Los peritos de Hacienda avalarán ante el juez el fraude de 14 millones perpetrado por Rodrigo Rato

El titular del Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, tomará declaración este miércoles a los dos peritos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) que elaboraron el informe sobre el entramado societario del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato según el cual habría defraudado cuotas por un importe total de 6,8 millones de euros, según ha informado Europa Press.

El informe elaborado por la Agencia Tributaria detectó rentas no declaradas de Rato en el IRPF por un importe ligeramente superior a los 14 millones de euros entre los años 2004 y 2015 y concluyó que las cuotas supuestamente defraudadas proceden de ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero, actividades económicas en calidad de asesor, conferenciante o de gastos de su actividad empresarial no deducibles.

El también ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene abiertas más de una decena de piezas en el marco de la investigación sobre el origen de su fortuna y que instruye desde hace dos años el magistrado Serrano Arnal por delitos fiscales, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales.

Su defensa ha pedido en los últimos meses el archivo de prácticamente todas las investigaciones, recientemente la relativa a las contrataciones de Lazard o la de sus conferencias negociadas con Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC); y ha solicitado la práctica de nuevas diligencias en otras como la de los contratos de publicidad con las sociedades Zenith y Publicis.

La extensa documentación de la Agencia Tributaria incorporada a la causa y sobre la que declararán los dos peritos este miércoles recoge una serie de operaciones según las cuáles el exbanquero facturó a través de sus sociedades, como ocurre con la empresa de publicidad Cor Comunicación creada con sus hermanos y cuyo control adquirió por completo en 2013.

Esta sociedad contaba con una filial, también propiedad de Rato, la cual promovió la construcción de un hotel de cinco estrellas en Layos (Toledo) y por cuya explotación recibió en 2003 una subvención cercana al millón de euros por parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, presidida en ese momento por él mismo.

Reapertura de la pieza sobre sus conferencias

La investigación la integra también una pieza que estudia los cobros por conferencias a BCC que, pese a haber sido archivada en noviembre, la Audiencia Provincial ordenó hace unas semanas su reapertura al entender que los hechos no habrían prescrito. La Fiscalía apunta que habría defraudado 672.392 euros en el IRPF del ejercicio de 2012 y 756.984 en el del siguiente año.

El informe de Hacienda también incluye la parte relativa al papel que pudo tener Rato en la adjudicación de determinadas campañas de publicidad sobre la salida a bolsa de Bankia en 2011, momento en que era presidente de la entidad, a cambio de comisiones ilegales por valor superior a los 830.000 euros.

Además de la que investiga las presuntas comisiones ilegales recibidas del banco de inversiones privadas Lazard y también de Telefónica para la que el exdirector gerente del FMI prestó asesoramiento entre 2003 y 2015 a cambio de retribuciones que canalizó a través de su sociedad Kradonara S.L, según la citada documentación a la que respondió el investigado asegurando que "en todo momento actuó conforme a las leyes tributarias".

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Celeridad en la instrucción

A finales de marzo, la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid advirtió al magistrado instructor que evitara "diligencias inútiles" e "indebidas dilaciones" de la fase de instrucción de la que dijo que no puede convertirse en una "indagación agotadora" sino que las diligencias deben ir encaminadas a preparar el juicio.

Así lo advirtieron los magistrados en un auto en el que desestimaban el recurso interpuesto por Rato contra la decisión de Serrano Arnal de no solicitar a Bankia información individualizada sobre los empleados de la entidad implicada en la adjudicación de contratos de publicidad. Al respecto manifestaron que la dilación injustificada de esta fase conduce "sencillamente" a una justicia tardía.