Comunidad de Madrid

El rodillo de PP y Cs impone un solo dictamen sobre Avalmadrid que salva la cara a Ayuso

La presidenta y el vicepresidente del Gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado.

La comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades detectadas en Avalmadrid a lo largo de una década se convirtió en uno de los primeros focos de tensión entre los dos socios de un Ejecutivo regional recién constituido. Primero, por el pronunciamiento público de Ciudadanos a favor de poner la lupa sobre todas estas operaciones bajo sospecha. Y segundo, por permitir con sus votos que el órgano parlamentario estuviera controlado por las tres formaciones de la izquierda parlamentaria. Pero lo cierto es que, más allá de eso, conservadores y naranjas no se han separado ni un milímetro en las decisiones fundamentales. Con su mayoría en la Mesa de la Asamblea, rechazaron las comparecencias de la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y varios de sus antecesores en el cargo –Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y Pedro Rollán–. Un rodillo al que ahora han vuelto a recurrir para que al Pleno de la Cámara sólo llegue uno de los dos dictámenes aprobados en el órgano parlamentario. En concreto, el de Ciudadanos, el más suave. Una veintena de páginas en las que apenas se toca la operación que afecta a la propia Ayuso: el préstamo de 400.000 euros concedidos a MC Infortécnica, controlada en parte por sus progenitores. 

La investigación sobre la empresa semipública, de la que la Comunidad de Madrid controla un 30% del capital, arrancó a raíz de una serie de informaciones y documentos publicados por infoLibre durante el verano de 2019 y su desarrolló fue caótico. A lo largo de los meses, se fueron produciendo algunas ausencias de testigos importantes, como el empresario Gerardo Díaz Ferrán o Aurelio García Sola, bajo la lupa de la Púnica. Sin embargo, eso no impidió que los grupos políticos presentasen durante la última sesión sus propuestas de dictamen. PP, Ciudadanos y Vox registraron, cada uno, su propio documento. No así los tres grupos de la izquierda –Más Madrid, Podemos y PSOE–, que pusieron sobre la mesa un durísimo texto conjunto en el que calificaban como "grave" la "intervención" de Ayuso ante diferentes cargos en Avalmadrid "en defensa de los intereses de su familia" y señalaban que la compañía semipública fue utilizada por parte del PP de Madrid dándose avales "a una red clientelar de empresarios y empresas de personas" situadas "en el entorno" de la formación conservadora.

Todos los grupos políticos eran conscientes de que no había consenso y de que era prácticamente imposible lograrlo. Por eso, la posibilidad de que la comisión se cerrara sin dictamen era la opción que acumulaba más papeletas. Con la intención de evitarlo, las formaciones de izquierdas decidieron llevar a cabo un movimiento arriesgado: votar a favor de los dictámenes de Ciudadanos y Vox, este último mucho más duro, e intentar introducir el suyo como voto particular. De la comisión salió, por tanto, un texto de algo más de un centenar de páginas con unas primeras conclusiones, las de la formación naranja, y unas segundas, las planteadas por la extrema derecha. Un movimiento que obligó al letrado de la comisión a pronunciarse al respecto. "Manifiesta verbalmente su criterio en el sentido de considerar que las votaciones que han tenido lugar hay que entenderlas como válidas, conforme a las previsiones del artículo 119 del Reglamento de la Asamblea, aunque ciertamente arrojen un resultado que puede presumirse de especial incongruencia", se recoge en un informe del pasado 17 de febrero al que ha tenido acceso este diario.

En aquel escrito, el jurista sostenía que "con ocasión de la fase en Pleno" se ofrecían "oportunidades y mecanismos para reducir el evidente déficit de congruencia de las conclusiones aprobadas". El texto conjunto pasó entonces a manos de la Mesa de la Asamblea, donde Ciudadanos y el PP ostentan la mayoría –cuatro de los siete miembros–. A fin de esclarecer el debate, tanto el órgano como Vox pidieron otra vez a los servicios jurídicos de la Cámara que se pronunciaran al respecto. De nuevo, los expertos emitieron un segundo informe. Lo hicieron el pasado 3 de marzo. A lo largo de casi una veintena de páginas, a las que ha tenido acceso infoLibre, explican que "no hay reglas que expresamente disciplinen el procedimiento de elaboración y votación de un dictamen", reconocen que "la votación celebrada" ofreció como resultado "una incongruencia" que imposibilita la aprobación del texto "en sus términos" y señalan que la comisión debería haberse cerrado con un dictamen que aglutinase "el criterio mayoritario", de forma que los grupos discrepantes se hubieran posicionado a través de los votos particulares.

Más Madrid interpondrá recurso de amparo

Lo que no hacían los servicios jurídicos, sin embargo, era pronunciarse sobre cómo tenía que arreglarse el embrollo. "Es la Mesa de la Asamblea la que debe adoptar una decisión", decían. Eso sí, planteaban cuatro posibilidades diferentes. La primera, que no se admitiese a trámite el dictamen y se archivara directamente. La segunda, que se desagregase el texto confeccionado, elevando unas conclusiones como dictamen y las otras como voto particular. En tercer lugar, que se volviese a la comisión para que, en un plazo determinado, alumbrase unas conclusiones congruentes con el sentir de la mayoría. Y como última opción, requerir a la comisión instándola a que conformase en su seno "una ponencia armonizadora, que procediera a la elaboración de un informe que ulteriormente fuera sometido a votación". En la Mesa no hubo acuerdo. Fuentes conocedoras de los tiras y aflojas en la Mesa explican que los naranjas apostaban en un principio por devolver los trabajos a la comisión ya cerrada, mientras que los conservadores apostaban por la primera opción, de forma que no hubiera conclusiones de ningún tipo.

