La crisis abierta por las denuncias de acoso sexual contra José Tomé sigue teniendo múltiples repercusiones en el PSdeG. Desde las más obvias e inmediatas, con el partido pendiente de la forma en que se produzca la salida de la presidencia de la Diputación y del resto de cargos de su hasta ahora líder provincial en Lugo, que este viernes registró la dimisión en la institución provincial, hasta las de mayor recorrido en términos políticos con la mirada puesta en el modo en que la formación aborda casos como este.

En esta segunda vertiente ha puesto el foco el Grupo de Igualdad del PSdeG, reunido este pasado jueves para abordar el caso de Tomé bajo la presidencia de la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Nacional, Silvia Fraga, y de la titular de Organización, Lara Méndez. Lo hizo a través de un manifiesto en el que advierten de que "los hechos conocidos no son incidentes aislados", sino "la expresión de dinámicas de poder profundamente enraizadas en la cultura patriarcal" que el PSdeG y el PSOE, creen, deben afrontar dotándose de más "garantías" frente a posibles agresiones.

Empezando por "activar de inmediato todos los procedimientos internos ante cualquier expresión de violencia machista en el seno del PSOE", el Grupo de Igualdad del PSdeG advierte de que casos como las denuncias sobre las conductas de Tomé requieren la "máxima transparencia" y "garantías procesales sólidas". Y eso implica desde no "dilatar" las pesquisas internas hasta "escuchar, acompañar y reparar a las víctimas", lo cual conlleva "expresar una disculpa pública" del partido.

La "perspectiva feminista", subrayan, debe ser "integral y transversal" en "toda la estructura orgánica" del partido y es preciso, resaltan, que incluya "formación obligatoria, periódica y certificada en igualdad, violencia machista y cultura democrática para toda la militancia, especialmente para cuadros orgánicos y públicos". Al mismo tiempo, consideran, deberían ganar peso "referentes de masculinidad positiva dentro del partido".

El llamamiento del Grupo de Igualdad del PSdeG llegaba casi al mismo tiempo que, en una carta a la militancia, el secretario general expresaba "indignación honda y repugnancia inevitable" por el caso de acoso sexual atribuido a Tomé. "Ya están activados todos los mecanismos internos para investigar con rigor y llegar hasta el final", sostiene José Ramón Gómez Besteiro.

En esa misiva, previa a la reunión de la Ejecutiva Nacional prevista para este viernes, Besteiro expresa "apoyo y solidaridad" a las víctimas y subraya que "José Tomé ya no forma parte" del partido tras solicitar la suspensión de militancia. En este sentido, reitera, además de "anunciar su dimisión como presidente de la Diputación" y "abandonar los grupos socialistas" en el ente provincial y en el Ayuntamiento de Monforte, debe "entregar las actas", es decir, dejar de ser diputado provincial y concejal y, por lo tanto, alcalde.

En la misma carta Besteiro subraya que la dirección del partido no tiene "acceso a ninguna denuncia" formulada a través del canal antiacoso del PSOE "porque el protocolo garantiza el anonimato absoluto". En ese desconocimiento incidía este viernes Méndez, la secretaria de Organización, para anunciar en un comunicado una "querella por injurias contra el diario ABC", que en su edición de este viernes publica que "quiso convencer a una víctima de acoso" de Tomé "para que no denunciase" y ocultase la cuestión.

El modo en que Tomé está gestionando su propia dimisión contribuyó este viernes a tensar aún más la situación en el PSdeG y en la Diputación. En su sede, en el Pazo de San Marcos, presidió la Junta de Gobierno justo antes de registrar formalmente la dimisión como presidente.

Por este motivo los representantes del BNG, encabezados por el vicepresidente, Efrén Castro, no acudieron a la reunión y lo mismo hizo, según pudo confirmar el diario El Progreso, el alcalde socialista de Castroverde, Xosé María Arias, orgánicamente situado en el sector opuesto a Tomé. Castro exige la convocatoria inmediata del pleno para elegir una nueva presidencia y la dirección nacional del BNG, a través de Ana Pontón, reitera que "la única decisión posible desde un punto de vista ético y moral" es que el hasta ahora presidente "deje todas sus responsabilidades".

En plena controversia por esa última Junta de Gobierno llegaba, a través de los canales oficiales de la Diputación, la confirmación de que Tomé ya había registrado la dimisión. Lo hizo mediante un escrito en el que reafirma su intención de continuar como diputado provincial no adscrito porque, argumenta, lo que considera como "una campaña de imputaciones de conductas irregulares sin base fáctica alguna" implica "una perturbación grave del normal desarrollo de las funciones propias de la presidencia"; la condición de diputado "no tiene que encontrarse condicionada, limitada ni jurídicamente afectada por manifestaciones no sometidas a procedimiento legal alguno".

Este escrito, en el que Tomé reitera que está siendo objeto de "falsas acusaciones", activa el procedimiento formal para su relevo en la presidencia. Será en el pleno del día 30 —a falta de una sesión extraordinaria, que pueden reclamar formalmente un mínimo de 7 diputados— cuando se tome conocimiento de la renuncia y se ponga en marcha otro contador, el de los diez días hábiles para la sustitución, que se votará en otra sesión plenaria el 14 de enero.

De este modo, hasta el día 30 —o antes, si se forzase un pleno extraordinario— Tomé continuará como presidente en funciones. A partir de ahí y hasta la nueva elección, el cargo lo ejercerá temporalmente el vicepresidente, Efrén Castro.

El 13 de octubre de 2013 la Xunta celebró el acto simbólico de recibir al peregrino número 200.000. Por primera vez desde que había registros comparables, más de doscientas mil personas llegaban peregrinando a Santiago en el mismo año.

Este 20 de octubre de 2025 el presidente de la Xunta acudió a la Oficina del Peregrino para saludar a Jairo y Nicolás, padre e hijo llegados de Colombia, y entregarles la acreditación simbólica de que su llegada caminando a Compostela supuso cruzar el umbral de los 500.000 peregrinos del año. Por el camino, apenas una década de indicadores disparados incluso pese al freno coyuntural de la pandemia de la covid.

En los años siguientes a aquel hito de 2013 el peregrino o peregrina número 200.000 no hizo más que adelantarse. En 2014 llegó el 24 de septiembre, en 2015 el día 8 del mismo mes. En los cuatro años siguientes esa llegada ya se produjo en agosto y, de hecho, en 2019 el Gobierno gallego ya celebró el 1 de octubre la llegada ya no del peregrino 200.000, sino del número 300.000.

Las restricciones de la covid-19 llevaron los registros del Camino de Santiago a mínimos en 2020 (apenas 54.000 caminantes registrados) y también en 2021, Año Santo que el Vaticano accedió a extender 365 días más a causa de la pandemia. La decisión eclesiástica permitió al Gobierno gallego duplicar también el Xacobeo y el 28 de agosto de 2022 volvió a celebrar al peregrino 300.000 del año.

Aquel 2022 terminó como el primero documentado con más de 400.000 peregrinos y dio por cerrado el impacto de la covid en el Camino. Fueron, concretamente, 438.307, que aumentaron en 2023, con 446.035. Siguieron al alza en 2024, cuando a la Oficina del Peregrino apenas le faltaron 800 personas para llegar a documentar el cruce del umbral del medio millón.

Ese medio millón ya ha llegado cuando faltan más de dos meses para finalizar 2025 y la Xunta lo celebra como “consolidación” del “gran motor turístico, cultural y espiritual”, en palabras de Rueda. Si bien el presidente mantiene que “lo importante no es el número, sino la calidad de cada peregrinación”, el jefe del Ejecutivo hace hincapié en la cifra para, por ejemplo, aplaudir que lleguen “cada vez más peregrinos” fuera del verano.

El entusiasmo gubernamental por la cantidad de peregrinos contrasta con ciertos recelos en el seno de la Iglesia católica por la conversión de la peregrinación a Santiago en un fenómeno de masas. Así, por ejemplo, el arzobispo de Santiago insistía el pasado 2024 en “no perder de vista el sentido auténtico, original” de la peregrinación y reclamaba “mantener las esencias” de la ruta jacobea.

Francisco Prieto recogía de este modo las palabras pronunciadas poco antes por el papa Francisco. En una recepción a peregrinos jacobeos en Roma, el pontífice fallecido menos de medio año después se preguntó si “las personas que hacen el Camino de Santiago, hacen una verdadera peregrinación” o si ya es “otra cosa”.

