Unidos Podemos se adelanta al PSOE y buscará la tramitación de su Ley de igualdad salarial la próxima semana

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha anunciado este martes que su formación llevará a debate en el próximo Pleno del Congreso la tramitación de su Ley de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, que propone, entre otras medidas, obligar a las empresas a hacer públicos sus sueldos medios para una mayor transparencia, informa Europa Press.

Los morados se adelantan así a los socialistas, que a principios de este mes anunciaron que estaban ultimando un texto sobre esta misma materia. Como adelanto, la secretaria del área de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, destacó la propuesta de imponer sanciones a las empresas que paguen menos a las mujeres que a sus compañeros varones por el mismo puesto de trabajo.

Los morados ya presentaron su norma el pasado mes de octubre, en el Congreso, en donde explicaron que esta medida pretende abrir el foco en materia del salario, un punto que consideran "clave" a la hora de detectar las posibles discriminaciones que sufre la mujer en este ámbito.

Así, entre las medidas más destacadas en esta propuesta normativa, está la clarificación de las nóminas y los conceptos retributivos contenidos en ellas, de forma que el trabajador conozca de dónde procede cada percepción que recibe y pueda compararla con la promediada en la empresa.

Del mismo modo, se llama a establecer el derecho individual de las trabajadores a acceder a esta información promediada y desglosada por género. "Esto evita los problemas derivados de la necesidad de solicitarla expresamente y aporta indicios necesarios para poder reclamar", explicó la portavoz de Energía de los morados e impulsora de este texto, la diputada de En Marea Yolanda Díaz.

Además, propone garantizar el acceso a los representantes de los trabajadores a la retribución inicial de los empleados de la empresa, así como a los salarios desglosados por género y conceptos retributivos, tanto salariales, cualquiera que fuera su naturaleza, como los extrasalariales que se paguen en dinero o en especie.

Carencias en la Ley de igualdad

"Los planes de igualdad deberán contener una auditoría salarial" en aquellas empresas que, según la Ley de igualdad, tienen el deber de llevar a cabo este plan. Es decir, aquellas con más de 250 personas empleadas, exige también el texto.

Durante la presentación, Díaz incidió, precisamente, sobre la Ley de igualdad y sus "carencias", como, por ejemplo, que no aborde los permisos de paternidad y maternidad. En este sentido, la norma morada propone medidas que puedan producir consecuencias negativas en los derechos y expectativas profesionales o en las prestaciones de seguridad social de quienes soliciten la reducción de jornada por cuidado de hijos o personas dependientes.

Además, exige que el trabajador a tiempo parcial, desempeñado en su mayoría por mujeres, tengan los mismos derechos que los que lo hacen a tiempo completo. Del mismo modo, el texto clarifica que "no son admisibles las diferencias entre trabajadores a domicilio y el resto de trabajadores, especialmente en materia retributiva".

Más facilidades para demandar

Por otra parte, esta ley también nace con la intención, según ha explicado la formación, de que sea más fácil para los trabajadores demandar a las empresas por discriminación laboral. Así, establece una presunción de discriminación indirecta si la diferencia en la retribución abonada a las trabajadoras por la empresa supera en 20 puntos el abonado a los trabajadores.

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Y, en el caso de que se establezca por sentencia la existencia de una discriminación, la condena al empresario "supondrá siempre la equiparación de la retribución de la víctima a la del sujeto colectivo comparable". "Sin que procedan igualaciones a la baja", apunta Unidos Podemos.

Dentro de estas medidas que facilitan el acceso a la justicia por parte de las trabajadoras, la formación morada propone que el Instituto de la Mujer pueda intervenir en los procedimientos, así como los organismos equivalentes en las comunidades autónomas. De hecho, se obliga a incorporar a los procesos de discriminación indirecta por razón de sexo un informe de estos órganos, para informar al juez sobre el alcance de este tipo de desigualdad.

Finalmente, la norma incluye también medidas en el ámbito de la función pública, "donde se producen la mayoría de los perjuicios retributivos", según Unidos Podemos. Por ello, se incorpora en la ley la obligación de que los informes de evaluación de desempeño se refieran expresamente las eventuales discriminaciones salariales que puedan existir y propone que se valore adecuadamente la prestación de servicios y se especifiquen los criterios adecuados para una correcta valoración.