Andalucía

¿Y si Susana Díaz pasa de Montoro?

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

El pasado miércoles 6 de abril, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro (PP), envió 12 cartas a otras tantas comunidades autónomas advirtiéndoles –eso sí, con buenas palabras– de que tenían que hacer recortes por incumplir el objetivo de déficit. De lo contrario, serían intervenidas, pues eso supone en realidad la aplicación de las "medidas coercitivas" establecidas por la ley. Lo que contenía la carta no eran propuestas, ni sugerencias, ni declaraciones de intenciones. Eran órdenes. Y venían con un ultimátum: 15 días.

¿Qué ocurrirá si una autonomía pasa de esta amenaza de Montoro? Es posible que pronto lo sepamos, porque el Gobierno de Andalucía afirma que ignorará dicha amenaza y no realizará el recorte. El plan A del Gobierno de Susana Díaz, que insiste en que su negativa a asumir recortes es inamovible, es forzar a Montoro a negociar un nuevo reparto del déficit del Gobierno y las comunidades autónomas. Si Montoro no cede, oficialmente no hay plan B. Legalmente, el ministro tiene la sartén por el mango para castigar cualquier rebeldía con la intervención.

Las cartas remitidas por Montoro hacen referencia a las "medidas coercitivas" que prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de 2012, una especie de botón nuclear que se reserva el Gobierno. Las medidas "preventivas" y "correctivas" que recoge dicha ley se dan por agotadas. De hecho la aplicación de las medidas coercitivas ya está en marcha, porque Hacienda ha activado un mecanismo de urgencia previsto en la ley al exigir a las 12 autonomías –todas menos Galicia, Canarias, Navarra, País Vasco y La Rioja– la aprobación, en un plazo de 15 días, de la "no disponibilidad de créditos", con la "correspondiente retención (...) que garantice el cumplimiento del objetivo (de déficit)".

La "no disponibilidad" es un eufemismo para no decir "recortes". El Gobierno andaluz, desde su presidenta para abajo, lleva días asegurando que la Junta "no hará más recortes". Esta afirmación es un órdago en toda regla, cuyo resultado está por ver. Los gobiernos autonómicos se verán con Montoro el viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocado por el ministro. Pero, además, la consejera de Hacienda de Andalucía, María Jesús Montero, se reunirá el lunes con Montoro en la sede del ministerio (a propuesta del Gobierno andaluz).

Presión para mover a Montoro

La Junta intenta ejercer presión para obligar a Montoro a moverse de su actual posición, que es la de culpar a las autonomías del incumplimiento de déficit y hacérselo pagar, sin realizar excesivas distinciones entre unas y otras, ni tener en cuenta las comunidades más castigadas por el sistema de financiación, ni realizar autocrítica. El problema del ministro es que afronta la situación en funciones y debilitado por las críticas de presidentes autonómicos de su propio partido, y no sólo de otros. Aunque las gobernadas por el PSOE son las más explícitas a la hora de declarar su rebeldía, la revuelta se ha extendido a comunidades del PP como Castilla y León, donde su presidente, Juan Vicente Herrera, afirmó este martes que "no caben más recortes salvo que se quiera destruir el Estado del bienestar".

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, desplegará en Madrid toda una serie de argumentos y datos con los que confía en mover la posición de Montoro, a quien en el Gobierno andaluz ven en apuros. Las comunidades autónomas, que soportan un 33% del gasto, tienen sólo un 18% del margen de endeudamiento, recuerdan en el Gobierno de Díaz. En el caso de Andalucía, el déficit es de un 1,13%, 0,53 puntos menos que la media de las autonomías. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal no incluye a Andalucía en el listado de autonomías que deben aprobar acuerdos de no disponibilidad, un grupo donde están Cantabria, Castilla y León, Murcia y la Comunidad Valenciana. El Gobierno andaluz, además, se considera castigado por el modelo de financiación. La consejera andaluza preguntará a Montoro: con estos datos sobre la mesa, ¿cómo se exige a Andalucía un recorte adicional de 600 millones de euros?