La inquietud por la masificación y la turistificación masiva de las rutas a Compostela viene siendo manifestada también por diversas entidades y asociaciones ligadas a la peregrinación y a la protección del Camino. También por el Ayuntamiento de Santiago como meta de la peregrinación y por el Gobierno de España. E incluso quedó reflejada en el Plan Estratégico del Xacobeo 2021 de la propia Xunta.

Sea como fuere, lo cierto es que el Camino de Santiago en general y, más concretamente, los eventos vinculados a la promoción del próximo Xacobeo, el del año 2027, siguen siendo centrales en la política turística de la Xunta. Esta es un área gubernamental con dependencia orgánica directa del presidente que en 2026 contará con un 8% más de fondos propios del Gobierno gallego, aunque en total verá contraído su peso presupuestario un 14%, hasta los 122,75 millones de euros, por la reducción de los fondos europeos de recuperación.

Según las cuentas de la Axencia Turismo de Galicia para el año próximo, presentadas esta semana al Parlamento dentro del proyecto de Presupuestos Generales 2026, la entidad manejará 125,92 millones de euros. El grueso de este montante procede de transferencias de la Xunta que se complementan con otros tres millones de vías como el cobro de tasas y servicios. La parte fundamental son fondos propios del Gobierno gallego, 101,38 millones (un 8% más) que se unen a 14 millones de fondos europeos de recuperación, un 68% menos que en 2025.

El resultado de esta merma de fondos europeos de recuperación —parcialmente compensada, no obstante, por un incremento de los fondos FEDER de 3,5 a 7 millones— es, sobre todo, que Turismo de Galicia va a destinar sustancialmente menos a su “plan de desarrollo de un turismo sostenible en el ámbito local”. Se trata de un proyecto que en 2025 implicó presupuestar 12,8 millones para transferir a los ayuntamientos y que en 2026 queda en apenas dos millones.

Mientras, las aportaciones a empresas privadas del sector turístico apenas se resienten. Si en 2025 recibían 31,5 millones por dos vías, un “plan de choque para el refuerzo del sector turístico” (28,3 millones) y otro de “eficiencia energética de las infraestructuras turísticas” (3,2 millones), en 2026 contarán con 30,8 millones para “medidas de sostenibilidad y dinamización del sector turístico”.

Y, lejos de disminuir, incluso aumenta la aportación anual de la Axencia de Turismo a la Sociedad Anónima de Xestión do Xacobeo, la empresa pública que gestiona los albergues de la Xunta, un modelo cuya sostenibilidad económica acaba de ser abiertamente cuestionada por el Consello de Contas. En 2025 recibió 5,3 millones por esta vía y en 2026 serán 6,5 millones de euros.

La histórica y contundente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (STXG) que ha dado la razón a entidades vecinales y ecologistas en su lucha contra la contaminación en las aguas en A Limia provocada por las macrogranjas es, sobre todo, un retrato de incumplimientos de las dos Administraciones condenadas por su "inactividad" al respecto, la Xunta y el Gobierno de España. Para asentar su dictamen, la sección segunda de la Sala del Contencioso-Administrativo del TSXG realiza todo un relato de lo que los dos gobiernos debieron hacer y no hicieron para combatir una contaminación que, resalta, conocían pero sin admitir "responsabilidad propia" sobre ella.

El tribunal partió del análisis de una "situación compleja" en la que confluyen "cuatro factores", el primero la "existencia de múltiples macrogranjas" en A Limia, "más de 300", que "producen una cantidad ingente de desechos animales" por los excrementos de gallinas, cerdos y vacas. En esas explotaciones se realiza, subraya, una "gestión de residuos aplicada al campo" de "forma no controlada" al no analizar, por ejemplo, su contenido de "medicamentos" u "hormonas", "en desarrollo de una agricultura extensiva".

Estas causas dan lugar a dos consecuencias. Una, la filtración de esos excrementos y sus componentes "a las aguas subterráneas, provocando la contaminación por nitratos. Derivado de esto, "las aguas subterráneas contaminadas llegan al río" y este, al embalse de As Conchas, "donde aparece de forma regular" el denominado "bloom de cianobacterias", esto es, las recurrentes crisis de contaminación que son obvias por el mal olor y por las aguas teñidas de verde.

La sentencia deja claro que "existen dos responsables" de esta situación. Uno, la Xunta "a través de la Consellería correspondiente" por "infringir" los preceptos del Estatuto de Autonomía que encomiendan al Gobierno gallego a la "salvaguarda de la calidad de las aguas subterráneas", la "protección del medio ambiente" y la política sanitaria. Ese incumplimiento se produjo al "permitir un incremento excesivo de macrogranjas" en A Limia "sin trasladar el riesgo medioambiental a la empresa y/o empresas destinatarias del beneficio".

Los incumplimientos ambientales del Gobierno gallego en A Limia, advierte, "aumentan" por la "ineficaz gestión de los residuos que terminaban en lugares no controlados" y sin supervisión de la "presencia de antibióticos" o "químicos derivados de medicamentos" hasta "provocar una saturación del medio que el terreno era incapaz de asumir". De ahí "el prejuicio al medio ambiente la existencia de bacterias resistentes" en una zona que, censura, llegó a vivir la "paralización de una planta de tratamiento" de estos desechos.

"Esta situación está presente desde el año 2011" y "se traslada sin descanso del terreno hasta el presente", lo cual provoca "un estado de la masa de agua subterránea muy deficiente y contaminada por exceso de nitratos". Basta, dice la sentencia, con "revisar el nivel de nitratos en los pozos" o revisar fotografías como las aportadas por la "Sociedade Galega de Historia Natural al proceso judicial, con "masas ingentes de estiércol acumuladas sobre el terreno".

Pero la Xunta, que ya anunció que va a recurrir la sentencia, no es la única culpable para el TSXG, que también encuentra "responsabilidad en la Confederación Hidrográfica Miño-Sil", entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, "por su obligación derivada del control de la calidad de las aguas". En su caso, ve clara la "inacción" ante el "constatable empeoramiento de la calidad de las aguas desde el año 2011", ante el cual "debió realizar las actuaciones pertinentes" contra "la proliferación de las autorizaciones de las macrogranjas".

La Confederación, especifica el tribunal, podía frenar estas explotaciones porque tiene que informar a favor o en contra "de las declaraciones ambientales" de las mismas justamente "en relación a la calidad del agua". Y "era evidente el deterioro paulatino y crónico" y su "origen". "Aunque no se reconociese expresamente", que las granjas son las que contaminan las aguas de A Limia resulta "palmario" porque "la población es escasa" y la "cabaña ganadera es asimilable a la de una gran ciudad en cuanto al nivel de los residuos".

La entidad estatal, reiteran los magistrados, "era conocedora" de esta situación porque "interviene en los procesos de autorización" de proyectos de granjas que "advierten de toneladas de residuos y su posterior uso". La Xunta se escuda precisamente en estas responsabilidades del Gobierno de España para intentar restar relevancia a la suya propia.

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El 24 de julio de 2013 descarriló en la compostelana curva de Angrois un tren Alvia procedente de Madrid. En el accidente murieron 79 personas y otras 143 resultaron heridas, como consta en los hechos probados de la primera sentencia judicial sobre el siniestro, dictada hace un año con condenas en igualdad de condiciones por homicidio y lesiones por imprudencia para el maquinista del convoy y el entonces jefe de Seguridad de Adif.

Cuando sucedió el siniestro, Mariano Rajoy era el presidente del Gobierno de España. "Con nosotros los trenes funcionaban", bromeó Rajoy este pasado fin de semana en el congreso del PP, propiciando la indignación de las víctimas de aquel accidente organizadas en la Plataforma Víctimas Alvia 04155. "Hay que tener poca vergüenza", sintetizan.

Rajoy también era presidente cuando, en junio de 2012, Adif autorizó la desconexión a bordo de los Alvia del sistema de control constante de la velocidad ERTMS porque en ocasiones fallaba en otros puntos de la línea, provocando demoras como las que actualmente el PP considera intolerables. Ese sistema estaba previsto también en las vías en todo el trazado de la línea de alta velocidad Ourense-Santiago, pero el proyecto fue modificado y el ERTMS, se suprimió en ese punto aludiendo a razones técnicas. La modificación, clave en la condena del excargo de Adif por "omitir la evaluación del riesgo" de autorizarla, sucedió aún con el PSOE en el Ejecutivo central, pero el gabinete de Rajoy no tomó decisión ninguna para revertirla.

