Crisis del coronavirus

Sánchez reclama a una UE dividida un acuerdo urgente sobre el fondo imprescindible para financiar la reconstrucción

El presidente Pedro Sánchez participa desde Moncloa en el Consejo Europeo.

El tiempo corre y las sensaciones no son buenas. El equipo del presidente Pedro Sánchez se esfuerza en transmitir un moderado optimismo, pero las señales que todo el mundo espera de que la Unión Europea va a sacar adelante el ambicioso fondo de ayuda del que dependen los planes de reconstrucción económica y social de España siguen en el terreno de los deseos.

Moncloa, después de que Sánchez participase en la cumbre telemática convocada este viernes entre los 27 jefes de Estado o de Gobierno de la Unión, difundió el mensaje de que confía en que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, presente lo antes posible a los líderes europeos un marco de negociación basado “de manera amplia” en la propuesta de la Comisión Europea para hacer frente a la crisis provocada por la covid-19 y cuyo contenido deberá ser discutido en un próximo Consejo Europeo.

Al Gobierno español lo que le gustaría es que ese acuerdo pudiese alcanzarse a lo largo del mes de julio porque de él depende la arquitectura de su hoja de ruta contra la crisis o, lo que es lo mismo, las condiciones que definirán tanto su profundidad como su duración. La propuesta presentada por la Comisión Europea, bautizada como Next Generation EU, incluye un paquete dotado con 750.000 millones de euros, de los que 500.000 millones se destinarán a transferencias y 250.000 millones a créditos.

Sánchez quiere que el Fondo de Recuperación esté ligado a los presupuestos de la Unión para el período 2021-2027, tal y como propone la Comisión Europea, y que se centre en los sectores y áreas geográficas más perjudicados por la pandemia. Y desea que esté en vigor el 1 de enero de 2021 porque, “cuanto más tiempo perdamos, más profunda será la recesión”. “Lo que está en juego aquí es el futuro del proyecto europeo”. “Sin un acuerdo todos perderemos”, recalcó antes sus colegas del Consejo.

Lo cierto es que el Gobierno quiere convertir el plan de reconstrucción en una oportunidad para “transformar y reformar” la economía española, acelerando su digitalización e impulsando la transición ecológica que ya eran dos ejes fundamentales de su programa para la legislatura antes de la pandemia. Pero mientras no sepa a ciencia cierta cuánto dinero llegará de Bruselas y en qué condiciones, no puede redefinir los objetivos de estabilidad ni empezar a preparar el proyecto de Presupuestos Generales para 2021. Toda la política española depende en estos momentos de que se despejen las incógnitas europeas.

Y no parece que eso vaya a suceder pronto. La reunión de este viernes, casi de trámite entre dos presidencias europeas, concluyó sin ni siquiera fijar una fecha concreta para empezar a negociar. Al término de la sesión telemática, el presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, se aferró a la existencia de un “consenso emergente”, pero no tuvo mas remedio que aceptar que todavía hay “dificultades”. “Tenemos la intención de tener una cumbre presencial a mediados de julio en Bruselas”, justo antes o justo después del homenaje a las víctimas de la pandemia que ha organizado en Madrid el Gobierno para el 16 de julio y en el que las instituciones europeas y sus máximos representantes tendrán reservado un lugar de honor.

En ese período tiene que despejarse además la Presidencia del eurogrupo, en la que el Gobierno quiere situar a la vicepresidenta Nadia Calviño. Si lo consigue, habrá sumado una baza muy importante en la dirección que busca Sánchez: amarrar ayudas no condicionadas para que España salga cuanto antes de la crisis provocada por la pandemia.

La política interior

Cuanto más se demore la solución europea, más tardarán en escribirse las prioridades económicas en España. En teoría, el Gobierno debería entrar en septiembre habiendo redefinido magnitudes tan importantes como el techo de gasto y los objetivos de déficit y deuda si quiere presentar el proyecto de Presupuestos de 2021 en tiempo y forma, como ha prometido. Un proyecto para el que necesita además negociar una compleja mayoría en el Congreso.

En la sesión de este viernes los 27 miembros de la UE han tenido la oportunidad de expresar sus ideas sobre el fondo de 750.000 millones, dejando abiertas las cuestiones que ya estaban por resolver cuando empezó la reunión. En particular, el tamaño final del fondo, su duración, la proporción de transferencias y préstamos, la clave de reparto de las ayudas, la condicionalidad que tendrán aparejada y el futuro de las reducciones de las contribuciones de los países más ricos al presupuesto comunitario. “Los puentes que tenemos que construir todavía son grandes”, reconoció la canciller alemana, Angela Merkel.

La cumbre de mediados de julio será una nueva oportunidad para acercar las posiciones de los países más reticentes—Países Bajos, Suecia, Dinamarca o Austria— a la de los que promueven el fondo —Francia, Alemania, España e Italia—.

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Una de la cuestiones que siguen abiertas es el reparto de las ayudas, que algunos países quieren modificar para adecuarla más al impacto de la pandemia. Sobre esta cuestión, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, explicó este viernes que calcular los sobres nacionales utilizando otros datos, como las previsiones económicas para este año, no supondría grandes cambios en el reparto, puesto que los países más afectados en esta crisis son también los que tenían peores indicadores antes de la misma. Según el criterio de Bruselas, a España le corresponderían unos 140.000 millones, de los cuales 77.000 llegarían en forma de subsidios no reembolsables.

Al igual que Sánchez, la presidenta de la Comisión considera “esencial” no “perder tiempo” para poner en marcha el fondo anticrisis. La “gravedad” de la crisis justifica una respuesta “común y ambiciosa que combine solidaridad, inversiones y reformas”.

El camino no será nada fácil: a las reservas del bloque formado por Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Autria se ha sumado la actitud activamente contraria a la estrategia del Gobierno que está sosteniendo el PP en Europa.

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