Pero al final, PP y Ciudadanos, con el rechazo de los miembros de PSOE y Vox, impusieron este lunes que al Pleno sólo se elevase como dictamen el texto elaborado por la formación naranja. ¿Y por qué el texto de los de Aguado? "Porque fue el primero en ser aprobado en la comisión al haberse votado los textos en función de la representación parlamentaria, de mayor a menor", explican varias fuentes. El movimiento ha puesto en pie de guerra a los grupos de la oposición. "Es una cacicada, la Mesa no está para entrar en estas cuestiones, no está para interpretar las decisiones de una comisión", sostienen desde las filas socialistas. Desde Unidas Podemos han anunciado que pedirán al órgano de gobierno de la Asamblea que reconsidere la decisión y vuelva a llevar los textos a la comisión para que pueda haber una nueva votación. En ese caso, el plan pasa por respaldar solamente el texto de Vox, que consideran más duro. "Lo que no se puede hacer es emitir un criterio jurídico que aclara un vacío existente en el reglamento para luego aplicarlo con carácter retroactivo", defienden también desde Más Madrid.

La formación capitaneada por Pablo Gómez Perpinyà ya ha anunciado su intención de plantear un recurso de amparo a la Mesa. Una opción que también deslizaron desde Vox. "No puede ser que un dictamen –en referencia al suyo– sea eliminado con unos nuevos criterios y una nueva interpretación de la votación en una Mesa de Comisión, nos parece gravísimo y esperamos que todo esto se resuelva", apuntó la portavoz del grupo, Rocío Monasterio. Pero de momento, lo que está decidido es que el único texto de conclusiones que saltará al hemiciclo como dictamen será el elaborado por los naranjas. Un documento de algo más de una veintena de páginas de las que más de la mitad se limitan a referenciar todas las comparecencias que se han producido a lo largo de una decena de sesiones y a introducir al lector en la materia explicándole qué es Avalmadrid, cómo funciona, por qué es fundamental para el tejido madrileño o qué se entiende por operaciones vinculadas.

El caso Ayuso en ocho líneascaso Ayuso

A lo largo de las cuatro páginas de conclusiones, los naranjas prefieren pasar por alto la parte de la investigación que más afecta a la actual presidenta madrileña: el aval de 400.000 euros concedido a MC Infortécnica, una empresa de la que formaban parte cuatro matrimonios, uno de ellos el de sus progenitores –eran dueños de un 25% del accionariado de la firma de productos sanitarios–. Un asunto que se ventilan en apenas ocho líneas: "En relación a la operación concreta, el Grupo Parlamentario de Más Madrid presentó escrito y documentación ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad el pasado 11 de septiembre de 2019 para denunciar unos hechos ocurridos en 2011 que, a su juicio, podían ser constitutivos de delitos de alzamiento de bienes, administración desleal y tráfico de influencias. Sin embargo, el 13 de noviembre de 2019, la Fiscalía dictó decreto por el que acordó archivar la denuncia al entender que de los hechos denunciados no se puede concluir que existan indicios de delito". Es la única referencia al caso Ayuso que aparece reflejada en el dictamencaso Ayuso.

A lo largo del escrito, no se mencionan, ni siquiera de pasada, los contactos mantenidos por la entonces diputada con algunos directivos de la entidad para que le facilitasen determinada información confidencial. Tampoco se hace referencia a la vivienda de 90 metros cuadrados que los padres de Ayuso donaron a la actual presidenta madrileña justo dos meses antes de que MC Infortécnica incumpliese su obligación de devolver a Avalmadrid 100.000 euros de principal y poco más de 3.000 euros de intereses. De hecho, seis de los ocho socios de la firma se quitaron de encima inmuebles de su propiedad, con los que justificaron su solvencia a la hora de recibir el préstamo, entre octubre de 2011 y julio de 2012, es decir, inmediatamente después de tener la certeza de que la empresa había quebrado y que por tanto no devolvería el dinero. Ni siquiera entra a valorar si la empresa semipública actuó de forma diligente en la concesión de este aval en concreto o si hizo lo correcto a la hora de intentar ir tapando una deuda que, a día de hoy, continúa abierta. Es, en definitiva, un tema tabú metido justo al final de las conclusiones.

Los naranjas se extienden algo más en relación con otras operaciones de empresarios cercanos al PP. Mencionan la existencia de un riesgo excesivo o de una falta de controles internos. También hacen referencia a las cartas del entonces consejero de Economía, Antonio Bateta, y el empresario Arturo Fernández, socio protector de Avalmadrid, enviaron al entonces presidente para tratar de que se otorgara una operación a Viajes Marsans "pese a su difícil situación económica". "Injerencias que pudieron ser irregulares o, al menos, anómalas", recoge el documento. Por otro lado, menciona del mismo modo "un potencial conflicto" de intereses en los avales concedidos al Grupo Marsans o Cantoblanco, en tanto que Gerardo Díaz Ferrán y Arturo Fernández compatibilizaban sillones en las firmas y en el Consejo de Administración de la empresa semipública. Pero hasta ahí llegan. "Dado que en ambos casos la Fiscalía archivó la denuncia, no debe ser objeto de una consideración posterior por esta parte", zanjan en el escrito de conclusiones. Otros dictámenes iban un paso más allá y apuntaban a que Avalmadrid fue usada por los conservadores madrileños para dar avales a "una red clientelar de empresarios y empresas".

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