Desde escasas horas después de la tragedia el Gobierno de Rajoy se lanzó a defender con intensidad una verdad oficial sobre lo ocurrido en Angrois: lo sucedido había tenido como única causa un despiste del maquinista. Esa argumentación incorporó declaraciones políticas de tono diverso, pero fue mucho más allá. Incluyó una investigación técnica de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), órgano técnico entonces dependiente del Ministerio de Fomento, que también apuntó en exclusiva contra el conductor.

Las conclusiones de CIAF fueron desmontadas en 2016 en un duro informe de la Agencia Ferroviaria Europea gracias a la cual la dependencia gubernamental de la Comisión fue reformulada. El informe vio la luz a pesar de las acreditadas maniobras del Gobierno de Rajoy ante la Comisión Europea para intentar frenar o, cuando menos dilatar, la difusión y amortiguar su impacto político.

Con todo este telón de fondo, Rajoy aprovechó su discurso en el cónclave que reeligió a Alberto Núñez Feijóo como líder del PP para ironizar sobre el sistema ferroviario aprovechando los atrasos y averías de los últimos meses. "Con nosotros los trenes funcionaban y llegaban en hora", afirmó, mientras que ahora "un viaje en tren es una aventura, una rifa; puedes quedar tirado sin salir de la estación o en medio del trayecto", señaló entre risas del público.

"Lo único asegurado es que nadie se va a preocupar de ti, nadie te va a dar una solución y nadie te va a dar una disculpa", continuó mientras el auditorio celebraba una intervención respondida poco después a través de las redes sociales por parte de la principal plataforma de víctimas de Angrois. "Durante su Gobierno ocurrió el accidente de tren más grave de la historia de la democracia" y "trece meses antes, Adif desconectó el sistema de seguridad que lo evitaría", censuraron antes de recordar que "Rajoy ascendió a todos los responsables".

Por parte de aquel Gobierno, agregan, no obtuvieron "ninguna disculpa", pero sí "mentiras, ocultaciones y presiones". Los populares con Rajoy al frente, igualmente, bloquearon sistemáticamente la comisión de investigación sobre el accidente en el Congreso de los Diputados, que después de múltiples intentos acabó abriendo cuando, tras las primarias de 2017 que supusieron la vuelta de Pedro Sánchez al liderazgo, el PSOE cambió de criterio y pasó de bloquear la comisión a apoyar su celebración.

Las consideraciones de Rajoy y el tono en el que las hizo también generaron reproches por parte del BNG. "No tienen vergüenza ni corazón", lamentó su portavoz nacional, Ana Pontón. "Rajoy, Pastor y Feijóo tuvieron un comportamiento vergonzoso con las víctimas de Angrois, empatía cero. Aún recuerdo cuando Feijóo mandó a la policía a la concentración de familiares de las víctimas", resaltó la eurodiputada del Bloque, Ana Miranda, que en el Parlamento Europeo canalizó múltiples iniciativas y reclamaciones de la Plataforma Víctimas Alvia 04155.

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El pasado 2024 la Consellería de Sanidade aprobó por primera vez que personal médico en formación pasara consulta en verano en centros de salud que necesitaran cubrir vacaciones o atender una mayor demanda de pacientes a causa de las llegadas de turistas. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) defiende que esta experiencia "voluntaria" para MIR (médico interno residente) en la recta final de sus cuatro años de formación fue un "éxito" y por eso, como ya preveía, repite en este 2025 como parte del plan para curbrir el verano en Atención Primaria.

El Consello de la Xunta del pasado lunes aprobó el Plan de cobertura de la atención primaria en el verano de 2025, que el Gobierno gallego presenta como un "refuerzo de los servicios asistenciales" de este "primero nivel asistencial de la red sanitaria pública" dotada con algo más de 12 millones de euros. Pero que en realidad, viene a admitir, es un plan de contigencia para, ante la ausencia de nuevas contrataciones –y la carencia estructural de nuevo personal médico– intentar compensar coberturas de vacaciones y el "importante incremento de población en los concellos costeros".

Es en este marco en el que Sanidade encuadra la "encomienda de funciones al personal MIR de cuarto año" que está terminando la formación en Pediatría o Medicina Familiar y Comunitaria. El departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño asegura que 95 residentes ya "aceptaron participar", lo que implica que asumirán "funciones que son desarrolladas ordinariamente por personal especialista" como atender consultas ordinarias o prolongaciones de jornada, cubrir ausencias o hacer guardias en Puntos de Atención Continuada (PAC) o incluso en Urgencias hospitalarias.

El pasado año, el del estreno del plan, una de las grandes cuestiones –y uno de los grandes recelos por parte de voces críticas– de la incorporación de MIR de cuarto año a estas funciones es la forma en que este personal está "supervisado". Como informó Praza.gal, la propia Consellería aclaró que esa supervisión "puede ser con profesionales del mismo centro de salud, de otro centro de salud", pero también "desde la Central del 061", por lo que en unos meses de especial carencia de personal, el proyecto contempla que personal médico residente pueda recibir supervisión únicamente por vía telefónica.

Ya cuando estaba bosquejando el plan para este verano, el sindicato mayoritario en la sanidad pública gallega, la CIG-Saúde, se mostró crítico con una inserción de MIR de último año contemplada ya el pasado año por algunos profesionales como meros "parches". "Con la disculpa de que en este año 2025 el periodo formativo de las personas residentes finalizará en la segunda quincena del mes de julio y como las previsiones de jubilaciones de personal médico de atención primaria hacen de este 2025 un año especialmente problemático parala reposición de efectivos y la cobertura de presencias, la Consellería de Sanidade decide que la mejor medida para resolver este problema es sobrecargar de trabajo y acortar la formación del personal residente de Medicina de Familia", advertían el pasado marzo.

Una vez conocido el plan, CIG-Saúde lamenta que el documento "insista en medidas como incentivar económicamente el trabajo voluntario fuera de la jornada ordinaria", que es tanto como "perpetuar la estrategia de hacer más con menos". Asimismo, "repetir" la incorporación de personal residente de cuarto año "refleja una falta de planificación de las necesidades reales" e "intentar normalizar una medida que inicialmente se presentó como excepcional" mientras, creen, persiste la "falta de claridad" en la supervisión de los MIR que pasan consulta, "una de las mayores debilidades" del plan.

Junto a 95 residentes –Sanidade matiza que esta cifra aún "puede verse incrementada en las próximas semanas"–, el Sergas detalla que el plan para el verano cuenta también con una "bolsa de voluntarios para cubrir turnos de los puntos de atención continuada" (PAC) que tiene ahora mismo 149 médicas y médicos de familia. Estos profesionales podrán recibir, para atender rondas en PAC, "entre tres y siete días al mes".

Esas funciones también podrán ser realizadas por personal médico del 061. "Por el momento, 20 médicos" de la Fundación Urxencias Sanitarias ya se inscribieron en esta bolsa específica para estar disponibles ante la necesidad de cubrir guardias de estas urgencias de atención primaria.

Además de los PAC, el plan para el verano también incluye una "oferta de movilidad temporal hacia los centros de salud que necesiten de un refuerzo prioritari". Es decir, trasladar médicos y médicas a centros con más demanda o con menos personal en estos meses de combinación de vacaciones y llegada de turistas.

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"Con el 30 % escrutado, el Partido Popular tiene 38 escaños y, por lo tanto, la mayoría absoluta". Jaime Pita Varela, conselleiro de Presidencia, comparece extrañamente pronto ante los medios de comunicación para ofrecer un avance de los resultados electorales. Apenas va un tercio del recuento, pero quien había ejercido durante los últimos años como azote de la oposición explica ante las cámaras que todo apunta a que el PSOE gallego y el BNG van a seguir donde estaban: en la oposición.

Ni "Móvome" ni "Un país novo", ni "Desta vai", ni "Hai que botalos". Ni las encuestas que auguraran el fin del fraguismo durante una campaña en la que el patriarca de la derecha española, presidente desde hacía década y media, diera muestras evidentes de signos de debilitamiento físico y político. En el Gran Hotel y en el Hotel Araguaney, establecimientos compostelanos elegidos respectivamente por el PSdeG y el BNG para seguir la noche electoral de aquel 19 de junio de 2005, las sonrisas se congelaron al aparecer Pita en la televisión gallega al son de aquello de jugar como nunca y perder como siempre.

