Más de treinta países europeos rechazan dar cuentas sobre los protocolos contra el acoso sexual en sus parlamentos

El acoso que sufren las mujeres en los diferentes parlamentos europeos alcanza niveles "insoportables". El sexismo, abuso y violencia contra ellas está a la orden del día en los parlamentos, que no siempre son capaces de responder al problema y ponerle solución. Así lo manifiesta un informe elaborado conjuntamente por la Unión Interparlamentaria y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa [consultar en este enlace]. El estudio, que analiza un total de 45 países, revela además que de todos ellos, sólo doce han aportado datos sobre la existencia o la ausencia de mecanismos y políticas internas para impedir que este tipo de violencia se reproduzca en el interior de sus cámaras.

El informe cuenta con los testimonios de 123 mujeres –81 parlamentarias y 42 empleadas del personal– y ofrece cifras que exigen una respuesta urgente. El 85,2% de las parlamentarias denuncia haber sufrido violencia psicológica, mientras que el 46,9% dice haber recibido amenazas de muerte o violación y el 67,9% ha tenido que soportar comentarios sexistas o marcados por estereotipos de género. El 58,2% ha recibido ataques sexistas a través de internet. Y en los casos más extremos, el 24,7% de las encuestadas ha sido víctima de violencia sexual. El 14,8% de violencia psicológica.

Respecto a los agresores, el perfil abarca a hombres de la oposición, del propio partido, o ciudadanos de a pie, detalla el informe.

En cuanto al personal que trabaja en los parlamentos de los países analizados, los datos son igualmente llamativos. El 50% ha sufrido comentarios sexuales, el 40,5% dice haber soportado acoso sexual y el 19,5% de las entrevistadas ha sufrido acoso psicológico o intimidación en su trabajo. La mayor parte de las veces –el 69,2% para los actos de acoso sexual y el 61,5% respecto a los comentarios–, los autores de las agresiones son parlamentarios, de manera que el estudio alude además a una evidente cuestión de relaciones de poder.

Los autores del informe destacan dos cuestiones interrelacionadas: un nivel muy bajo de denuncia y la ausencia de mecanismos internos. Sólo el 23,5% de las mujeres parlamentarias y el 6% del personal que sufrió acoso sexual había denunciado. Sí lo hizo el 50% de las parlamentarias que recibieron amenazas de violencia física, tanto a la policía como al departamento de seguridad de la cámara. Varias mujeres, con todo, critican la ausencia de mecanismos internos en su parlamento.

Políticas internas

La encuesta, efectuada entre enero y junio de 2018, se realizó sobre 45 de los 47 Estados miembro del Consejo de Europa. "Se invitó a participar en el estudio a mujeres parlamentarias y a miembros del personal parlamentario de los 47 Estados que pertenecen al Consejo de Europa, pero no participaron representantes de Malta y Eslovaquia", señala el estudio.

Ante la crítica global respecto a la ausencia de mecanismos en los parlamentos analizados, los autores del informe preguntaron a los países seleccionados cuáles son las políticas internas que desarrollan sus cámaras contra la violencia sexual. Sólo doce países "respondieron al cuestionario o proporcionaron información sobre si existían o no políticas internas contra el sexismo, el acoso y la violencia basada en el género". Son, además del propio Parlamento Europeo, los siguientes: Austria (Cámara Baja), Bélgica (Senado), Finlandia, Francia, Georgia, Alemania (Cámara Baja), Luxemburgo, Portugal, España (Senado), Suecia, Suiza y Reino Unido.

Buena parte de ellos se han visto obligados a desarrollar mecanismos o líneas de actuación contundentes después de que importantes casos relacionados con la violencia sexual estallaran en su seno.

El más reciente data de mediados de octubre y aterriza directamente sobre el Parlamento británico. La Cámara de los Comunes fue escenario de diversos casos de acoso sexual, tal y como revela una investigación interna difundida el pasado lunes. Según la misma, la tónica general ante los casos relatados fue el silencio y la tolerancia. La institución, concluye el informe, necesita de "un profundo cambio de cultura".

En Suiza, las víctimas de acoso sexual en el Parlamento pueden acudir a un centro de asesoramiento especializado e independiente, como servicio confidencial, después de que se diera a conocer el caso del diputado Yannick Buttet El hombre fue señalado como responsable de acoso sexual por varias parlamentarias, que admitieran haber sido víctimas y solicitaran medidas más estrictas en la cámara.

