El año electoral

La moción de censura y las elecciones andaluzas dejan al descubierto el doble discurso de los partidos

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, junto al secretario general del PP, Teodoro García Egea

Fernando Varela

La montaña rusa en que se ha convertido la política española durante 2018 ha acabado por poner patas arriba las alianzas políticas, los liderazgos, el Gobierno de España y hasta los discursos de los partidos. El intercambio de papeles, del Gobierno a la oposición y viceversa, primero en la Moncloa y ahora previsiblemente en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, ha acabado por poner en evidencia a las formaciones que dominan el debate público, especialmente a PSOE, PP y Ciudadanos. Lo que sigue son los tres ejemplos más significativos.

  La “coalición de los perdedores”

El Partido Popular, aislado durante décadas en la mayoría de las instituciones representativas al acoger en sus siglas al conjunto del centroderecha, construyó para defenderse un discurso dirigido a desacreditar los acuerdos a los que llegaban sus rivales para pactar acuerdos y hacerse con alcaldías y gobiernos autonómicos. Un discurso que la expresidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, resumió con la expresión “coalición de los perdedores”, ideada para referirse al conjunto de partidos que quedaban por detrás del suyo en las elecciones pero se ponían de acuerdo para hacerse con el gobierno de una localidad o de una comunidad autónoma.

La tesis del Partido Popular siempre ha sido que el partido que gana las elecciones es el que obtiene más votos, no el que tiene más capacidad de negociar y llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas para elegir al alcalde o al presidente del Gobierno, que es el fundamento de la democracia representativa en España. Es lo que llevan meses reprochándole a Pedro Sánchez: haber llegado a la Moncloa temiendo el PSOE menos escaños que el PP.

Algunos dirigentes conservadores han coqueteado incluso con la idea de impulsar una reforma legislativa que consagre el principio de otorgar la Presidencia del Gobierno o la Alcaldía al partido más votado, acabando así con la posibilidad de que varias formaciones lleguen a acuerdos para construir mayorías. El último en hacerlo ha sido el actual presidente del PP, Pablo Casado, que defendió, sin éxito, una reforma legal para que la fuerza más votada en las municipales se hiciese automáticamente con la Alcaldía.

El resultado de las elecciones autonómicas andaluzas ha acabado con ese discurso. El partido más votado fue el PSOE y el PP no sólo quedó por detrás sino que ha retrocedido en votos y en escaños. Y, sin embargo, Pablo Casado ha asumido con toda naturalidad su disposición a presidir la Junta gracias a lo que, hasta el 2 de diciembre, su partido llamaba una “coalición de perdedores”: la suma de PP, Ciudadanos y Vox.

Del otro lado del campo de juego, como en un espejo, el PSOE ha vivido la transformación contraria. Después de defender durante años —muy especialmente tras la moción de censura— la legitimidad democrática de llegar a acuerdos entre partidos para decidir alcaldías y formar gobiernos, los socialistas alegan ahora su condición de fuerza política más votada en las elecciones andaluzas para reivindicar el derecho de Susana Díaz a ser investida de nuevo como presidenta de la Junta de Andalucía. Ella es quien ahora denuncia la “coalición de perdedores” entre PP, Ciudadanos y Vox para arrebatarle la Presidencia.

  El cordón sanitario

Se trata de na expresión tomada de la políticas de salud pública que identifica las estrategias para cerrar el paso a las propagación de una enfermedad infecciosa y que, por analogía, designa en las democracias contemporáneas el aislamiento de una política o de un partido que se considera contraria a los consensos del sistema.

Desde que la política catalana comenzó a estar dominada por los partidos independentistas —PDeCAT, Esquerra y la CUP—, el Partido Popular, Ciudadanos y una parte del PSOE —con una fuerte presencia de dirigentes conectados de un modo u otro con el viejo felipismo— desarrollaron la tesis de que los partidos "constitucionalistas" no pueden pactar con los que no lo son.

Aunque el partido de Pablo Casado ha llegado a acuerdos con los independentistas catalanes en el pasado, como cuando pactó con el PDeCAT al comienzo de la legislatura la composición de la Mesa del Congreso para asegurar a la derecha el control de la Cámara baja que PP y Ciudadanos no tenían en el Pleno, los conservadores siempre han cuestionado el derecho del PSOE a hacer lo mismo. El propio Pedro Sánchez acató este discurso durante mucho tiempo, primero obligado por los dirigentes de su propio partido partidarios de esa tesis, entre ellos los presidentes autonómicos de Andalucía (Susana Díaz), Castilla-La Mancha (Emiliano García-Page) y Aragón (Javier Lambán); después haciendo suya la cuarentena política dictada en pleno intento de declaración unilateral de independencia.

