I.- Me da la impresión de que una de las cuestiones centrales de la ideología ultrarreaccionaria o neofascista, que ha crecido y se ha extendido por EEUU y Europa, es esa melonada siniestra del Gran Reemplazo referida a los inmigrantes. No hay más que ver la política represiva de Trump, con rasgos similares a la de los nazis o a las posiciones de Le Pen/Bordella en Francia, Meloni en Italia y la Alternativa por Alemania. España no es una excepción y el partido Vox, representante de Trump en nuestro país, ha infectado al PP de su política antiinmigración. Denota una evidente hipocresía, base de toda falsedad, que adopten esta actitud países que se han construido, crecido y enriquecido gracias a los inmigrantes. ¿Qué son los EEUU sino una nación de emigrantes? ¿Acaso Trump, Melania, Rubio y todos los científicos, académicos, artistas, deportistas y trabajadores americanos son descendientes de los pueblos Sioux o Apaches que poblaban los EEUU? Se han olvidado de que el único Gran Reemplazo fue, precisamente, el genocidio que se cometió contra esas poblaciones originarias, parecido a otras situaciones de dominación colonial por parte de naciones europeas.

En el caso de Europa, aparte del expolio que supuso ese colonialismo, no se entiende su resurgir y su desarrollo, a partir de los años 50 —los famosos treinta gloriosos— sin la ola de emigrantes de los países del sur hacia los del norte. Qué rápido hemos olvidado a ese millón de españoles y españolas que, procedentes de la época franquista, tuvieron que huir de la miseria al igual que otros tantos italianos, portugueses, griegos o turcos hacia Alemania, Francia, los Países Bajos, Bélgica o Suiza. Unos conciudadanos que viajaban en trenes cochambrosos, con su maleta de madera sujeta con una cuerda y con un letrero colgado al cuello, donde indicaba su lugar de destino, pues no conocía ni el país ni el idioma. Por cierto, a trabajar como mulas y poder mandar parte de su salario –las famosas remesas— a sus familias que quedaban en la “madre patria”, y que los paniaguados de la dictadura pudieran presumir de que en España no había paro y se desarrollaba gracias a su genialidad y no a esas remesas y a lo que dejaban los turistas.

II.- Ahora, por lo visto, nos hemos hecho ricos y no nos gustan los emigrantes pobres, cuando todos los estudios serios fundados en datos, en la verdad verdadera y no en falsos relatos, inciden en que sin los inmigrantes la economía española se paralizaría, sería inviable, entre otras cosas la liga de futbol. ¿O es que alguien es tan ignorante o malvado que cree que los millones que han ido entrando en España o Europa vienen a delinquir? Vienen porque el capital, el trabajo y la riqueza están en Europa y porque en sus países no tienen donde caerse muertos. Y sobre todo porque las empresas los necesitan, ya que no encuentran trabajadores nativos que quieran ocupar ciertos empleos. Por cierto, ahora que el Gobierno ha tomado la acertada decisión de regularizar a unos 500.000 inmigrantes, que ya estaban trabajando en España, PP/Vox... y Musk han puesto el grito en el cielo afirmando que iba a producir un “efecto llamada”, el Gran Reemplazo y sandeces por el estilo. La razón de tal cabreo es otra muy diferente. Consiste en que las derechas prefieren a los “ilegales” o “irregulares” sin derechos, trabajando como esclavos, explotándolos sin límite y forrándose gracias a ellos. Los ilegales no son los inmigrantes, sino los empresarios que los emplean sin contrato, sin dar de alta en la Seguridad Social y con salarios de hambre. Además, es falso que la mayoría de los que vienen tengan otras costumbres, otras religiones, lenguas que vayan a atentar contra nuestra supuesta “identidad”, cuando la identidad más respetable es la de ser seres humanos. La inmensa mayoría tienen nuestros apellidos, nuestra lengua, nuestra cultura y, en muchos casos, la misma religión, quien la tenga.

III.- En realidad, en este aspecto hemos ido hacia atrás. Recordaba estos días la Constitución de Cádiz de 1812, cuando en su art.1º dice: “La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”, y en el 5º pone: “Son españoles todos los hombres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas y los hijos de estos”. Eso sí, ¡muy feminista no era!, aunque supongo que cuando habla de “hombres” e “hijos” se refiere igualmente a mujeres e hijas, teniendo en cuenta el lenguaje de la época.

Se habla mucho de la teoría del Gran Reemplazo —le grand remplacement— que puso de moda hace pocos años un tal Renaud Camus y luego popularizó Erik Zemmour en su libro El suicidio francés, unos buenos pájaros del pensamiento islamófobo y racista. Teorías que no son nuevas, pues ya a mediados del siglo XIX Gobineau escribió ese nefasto libro sobre la desigualdad de las razas humanas que influyó en todos los racistas posteriores, incluyendo a los nazis. Lo tremendo del caso es que, en la actualidad, al 67% de los franceses les preocupa este asunto, y en países como Suecia algunos autores relacionan el fenómeno con el aborto, la homosexualidad y la emigración en una mezcla explosiva. En España esta teoría también cuenta con abundantes partidarios en Vox y parte del PP.

IV.- En realidad, todo lo que rodea al tema de la inmigración está plagado de mentiras, bulos y falsedades sin cuento, con los que se ha construido un relato no fácil de combatir, que alimenta las posiciones neofascistas. Y no es fácil de destruir porque la inmensa mayoría de los medios de comunicación están en manos de las derechas, y no digamos las redes sociales, que controlan personajes como Musk y compañía. Así, se sostiene que los inmigrantes tensionan los servicios sociales como la sanidad, cuando en realidad es lo contrario. Un inmigrante legalizado que trabaja y está dado de alta contribuye a su sostenimiento, y además hacen menos uso de ella que los españoles al ser personas más jóvenes y, en general, más sanas. También se afirma que vienen a quitar el trabajo a los autóctonos, lo que es falso de toda falsedad. Está demostrado que vienen a ocupar los trabajos menos cualificados, sobre todo en la hostelería, los servicios del hogar, el comercio, el campo y la construcción, mientras los españoles de ambos sexos realizan labores más cualificadas y, lógicamente, con sueldos más altos. Otro de los bulos más socorridos es que crean inseguridad, pues son proclives a delinquir y a la agresión sexual. La verdad es que el inmigrante que trabaja y tiene los papeles en regla procura respetar más las leyes por la cuenta que le trae, y porque es el apoyo de los familiares que quedaron en los países de origen.

Otra cosa diferente es cuando a los menores se los tiene sin hacer nada, deambulando por las calles en vez de darles estudios o una buena formación profesional. Por el contrario, los que hacen inseguras ciertas zonas y delinquen a lo bestia, penetrando incluso en los aparatos del Estado, son las múltiples mafias de la droga, que están controladas por personal europeo —incluido español— con conexiones internacionales. Lo mismo podemos decir de ese mantra de que la inmigración ha encarecido el precio de la vivienda, cuando todos ellos viven hacinados en habitáculos diminutos y son víctimas de los grandes tenedores que campan a sus anchas en el mercado inmobiliario. Todo el mundo sabe que el precio de la vivienda ha crecido por el desmadre del alquiler vacacional, por la especulación con los pisos vacíos, por el desastre que significó la descalificación de las viviendas de protección oficial y por la desidia que ha existido a la hora de construir un parque público de viviendas sociales que no pudieran acabar en el mercado. Y como la mentira no tiene límites, las derechas afirman que la reciente regularización ha tenido por objeto modificar el censo electoral y que los agradecidos “regulados” voten al “diabólico” Sánchez, causante de todos los males sin mezcla de bien alguno, como decía el catecismo del Padre Ripalda, de nuestra infancia. Una acusación que refleja la ignorancia en estado puro.

Me preguntaban el otro día cómo se podía combatir un relato tan mendaz y demagógico-populista, que tanto daño hace a la verdad. Teniendo en cuenta quién controla los medios de comunicación y las redes sociales, sólo se me ocurría un remedio: estar presencialmente con la gente y explicar con datos y argumentos veraces la realidad de la cuestión. No confiar en la información burocrática o en el momento electoral, sino hacer una labor sistemática, articulada y capilar de explicación en todas partes. De lo contrario, el Gran Reemplazo va a consistir en la llegada al gobierno de la coyunda o coalición PP/Vox.

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Nicolás Sartorius es abogado y escritor. Su último libro: 'La Expansión de la Democracia' (Anagrama) 

I.- Lo primero que conviene aclarar ante los fastos del aniversario del fallecimiento del dictador Franco es que cuando este muere el 20-N de 1975 no llega la democracia a España. El nuevo jefe del Estado que le sucede –el rey– heredó los poderes dictatoriales del anterior, y no los perdió totalmente –de manera consensuada– hasta la aprobación de la Constitución de 1978. Hubo que pelear mucho esos años para que pudiéramos recobrar las libertades y, por eso mismo, no me he cansado de repetir que si bien el dictador murió en la cama, la dictadura murió en la calle. Porque lo más trascendente no es que muera un dictador, que puede ser sustituido por otro, sino acabar con la dictadura, y esto segundo costó "sangre, sudor y lágrimas", no fue un camino de rosas, y si bien el deceso del autócrata aceleró el proceso de las movilizaciones que trajeron las libertades, estas empezaron mucho antes.

II.- Conviene recordar que, muerto Franco, siguió como jefe del Gobierno Arias Navarro, que había sido nombrado por el dictador al fallecimiento de Carrero Blanco. Arias era un represor profesional, antidemócrata, que no deseaba de ninguna manera establecer una democracia en España. Pues bien, a veces se olvida que este presidente del Gobierno fue confirmado dos veces por parte del nuevo jefe del Estado, la primera después de ser proclamado rey y la segunda cuando aquel le presentó la dimisión pocos meses después por haberle ocultado una reunión con los jefes militares. Fuese por falta de voluntad, por temor a las consecuencias o por otras razones, el hecho es que el Gobierno Arias siguió hacia adelante sin voluntad alguna de traer la democracia. Cabe preguntarse por qué el rey confirma a Arias Navarro por dos veces y, sin embargo, acepta su dimisión el 1 de julio de 1976.

La razón la hemos explicado muchas veces –y queda muy clara en el documental que hemos hecho para RTVE, La conquista de la democracia–: porque durante los primeros meses de 1976 se organizaron por parte de los sindicatos (sobre todo CCOO) cerca de 18.000 huelgas; la universidad estaba descontrolada; había continuamente manifestaciones masivas en los barrios por la libertad, la amnistía y los estatutos de autonomía; se produjeron tractoradas en el campo; habían surgido la Unión Militar Democrática y Jueces para la Democracia; se habían producido huelgas totales de actores, de médicos, de profesores de universidad; los abogados habían pedido la amnistía en el Congreso de León; muchas iglesias eran cobijo de oposición a la dictadura y sectores del empresariado se habían reunido con los sindicatos ilegales, reconociéndose como interlocutores, liquidando los sindicatos "verticales". 

Esas continuas movilizaciones empujaron a que los partidos democráticos se unieran por primera vez desde la guerra civil, y así se crearon la Junta y la Convergencia democráticas, y luego lo que se llamó la Platajunta. Todo esto es lo que explica que don Juan, el padre del rey, le dijera aquello de "o eliminas a Arias o esto se acaba", o que el propio monarca le reconociera a Areilza, a la sazón ministro de Exteriores, que "esto no puede seguir así, so pena de perderlo todo”. Y esta caída del Gobierno Arias/Fraga fue la clave de la conquista de la democracia, pues el nombramiento de Suárez tenía el sentido –aparte de los primeros despistes de algunos– de que había que desmontar el entramado dictatorial y caminar y aceptar un sistema de libertades. Todo eso de la Ley de la Reforma Política, "de la ley a la ley”, etc., fueron necesidades de las cúpulas para guardarse las espaldas, pero lo determinante y decisivo fueron las movilizaciones, que mandaron un mensaje inequívoco de voluntad de conquistar la democracia. Y hubo que seguir batallando, porque el Tribunal de Orden Público (TOP) y la policía política no se clausuraron hasta enero de 1977; en 1976 hubo más procesos del TOP que los años anteriores, y la legalización de los partidos (incluyendo el PCE) y los sindicatos no sucedió hasta abril de 1977, dos meses antes de las primeras elecciones democráticas.

III.- Al final, las Cortes fueron constituyentes y se elaboró una Constitución avanzada, una de las más progresistas de Europa, en la que las fuerzas sociales –sindicatos y patronales– ocupan un papel destacado y sus acuerdos o convenios –que regulan las relaciones laborales de millones de trabajadores y trabajadoras– tienen fuerza de "ley", al poseer eficacia general. Una Constitución que ha sido una conquista de la sociedad española y no algo concedido, como aquel Estatuto Real a la muerte de Fernando VII (pues lo que se concede se puede "desconceder"), y que, además, supone una ruptura con la dictadura al establecer su Disposición Derogatoria que quedaban derogadas todas las leyes del entramado dictatorial y todas las que se opusieran a la propia Constitución. Por eso es una gran mentira que la democracia saliera de la dictadura, como si fuese su continuidad. O que el rey trajese la democracia, como una concesión, aunque jugara un papel positivo en el proceso.

Y, por último, conviene recordar que la ciudadanía española es la única de Europa occidental que ha conquistado las libertades y un Estado social sin apoyo de ejércitos extranjeros o propios, como sucedió después de la IIª Guerra Mundial o en Portugal.

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Nicolás Sartorius es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas.

I.- En un alarde de imaginación político-teórica, el permanente candidato a la presidencia del gobierno Sr. Núñez Feijóo ha desvelado, al fin, los elementos básicos de su programa cuando llegue –si es que llega– a la cabeza del gobierno. Realizar una limpieza, en la acepción de cepillarse la mayoría de las leyes aprobadas a lo largo de las dos últimas legislaturas, según parece unos centenares. No ha desvelado, todavía, cuáles vayan a ser las víctimas de tal razia contrarreformista. Sin embargo, no ha podido evitar la tentación de anunciar, a bombo y platillo, que las primeras que caerán serán obviamente la Ley de Amnistía y la Ley de Memoria Democrática. Obviedad por otra parte harto significativa conociendo a los personajes, pues no deja de ser curioso que sean las dos normas que la ultraderecha de Vox odia con especial inquina. Hasta tal punto es maldecida la memoria democrática, que cuando el partido ultra ha tenido parte en los gobiernos autonómicos, la primera condición que ha puesto ha sido la derogación de la referida ley en la autonomía en cuestión. Empresa francamente complicada si se cae en la cuenta de que se trata de una ley estatal, aprobada por el Parlamento de la nación, sobre la que no tienen competencia las autonomías. A no ser que el Sr. Núñez Feijóo nos esté anunciando que cuando llegue a la Moncloa –si es que llega– devolverá los cadáveres del dictador Franco y de José Antonio Primo de Rivera al “Valle de los Caídos”; o los restos de los desenterrados de las fosas comunes o de las cunetas a los mismos lugares donde fueron encontrados y, por qué no, restituir los antiguos nombres de los “héroes” de la dictadura a las calles y plazas de la sufrida España, volviendo a declarar hijo adoptivo,  predilecto o ciudadano de honor al “invicto” Caudillo en un mogollón de pueblos y ciudades de la piel de toro. Incluso a lo mejor se les ocurre volver a declarar legales y conforme a derecho a las miles de sentencias con las que nos condenaron los tribunales de la dictadura, ya fuesen militares, el Tribunal de Orden Público o el Supremo, en su larga trayectoria de aberraciones jurídicas. Pues todo lo anterior forma parte, entre otros, del contenido de la Ley de Memoria Democrática, que con tanta ansia y rapidez se quiere derogar. 

II.- Sin embargo, lo más preocupante es saber por qué la derecha, incluida la que se considera democrática, manifiesta esa animadversión a una ley que lo único que pretende es recuperar la memoria de la democracia, es decir, lo que significó la dictadura, en todos los órdenes, sus consecuencias y lo que costó acabar con ella. Por ejemplo, en Francia, Italia o Alemania sería inimaginable que la derecha democrática se opusiera a que se conociera lo que supuso la lucha contra el fascismo, o que se honrara a los que lucharon por la libertad. En una ocasión, un expresidente de la derecha francesa, durante su mandato, estableció que en todas las escuelas de Francia, al inicio del curso escolar, se leyera la carta que un joven resistente comunista escribió a su madre antes de ser fusilado. ¿Ustedes se imaginan algo parecido aquí, en los mandatos de Aznar o Rajoy? La única explicación lógica que se me ocurre es que la actual derecha española –cómo ya señalé hace más de 20 años– no se ha sentido nunca identificada con la lucha por la libertad y la democracia. Considero que tal actitud es un error, pues sectores del centro derecha de entonces –democristianos, liberales, etc.– formaron parte de una manera u otra de la oposición a la dictadura, participaron en los organismos de unidad democrática y ya antes sufrieron la represión cuando organizaron lo que el franquismo llamó el Contubernio de Münich. Lo triste del caso es que la actual derecha no es la heredera de la que forjó, junto con las izquierdas, la llamada Transición, sino que son los sucesores de la Alianza Popular que lideraron Fraga Iribarne y los llamados “siete magníficos” ministros de Franco. Y esta mala fortuna es lo que explica muchas cosas que sólo dejo apuntadas, entre otras que no apoyaran la amnistía de 1977 –símbolo de la reconciliación nacional–, ni han tenido el más mínimo interés en que se conociera lo que aconteció durante la dictadura.

III.- En cuanto a la amnistía, a los que participaron del llamado procés, creo que fui una de las primeras personas ajenas al nacionalismo que sostuvo públicamente en TVE que, en mi opinión, era acorde con la Constitución, pues los argumentos que se esgrimían en contra no eran atendibles desde ese punto de vista. Al final, así ha sido, y el Tribunal Constitucional, competente para dilucidar estas cuestiones, ha resuelto que la ley es conforme a la Ley de Leyes. No obstante, el líder de la oposición anuncia que la derogará en cuanto llegue al gobierno –si es que llega–. Imagino que se refiere a una posible mayoría parlamentaria que surja de las próximas elecciones, pues que yo sepa ni el presidente ni el gobierno en pleno tienen facultades para derogar una ley. Lo que viene a decirnos en realidad el presidente del PP –aviso a navegantes– es que sólo concibe gobernar con Vox, ya que barrunto que ningún otro grupo o partido del arco parlamentario estaría dispuesto a derogar una ley que han votado a favor. No se entiende muy bien esa propuesta a no ser la de ser fieles a la tradición de la derecha radical de oponerse a las amnistías –ya lo hicieron en el 77–, con la excepción de las fiscales, de las que parecen ser aficionados. De otra parte, resulta un tanto torpe anunciar tal propósito, cuando sería más inteligente dejar puertas abiertas cara al futuro –acuerdos con Junts, etc.–, salvo que la decisión de atarse a Vox sí o sí ya esté tomada.

IV.- Ahora ha surgido el peregrino argumento recogido por un abogado español de la Comisión Europea, nombrado por el PP, de que la amnistía declarada constitucional es ilegal o no válida porque se trataría de una “autoamnistía”. Hay que ver las cosas que hay que oír y en boca de juristas o políticos de tronío. Porque no sé si han caído en la cuenta de que las amnistías, salvo raras excepciones, son siempre autoamnistías. La mayor autoamnistía de todas fue, en el caso de España, la de 1977, en la que se amnistió a víctimas y victimarios por un Parlamento en el que estaban representadas las víctimas y los victimarios, mientras que en el caso actual, los “autoamnistiados” serían una exigua minoría. Todavía hay quien sostiene que la izquierda no debería descartar el apoyar en el futuro la investidura de la derecha, dando por hecho erróneamente que ganarán las próximas elecciones, con el fin de evitar a los ultras. Como si esto fuera Alemania y no viéramos el resultado, para la izquierda, en el país germánico. En fin, cuantas menos inconveniencias se digan y propongan, mejor.

