Caso ERE

Un paso decisivo en el 'caso ERE': la declaración del ex interventor general que ahora señala a Griñán

Manuel Gómez Martínez,  exinterventor general de la Junta de Andalucía

La instrucción del caso ERE, abierto por la jueza Mercedes Alaya en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla hace dos años y medio, se aproxima a uno de sus momentos decisivos. Pese a la oposición de la Junta de Andalucía, este jueves está citado a declarar Manuel Gómez Martínez, interventor general de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010, hoy ya jubilado. La versión oficial es que tanto el Gobierno como el PSOE que están "absolutamente" tranquilos, pero todo apunta a que en realidad contienen el aliento a la espera de lo que tenga que decir. De hecjo, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, se anticipó ayer al riesgo político de una imputación anunciando que se retira del cargo el próximo mes de septiembre.

El auto de citación, según aclaró este lunes la jueza que lo ha dictado, sólo pretende “tomarle declaración”. Y si se hace en calidad de “imputado”, subraya, es únicamente “por obvia garantía jurídica”, ya que no será hasta después de escucharle cuando expresará “un relato pormenorizado de hechos punibles y una calificación penal provisoria”.

Claro que, con todo lo que está en juego, las palabras de Alaya no parecen haber tranquilizado a nadie. Porque el conocimiento de los hechos convierte a Manuel Gómez, en opinión de todas las partes, en un testigo clave para establecer el alcance de la trama de los ERE.

En el punto de mira

La jueza, a la vista de los informes reiterados en los que el hoy exinterventor alertó durante años de que las ayudas para financiar los ERE presentaban “incumplimientos” legales, considera que Gómez tenía “indiciario conocimiento del uso indebido de las transferencias de financiación para el pago de ayudas sociolaborales”, así como “de los desfases presupuestarios que ello estaba generando”. Una opinión que le sitúa, directamente, en el punto de mira de la instrucción.

Pero como también trasladó esa información a sus superiores —emitió informes hasta en 15 ocasiones entre 2003, 2004, 2005 y 2006—, lo que diga este jueves en el juzgado puede ser determinante para que Mercedes Alaya construya una acusación fundada contra los máximos responsables políticos de la Hacienda Pública andaluza en esos años: Magdalena Álvarez (lo fue entre 1994 y 2004), José Antonio Griñán (ocupó el cargo de consejero del ramo de 2004 a 2009) y Carmen Martínez Aguayo (desde 2009 es la responsable del departamento, al que llegó como número dos en 2004).

La estrategia ante los aforados

A la primera ya la ha imputado y todo apunta a que si todavía no ha dado ese paso con Griñán y Aguayo es porque, al ser diputados y miembros del Gobierno andaluz, Alaya se vería obligada a ceder el caso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Y para hacerlo necesita fundar adecuadamente la imputación si no quiere arriesgarse a que el TSJA acabe archivándola. De hecho, las citaciones de altos cargos de la Junta que la juez ha dictado de aquí al mes de octubre parecen despejar al menos hasta entonces esa posibilidad.

En su auto del pasado lunes la jueza apunta una posible vía para llegar hasta los cargos políticos de la Junta al echar por tierra el cortafuegos que estaba construyendo el Gobierno de Griñán: no es cierto, afirma Alaya, que el uso de la transferencia del dinero para las subvenciones sociolaborales fuese una obligación derivada de las sucesivas leyes de Presupuestos. “En ningún caso las citadas leyes han expresado que tales fondos o transferencias (…) tuvieran que destinarse [necesariamente] a la concesión” de estas subvenciones, algo que además, subraya la jueza, sería contrario a las leyes. Así que alguien tomó esa decisión. Y diseñó, como quiere demostrar Alaya, un sistema para saltarse los controles legales con el fin de pagar ERE millonarios y conceder subvenciones a empresas afines a los socialistas.

Triple fraude

Hasta ahora la juez ya ha conseguido establecer indicios suficientes para probar la existencia de un triple fraude: personas que cobraban dinero de los ERE sin tener derecho a ello, pagos de sobrecomisiones a intermediarios y la concesión de ayudas directas a empresas que no cumplían los requisitos. Pero para llegar a los cargos políticos necesita que el interventor establezca que promovían o al menos toleraban esas prácticas.

¿Qué va a declarar Gómez ante la juez? Su versión original de los hechos, la que planteó en la comisión de investigación del Parlamento andaluz, señalaba que el procedimiento utilizado para pagar las ayudas era “legal”, que no podía afirmar que fuese un sistema diseñado para “sortear los controles” y que no recordaba si alguna vez comentó con Griñán los problemas que había detectado.

Ahora su discurso ha cambiado mucho, sobre todo después de que el presidente andaluz, que siempre ha negado haber visto ningún informe del interventor sobre este asunto, le reprochase no haber paralizado automáticamente el procedimiento. Hubiese podido hacerlo, según Griñán, recurriendo a una decisión administrativa que los técnicos denominan “informe de actuación”. No haberlo hecho le señala a él como responsable del descontrol del dinero.

Graves acusaciones

Desde entonces, las declaraciones del exinterventor han ido subiendo de tono, hasta el punto de acusar abiertamente a Griñán de haber “cebado sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE". A la vista de la tesis de la Junta, se siente “agredido por una caterva de políticos cobardes y sin honor” que le habrían usado como “pantalla tras la que esconder las vergüenzas de políticos corruptos de la peor especie”.

Gómez puede confirmar esta acusación ante la juez Alaya dándole munición contra Griñán, pero si lo hace debe tener mucho cuidado para no enredarse él mismo en el caso. Y si opta por volver a su declaración inicial ante el Parlamento andaluz, que en la práctica exculpa al presidente, a la juez no le quedará otro camino (a falta de otras pruebas) que demostrar que el procedimiento utilizado para entregar el dinero era contrario a las leyes. Y que los responsables políticos de la Junta lo sabían.

La sucesión de Griñán

Es en este contexto en el que muchos en Andalucía interpretan la decisión de Griñán de renunciar a volver a presentarse a unas elecciones y arreglar a toda prisa su sucesión dejando en manos de su número dos, Susana Díaz, la candidatura del PSOE andaluz a la Presidencia de la Junta. Por lo que pueda suceder. Aunque, por supuesto, el Gobierno y los socialistas andaluces lo niegan.

El portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, fue este martes el encargado de dar la cara. Lo hizo para asegurar que la Junta está "absolutamente tranquila" y confiada en que el exinterventor dirá "la verdad" y ratificará lo que ya declaró ante la comisión de investigación del Parlamento, informa Europa Press.

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