Sánchez garantiza a Díaz el blindaje del gasto social mientras afina con la UE el aumento en defensa

Son horas de incertidumbre europea. No hay respuestas rápidas para soluciones tan complejas. Un momento crucial para el futuro de la UE. Estas son algunas reflexiones que se hacen en estos momentos en el Palacio de La Moncloa mientras se sigue negociando de manera discreta con los socios europeos sobre el incremento del gasto en defensa y se prepara la ronda con los partidos políticos en Madrid.

Los socios europeos viven momentos de arduas y silenciosas negociaciones. Europa se ha lanzado a un plan de rearme sin precedentes, pero todavía quedan muchas cosas por concretar. Los líderes continentales se han citado de nuevo la semana que viene en el Consejo que se celebrará en Bruselas los días 20 y 21. Pero el jefe del Ejecutivo español mantiene una importante agenda internacional para abordar la situación: este miércoles viaja a Finlandia y Luxemburgo.

Sánchez se ha comprometido con sus socios europeos a acelerar el objetivo del gasto del 2% del PIB en materia de defensa antes de 2029, la fecha que se había acordado antes en la OTAN. Fuentes del Gobierno insisten en que se quiere hacer “lo antes posible”, pero no se concretan las cifras ni los plazos. 

España está inmersa en una discreta negociación sobre lo que se computa como gasto en defensa, ya que se entiende en La Moncloa que debe imperar una mirada transversal y 360 grados de lo que supone la seguridad, incluyendo conceptos como la ciberseguridad y la lucha contra las catástrofes naturales (como, por ejemplo, la dana de Valencia) y contra el cambio climático.

Un concepto amplio de seguridad

El Gobierno de Pedro Sánchez empuja también durante estas horas en el seno de la UE para que ese incremento en el gasto se vehicule principalmente a través de fondos europeos como sucedió con las ayudas Next Generation a raíz de la pandemia del covid. Es una de las principales líneas maestras del non paper enviado por La Moncloa a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, donde se propone la defensa como un bien público europeo.

En la reunión de este martes de ministros de Economía y de Finanzas de la UE (Ecofin) se abogó por definir de “manera amplia” el concepto de gasto en seguridad e ir más allá del término “estricto”. Asimismo, se abordó la herramienta de dar margen fiscal para que los países aumenten su gasto en este área hasta un 1,5 % del PIB sin exponerse a un expediente por déficit, así como a un instrumento de 150.000 millones de euros en préstamos financiados con deuda común.

Díaz y Sánchez, diferencias pero blindaje del gasto social

En la parte socialista evitan dar cifras concretas en estos momentos y trasladan que no hay intención de que salga un número concreto durante la ronda que va a emprender el presidente del Gobierno a partir de este jueves. El jefe del Ejecutivo informará a sus interlocutores y escuchará sus opiniones. Sánchez sí se vio ya con su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, este martes durante unas dos horas para abordar la cuestión. No salieron con un gran pacto, pero sí evitaron rupturas y airear en público las diferencias (cosa que sí hicieron algunos miembros de Sumar en el Congreso).

Según fuentes del ala socialista, Pedro Sánchez reiteró ante Díaz su intención de acelerar el gasto en defensa “lo antes posible”, pero también le trasladó a su vicepresidenta segunda que no se va a mermar el gasto social (el gran sello de la coalición progresista). A lo largo de los últimos años, el PSOE pactó con sus socios de izquierdas dejar a un lado del techo de gasto el incremento en defensa, para luego ser aumentado a través de acuerdos del Consejo de Ministros.

La parte socialista no ha explicado todavía cómo piensa incrementar esas partidas, aunque lo previsible, como se ha hecho en anteriores ejercicios, es implementarlas con programas de defensa y con cargo al fondo de contingencia, lo que permite no tener que llevar esas subidas al Congreso y someterlas a votación. También se está estudiando la posibilidad de aumentos a través de diferentes ministerios que no son el de Margarita Robles.

Díaz y Sánchez se reunieron en La Moncloa, donde comprobaron sus diferencias pero a la vez evitaron escenificar un choque dentro del Gobierno. De hecho, en las dos partes se insiste en que hay Gobierno progresista para rato y que las discrepancias en esta materia no pueden llevar a la ruptura de la coalición. Según informó Sumar, la ministra de Trabajo y Economía Social expuso en la reunión que “es necesario avanzar hacia un modelo de defensa y de seguridad europeo autónomo, defensivo y disuasorio, que apueste por el multilateralismo y la defensa de la paz y la seguridad en el marco de Naciones Unidas”.

Para la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, el aumento del gasto en defensa de los Estados miembros de forma individual “no garantiza la superación de los problemas de coordinación y falta de interoperabilidad de las Fuerzas Armadas de los distintos países de la UE”. “No garantiza una mayor autonomía estratégica, ni mayores cuotas de seguridad compartida”, trasladó.

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Además, manifestó ante Sánchez que es “imprescindible avanzar en soberanía europea para ir superando la dependencia en esta materia de la OTAN y de EEUU, y de su complejo militar e industrial”. Con la idea, además, de que garantizar la seguridad europea “pasa hoy por poner la cohesión social y la lucha contra el cambio climático en el centro de nuestras políticas” porque “no habrá seguridad europea si no se afronta la lucha contra la precariedad y la pobreza endémica que existe en el continente”.

Sánchez y Díaz quedaron en seguir desarrollando una propuesta conjunta en las próximas semanas sobre un proyecto de paz para Ucrania y colocar “los derechos del pueblo ucraniano y su soberanía en el centro de este proceso”.

La actitud de Díaz y el comunicado de Sumar se basan en el equilibrio para marcar diferencias pero evitar un choque interno brusco dentro del Gobierno. Fueron mucho más duros a lo largo del día representantes de partidos que integran el grupo de Sumar como Àgueda Micó (Compromís), Antonio Maíllo (IU) y Gerardo Pisarello (los comunes), que rechazaron un incremento en el gasto militar.