Guerra abierta al Gobierno

El sector conservador del Poder Judicial no impone sus tesis contra Delgado pero lanza un ataque inédito contra ella

La exministra de Justicia Dolores Delgado durante el acto de traspaso de cartera a su sucesor en el cargo, Juan Carlos Campo.

El rechazo del ala conservadora de la judicatura a que Dolores Delgado asuma el cargo de nueva fiscal general del Estado provocó este jueves un acto de confirmación de que la exministra de Justicia se ha convertido en objetivo de un ataque sin precedentes.

Con mayoría en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los conservadores no lograron ver cumplido el deseo que por la mañana había expresado el líder del PP, Pablo Casado: que el órgano de gobierno de los jueces declarase que la exministra de Justicia no reúne los requisitos para dirigir la Fiscalía. Pero en el pleno de la institución que debía emitir un dictamen preceptivo aunque no vinculante sobre su futuro nombramiento consiguieron abrir una brecha de profundidad desconocida: el Consejo avaló el futuro nombramiento de Delgado por 12 votos a favor y siete en contra.

Lo sucedido en el CGPJ indica que irá en aumento el enfrentamiento con la fiscal general y el Gobierno desde un consejo dividido que lleva ya en funciones 13 meses y que en ese periodo y bajo la mayoría conservadora ha efectuado 52 nombramientos discrecionales de altos cargos de la judicatura. Esos nombramientos quedan ahora congelados, y así lo anunció en el pleno del CGPJ su presidente, Carlos Lesmes. El también presidente del Supremo expuso que el proceso para la renovación del órgano de gobierno está ya en marcha y que el consejo debe por tanto evitar nuevas designaciones. En teoría es así, pero el PP ya ha anunciado que bloqueará la adaptación del órgano al nuevo mapa parlamentario. La renovación del Consejo quedó bloqueada a final de 2018 cuando trascendió un whatsapp donde el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, daba por hecho que el partido seguiría controlando el Poder Judicial a través del magistrado del Supremo Manuel Marchena. 

Afirmaciones de alto voltaje contra la exministra

De los 19 vocales que asistieron a la sesión del consejo abierta a las cuatro y media de la tarde, siete fueron no solo contrarios a avalar que Delgado cumple las exigencias legales sino que a la hora y media de haber finalizado la reunión presentaron un voto particular donde introducen afirmaciones de alto voltaje: “La candidata propuesta no cumple a nuestro juicio con el requisito de la imparcialidad que la asunción de tan alta responsabilidad implica”.

Desembarcar –añade a renglón seguido el texto- en la cúpula del ministerio público “inmediatamente después de haber cesado en su cargo de ministra de Justicia y habiendo sido propuesta siendo diputada supone, a nuestro juicio, un serio impedimento para garantizar ante la ciudadanía la imagen de imparcialidad e independencia que ha de exigirse a un fiscal general del Estado”.

"Estas circunstancias que concurren en la candidata propuesta – prosigue el texto– son hechos que crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la institución que ha de dirigir, lo que comporta, a su vez que las funciones constitucionales que debe cumplir como Fiscal General del Estado estén expuestas al riesgo de que el Poder Ejecutivo influya en sus decisiones".

Los argumentos del voto particular se sitúa en la misma coordenada que el que había desplegado por la mañana el presidente del PP. Lo que Casado dijo a su llegada a un desayuno informativo fue esto: "Espero, porque confío mucho en el CGPJ que hoy también declarará que la fiscal general del Estado propuesta por Sánchez no reúne los requisitos de idoneidad porque la legislación española le exige imparcialidad que una diputada del PSOE a día de hoy no tiene”. El presidente del PP completó su razonamiento lanzando una pregunta: qué ocurriría si su partido hubiese propuesto a Gallardón como fiscal general siendo “diputado del PP y ministro de Justicia”.

Hasta ahora, ningún fiscal general había cosechado tantos noes en este paso previo a que su designación quede formalizada. En 1986, Javier Moscoso, pasó de ser ministro de Presidencia en el Gobierno de Felipe González a fiscal general del Estado. En el Consejo, Moscoso obtuvo 13 votos a favor, seis en contra y uno en blanco. Según vocales que asistieron a la reunión, el precedente de Moscoso fue esgrimido de forma explícita por una de las vocales progresistas, Clara Martínez de Careaga, para defender que un exministro puede convertirse en fiscal general sin ningún problema legal ni ético.

De los 19 votos emitidos –dos miembros de la mayoría conservadora, Vicente Guilarte y Wenceslao Olea, no asistieron–, 12 fueron favorables a la propuesta del presidente del órgano y del Supremo, Carlos Lesmes, propuesta que se limitaba a avalar que Delgado cumple los requisitos legales exigidos para el puesto.

Es decir, a diferencia de lo habitual, esta vez se sometía a votación un aséptico o tibio texto que no hacía constar la idoneidad de la exministra para ocupar su nuevo cargo. Según su equipo, buscaba así rebajar la tensión y lograr el consenso. Pero al menos una de las vocales del sector progresista, Concepción Sáez, anunció que este viernes presentará un voto particular donde haga valer su convicción de que Delgado debió ser expresamente definida como idónea. 

El acuerdo fue aprobado con los votos a favor del presidente del CGPJ, el conservador Carlos Lesmes, y de los vocales progresistas, Roser Bach, Mar Cabrejas, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Enrique Lucas, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta y Rafael Mozo. Apoyaron asimismo la propuesta los conservadores Rafael Fernández Valverde y Ángeles Carmona.

Y votaron en contra los vocales conservadores Nuria Díaz, José María Macías, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart.

Otros dos vocales de la mayoría conservadora, aquellos que secundaron la propuesta de Lesmes, han anunciado otro voto en el que, pese a haber optado por el sí, argumentarán que Delgado no es idónea para dirigir la Fiscalía.

Ahora, una vez superado el trámite del órgano de gobierno de los jueces, el nombramiento de Delgado se someterá al examen de la Comisión de Justicia del Congreso. Allí, todo indica que la guerra se recrudecerá por la oposición tajante de las tres formaciones de derecha, el PP, Vox y Ciudadanos.

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