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Nicolás Sartorius es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas.

I.- Hace veinte años, en un artículo que publiqué en el diario El País bajo el título “¿Qué le pasa a la derecha?”, ya advertí de que el PP no era el heredero de la UCD de la Transición, sino de la Alianza Popular que liderara Fraga Iribarne, la de aquellos “siete magníficos” ministros de Franco. Un partido de cuyo seno surgió más tarde el actual Partido Popular y de éste, con el tiempo, el ultraderechista Vox. Conviene recordar, para no equivocarse, que aquella Alianza no votó la amnistía de 1977 –símbolo de la reconciliación nacional–, ni tampoco el Título VIII de la Constitución, el que se refiere a las autonomías, e incluso no pocos de sus afiliados y diputados le negaron su voto al conjunto de la Carta Magna. Es cierto que una parte de aquella UCD, de su base ideológica y social, acabó integrándose en el actual PP, pero me temo que, por desgracia, son una minoría. No me imagino a los presidentes Suárez y Calvo Sotelo acusando a un gobierno del PSOE de banda de criminales, de mafia y, al presidente de su país, de capo de los hampones. Quizá se comprende mejor, al conocer esos antecedentes de nuestras derechas, el porqué de su resistencia a condenar aquella reciente dictadura de cuarenta años que asoló España, o también esa oposición radical a la Ley de Memoria Democrática. Una norma que en cuanto pueden la “derogan” en las CCAA que gobiernan con Vox, o necesitan sus votos para alcanzar la mayoría. Claro que tampoco hay que sorprenderse cuando el otro día, en una entrevista, la que fuera presidenta “ultraliberal” de la Comunidad de Madrid afirmó que a “la larga” la dictadura de Franco fue mejor que la II República.

II.- Sin embargo, la historia no acaba aquí. Hace unos días, en una conferencia de presidentes autonómicos celebrada en Barcelona, a la que asistieron todos, incluidos el lendakari y el president de la Generalitat, la presidenta de Madrid se ausentó de la reunión porque aquellos hablaron en vasco y catalán, al igual que el de Galicia en gallego, pero claro, este era del PP. Por lo visto, esta irresponsable política no se ha enterado de que esas lenguas, tan españolas como el castellano, las hablan millones de personas que, lógicamente, se sentirían profundamente ofendidas. Pero lo más grave es que con esa actitud negaba la validez del art. 3.2 y 3 de la Constitución cuando habla de “las demás lenguas españolas… un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. Como justificación de dicha postura inconsciente, que recuerda el machadiano “desprecia cuanto ignora”, afirmó que utilizar esas lenguas era reconocer que España era plurinacional, confundiendo el plurilingüismo con la plurinacionalidad y desconociendo que el art. 2 de la CE reconoce las nacionalidades, es decir, “condición y carácter peculiar de los pueblos e individuos de una nación”. ¿Quiere ello decir que en España hay varias naciones políticas con Estado propio? Obviamente no. Porque el uso de una lengua no determina la existencia de una nación política, aunque sí una riqueza cultural impagable. El problema de la presidenta de Madrid es que o no conoce la Constitución del 78 o no la respeta. De ahí, entre otras causas, que cuando las derechas gobiernan en España el independentismo sube como la espuma, como ya se vio en el pasado y se verá en el futuro si ganan las elecciones.

III.- Otro contenido esencial de nuestra Constitución en el que nuestras derechas, por lo visto, son ateas, es el del Estado social o de bienestar. Olvidan que el art.1 de la CE define nuestro Estado como “social y democrático”. Es decir, que no sólo reconoce libertades civiles y políticas, sino también derechos sociales –la educación, la sanidad, las pensiones, etc.–. Pues bien, ni la expresidenta ni la actual presidenta de Madrid creen en este Estado, y así lo manifestó claramente la primera en una reciente entrevista en El País y declarándose, la segunda, partidaria de las teorías del argentino Milei.

Sin embargo, lo más preocupante es que hace unos días el candidato a la presidencia del Gobierno declaró que el eslogan del próximo Congreso del PP sería “Más España y menos impuestos”. Reconozco que lo de “más España” se me escapa, a no ser que se refiera a conquistar o adueñarse de Andorra como Trump de Groenlandia. Otro sentido podría ser “más España y menos independentismo”, pero no lo veo muy realista pues en este momento el secesionismo está en sus horas más bajas y si gobernasen las derechas me temo que renacería cual Ave Fénix. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría gobernando el PP/Vox y despreciando el catalán, el vasco y el gallego? Quizá a ciertas gentes pudientes les suene a música celestial eso de “bajar impuestos”. Ahora bien, si se reduce la recaudación del Estado y se aumentan los gastos militares –espero que a nadie se le ocurra aceptar el disparate de llegar al 5% del PIB de Trump–, ¿cómo se pagan y mejoran la sanidad, la educación y otros servicios públicos? El deterioro que se está produciendo en estos servicios en las CCAA gobernadas por las derechas es el problema más grave que tiene España en este momento.

IV.- Por último, se debería respetar la presunción de inocencia al ser uno de los derechos fundamentales que recoge nuestra Constitución en el art.24.2, cuando dice “todos tienen derecho… a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia”. Se trata, igualmente, de un principio general del derecho penal que significa que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario, y no al revés. Y demostrar quiere decir ante un tribunal de justicia, con todas las garantías, mediante sentencia. Pues bien, en la realidad española este principio ha mutado en su contrario, en la “inocencia de la presunción” y, en consecuencia, a los efectos prácticos, las personas son culpables mientras no se demuestre lo contrario. El mecanismo es perverso pero muy real. Circulan asociaciones y/o partidos con muchos medios que se dedican a acusar o denunciar a enemigos políticos de determinados delitos; luego los jueces con bastante manga ancha los admiten a trámite para “investigar”; invariablemente dicha indagación se filtra a los medios, que, a su vez, tenazmente, lo transforman en “imputación”, figura que no existe en esa fase, pero suena más fuerte que investigar, y de ahí al Parlamento, donde se forma el quilombo o gresca. El procedimiento dura meses o años, y en los medios no se habla de otra cosa, opacando toda mejora o avance en la economía, en derechos sociales o cualquier buena noticia para el país. Tan perversa como lo anterior se ha convertido la filtración de los informes de la UCO (Unidad Central Operativa). Esta Unidad de la Guardia Civil, por encargo de los jueces, investiga posibles delitos y emite informes que se supone entrega de forma reservada al poder judicial. Lo inquietante del caso es que estas pesquisas, muy a menudo, acaban en poder de los medios de comunicación antes de que los conozcan las partes afectadas, como estrellas mediáticas. Y una de dos, o se filtran por parte del que investiga o por parte del juzgado o tribunal que hizo el encargo. No se me ocurre otro posible origen.

Así se ha ido creando el ambiente de que estamos en la fase más corrupta que uno pueda imaginar, cuando en los casos en que se basa tal acusación –hermano y mujer del presidente, caso Koldo/Ábalos, fiscal general o ahora Cerdán– no hay aún ni la celebración de un juicio y mucho menos sentencia condenatoria. Es decir, lo mismo que cuando gobernaba el PP, con un vicepresidente, varios ministros y consejeros autonómicos juzgados, condenados y, algunos, encarcelados. Así pues, siendo como soy respetuoso con el derecho a la presunción de inocencia y viendo cómo se filtra todo, se instruyen los procedimientos, cómo se manipula la realidad y la situación de la justicia, con jueces y magistrados que organizan concentraciones y huelgas en protesta por leyes del Parlamento, considero que ningún investigado ni acusado tiene por qué abandonar la función pública hasta que haya una sentencia condenatoria. A no ser que la misma persona concernida o la organización a la que pertenezca consideren que es mejor hacerse a un lado en beneficio de lo que representa. Como, por ejemplo, es el caso Ábalos/Cerdán, en el que merecería la pena, por lo conocido hasta ahora, tomar medidas contundentes, organizativas y políticas. Dejando claro que un informe de la Guardia Civil o cualquier otra policía no puede tumbar a un gobierno, pues no se trata de una sentencia de un tribunal. A sensu contrario, me parece un escándalo y una vergüenza lo que está sucediendo con el fiscal general del Estado y, en consecuencia, no debería de dimitir, pues quienes está haciendo daño a la justicia y a la democracia, en este caso, son los que quieren acabar con este Gobierno como sea y no a través de unas elecciones cuando toque.

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Nicolás Sartorius es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas.

I.- Entre las variadas preocupaciones que tienen diversos sectores sociales o de opinión se encuentra el hecho, profusamente comentado, del creciente apoyo de los jóvenes a concepciones, ideas o actitudes de ultraderecha. No es fácil calibrar su alcance cuantitativo, pues varía según los lugares, pero en todo caso hay motivos para inquietarse. En realidad, no se trata de una novedad, pues si bien la historia suele discurrir en forma de doble hélice o espiral, similar al ADN humano, nunca lo hace de igual forma o manera. Por ejemplo, en los años 30 del siglo pasado hubo países europeos –Alemania, Italia y otros– en los que una parte muy abundante de la juventud jugó un papel relevante en el ascenso de los fascismos, en sus diferentes formas. Sin embargo, también los que lucharon contra esos fascismos, antes y después de las guerras, se nutrían sobre todo de gente joven. Así aconteció con los movimientos de resistencia en toda Europa y en la lucha contra la dictadura en España. Igualmente, después de la II ª Guerra Mundial observamos el mismo fenómeno en las movilizaciones contra la guerra de Vietnam, en la llamada Primavera de Praga, en el mayo francés del 68, la universidad contra los coroneles griegos o frente a los regímenes dictatoriales del Este de Europa. Y más reciente, en las efímeras “primaveras árabes”, la Puerta del Sol de Madrid o los brotes de protesta frente al arbitrismo autoritario de Trump en los EEUU. Siempre la juventud está, en una dirección o en otra o las dos a la vez, en los momentos de cambios históricos. En la actualidad, por lo que respecta a Europa, no creo que los apoyos juveniles a posiciones de ultraderecha sean mayoría, aunque abunden más de lo debido. Porque también es cierto que cuando se trata de echarse a la calle para defender causas concretas y claras de carácter social, en sentido amplio, ya sean la sanidad o la educación públicas, el medio ambiente, la vivienda asequible, los derechos de las mujeres o del colectivo LGTBI, etc., es la juventud la que participa en copiosa asistencia.

II.- No obstante, deberíamos reconocer que existen causas o motivos para que una parte de la juventud esté cabreada ante la situación reinante y pueda inclinarse, más o menos inducida, hacia posiciones contrarias a lo establecido, en dirección ultraderechista, incluso antisistema, liberticida, autoritaria, etc.

Las causas de esta posible desafección de sectores de la juventud hacia las democracias llamadas “liberales” son varias y conviene tenerlas en cuenta. La primera de todas, en el caso de España, radica en el deficiente, por no decir nulo, conocimiento que tienen sobre el pasado más reciente. La juventud –en este caso de 65 años para abajo– no tiene ni idea de lo que significó la dictadura de 40 años que sufrió España y sus consecuencias. Menos aún acerca de la lucha que se desarrolló para acabar con la misma. Es ilusorio pretender que la juventud adquiera una sólida cultura democrática si no se le ha explicado, cabalmente, lo nefasta que fue aquella dictadura y las tiranías en general. Muy recientemente, se está intentando corregir esta situación a través de la ley de Memoria Democrática y de las múltiples actividades alrededor de ella. Luego, se vive un momento de cierta decadencia de la democracia representativa, de la política, de los políticos y de los partidos. Desprestigio que está basado en algunas causas objetivas como puede ser la corrupción o la falta de eficacia para resolver los problemas, el aumento de la desigualdad, etc., pero sobre todo obedece a una campaña sostenida e impulsada por fuerzas poderosas de naturaleza económica, política y mediática que desearían implantar modelos no democráticos. Es bien conocido que para alcanzar ese objetivo lo que hay que hacer es desacreditar y deshonrar del todo la democracia existente, partidos, sindicatos, políticos o parlamentos, exactamente lo que se está haciendo todos los días.

III.- Además, en el caso de la juventud aparecen motivos específicos como puede ser el deterioro de la enseñanza en general –no hay más que ver los ahogos financieros de las universidades públicas o la emigración de los investigadores hacia otros países–. Igualmente, son los jóvenes los que tienen trabajos más precarios y reciben salarios más escasos. Los esfuerzos del actual gobierno son loables cuando eleva el salario mínimo, que favorece a jóvenes y mujeres, o reduce la precariedad laboral, pero la mayoría de los salarios, que no dependen del Gobierno, son inferiores a los de países europeos cercanos.

En la actualidad, se ha agudizado una cuestión esencial para la juventud como es el problema de la vivienda. El imperdonable descuido de dejar una necesidad fundamental en manos exclusivas del mercado, permitiendo la venta libre de las viviendas sociales o de protección oficial que se habían construido, ha conducido a la calamitosa situación actual. Una juventud que tiene que seguir viviendo, largos años, en casa de sus progenitores o dedicando una parte inasumible de sus ingresos a pagos de alquileres o hipotecas. La idea, del actual gobierno, de industrializar la construcción prefabricando casas, como se hace en China y otros lugares, desde hace años, me parece esencial. No obstante, hay que invertir mucho más en vivienda pública; reducir al máximo los alquileres vacacionales; topar los alquileres en zonas tensionadas o gravar fiscalmente las viviendas vacías.

IV.- Como remate de lo anterior ahí está la labor tóxica, masivamente inducida de las redes sociales. Ya se ha convertido en un lugar común afirmar que los más jóvenes no suelen leer los periódicos y escasamente escuchar la radio o ver la televisión. Su medio mayoritario de comunicación e información son las redes sociales, ya sean X, Instagram, Tik Tok, Facebook u otras, que por cierto son lo más privado del universo mundo, pues de “sociales” no tienen nada. Por el contrario, son inmensas multinacionales controladas por individuos concretos, con ideas e intereses muy personales, siempre muy de derechas, pues su obsesión es no estar regulados por el Estado y pagar lo menos posible en impuestos. Eso sí, se presentan como plataformas neutrales, asépticas, en las que cada cual puede acceder “democráticamente” y expresar lo que le plazca. “Vosotros sois ahora la opinión”, que decía el “digipopulista” Musk. La verdad es que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ya que la inmensa mayoría de los contenidos están inducidos hacia la derecha, a veces la más extrema. El problema de fondo es que, en puridad, estas plataformas son medios de comunicación y de expresión que no se someten a las regulaciones, normas o pautas de los medios convencionales. Por el contrario, en estas “plataformas-medios” rige el principio de la opacidad y el anonimato, en el que cada persona, entidad o creación de la Inteligencia Artificial puede introducir la falsedad, mentira, bulo, insulto, injuria o calumnia que le salga de los testículos, amparado en el susodicho anonimato. Posibilidad que no tiene nada que ver con la libertad de expresión que recoge el art. 20 de nuestra santa Constitución, cuando habla del derecho a “comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. 

V.- A partir de aquí, las medidas convenientes que habría que tomar para ir revertiendo esta delicada situación podrían ir en la siguiente dirección: fortalecer al máximo la enseñanza pública y, en ella, el conocimiento de nuestro pasado reciente, en especial, de la nefasta dictadura; crear instrumentos legales con el fin de que las llamadas “plataformas” se sometan a las mismas reglas que los medios de comunicación convencionales, en transparencia y prohibición del anonimato. Se debería insistir en la actual línea de aumentar el salario mínimo y erradicar la precariedad laboral, y ser más enérgico ante el escandaloso asunto de la falta de viviendas asequibles para las personas con ingresos reducidos como tienen la mayoría de los jóvenes. Este es un asunto central del que puede depender el futuro político de España, de lo que resulte en las próximas elecciones generales.

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Nicolás Sartorius es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas. 

I.- Muchos se preguntan, desconcertados, cómo es posible que en un país —España— en el que va tan bien la economía, con récord de crecimiento y empleo, aumento histórico de pensiones y salario mínimo, reducción de jornada, exista esta sensación, en amplios ambientes, de que vamos mal. Incluso en un momento en que la corrupción política acreditada judicialmente está mucho menos extendida que en tiempos recientes, la impresión mediática es que nadamos en una charca de corruptelas y latrocinios, de las que se habla a todas horas en casi todos los medios.

Creo que buena parte de la explicación de tan malévola paradoja radica en lo que vengo en llamar la táctica de las cuatro fases, que se practica en la actualidad con profusión de instrumentos. No es ningún secreto que destacados y variados sectores del poder no soportan que exista en España un gobierno que se viene sustentando sobre lo que, a su criterio, son tres jinetes del apocalipsis —el comunismo, el separatismo y los herederos del terrorismo—. Lo que modestamente me he permitido en calificar de fantasmas, que sólo existen en sus calenturientas imaginaciones e impuros intereses. 

II.- A partir de aquí, todo vale para acabar con tan tenebroso gobierno. Y para ese menester no hay nada como practicar esa táctica de las cuatro fases, cuyo objetivo no es sólo embarrar el terreno de juego político, sino, sobre todo, impedir que se hable de lo que va bien. La primera fase consiste en que múltiples y opacas plataformas o asociaciones de ultraderecha —Hazte Oír, Manos Limpias, etc.— se dediquen a presentar denuncias a troche y moche, sin fundamento, contra personas cercanas al ejecutivo o a la persona del presidente del Gobierno. La segunda se alcanza cuando un juzgado las admite a trámite, pues en principio los jueces suelen hacerlo, por lo menos para investigar.

La tercera fase se consigue  de inmediato cuando tal admisión a trámite se filtra con lujo de detalles a los medios de comunicación afines o no, los que debido a pereza intelectual, ignorancia o interés afirman que tal o cual persona está “imputada” —de imputar: “atribuir a otro una culpa, delito o acción”— cuando en realidad esta figura no existe desde el 2015, pues fue sustituida, con razón, por la de “ investigado” —“de investigar o hacer diligencias para descubrir alguna cosa”—, que no presupone la comisión de delito alguno. Lo cierto es que esa “imputación” se convierte en escándalo mediático y, en su cuarta fase, pasa al Parlamento, donde se transforma en perpetuo pasto de oposición al Gobierno, al tiempo que la mayoría de los medios ya no hablan de otra cosa mientras dura la tramitación judicial. Una investigación judicial que suele durar meses e incluso años, no sé si por falta de medios, porque hábiles letrados plantean múltiples diligencias de prueba o porque hay jueces a los que les gusta hacer “prospecciones”, pero el resultado es nefasto para el justiciable, pues pase lo que pase con el procedimiento el sujeto afectado termina chingado.

III.- Así, en los temas que están en el candelero ocurren cosas realmente sorprendentes. Por ejemplo, en el caso del fiscal general, el asunto ha alcanzado niveles esperpénticos. El jefe de gabinete de la presidenta de Madrid lanza un grave bulo o mentira sobre una falsa propuesta de la Fiscalía, para llegar a un acuerdo sobre unas infracciones de impago de impuestos que habría reconocido la pareja de dicha presidenta. La Fiscalía lo desmiente como es su obligación, pues la realidad de los hechos había sido exactamente la contraria, dado que, como suele ocurrir, es el infractor el que propone a la Fiscalía un acuerdo de conformidad sobre el delito cometido, con el fin de eludir la prisión o aminorar la pena. A partir de aquí se desatan todos los rayos y truenos del averno, no contra el posible delincuente sino sobre el fiscal general, hasta el punto de que el juez instructor ordena a la Guardia Civil que entre en la sede de la Fiscalía y examine todos los instrumentos digitales —ordenador, móviles, etc.— del alto servidor público. Acto temerario y desproporcionado si tenemos en cuenta la altísima importancia para la seguridad del Estado de la información concentrada en la referida Fiscalía General. Es de esperar que no se le diera traslado a las otras partes del resultado.