Pero aquel regreso al fatalismo en la militancia de las dos fuerzas políticas que llevaban meses soñando con protagonizar —ahora sí, "desta vai"— el final del fraguismo no se correspondió con una explosión de alegría en la entonces nueva sede del PP, en el barrio de San Lázaro de la capital gallega. En la maquinaria electoral más precisa de la historia de Galicia no había muchos motivos para celebrar. Los números no daban. Por poco, pero no daban.

Con la información que iba llegando de los colegio electorales al equipo de campaña dirigido por José Crespo, alcalde de Lalín, el escaño 38 no está ni de lejos asegurado. Jesús Palmou, secretario general del partido y conselleiro de Justicia, tampoco está para muchas fiestas. La primera alocución de Pita puede servir para sostener un poco más la ilusión de que en Galicia nada se mueve, pero los datos hablan de un PSdeG disparado once puntos que compensa con creces la caída del BNG, menor que el descenso de un PP que, aun así, marcha en cabeza con alrededor del 45 % de los votos.

La noche avanza y el diputado 38 del PP se convierte en 37. Al hotel del PSdeG vuelve la celebración. En el próximo Parlamento se sentarán 25 representantes socialistas, ocho más que los elegidos en 2001 gracias a un crecimiento superior a los 200.000 votos, en el que también fue clave el apoyo total de la dirección federal de José Luis Rodríguez Zapatero, volcada en una campaña gallega en la que participa Pedro Sánchez como parte del equipo desplazado a Galicia desde la madrileña calle de Ferraz. Pescan cuatro escaños del PP y otros tantos de un BNG que se queda en 13. Suficientes para tejer una mayoría absoluta que coloque como presidente de la Xunta a Emilio Pérez Touriño sobre una base de más de 867.000 votantes socialistas y nacionalistas, que superan en más de 110.000 a los que escogieron la papeleta del PP.

Aun así, la parroquia progresista no se libra del todo del miedo. El último escaño de la provincia de Pontevedra lo ganó el PSdeG, pero falta por contar el mal llamado voto emigrante, los sufragios llegados fundamentalmente desde Sudamérica y sobre cuyo mar de irregularidades nadie duda. Menos aún tras una carrera electoral en la que el digital A Nosa Terra publicó pruebas de cómo en unos comicios anteriores —las europeas de 2004— un colaborador del semanario llegó a votar hasta 17 veces desde el extranjero para demostrar la ausencia de garantías.

El encargado de calmar los miedos acaba siendo el propio Touriño. "Habrá cambio", proclama ante una militancia que, con el paso de las horas, incluso entona por lo bajo los acordes de Se va el caimán con Fraga en el papel del reptil musical. "He hablado con Anxo Quintana y colaboraremos para gobernar", anuncia el candidato socialista.

En esa llamada, Touriño le garantizó al portavoz nacional y debutante como cabeza de lista del BNG que los datos manejados por el PSOE sobre el escrutinio en general y el voto exterior en particular no dejaban lugar a dudas: "Está hecho", le resumió Touriño. Lo que votó la Galicia interior no lo va a cambiar la exterior, reafirman también cargos veteranos de un BNG que se ve ante el paradoja de que, con su peor resultado en elecciones gallegas de la última década, puede gobernar por primera vez en su historia.

Y, efectivamente, los votos de los legalmente denominados residentes ausentes no le fueron suficientes al PP ocho días después, el 27 de junio, cuando las Juntas Electorales recontaron los sufragios del exterior. Cuentan las crónicas de la época que la dirección central del PP, con Federico Trillo como emisario, intentó llevar la batalla al plano legal mediante un litigio incierto que Fraga prefirió frenar.

"Aquel 19 de junio, visto con perspectiva, da un dato de alto valor: que fue posible lo que parecía imposible, la alternancia democrática mediante un proceso electoral en el país". Demostró que "Galicia no estaba condenada a apoyar permanentemente y mayoritariamente al PP", recuerda Touriño en declaraciones a Praza.gal. Este medio solicitó al expresidente una entrevista con motivo del vigésimo aniversario de aquellas elecciones. Tras concertarla, finalmente decidió rechazarla y mantenerse en el silencio que viene marcando su postura pública respecto a la política gallega y general en los últimos años. Posteriormente sí accedió a compartir algunos recuerdos al respecto.

"Tuvimos un resultado histórico, muy lejos de cualquier imaginación hoy", destaca el expresidente. El PSdeG obtuviera un "33,6 % de apoyo popular" que "fue posible —cree— porque tuvimos tiempo y lo utilizamos para construir un proyecto político alternativo y confiable, de corte galleguista y socialdemócrata" y "con un liderazgo claro" en un "PSdeG muy propositivo". Todo, tras una campaña "en la que encontré un extraordinario grado de ganas de cambio, incluso más allá de las filas" de un Partido Socialista que manejaba datos según los cuales "la mayoría social veía la coalición PSdeG-BNG como el mejor gobierno posible". También por eso, asegura, durante el ajustado recuento "no tuve dudas" de que "el cambio estaba hecho" y así lo trasladó primero a Quintana y después a la opinión pública.

"El resultado del BNG no fue óptimo en la medida en que esperábamos tener una representación más nutrida en el Parlamento, pero ese sabor amargo quedó enseguida borrado por la consecución de otro objetivo, quizá más importante para el país: el necesario cambio de gobierno que se iba a producir con la nueva mayoría parlamentaria y el acceso del BNG y del nacionalismo por primera vez a las labores de gobierno del país", resalta Anxo Quintana en una entrevista en Praza.gal.

En las semanas siguientes, las comisiones negociadoras de PSdeG y BNG se pusieron a trabajar en un pacto para gobernar en coalición sobre el que, independientemente de los detalles, nadie dudaba. Touriño y Quintana lo escenificaron con un cordial inicio de las conversaciones en el Hostal dos Reis Católicos y una firma del acuerdo en el  Centro Galego de Arte Contemporánea. 

La alianza contempló la presidencia para el líder socialista y una vicepresidencia única para el nacionalista con competencias en Igualdad y Bienestar. En el nuevo Consello da Xunta, el PSdeG gestionaría Presidencia, Economía, Política Territorial, Educación, Sanidad, Pesca, Medio Ambiente y Trabajo. Al BNG le correspondieron las consellerías de Innovación e Industria, Medio Rural, Cultura y Vivienda. En total, dos consellerías menos que el último gobierno de Fraga.

De aquel gabinete, cuyas desavenencias a veces resonaron en exceso, salieron múltiples medidas. Algunas pioneras en la historia de la autonomía e incluso adelantadas más de una década a la acción de otros gobiernos en materias como ordenación del territorio, igualdad de género, sanidad, políticas para el rural, servicios sociales o vivienda.

Parte de ellas se aplicaron en apenas tres años y medio. Otras no llegaron a desplegarse porque en las siguientes elecciones, las del 1 de marzo de 2009, PSdeG y BNG volvieron a sumar juntos más votos que el PP, pero los populares lograron en A Coruña un escaño que perdió el Bloque. E inauguraron, con Alberto Núñez Feijóo al frente, una nueva etapa de mayorías absolutas que llega hasta nuestros días.

Hace diez años, Touriño reflexionaba en una entrevista con Praza.gal que aquella de 2009 fue una victoria del PP no solo en votos. PSdeG y BNG, señalaba, habían asumido una derrota "peor que la electoral, la de la hegemonía de las ideas" sobre el Gobierno que compartieran. "Llega Feijóo y crea la sensación de que aquel fue el gobierno del despilfarro, que nos dejó una Galicia quebrada", una "pura mentira" frente a la que en los años siguientes "no se generó un discurso alternativo que reivindicase que se hicieron cosas muy positivas". "Si tú mismo asumes que no puedes defender que cuando gobernaste hiciste una política alternativa, estás vendido", aseveraba el ex presidente.

Con la perspectiva de dos décadas, Quintana considera que "no se ha hablado lo suficiente, sobre todo en el ámbito del nacionalismo, de la importancia de una labor de gobierno" que, a su juicio, "se podría calificar de excepcional". En "muy poco tiempo", dice en una entrevista con Praza.gal, el Bloque fue capaz de "demostrar" que "es capaz de hacer en el gobierno lo que siempre había propuesto cuando estaba en la oposición" y "además, con honestidad y honradez". Pero en muchas ocasiones durante estos años, lamenta, "más que de lo malo" que pudiera haber hecho el primer Gobierno de la historia de Galicia apoyado en una mayoría parlamentaria de izquierdas, "se habló de lo inexistente, de lo que no pasó".

