Seis autonomías del PP gobernarán con los presupuestos prorrogados por el nuevo choque con Vox

Desde que arrancó la legislatura en septiembre de 2023 el Gobierno Pedro Sánchez no ha conseguido aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que ha provocado recurrentes críticas por parte del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con duras acusaciones hacia el socialista. Desde que un dirigente que no logra sacar las cuentas públicas adelante "no gobierna" y, por tanto, "incumple con su obligación inconstitucional" hasta que sin presupuestos estamos ante una "legislatura muerta". Una máxima que, sin embargo, el PP no aplica cuando se trata de sus propios presupuestos autonómicos.

En 202, ninguno los Ejecutivos populares que llegaron al poder gracias a Vox —más de la mitad de las 11 comunidades actualmente presididas por el PP— consiguió aprobar sus cuentas públicas. Así, los boletines oficiales de Extremadura, Región de Murcia, Aragón, Castilla y León, Comunitat Valenciana y Balears publicaron, a finales de diciembre, la orden de prórroga de las cuentas públicas. Una circunstancia que, según Santiago Abascal, deberá repetirse este año a no ser de que el PP "rompa con el PSOE en Bruselas de forma explícita".

En un acto celebrado el domingo en la Región de Murcia tras la cumbre de Patriots en Madrid, el líder de Vox afirmó que "las políticas de los po­pulares y los socialistas en Bruselas" son las que "luego se aplican en los presupuestos regionales" y "ponen todo tipo de trabas a los agricultores" con el Pacto Verde. También, dijo Abascal en línea con su discurso xenófobo que provocó la ruptura con el PP en esas seis autonomías, alientan una "inmigración masiva" que "trae inseguridad, degradación de los servicios sociales y colapso de los servicios sanitarios". Así, Abascal aseguró que no habrá presupuestos hasta que el PP español haga una "declaración explícita de ruptura" con esas políticas en la Unión Europea.

La primera reacción de la dirección nacional del PP ha sido minimizar e ignorar el órdago de Vox pese a las consecuencias que podría tener esa amenaza para sus barones. "Nuestros socios en la Unión Europea están claros, nuestra posición en todas las materias también y no las vamos a modificar por amenazas ni nada por el estilo", aseguró el portavoz del PP, Borja Sémper, este lunes en rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección. En esa línea aseguró que "hay un interés claro de Sánchez y Vox por convertir las políticas internacionales" en un campo de batalla con su formación. La pugna entre ambos partidos se ha recrudecido en las últimas semanas, si bien hay voces del PP que creen que Feijóo no debe entrar al cuerpo a cuerpo.

El coste de depender de Vox le estalla al PP: más inestabilidad y menos leyes

La situación, además, es delicada para todos los barones que siguen dependiendo de Vox y, especialmente, para el valenciano Carlos Mazón, que confía en agotar una legislatura ya de por sí complicada tras su negligente actuación durante la dana. El pacto suscrito por Feijóo con los barones del partido cuando defenestraron a su antecesor, Pablo Casado, garantizaba autonomía a cada territorio para tomar sus decisiones a cambio de un cierre de filas generalizado que le asegurase paz orgánica interna en su camino hacia La Moncloa. Pero en este caso la decisión no depende de Génova, sino de Abascal, que ha asegurado que hará cumplir sus exigencias como ocurrió tras la ruptura del pasado verano.

Tras un año de gobiernos compartidos y tensiones evidentes, Abascal dio un golpe de mando y obligó a todos sus dirigentes autonómicos a romper con el PP en las autonomías en las que gobernaban conjuntamente. La debilidad del andamiaje de estos gobiernos, más allá de las obvias coincidencias programáticas, tardó mucho menos de lo previsto en hacerse visible. Vox atribuyó toda la responsabilidad de la ruptura al líder del PP pero lo cierto es que los enfrentamientos entre los dirigentes autonómicos de ambas formaciones fueron frecuentes durante el tiempo que gobernaron juntos, así como las discrepancias en algunas materias como la lingüística o la cuestión migratoria.

Aunque la dirección del PP siempre trata de situar al Gobierno de Sánchez como un Ejecutivo "inestable", la hemeroteca demuestra que sus alianzas son más endebles que las del Gobierno de Pedro Sánchez. Ejemplo de ello son los gobiernos que surgieron entre PP y Ciudadanos tras las elecciones de 2019. Todos ellos resultaron ser extremadamente frágiles porque, además, se utilizaron por el PP como fichas a nivel nacional con el objetivo de intentar forzar un nuevo ciclo electoral y engullir a los de Albert Rivera, intentando mayorías absolutas o quedando en brazos de la ultraderecha, como finalmente ocurrió. En el caso de Vox, al tener un suelo más estable que Cs, el PP no ha podido emular la misma estrategia.

Más allá de los apoyos puntuales de los ultraderechistas, en 2024 descendió el número de leyes aprobadas en esos Parlamentos —un caso que recuerda a la situación en el Congreso— por lo que los Ejecutivos del PP siguieron una línea continuista en la línea de los intereses de Vox. Es más, los ultraderechistas han llegado a afirmar que esas prórrogas presupuestarias han sido una "buena noticia" porque esas cuentas tienen el "sello" de Vox.

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En Génova aseguran que no está en sus planes "cambiar" de socios, pero ni siquiera su propia familia europea consigue fijar una postura común sobre qué hacer con el crecimiento de la extrema derecha. Sabe que le arrebata una parte de su electorado y discute cómo evitarlo,y a la vez si los pactos con los ultras son la mejor opción a largo plazo o son un riesgo, tanto para la democracia como para su propia supervivencia política. Los populares europeos tienen ejemplos de todo tipo, pero tras las elecciones del 9 de junio optaron por reeditar la alianza con los socialistas y los liberales, con la italiana Giorgia Meloni de invitada estrella, a la que 'toleran' por sus posiciones más pro europeas.

Una alianza que estuvo a punto de desmoronarse cuando el PP de Feijóo trató de tumbar el nombramiento de la vicepresidenta Teresa Ribera como número dos de Úrsula Von der Leyen. Con la ayuda del líder del Partido,  Manfred Weber, lanzaron una ofensiva contra Ribera durante su audiencia en la comisión, con el objetivo de tumbar su nombramiento tratando de implicarla en la en la gestión de la dana del pasado 29 de octubre. Weber, sin embargo, se vio obligado a recular y acabó aceptando su nombramiento para no poner en peligro la alianza de estas tres grandes familias.

Es lo que sucedió para la configuración de la Comisión Europea cuando pactaron los nombres que ocuparían los altos cargos. Los grupos de Europa de las Naciones Soberanas y Patriotas por Europa, en el que está Vox, se quedaron fuera del pacto. El acuerdo se cerró con un texto amplio, algo vago y no legalmente vinculante con el que las tres grandes fuerzas europeístas acordaron trabajar a partir de líneas comunes en las políticas esenciales: economía, migración, lucha contra la crisis climática, defensa de la democracia y los valores europeos (una referencia contra la ultraderecha) y reforzar el papel de Europa en el mundo.