Hay que advertir, amigo lector, que todo este embrollo o berenjenal se refiere a una posible filtración de información, en un país como el nuestro en el que dichas filtraciones están a la orden del día, incluso las que se deslizan desde la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo, o las imágenes que se cuelan desde juzgados sobre declaraciones que afectan a la intimidad de las personas. Para más inri, el reproche recae en el perseguidor del posible delito, mientras que al que ha reconocido la infracción penal ni tan siquiera se le ha tomado todavía declaración y la viene eludiendo varias veces con excusas torticeras. Menos mal que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha rechazado el intento de que se declarase nulo el nombramiento del fiscal general, que era otra vertiente de la cacería organizada. 

IV.- En otros casos el asunto es todavía más chungo, como en el procedimiento del hermano del presidente del Gobierno. Se están investigando cuestiones que tienen difícil encaje en el derecho penal, como es el de cubrir plazas en la Administración, que más bien pertenecerían a la jurisdicción contenciosa. O si tenía despacho o no, si había incurrido en absentismo en el trabajo, que pertenecen que yo sepa al derecho laboral. Igual que con el caso de la esposa del presidente, sometida a un auténtico ensañamiento durante meses, con algunas pruebas abracadabrantes, sin que se haya probado de momento nada.

Todo lo anterior, según parece, forma parte de la Gran Corrupción, cuando todavía no hay nadie acusado de delito alguno, ni tan siquiera el exministro Ábalos, pues no se ha pasado, en ningún caso, de la fase de investigación. Pobre principio de presunción de inocencia.  El asunto es tan misterioso o extraño que a otro “supuesto delincuente confeso”, de nombre Aldama, en un grave asunto de hidrocarburos se le pone en libertad por estar dispuesto a colaborar con la justicia. Y lo primero que hace es acusar de múltiples delitos a medio Consejo de Ministros, sin aportar prueba alguna; pero eso sí, aireándolos a troche y moche, en cualquier medio que se preste, como hace poco en la Cope. Como si fuera poco, ahora resulta que la famosa UCO de la Guardia Civil sospecha que tal sujeto se podría estar dedicando a destruir o camuflar pruebas, lo que debería devolverle a prisión de ser cierta tal sospecha.

 Y los que más truenan y hacen de estos asuntos el centro de su oposición, con el fin de tumbar al Gobierno de izquierdas, son aquellos que tienen en su reciente historial a un vicepresidente del Gobierno y a varios exministros condenados y encarcelados por corrupción, además de varios exconsejeros de la Comunidad de Madrid.

V.- Claro que el ambiente de descontento en sectores de la población no se debe sólo a lo anteriormente descrito. También hay causas objetivas, de naturaleza real, como pueden ser los bajos salarios en muchos sectores o las dificultades de acceso a la vivienda, que afectan sobre todo a la población joven. Si sumamos estos elementos a que la mayoría de la población no tiene ni idea de lo que significó la dictadura y sus consecuencias de todo orden, tendremos una buena parte de la explicación de por qué hay personas que se sienten atraídas por posiciones de ultraderecha autoritarias y antidemocráticas, que pululan por las redes sociales y se manifiestan en el voto.

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Nicolás Sartorius es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas. Su último libro se titula 'La democracia expansiva o cómo ir superando el capitalismo' (Anagrama).

I.- La historia de la humanidad también es la historia de sus guerras. Parece una maldición constante en la vida de los humanos. Ahora, otra vez, estamos metidos hasta el cuello en conflictos muy peligrosos, de cuya evolución depende nuestro destino colectivo. Ante los enfrentamientos en Ucrania y en Oriente Medio, no deberíamos olvidar cómo las guerras, en principio regionales o parciales, pueden acabar transformándose en la gran guerra general o mundial. Así sucedió, por ejemplo, con la primera conflagración europea de 1914. La mano de un serbio-bosnio llamado Gavrilo Princip apretó el gatillo contra Francisco Fernando, el heredero de la corona del imperio austro-húngaro, el 28 de junio de 1914 en la ciudad de Sarajevo. El gobierno austriaco planteó un ultimátum a Serbia, cuyas condiciones éste no aceptó, declarándoles la guerra y atacando al país balcánico en la idea de que el conflicto duraría pocos meses ante el desequilibrio de fuerzas. Como siempre, un error de cálculo fue origen de todas las catástrofes, pues el imperio de los zares, aliado histórico y paneslávico de los serbios, se solidarizó con Belgrado y se enfrentó al imperio de los Habsburgo. Por su parte, por aquello del pangermanismo, el imperio alemán se alió con Viena y atacó a los rusos. Estos, a su vez, arrastraron a su coaligada Francia y, por ende, al imperio británico, rival y enemigo de Alemania. Luego, bastante más tarde, en 1917, acabaron participando los EEUU de América y otros muchos países como Italia, el imperio otomano, etc. El detonante de aquella innoble masacre fue el pistoletazo de Princip, un joven de 19 años que pertenecía a la organización nacionalista Joven Bosnia, aunque el fondo del gran conflicto fue la lucha de todos esos imperios por hacerse con la hegemonía europea y el dominio de las colonias.

II.- En la segunda guerra mundial aconteció algo parecido. Hitler y Mussolini fueron tentando la suerte belicista: Dantzig, los Sudetes, Bohemia-Moravia, Austria, Abisinia, Libia, Albania, la guerra de España, hasta el punto de que la política de apaciguamiento parecía no tener fin. Pero cuando el 1 de septiembre de 1939 las tropas alemanas invadieron Polonia, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Hitler y éste acabó invadiendo toda Europa y la Unión Soviética. A su vez, Italia y Japón se aliaron con los nazis y, como en la anterior contienda, los EEUU terminaron interviniendo en Europa. También en este caso, algunos dirigentes alemanes reconocieron, más tarde, que habían cometido un grave error de cálculo, pues pensaron que Gran Bretaña y Francia no irían a una guerra por Polonia, ni que los soviéticos tuviesen tanta capacidad de resistencia. Ese error costó, al final, 30 millones de muertos.

III.- En la actualidad está aconteciendo algo que puede llegar a ser similar, si no somos capaces de frenar la locura. Rusia invade el Este de Ucrania, bajo el pretexto de que el Dombás es zona rusófila y la dirigencia ucraniana está reprimiendo a sus habitantes. El gobierno ucraniano ejerce su derecho a la resistencia con el apoyo de sus aliados de los EEUU y la Unión Europea, que, si bien no participan directamente en el conflicto, proporcionan al gobierno de Zelensky las armas imprescindibles para su defensa. Por su parte, Putin cuenta con la ayuda indirecta de China, Irán y Corea del Norte. Y los ucranianos, a su vez, presionan sin parar para que los occidentales –EEUU, Gran Bretaña– les proporcionen armas capaces de atacar en el interior de Rusia, esto es, balística suficiente para alcanzar territorio de ese país. Si esto último llegase a suceder –recemos a todos los dioses para que no ocurra–, es de temer que la Federación Rusa podría considerar que la guerra ya no es con Ucrania sino también con los países que proporcionan dichas armas. Porque no es realista pensar que si Zelensky atacase ciudades rusas con armas occidentales de largo alcance, Putin no iba a responder de la misma manera en dirección opuesta. Así es como las guerras “regionales” se acaban transformando en conflictos generales. Hacen bien Biden y sus aliados europeos en negarse, hasta el momento, a proporcionar ese tipo de armas y resistir las presiones que llegan de los sectores más belicistas de la OTAN.

IV.- Luego tenemos todos los días delante el terrorífico conflicto-genocidio de Oriente Medio. Es difícil saber cuándo y dónde empezó, pues sus crónicas guerras se remontan a décadas, prácticamente hasta la creación del Estado de Israel. En su día, las Naciones Unidas decidieron la creación de dos Estados, el judío y el palestino, lo que no ha sucedido nunca, y en la actualidad el impedirlo es objetivo esencial de Netanyahu. En fecha reciente los terroristas de Hamás cometen un criminal atentado contra civiles israelitas con más de 1200 muertos y la captura de cientos de rehenes. El gobierno ultraderechista de Netanyahu reacciona de manera brutal, invade y arrasa Gaza, cometiendo un auténtico genocidio con más de 40.000 muertos, la mayoría mujeres y niños. La formación integrista Hezbolá se solidariza con los gazatíes y lanza, desde el Líbano, cohetes y drones sobre el norte de Israel, respondiendo el Estado hebreo con la invasión del país y bombardeando Beirut. La escalada del conflicto se extiende a países como Yemen, Siria, Irak e Irán. El régimen de los ayatolas, agredido selectivamente en su territorio por Israel, lanza alrededor de 200 cohetes sobre aquel país, y estamos a la espera de la reacción de Netanyahu. Como siempre ocurre, cada parte contendiente tiene sus valedores y aliados. Israel, al margen del carácter ultraderechista de su gobierno, cuenta con el apoyo incondicional de EEUU y de algunas naciones europeas. Irán, Siria y otras naciones árabes también tienen el apoyo de Rusia. Por lo tanto, en el supuesto de que Israel e Irán se enzarzasen en una guerra abierta, no imposible ante los últimos ataques mutuos, sería difícil que no acabasen envueltas las potencias que apoyan a unos u otros. Me temo que este es el objetivo estratégico de Netanyahu, involucrar a los EEUU en una guerra contra Irán. Hipótesis que convendría evitar por todos los medios.

V.- Las consecuencias de ambos conflictos están siendo nefastas no sólo en pérdida de vidas humanas, que es lo más grave, sino también políticas, económicas, sociales y morales. A las Naciones Unidas no les hace caso nadie, e Israel se permite atacarlas militarmente sin consecuencias; la llamada “comunidad internacional” no existe, salvo que se piense que es EEUU y sus aliados; no hay normas, ni reglas, pues se está imponiendo la ley del más fuerte y la doble vara de medir, pues se sanciona a Rusia, con razón, pero se concede patente de corso a Israel; si la escalada continúa y el precio del petróleo se dispara, las economías europeas lo van a pasar de pena y sólo se van a forrar las petroleras y las empresas de armas, como ya está sucediendo. La animadversión u odio entre “civilizaciones” se acabará haciendo inextinguible, con mensajes tóxicos como el de que lo único que vale es la fuerza y hay que armarse hasta los dientes para no ser aplastado, en un mundo donde ha desaparecido el derecho internacional, que sólo se aplica al que es derrotado.

VI.- Ahora, de lo que se trata es de parar esta locura que nos puede conducir de nuevo a la guerra. En el caso de Ucrania hay que seguir apoyando a este país para que pueda defenderse, pero al mismo tiempo evitar que pueda atacar a las ciudades de una potencia nuclear como es Rusia. Hay que presionar desde las opiniones públicas y los gobiernos para que haya un alto el fuego y se inicien negociaciones de paz que garanticen la futura seguridad de los contendientes. No es realista pensar que Rusia va a devolver Crimea y se va a retirar, sin más, de los territorios ocupados sin contrapartidas que garanticen su seguridad. Las armas de la OTAN no pueden llegar a estar a menos de 500 km de Moscú.

En el caso de Oriente Medio, el castigo infligido por Netanyahu y sus acólitos, con la destrucción de Gaza y la invasión del Líbano, ha violado todas las reglas de la guerra y de los derechos humanos, y debe cesar. Como han señalado los presidentes francés y español, deben interrumpirse de inmediato los envíos de armas al Estado hebreo, exigirse la puesta en libertad de los rehenes que quedan y el inicio de conversaciones de paz, porque la intención del gobierno ultra de Israel parece evidente: provocar un enfrentamiento con Irán, lo que supondría la generalización de la guerra y propiciaría el triunfo de Trump en las elecciones norteamericanas. Ese conflicto no tiene más solución que la aceptación de dos Estados, como decidieron en su día las NN.UU. La pretensión que subyace en la actual política israelí de expulsar a los palestinos de Gaza, de Cisjordania o del Líbano es propia de dictadores y supondría la guerra permanente en la región. La cuestión que se plantea no es elegir entre el Estado de Israel o Hamás y Hezbolá, sino proteger a los pueblos de Israel y de Palestina de sus verdugos, que son, de un lado, el gobierno de Netanyahu, y del otro los integristas de Hamás y Hezbolá. Es a esas tres fuerzas a las que hay que derrotar; de lo contrario, estaremos condenados a la guerra permanente.

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Nicolás Sartorius es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas. Su último libro se titula 'La democracia expansiva o cómo ir superando el capitalismo' (Anagrama).

1.- Creo que fue Platón el primero que insistió en que nuestros actos deberían basarse en el conocimiento y no en las creencias u opiniones, de lo que se deriva la interesante distinción entre apariencia y realidad. Quizá por ello elaboró una peculiar interpretación de los mitos, que llegó a considerar como un medio para eludir la razón y acceder a los aspectos emocionales e irracionales del alma, si es que esta existe.

Hoy en día, una parte abundante del pensamiento conservador o reaccionario está basada, precisamente, en mitos que a fuerza de repetición y penetración en la mente humana acaban transformándose en una especie de sentido común tergiversado, pues en realidad son medias verdades o falsedades. Podríamos poner múltiples ejemplos sobre cuestiones de orden económico o social.

2.- Así, se afirma que “el dinero donde mejor está es en el bolsillo del contribuyente o ciudadano”. Una idea simple, de apariencia inocente, pero que en el fondo y la superficie viene a negar nada menos que la existencia del Estado de bienestar, fundamento de nuestra democracia. En realidad, como toda idea simple es bastante insulsa si se analiza con algo de lógica, ejercicio que no abunda. Porque tal aserto, en puridad, no es válido para ninguna clase de ciudadanos, ya sean pobres o ricos. Se podrá argüir que para un contribuyente opulento que no utiliza los servicios públicos, pues acude a los privados, le viene mejor tener el dinero en su bolsillo y no en la caja del Estado. Argumento francamente irreal, ya que, si bien puede eludir la sanidad, la educación o la pensión públicas al tenerlas cubiertas por sistemas privados, siempre necesitará algunos bienes que son esenciales para la convivencia como pueden ser la seguridad, la defensa, el respeto a la ley, el orden público, la seguridad jurídica, las infraestructuras y tantos otros que no existirían si el dinero estuviese en el bolsillo del ciudadano y las arcas del Estado permaneciesen escasas o vacías. Ahora bien, si la persona en cuestión fuese menesterosa, es decir, la inmensa mayoría de la población, y el dinero permaneciese en el bolsillo de pobres y ricos, no podría el Estado, a través de los impuestos, facilitar la sanidad, la educación o los transportes gratuitos como sucede en la actualidad. Por el contrario, sus escasos fondos volarían de su bolsillo hacia empresas privadas cada vez que necesitase acudir al médico o al hospital, y deseara educar a sus hijos. Cosa que sucede en la mayoría de los países del mundo, salvo en los de la Unión Europea y alguno más. Comprendo que a los ultraliberales irrestrictos les encantaría no pagar impuestos y que toda esa cantidad de dinero que el Estado invierte en sanidad, educación, etc., fluyese hacia las empresas privadas, como intentan hacer con empeño allí donde gobiernan. Deseo que de cumplirse sería una catástrofe para la inmensa mayoría del personal sufridor. La conclusión es que para las grandes mayorías sociales de trabajadores de todas clases es existencial que el Estado, en alguna de sus formas, succione alrededor del 40% del Producto Interior Bruto con el fin de garantizar los bienes y servicios públicos mencionados. De lo contrario, no solamente el dinero se evaporaría del bolsillo de la mayoría sino que, además, carecerían de esos servicios públicos por excesivamente caros para sus magros ingresos. Un ejemplo concluyente ha sido el de Gran Bretaña, que después de catorce años de gobiernos herederos de la señora Thatcher, que tanto gusta a algunos de nuestros políticos, tiene los servicios públicos —sanidad, etc.— hechos unos zorros. Quizá una de las razones es que su presión fiscal es del 35%, una de las más bajas en comparación con la UE.

3.- Otro tópico muy extendido es aquel que sostiene que “lo privado funciona mejor que lo público”. Se trata de ideología barata, pues parece evidente que depende de qué estemos hablando. No niego que los bares o el pequeño comercio o los millones de pymes, micropymes o autónomos es mucho mejor que sigan en manos privadas y es absurdo que el Estado asuma en ellas un papel activo, excepto para apoyar y facilitar su desarrollo. Pero la experiencia ha demostrado que en sectores como la sanidad, la educación, la investigación, el transporte, las pensiones, la energía, sectores financieros o la alta tecnología, lo público es más eficiente que lo privado o, en todo caso, puede competir en eficacia. La prueba es que los Estados de bienestar de la UE, donde lo público juega un papel decisivo, son un modelo muy superior —incluso de civilización— que aquellos que solo funcionan con lo privado. Recuerdo que cuando la señora Thatcher privatizó los ferrocarriles británicos, estos empezaron a funcionar pésimamente y los accidentes aumentaron. No conozco unas infraestructuras más deterioradas que las de EEUU en relación con su riqueza, pues parece, en este sentido, un país del tercer mundo. Por ejemplo, el servicio de sanidad es mucho peor que el europeo y, sin embargo, gasta en ese capítulo mucho más que nosotros. También se olvida que todos esos grandes inventos como Internet o el GPS, etc., no han surgido de empresas privadas, sino de programas de las agencias públicas de defensa de EEUU u otros países, que luego han aprovechado las grandes multinacionales tecnológicas.

4.- Lo mismo ha acontecido con esa afirmación tan tópicamente manida de que si se eleva mucho el salario mínimo el desempleo se dispararía. La experiencia de estos últimos años en España ha sido totalmente la contraria. El SMIG ha aumentado del orden del 55% y se ha creado más empleo que nunca. Más de 21 millones de puestos de trabajo e incluso hay carestía de mano de obra en una serie de sectores. Esa teoría de que cuanto menos salario más empleo deben sostenerla políticos y economistas de tres al cuarto, pues la lógica y la experiencia, como ya demostraron Keynes y otros, es que si se elevan los salarios y se estabiliza el empleo la demanda de bienes aumenta y, con ello, el consumo y la producción, componentes básicos del crecimiento del PIB. Por el contrario, lo que provoca el descenso de la productividad y la innovación son los salarios escuálidos, como sucede en los países subdesarrollados. No hay más que comprobar que los países que mejor funcionan son aquellos en los que los salarios y los impuestos son más altos, como los países centrales y nórdicos de la U.E.

5.- Todos estos mitos de la ideología conservadora y reaccionaria comenzaron con la conocida frase del “laissez faire et laissez passer, le monde va de lui même” (dejar hacer, dejar pasar, el mundo —el capitalismo— funciona por sí mismo), atribuida a los fisiócratas. Idea que luego fue desarrollada por la escuela austriaca de los Hayek y compañía, continuada por Friedman y sus acólitos, de los que han bebido Thatcher, Reagan, Pinochet, Milei, y, entre nosotros, algunas lideresas y lideresos de poca monta. Ese dejar hacer, esa concepción de que la intervención del Estado es nefasta, incluso "un cáncer" (Milei); que lo único que deben hacer las empresas es aumentar el valor para sus accionistas (Friedman), o descabalgar al Estado de la chepa de los ciudadanos (Reagan), que la sociedad no existe, sólo los individuos (Thatcher), han estado en la base de las mayores catástrofes económicas de la historia, que suelen acabar en desastres políticos. Eso sí, cuando la crisis estalla con toda su crudeza —en 1929 o en 2008— y el capitalismo se tambalea, los más acendrados ultraliberales acuden prestos al papá Estado para que, con el dinero de todos, salve sus empresas y sus fortunas. Así ha sucedido en todas las crisis, en la de los años 30, en las del petróleo o las tecnológicas, en la financiera del 2008 o en el coronavirus. Porque el capitalismo dejado a su aire, al imperio de la “mano invisible del mercado”, no genera prosperidad para las mayorías, orden y equilibrio, sino desórdenes cíclicos, “destrucciones creativas” y desgracias para la humanidad. En esta globalización sin reglas operativas está la causa de las actuales tribulaciones, ya sea la desigualdad insoportable, el cambio climático, el crecimiento de los populismos y partidos de ultraderecha o la jibarización de la democracia.