Los últimos cuatro años no fueron los primeros en Galicia con intervenciones en fosas comunes excavadas por los golpistas para enterrar los cadáveres de sus víctimas tras el levantamiento de 1936, pero sí fueron los primeros en los que estas obras contaron con apoyo y financiación pública, la del Plan Cuatrienal de Memoria Democrática del Gobierno de España 2021-2024.

El funcionamiento económico de este plan, basado en aportaciones del Ejecutivo central a las comunidades autónomas, dio lugar a la paradoja de que los trabajos fueran financiados formalmente por la Xunta, aunque en rigor el Gobierno gallego se limitó a transferir el dinero recibido del Estado al grupo de investigación Histagra de la Universidad de Santiago, liderado por el profesor Lourenzo Fernández Prieto. En total, algo más de 396.000 euros desde 2021, que han permitido intervenir en una decena de fosas y reforzar una tesis significativa: la de la ocultación de cadáveres "para encubrir la magnitud de los crímenes" cometidos.

La historiadora Conchi López es la responsable de la imprescindible investigación histórica que acompaña estos proyectos. Conversa con Praza.gal tras la conclusión de la intervención en la fosa del antiguo cementerio de Cabreira, en Salvaterra do Miño (Pontevedra), en la que todo apunta al enterramiento de los cadáveres de cinco vecinos de Moaña "dados como desaparecidos" en 1936. El equipo trabajó allí después de hacerlo en el cementerio de O Val, en Narón, donde se encuentra una de las mayores fosas comunes donde los golpistas arrojaban a sus víctimas en Galicia.

Más allá de las circunstancias concretas de cada asesinato y enterramiento, explica Conchi López, los hallazgos en las fosas en estos cuatro años llevan al equipo a "trabajar con la hipótesis del ocultamiento" de los cadáveres. "Debido a que ha pasado tanto tiempo y la gestión de los enterramientos estaba en manos de los propios verdugos", no parece casual que el equipo de Histagra haya encontrado elementos recurrentes, como la "construcción de nichos en un período cronológico muy específico" por encima de donde habían sido enterradas las víctimas

Vistas "en contexto", las "pistas que nos llevan a pensar que estaban escondidos de forma intencionada" encajan aún mejor. Hay que situar los hechos "después de la Segunda Guerra Mundial", en un momento en el que el régimen franquista tenía especial interés en deshacerse de sus vínculos con los nazis y también en ejecutar "determinadas prácticas para ocultar la magnitud de los crímenes" que había cometido después del golpe.

Que "la fosa estaba debajo de los nichos" fue, por ejemplo, "lo que nos dijeron repetidamente las fuentes orales", los vecinos, en el cementerio de O Val, en Narón. Las catas y el georradar también la señalaron y en las obras de este otoño pudieron "descubrirla". Una excavación de aproximadamente un metro de ancho delante de los nichos reveló restos humanos y otras pruebas de los enterramientos que buscaban, los de casi medio centenar de personas asesinadas en el lugar "desde agosto de 1936 hasta principios de 1938".

“Pudimos ver el perímetro en la superficie que cubría la fosa, pero no pudimos excavar todo lo que hubiéramos querido para comprobar la profundidad”, explica López. De hacerlo, se correría el riesgo de derrumbar los nichos construidos encima. Lo que se encontró es "la punta del iceberg". De un iceberg de la muerte. "Encontramos varios restos de pies y piernas" y junto a ellos, "algún cráneo ", lo que refuerza la información de "diferentes enterramientos, de varios individuos y en diferentes posiciones", en algunos casos "uno encima del otro".

Todas estas hipótesis, en cualquier caso, ahora deben "contrastarse con el trabajo en el laboratorio ". Una investigación cuidada y minuciosa en la que también entran en juego algunos objetos encontrados en el yacimiento. Desde unos cuantos candados hasta un casquillo de bala o "muchos clavos".

La fosa de Narón es de las más grandes, más propias de las ciudades –en este caso, por su proximidad a Ferrol–. Pero en Galicia es más habitual que fuesen más pequeñas, como la estudiada en Salvaterra. Son, en cierto modo, "más vírgenes", menos alteradas, explica el historiador, e incluso sin construcciones encima. Pero eso no las aleja de la estrategia del ocultamiento.

En el caso de Salvaterra, como en tantos otros, las víctimas "no fueron juzgadas por un tribunal militar", por lo que ni siquiera existe documentación de un simulacro de juicio para ejecutarlas "que nos diera datos de cómo y dónde fueron asesinadas". Fue uno de los llamados "paseos, mucho más difíciles de documentar", y en el que las fuentes orales son clave. "Encontramos la fosa donde nos señalaban todas las indicaciones de la fuente oral", "más intacta" que otras y respondiendo al "patrón" de no dejarla muy visible, colocándola "al fondo del cementerio".

El trabajo de estos cuatro años fue muy significativo para conocer más sobre "los espacios" de represión, y "la gestión que se hizo durante la dictadura, por eso es muy importante la investigación y exhumación de las fosas", afirma Conchi López. Pero "queda mucho por hacer", tanto para completar los trabajos ya iniciados, en el caso del análisis genético de los restos encontrados en Narón, como sobre todo para intervenir otras fosas –el equipo tiene registradas unas 90 en toda Galicia–.

A estas alturas es clave que el Gobierno de España apruebe otro Plan Cuatrienal de Memoria Democrática, algo que "todo parece indicar" que hará, aunque de momento "no tenemos confirmación oficial". Si esto sucede, todo apunta a que la operación será similar y el papel de la Xunta seguirá limitándose a cumplir con el traspaso de los fondos, pero evitando aparecer en la foto de la memoria histórica. 

Ni el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ni los concejales de Presidencia y Cultura, departamentos encargados de gestionar los fondos, acudieron a la firma de los convenios ni acudieron a las invitaciones para visitar los trabajos en las fosas. Tampoco hubo representación de la Xunta en la inauguración, el pasado 19 de diciembre, en el cementerio de Vilagarcía, del primer Tótem de la Memoria Democrática, una pieza escultórica de Uqui Permui concebida para señalar todas las intervenciones en las tumbas de las víctimas del franquismo, en el marco del Plan Cuatrienal.

La ausencia de la Xunta en todos estos actos la confirma la historiadora Conchi López, en cuya opinión la decisión de no asistir contrasta con el hecho de que, sobre todo a nivel local, el equipo de Histagra no encontró "ningún problema" por parte de los alcaldes, independientemente de su color político, para realizar su investigación. El Gobierno gallego, matiza, tampoco pone "ningún tipo de barrera", pero prefiere no aparecer.

Rafael Louzán es presidente de la Federación Española de Fútbol desde este 16 de diciembre. Se impuso a su rival, Salvador Gomar, con un resultado propio de uno de eses pequeños ayuntamientos donde el Partido Popular arrasa en cada elección municipal dejando sólo a un partido de la oposición con una presencia testimonial: 90 votos contra 43, con cuatro blancos y uno nulo. Una mayoría absolutísima.

Louzán llega a la convulsa Federación Española una década después de acceder a la presidencia de la gallega. La ganó en las elecciones del organismo federativo regional a finales de 2014 en una pelea que fue más allá del fútbol cuando se enfrentó al alcalde socialista de Cerceda, José García Liñares, que había acusado al entonces presidente del PP y de la Diputación de Pontevedra de utilizar la institución provincial en su beneficio para alcanzar el cargo.

La Diputación de Pontevedra, que presidía desde 2003, también fue clave en otro proceso electoral interno en el que Louzán se movió intensamente para que el resultado fuera acorde a sus intereses. Sucedió a finales de 2005, cuando el PPdeG tuvo que hacer frente a la sucesión de Manuel Fraga tras perder la Xunta. La carrera había comenzado con cuatro candidatos: Enrique López Veiga, Xosé Cuíña, José Manuel Barreiro y Alberto Núñez Feijóo.

Eran cuatro, pero la atención se centró principalmente en dos. Cuíña, el eterno aspirante a suceder a Don Manuel, defenestrado del Gobierno gallego durante la crisis del Prestige, y Feijóo, el sustituto del político de Lalín en el Gobierno de Fraga, apadrinado por la cúpula de la madrileña de Génova y, sobre todo, de José Manuel Romay Beccaría.

