Las cuentas públicas para 2022

PSOE y Unidas Podemos se preparan para una dura negociación sobre el calado de las reformas clave en el camino a las urnas

La ministra María Jesús Montero (PSOE) y el secretario de Estado Nacho Álvarez (Unidas Podemos) en una de las reuniones preparatorias de los Presupuestos de 2021.

Las formas son distintas, pero la voluntad de la vicepresidenta Yolanda Díaz de exigir el cumplimiento íntegro del acuerdo de coalición con el PSOE es tan sólida como la de Pablo Iglesias. Y por ahí se abre un frente dentro del Gobierno, según las fuentes consultadas por infoLibre. Porque Unidas Podemos quiere apretar el acelerador y trasladar a los Presupuestos de 2022 la agenda social y la reforma fiscal pactadas en el acuerdo de coalición y que todavía están pendientes. Y el PSOE, en cambio, prefiere no tocar, al menos de momento, los impuestos.

La negociación entre los socios comenzará formalmente la semana que viene aunque los primeros contactos ya se han iniciado. Tendrá los mismos protagonistas que el año pasado: Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, a quien Díaz ha confirmado en esta responsabilidad, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Su inicio coincide esta vez con la aprobación, probablemente en el Consejo de Ministros de este martes, de las previsiones económicas que marcan los límites del proyecto de presupuestos: el cuadro macro, el techo de gasto y la previsión de déficit.

El escenario es muy diferente al del año pasado, con el PIB y el empleo creciendo a buen ritmo a pesar de las dudas que plantea el sector turístico en plena quinta ola de la pandemia. Y con la responsable de la ortodoxia económica, Nadia Calviño, aupada a la vicepresidencia primera del Gobierno.

Las cifras del año pasado aumentaron el techo de gasto total para 2021 hasta los 196.097 millones, un 53% más que en 2020, año en el que regían los presupuestos prorrogados de 2018. En buena parte gracias a la previsión de llegada de los fondos europeos de recuperación, que seguirán teniendo un gran protagonismo en las cuentas de 2022.

La peculiaridad de los Presupuestos del año próximo es que, con toda probabilidad, serán los últimos de la legislatura. En el PSOE y en Unidas Podemos dan por hecho que en otoño de 2022, ya con las elecciones del año siguiente a la vista, será mucho más difícil llegar a acuerdos, sobre todo en un Congreso en el que los socios potenciales del Gobierno previsiblemente preferirán marcar sus diferencias.

De ahí la relevancia de la negociación que se avecina. Los socios de gobierno ya se ha puesto a la tarea de fijar prioridades y lo que ha trascendido hasta la fecha anuncia tormenta. La reforma fiscal que pretende Unidas Podemos, que no es otra que la pactada en el acuerdo de coalición, tiene poco que ver con el escenario que apuntan desde hace semanas los ministros del área económica del PSOE, especialmente la vicepresidenta Calviño.

La responsable de Economía del Ejecutivo, aupada ahora al puesto de número dos del Gobierno, no quiere ni oír hablar de subidas impositivas. El sector socialista del Gobierno se aferra al comité de expertos que diseña la reforma fiscal, cuyas conclusiones no se conocerán hasta 2022, para aplazar este asunto. Calviño es clara al respecto: “No es el momento de subir impuestos, de ninguna manera estamos hablando de eso y menos a corto plazo”, declaró hace apenas unos días.

Reforma fiscal sí, pero no ahora

La titular de Economía admite que hace falta “un sistema fiscal más sólido y progresivo”, que es lo pactado con Unidas Podemos, pero no ahora. La excusa para no aplicar ya los acuerdos de la coalición es que, según la vicepresidenta primera, perjudicaría “el crecimiento económico y la creación de empleo”.

Pero Unidas Podemos no quiere esperar más. La legislatura se acerca a su ecuador, la pandemia ha congelado durante un año y medio buena parre del programa de la coalición y la formación morada cree que es el momento no sólo de “consolidar las políticas sociales” sino de garantizar “que se van a poder financiar” aplicando algunas de las propuestas fiscales pactadas el 30 de diciembre de 2019.

Los de Yolanda Díaz apuntan, sobre todo, a dos de ellas. En primer lugar, la reforma del impuesto de sociedades, para garantizar que las grandes corporaciones tengan una tributación mínima del 15% —un 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos—. Y, en segundo lugar, un incremento de dos puntos en la tributación del IRPF para las personas con rentas superiores a 130.000 euros anuales que se ampliaría a cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. Un estudio de Bankinter basado en datos de la Agencia Tributaria calcula que esa subida sólo afectaría a unos 100.000 personas, en torno al 0,5% de los contribuyentes.

El argumento de los morados es que esos ingresos harán falta para no sólo para consolidar el gasto social ya desplegado, sino para garantizar presupuestariamente proyectos nuevos como la ley de Diversidad Familiar que prepara la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que entre otras cosas planea poner en marcha una prestación por crianza de hijos para familias en riesgo de pobreza que no cumplan los requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital. Pensando, en el medio y largo plazo, en una prestación universal, pero que aplicada al grupo social previsto en el proyecto de ley esperan que sea útil para reducir los índices de pobreza infantil.

Unidas Podemos sabe que tiene poco margen para presionar al PSOE en aquellos asuntos que no fueron incluidos en el pacto de gobierno, pero no piensa ceder en los que sí figuran en el acuerdo. Ahí los de Yolanda Díaz se disponen a echar el resto.

