ordóñez Solís. Al puesto de magistrado del Tribunal Supremo aspiran el de la Sala de lo Civil Manuel Almenar (APM) y los de la Sala de lo Social Consuelo Uris (JJpD) y Juan Manuel San Cristóbal Villanueva (FdV).
La especial trascendencia de los dictámenes de la comisión de ética se debe a dos factores. El primero, que es el único órgano del Consejo no formado por vocales, sino por jueces y magistrados elegidos directamente por sus compañeros que, a su vez, eligen a un catedrático especialista en Filosofía del Derecho, Ética o Filosofía Moral. También porque su encargo es aplicar los Principios de Ética Judicial, un conjunto de valores y reglas de conducta que, entre otras finalidades, buscan fortalecer la confianza de los ciudadanos en la justicia al hacer explícitos los modelos de comportamiento que los jueces se comprometen a cumplir. Esos principios, además, se basan en textos aprobados en organismos internacionales de los que España forma parte, como los Principios de Bangalore de Naciones Unidas o los del Consejo Consultivo de los Jueces Europeos, del Consejo de Europa, que incluyen su adopción entre sus recomendaciones.
Es la comisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que advierte con más ahínco sobre los excesos políticos de los jueces. Sus dictámenes no son vinculantes para los miembros de la carrera, pero a menudo retratan a los magistrados o magistradas que, con cada vez más frecuencia, exponen públicamente y sin empacho su ideología –en la mayoría de los casos de derechas– en medios de comunicación, conferencias, redes sociales... Algunos, incluso, transgreden con toda nitidez el difuso límite de la apariencia de imparcialidad participando en actos de organizaciones vinculadas a partidos, cuando no organizadas directamente por estos. Se trata de casos que difícilmente llegan a ser sancionados disciplinariamente, pero los informes de la comisión, que no se refieren a actuaciones concretas, constituyen, en ocasiones, una censura moral a estas desmesuras basada en principios éticos de carácter universal aprobados en organismos internacionales como Naciones Unidas o el Consejo de Europa.