6.- ¿O es que alguien cree que se pueden poner “puertas al mar” y evitar así que acudan a la “rica” Europa las masas desheredadas del mundo —en este caso de África—, que están contemplando todos los días lo bien que se puede vivir en Occidente y lo miserablemente que malviven ellos en África o en América Latina? El asunto no es el mito reaccionario del “efecto llamada”, que utilizan las derechas para culpar de todas las desgracias a los gobiernos progresistas. El problema de verdad es que, en nuestra vecina África, la demografía está disparada y sus habitantes no van a aceptar seguir muriéndose de hambre, de calor, de sed, de guerras o represiones y falta de trabajo mientras nosotros y otros seguimos esquilmando sus materias primas y concentrando la riqueza del mundo, incluyendo a China. Se trata sin duda de un asunto complejo y de largo aliento, pero si no se aborda un potente plan para ir desarrollando ese gran continente y fijar, con oportunidades de trabajo, a su población, arribarán a nuestras playas en cayucos o a nado, pero llegarán.

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Nicolás Sartorius es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas. Su último libro se titula 'La democracia expansiva o cómo ir superando el capitalismo' (Anagrama).

I.- Hay un poema de D. Antonio Machado que siempre me ha conmovido. Bajo el título de “A una España joven”, dice así: “Fue un tiempo de mentira, de infamia// a España toda// la malherida España de carnaval vestida// nos la pusieron pobre y escuálida y beoda// para que no acertara la mano con la herida”. Machado se refería a la España anterior a la Segunda República. Hoy en día, gracias a la democracia y a un sostenido esfuerzo colectivo, España no es tan pobre ni escuálida ni beoda como antaño, pero volvemos a estar inmersos en un tiempo de mentiras e infamias cuya intención es la misma que entonces: que no acertemos la mano con la herida. Un tiempo, amigo Machado, que se ha extendido por toda Europa e incluso por el globo terráqueo, porque hoy en día, a diferencia de tu época, las mentiras, las infamias y el negocio de conducirnos a la beocia es asunto digital, universal y muy premeditado. Otra vez como en los años 30, que tanto acabaron haciéndote sufrir, vuelven a surgir en la conducción de algunas naciones no pocos fantoches, de peligrosas ideas simples, pero capaces de concitar la adhesión de grandes multitudes y votantes.

En aquel tiempo, como consecuencia de las guerras —siempre las guerras— y de las crisis del capitalismo —siempre las crisis del capitalismo—, auténticos mamarrachos histriónicos, de los que se hacía burla en los círculos de los “entendidos”, acabaron haciéndose con el poder y condujeron a la humanidad a la más espantosa de las matanzas. En nuestro caso a una no menos terrible guerra civil que acabó contigo. Quién le iba a decir al charlatán de cervecería austriaco, sin oficio ni beneficio, que un día casi se haría con toda Europa con la intención de fundar un imperio que, en su delirio, duraría mil años. O aquel otro exhibicionista de gestos y ademanes bufos que enardecía a las masas desde el balcón de la plaza Venecia, tan obsesionado como el anterior con recrear, en la escuálida África, el viejo Imperio Romano. Cuando se dieron cuenta de lo peligrosos que eran fue demasiado tarde, y costó dios y 30 millones de muertos el derrotarlos. Los errores y las distracciones, el “no acertar la mano con la herida” se paga carísimo en la vida de los pueblos.

II.- En el fondo, casi siempre suele suceder en los momentos de decadencia del capitalismo existente, que erosiona la democracia, desarma la racionalidad de la ciudadanía y crea el falso espejismo de que se puede retroceder a los “viejos buenos tiempos” que, al no existir, con lo único que se topan es con el precipicio en el que se despeñan los disparatados delirios.

Hoy tenemos a un Trump, con procesos judiciales hasta las cejas, un populista sin sustancia ni escrúpulos, cuya única idea es el “América primero”, la antidemocrática actitud de apoyar el asalto al Congreso o ser “dictador por un día”. El brasileño Bolsonaro, igualmente empapelado por la justicia por el mismo motivo; los estrafalarios Farage y Johnson en Gran Bretaña que condujeron, con engaños y falsedades, a los británicos al nefasto Brexit. Ahora nos surge un oscuro economista, enarbolando una sierra mecánica en la mano, cuyo programa político se resume en el “libertad carajo” o “el Estado es un cáncer”, y lo primero que hace como símbolo de la “libertad” es atribuirse poderes legislativos.

Por no hablar de Putin, que pretende recrear no se sabe si el imperio de los zares o el de la “Unión Soviética,” o del terrible Netanyahu, cometiendo un exterminio de palestinos y aislando a su país del mundo. En nuestros lares también tenemos algunos especímenes un tanto extravagantes que confunden logros sociales con el “comunismo” o la “libertad” con tomar cañas. O aquellos otros, en varios países de Europa que pretenden acabar con el proyecto de la UE, o los que siguen soñando con ser “naciones soberanas”, lo que supondría, en ambos casos, retroceder a viejos conflictos.

III.- Todos los anteriores fenómenos se envuelven en un ruido atronador de falsedades, tergiversaciones y mitos para que no acertemos, como decía el gran poeta, “la mano con la herida”. Porque esa enorme herida es nada menos la que ha abierto la globalización de un capitalismo descontrolado financiero-digital, que o lo controlamos y dirigimos mediante formas democráticas, o nos hará la vida muy conflictiva, insegura e inviable. El gran reto de nuestro tiempo es precisamente este: o la democracia, en su expansión, regula y dirige la nueva revolución digital, que afecta e incide en nuestra propia conciencia, o ese capitalismo, cada vez más concentrado, jibarizará la democracia y alienará nuestra existencia.

Por eso mismo, no sé si es cuestión de regeneración o más bien de fortalecer, extender y cohesionar cada vez más nuestras democracias. Siempre he creído que fortalecer y extender la democracia depende, en esencia, de cuatro procesos: de la cohesión social, que obedece a su vez de un crecimiento inclusivo y sostenible de la economía y de un robusto sistema fiscal; de la cohesión territorial, que garantice la igualdad de la ciudadanía, sea cual fuere el lugar de residencia; de un avance en la integración de la UE hacia un sistema federal, y de la excelencia de las instituciones, tanto nacionales como europeas. Y, como siempre, todos estos procesos no avanzarán si no hay una organización y movilización de la ciudadanía en pro de su conquista. 

En este momento de nuestra vida colectiva la economía marcha razonablemente bien, bastante mejor que en el resto de la UE —por eso no se habla de ella— y, no obstante, nuestro sistema fiscal no es lo adecuadamente robusto, a pesar del crecimiento de la recaudación. Un aumento de los fondos públicos que se podrían aprovechar para acabar con la lacerante pobreza infantil, un plan masivo de creación de viviendas en alquiler para la gente joven, cuestión principalísima que debe abordarse sin demora desde diferentes ángulos. Y, como siempre, acrecentar al máximo la inversión en I+D+i, la mejor manera de modernizar nuestro aparato productivo y crear una sólida base científico-técnica. En estas y otras medidas económicas y sociales es como entiendo el fortalecimiento de la democracia.

Claro que es urgente resolver el impresentable e ilegal atraso en renovar el C.G. del Poder Judicial. Un auténtico escándalo anticonstitucional, pero soy escéptico respecto a que la derecha acepte un acuerdo sobre esta materia. Habría que pensar en alguna fórmula que superara el bloqueo: la votación directa de los candidatos por los diputados; la insaculación o la reforma de las mayorías para la elección en segunda convocatoria. Es una filfa sostener que en Europa hay un sistema único de elección de esos Consejos.

Es obvio que convendría evitar que la libertad de expresión se transforme en libertad de difamación. Para ello debería servir el Código Penal, pero, en todo caso, no estaría de más una ley de transparencia informativa, en base al art. 20 CE, pues la ciudadanía tiene derecho a recibir información veraz y no basura anónima. Una ley que no afectase para nada a la libertad de información, sino que garantizase la transparencia económica y personal de todo tipo de medios o instrumentos que viertan información, ya sean tradicionales o digitales, en la tierra o en la nube. La UE ha comenzado a tomar algunas medias acertadas en este sentido.

IV.- Ahora que se aproximan las elecciones europeas es un buen momento para reflexionar sobre estas cuestiones económicas, sociales y políticas, la mayoría de las cuales tienen una dimensión europea y no sólo nacional. Como vengo sosteniendo tenazmente, somos ya una nación y Estado “euroespañol” o “hispanoeuro”, y como tal tenemos que acostumbrarnos a enfocar los problemas y sus posibles soluciones. De ahí la enorme trascendencia de las próximas elecciones del 9 de junio al Parlamento europeo. Nosotros venimos de las desgraciadas medidas de austeridad, que tanto daño nos hicieron, y corremos el riesgo de regresar a ellas. De otra parte, las encuestas anuncian un avance de los partidos de ultraderecha en países centrales como Francia y Alemania, aparte de lo que ya sucede en Italia, Portugal, Hungría y algunos otros. Así pues, un Parlamento que girase hacia la derecha, con acuerdos del Partido Popular europeo con los ultras, puede hacer mucho daño y suponer un grave retroceso en la construcción de la Unión, precisamente cuando más necesitamos avanzar.

Muchas veces no somos conscientes de que la mayoría de las cuestiones que nos afectan ya se deciden en la UE, y si no que se lo digan a los agricultores y ganaderos, a los pescadores y a tantos colectivos. Temas tan decisivos como la política monetaria, los presupuestos, el comercio exterior e, incluso, asuntos de política exterior y de seguridad ya se ventilan en Europa, por no hablar de la prevalencia de las normas y los tribunales de la Unión. Pensemos bien nuestro voto, porque esto no va de apoyar o castigar a un determinado gobierno, sino de pensar que nos jugamos el avanzar hacia una mayor integración, incluyendo la política social, que nos haga más fuertes, o retrocederemos hacia posiciones de austeridades ultraliberales e ilusiones “soberanistas”.

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Nicolás Sartorius es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas. Su último libro se titula La democracia expansiva o cómo ir superando el capitalismo (Anagrama).

I.- Una de las frases más famosas en la historia de la literatura universal es la de Shakespeare, en el acto tercero de Hamlet, cuando el príncipe de Dinamarca dice: to be or not to be, that is the question (ser o no ser, esa es la cuestión). Una frase existencialista que resume la gran incógnita de la vida personal de cada uno, en el existir o no existir, entre la vida y la muerte. Sin embargo, en la realidad política, esa expresión no tiene un sentido ni suficiente ni operativo. Una ventaja y/o riqueza de la lengua castellana es que no sólo contamos con el verbo ser, sino también con el verbo estar, que no existe en el idioma inglés. Y como es obvio, no es lo mismo ser que estar. Porque en la vida de las organizaciones políticas no es para nada suficiente con “ser”, con simplemente existir. La clave, por el contrario, consiste en “estar”. Por eso, parafraseando al dramaturgo británico, podríamos decir: “Estar o no estar, esa es la cuestión”. Así, una formación política que “es” pero no “está”, no sirve realmente para nada. Y no se trata tampoco de estar de cualquier manera, sino que conviene tener claro dónde hay que estar, con quién se está y para qué se está. Uno puede estar, por ejemplo, en internet, en la nube o “en las nubes”, o en los lugares físicos donde la gente vive, trabaja, estudia, disfruta o pena. Uno puede estar acompañado de la élite, de la gente pudiente, de la clase política o con la ciudadanía corriente, lo que suelo llamar el personal sufridor, las grandes mayorías trabajadoras de todas clases. También es importante saber para qué se está y cómo se está. Porque no es lo mismo estar, verbigracia, para convencer de que hay que bajar los impuestos y privatizar los servicios públicos que, por el contrario, persuadir de que lo mejor para la mayoría es contar con un potente sistema fiscal capaz de garantizar la calidad de esos servicios de todos. Igualmente, el cómo se está tiene su misterio. Pues no es lo mismo estar con la gente sólo cuando hay elecciones para pedirles su voto que estar inmerso, de forma orgánica, en la vida, las preocupaciones y anhelos de esas grandes mayorías.

II.- Ahora bien, de un tiempo a esta parte, sobre todo a partir de la generalización de los artefactos digitales y de la crisis de las formaciones políticas clásicas, hay quien considera que el “estar” se refiere, única o principalmente, a internet o a los medios de comunicación, y sólo de vez en cuando al contacto real con la gente. Craso error, amigo Watson. En efecto, hay que estar lo máximo que se pueda en internet o los medios, pero eso no es suficiente, sobre todo para los partidos progresistas o de izquierda. En primer lugar, porque todavía existe una población ingente, en unos países más que en otros, que no se orienta ni a través de internet ni a través de los medios, y suele estar formada por los menos favorecidos de la fortuna; en segundo lugar, porque esos instrumentos, ya sea directa o indirectamente, están en su gran mayoría en manos de las derechas y, en tercer lugar, porque el compromiso, la conciencia y el voto siguen siendo, por lo menos de momento, “analógicos”.

En un reciente libro del senador norteamericano Bernie Sanders sobre su experiencia en campañas electorales, explica cuestiones que son interesantes. Empieza por señalar algo que aquí en Europa conocemos desde hace algunos siglos, y es que los cambios reales siempre se producen de abajo a arriba y no al revés. Pero quizá lo más pedagógico es cuando cuenta que, al dirigirse a los lugares donde habita la gente, descubrieron que había millones de personas que vivían en comunidades que nunca habían sido visitadas por algún candidato al Senado o al Congreso. Y comprendieron que no era suficiente con ir a esos lugares en periodo electoral, soltarles un rollo y largarse a toda prisa. Que era esencial establecer un contacto permanente, auscultar sus necesidades y anhelos y convencerlos de que organizarse y votar sirve para sus vidas.

III.- Sin embargo, para poder desplegar una formación política capaz de desarrollar una labor pegada a las amplias mayorías y sus necesidades, es conveniente cumplir con algunos requisitos o condiciones organizativas, que están contrastados por la experiencia: los que podríamos llamar de “capilaridad” y de “cuadriculación”. Si, pongamos por caso, en España hay 8.132 municipios, de los que 5.000 cuentan con menos de 1.000 habitantes, hay que procurar llegar a la mayoría de ellos y contar con afiliados, simpatizantes o militantes con los que establecer una relación permanente de auscultación, información e iniciativas. Las izquierdas no pueden permitirse el lujo de ser sólo partidos de “cuadros” y/o de cargos públicos. Por el contrario, tienen que tender a ser partidos de ciudadanos y ciudadanas conscientes, incrustados en los movimientos sociales y en las realidades en las que vive y trabaja la gente. En el caso de las grandes aglomeraciones —ciudades— no es suficiente la capilaridad, sino que también es precisa la “cuadriculación”, sobre todo en los periodos electorales. Esto quiere decir que los espacios donde vive el personal deben ser “cuadriculados” y tender a que las diferentes “cuadrículas” sean lo más reducidas posible, de tal suerte que los voluntarios, afiliados, simpatizantes, etc., puedan encargarse de una determinada retícula o casilla, y establecer una relación fluida con las personas que en ella viven. Así, por ejemplo, hizo Obama en las primeras elecciones a la presidencia, con miles de voluntarios que cuadricularon un país muchísimo mayor que España, y conectaron directamente con millones de ciudadanos.

IV.- Mi impresión es que, en la actualidad, las agrupaciones o sedes de los partidos, sobre todo de las formaciones progresistas, languidecen y están, en general, envejecidas, con la impresión de que pintan poco en la marcha de los asuntos. Se confía, en exceso, en el momento de las campañas electorales y en los medios de comunicación o instrumentos digitales. La izquierda no puede trabajar, política y socialmente, igual que las derechas, que cuentan con muchos más medios de todo tipo y, en estos tiempos, lanzan mensajes simples del tipo “bajar impuestos”, “España se rompe”, “los emigrantes nos invaden”, “libertad o comunismo”, etc. Por el contrario, las izquierdas tienen que establecer un contacto asiduo y directo con las mayorías sociales que, sin duda, están más conformes con las medidas que adoptan o proponen si se explican con cercanía y la claridad de un lenguaje que se entienda. El pensamiento de ciertas derechas cabe en un “tuit”, del inglés “tweet”, literalmente piar; el de las izquierdas, generalmente no.

V.  En mi opinión, no es cierto que todo el mundo siga la actualidad política o social que afecta a sus vidas a través de los medios o de las redes sociales. Hay millones de personas que viven ajenas a esa inmediatez mediática, que su problema es cómo sobrevivir día a día y que podrían estar más interesadas en las medidas de un partido o gobierno de progreso. En recientes elecciones se ha podido comprobar que, en los barrios de rentas altas, se vota bastante más que en las circunscripciones donde vive la gente más pobre. Ello obedece, en mi opinión, a que los partidos de izquierda se han “desconectado” físicamente de los sectores menos favorecidos de la sociedad, aunque las medidas que proponen los beneficien más. La democracia se está convirtiendo en un asunto de clases medias hacia arriba, pero en España y otros países europeos hay muchos millones que no llegan a ser clases medias, sino más bien bajas o muy bajas. Zonas donde los mensajes simples y falsos de la ultraderecha populista pueden hacer estragos y, en ciertos casos, lo consiguen. Por eso creo que es importante que las formaciones progresistas tomen medidas organizativas, con el fin de llegar directamente a esos sectores, si se quieren recuperar los millones de apoyos que se han ido quedando por el camino. Pero, para lograrlo, hay que “estar”.

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Nicolás Sartorius es abogado, escritor y presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas.

I.- Durante muchos años, la mayor preocupación de los españoles y españolas fue el desempleo, y no nos faltaba razón. Las cifras de parados eran pavorosas, pues llegaron a alcanzar los cinco millones, alrededor del 25%, y, además, los contratos temporales rondaban el 30% del total. Dentro de estas lastimosas cifras, la suerte de las mujeres era todavía más lamentable, con más paro, contratos más breves e inciertos y salarios más bajos. Sin embargo, en estos últimos cinco años, a pesar de la pandemia, de las guerras y otras calamidades, la situación ha mejorado notablemente, incluso diría que se ha producido un cierto vuelco en el mercado de trabajo. El desempleo ha descendido a 2,7 millones, alrededor del 12%, los contratos temporales se han reducido a la mitad —14%—, el número de personas que trabajan ha ascendido a cerca de 21 millones —récord histórico—, y las mujeres han alcanzado la cifra de 10 millones, el 47% del total, la tasa de ocupación más alta de nuestra historia. Ya sé que todavía hay aspectos bastante mejorables, pues aún contamos con un desempleo superior al europeo, y una parte excesiva de este empleo corresponde a sectores que no se caracterizan por su alto valor añadido, aunque este déficit también está mejorando lentamente.

II.- Yo, por ejemplo, me alegro mucho de que en esta cuestión tan esencial para nuestras vidas, España vaya mejor que antes. No obstante, observo perplejo que las derechas, en vez de alegrarse, como hace cualquier buen español, están cada vez más furibundas, a veces hasta rabiosas y dicen sandeces como que las cifras de empleo están “dopadas”, como si crear un puesto de trabajo fuese como darse un chute. Eso sí, al mismo tiempo, los presidentes de las autonomías del PP se vanaglorian de los excelentes datos de empleo de sus respectivas comunidades, como si no pertenecieran a un país llamado España. Y sin solución de continuidad truenan contra el “comunismo” que nos invade y que está a punto de “romper España”. No sé si se dan cuenta de que es lo mismo que se decía en 1936, con el fin de justificar el golpe de Estado del 18 de julio de aquel infausto año. La diferencia es que hoy resulta grotesco y patético, pero no menos tóxico.

