La protección de los menores, un paso más cerca de ser ley: "Por fin se empieza a escuchar de verdad a la infancia"

Hace dos años, las organizaciones del tercer sector reclamaban una ley específica que acabara con la violencia en la infancia. El borrador, que ya estaba entonces en marcha y que había sido aprobado en septiembre de 2017 como proposición no de ley, se concedía hasta finales de aquel año para iniciar su consolidación como norma. El rompecabezas parlamentario, sin embargo, frenó una tramitación para muchos urgente. Hoy, dos años después, el Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.

"Por fin se empieza a escuchar y a proteger de verdad a la infancia y la adolescencia", señalan las supervivientes de violencia. La celebración no termina de disipar la cautela en la mirada: "Me debato entre la esperanza y lo que la experiencia me ha enseñado". Habla Alexandra Membrive, presidenta de la organización El Mundo de los ASI. La nueva norma la recibe con los brazos abiertos pero con precaución. "¿Cuánto tiempo se va a tardar en aprobar?, ¿y en hacer de la formación algo estructural?", lanza entre muchas otras preguntas.

Se detiene con especial interés en la formación del sistema judicial, requisito imprescindible para "que no se revictimice" a los menores. En ese cometido, la prueba preconstituida es fundamental y una de las grandes victorias de la norma. Se trata de que todas las víctimas menores de catorce años puedan declarar, una sola vez, los hechos ante el juez de instrucción. Esta narración será grabada para su posterior uso, sin necesidad de que el menor tenga que volver a revivir los mismos hechos una y otra vez. Hasta ahora, comenta Membrive, "algunos menores debían repetirlo hasta diez veces", lo que no sólo hacía mella en su bienestar, sino que además iba "en detrimento de la declaración", que podía sufrir cambios lógicos con el paso del tiempo.

Si un niño "está viendo que no le creen, otra vez confía en algo o en alguien que finalmente no le está defendiendo", relata Membrive, quien recalca que "la infancia, ante un hecho como este, no miente". "Tenemos que mirar el relato, protegerles y creerles", porque de lo contrario, las consecuencias "les van a durar toda la vida". Arrastrar "ese silencio hasta la época de la adultez acarrea consecuencias sociales, conductuales, de salud mental y puede derivar en otros tipos de violencia acumulativas, porque lo que has aprendido es a que no te crean".

No sólo a la prueba preconstituida, sino también a la ampliación de la prescripción del delito –se contabilizará partir de que la víctima cumpla 30 años, en lugar de 18– o a la creación de juzgados específicos de menores apunta la exgimnasta Gloria Viseras, víctima de abusos por parte de su entrenador. "La ley es importante, en general, porque se introducen una serie de conceptos clave" que redundarán en "protección para ellos", explica a este diario. Resulta fundamental "no ponerlos delante de sus abusadores o no hacerles declarar hasta diez veces", coincide.

Viseras ha participado en la redacción del capítulo noveno, relativo a la violencia en el ámbito deportivo. Lo dice con el orgullo de quien aspira a evitar que otros pasen por lo que ella experimentó. "Es importante la formación específica, la detección y actuación contra todo tipo de violencia" en lo relativo a "todos los responsables que trabajan con menores". Viseras celebra igualmente la creación de una figura específica en los clubes, un delegado de protección, que permite difundir protocolos de acción y ser el recurso al que acudirían niños y familias. Para Viseras legislar con la vista puesta en los clubes deportivos es un mandato, por ser un entorno "donde todavía los niños están en riesgo". A diferencia de la esfera escolar, en el deporte no ha existido una "evolución" para dejar de ser "entornos cerrados, endogámicos, con figuras con mucho poder, que potencialmente pueden alojar abusos sin ser detectados, como el entorno eclesiástico".

También la exgimnasta relativiza la celebración para introducir matices. "Me gustaría que hubieran ampliado el plazo de prescripción a partir de los 40 años", reconoce y "en términos generales me gustaría que abarcase a más gente que se ha quedado fuera por la prescripción". También cree que la prueba preconstituida debe ser obligatoria, "por lo menos para los menores de 16 años". En definitiva, perfila, "que abarque lo máximo posible, porque cuesta mucho cambiar leyes". Coincide Membrive en la necesidad de ampliar la edad de prescripción: "La mente no tiene tiempos, recuerda cuando está preparada. Es una máquina perfecta, pero no le puedes poner una ecuación".

