América Latina

El vencimiento del ultimátum a Maduro obliga a España a decidir el alcance de su reconocimiento a Guaidó

El ministro español de Exteriores, Josep Borrell, conversa en Bucarest (Rumanía) con su homóloga sueca, Margot Wallström.

Fernando Varela

España se asoma al plazo límite en el que el Gobierno de Pedro Sánchez se dispone a reconocer la legitimidad invocada por Juan Guaidó, máximo responsable de la Asamblea Nacional, para autoproclamarse presidente “encargado” de Venezuela.

Una legitimidad que la oposición venezolana apoya en el artículo 233 de la vigente Constitución bolivariana, que obliga a convocar elecciones presidenciales en 30 días “cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo antes de tomar posesión”. Esa es la clave del debate jurídico: los opositores a Maduro deducen esa “falta absoluta” del fraude que, aseguran, presidió aquellas elecciones, celebradas en mayo de 2018. Un tongo electoral que ya entonces reconoció España —bajo la Presidencia de Mariano Rajoy pero con el respaldo de Pedro Sánchez y del PSOE— negándose a aceptar la legitimidad de Maduro, al igual que otros 50 países, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea.

El reconocimiento de Guaidó, condicionado a que convoque cuanto antes elecciones libres bajo supervisión internacional, abre un escenario inédito en la política exterior española que cuenta con muy escasos precedentes, según los expertos en Derecho Internacional consultados por infoLibre. España, de hecho, lleva medio siglo guiándose por la doctrina Estrada, que defiende el criterio de reconocer a los gobiernos que tienen el poder efectivo en sus manos, con independencia de la proximidad ideológica que se tenga con ellos. Ese es, precisamente, el principio que hizo posible que una dictadura militar de inspiración fascista como la de Francisco Franco reconociese a la Unión Soviética, y el que el régimen de la antigua URSS hiciese lo propio con el Estado franquista.

La cuestión clave, a partir de este momento, es qué clase de reconocimiento va a implementar España y si lo ha pactado con sus principales interlocutores comunitarios, como Alemania y Francia. Porque del alcance de la declaración que haga el Gobierno español depende la suerte de las relaciones diplomáticas entre los dos países y, como consecuencia de ello, la atención que España va a poder prestar en el futuro a sus nacionales en Venezuela, la tercera comunidad española más numerosa en el extranjero, con más de 100.000 ciudadanos.

Ana Salinas, profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Málaga y experta en conflictos internacionales, sostiene la legitimidad de la actuación que va a a llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez basándose entre otras cosas en que el reconocimiento de Guaidó, con la condición de que convoque elecciones, no viola ninguno de los límites establecidos por Naciones Unidas para el reconocimiento de gobiernos de otros países. Límites como la toma del poder por la fuerza, la implementación de políticas racistas o la violación del principio de autodeterminación de los pueblos, más allá de los cuales “los Estados tienen derecho a reconocer a Guaidó conforme al derecho internacional”.

El problema, reconoce Salinas, es que cada vez que se invoca la democracia y el Estado de derecho se trata “de una cuestión muy elástica para cada país”, y eso nos traslada al terreno de lo político y nos aleja de los jurídico a pesar de que existen, asegura, elementos objetivos que cuestionan las elecciones presidenciales del año pasado.

El problema que plantea la existencia simultánea de dos gobiernos en el mismo Estado no es frecuente, pero se ha dado en el pasado. Por ejemplo, durante la guerra civil española, cuando el mundo tuvo que decidir entre mantener el reconocimiento al Gobierno republicano o dárselo al Gobierno militar que Franco había instalado en Burgos. Maduro mantiene el control de los resortes del poder, el Gobierno de hecho, pero una parte muy importante de la comunidad internacional, incluida la mayoría de los países de América Latina, ha reconocido la autoproclamación de Guaidó como presidente interino, aunque en la práctica carezca de medios para ejercer el poder.

El dilema español

De ahí la relevancia que tendrá en las próximas horas el alcance de la posición que exprese España y que puede ir desde un reconocimiento de Guaidó como cabeza del Gobierno de Venezuela a una simple declaración asumiendo su legitimidad constitucional para convocar elecciones. El primer supuesto otorgaría al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, por ejemplo, la capacidad de nombrar embajador en Madrid —obligando a Sánchez a retirar la acreditación de que goza el actual representante plenipotenciario de Venezuela—, lo que con toda probabilidad sería respondido por Maduro con la expulsión del embajador de España en Caracas. El segundo, en cambio, permitiría aumentar la presión sobre el sucesor de Chávez poniendo lo menos posible en peligro los servicios diplomáticos que presta la embajada a la comunidad española que permanece en el país.

“No sabemos si la declaración será tan explícita como para decir que reconoce a Guaidó como gobierno de iure o sólo como gobierno interino en tanto que se convoquen elecciones”, admite Salinas. En el primer caso, España no sólo podría reconocer un nuevo embajador sino decidir que la propiedades del actual Gobierno, al que dejaría de reconocerse, ya no le pertenecen, incluida la capacidad de actuar sobre sus cuentas corrientes. “La trascendencia práctica” de una declaración u otra “es mucha”, subraya.

Es, en todo caso, un acto discrecional del Estado, “así que el Gobierno lo puede modular de muchas formas; todo depende de en qué términos lo haga”. Porque también puede ser que haga un reconocimiento “con paños calientes”, sin aclarar si es de forma interina o de iure, lo que nos dejaría “en un pequeño limbo” hasta saber el verdadero alcance. A la espera también de lo que hagan y digan simultáneamente Alemania y Francia.

Mariano Aznar, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones internacionales de la Universitat Jaume I de Castellón, subraya este aspecto: el reconocimiento de un gobierno en otro país “es un acto unilateral” al que históricamente los Estados han aplicado diferentes modelos. El más tradicional, conocido como la doctrina Tobar —el nombre procede del ministro ecuatoriano que la acuñó—, proponía hacer frente a los continuos golpes de Estado que sufrían los países de América Latina no reconociendo a ningún gobierno nacido de esas circunstancias.

A esa doctrina siguió después la ya mencionada doctrina Estrada —apellido del ministro de Exteriores mexicano que la enunció en los años veinte— y que propone reconocer al gobierno efectivo, aquel que tiene en sus manos el ejercicio real del poder. Es una solución, explica Aznar, que tiende “al realismo político”.

“Últimamente”, explica este experto en conversación con infoLibre, “lo que ha ocurrido, y en eso ha influido mucho la UE, es que ante un cambio de gobierno por los cauces no constitucionalmente previstos” Bruselas apelaba a los principios democráticos que le sirven de inspiración para no reconocer gobiernos que se alejen de ellos, “lo cual ha planteado muchas discusiones”.

El reconocimiento de Guaidó como presidente, señala Aznar, “plantea tantos problemas como soluciones. Es una situación muy compleja”. “Si el reconocimiento internacional de nuevos Estados está politizado, imagínese el reconocimiento de gobiernos”. Y para muestra cita dos ejemplos: lo que Estados Unidos hizo en América Latina durante todo el siglo XX y la Unión Soviética llevó a cabo en África a lo largo del mismo período.

El procedimiento habitual es optar por “ la continuidad, porque un Estado tiene que tener un interlocutor”. A Finlandia, recuerda, lo que ocurra en Velezuela le toca muy de lejos, pero España no puede permitirse no tener a quién dirigirse en Caracas.

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