II.- Cosa parecida ha ocurrido con el dramático asunto del terrorismo de ETA. También durante años ha sido tema de intensa preocupación en el ánimo de la ciudadanía. Ha costado sangre, sudor y lágrimas vencer a la violencia etarra, pero, al final, la democracia española y sus aliados, bajo un gobierno socialista, la derrotaron y hace más de diez años que ETA ya no existe. Una de las mayores alegrías que uno tuvo en su vida política, hasta el punto de que llegué a pensar —quizá ingenuamente— que cuando venciéramos al paro y al terrorismo “España sería un paraíso”. Pues no, para sectores de las derechas y “despistados” de siempre ETA sigue ahí, viva y coleando, por lo visto mutada en Bildu y, en consecuencia, tanto esfuerzo y sacrificio no han servido para nada. En vez de alegrarse de que eso que algunos han llamado “izquierda abertzale” rechace la violencia y participe, con normalidad, en las instituciones democráticas, se irritan y enervan ante esa perspectiva. Cuando lo sano sería congratularse, aunque no sea necesario para ello ni perdonar ni olvidar, pero sí hacer política para que España avance y mejore.

III.- Me temo que está sucediendo lo mismo con el tema de Cataluña. Hace pocos años —2017— la situación en esa comunidad era calamitosa y peligrosa, con violencia callejera, enfrentamiento social e intentos secesionistas. Hay que ser muy falsario para no reconocer que la situación actual es mucho mejor y, no obstante, las derechas no valoran lo conseguido, sino que truenan con el “España se rompe”, e incluso alguno llama a la “rebelión”. Se afirma, sin base ni fundamento, que se está favoreciendo a los  “nacionalismos” catalán y vasco en demérito de otras autonomías, violando así el principio de igualdad, en un ejercicio sistemático de falseamiento de la realidad. Por ejemplo, que yo sepa, tanto el traspaso de los cercanías —Rodalies— como la quita del 20% de la deuda con el Estado no son exclusivos para Cataluña, sino que están abiertos a quien las solicite y las negocie. Lo mismo se puede decir de las “terribles” concesiones hechas a Junts con el fin de que se hayan podido aprobar las sustanciosas mejoras sociales de los últimos decretos-leyes. No veo en qué perjudica el que se reduzca o elimine el IVA en el aceite de oliva, o que se deje en manos de las comunidades el completar, a su voluntad, el 30% que aporta el Estado en el pago del transporte. En el tema más delicado de la inmigración conviene precisar y no confundir al personal sufridor. Como debería ser conocido, la emigración e inmigración son competencia exclusiva del Estado —ex. Art. 149,2 ª CE—. Sin embargo, el art.150.2 permite la transferencia o delegación a las autonomías mediante ley orgánica. En este caso parece que se trata de una delegación en la que, en todo caso, la ley establecerá las “formas de control que se reserve el Estado”. Además, para el caso de que dicha delegación se extendiera a otras comunidades, el mismo artículo prevé leyes de armonización.

Por otra parte, en estos años, la Comunidad de Madrid ha atraído el mayor volumen de inversiones y ha acrecentado su ya copiosa oferta cultural con la nueva Galería de las Colecciones Reales; al Principado de Asturias ha llegado, al fin, el AVE, que todavía espera el País Vasco; en el puerto de Valencia se ha realizado una gran inversión con el fin de ampliarlo y convertirlo en uno de los más grandes del Mediterráneo; Sevilla ubicará la Agencia Espacial Española y A Coruña la de Supervisión de la Inteligencia Artificial, en la línea de descentralizar las instituciones del Estado. Y nadie ha clamado, ante estas medidas positivas, que se esté violando el principio de igualdad o favoreciendo a unas determinadas CC.AA. No observo, pues, esa desigualdad que se denuncia, con el fin de enfrentar territorios. Sin embargo, es obvio que existe la desigualdad, pero de otra naturaleza, como la que existe entre la mayoría menesterosa y los cada vez más ricos, entre hombres y mujeres, etc. Desigualdades que se acentúan con las políticas de las derechas de bajar impuestos y deteriorar los servicios públicos, como ya sucede en algunas comunidades autónomas.

En todo caso, lo que resulta abracadabrante es que, después de lo que ha costado que ciertas fuerzas nacionalistas acepten, de hecho, la legalidad constitucional, ahora se las amenace con ponerlas fuera de la ley. Menos mal que las posibilidades de que tal desaguisado salga adelante son remotas, pero, en cualquier caso, “oído y ojo al parche”. Otra cuestión es cometer la ingenuidad de pensar que Junts u otros van a velar por el interés general de España, o que el Gobierno pueda seguir planteando plenos como el de los decretos leyes, pues convendría afinar la manera de trabajar los “negocios”. 

IV.- Es evidente que hay asuntos que no están funcionando y que requieren de medidas enérgicas. Me refiero a tres sobre los que vengo insistiendo y que no son, desde luego, sobre los que vienen machacando la derecha y sus abundantes “terminales mediáticas”. El primero es el de la pobreza infantil, escandalosa en este país y en esta época. Quizá se podría paliar con algún tipo de medida específica —renta/ayuda— finalista, en base a acotar el colectivo afectado y la naturaleza de las carencias, así como sus posibles remedios. La segunda hace referencia a la situación de los jóvenes, que no encuentran empleo conforme a sus conocimientos, con salarios escasos y que, en muchas ocasiones, tienen que emigrar, con la triste pérdida de capital humano que ello comporta. Un tema ligado al anterior es el del inalcanzable precio de la vivienda en alquiler, un asunto en el que la democracia española está fallando. Un derecho por naturaleza fundamental se ha dejado en manos, casi en exclusiva, del puro mercado. Es como si la salud o la educación las hubiésemos abandonado al mero negocio mercantil, como algunos pretenden. La creación de un abundante parque público de viviendas de protección oficial —no vendibles ni pignorables— es una tarea prioritaria que, sin duda, llevará años. Y, en tercer lugar, tenemos un nivel de sueldos y salarios españoles que es inferior al de los países avanzados de Europa. Aquí conviene, de entrada, hacer dos matizaciones. La primera es que no es riguroso comparar rentas salariales sin equiparar, también, el nivel de precios. Cuando hacemos las dos cosas, podemos observar que la brecha se reduce, aunque no desaparece. La segunda es que el nivel de salarios depende, en gran medida, de la calidad del sistema productivo, del nivel de productividad, del valor añadido en los diferentes sectores, de las inversiones en I+D+i, de la formación, etc. Es complicado contar con salarios altos cuando una parte sustancial de la población trabaja en sectores con bajos niveles de productividad o escasas habilidades digitales. Y este es un serio problema que no depende, solamente, de la política económica de los gobiernos, sino de hacía dónde fluyen las inversiones productivas que realiza, sobre todo, el capital privado. 

V.- Tengo la impresión de que estas —y otras parecidas— son las que más deberían importar, y no donde las derechas han situado el grueso del ataque. Una embestida que aparece como muy “nacionalismo español”, excluyente, enfrentado a otros “nacionalismos”, tan sectarios como el primero, pero muy poco patrióticos. Porque el patriotismo del que hablaba Cervantes, los liberales de Cádiz o el constitucional de Habermas, nunca es excluyente o sectario. Es, por el contrario, un patriotismo que se congratula cuando las cosas van bien, gobierne quien gobierne, que se alegra cuando la situación mejora en otros países. Sobre todo ahora, con la globalización, cuando si hay un estropicio en cualquier parte del mundo seguro que nos acabará cayendo un ladrillo o guijarro en nuestras cabezas.

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Nicolás Sartorius es abogado, escritor y presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas.

I.- El nivel de enfrentamiento, de momento verbal, en el que está deslizándose nuestro debate político, empieza a ser peligroso. Recalco lo de “verbal” porque en la vida diaria de la sociedad española no observo, salvo excepciones, tal grado de crispación o espasmo. Insisto en que no siempre ha sido así, aunque cada vez que ha gobernado la izquierda se han producido fenómenos de deslegitimación del poder político. Aquel lejano “váyase, señor González” suena hoy a amabilidad versallesca. En mi larga experiencia, en diferentes etapas, en la vida pública, no recuerdo que se acusara a un gobierno democrático de violador sistemático del Estado de derecho, de golpista, de dictatorial, de traidor a la patria y, además, mentar a la madre del presidente y afirmar que adolece de desequilibrio mental. Y todo lo anterior dicho no por alguien ebrio de vino en la barra de un bar, sino por exponentes de cargos institucionales o responsables políticos que aparecen en los medios y pueden influir en el pueblo soberano.

II.- Ahora bien, ¿cuáles pueden ser las causas de este desenfreno o descarrío en la ofensa, el agravio o la descalificación? En mi opinión, unas son más estructurales o generales y otras quizá más coyunturales y propiamente hispanas. Entre las primeras situaría el crecimiento y desarrollo de la ultraderecha en el mundo en general y en la Unión Europea en particular. Una derecha radical, en su forma fascista, que fue derrotada en la II ª Guerra Mundial, estuvo amagada o soterrada durante treinta años hasta que empezó a levantar cabeza a partir de la contrarrevolución “liberal” de los años 80 del pasado siglo, liderada por Thatcher, Reagan y acólitos. Conviene, de vez en cuando, recordar que la ultraderecha suele ser hija del ultraliberalismo, en especial en la actual fase global o mundial del sistema capitalista. Los excesos en privatizar a troche y moche, desregular, desfiscalizar, desnacionalizar, desindustrializar y deslocalizar sólo han conducido a que una parte menor de la sociedad se forre y que la mayoría quede cada vez más desprotegida, es decir, que aumente la desigualdad y, ahí donde existe, a debilitar el Estado de bienestar. Una mundialización dirigida, en esencia, por las grandes corporaciones financieras, tecnológicas y mediáticas, ayunas de controles democráticos y de reglas a nivel eficiente. Lo cual, por paradójico que parezca, produce efectos perversos en forma de nacional populismos excluyentes del tipo “America first” de Trump que recuerda al alemán “Deutschland über Alles” de antaño. Esta coyunda entre ultraliberalismo económico y nacionalismo político tiene como fruto podrido, entre otros, la xenofobia antiemigración de tan nefastos resultados. Si comparamos los idearios de partidos ultras, por ejemplo en la Unión Europea, podremos observar ciertas constantes: desde luego bajar impuestos, euroescepticismo, negacionismos varios —cambio climático, violencia de género etc.—, aversión al movimiento LGTBI y al feminismo, repulsa del sindicalismo de clase, versión de una libertad negativa sin asomo de igualdad y rechazo de la emigración, aparte de una falsa exaltación del patriotismo. En una palabra, un cóctel explosivo que, por desgracia, atrae a amplios sectores de la población que se sienten desprotegidos, amenazados e inestables ante un incierto futuro. Todos ellos fenómenos tóxicos que también anidan en nuestros lares.

III.- En su aspecto, esperemos, más coyuntural o hispano, el fenómeno tiene sus particularidades. El primero hace referencia a la evolución de la derecha española. En el llamado periodo de la Transición, que prefiero denominar de conquista de la democracia, el centro-derecha, agrupado en la Unión del Centro Democrático (UCD), contenía elementos ideológicos y programáticos que, de alguna manera, habían confrontado o disentido con la dictadura, junto con otros que procedían del régimen dictatorial. En la UCD recalaron la mayoría de los actores que habían participado en lo que el franquismo y sus voceros mediáticos llamaron, despectivamente, “el contubernio de Munich”, y que fueron reprimidos con destierros y exilios. Entre ellos se encontraban personalidades cristianodemócratas, monárquicos liberales, socialdemócratas, nacionalistas catalanes y vascos, que ocuparían cargos relevantes recobradas las libertades. Esto explica, en buena medida, el que se pudiera llegar, con la izquierda, a los consensos de 1977/78, a la amnistía, a los Pactos de la Moncloa y a la estupenda Constitución que tenemos. No hay que olvidar que, en las primeras elecciones democráticas de 1977, la UCD, junto con la alianza Popular que lideraba Fraga y los “siete magníficos” ministros de Franco, obtuvieron la mayoría absoluta de escaños. Sin embargo, la Constitución de 1978 fue, esencialmente, un pacto entre el centro derecha –UCD— y la izquierda —PSOE, con apoyo del PCE—. Porque, a veces, conviene refrescar la memoria y constatar que Alianza Popular se opuso a la legalización del PCE —creo que también lo calificó de “golpe de Estado”—, no votó a favor de la amnistía de 1977 —eje central de la reconciliación nacional—, no asumió el Título VIII de la Constitución —el sistema territorial de autonomías— y varios de aquellos “ magníficos” votaron en contra de la Carta Magna. Por eso, el gran mérito de la UCD de Suárez fue comprender que una Constitución de las derechas no valdría para todos, y optó por un consenso amplio que ha sido clave para el devenir de España y su democracia. Lástima que al final los sectores más a la derecha, política y económica, dinamitaron a la UCD y crearon, años después, el Partido Popular con Fraga Iribarne a la cabeza. El presidente Suárez intentó salvar los muebles con el CDS —Centro Democrático y Social— pero no tuvo éxito. 

IV.- Parece evidente que dentro del PP han coexistido diferentes tendencias, como suele suceder en grandes organizaciones. Una de ellas era la ultrarradical de derechas que, en un momento determinado, se desgaja o escinde y crea Vox. Un partido que se funda en 2013 con personas procedentes del PP y que adquiere un fuerte impulso a partir, sobre todo, del llamado procés catalán, pues antes no obtuvo ninguna representación. Un proceso secesionista, el catalán, que también estuvo en el impulso que adquirió Ciudadanos, fundado en Barcelona en 2006, pero que sólo alcanzó una mayoría inútil en la comunidad autónoma hasta 2017 y 57 diputados en las generales de 2019. Ejemplo único en la historia de una formación política que, en un cortísimo espacio de tiempo, ha pasado de obtener millones de votos hasta desaparecer. Lo que pudo haber sido y no fue, debido a una mezcla de todos los errores posibles sin mezcla de acierto alguno. Es más que probable que la mayoría de sus votos hayan emigrado al PP o hayan caído en la orfandad, en espera de tiempos mejores. De esta manera, la política española ha quedado delineada por dos grandes espacios con posibilidades de gobierno. De un lado PSOE y Sumar, donde se han integrado los restos del naufragio de Podemos, y de otro el PP y Vox. El primero necesita, de momento, el concurso de diversas fuerzas nacionalistas, de distintas tendencias ideológicas, pero con el denominador común del rechazo a cualquier colaboración con la ultraderecha. Los segundos, por lo tanto, se encuentran, en la actualidad, bloqueados a nivel nacional por cuanto mientras VOX sea necesario para gobernar ninguna otra fuerza política aceptará entrar en la ecuación.

V.- Y este es el dilema de la derecha española y, en gran parte, la razón del griterío espasmódico del debate político actual. O inclinarse cada vez más hacia la derecha con el fin de “tragarse” a VOX y acercarse, o alcanzar la mayoría absoluta o girar hacia el centro, apartándose del discurso de derecha radical, salir del búnker y ser capaz de acordar con partidos nacionalistas de centro derecha o de derecha. Creo que, de momento, la decisión está tomada. La derecha española, fiel a su tradición más inveterada, ha decidido aliarse con los ultrarradicales para gobernar en las autonomías, ayuntamientos y, si fuera posible, a nivel nacional. Y mientras se mantenga en la oposición intentar, por todos los medios, irle quitando votos a VOX adoptando buena parte de sus políticas, lenguaje y descalificación sistemática del gobierno vigente. Esta es la razón, en mi opinión, del fuerte giro hacia la derecha del PP y, en consecuencia, de la crispación actual. Una política que tiene sus riesgos, como todas, pero que en este caso los riesgos se están transformado en daños para las instituciones, para la cultura democrática del país y para su propia unidad. El escándalo de la renovación del CGPJ; la deslegitimación del sistema político —dictadura, violador de la separación de poderes, España se rompe etc.—; la demonización de fuerzas políticas parlamentarias; las falsas denuncias como si España no fuera una democracia plena, pueden producir estropicios de costosa reparación. Además, no está escrito que la derechización del PP vaya a quitarle los suficientes votos a VOX para permitirles gobernar sin su apoyo, y tampoco está claro que, al final del recorrido, el partido que resulte sea capaz de establecer acuerdos con fuerzas nacionalistas más templadas. Por la razón de que una de las claves de la aproximación a la ultraderecha es, precisamente, un radical nacionalismo español incompatible con una visión más plural de España. En fin, no soy nadie para dar consejos y menos a la derecha, pero sería de gran alivio que, dada su “querencia” por la Transición, la Constitución, etc., se aproximara algo al espíritu y las formas de aquella época. Quizá las izquierdas podrían ayudar en esta tarea, por supuesto no entrando al trapo, pero también echando una mano, de vez en cuando, a ese centro que me temo se está quedando bastante huérfano.

I.- Creo que fue Sigmund Freud quien sostuvo que son, esencialmente, dos los principios que rigen el funcionamiento de la mente: el del placer y el de la realidad. En estos convulsos tiempos en que nos ha tocado vivir hay personas que pretenden guiarse o regirse siempre por el primero y olvidarse o apartar, por sistema, el segundo. Ejercicio mental que, sobre todo en política o gobierno de la cosa pública, suele conducir a peligrosas ilusiones y seguros descalabros. No seré yo quien niegue la bondad de pretender situaciones de placer en tantos aspectos de la vida privada, pero cuando el asunto o “negocio” incide en el regimiento de las sociedades conviene tener muy en cuenta las condiciones externas sin lo cual naufraga el principio de realidad, tan necesario para no terminar hundidos. Una reflexión que me ha suscitado el actual debate sobre las famosas investiduras, que comenzó por aquella del candidato convencido de que había ganado las elecciones —principio del placer— y acabó constatando que las había perdido, dadas las “condiciones externas” —principio de realidad—. Ahora estamos en la segunda sesión, con esos aspectos o contenidos que tan interesadamente se están confundiendo, mezclando o tergiversando, esto es, la posible amnistía y la imposible autodeterminación. Sobre el primer asunto ya he opinado en televisión, radio y diarios y, de momento, no se me ocurre añadir nada nuevo. Cuando se sepa algo más concreto quizá tenga ocasión de volver sobre el tema. Lo que sí me gustaría es que quedase constancia de que el primero —la amnistía— no tiene nada que ver con el segundo —la autodeterminación—. Pretender confundirlos, relacionarlos o considerar que el primero lleva al segundo es una forma de engañar al personal sufridor o, simplemente, mentir cual bellacos.

II.- Me referiré, pues, a la autodeterminación, que también se enarbola cual espantajo desde las filas secesionistas. ¿Qué se quiere decir cuando se reclama el “derecho” de autodeterminación o su eufemístico derecho a decidir? Se supone que se refiere a la facultad que, en nuestro caso, tendría la sociedad catalana de separarse de España o, mejor dicho, del Estado español, mediante un referendo, y formar un nuevo Estado independiente. Es decir, que una parte de España sería soberana —ya antes de votar— para decidir si desea seguir formando parte de la nación común o separarse de ella. En mi modesta opinión, esta pretensión es radicalmente contraria a la Constitución vigente, pues, como establece el art. 1.2, “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. La soberanía, pues, reside en el conjunto del pueblo español, y no en cada una de sus partes. Idea que viene reforzada, si cabe, en el art. 2, que habla de la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Está, por lo tanto, fuera de discusión esa cuestión y ningún partido, ni gobierno, del color que sea, tiene en su mano la potestad de aceptar tal pretensión sin cambiar la entera Constitución por los mecanismos en ella establecidos. Resulta, en consecuencia, un ejercicio de manipulación especular sobre la factibilidad o verosimilitud de que un partido o gobierno negociase sobre esa materia. Aparte de que, como ya he sostenido desde hace años, en las condiciones de la globalización y de la Unión Europea, dicha pretensión es profundamente reaccionaria, insolidaria y divisiva. Otra cosa bien distinta es la posibilidad de reformar el Estatuto de Cataluña que, por cierto, en su completa versión actual no ha sido refrendado por la ciudadanía de esa comunidad autónoma. En el supuesto de acordarse su modificación y mejora debería ser sometido, al final de su tramitación, al referendo de los catalanes.

