Nueve autonomías tienen ya más hospitales privados que públicos

La iniciativa privada en sanidad goza de buena salud. Al menos, así lo evidencian los datos oficiales sobre el número de centros sanitarios por autonomías en función de su dependencia funcional –son 841 en total– que recoge el Catálogo Nacional de Hospitales, editado por el Ministerio de Sanidad. Según esta estadística, en nueve de las 17 comunidades hay más hospitales privados que públicos. El número total de hospitales privados en todo el país es de 474 (el 56% del total). 

Con estos datos encima de la mesa no extrañan los buenos resultados que el sector de los seguros de salud ha firmado en los últimos años de crisis. Las pólizas médicas han experimentado un crecimiento en primas del 8% desde 2010. Y las compañías cuentan con 130.299 abonados más que en 2008, según datos de ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras), la principal fuente del sector.

Por número de hospitales, el caso más llamativo es el de Cataluña, donde hay 156 privados por 55 de gestión pública, si bien esta autonomía ha desarrollado desde la transmisión de competencias un sistema muy particular. Otras comunidades tienen también porcentajes altos de clínicas privadas sobre el total. Es el caso, por ejemplo, de Navarra, que cuenta con siete clínicas privadas (el 64% del total) por cuatro públicas. Le siguen La Rioja (62,5% de privados), Murcia (60,7%), País Vasco (60,5%), Madrid (60%), Canarias (57,5%), Asturias (52,4%) y la Comunidad Valenciana (50,8%).

En el otro lado del ranquin, Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma en la que hay menos hospitales privados sobre el total de centros sanitarios. La relación es de 19 a 9. A continuación va Aragón, donde diez de los 19 grandes centros de atención especializada está en manos de empresas o de la Iglesia católica. En Castilla y León el 60% de los hospitales son públicos (27 de los 45 existentes). En Extremadura los públicos son el 57,1% del total y en Galicia el 52%. Muy igualadas están Andalucía, con 61 públicos por 58 privados. Y Baleares y Cantabria que están justo al 50%.

No obstante, los datos muestran también cómo la sanidad pública –donde están los grandes centros de referencia– sigue siendo preeminente si se tiene en cuenta el número de camas. Las públicas fueron el año pasado 102.798, por 55.626 instaladas en las clínicas privadas (un tercio del total). De hecho, por número de camas Cataluña es la única comunidad que tienen más privadas (19.940) que públicas (14.428). El resto de autonomías cuentan por porcentajes que rondan el 60% de camas públicas sobre el total. Se desmarca Castilla-La Mancha que sólo tiene un 9% de camas privadas. También Aragón (19%) y Castilla y León (22%) o Galicia, donde tres de cada cuatro camas que hay en la comunidad están ubicadas en hospitales públicos. 

Colaboración público-privada 

El caso de Cataluña es particular. Esta comunidad ha desarrollado un sistema muy heterogéneo en términos de propiedad, formas de gestión y organización, el llamado modelo catalán, en el que dentro de la red pública coexisten centros propiedad de la Generalitat, de órdenes religiosas, ayuntamientos, consorcios, fundaciones y organismos con diversas formas jurídicas. Es un sistema que, en teoría, da preferencia a las entidades sin ánimo de lucro y que se diferencia de los sistemas iniciados en otras autonomías –Madrid y la Comunidad Valenciana, especialmente– donde sus Gobiernos han experimentado fórmulas de colaboración con sociedades anónimas, empresas privadas que, en algunos casos, son incluso ajenas a la sanidad.

Es en estas dos últimas autonomías en las que está afianzado un sistema de concesiones por las que se acuerda que el sector privado gestione un servicio a cambio de una cantidad de dinero público y la administración pública se desentiende. Se trata de un modelo de sanidad privatizada con centros de la red pública administrados totalmente por empresas. En Valencia es el caso de los departamentos sanitarios de La Ribera, Dénia, Torrevieja, Manises y Vinalopò, donde se atiende al 20% de la población valenciana. En Madrid, por su parte, son cinco los hospitales gestionados por manos privadas (Collado Villalba, Valdemoro y Torrejón de Ardoz, así como el Rey Juan Carlos de Móstoles) y la Fundación Jiménez Díaz, un centro sanitario propiedad de la multinacional IDC Salud –antigua Capio– y que mantiene un concierto singular por el que tiene transferida la atención sanitaria de 426.136 pacientes del sistema público. 

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Conciertos 

Sin embargo, la vinculación de la sanidad privada con el sector público no llega sólo a través de este tipo de fórmulas. De las 474 clínicas privadas que hay en todo el Estado, la mitad (240) tienen algún tipo de concierto con la sanidad pública, según datos del ministerio. Los sindicatos denuncian que pese a las restricciones presupuestarias, las administraciones autonómicas han seguido dejando abierto el grifo de la colaboración con entidades privadas al tiempo que recortan en la pública. 

El aumento de las listas de espera para operarse en la sanidad pública, que conlleva indudables perjuicios para los pacientes y plantea problemas de imagen para los gobernantes, suele acabar en la firma de convenios con entidades privadas a las que la Administración paga para que realicen determinados servicios. Es habitual recurrir a iniciativas de carácter coyuntural o puntual como son los planes de choque que incluyen, entre otras medidas, derivaciones masivas a clínicas privadas en las que suelen realizarse cirugías sencillas para aligerar las listas de espera, como cataratas, juanetes, hernias, liberación del túnel carpiano o varices. Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla y León han puesto en marcha iniciativas de este tipo en los últimos meses.