En septiembre de 2017, la Asamblea Nacional de Francia añadió un nuevo punto a su reglamento interno. "Esta enmienda es consecuencia, en particular, del caso de Denis Baupin, vicepresidente de la Asamblea Nacional, que dimitió en 2016 después de que muchas mujeres denunciaran actos que supuestamente tuvieron lugar entre 1997 y 2014 y que podrían calificarse de agresión u hostigamiento sexual", relata la institución. Por ello, decidió añadir el artículo 80/6 para crear una "comisión contra el sexismo y el acoso, compuesta por personas independientes nombradas por los presidentes de cada grupo de la Asamblea" y cuya función es "redactar un informe anual sobre las situaciones de sexismo y acoso a las que pueden verse sometidos las miembros, las funcionarias, las empleadas de los grupos o las empleadas de los miembros".

El Parlamento Europeo también ha sido foco de diversas polémicas. A finales de 2017, y siguiendo la estela del movimiento Me Too, varias eurodiputadas denunciaron importantes casos de acoso sexual, una vez más bañados por la opacidad. En la Eurocámara, el comité consultivo responsable de tramitar las denuncias de acoso está compuesto por cinco miembros. En un caso probado de acoso, tras una investigación interna confidencial y por recomendación del comité consultivo, el presidente puede imponer una sanción de conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo. Hasta el momento, no se ha impuesto ninguna sanción a ningún europarlamentario por acoso sexual.

Según explica el informe, parlamentos como el de Francia o la Eurocámara han realizado campañas de sensibilización para dar a conocer las medidas y los medios de reparación existentes, mientras que otros como el suizo o austriaco han establecido una estructura independiente que proporciona asesoramiento personalizado y confidencial a las víctimas de acoso. 

"Un limbo no regulado"

Vanessa Angustia es senadora por En Marea. En conversación con infoLibre, confirma que el acoso por razones de género no está reflejado en el Reglamento de la Cámara Alta, de manera que "cualquier medida que se tome al respecto en la resolución de un conflicto o agresión machista es totalmente aleatoria, porque no existe ningún marco que lo regule".

El Senado de España, dice, "es un ejemplo muy gráfico de la desigualdad estructural que se da generalmente en las instituciones". De hecho, relata, "sólo el 37% de sus miembros son mujeres y sólo el 16% ocupa puestos de poder". El desequilibrio, censura, "es brutal en cuanto a la estructura de poder".

Aunque la senadora no recuerda ninguna denuncia por acoso en el Senado, sí tiene en mente "comentarios de forma pública" que tienen como objetivo degradar a las mujeres. Y en parte, estima, sucede "porque no hay reglamentos que controlen estas cosas" y que además eviten que las mujeres estén siempre en segundo plano. "Es un limbo no regulado en el que muchas pueden no sentirse cómodas o protegidas", opina, y si "no hay espacios de protección o defensa de sus derechos, las mujeres no van a dar el paso de denunciar".  

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A las mismas conclusiones llega Laura Berja, senadora por el PSOE, quien al otro lado del teléfono dice sentir "estupefacción". Las cifras ofrecidas por el informe, opina, "son terribles y alarmantes". Muestran una situación "inadmisible, ni en los parlamentos ni en ninguna de las esferas donde las mujeres trabajamos y vivimos". 

El problema, considera, es que no es sino "el reflejo de lo que ocurre a las mujeres en su día a día", porque ellas "no viven una vida libre de violencia". Especialmente, añade, "ejercida en los ámbitos donde hay un poder que se desempeña de manera patriarcal". A esta situación hay que sumarle la opacidad propia de ámbitos como los parlamentos. En las cámaras, coincide, "está todo por hacer" porque "este tipo de violencia está muy acallada". Todavía "es un tabú, y aunque está empezando a denunciarse públicamente, aún cuesta mucho trabajo". Por ello es necesario "avanzar en gran medida en protocolos que faciliten la denuncia y derribar estereotipos ligados a ella", reclama. "Los mecanismos y protocolos en el ámbito parlamentario son muy escasos". Nulos, en el caso de la Cámara Alta.

Berja también repara en la desigualdad que brota de las relaciones de poder entre las diferentes jerarquías –de parlamentarios al personal, como muestra el informe– y que "hace que sea casi más sencillo para los acosadores ejercer ese acoso hacia las personas que ellos entienden que están en un nivel jerárquico inferior". Las parlamentarias, por lo menos, tienen "la posibilidad de transformar la situación a través de la política", reflexiona la senadora.