III.- Por otra parte, cuando algunos partidos nacionalistas proponen un referendo o consulta con la opción de separarse de España, ¿qué están planteando en realidad? Me da la impresión de que siguen anclados en una concepción del Estado español que ya no existe. Por la sencilla razón de que nuestro Estado-nación ya no es el del siglo XIX o el XX. Pues desde hace cerca de cuarenta años pertenecemos a lo que hoy se llama Unión Europea, en la que compartimos, junto a otros Estados, elementos muy decisivos de la soberanía, como por ejemplo la moneda, etc. Hasta tal punto que hoy en día una parte sustancial de las decisiones —y políticas— que nos afectan se deciden, conjuntamente, en la UE. Y conviene no olvidar que la legislación europea forma parte del derecho interno español, y estamos obligados a cumplirla. Todo esto quiere decir que si una parte de un Estado europeo se separase de dicho Estado, quedaría automáticamente fuera de la Unión, con todas sus consecuencias. Pensar que si rompiese, unilateralmente, con un Estado miembro, los demás lo iban a reconocer y acoger en su seno es una ilusión, espejismo, fantasía, trampa o puro engaño de naturaleza francamente autodestructiva. En este sentido conviene, igualmente, conocer que el art. 4.2 del Tratado de la Unión señala que: “La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras políticas y constitucionales de estos, también en lo referente a la autonomía local y regional. Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial”. Supongo que la mayoría de los ciudadanos que votan a los partidos nacionalistas no desean quedarse fuera de la Unión Europea. Sin embargo, tengo la impresión de que no se les dice la verdad, que están inmersos en una manipulación o autoengaño abrumador, pues a pesar de la evidencia de lo que queda dicho y de la propia experiencia de lo sucedido en 2017, siguen pensando que esto de separarse de un Estado de la Unión es tarea factible, sin mayores consecuencias. Convendría que alguien con honestidad y valor político les dijera que si su interés y voluntad es permanecer en la Unión Europea, deben pertenecer a un “Euroestado” que, en este caso, se llama España, pues lo demás son milongas o peligrosas ensoñaciones. Y ello no es obstáculo para que en sus programas máximos o principios puedan seguir manteniendo la independencia. En cualquier caso, sería mucho más productivo que, guiados por el principio de realidad, pugnaran por mejorar su participación en los asuntos europeos, en especial en los que afectan a sus competencias.

IV.- Volviendo un momento a Freud, es como si algunos quisieran vivir siempre y únicamente bajo el principio del placer, y sería una labor caritativa convencerlos de que no es nada placentero vivir fuera de la Unión Europea, lugar del mundo en el que, a pesar de todo, mejor se vive del ancho mundo, si se conoce algo de lo que existe por ahí fuera. Al tiempo que merece la pena el esfuerzo de persuadirlos de que es muy sano, en general, someterse a la égida del principio de realidad, pues la realidad real no engaña y es mejorable con paciencia, dedicación y siempre que seamos capaces de afinar el discernimiento. 

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Nicolás Sartorius es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas.

I.- Recién concluidas las elecciones generales del 23-J, unas derechas, más o menos noqueadas, se han lanzado a unas confusas grandes maniobras de distracción por tierra, mar, aire y subsuelo. En la operación cuentan con los calificados “jarrones” y “jarroncitos” chinos, procedentes de una izquierda que, por razones que se me escapan, le hacen el juego a una derecha radical. La primera fase de la maniobra consiste en seguir insistiendo en que debe de gobernar el partido más votado, en este caso suponen que el Partido Popular. Un argumento cansino y mendaz que contiene una considerable dosis de cinismo y no menor de ignorancia.

Es igual que se demuestre una y otra vez que los defensores de tan pedestre tesis la han violentado por sistema, en el pasado –Ayuntamiento y Comunidad de Madrid– o en el presente en múltiples consistorios y comunidades autónomas –Extremadura, Canarias, etc.–. También les trae al fresco que en numerosos países europeos tal argumento sea desmentido en considerables ocasiones, en estos momentos en Suecia, Bélgica, Irlanda o Luxemburgo. La anomalía no es, como afirman los voceros de la derecha, que no gobierne el partido más votado, sino su supina ignorancia o mala fe al no asumir que en un sistema parlamentario como el nuestro quien gana de verdad es el que es capaz de alcanzar una mayoría, absoluta o simple, en el Congreso de los Diputados. Estos grandes defensores de la Constitución están intentado, con su tesis, mutar un modelo parlamentario en uno pseudo presidencialista.

Por eso es falso que el PP haya ganado las elecciones, origen de toda la confusión que están creando con la aviesa idea de que la opinión pública acabe pensando que si no es elegido presidente el candidato del PP es porque le han hurtado las elecciones. Espero que esta falsedad quede desvelada cuando el candidato Núñez Feijoo se presente a la investidura, si tiene bien a hacerlo, y compruebe que está más solo que la una, con la única compañía del apestado Vox. Sería deseable que, por lo menos, en ese momento la derecha y sus corifeos reconocieran que no han ganado las elecciones, sino que las han perdido.

II.- Porque la realidad real es que quien ha ganado las elecciones, en términos político parlamentarios, ha sido el Gobierno de la nación, es decir el compuesto por PSOE/Sumar, que ha obtenido 152 diputados y el único con posibilidades de que su candidato, Pedro Sánchez, obtenga la mayoría requerida para ser investido presidente del Gobierno. Aunque dicha posibilidad se ha complicado con el resultado del voto de los residentes en el extranjero. Lo demás son zarandajas y marrullerías de malos perdedores. Esto que digo es válido, por supuesto, en el caso de que el tándem PSOE/Sumar logre armar una mayoría, pues de lo contrario todos habremos perdido las elecciones y no habrá más remedio que repetirlas. Es de desear vivamente que esto último no suceda, pero a veces las pasiones de los humanos juegan malas pasadas y les hacen perderse.

Es cierto que para alcanzar la ansiada investidura del candidato socialista es necesario, entre otros, del concurso del nacionalismo catalán –Esquerra y Junts–, lo que ha desatado todos los rayos y truenos del firmamento y del averno: “Se hunde la nación”; “se gobernará desde Waterloo”, etc. Se omite, eso sí, que, durante décadas, tanto el PP como el PSOE se apoyaron en Convergencia –Junts es su heredero– para hacer mayorías y no se hundió nada, ni España se desintegró. Por lo visto, el señor Pujol y compañía no eran independentistas. Se oculta, igualmente, que fue durante una administración del PP –señor Aznar– cuando se transfirió el 50% del IRPF a las CCAA y se eliminó el servicio militar obligatorio a “solicitud” de Convergencia, o se aproximaron a prisiones cercanas al País Vasco al mayor número de presos de ETA. Se olvida que la única vez que la unidad de la nación española estuvo en riesgo fue con un gobierno del PP, cuando el famoso “procés”, de triste memoria.

Todo el mundo debería ser consciente de que el Gobierno, en cualquier negociación, tiene líneas que son infranqueables, pues no está en sus manos franquear, como es todo lo que suponga violentar la Constitución. Por ejemplo, no es posible otorgar una amnistía o aceptar el derecho de autodeterminación, que por otra parte es profundamente reaccionario en nuestras condiciones. Pero sí es posible otorgar indultos como ya se ha hecho con razón o someter a la voluntad de los catalanes las reformas que se acuerden en la mejora de su autogobierno. Hay que recordar que Cataluña es la única comunidad que tiene un Estatuto que no ha sido sancionado por la ciudadanía de dicha autonomía. Además de que hay mucho margen de mejora, para Cataluña y el resto de España, en financiación, en infraestructuras, en inversiones. Que Cataluña mejore y le vaya bien está en el interés del conjunto de España, como parte esencialísima de la misma.

Por eso confío en que se pueda llegar a un acuerdo que evite unas nuevas elecciones. Una repetición electoral no creo que beneficie a nadie, y menos a los partidos nacionalistas catalanes. A la postre y apareciendo como los culpables de la repetición electoral, podrían sufrir un descalabro y en ningún caso mejoraría su situación actual. Jugar a la tentación de “cuanto peor, mejor”, aunque siempre es bastante inmoral, puede otorgar algún beneficio si el cuanto peor es para los otros y el mejor se lo queda uno mismo, pero si es al revés como en este caso, significa la mayor estupidez del mundo. Nunca es descartable que se imponga la cretinez, qué le vamos a hacer.

III.- La segunda derivada de las “grandes maniobras”, para el caso de que no salga la primera, es la milonga de alguna versión de la “gran coalición”, siempre y cuando la encabece la derecha. No hace falta insistir en que es una trampa harto ingenua y, en general, bastante peligrosa. Ingenua porque es anular al otro partido, en este caso, el PSOE, y rompería al conjunto de la izquierda y no resolvería el problema de la gobernabilidad. La idea de que se podrían alcanzar cuatro o cinco grandes pactos de Estado entre PP y PSOE, vistas las posiciones y los pactos actuales de la derecha, es de aurora boreal. Además, se dejaría todo el ancho campo de la oposición y el descontento a las fuerzas más extremistas, en especial las más ultras.

Por el contrario, la cuestión que convendría resolver se sitúa en el campo de las derechas, tanto españolas como catalanas. Si el PP desea alcanzar el Gobierno, no debería de ir del brazo de Vox, pues ello le impide cualquier otro tipo de alianzas, como estamos viendo. Ante esta complicada disyuntiva, la derecha española tiene dos caminos principales: o irse más a la derecha todavía –versión Ayuso– e intentar tragarse a VOX, lo que le conduciría a perder asistencias por el centro o, por el contrario, transformarse en un auténtico centro-derecha europeo, apartarse totalmente de Vox y ser capaz, como antaño, de llegar a acuerdos con los nacionalismos moderados. Una disyuntiva de cuyo resultado dependerá el futuro de la derecha española y, en parte, de nuestra democracia.

Por parte de la derecha catalana de Junts, la disyuntiva no es menos peliaguda. O seguir en el “monte” con el radicalismo secesionista del “procés”, con el que ni se gobierna en Cataluña ni se influye en España –que es la situación actual–, o aplicar el principio de realidad y regresar de alguna manera a la tradicional política de Convergencia, en la que se solía gobernar en Cataluña y se influía en España. Mantenerse en el radicalismo actual y en el bloqueo de la política española tiene graves riesgos, pues de prolongarse podrían abrir camino a las tentaciones de modificaciones que acabasen perjudicando seriamente a unos y otros.

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Nicolás Sartorius es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas. Su último libro se titula ‘La Nueva Anormalidad: Por una Normalidad Nueva’. (Espasa).

I.- Lo real ya no es lo que era, ni lo que es. Todo se puede transformar en su contrario, es cuestión de tener los medios para hacerlo. Me refiero, claro está, a la situación de España en estos momentos. Para un observador atento, que se atenga a su propia indagación, la realidad objetiva es bastante indiscutible. La economía española es la que mejor se encuentra entre las europeas, con un crecimiento sólido del 4,2% interanual y del 2,3% al final del año, tres veces mayor que la media continental. Acabamos de alcanzar el nivel del 2019, en tres años, con dos de una terrible pandemia cuando en la crisis del 2008/9, con la derecha, nos costó recuperarnos ocho años, después de duros sacrificios sociales y recortes en el Estado de bienestar. Se dice que nos ha costado más que a otros países, pero se oculta que nosotros perdimos mucha más riqueza por la sencilla razón de que dependemos más del turismo, que colapsó totalmente. 

La inflación ha ido descendiendo hasta el 1,9%, la más baja de la UE, y aunque los precios han aumentado, están descendiendo, incluidos los de los alimentos. Igual ha sucedido con los precios de la energía, gasolinas, etc., gracias a la “excepción ibérica”, que el Gobierno consiguió de la UE. De otra parte y gracias a los fondos europeos –140 mil millones, el volumen más alto después de Italia–, la economía española se está modernizando con el resultado de que son las exportaciones las que están tirando del crecimiento, junto con el turismo.

II.- En la anterior crisis, con la derecha, el desempleo llegó a cifras astronómicas del 27%, mientras que ahora, por medio de los ERTE, más de tres millones de trabajadores han visto protegidos sus empleos y han cobrado, del Estado, una parte sustancial de sus salarios. De otra parte, el paro ha descendido hasta el 12% y se sigue creando gran cantidad de empleo. Es evidente con toda evidencia que gracias a la reforma laboral los puestos de trabajo son de mayor calidad, y las cifras de contratos precarios ha descendido hasta el punto de que se sitúan por debajo de la media europea. La falacia de que los “fijos discontinuos” son en realidad parados es una más de las que usa cierta derecha. Siempre se han contabilizado como empleados, y más ahora en que los periodos entre contratos se tienen en cuenta a efectos de indemnización por despido y en la jubilación. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es un nuevo derecho social que alcanza a 560.809 hogares en los que viven 1.579.949 personas. Es sabido que lo percibido es cifra escasa –565,37 € al mes–, el procedimiento burocrático es lento y correoso, pero antes no existía tal derecho. Otra mejora evidente ha sido la del salario mínimo, que ha crecido un 47% en los últimos cinco años hasta 1.080 € en 14 pagas, es decir, 1.200€ al mes y afecta a unos 2,3 millones de trabajadores, en especial mujeres y jóvenes. Con la pensión ha sucedido otro tanto. Mientras en el pasado, con la derecha, aumentaba el 0,25%, este año ha subido el 8,5% y, a partir de ahora, se acompasa a la subida del IPC. Este aumento ha beneficiado a 9,07 millones de personas –4,6 hombres y 4,4 mujeres–. Es evidente que la pensión media –incluyendo viudedad, orfandad, etc.– es todavía escasa, pero ya hay un 20% de pensionistas que cobran alrededor de 2.000 € al mes. Hasta la llegada de este Gobierno, las 585.000 empleadas del hogar –420.000 dadas de alta– no tenían prácticamente derechos, eran “servidumbre”, mientras que ahora están equiparadas a las trabajadoras por cuenta ajena. Otra cuestión es que todavía haya desaprensiv@s que abusen de la economía sumergida y las mantengan ayunas de derechos. Los avances en medio ambiente –España está a la cabeza en energías renovables– o en igualdad de género son reconocidos, sobre todo fuera de España, pues aquí abundan, por desgracia, los “doñanagicidas” y “feminicidas”. 

III.- En cuestiones más directamente políticas los avances han sido considerables, con algunas sombras e insuficiencias. Hace pocos años, con el PP gobernando, teníamos a Cataluña en pie de secesión, una auténtica pesadilla. Hoy en Cataluña no se respira ese ambiente, el separatismo está en declive y la mayoría de las capitales y grandes ciudades están gobernadas por el PSC. Igual sucedió, en otro contexto muy diferente, con el País Vasco. ETA fue derrotada y se extinguió, a pesar de lo que diga la señora Ayuso, con un gobierno socialista, lo que no quiere decir que todo el mérito fuera suyo, pero la realidad es esa. Por mi parte, estuve de acuerdo y defendí, públicamente, los indultos a los líderes del “procés”; menos de acuerdo con la eliminación del delito de sedición, sin sustituirlo por algo similar, y nada de acuerdo con las rebajas en la malversación de caudales públicos. Creo, sinceramente, que desde hace muchos años España no está tan bien situada en la arena internacional, sobre todo en la UE, aunque no se ha explicado bien el giro en el tema del Sáhara, ni las ventajas que haya podido reportar.

IV.- Sin embargo, hay otra “realidad virtual”, construida pacientemente, desde hace tiempo, con alarde de medios. La operación consiste en borrar todo lo anterior por medio de un mantra que se llama el sanchismo, “suma de todos los males sin mezcla de bien alguno”, como decía el catecismo del P. Ripalda del infierno, desde el siglo XVII. Se le acusa de haber gobernado con el “comunismo”, el “terrorismo” y el “separatismo”, tres jinetes del apocalipsis, el cuarto se lo sacarán en esta campaña. La primera mentira es decir que ha gobernado con Bildu y Esquerra, cuando nunca han estado en el Gobierno. Lo que han hecho es apoyar en el Parlamento leyes sociales o económicas, que les han interesado, pues votaron en contra de una de las más importantes como fue la reforma laboral. Y se olvida que si este Gobierno no hubiese tenido apoyos parlamentarios se tendría que haber ido a unas terceras elecciones, pues el PP no quiso saber nada de que gobernase  “el más votado”. Sostener que el “comunismo” gobierna en España mueve a risa; el terrorismo etarra desapareció hace doce años y sólo anida en las mentes calenturientas de algunos o algunas “ultras”, que se han estancado en el pasado. El separatismo existió con fuerza durante el Gobierno del PP, cuando celebró dos referendos ilegales, proclamó –unos minutos– la independencia de Cataluña y, gracias al apoyo de la izquierda, se aplicó el art. 155 de la CE y se pudo frenar el desastre, no sin antes cometerse, por el Gobierno, varias chapuzas.

V.- A pesar de todo, la “realidad virtual” parece que se impone a la “realidad real”, aunque al final ya veremos cuál es más real. La “virtual” cuenta con muchos recursos económicos y, sobre todo, mediáticos. Para qué vamos a engañarnos, los grandes medios de comunicación –prensa, radio, TVE– están en manos de grandes compañías, nacionales e internacionales, que, salvo excepciones, que las hay, no le tienen mucho cariño a este Gobierno. El sistema aplicado es bastante viejo, se trata de dar cancha a los que al no tener argumentos serios para atacar las políticas que se hacen concentran la embestida sobre la persona, intentando crear un personaje “maldito”, capaz de todo con tal de gobernar, como si los demás fueran hermanitas de la caridad. Lo han hecho siempre, pero en este caso en grado superlativo, por aquello de que ha introducido un poco más de igualdad en el reparto de la riqueza y el Gobierno de coalición ha protegido como ninguno al personal sufridor.

Ahora bien, las dificultades de la izquierda no tienen su causa en que el asfalto esté muy escurridizo, sino que también están los errores y las insuficiencias. Entre los errores, la tardanza en corregir lo del sí es sí, la reducción de la malversación o el descuido en los temas identitarios, esa dificultad que tienen algunos en hablar de España y utilizan eufemismos como “este país”, el “Estado español”, etc. Es un error regalarle a la derecha los símbolos que son de todos, la bandera, el himno, el nombre y, no digamos, la Constitución, que la tuvimos que pelear y otros ni la votaron. Luego están las dificultades objetivas, como el precio de las hipotecas y los alimentos, sobre las que el Gobierno hace lo que puede, pues no está en su mano acabar con la guerra de Ucrania o modificar las decisiones de la señora Lagarde. Pero hay que ser conscientes de que cuando se tienen casi todos los medios en contra, no es suficiente gestionar bien los asuntos públicos, hay también que “hacer política”, es decir, explicar, hacer pedagogía directa, fajarse y, sobre todo, conectar con la gente. Y esta actitud no ha abundado en el Gobierno. Eso sí, hay una ventaja, y es que el adversario no solamente carece de programa conocido, salvo algunas vaguedades, sino que, además, últimamente parece un pollo sin cabeza, enzarzado en unos pactos donde cada “barón o “baronesa” hace lo que le da la gana, mientras el líder máximo intenta pasar desapercibido.

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Nicolás Sartorius es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas. Su último libro se titula ‘La Nueva Anormalidad: Por una Normalidad Nueva’. (Espasa).

