Los escándalos de corrupción
La oficina que Rajoy puso en marcha el año pasado para recuperar bienes de los corruptos sólo funciona en Melilla
El viernes 23 de octubre del 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy ponía en marcha una de sus máximas apuestas en la lucha contra la corrupción: la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), que abría sus puertas el último día posible para realizar inauguraciones antes de las elecciones generales del 20 de diciembre. Once meses después, la Oficina sólo ha recuperado bienes en Melilla.
La oficina es definida por el Ministerio de Justicia como un órgano al que corresponden las competencias de "localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas". Entre los principales objetivos de la oficina, Mariano Rajoy señalaba el octubre pasado su intención de "incautar los bienes y ponerlos a disposición de la propia oficina", "dedicar los recursos que se incauten a fines sociales", "descongestionar los juzgados y tribunales, descargándolos de una tarea burocrática" o "disminuir el coste de los bienes incautados, que acaban generando un costo muy importante para la Administración".
Desde su inauguración, el Gobierno fijó diferentes etapas que debería cumplir a lo largo de 2016. Los primeros planes apuntaban a Cuenca como primer territorio donde se implantaría la oficina, en marzo de este año. El 1 de junio, según la hoja de ruta, se ampliaría su funcionamiento a toda Castilla-La Mancha y el 1 de octubre a las demás comunidades del ámbito competencial del Ministerio de Justicia. Finalmente, el proceso tenía previsto culminar el 1 de enero de 2017, con su instauración en todo el territorio estatal.
Aunque no figuraba en el proyecto inicial, la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, anunció en abril de este año que sería Melilla la ciudad que acogería lo que el Ejecutivo denominó "plan de choque" que permitiría "un ahorro anual al Estado de más de 300.000 euros".
En vigor pero sin apenas resultados
El pasado marzo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, presentaba el plan de desarrollo en los juzgados de Cuenca, ciudad por la que es diputado electo. La provincia castellanomanchega fue la elegida como pionera en la incorporación al sistema. A preguntas de infoLibre, Justicia enumeró diversos motivos para explicar la elección de Cuenca. En primer lugar, la actividad judicial de la ciudad "no es demasiado elevada", lo cual permitía "hacer pruebas" e "introducir las posibles correcciones del sistema", cosa que en una provincia más poblada habría sido "más difícil". Por otro lado, continúan fuentes del Ministerio, "se eligió una localidad donde no hubiera un atasco de depósitos pendientes", de modo que se estimó que la ciudad "constituía un laboratorio para la puesta en práctica de los trabajos de la ORGA".
Sin embargo, la memoria del primer semestre no presenta ni rastro de la actividad en Cuenca. Ante las cuestiones formuladas por infoLibre, Justicia señaló que "de momento no se han registrado actuaciones concretas" en la provincia.
De hecho, en la actualidad es Melilla la localidad que acapara la totalidad de los resultados, gracias al bautizado por el Gobierno como "plan de choque", que está operativo desde abril. Y en este caso se eligió Melilla, según apunta Justicia, para "ahorrar los costes que estaba suponiendo el depósito de vehículos". Justicia identificó en Melilla alrededor de 425 vehículos cuya tasación oficial alcanzaba un valor cero y de los que se estaba "pagando alquiler y mantenimiento".
Desde entonces, los resultados en la ciudad autónoma se han materializado en la presentación de 232 expedientes –de un total de 236–iniciados a instancia de la propia ORGA en el marco de la actuación de choque. Sin embargo, son los cuatro restantes, según confirma Justicia, los que han logrado recuperar ingresos reales. Todos ellos provienen de solicitudes realizadas por la Audiencia Nacional y no tienen nada que ver por tanto con la actividad de la ORGA. Los expedientes gestionados incluyen, entre otros, barcos por valor de 8 millones de euros, cuadros valorados en casi 2 millones o prendas de ropa por 8 millones. En total, la Audiencia Nacional ha remitido a la ORGA 23.006.825 euros en forma de bienes decomisados. En Melilla, por el momento, los 232 expedientes, todos ellos referidos a vehículos, están a la espera de ser subastados.
En cuanto a la puesta en marcha en Castilla-La Mancha, el Ministerio sostiene que la actividad se inició el 1 de junio, pero aún no ha derivado en "actuaciones concretas". Justicia segura, asimismo, que la previsión de implantarlo el próximo 1 de octubre en el resto de comunidades con las competencias transferidas "es de obligado cumplimiento al estar establecidos los plazos en la orden 188/2016 del 18 de febrero". Según la hoja de ruta marcada, a principios de 2017 la oficina deberá estar funcionando en el resto de España, aunque ello no implique necesariamente, tal y como ha quedado demostrado durante los últimos meses, resultados garantizados.
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Desde las asociaciones judiciales la información sobre el funcionamiento de la oficina es escasa. "A nivel asociativo prácticamente ni se ha tocado", explica Raimundo Prado, portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria. Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González, reconoce también no manejar prácticamente datos sobre este tema, aunque valora positivamente la existencia de una oficina que considera "necesaria" –pese a haber sido "inaugurada de forma precipitada", matiza–, que además cuenta con precedentes exitosos en otros países como Francia o Reino Unido.
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Este artículo ha sido modificado el 19 de septiembre del 2016, a las 14:50 horas. En una primera versión afirmábamos que los 23.006.825 euros requisados por la ORGA pertenecían a los 232 expedientes gestionados en el plan de choque puesto en marcha en Melilla. No obstante, el Ministerio de Justicia confirmó a este diario que esos 23 millones provienen de los cuatro expedientes remitidos por la Audiencia Nacional.