Poder Judicial

Las otras veces en que no se pidió opinión al CGPJ para tramitación de leyes y ningún vocal protestó

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en la entrada del Palacio de Justicia, antes del acto de apertura del año judicial.
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En los más de siete años en que el actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha estado funcionando –dos de esos años con el mandato caducado debido al bloqueo político para su renovación–, los grupos parlamentarios han presentado distintas proposiciones de ley en el Congreso que afectaban de lleno al órgano de gobierno de los jueces o a la función jurisdiccional. En ninguno de esos casos, los vocales, ni conservadores ni progresistas, dieron muestras de querer informar a la Cámara Baja o de fijar posición con respecto a las reformas planteadas, a diferencia de lo que sí reclama ahora una mayoría de integrantes del CGPJ sobre la proposición del PSOE y Unidas Podemos que pretende limitar los poderes del organismo cuando se encuentre en periodo de interinidad.

Así lo remarcan los cinco vocales que han presentado un voto particular frente al acuerdo adoptado en el Pleno extraordinario del CGPJ de la semana pasada, en el que dieciséis miembros del órgano, tanto conservadores como progresistas, instan al Congreso a que se replantee su postura de no solicitar informe del Poder Judicial y de otros organismos como la Comisión Europea o la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) así como de las asociaciones y colectivos profesionales de jueces y fiscales.

Según el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), se someterán a informe del CGPJ los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre determinadas materias. Los proyectos de ley parten del Gobierno de turno, mientras que las proposiciones de ley son iniciativa de los grupos parlamentarios y son éstas últimas las que no requieren informe de los organismos consultivos como el órgano de gobierno de los jueces, a no ser que el Congreso así lo estime oportuno.

Los cinco vocales que discrepan de la postura mayoritaria –los propuestos por el PSOE Álvaro Cuesta, Pilar Sepúlveda, Clara Martínez de Careaga y Rafael Mozo, y la patrocinada por IU Concepción Sáez– han emitido un extenso voto particular en el que, entre otras cosas, acusan a sus compañeros de alinearse con el PP e incurrir en "deslealtad a España" por señalar que la tramitación de dicha reforma viola el Derecho Europeo. Pero también destacan que "no hay precedentes en este Consejo de pronunciamientos durante el ejercicio de sus funciones desde su constitución en diciembre de 2013 hasta hoy" en lo que respecta a proposiciones de ley que afectaban a su funcionamiento o al propio ejercicio de la magistratura, lo cual les lleva a acusar a la mayoría de "incoherencia".

En concreto, los cinco vocales mencionan por encima de todas la Ley 4/2018 que reformó la legislación aprobada cinco años antes impulsada por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón. En el primer Gobierno de Mariano Rajoy, que contaba con mayorías absolutas en Congreso y Senado, Ruiz-Gallardón impulsó una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que, entre otras cosas, cambió el estatuto de los vocales del CGPJ por el que sólo los de la Comisión Permanente tenían dedicación exclusiva y redujo las mayorías necesarias para el nombramiento discrecional de plazas clave, como los presidentes de tribunales superiores de justicia (TSJ) y magistrados del Tribunal Supremo.

Según recuerda el voto particular, en la conocida como ley Gallardón participó el actual presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, "integrando una comisión técnica formada en el Ministerio de Justicia en el año 2012 y 2013". Fue el sistema que estaba establecido cuando se nombró la composición del órgano de gobierno de los jueces que continúa hoy en día debido al retraso en la renovación.

"Ruidoso silencio"

En 2018, el Grupo Popular, mayoritario en el Congreso aunque ya sin mayoría absoluta, presentó una proposición de ley para reformar la ley Gallardón. Se trataba, por ejemplo, de recuperar la dedicación exclusiva de todos los vocales, estuviesen o no en la Comisión Permanente, y volver a la mayoría de tres quintos necesaria para los nombramientos discrecionales. El ministro de Justicia entonces era Rafael Catalá, pero la reforma se planteó como proposición de ley, es decir, vía Grupo Parlamentario Popular, por lo que la Mesa del Congreso no solicitó informe al CGPJ.

Ningún vocal reclamó ser escuchado en un "ruidoso silencio" de la mayoría que ahora sí pide que se le consulte, dice el voto particular. Y todo ello a pesar de que la reforma "afectaba a la esencia del funcionamiento del Consejo" y era "tan importante" como la modificación que se tramita actualmente en el Congreso, explican a infoLibre los vocales firmantes.

Los vocales discrepantes también citan otras leyes como la 5/2018 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil así como otra reformas de la LOPJ acometida dirigida a mejorar la agilización de la Administración de Justicia y del Código Penal que también fueron presentadas como proposiciones de ley y sobre las que el Congreso no pidió informe al CGPJ. Tampoco en este caso, según los firmantes del voto particular, salió ningún vocal a exigir que se le consultara.

Pero no se quedan ahí. Los cinco vocales progresistas resaltan incluso una enmienda que se introdujo durante la tramitación en el Senado en 2014 de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, y que modificó a su vez la Ley de Extranjería sobre expulsiones en caliente –recientemente avaladas por el Tribunal Constitucional–. "Se produjo una reforma de la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, que no obraba en el proyecto de ley, de muy hondo calado. El Consejo General del Poder Judicial no tuvo oportunidad de ejercer su competencia de informe, tratándose de una materia que afectaba al ejercicio de derechos y libertades fundamentales", explica el voto particular, que añade que el órgano de gobierno de los jueces "ni suscitó la cuestión" de pronunciarse.

La reforma sigue su curso

Y mientras las posturas en el CGPJ se van enconando a propósito de la reforma de la LOPJ que plantean PSOE y Unidas Podemos, la proposición de ley continúa su tramitación en el Congreso: se ha fijado para el próximo jueves, 28 de enero, una sesión plenaria que abordará este asunto así como para convalidar varios decretos leyes del Gobierno. La Mesa del Congreso estableció este lunes como fecha tope de un primer plazo para presentar enmiendas a la reforma legislativa y los partidos que quieran registrarlas de totalidad deben hacerlo con un texto alternativo porque ya no es posible la mera devolución de la iniciativa, una vez que fue tomada en consideración el pasado diciembre.

El PP presentó un recurso a la Mesa de la Cámara Baja contra el procedimiento de urgencia establecido y contra la decisión de no solicitar informes al propio CGPJ o la Comisión de Venecia, mientras que Vox y Ciudadanos han registrado texto alternativo al de los partidos que conforman el Ejecutivo de coalición.

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