No fue hasta el mes de mayo, coincidiendo con la primera condena al PP por la trama Gürtel, cuando el líder del PSOE se sintió liberado del cordón sanitario tendido en torno a los independentistas y aceptó contar con sus votos para sacar adelante la moción de censura con la que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa. Una votación en la que fueron decisivos los votos del PDeCAT y de Esquerra, pero también del PNV, hasta entonces soporte presupuestario de las políticas del PP.

La moción ha servido al PP y a Ciudadanos —los dos únicos partidos que se opusieron a ella— para defender, casi a diario, la supuesta existencia de un pacto inconfesable entre el PSOE y los independentistas catalanes, a los que siempre se refieren como los socios del Gobierno de Sánchez. El presidente, insisten constantemente Pablo Casado y Albert Rivera, no es más que un “rehén” de los partidos secesionistas.

De nuevo el resultado de las elecciones andaluzas y la irrupción de de Vox en el Parlamento ha puesto patas arriba el discurso de los principales partidos. Ahora es el PSOE, consciente de que sus votos pueden costarle la Presidencia de la comunidad, el que reivindica la conveniencia de montar un “cordón sanitario” que aísle a la ultraderecha. Y son el Partido Popular y Ciudadanos quienes defienden la legitimidad de llegar a acuerdos con el partido de Santiago Abascal, ignorando sus vínculos con los ultras europeos y su discurso xenófobo y contrario a las políticas de igualdad. Y los dirigentes de la derecha reivindican un día sí y otro también la necesidad de "respetar" a los 400.000 andaluces que eligieron la papeleta de Vox, sin que jamás PP y Cs hayan utilizado un argumento similar para pedir respeto a los más de dos millones de catalanes que en las autonómicas de 2017 optaron por el PDeCAT, ERC o la CUP.

Los socialistas, por su parte, justifican su postura con el argumento de que no es lo mismo una moción de censura, que se vota sin necesidad de llegar a acuerdos, que una investidura, que exige la negociación de pactos. La derecha —PP y Cs— replica que eso no es verdad: puede haber acuerdos para una moción y no existir pactos en una investidura. De hecho, a eso se aferran los de Casado y sobre todo los de Rivera, que esperan que Vox acabe votando su propuesta basándose únicamente en su indisimulado deseo de expulsar a los socialistas de la Junta de Andalucía. Algo que los socialistas llevan días tratando de combatir asegurando que PP y Ciudadanos van a tener que hacer concesiones a los ultras a cambio de sus votos.

  Seamos “responsables”

El tercer argumento en el que los partidos han intercambiado posiciones en los últimos meses tiene que ver con la responsabilidad de la oposición.

La ausencia de mayorías absolutas ha complicado los acuerdos para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno de Mariano Rajoy apeló en tres ocasiones sucesivas a la “responsabilidad” para que sus adversarios políticos, singularmente el PSOE, aprobaran las Cuentas que habían pactado con Ciudadanos. El argumento utilizado fue siempre el mismo: España necesita contar con Presupuestos para continuar cumpliendo con sus compromisos en la Unión Europea y no poner en peligro ni la creación de empleo ni el crecimiento económico.

La responsabilidad, por el bien de España, también fue la bandera enarbolada por los socialistas que derribaron a Sánchez de la secretaría general del PSOE para facilitar, con su abstención, la investidura de Mariano Rajoy y salir así del bucle en el que había entrado la política española después de dos convocatorias electorales sucesivas.

Ahora, con Pedro Sánchez en la Moncloa, las tornas han cambiado. Es el presidente socialista quien pide a PP y Ciudadanos, además de a los grupos políticos que respaldaron la moción de censura, que faciliten el debate y aprobación de su proyecto de Presupuestos para 2019. Por “responsabilidad”, argumenta Sánchez. Y para no poner en peligro ni los compromisos con Bruselas, especialmente en materia de déficit y deuda pública, ni la creación de empleo o el crecimiento económico.

Ahora, a diferencia de lo que ocurría hace apenas unos meses, son el PP y Ciudadanos los que alegan la imposibilidad de respaldar unas Cuentas en las que no creen y que, sostienen, están en las antípodas de su política económica.

En Andalucía, mientras tanto, los dos partidos de derecha aseguran que si el PSOE tiene tanto interés como dice en frenar a la extrema derecha, puede abstenerse en la investidura de Moreno Bonilla y hacer así que los votos de Vox sean irrelevantes. Es decir, piden a los socialistas que faciliten la llegada al poder del candidato del PP por responsabilidad, para que los "constitucionalistas" no tengan que depender de la extrema derecha. Pero no usan el mismo argumento en el Congreso: ni al PP ni a Cs se le ha escuchado la posibilidad de apoyar los Presupuestos de Sánchez, para que no tenga que depender de los independentistas catalanes.

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