El futuro de Cataluña

El Senado decidirá sobre el 155 después de 12 años sin debatir sobre el estado de las autonomías

Soraya Sáenz de Santamaría en el Pleno del Senado del 10 de octubre.

Si en las próximas horas la crisis entre Cataluña y el Estado no da un giro inesperado, el Senado cobrará una importancia inédita. La Cámara de representación territorial y de segunda lectura de las leyes tiene como competencia exclusiva la de dar luz verde a la herramienta que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene en mente para "la restauración de la legalidad" en Cataluña: la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Carles Puigdemont tiene hasta las 10.00 de la mañana del jueves para responder al requerimiento del Gobierno en el se le exige que aclare si proclamó la independencia y, en caso afirmativo, anule dicha decisión. Si no hay respuesta o el Ejecutivo considera que ha recurrido a evasivas, trasladará al Senado aquellas medidas que cree que deben adoptarse en Cataluña para revertir la situación. En este momento, la tramitación recaerá sobre una institución que, pese a ser la Cámara de representación autonómica, lleva 12 años sin debatir sobre el estado de las autonomías. Y eso que tiene la obligación de hacerlo anualmente.

La ausencia de este debate no se reduce sólo a una larga ausencia en el tiempo. Va más allá si se tiene en cuenta de que constituye un incumplimiento del Reglamento del Senado. Así figura en uno de los apartados del artículo 56: "La Comisión General de las Comunidades Autónomas celebrará una vez al año y preceptivamente antes de que finalice el primer período de sesiones, una sesión cuyo único punto del orden del día será dedicado a efectuar un balance de la situación del estado de las autonomías". Pero va todavía más allá en el párrafo siguiente al señalar que "sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, el Senado celebrará anualmente una sesión plenaria cuyo orden del día se dedicará íntegramente a analizar el estado de las autonomías".

Precisamente es en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en la que podría recaer el estudio de las medidas que el Gobierno proponga para Cataluña si decide continuar con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Las normas internas de la Cámara establecen que el Ejecutivo debe trasladar al presidente del Senado un escrito con el contenido y el alcance las medidas a adoptar y la justificación de las mismas. A partir de ahí, la Mesa, el órgano de gobierno, se reúne para dar trámite a la iniciativa remitiéndola a la Comisión General de Comunidades Autónomas o a otra que se cree a tal efecto.

La última vez que la Comisión General de Comunidades Autónomas convocó un debate sobre el estado de las comunidades autónomas fue en 2005. Las citas anteriores habían transcurrido en 1994 y 1997, siempre en el seno de esta comisión.

En esta XII Legislatura, este órgano del Senado está compuesto por 54 miembros. Su presidente es el conservador Juan José Imbroda, presidente de Melilla y, hasta la fecha, ha celebrado seis sesiones, la última el pasado 7 de junio. Ha tramitado 18 iniciativas y tiene 24 en tramitación

¿La culpa de que no se celebre? De Cataluña, según el PP

En esta legislatura, ha sido Nueva Canarias la formación que ha intentado que el Senado debata sobre el estado de las autonomías. La iniciativa se abordó en la Junta de Portavoces del 19 de septiembre y no contó con el apoyo del Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Senado. La contradicción estuvo en que en febrero, y a iniciativa de los conservadores, la Cámara alta dio luz verde a una moción mediante la que se comprometía a celebrar un Pleno anual en el que se debata sobre el estado las autonomías.

Ante la falta de acuerdo, la Mesa del Senado decidió trasladar esta propuesta a la Comisión General de Comunidades autónomas para que tome una decisión. 

Nueva Canarias encontró el apoyo del PDeCAT en un momento en el que restaba menos de un mes para el 1-O. Ese mismo 19 de septiembre, su portavoz en la Cámara alta, Josep Lluís Cleries, defendió este debate al considerar que, entre otros aspectos, podría abordar la "mala" financiación autonómica.

En respuesta, el portavoz de los conservadores, José Manuel Barreiro, habló de la "hipocresía enorme" del PDeCAT recordando que el president Carles Puigdemont no había participado en la Conferencia de Presidentes. A la hora de justificar el 'no' de su partido a debatir sobre el estado de las autonomías, el dirigente del PP esgrimió la situación en Cataluña. Asimismo, defendió una reforma del reglamento para mejorar este tipo de debates.

Otras fuentes conservadoras recuerdan también que a finales de marzo, el president no aceptó acudir a la Comisión General de las Comunidades Autónomas para hablar del referéndum. Era la opción que se le dio desde la Cámara después de que solicitara permiso para impartir una conferencia.

En manos de la Mesa

De activarse la segunda fase del 155, será la Mesa del Senado la que decida si encarga la tramitación a la comisión específica sobre comunidades autónomas o si se constituye otra ad hoc. ¿De qué depende? Fuentes parlamentarias precisan que el órgano de gobierno de la Cámara decidirá en función de las medidas específicas que proponga el Gobierno.

La intervención de una comunidad autónoma puede hacerse de forma completa o "selectiva", subrayan en el Gobierno. A día de hoy, las mismas fuentes se decantan por una "aplicación selectiva" con el control de Economía e Interior (los Mossos d'Esquadra) como punto de partida, un planteamiento que contaría con el apoyo del Partido Socialista. Esto podría implicar que la Mesa del Senado recurriese, por ejemplo, a las comisiones de Economía e Interior. Aunque también hay senadores que, por lo inédito de la aplicación del artículo 155, creen que los trabajos previos podrían recaer en la Comisión Constitucional.

Una vez asignada la comisión, y tras estudiar la petición del Ejecutivo, ésta requerirá, "al presidente de la Comunidad Autónoma para que en el plazo que se fije remita cuantos antecedentes, datos y alegaciones considere pertinentes y para que designe, si lo estima procedente, la persona que asuma la representación a estos efectos", recoge el reglamento.

Como resultado de todo este proceso, la comisión formulará una propuesta sobre si procede o no la aprobación solicitada por el Gobierno, con las modificaciones que considere. El siguiente paso será el debate en el Pleno.

Los plazos

¿Y los plazos? El jueves por la tarde, Rajoy estaría en Bruselas, para participar en la reunión del Consejo Europeo. La cita se prolonga hasta el viernes. Así, si Puigdemont no responde al requerimiento anunciando una "vuelta a la legalidad", en palabras del Ejecutivo, el presidente podría convocar un Consejo de Ministros extraordinario el mismo jueves antes de viajar o dejar que se adoptasen las medidas en el del viernes 20, que presidiría Soraya Sáenz de Santamaría. En ese Consejo de Ministros, el Ejecutivo ya tendría que plantear las medidas concretas que propone para Cataluña.

De ahí pasaría al Senado, que tendría que reunir a la Mesa, un trámite que podría cumplirse el mismo jueves o el viernes. Las fuentes más optimistas consideran que a mediados de la semana próxima, podrían estar activadas las medidas. Otras creen que, teniendo en cuenta los plazos que dio el propio Gobierno a Puigdemont –8 días–, el Senado recurriría a plazos similares. Esto nos llevaría a la siguiente semana.

Los pasos dados por Puigdemont en las últimas semanas y la respuesta al primer requerimiento del Gobierno conducen a pensar al grueso de las fuentes consultadas en que la aplicación del 155 va ser inevitable. No obstante, hay un sector en el PP que pone sobre la mesa una nueva vía: la posibilidad de que Puigdemont, para evitar la suspensión de la autonomía y ante una cada vez mayor división del bloque independentista, acabe convocando elecciones.

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