I.- En un reciente seminario, organizado por la Asociación por una España Federal (AEF), celebrado en el Senado, tuve ocasión de reflexionar sobre las cuestiones que plantea el título de este artículo. En realidad, sobre el asunto esencial de la relación entre cohesión territorial y cohesión social. Creo que, para llegar a alguna conclusión, hay que partir del sentido del artículo 1 de la Constitución cuando define nuestro Estado “social y democrático de derecho”. Y social, en mi opinión, quiere decir Estado de bienestar, un auténtico salto civilizatorio respecto del Estado liberal de los siglos XIX y mitad del XX, cuando sólo existían —donde existían— libertades individuales, pero no derechos colectivos. En nuestro caso, ni lo uno ni lo otro hasta finales del XX. Actualmente somos, por lo tanto, las naciones que componemos la UE, democracias sociales que unimos ambos aspectos señalados, lo que se compadece con ese modelo social europeo, único en el mundo, que se construyó a partir de la Segunda Guerra Mundial, gracias al notable protagonismo de los movimientos sociales, en especial el sindical. Se trata, en realidad, de la identidad de nuestros estados y, en nuestro caso, de la democracia española. Por eso, adelanto que en mi concepción las agresiones al Estado de bienestar o social, en forma de recortes, privatizaciones, etc., son atentados a la democracia.

II.- Al mismo tiempo, también somos un Estado compuesto, con elementos federalistas, inacabado, pero con amplia descentralización. Hasta el punto de que el contenido social de dicho Estado —educación, sanidad, servicios sociales, etc.— y la financiación que les afecta, está transferido a las comunidades autónomas. Ahora bien, no conviene olvidar que, como señalan los artículos 14 y 139.1 de la Constitución española, se debe garantizar la igualdad de todos y todas, vivan donde vivan. Me temo que esto último no se respeta en nuestra experiencia, pues somos un país francamente desigual, territorial y personalmente, a pesar de algunas mejoras recientes. Una indeseable situación que un modelo más federal podría contribuir a corregir. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, en la República Federal de Alemania con ocasión de la unificación del país. Las diferencias de renta entre los lander del oeste y del este eran vastas o exageradas y, sin embargo, en el transcurso de unos años se fue produciendo una notable convergencia entre ellos. Me temo que no ha sido así en nuestro caso. Las diferencias de renta per cápita entre Comunidades Autónomas sigue siendo abultada, lo mismo que el gasto/inversión por persona en sanidad o educación, que se ha ampliado, después de cierto periodo de acercamiento. Las causas de este desequilibrio pueden ser varias: diferentes tejidos productivos; mayor o menor industrialización; insuficiente solidaridad interterritorial; ideología del gobierno de cada comunidad autónoma; pulsiones privatizadoras; tendencias “confederales” o bilaterales, etc.

III.- Una primera constatación a la que nos debería conducir esta realidad es a la de que la transferencia de los servicios esenciales a las comunidades autónomas no debería significar, en ningún caso, que el Estado —la “federación”— deba desentenderse de los asuntos sociales transferidos. No es ese, desde luego, ni el espíritu ni la letra de la Constitución española. Así, en la sanidad, el artículo 149.16 afirma que el Estado “tiene competencia sobre las bases y coordinación general” de la misma. Tarea difícil de cumplir si el ministerio de Sanidad se encontraba medio desmantelado cuando estalló el covid-19. En educación, el artículo 149.30 de la Constitución española habla de competencia “sobre normas básicas del desarrollo del artículo 27”. Por ello entiendo que, en los Estados de naturaleza federal, cada comunidad autónoma no puede hacer lo que quiera con los servicios sociales esenciales y el poder “federal” debe poder intervenir y corregir las tendencias indeseables. La identidad social de nuestra democracia debe estar garantizada para todas, todos y en todas partes. Que no quiere decir, para nada, regresar a posturas centralizadoras. Lo que significaría dar pasos hacia atrás inaceptables. De lo que se trata es de evitar que pudiera darse el caso de que un gobierno autonómico decidiera, por ejemplo, ir privatizando la sanidad o la educación, a través del expediente de deteriorar estos servicios públicos. En nuestro modelo, por el contrario, la descentralización es inseparable de la cohesión, pues ambas deben ir unidas, para ser fieles al sentido de la Constitución.

IV.- De ahí que un sistema más federal puede corregir mejor las tendencias que debilitan, ya sea la cohesión territorial o la cohesión social. El peligro para nuestra nación y Estado no viene sólo de los que quieren separarse de España, sino también de los “privatizadores”, de los que quieren “independizarse” del Estado social y democrático de derecho. Porque seamos claros, no hay Estado social sin solidaridad interterritorial y no lo hay, tampoco, sobre bases privadas.

V.- Desde su fundación, la AEF ha apostado por una España federal en una Europa federal. Conviene no olvidar que la Unión Europea es, también, el ámbito de realización de nuestra democracia. Por eso mismo sostengo, de cara al próximo futuro, que el Estado social necesita, para robustecerse e incluso mantenerse, que imbrique sus contenidos en el espacio europeo, lográndose así una Europa social y no solamente económica y monetaria. Porque, de alguna manera, ya somos “euroestados” o “euronaciones”, y estas quedarían deformes o incompletas sin una dimensión social complementaria. 

De otra parte, han transcurrido 45 años desde la aprobación de la Constitución, y muchas cosas han cambiado desde entonces: nuestra pertenencia a la UE; el despliegue de la globalización; la revolución digital; la aceleración del cambio climático; el impulso feminista; de nuevo la guerra en Europa. De otro lado, España ha logrado una profunda transformación, somos bastante más ricos que entonces, desde luego unos más que otros. El PIB de 1978/80 se situaba en 160 mil millones equivalentes de euros, y hoy estamos en 1,4 billones de euros; por su parte, la renta por cabeza era de 4.200€ y hoy ha subido a 27.000€; la misma población de España ha aumentado en un 26%, es decir, somos más, más ricos y más viejos. En cualquier caso, estaríamos en condiciones de enriquecer nuestro Estado de bienestar, lo hemos hecho en el pasado con las pensiones, la sanidad o el Ingreso Mínimo Vital, pero hoy afrontamos nuevos retos a los que tenemos que hacer frente —el medioambiente, la vivienda, la brecha digital— ampliando derechos.

VI.- Ante las elecciones autonómicas y municipales de este domingo, 28 de mayo, es buen momento para llamar la atención sobre la necesidad de fortalecer en competencias y medios el espacio municipal, un tanto preterido en el momento del reparto de los poderes. Conviene apostar, en este sentido, por un federalismo municipal. Hay que ser conscientes de que ir transitando hacia formas más federales exige ir creando una cultura federal, en valores compartidos, democráticos, europeístas, de igualdad, solidaridad, tolerancia, empatía y lealtad institucional. Frente a actitudes de agravios comparativos, insolidaridad, competencias desleales que, desgraciadamente, abundan. Una mejor clarificación de las competencias y un robusto modelo de financiación completarían el cuadro de necesidades comunes. En el terreno de las instituciones, quizá la reforma que podría alcanzar el imprescindible consenso sería la transformación del Senado en una auténtica Cámara territorial, como existen en los Estados federales. No fue otra la intención del ar.69.1 de la Constitución cuando dice: “El Senado es la cámara de representación territorial”.

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Nicolás Sartorius es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas y de la Asociación por una España Federal.

I.— No sé si todos los partidos políticos, organizaciones sociales y representantes públicos se han percatado de que los Estados europeos, que formamos la UE, hemos vivido una mutación en el sentido de que, en realidad, ya no somos Estados nacionales tradicionales, sino lo que podríamos denominar cabalmente “Euroestados”. Esto quiere decir que elementos sustanciales y crecientes de la soberanía, ya sea por vía legal o por la de los hechos, los compartimos en el seno de la Unión. Un fenómeno que, a mi parecer, es francamente positivo y esperanzador. En unos supuestos, porque así lo establecen los Tratados, que como nuestra Constitución establece no sólo son derecho interno español (art.96 CE), sino que, además, sus normas prevalecen sobre las nacionales. De otra parte, hay políticas que no están recogidas en los tratados y, en teoría, son competencia de los Estados nacionales y, sin embargo, cada vez se van coordinando más en el ámbito europeo, impulsadas por las necesidades de la geopolítica o las exigencias de la globalización. Así, por ejemplo, lo relacionado con la seguridad y defensa, la inmigración, la respuesta a las pandemias o las guerras, temas presupuestarios, medioambientales o incluso que afectan al funcionamiento del poder judicial, como ha sucedido en el caso húngaro.

En realidad, existen pocas cuestiones importantes en la gobernación de los países que no deban tener en cuenta la dimensión europea. En este sentido, por ejemplo, los urgentes avances en “autonomía estratégica” que afectan a la seguridad, la energía, la sanidad, el medio ambiente, la digitalización, etc., conviene pensarlos y actuar, también, en términos europeos, lo que no es óbice para que cada nación intente liderar proyectos en los que posea ventajas comparativas.

II.— Por eso me sorprende que el debate político actual adolezca de un exceso de localismo, alejado de las condiciones reales en las que se plantean las cuestiones que nos afectan. Me da la impresión de que sólo cuando se llega al Gobierno se cae en la cuenta de la trascendencia de esta dimensión europea, lo que no siempre redunda en beneficio del Ejecutivo de turno, pues es muy fácil hacer demagogia “euroescéptica”. Ahora, sin ir más lejos, se está dando un fenómeno paradójico, que conviene tener en cuenta. Es indudable que la reacción de la Unión ante las crisis de la pandemia, de la guerra de Ucrania o de la subida de precios de la energía y otros, está siendo mucho más solidaria y mancomunada que la contracción austericida que padecimos ante la crisis de 2008. Sin embargo, la tendencia del voto no parece estar inclinándose hacia los partidos que han defendido las políticas sociales más protectoras. La reciente victoria de los conservadores en Finlandia, que quizá necesite de la ultraderecha para gobernar, es un síntoma de lo que decimos, pero que se suma a otros anteriores. Si analizamos el mapa de los gobiernos de los 27 países de la Unión Europea, podremos comprobar que solamente Alemania, España, Portugal y Malta tienen ejecutivos encabezados por líderes socialdemócratas, y Eslovenia uno de centro—izquierda. Todos los demás son gobiernos de derecha, centro—derecha o, todo lo más, de centro y, en algún caso, con apoyo de la ultraderecha. Pero si nos limitamos a los países centrales de la UE, podremos observar tendencias que nos deberían inquietar. Es normal que a cada cual le preocupe más lo que sucede en su propio país, pero yo reconozco que me interesa o importa tanto lo que ocurre en España como lo que acontece en Alemania o Francia. La única diferencia, no menor, es que mientras en España puedo influir con mi voto en esos otros países no.

III.— Una reciente encuesta de Ipsos, publicada en Francia, indica que si ahora se disolviera la Asamblea Nacional y se celebrasen elecciones, el resultado sería el siguiente: R.N. —Le Pen, extrema derecha—, 29,9%, 7 puntos más que en las últimas elecciones; NUPES —izquierda euroescéptica de Mélenchon—, 26%, igual que en las anteriores; LREM —Macron—, 22%, 5 puntos menos. Otras encuestas indican que, en unas presidenciales, Le Pen superaría a Macron en la segunda vuelta. La conclusión es que la ultraderecha aumenta en todas las categorías sociales contrarias a la reforma de las pensiones; la coalición macronita desciende y la izquierda se estanca. Obviamente, dada la situación, supongo que al presidente Macron no se le pasa por la cabeza la intención de disolver la Asamblea, ni tiene posibilidad legal de presentarse a las próximas presidenciales. Lo que significa que empieza a ser posible que la futura presidenta de Francia sea la ultraderechista Le Pen, a pesar del “seguro” que supone el mecanismo de la segunda vuelta. El caso de Alemania es más ambiguo, pero tampoco apunta demasiado bien. En enero de 2022, el SPD —socialdemócrata— tenía una intención de voto de más del 25%, y en noviembre esta descendió al 19,6%; los Verdes, en junio del 2022 tenían el 26% y en noviembre bajaban al 18,4%. Por su parte, a la CDU/CSU —democristianos— les daban en noviembre de 2022 el 27,8% y Alternativa por Alemania —extrema derecha— en enero del 2022 estaba en el 10% y en noviembre había subido al 14,1%. En las elecciones regionales a los Länder, mientras en el Sarre y Baja Sajonia ha ganado el SPD, en Renania del Norte—Westfalia y Schleswig—Holstein ha triunfado la democracia cristiana. Como puede observarse, la tendencia del voto, de momento, no es favorable a la coalición SPD/Verdes que, con los liberales, gobiernan la federación.

La impresión que se obtiene de este breve mapeo es que son España y Portugal los dos países que, en la actualidad, tienen gobiernos más progresistas y claramente europeístas, lo que conviene cuidar con gran esmero.

III.— No es fácil discernir las causas de estos retrocesos, pues cada país ha conocido sus propios desarrollos. En el caso de Italia, la división de la izquierda fue determinante para el triunfo de los Fratelli d’Italia de Meloni. En Francia, aparte del reflujo o repliegue de socialistas y comunistas, que viene de lejos, y el estancamiento euroescéptico de Mélenchon, la política del presidente Macron, una especie de “despotismo ilustrado”, con escasa ilustración, está dando alas a una extrema derecha que aparece, cada vez más, como un partido atrápalotodo del descontento. En Alemania, además del desgaste que le han supuesto siempre a la socialdemocracia los gobiernos de Gran Coalición, al SPD y socios les están afectando los males generales de la situación. Es decir, una alta inflación que no se corresponde siempre con una equivalente subida de salarios y, además, las consecuencias negativas de la guerra de Ucrania. En general, tanto en el norte como en el sur, el factor inmigración juega su parte, utilizado demagógicamente por las derechas. De otro lado, tampoco conviene olvidar que cuando hay guerras —la de Ucrania la tenemos bien cerca y, de alguna manera, participamos en ella— la tendencia del electorado es girar hacia la derecha. Constatación que debería estimular a que se fuese más obstinado en la búsqueda de una solución al conflicto bélico.

IV.— A partir de este escueto repaso de urgencia, sería interesante que nuestros partidos —sobre todo los progresistas—, según los temas de que se tratase, pensaran cada vez más en europeo y actuaran en español y otras veces reflexionaran en español y operasen en europeo. Porque si añadimos a lo anterior la posibilidad, no descartable, de que alguna forma de trumpismo se imponga en el futuro en los EEUU, Putin siga en el poder en Rusia, China vaya a lo suyo, aunque intente no parecerlo, y la India se transforme en gran potencia “hindu—nacionalista” con adherencias iliberales, la Unión Europea debería espabilar y llevar a la práctica, con urgencia, la tan cacareada “autonomía estratégica”. De lo contrario, corre el riesgo de caer en la trampa de las regresiones a una ilusa recuperación de “soberanías nacionales”, que es el camino más corto para acabar dependiendo de alguna gran potencia.

Epílogo para españoles. Ante este panorama, la responsabilidad de la izquierda patria es considerable, sin pretender sostener, por mi parte, que el futuro de la Humanidad esté en nuestras manos. Dos elementos o factores me resultan bastante decisivos para que la izquierda alcance el éxito que se merece por la labor desarrollada. Que el gobierno de coalición sea capaz, en lo que resta de Legislatura, de derrotar a la inflación, la yacente y la subyacente, en especial el aumento de los precios de los alimentos, que es de lo que hablan las televisiones sin parar —privadas y públicas—, y que la izquierda alternativa vaya unida a las próximas elecciones generales.

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Nicolás Sartorius es preside el Consejo Asesor de la Fundación Alternativas. Su último libro: “La Nueva Anormalidad”(Espasa).

I.- A la moción de censura, presentada por el grupo parlamentario Vox y debatida los días 21 y 22 de marzo, se la ha llamado de todo. Sin embargo, en este artículo no me interesa tanto calificarla, con unos u otros adjetivos, como analizar su naturaleza, contenido, objetivos y posibles resultados. De entrada, creo que no se ha tratado de una auténtica moción de censura del art. 113 de la Constitución y 175 y siguientes del Reglamento del Congreso. No se daba ninguno de los requisitos que tales normas establecen, pues no había ni remotamente una mayoría absoluta de diputados que la apoyaran, ni el candidato a la Presidencia era idóneo, ni tampoco se ha presentado un programa de gobierno sobre el que se pudiera debatir. Se ha tratado de una utilización espuria de un mecanismo constitucional, de evidente relieve y trascendencia, con el fin de obtener resultados que no tienen nada que ver con una moción de censura constructiva. Obviamente, se enmarca en un periodo preelectoral, con importantes citas en mayo –elecciones locales y autonómicas– y en diciembre –elecciones generales–. Y, como se ha podido comprobar en el propio debate parlamentario, los objetivos reales eran otros muy diferentes, aparte del propagandista “convoque usted elecciones ya”.

En primer lugar, el consabido ataque furibundo, deslegitimador, al Gobierno de la nación, con inclusión de innumerables insultos –que engaña, miente, roba, responsable de las violaciones, crímenes de Estado, autócrata, etc.–. Todo ello en un momento especialmente delicado para España y Europa, con una guerra en su frontera, con una crisis de precios y serias turbulencias financieras. Lo que demostraría lo grandes “patriotas” que son estas gentes de la banderita en la muñeca y los fastos de Colón. Luego, achuchar y dejar en mal lugar al competidor y futuro socio, el Partido Popular, bajo el falsario argumento de que todo aquel que no vote a favor de la moción está apoyando al Gobierno. Un razonamiento que parece haber hecho mella en la “derechita cobarde”–como la califica Vox–, pues decidió abstenerse en vez de votar en contra, como hubiera sido lógico a partir de una posición democrática y europeísta. No menor ha sido el interés en ocupar la actualidad durante unos cuantos días, incluyendo un ataque a los medios de comunicación, estilo Trump, con el fin de aumentar unas falsas expectativas.

Por último, el escoger un candidato artilugio, que hace cuarenta o cincuenta años jugó, desde la izquierda, un cierto papel en la lucha contra la dictadura, en la transición a la democracia, en los Pactos de la Moncloa, etc., tenía como objetivo lavar y normalizar los desvaríos fascistoides de Vox. Sin resaltar –en esto han jugado su papel la mayoría de los medios– que el candidato, desde hace más de 40 años, no tiene nada que ver con la izquierda y, por el contrario, se ha ido deslizando cada vez más hacia posturas de extrema derecha. En realidad, objetivo final, fundamento de esta falsa moción de censura, ha sido preparar el terreno para que en las próximas elecciones municipales/autonómicas y luego generales, el PP y Vox pacten gobiernos de coalición, al igual que ya han hecho en Castilla y León. Al margen de que en el clima electoral aparezcan episodios de ruptura o enfrentamiento, que desaparecerán como por ensalmo en cuanto se necesiten para gobernar.

II.- Pues bien, si uno lee o ha seguido el discurso del candidato Tamames, podrá comprobar que es una intervención típica de la extrema derecha –en formas más cuidadas–, con algunas concesiones incoherentes y surrealistas, que pueden confundir al personal sufridor. Veamos algunos contenidos de este dictamen o soflama. El primer ataque va dirigido a la memoria democrática, auténtica bestia negra de la derecha/ultraderecha hispana, en este caso con un punto ególatra por parte del candidato, pues después de poner en valor sus sacrificios y contribución a la libertad de España, arremete contra la memoria de todo lo demás, incluyendo la falsedad de que se está marginando la Ley de Amnistía. Parece ignorar que la tardanza en aprobarse la Ley de Memoria Democrática se debió a la negativa del Gobierno de derogar dicha ley, pretensión de Esquerra Republicana para apoyarla. Afirmar, a estas alturas, que la guerra civil empezó en 1934, que uno de sus causantes fue Largo Caballero y que la responsabilidad de la República y de los golpistas fue la misma en el drama nacional, es de traca y coincide con el revisionismo histórico de los autores más ultras.