La propia convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera es un indicio de un posible cambio de actitud de Montoro, opinan desde el Gobierno andaluz, donde creen que el Ejecutivo de Rajoy llevará una propuesta a dicho órgano. La hipótesis que maneja –y con agrado– el Gobierno de Díaz es que Montoro ofrezca a las autonomías un nuevo reparto de déficit entre el Ejecutivo central y las comunidades. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si las cesiones de Montoro son nulas o mínimas y la Junta se ve abocada a cumplir sin matices su amenaza de rebeldía?

Las armas del Gobierno

La Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su artículo 25 –el dedicado a las "medidas coercitivas" a las que alude la carta de Montoro–, establece con claridad la hoja de ruta a seguir para disciplinar a las comunidades díscolas. Las autonomías deben aprobar en un plazo de 15 días la "no disponibilidad". Ahí es donde está la situación ahora. "Cuando resulte necesario para dar cumplimiento a los compromisos de consolidación fiscal con la Unión Europea", dice la ley, "las competencias normativas que se atribuyan a las Comunidades Autónomas en relación con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado".

Las autonomías que incumplan el objetivo deberán además "constituir, cuando se solicite por el Ministerio, un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% de su PIB nominal". Y añade la ley: "Si transcurrido un nuevo plazo de tres meses persistiera el incumplimiento podrá acordar que el depósito se convertirá en multa coercitiva". Si estas medidas no se adoptan o "resultan insuficientes", el Gobierno "podrá acordar el envío, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada". Esta comisión podrá exigir datos a la administración autonómica y elaborar con ellos un catálogo de medidas de obligado cumplimiento. Es decir, la intervención.

El artículo 155 de la Constitución

El artículo 26, sobre "medidas de cumplimiento forzoso", entra ya en la hipótesis de que la administración "incumplidora" ignore incluso lo anterior, incluidas las recetas de los hombres de negro. En tal caso, "el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución Española", requerirá a la jefatura del Gobierno autonómico que cumpla con lo ordenado. Si persiste la rebeldía, "el Gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, adoptará las medidas necesarias para obligar a la Comunidad Autónoma a su ejecución forzosa". El artículo 155 es frecuentemente invocado –sobre todo desde los sectores menos partidarios del referéndum o la negociación– como solución terminante al proceso independentista en Cataluña. Dicho artículo dice que si una comunidad "atenta gravemente al interés general de España", el Gobierno –si el Senado lo aprueba con mayoría absoluta– podrá adoptar "las medidas necesarias" para devolverla a la senda que el Ejecutivo desea. Esta medida se suele calificar convencionalmente como "suspensión de la autonomía" o –más suavemente– "retirada de las competencias". Este lunes desde el Ministerio de Hacienda se limitaban a señalar que las autonomías incumplidoras se exponen "a lo que marca la ley", y recordaban que la sanción máxima es "quitarles las competencias".

El hecho de que el Gobierno esté en funciones y de que haya a la vista unas posibles elecciones hace especialmente incierto el escenario si finalmente ni el Gobierno ni las autonomías que han dicho "basta" ceden. Además el complejo artefacto construido por el Gobierno para disciplinar a las autonomías tiene fisuras cuyo alcance está por ver. No en vano, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional algunos aspectos de la Ley de Reforma de la Administración Local por invadir competencias de las autonomías... en concreto en el caso de la aplicación de retenciones de fondos a las comunidades autónomas cuando estas incumplen sus obligaciones de pago frente a las entidades locales.

La colisión de Andalucía –y otras comunidades– con Hacienda tiene más recorrido. Por ejemplo, la consejera de Hacienda de Andalucía, María Jesús Montero, alertó este lunes de que a Andalucía no ha llegado el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) del primer trimestre del año, lo que impedirá que el Gobierno autonómico cumpla con los plazos en el pago a proveedores, establecidos en un máximo de 60 días. Por este motivo Montoro ya ha embargado dinero a Extremadura y Aragón. "¿Qué va a hacer el Gobierno, va a castigar a las autonomías si es él quien no manda el dinero?", se preguntó este lunes Montero.

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