Uno de los cuatro candidatos, el exconselleiro Enrique López Veiga, se retiró tras el primer filtro de la elección de delegados para el congreso donde se fijaría la sucesión: no le daban "las cuentas", admitió. Superada la primera meta volante, Cuíña subió la apuesta: su propósito no era sólo suceder a Fraga, sino también "refundar" el PPdeG "en clave gallega, sin paliativos y radicalmente democrático" con el primer objetivo de frenar la "pérdida paulatina" de autonomía frente a la dirección estatal de Mariano Rajoy.

En ese momento resultó clave la posición de los poderosos dirigentes provinciales de la época, José Luis Baltar en Ourense y Rafael Louzán en Pontevedra, y los alcaldes y alcaldesas de cada zona. Fuentes conocedoras de aquel proceso recuerdan que no fueron pocos los alcaldes que acudieron a consultar con Romay para saber cuál era la elección de Rajoy para el liderazgo y que la respuesta fue el nombre de su patrocinado, Feijóo. Lo mismo ocurrió con Louzán en un contexto en el que, evocan las mismas fuentes, también estaban sobre la mesa los fondos que fluían de la Diputación a los municipios.

En este panorama, aprovechando la celebración del Día de la Constitución en Ourense, Baltar reunió a los periodistas y anunció lo que iba a pasar. Los alcaldes controlados por Louzán apostaban por Feijóo y eso hacía que Cuíña ya no tuviera números para suceder a Fraga. Por eso, los delegados afines al exconselleiro pasaron a tener "libertad" para votar y los alcaldes baltaristas, lo mismo. Los votos fluyeron hacia Feijóo, en la línea de lo que quería el Madrid, y la retirada de Barreiro era sólo cuestión de tiempo. Poco antes de Navidad, Barreiro anunció que se unía a la lista del ahijado político de Romay, que fue proclamado nuevo líder del PPdeG sin rivales en enero de 2006.

Fue de esta manera como Louzán desequilibró el partido decisivo de Feijóo en su ascenso político, proceso sin el cual la posibilidad de alcanzar alguna vez la presidencia de la Xunta y la dirección estatal del PP habría sido muy complicada. El que en su día había sido tutelado en Ribadumia (Pontevedra) por Nené Barral –el histórico alcalde fallecido en 2023 sin ser condenado nunca por las múltiples causas ligadas al contrabando que le salpicaron– tuvo que abandonar la presidencia de la Diputación tras las elecciones municipales de 2015. En aquellas elecciones, el PP perdió por primera vez la institución provincial frente a PSdeG y BNG, aunque Louzán ya había hecho saber que pensaba abandonarla de todas formas. 

Cuando dejó la política institucional, desde la que llenó la provincia de los campos de césped artificial, en el mundo del fútbol gallego no fueron pocas las voces que señalaron que el objetivo final de Louzán era la presidencia de la Federación Española. Y estará en ese cargo durante cuatro años si no se lo impide el Tribunal Supremo, que está pendiente de dictaminar sobre su sentencia definitiva de inhabilitación confirmada por la Audiencia de Pontevedra en 2022 al comprobarse que cometió fraude para poder pagar 86.000 euros a la empresa constructora de un campo de fútbol subvencionado por la Diputación en Moraña por obras ajenas al proyecto, haciendo pasar obras ya hechas como si fueran nuevas.

La Xunta culminaba en la primavera de 1996 el proceso de asunción de las competencias en materia de servicios sociales, que había compaginado con las de sanidad en el mismo ministerio encabezado por José Manuel Romay Beccaría con su principal discípulo político, Alberto Núñez Feijóo, como número dos. Fue entonces cuando el Gobierno gallego emitió por primera vez una orden para regular los requisitos mínimos de los centros de atención a personas mayores, desde las características de los edificios hasta el personal.

En este momento, han pasado casi treinta años desde que se emitió una norma para regular un área con muchas novedades durante todo este tiempo. Desde el evidente envejecimiento de la población gallega hasta cambios normativos tan relevantes como la ley de dependencia. Sin embargo, hasta ahora sólo se había modificado dos veces, en 2022 y 2023, para que afectara también a las viviendas colaborativas, un tipo de centro que no existía en 1996. Ahora llega la tercera modificación para ampliar los servicios de enfermería en las residencias, pero también mantener las proporciones generales de personal en los niveles de hace tres décadas.

Este 13 de diciembre, la Consellería de Política Social publicó una nueva orden en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en la que alude a la "experiencia acumulada" desde 1996 al considerarla como "evidencia" para "conseguir una mejor atención a las personas que utilizan centros residenciales de atención a mayores". Es necesario "establecer una proporción de personal de enfermería en función del grado de dependencia de los usuarios". Hasta ahora, sólo las residencias con 40 plazas o más debían disponer de personal de enfermería –por una orden de 1996, con las antiguas denominaciones ATS o DUE– presente las 24 horas y, las demás, sólo con "presencia localizada".

A partir de ahora, todas las residencias mantendrán el requisito de "presencia localizada de personal médico" –es decir, que el médico no tiene que estar presente las 24 horas del día en la residencia, pero sí con posibilidad de acudir a él–. Pero, además, "deberán disponer de personal de enfermería" en distintas proporciones según el grado de dependencia de los residentes.

Para cada usuario sin grado de dependencia reconocido o en el nivel más bajo (el primero de una escala de tres) se exigirá una "tasa de 0,02" profesionales de enfermería por usuario, es decir, uno entre 50 o dos entre cien. En el caso de los grados II y III de dependencia, esa ratio se fija en "0,03 por persona usuaria", es decir, uno por cada 33 o 3 por cada 100 residentes.

Junto a estos nuevos ratios, Política Social mantiene la indicación general de que las residencias deberán "prestar una atención sanitaria integral a todos los residentes, mediante la prestación de servicios profesionales por sí mismas o de forma concertada". Aquella exigencia de 1996 se mantiene como estaba y además se mantiene inalterada la "ratio mínima de personal de atención directa en régimen de jornada completa", entendiendo por "atención directa" tanto al "personal gerocultor como al personal sanitario".

En este contexto y pese a experiencias como la de la pandemia del covid-19, todavía bastará con tener 0,20 profesionales por usuario "en módulos dirigidos a la atención de personas con autonomía" y 0,35 " en módulos dirigidos a personas dependientes. Es decir, los mínimos exigidos por la Xunta seguirán fijados en 20 profesionales de atención directa por cada 100 usuarios que tengan autonomía o 35 profesionales a tiempo completo para atender a residentes dependientes.

Estas cifras suponen un alejamiento de los niveles de plantilla incluidos en el nuevo modelo de residencias negociado en 2022 entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, apoyado por varios representantes del sector pero rechazado por Ejecutivos como el gallego. Este nuevo modelo estableció un aumento progresivo de la ratio de personal de atención directa en las residencias de mayores, partiendo de 0,39 profesionales por usuario en 2023 y llegando a 0,51 en 2029.

En ese momento, como muestra el gráfico que acompaña estas líneas, la ratio general fijada por la Xunta para el personal de atención directa a los residentes considerados autónomos está ampliamente por debajo del nuevo modelo estatal. En el caso de los residentes en situación de dependencia, la ratio de la Xunta mejora la ratio estatal hasta 2025, pero a partir de entonces también será inferior.

"Nadie podía imaginarlo". En el centro de la batalla judicial que se avecina hasta llegar a un fallo firme sobre el accidente de Angrois van a estar los esfuerzos del aparato del Estado para exculpar al exjefe de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte. Por obtener una sentencia definitiva que responsabilice al maquinista, Francisco José Garzón, por la muerte de 79 personas y las lesiones de otras 143, así como por los daños a la propia infraestructura ferroviaria. Y que consolide de una vez por todas la verdad oficial mantenida por los gobiernos de la época desde pocas horas después del accidente y rechazada en sentencia de primera instancia.