Luego, en coincidencia con Vox, sostiene que el Gobierno es una especie de "autocracia absorbente", como si estuviéramos en la Rusia de los zares. En todo caso, una “autocracia” un tanto peculiar, en un país en el que la mayoría de los medios de comunicación vapulean todos los días al Gobierno, donde el supuestamente absorbido Poder Judicial tiene un Consejo General en manos de los conservadores, incumpliendo la Constitución desde hace cuatro años y no les pasa nada, aparte de una oposición que lleva otros cuatro años descalificando y deslegitimando al Gobierno. Más tarde, la perorata incurrió en todos los mantras de la ultraderecha. Un discurso antifeminista, acusando de que ahora hay más violaciones que antes, y el estrambote de poner como ejemplo de la libertad y poder de la mujer a Isabel la Católica. Menos mal que se le olvidó decir –lo tenía en su escrito– que el “suicidio demográfico de España” se debe al feminismo radical y no a la falta de ayuda a las familias, que este Gobierno intenta paliar.

Pero donde quizá la mendacidad alcanza niveles esperpénticos es cuando se sostiene que el Ministerio de Trabajo controla o mezcla sindicatos y patronales, lo que significaría una especie de regreso al “sindicalismo vertical” de la dictadura. A partir de ahí, en secuencia lógica, se descalifican todas las mejoras sociales de este Gobierno. El aumento del salario mínimo atenta contra el empleo y la productividad; la subida de las pensiones es insostenible y hay que “abordar un potente programa de reducción del gasto”; los fijos discontinuos son parados camuflados y los 2.500 millones dedicados a becas son una forma de comprar el voto de los jóvenes estudiantes. Lógicamente, se arremete contra la política fiscal del Ejecutivo, con los argumentos típicos del ultraliberalismo de los Chicago Boys, hablando de esfuerzo fiscal –que tiene en cuenta el nivel de renta por cabeza– en vez de presión fiscal y gasto social, inferior en España respecto de sus socios europeos. Argumento que no se sostiene si nos comparamos, por ejemplo, con Italia. Durante este año 2023, España crecerá más del doble que Italia, lo que producirá que sus rentas per cápita acaben siendo equivalentes y, sin embargo, la presión fiscal italiana es ciinco puntos superior a la española (43,3%/38,4%).

III.- Es verdad que, en algunos extremos, la prédica o disertación del candidato adquiere unas coloraciones pintorescas muy particulares que no he encontrado en ningún partido, incluyendo Vox. Por ejemplo, cuando sostiene que los jueces del Tribunal Supremo sean vitalicios, como en EE.UU. Teniendo en cuenta la longevidad española, barrunto que no es una buena idea, ya que por otra parte en la actualidad los mencionados magistrados ya son inamovibles hasta la edad de jubilación. También cuando propone la creación de una universidad iberoamericana bajo la advocación de Pablo Neruda y Antonio Machado. No sé si Vox estará muy de acuerdo. O cuando arremete, no sé por qué, contra las pymes españolas, porque no tienen futuro, cuando más del 95% de nuestro tejido empresarial son pymes.

No obstante, no nos confundamos, pues aparte de lo chungo o del cachondeo ante lo que hemos oído durante estos dos días en el hemiciclo, la llamada moción de censura es una operación política de la extrema derecha española de naturaleza tóxica, con el fin de crear las condiciones para llegar a gobernar con el Partido Popular, con lo que esto supondría para nuestro sistema democrático y las conquistas alcanzadas hasta ahora. Otra cosa es el resultado que al final derive de toda esta ceremonia de la confusión. Quizá dentro de unos días nadie se acuerde de la moción y pase sin pena ni gloria, aunque tengo mis dudas si tenemos en cuenta el panfleto/folleto que previamente tenía preparado el candidato. Da la impresión, por otra parte, de que el Gobierno de coalición ha salido reforzado, pues en las intervenciones ha quedado meridianamente claro que es el único que tiene un proyecto para España, mientras la oposición bracea en la indigencia de propuestas… salvo bajar impuestos como sea. Pero no les quepa la menor duda de que todo este episodio, que pueden calificar como quieran, tenía un objetivo: crear las condiciones para una coalición PP/Vox y arrasar con las reformas y avances de esta Legislatura. El evitarlo descansa en la inteligencia del personal sufridor. 

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Nicolás Sartorius es vicepresidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas. Su último libro: 'La Nueva Anormalidad' (Espasa)

I.- Si hay alguna aberración, en la historia de la Humanidad, que permanezca más en el tiempo es la de la desigualdad de la mujer respecto del hombre. Es realmente notable, por ejemplo, comprobar cómo las mentes más lúcidas, a las que tanto debemos en otros campos del saber o las ideas, patinaron lamentablemente cuando trataban del lugar de la mujer en la sociedad o su relación con el varón. Empezando por el gigante Aristóteles, que justificaba la exclusión de las féminas de la democracia ateniense al no concederles una capacidad intelectual y política similar a la de los hombres. En nuestra tradición cristiana, el oprobio ha sido todavía más profundo, pues ya los Santos Padres de la Iglesia se dedicaban a poner en duda que las mujeres tuvieran alma, y San Pablo, en la Carta a los Efesios, dice: “El hombre es el señor de la mujer, como Cristo lo es de la Iglesia”; y en la Carta a los Corintios remacha la idea: “El hombre es la imagen y la gloria de Dios, y la mujer es la gloria del hombre”. Es decir, que si hay Dios, evidentemente es hombre o “se hizo hombre”, mientras que, en el caso de la mujer, es dudoso que sea siempre, por lo que estamos viendo, “la gloria del hombre”. Incluso un pensador tan avanzado en asuntos de democracia como Rousseau, en su libro Emilio sostiene que la mujer es un ser pasivo, que está hecha para “complacer al hombre”, mientras el eminente Kant, por su parte, consideraba que el “bello sexo” carecía de suficiente racionalidad, aunque imagino que quizá no se refería a todas las mujeres. En la misma línea de pensamiento se mantuvieron mentes tan preclaras como las de Hegel o Voltaire, y lo más doloroso es que uno de los padres de la Ilustración y alma de la Enciclopedia, al que tanto debemos, Diderot, no atinó en este decisivo asunto y mantuvo en su ensayo Sur les femmes posiciones consideradas retrógradas. Por no hablar de Descartes, que pensaba que la mujer poseía una naturaleza diferente a la del hombre, no solo en lo físico; o el propio Nietzsche, misógino confuso y contradictorio, que pasaba del amor al desprecio según le iba en la vida sentimental. Eso sí, ninguno llegó al extremo de Schopenhauer, que mantuvo que el único ser humano real era el hombre, pues por lo visto la mujer era irreal. Desconozco qué mujeres conoció el filósofo alemán en su existencia, pero me temo que por su concepción pesimista de la “vida como sufrimiento” no debieron de ser muchas.

Se utiliza en general el irritante argumento de que no se pueden juzgar con las ideas y los conocimientos de hoy las concepciones del pasado. Y esto no es siempre verdad. En el tema que estamos tratando, por ejemplo, Platón era más avanzado que Aristóteles, y mi admirado barón de Holbach protestaba en 1770 porque “en todos los rincones de la tierra la suerte de las mujeres es ser esclavizadas”, y creía en la igualdad de sexos, pues, lo mismo que Hobbes, entendía que el poder del hombre sobre la mujer era una creación artificial dirigida a perpetuar dicho poder. Qué le vamos a hacer, de ahí venimos.

II.- Luego, en la era de las revoluciones, la situación de la Humanidad mejoró en general, pero no tanto para las mujeres. La Revolución Francesa fue un caso paradigmático. Fue la revolución de la admirada Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues por lo visto no había ni mujeres ni, por supuesto, ciudadanas. Tuvo razón Olimpia de Gouges cuando denunció ante la Convención: “Si la mujer tiene derecho de subir al patíbulo, también debía tener derecho de subir a la tribuna de oradores”. Los doctos varones le reconocieron, en persona, el primero de los derechos, pero el segundo tuvo que esperar casi dos siglos en hacerse realidad. No fue, desde luego, una excepción francesa, pues ni el Civil Rights Act estadounidense de 1866 ni la Constitución americana o la de Cádiz reconocieron los derechos políticos a las mujeres. Solo mucho después, gracias a la lucha de las denostadas sufragistas, las necesidades económicas del capitalismo, las guerras y el movimiento socialista, las mujeres alcanzaron el derecho al voto. En pocos lugares en los años 20/30 del siglo pasado, y solo se generalizó en Europa después de la II ª Guerra Mundial. Hoy en día, en muchos países del mundo árabe y en la mayor parte de África, los derechos de las mujeres o están muy limitados o simplemente no existen. Qué razón tenía aquel que dijo que estamos todavía en la infancia de la Humanidad.

III.- En las democracias, los avances han sido considerables y se puede afirmar que en los textos legales está reconocida la igualdad entre el hombre y la mujer. En el caso de España, a partir de la Constitución de 1978 y gracias, sobre todo, a gobiernos progresistas, las conquistas han sido notables, hasta el punto de que somos ejemplo para otros países europeos. Sin embargo, aquella reflexión de que es más fácil cambiar las leyes que las costumbres y la realidad sigue siendo una verdad contrastada. Nadie pone en duda que en todas las constituciones europeas —y más allá— se reconoce la igualdad de géneros y/o sexos. Por ejemplo, en la nuestra, el artículo 14 cuando dice que todos somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. No obstante, en la realidad de la vida tal cual es, esto no es siempre así. En la esfera de la economía, los hombres imperan en el poder de las grandes corporaciones con abrumadora mayoría; igual sucede, todavía, en los órganos superiores del poder judicial o en otros centros de decisión, aunque en el Gobierno y el Parlamento la representación está equilibrada, y España no deja de ser una excepción. Pero si pasamos a las condiciones sociales, comprobaremos que no se cumple ese principio igualitario, pues las mujeres ganan menos que los hombres, aunque realicen el mismo trabajo; situación que se repite en las pensiones, que son inferiores a las de los hombres. Cada vez que esto sucede se está violando, en nuestro caso, el art. 14 CE. Lo triste es que infringir la Constitución no suele suponer mayor castigo, y casi nunca de orden penal.

IV.- Ahora bien, la situación adquiere mayor dramatismo en los casos en que se ejerce violencia sobre la mujer por el hecho de serlo. Es una historia de siglos, cuya expresión más conocida se produce en las condiciones de las infinitas guerras que han asolado la historia de los humanos. En estos casos son dobles víctimas, de los tiros y de las bombas y como botín de los victimarios. En tiempos de paz, se mutan en casos individuales que, al repetirse, acaban siendo insoportables. Sería injusto negar que se ha avanzado a la hora de enfrentarse a esta lacra, pero hay algo que no acaba de afrontarse con la suficiente eficacia. Y quizá no tanto en la contundencia del castigo de la violencia de género o machista como en la intensidad de la prevención. A mí, por ejemplo, me genera dudas o perplejidad cuando leo en la crónica que mató a su mujer, pareja, novia etc., “aunque tenía orden de alejamiento” de equis metros o kilómetros, lo que obviamente no es suficiente en ciertos casos, ante la voluntad delictiva de recorrer, una sola vez, los metros o kilómetros. Tengo la impresión de que la finalidad del maltratador, prima facie, es provocar en la víctima una sensación que se llama terror o pánico, con el fin de eliminar cualquier capacidad de reacción, es decir, anular su voluntad. Y en los casos en que esto se supera, el riesgo de que el victimario pase a actos irreparables se acrecienta. Por eso a veces pienso si no estaremos, en los hechos más graves —donde hay denuncias previas, antecedentes, reincidencias etc.—, ante supuestos que exigirían un tipo de protección especial, similar a la que se aplicó ante las amenazas personales de carácter terrorista. Da la impresión de que los momentos más peligrosos acaecen cuando la mujer decide separarse del hombre, pues es entonces cuando se desatan todos los siniestros atavismos posesivos del patriarcado machista, del “la maté porque era mía”; o el vértigo ante el abandono, la soledad o la inutilidad de poder afrontar autónomamente la vida. Se insiste, con razón, en que hay que denunciar los casos de maltrato, pero el valiente hecho de la denuncia tiene que llevar aparejado un sistema completo e instantáneo de protección: en vivienda, laboral, económico, cuidado de los hijos y control efectivo del posible agresor. En los supuestos más graves sería necesaria una protección personal por parte de la policía. No estoy planteando que se ponga un policía para cada mujer amenazada, pero en ciertos casos que conviene ponderar, teniendo en cuenta las circunstancias, quizá fuese imprescindible.

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Nicolás Sartorius es vicepresidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas. Su último libro: 'La Nueva Anormalidad' (Espasa).

I. Uno de los primeros experimentos conocidos en Europa Occidental de un gobierno de coalición formado por un partido de derechas con otro de extrema derecha se ha dado, ironías del destino, en las tierras comuneras de Castilla y León. Un presidente del PP y otro de Vox gobiernan esa querida comunidad desde abril de 2022. Por jugarretas del “azar”, la política laboral le ha tocado en mala suerte a un representante de Vox. Pues bien, no han transcurrido apenas diez meses cuando el referido gobierno ha puesto en acción una serie de medidas con la aviesa intención de debilitar a los sindicatos y su capacidad de negociación.

Al mismo tiempo, está intentando laminar la paciente arquitectura de diálogo social que se había levantado en los últimos años. Así, se están incumpliendo los acuerdos firmados por el anterior gobierno del PP, que afectan a los servicios a la ciudadanía, a la protección y atención a los migrantes; se suprimen las subvenciones para asegurar el funcionamiento y participación de las organizaciones sociales en los diferentes órganos de consulta institucional; se anula el programa de prevención de riesgos laborales, que venía funcionando desde hace 20 años; se lamina el programa de orientación para personas desempleadas, al igual que el de formación de los representantes de trabajadores y empresarios para el ejercicio del diálogo social y la negociación colectiva; se reduce la financiación dedicada a los instrumentos de negociación y conciliación de conflictos laborales extrajudiciales; se derogan los programas de contratación, por las entidades locales, de los agentes de igualdad —incluidos los de género—. Es decir, en poco más de medio año está prácticamente roto el diálogo social, cuando la Comunidad de Castilla y León se había caracterizado, en el pasado, por todo lo contrario.

La verdad es que no debería extrañar la velocidad de tales destrozos si tenemos en cuenta que el flamante vicepresidente voxero de la Junta declaró, en su día, que “lo que no creemos en absoluto necesario es que haya que comprar la paz social apesebrando a los agentes sociales con millones de euros. Tanto los partidos políticos como los sindicatos, como la patronal, no son un fin en sí mismos, son una herramienta”. No sé si el señor vicepresidente se ha leído los artículos 6 y 7 de la Constitución, pero si tuviese la bondad de hacerlo comprendería que son instituciones esenciales de nuestro sistema político, sin las cuales no hay democracia que valga. Por eso mismo, me he permitido titular este modesto artículo como “aviso a navegantes”, aunque también podría haberlo rotulado con “el que avisa no es traidor” o “que nadie se llame a engaño”. Porque se trata de una seria advertencia de lo que sucedería, multiplicado por varios guarismos, si en las próximas elecciones locales, autonómicas o generales se formasen gobiernos de similar textura, tenor, naturaleza o carácter.

II.- Debo reconocer que no se trata de un fenómeno totalmente nuevo, pues conviene recordar que lo primero que hizo la señora Thatcher —tan querida y alabada por nuestros liberales de andar por casa— cuando llegó al gobierno británico fue laminar a los sindicatos. Una operación previa imprescindible para poder imponer, a continuación, medidas antisociales de diferente factura, tamaño, naturaleza o alcance. Lección que aprendieron, de inmediato, nuestros gobiernos conservadores-liberales de centro-derecha, cuando aprobaron la famosa contrarreforma laboral, que cual auténtico obús o misil impactó en la línea de flotación de la capacidad de negociación de los sindicatos.

Un verdadero contrataque contra los derechos sociales que solamente se ha empezado a corregir gracias a la reciente reforma laboral puesta en marcha por este baqueteado gobierno progresista, aunque me temo que una parte del personal sufridor aún no se ha enterado. Sin embargo, no han quedado aquí los elementos de la ofensiva derecha-ultraderecha. Junto a la erosión de la fuerza sindical siempre va, cual hermano siamés, el otro objetivo/mantra de la irrestricta, desconsiderada o soliviantada derecha, es decir, bajar los impuestos sin ton ni son. Lo que, se diga lo que se diga o como se diga, es lo mismo que reducir el “salario indirecto” —la sanidad, la educación etc. ,etc.—, aunque personas muy distraídas no se percaten o piensen lo contrario. No hay más que comprobar lo que ocurre, por ejemplo, con la atención primaria en la Comunidad de Madrid –el ‘trumpismo’ de la Puerta del Sol– y otros lugares, al reducirse las inversiones en tan decisivo menester. No sé si se han percatado de que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha calcado a la señora Thatcher en el tratamiento que la premier inglesa recetó a los mineros ingleses, y aquella está propinando a los sanitarios madrileños. Esto es, negarse a negociar en serio con el fin de agotar a los trabajadores e intentar que la huelga fracase. Una táctica de manual de las fuerzas más conservadoras de cualquier hemisferio: vale todo a fin de evitar que la movilización alcance sus objetivos. Espero que los sanitarios madrileños aguanten el tirón y, por el bien de todos, logren sus justas pretensiones.

La tercera diana u objetivo de estas inéditas coaliciones de las derechas son ciertos derechos de ciudadanía, de tercera generación, que se refieren principalmente a las mujeres, al medio ambiente o a los colectivos LGTBI y otras minorías, históricamente machacadas. En esta dirección, las declaraciones del vicepresidente castellano y leonés son un poema, cuando afirma que la “violencia no tiene género”, cuando habla de “adoctrinamiento ideológico en las aulas”, o cuando, ante el Comité Europeo de las Regiones, le criticó por su “catastrofismo climático” o que la “ingeniería social verde” está debilitando la democracia. 

III.- Ahora bien, donde realmente coinciden todas las derechas es en su fobia contra la memoria democrática. Es sintomático que cuando, por fin, después de más de cuarenta años de democracia, un gobierno español se decide a reparar el indigno olvido de las víctimas de la dictadura y recordar lo que aquel régimen liberticida significó, los líderes de las derechas hispanas afirmen que lo primero que harán al llegar al gobierno es derogar las leyes de la memoria. Que un partido como Vox pregone a los cuatro vientos esta intención tiene toda su lógica, pues no se han recatado en afirmar que los culpables de la guerra civil fueron las izquierdas y nunca han condenado claramente a la dictadura. Pero que un partido democrático, que ha gobernado España y pretende hacerlo en el futuro, manifieste ese rechazo, repudio o veto a todo lo que sea recordar, dignificar y reconocer aquello que significó la lucha por las libertades me resulta incomprensible. A no ser que piensen que son los herederos de las fuerzas que trajeron, implantaron y sostuvieron aquella nefanda dictadura y que entre sus antepasados políticos no hubo nadie que combatiera para traer la democracia a España. Lo que, en mi opinión, no es cierto, pues hubo liberales, democristianos, monárquicos o conservadores –no demasiados– que se opusieron al dictador, e incluso sufrieron represalias.

En todo caso, como vulgarmente se dice, “el que avisa no es traidor”: se avisa, por lo tanto, de que si en el futuro ganan las derechas, las mejoras laborales, los avances sociales, los nuevos derechos civiles, el Estado de bienestar y una memoria decente sobre nuestro ominoso pasado sufrirán las consecuencias, pues ya se nos ha advertido de que todas esas leyes o reformas, que tanto han costado, serán derogadas sin piedad.

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Nicolás Sartorius preside el Consejo Asesor de la Fundación Alternativas; es abogado y escritor y su último libro se titula 'La Nueva Anormalidad' (Editado por Espasa).