Transformación social

Organizaciones y expertos también entienden el paso como un gran avance, aunque todos incorporan una suerte de "ya era hora" en sus reacciones. "Han pasado muchos años desde 2010, cuando los organismos internacionales ya recomendaron una ley específica", recuerda Catalina Perazzo, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia en Save the Children. "El gran paso que supone es que tiene una vocación de transformación social, aspira a la concienciación, sensibilización a cambiar mentalidades y que no se tolere la violencia contra los niños", afirma.

Perazzo destaca grandes avances relativos a las campañas de prevención y sensibilización, a la formación de todos los operadores y a la participación activa de los menores. "Las medidas más invisibles van a conseguir un cambio cultural" y de ahí además la "importancia de que sea integral y cubra todos los ámbitos, desde la concienciación hasta la protección y restauración". Perazzo subraya asimismo la creación de una mesa sectorial de infancia que "de haber existido hubiese resultado de enorme utilidad durante el confinamiento", porque habría trazado "un enfoque de infancia" en cuestiones como la desescalada. Por la distribución competencial, atisba, "es importante que exista el espacio para que se sienten todos los agentes con competencia".

En las medidas invisibles a las que se refiere la activista se detiene igualmente Membrive. A los niños "no les enseñamos a pedir ayuda, a decir no", explica, de ahí la importancia de las "campañas de sensibilización en las familias y colegios". Remarca, en añadido, que sólo "un 10% de los casos deja marca física", pero las heridas echan raíces con enorme facilidad. "Para evitar la violencia hay que hablarla, tener la paciencia de enseñarles", repara y se refiere no sólo a las potenciales víctimas, sino también a los potenciales agresores. Advierte que, de hecho, cuando "un niño hace un acto violento, probablemente lo está aprendiendo de otro lado".

La ley, completa Perazzo, "no deja de ser una columna vertebral que va a permitir que luego en todo el país se adopten medidas para hacerla real". Sobre el papel, parece estar claro, pero el trabajo de calle no es menos importante. Y por eso "se prevé una estrategia integral que baje a todos los niveles competenciales", explica. En ese sentido, elogia la comisión se seguimiento y desarrollo prevista en la ley e insiste en su urgencia.

La forma de mirar

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Josep María Tamarit, catedrático de Derecho Penal, destaca las medidas dedicadas a intervenir en el plano judicial. Recuerda que el Estatuto de la víctima, aprobado en 2015, "se está aplicando mal porque hay un desconocimiento de muchos profesionales", lo que evidencia hasta qué punto es importante la formación. Son necesarios "mayores esfuerzos en cuanto a formación y especialización de los jueces y otros profesionales", precisamente porque sus decisiones tendrán una "repercusión muy importante en las víctimas". Tamarit remacha que "de la actuación individual" de cada operador jurídico dependerá "en gran medida" el tipo de experiencia de la víctima, si finalmente se le ha ayudado "a reducir el trauma o a incrementarlo". En ese sentido, subraya, aunque los recursos son fundamentales, existen "experiencias muy negativas condicionadas directamente por la actuación del profesional". Una realidad que guarda relación con el hasta ahora escaso esfuerzo público en reparar la situación. "En el caso de los menores no se han hecho esfuerzos públicos, hay un mayor retraso", lamenta.

Perazzo añade que el paso de denunciar sigue siendo una de las asignaturas pendientes en cuanto a la violencia en la infancia. Pero no sólo en lo que atañe a los menores, sino también en lo relativo a su entorno. "El 70% de los casos los conoce un adulto y no se llegan a denunciar", expone. Ahora, sin embargo, se impone un deber de denuncia, de manera que tanto el cónyuge como los familiares cercanos al agresor deberán dar la voz de alarma. Además, la ley generaliza el deber de comunicar cualquier situación de violencia sobre niños a la autoridad competente, aun cuando no sea constitutiva de delito. Esto, entiende la activista, "va a cambiar también la forma de mirar".

Tamarit observa la futura ley con expectativas, pero recuerda algunas grandes ausencias, como el refuerzo de "un sistema de compensación económica a las víctimas, actualmente muy limitado", y el modelo de "casas de niños" entendidas como espacios de atención integral para menores que hayan sufrido abusos. A la espera de conocer el contenido concreto del proyecto, el también experto en victimología sí se aventura a vaticinar un "excesivo contenido simbólico". Es, dice, "un mal generalizado de muchas leyes; apelan a lo simbólico y a lo emocional, pero les falta contenido concreto".