ONG alertan de que la mayoría de ellas desaparecerá con la nueva Ley de Subvenciones

La plataforma Tercer Sector, de la que forman parte Cruz Roja, Cáritas, la ONCE o la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, denuncia que más del 90% de las ONG que trabajan en España contra la exclusión de los colectivos más vulnerables podrían desaparecer si el anteproyecto de reforma de la Ley de Subvenciones llega a aprobarse en los términos en los que está redactado en la actualidad. Este borrador, asegura a infoLibre Luciano Poyato, presidente de la plataforma, impone modificaciones sustanciales en el acceso a las ayudas y la regulación de anticipos y prevé además la cofinanciación de las subvenciones. Y, lo más importante a juicio de las ONG, no discrimina entre los entes receptores con independencia de los programas que desarrollan, lo que deja a estas organizaciones en "situación de desamparo" por su apuesta por la iniciativa social sin ánimo de lucro. 

En este punto, el aspecto que consideran más perjudicial es la exigencia a todas las entidades que reciban una subvención pública de cofinanciar con recursos propios entre el 20 y el 40% de la cuantía de la misma, según datos aportados por Poyato. Esto es que, por ejemplo, ante una ayuda de 100.000 euros, la ONG tendría que aportar entre 20.000 o 40.000 euros y la Administración añadiría el resto hasta llegar a esa cantidad. "Este requisito, que tiene sentido para empresas y agentes económicos tradicionales, es contraproducente para las entidades del tercer sector no lucrativo para las que su efecto será devastador", escribió este viernes en su blog Luis Cayo Pérez, presidente del comité español de representantes de personas con discapacidad (CERMI), también integrado en la plataforma. "Es un absurdo, no es lo mismo trabajar con personas que fabricar un producto", añade el líder de la plataforma. 

Según el presidente, el nuevo sistema hará que los servicios que prestan este tipo de organizaciones tengan que ser obligatoriamente cofinanciados con fondos privados, pues estas ONG no tienen ingresos más allá de las asignaciones públicas. "Si esa ayuda privada no llega no habrá subvención y, por tanto, no podremos trabajar. Será el final", sentencia. "El sistema de servicios sociales y de mantenimiento de los derechos sociales básicos no es una responsabilidad de la que la Administración pueda liberarse, pues resulta básica para el cumplimiento de sus obligaciones con la ciudadanía más desprotegida", añade. 

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Poyato asegura que del borrador también les preocupa la regulación de anticipos, que establece que el pago de la subvención no se realizará hasta su justificación. "La necesidad de liquidez es primordial para hacer frente a nuestros objetivos. Este cambio hará que estemos sometidas a las condiciones de créditos financieros. De mantenerse esta redacción será casi imposible que entidades sin grandes recursos puedan abordar actividades subvencionadas". Y también un régimen sancionador que consideran "exorbitante" o un "empeoramiento" de los procesos de justificación. "Defendemos que la gestión del dinero público tiene que ser transparente y justificada, pero estas modificaciones tan extremas harán que no podamos seguir trabajando. 

La plataforma Tercer Sector, que se constituyó el 10 de enero de 2012, mantiene sobre esta reforma una interlocución con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad e incluso ha formado parte de un grupo de trabajo en el ministerio para abordar este cambio. "En este sentido somos un poco cautelosos porque Sanidad sí se ha puesto de nuestra parte, pero el problema está en Hacienda, que es de quien depende la ley", asevera Luciano Poyato. No obstante, el texto al que se refieren las ONG es todavía un borrador y hay de plazo hasta el verano para que se pueda modificar antes de ser llevado al Consejo de Ministros como anteproyecto. 

Como recuerda el presidente del Cermi en su blog, buena parte de la acción social en España está canalizada a través de entidades sociales no lucrativas con conciertos o subvenciones. Es decir, es un sistema basado en la provisión pública de servicios a través de organizaciones privadas sin ánimo de lucro. Las ONG defienden que este sistema es menos costoso para la Administración.