Esta semana la vicepresidenta segunda ya dio pistas sobre las prioridades de Unidas Podemos en una intervención frente a los diputados de su grupo. “Es el momento de desplegar plenamente la agenda social del Gobierno. Estos presupuestos deben ser un plan contra las desigualdades sociales, de género, territoriales. Unos presupuestos que redistribuyan los beneficios de la recuperación”, remarcó. Y que al mismo tiempo sean los “del Green New Deal [nuevo pacto verde]. Unos presupuestos verdes para hacer frente a la crisis climática”.

Pero “para hablar de servicios públicos hay que hablar primero de ingresos públicos: debemos reducir la brecha fiscal”, lo que inevitablemente significa subir impuestos, advirtió.

Alquileres, SMI y reforma laboral

La agenda de los morados para la segunda mitad del año no se agota ahí. Hay asuntos pendientes de resolver que forman parte de sus objetivos centrales, como la regulación de los alquileres o la subida del salario mínimo, que también es capital para los sindicatos. Enfrente, de nuevo, Nadia Calviño, contraria a fijar límites a los precios del alquiler en áreas tensionadas y muy reacia a subir, de momento, el SMI.

La prioridad de la vicepresidenta económica, asegura estos días en la intensa agenda mediática que está desarrollando, es consolidar la recuperación y relanzar la actividad para aprovechar al máximo la llegada del dinero de Bruselas, de manera que el crecimiento resultante se sostenga en el tiempo más allá del regreso a las cifras previas a la pandemia.

Otra cosa es la modificación de la reforma laboral del PP. Más allá de las diferencias de fondo entre los socios de Gobierno, lo cierto es que los cambios están pactados en el acuerdo de coalición y han sido ya remitidos a Bruselas. Aquí la pelota está en la mesa de diálogo social y en la resistencia de la patronal a aceptar la reversión de los aspectos más lesivos de la reforma del PP. El reto, en este caso, es cerrar el acuerdo antes de fin de año. Esa es la fecha límite comprometida ante Bruselas a cuenta del dinero para la reconstrucción económica.

Por si estas diferencias no fueran suficientes, las posibilidades de que la tensión entre Unidas Podemos y el PSOE no se agota en los Presupuestos. A dos años de las elecciones, y a pesar de la buena valoración que las encuestas dan a Yolanda Díaz, Unidas Podemos no levanta cabeza en intención de voto. La necesidad de marcar diferencias con los socialistas y el nerviosismo por la incertidumbre electoral empiezan a ser sintomáticos.

Esta misma semana, la diputada valenciana Rosa Medel desafió la disciplina de voto de UP y a punto estuvo de causar una severa derrota al Gobierno en la votación decreto de estabilización de los interinos. Las voces críticas, calladas mientras Iglesias estuvo al frente de los morados, empiezan a asomar. El viernes fue Gloria Elizo, vicepresidenta tercera del Congreso, la que dejó constancia pública de su malestar con un apunte en Twitter: “Coalición de gobierno y siguen trágicos desahucios. No debimos votar que sí al RDL sobre interinos. Durante la tragedia covid las coberturas sociales dan para poco más que para jalearse en Twitter. El acuerdo de gobierno es tan frágil como difícil”.

Sánchez no lo ve

El problema, sostienen en el PSOE, es cómo encajar los compromisos del acuerdo de coalición, de los que depende la estabilidad del Gobierno, con la realidad económica y social tras la pandemia. Estos días, durante su gira económica por Estados Unidos en buscar de inversiones que agilicen la recuperación de la economía española, el presidente Pedro Sánchez ha dicho muy claro que su prioridad es la recuperación frente a otras reformas previstas como la fiscal.

Los escenarios políticos siguen siendo muy volátiles, pero, en estos momentos, en el Gobierno parece más complicado poner de acuerdo a PSOE y Unidas Podemos que hallar la forma de negociar el apoyo de Esquerra, que esta vez parece mucho más fácil de conseguir que hace un año. Ciudadanos se ha salido de la ecuación, así que la única combinación posible para aprobar los presupuestos de 2022 es con partidos de izquierdas.

La legislatura entra en su segunda fase y los socios más pequeños, desde Más País a Compromís, pasando por el BNG o Teruel Existe, quieren saber qué hay de sus peticiones. También el PNV y EH Bildu. Y muchas de ellas dependen de los presupuestos.

En el caso de Esquerra, una vez despejada la legislatura catalana, no parece que vaya a haber grandes impedimentos. Siempre que se mantenga la mesa de diálogo sobre Cataluña y que “se cumplan las ejecuciones presupuestarias recogidas en los presupuestos de este año”, advirtió el lunes Marta Vilalta, portavoz de ERC.

Esquerra y el PSOE acordaron en noviembre de 2020, entre inversiones y transferencias, añadir 340 millones de euros —240 millones en transferencias y 100 millones en inversiones— a los 1.999 millones. La cifra implicaba un 19,13% del total regionalizado, que suponía superar pro primera vez la contribución en el PIB que hace Cataluña sobre el conjunto del Estado.

La Comisión Bilateral del Gobierno central y de la Generalitat se reunirá la tarde del lunes 2 de agosto en Madrid y allí el Gobierno y Esquerra tendrán ocasión de medir el grado de cumplimiento de estos compromisos y, por tanto, el clima que va a preceder la negociación de los prepusuestos para 2022.

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