El Juzgado Penal número dos de Santiago admitió la semana pasada a trámite los 60 recursos de apelación contra la sentencia, sobre los que ahora deberá decidir la Audiencia Provincial de A Coruña. Junto a los de la Fiscalía y los de los dos condenados, cobra especial relevancia el de la Abogacía del Estado, 134 páginas firmadas por el jefe de esta unidad estatal en A Coruña, Javier Suárez. En ellos se evidencia que el Estado no pudo prevenir lo ocurrido en la curva de A Grandeira ya que fue debido únicamente, argumenta, a una negligencia del conductor de tal magnitud que ningún responsable en este asunto podría haberlo imaginado de antemano, pese a la advertencia de un ingeniero jefe más de un año antes del accidente, algo que desdeña.

Para el abogado del Estado, resulta "increíble" que la sentencia "profundamente desalentadora" emitida por la jueza Elena Fernández Currás "coloque en el mismo nivel de responsabilidad" al maquinista y "la actuación de Cortabitarte o Adif" al condenarlos a ambos por igual a dos años y medio de prisión. Porque en el accidente de Angrois la "causa directa y evidente" fue una "muy grave negligencia" del maquinista, "muy difícil de predecir y muy difícil de comprender" y "cuya relación con lo ocurrido es tan evidente e indiscutible que desplaza" ( ... ) "cualquier otro vínculo causal".

"Lo que hizo Adif en relación con la seguridad" de la línea de alta velocidad Ourense-Santiago fue, "ni más ni menos, lo mismo que se hizo para la puesta en servicio de cualquier otra línea", argumenta la Abogacía del Estado en un escrito en el que rechaza lo que califica como "burdas simplificaciones" de las acusaciones, que "repitieron machaconamente el mantra" de que "Adif no evaluó el riesgo de la curva". "Adif gestionó la seguridad de la línea aplicando la normativa y sus procedimientos internos" y el riesgo que "no fue identificado" y que ni "Adif ni Renfe previeron" fue la conducta del maquinista. Pero no porque hayan ignorado la norma, sino "simplemente porque se trata de un hecho absolutamente impredecible e inusual que carece de precedentes conocidos en la historia del ferrocarril", afirman.

La jueza, defiende el representante legal del Estado, cometió el "tremendo error" de "convertir la conducta del conductor en un simple error o equivocación humana " cuando "se trata de una conducta temeraria y absolutamente impredecible e incomprensible". Al atender la llamada telefónica del revisor del tren incurrió en "una prolongada desatención" de "más de 100 segundos" en los que no percibió "ninguno de los elementos de referencia inequívocos" que, aseguran, "le permitieron saber que se aproximaba a Santiago".

Para la Abogacía del Estado, la jueza dio un "salto al vacío" al culpar a Cortabitarte porque se basa en factores como que las empresas que instalaron el sistema de control, mando y señalización de la línea "identifican el riesgo de exceso de velocidad" y advierten a Adif de que no está "suficientemente controlado" en el punto donde posteriormente se produjo el accidente por estar allí operativo el sistema ASFA, y no el ERMTS de control constante de la velocidad. La magistrada sentenció que Adif, a través de Cortabitarte, "omitió la evaluación del riesgo de exceso de velocidad de los trenes que circulan con ASFA" por la curva de A Grandeira y tampoco adoptó "medidas para evitarlo". Para el Estado, ni la documentación ni los relatos del caso permiten sustentarlo.

Según este recurso, desde que la línea Ourense-Santiago entró en servicio en 2011 y hasta que se produjo el accidente de Angrois en 2013, "es una idea completamente arraigada en todo el sector ferroviario" que "el conductor es el responsable último de la velocidad del tren en tramos intermedios cuando se circula con ASFA" y que este riesgo está "mitigado" por la propia formación de los maquinistas. "Esto no es una ocurrencia del señor Cortabitarte", subraya.

Porque hasta el descarrilamiento del Alvia, sostiene el abogado del Estado, la de Angrois era "una curva más", de las "varias o muchas" de la red ferroviaria del Estado donde "el conductor tiene que frenar". Y "lo que todo el mundo parece ver y postular como evidente tras el accidente, que la curva era muy peligrosa y que es inaudito que no estuviera señalizada ni protegida por una baliza" –que habría frenado el tren automáticamente con el sistema ASFA–, "resulta que nadie, ni siquiera los maquinistas más experimentados y capacitados, avisaron de forma clara y rotunda antes del accidente".

Lo cierto es que aquellas balizas que hacían imposible que un tren descarrilara si el conductor no frena a tiempo se instalaron en Angrois pocos días después del accidente . ¿Y por qué no estaban antes? La Abogacía del Estado acusa a la jueza de "no tener en cuenta" en la sentencia que "el motivo por el que no se colocó una baliza en la curva de Angrois es porque no había ni una sola curva" en toda la red "protegida por balizas" del sistema ASFA y "esto se debe a la existencia de un consenso incuestionable" en "todo el sector ferroviario" según el cual "al circular con ASFA es responsabilidad del conductor controlar las velocidades intermedias del tren".

En síntesis, la Abogacía del Estado pretende exonerar a Cortabitarte al considerar que para condenarlo la magistrada empezó "la casa por el tejado" porque juzga su conducta "no por sí misma", sino "por el resultado que provocó" y esto está "completamente prohibido por el derecho penal moderno". La jueza, acusa, se basó en una visión de la curva y su protección modelada por lo ocurrido en el accidente, incurriendo en un "caso paradigmático de sesgo retrospectivo". Pero ignorando que el jefe de seguridad de Adif cumplió con todas las normas vigentes en ese momento. El mismo que, han llegado a admitir, no previó lo que acabó pasando en Angrois.

Si bien considera "simplemente increíble" que Cortabitarte pueda ser condenado y pide dejarlo indemne, la Abogacía del Estado cree oportuno aumentar la pena al maquinista. Al igual que la Fiscalía, atribuye a Garzón el delito de daño a la infraestructura provocado por el descarrilamiento, del que la jueza absolvió a ambos imputados.

"No hay nada más revolucionario que llegar al Gobierno para mejorar la vida de los gallegos". Este 1 de diciembre, Ana Pontón revalidó el liderazgo al frente del BNG tras lograr la candidatura que encabezaba el 84,14% de los votos de la decimoctava asamblea de la formación, lo que suponen 16 de los 19 miembros elegidos para la nueva Ejecutiva.

Unas diez horas antes, en el discurso de apertura del cónclave, Pontón reivindicó el trabajo del equipo que encabeza desde 2016 ante las candidaturas O BNG en Movemento (12,35% de los votos y 2 miembros en la Ejecutiva) y Alicerce (3,51%, y un miembro de la Ejecutiva), pero también, en mayor o mayor medida, ante los miembros de lo que políticamente representa internamente. La labor del grupo de hombres y —sobre todo— mujeres que tomaron las riendas de un Bloque "desorientado y confuso", un barco "a la deriva y en riesgo de hundirse " que ocho años después tiene "más impulso que nunca" tras un "espectacular avance social y electoral".

Algo más de 1.600 militantes votaron en una asamblea que avaló también el informe de gestión de la dirección política encabezada por Pontón con el 92,37% de los sufragios. Y dio su visto bueno a la ponencia política para el nuevo período con el apoyo del 96,77%.

En esos textos se señala como "objetivo básico" entrar en el Gobierno de la Xunta de Galicia. La líder reelegida destaca que, pocos meses después de lograr el mejor resultado electoral de su historia, "se lo debemos a la esperanza de cambio político" porque "no hay tarea más urgente y necesaria que acabar con el régimen absolutista del PP y conseguir que, por primera vez en la historia, haya un Gobierno en la Xunta leal a la nación gallega". "Lo más revolucionario que podemos hacer por el país es gobernar, hagámoslo posible entre todos”, enfatizó y reiteró en el cierre.

El histórico "gobernemos nosotros nuestra tierra" resonó este domingo en el Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia en voz de una Pontón que advirtió que "hay trenes que sólo pasan una vez " y eso, asegura, es lo que le pasa al Bloque con la posibilidad de presidir la Xunta. La formación, resalta, está inmersa "en una carrera de fondo" que tiene "de los nervios al PP y a su aparato propagandístico". Porque ahora, advierte, el BNG no tiene "límites".

La clave en los últimos años, sostiene Pontón, ha sido desplegar una política tan "firme" como "amable " y hacerlo "con una sonrisa en los labios". "Desde la firmeza de nuestros principios" y con "política nacionalista", destacó en una afirmación con obvias lecturas internas dentro de un discurso de clausura en el que advirtió que el "proceso de acumulación" que desemboca en San Caetano —sede del Gobierno gallego en Santiago de Compostela— debe continuar. "Más organización, más trabajo social" y también -subraya- "más poder municipal" en las elecciones de 2027.

