La oposición da la espalda a la Ley de Transparencia por insuficiente

El Pleno del Congreso ha aprobado definitivamente este jueves la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, una norma cuya tramitación parlamentaria ha durado 14 meses y que, además, no entrará completamente en vigor hasta dentro de dos años, al filo de 2016.

Aunque en este último trámite no se sometía votación el conjunto de la norma sino únicamente las enmiendas aprobadas en el Senado, durante el debate los grupos parlamentarios han mantenido la misma posición que tenían cuando la ley salió del Congreso. Así, sólo el PP ha hecho una defensa cerrada de la nueva legislación, mientras que los nacionalistas de CiU y PNV le han dado un apoyo crítico y el PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y la mayoría del Grupo Mixto (Amaiur, ERC y Compromís-Equo, entre otros) han reiterado su rechazo a la misma por considerarla insuficiente.

Una vez que el texto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la parte relativa al denominado 'buen gobierno' relativa a los cargos públicos ya estará vigente, pero no ocurrirá lo mismo con los capítulos sobre transparencia y acceso a la información. Tanto la Administración General del Estado –Gobierno, los organismos adscritos e instituciones como Congreso, Senado, Banco de España y Casa del Rey– como las entidades privadas a las que afecta la legislación contarán un periodo de 12 meses de carencia para aplicársela.

Esto implica que a más tardar en diciembre de 2014 deberá ponerse en marcha el denominado Portal de la Transparencia, para el que se han presupuestado 1,4 millones de euros, y constituirse el Consejo de la Transparencia que velará por su cumplimiento.

Después de las elecciones locales y autonómicas

Sin embargo, el PP introdujo en el Senado una enmienda que amplió a dos años la moratoria en el caso de las comunidades autónomas y ayuntamientos, con lo que éstos no tendrán que cumplir esta parte de la norma hasta diciembre de 2015, cuando ya se habrán celebrado las elecciones locales y autonómicas previstas para la primavera de ese año. Con este año extra se pretende dar margen a las comunidades que lo deseen para aprobar su propia legislación en esta materia.

La ley que sale del Congreso es muy distinta de la que entró en la Cámara en septiembre de 2012, porque se ha ampliado considerablemente su ámbito de aplicación y ahora incluye por ejemplo a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, la Casa del Rey, el Banco de España y las mutuas laborales. También va a afectar a entidades que se financien con fondos públicos, lo que garantiza la inclusión de la Iglesia. Deberán someterse a la ley las entidades privadas cuya financiación esté compuesta en un 40% por fondos públicos (siempre que reciban al menos 5.000 euros en subvenciones), así como todas aquellas que reciban más de 100.000 euros al año en ayudas.

Asimismo, se han modificado aspectos relativos al buen gobierno. Tras las críticas de toda la oposición, en especial de los nacionalistas de PNV y CiU, se dejó claro que la competencia para instruir un expediente y sancionar a un alto cargo de la administración local y autonómica debe ser de la correspondiente administración y en ningún de la Administración General del Estado o del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, como preveía inicialmente el Gobierno. Este cambio fue fundamental para lograr el apoyo, aunque crítico, de los nacionalistas a la norma.

El Consejo de la Transparencia nace cuestionado

También se retocó, aunque sin aval de la oposición, el futuro Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que velará por el cumplimiento de la norma que, como se había previsto inicialmente, estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que propondrá el nombre de su presidente al Consejo de Ministros. Su mandato será de cinco años y tendrá que contar con el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso.

Durante la tramitación en la Cámara Alta, se acordó que los ciudadanos puedan utilizar las lenguas cooficiales al dirigirse a las administraciones (no será obligatorio sin embargo en la respuesta de las instituciones) y que el Consejo de la Transparencia remita su informe anual también al Senado, no sólo al Congreso, y que pueda promover borradores con recomendaciones y directrices en esta materia.

Por otra parte, el Gobierno ha aprovechado la tramitación en el Senado para modificar, a través de una disposición adicional a la Ley de Transparencia, la Ley Contra el Blanqueo y la Financiación del terrorismo, de 2010. La oposición ha criticado este "atajo" legislativo, pero el Gobierno lo ha justificado alegando que España debía cumplir ya sus obligaciones internacionales en esta materia.

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Se mantienen las limitaciones "exageradas"

Hay aspectos que casi no han sufrido cambios desde que la ley comenzó a tramitarse, como los relativos a las excepciones, que son "exageradas" para la mayoría de la oposición. Además de restringir el acceso a la información por suponer un perjuicio para la seguridad y la defensa nacional, la prevención de delitos o el secreto profesional, la norma también fija como límites "los intereses económicos o comerciales, la política económica y monetaria, la protección del medio ambiente o la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión".

También se ha mantenido inalterable el denominado silencio administrativo negativo por el que la administración concernida no está obligada a contestar a un requerimiento de información y, al no hacerlo, el solicitante debe entender su solicitud como rechazada. El Gobierno tampoco ha atendido la petición de la mayoría de la oposición de que el acceso a la información sea un derecho fundamental.