Esas elecciones locales, defiende, serán claves para un BNG que sale de su asamblea "con la vista puesta en 2028". En ese año tendrían que celebrarse las próximas elecciones gallegas y el Bloque está ahora "más fuerte y preparado" para "salvaguardar los servicios públicos", dar "futuro a los jóvenes", "construir un país feminista", "poner fin a la emergencia lingüística" o lograr "el estatus político de nación" para que "las decisiones relevantes estén en manos de la ciudanía gallega".

"Debatimos, votamos y elegimos" y ahora "lo que toca es trabajar todos a una" para que "dentro de tres años podamos decir que el gran éxito que alcancemos fue el fruto" de una asamblea que volvió a demostrar que "quien manda en el BNG es la militancia ”. Esa militancia, resaltó en la apertura, es " individual" sin "discutir ni infravalorar a los colectivos". Por lo que "todas y cada una de las personas que forman el Bloque están en igualdad de condiciones" y a todas les corresponde asumir "la máxima actividad política", pidió.

"Toca ir más allá " y "seguir ensanchando la base social y electoral" que, mantiene, es la " única alternativa real" a un PP que "aplicará el manual de siempre", que consiste en intentar "debilitarnos, dividirnos, confundirnos y desanimarnos con sus mentiras". Porque son muchos los "intereses en la sombra decididos a que nada cambie"

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Consulta el artículo original en gallego en Praza.gal.

La Comisión Europea cerró el pasado mes de marzo el procedimiento de infracción que había abierto contra España por incumplimiento de la normativa comunitaria de seguridad ferroviaria. Lo hizo porque consideraba, tras años de peticiones y envío de datos, que se habían subsanado las deficiencias con medidas como un "plan de acción de seguridad ferroviaria".

El expediente de la UE al Estado español tuvo su origen en una denuncia presentada en 2017 por la eurodiputada del BNG Ana Miranda junto a la Plataforma de Víctimas Alvia 04155 por incumplimiento de la normativa en materia de evaluación de riesgos ferroviarios. Comenzó a andar en 2019 con la Comisión admitiendo que el proceso estaba vinculado a la denuncia del Bloque. Afirmando además que no se limitó a un suceso concreto, pero evidenciando que se centró en la evaluación de los riesgos ferroviarios, cuestión clave en el proceso penal por el accidente de Angrois y también en su sentencia, que desmontó la verdad oficial sobre el accidente y que ahora intenta sostener la Fiscalía en su recurso de apelación: que el único responsable de lo ocurrido fue el maquinista.

Todos estos hechos son conocidos. También que para proceder contra el Reino de España, la Comisión Europea elaboró, a través de la Agencia Ferroviaria de la UE (ERA), una auditoría sobre el cumplimiento –o falta del mismo– de la normativa comunitaria en esta materia. Así lo reveló en 2018 Christopher Carr , quien en ese momento estaba a cargo de la ERA. Pero esa auditoría no vio la luz hasta noviembre de 2024 tras lograr acceder a ella la plataforma de las víctimas.

La documentación a la que pudo acceder este colectivo incluye la carta en la que la entonces comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc,  comunica al exministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, la "preocupación" de las autoridades comunitarias por el incumplimiento de la normativa ferroviaria de la UE en España tras señalar que la auditoría ERA "identifica claramente" una serie de "deficiencias“ en todo el sistema ferroviario del Estado. Es decir, no sólo en la curva de A Grandeira. A continuación, el estudio y sus crudas conclusiones.

La ERA, que ya en 2016 había constatado que la investigación oficial sobre el accidente no había sido independiente al estar realizada por una comisión dependiente directamente del entonces Ministerio de Fomento, la CIAF, identifica la "ausencia de un análisis de las causas profundas de los accidentes e incidentes ferroviarios”. Las autoridades españolas, señalaron, analizaron estos accidentes desconociendo la legalidad europea, que exige examinar estas "causas profundas", y consideraron "sistemáticamente que el error humano es el principal factor" que los provoca. Como en Angrois.

"En la mayoría de los casos –profundizaba– el equipo de investigación no tiene competencia en términos de factores humanos y organizativos", pero tampoco en relación con "los sistemas de gestión de la seguridad y el marco regulatorio". Y eso supuso infringir la legislación comunitaria en un contexto en el que "las empresas del sector ferroviario", como Adif y Renfe, tenían "sistemas de gestión de la seguridad" que existían "sobre el papel", pero "el personal no entiende en qué consisten y no los aplica entiende correctamente." Y eso, advirtió, llevaba a que no existiese "ningún nexo entre la evaluación de riesgos y la vigilancia" –a lo que obliga la UE–. "Y sin esa vigilancia es imposible saber si el riesgo está bajo control ".

Incumplimientos como "mantener un registro de riesgos en el marco de los sistemas de gestión de la seguridad", "identificación incompleta de los peligros" o una " subestimación de los riesgos " hacían "improbable" que las autoridades ferroviarias estatales "identificaran correctamente los riesgos". Y si lo hicieran, "podrían llevar a una asignación errónea de responsabilidades" y a una "falta de control sobre si realmente implementaron medidas de mitigación" del peligro. Y esto, insistían, ocurría en "todas" las empresas ferroviarias del Estado.

En resumen, advirtieron, "la autoridad de seguridad española" no siguió la legislación europea en la materia y como "consecuencia" no pudo "estar segura de que los sistemas de gestión de seguridad" estaban "en condiciones de cumplir los objetivos marcados". "Y en particular –subrayaron– que su aplicación garantizase el control de riesgos requerido".

Tras acceder a la auditoría completa, en la Plataforma de Víctimas Alvia 04155 hacen una reflexión. "Si en 2018 no se cumplió la normativa", como constató la Agencia Ferroviaria Europea al elaborar su estudio, "cualquiera puede imaginar lo que pasó en 2011, cuando se inauguró la línea Ourense-Santiago, o en 2012, cuando se desconectó el sistema de seguridad". 

Lo que refleja la auditoría, destaca la plataforma, es "exactamente lo que ocurrió en Angrois, ya que Adif no realizó el análisis de riesgos ni aplicó medidas de control en dos ocasiones". Cuando Andrés Cortabitarte, entonces jefe de Seguridad y condenado en la primera sentencia del caso al mismo nivel que el maquinista, "expidió personalmente el certificado sin el cual la línea no podía entrar en servicio" y "autorizaba la desconexión del sistema de seguridad” (el control constante de la velocidad del ERTMS) "por los retrasos que generaba".

Esta documentación de la UE, al fin y al cabo, creen, “refrenda la sentencia“ dictada por el juez el pasado mes de julio al condenar al cargo de Adif y “deja en ridículo a la Fiscalía", que en su recurso pide absolverle. "El fiscal Antonio Roma, con su escrito intentando exculpar a Adif, no sólo hace el ridículo, sino que incumple su obligación constitucional de defender a la sociedad velando por el cumplimiento de las leyes".

En este sentido, la plataforma de víctimas afirma que "lamentablemente, no nos sorprende que el fiscal Roma actúe así". Porque, reiteran, "en una reunión que mantuvimos con él el 1 de junio de 2014 en Madrid –Roma representó al Ministerio Fiscal en la instrucción del caso hasta 2017– le pedimos que investigara el incumplimiento de la Directiva de Seguridad" de ferrocarril de la UE. "Su respuesta fue que estuviéramos tranquilos, que iba a pedir un 40% más de indemnización". "No quiso investigar" e "intentó comprarnos y silenciarnos" para "ocultar la negligencia" que, aplauden, quedó evidenciada en la auditoría de la UE que ahora sale a la luz y también en la propia sentencia que la Fiscalía exige corregir.

La avispa velutina está presente en Galicia y buena parte del tercio norte de la península desde hace más de una década. Las primeras alertas sobre la presencia de esta especie invasora se remontan a 2011. Poco después llegaron quejas del sector apícola y de los ayuntamientos, a las que siguieron una multiplicación de las solicitudes de ayuda para retirar los nidos. "La plaga de velutina va en coche y las instituciones van detrás en un carro de vacas", ilustró la Asociación Apícola de Galicia en 2017, dos años antes de que la Xunta presentara un plan para coordinar la lucha contra la velutina.

Así, entre alertas por su impacto económico y también algún episodio trágico como la muerte de una persona alérgica por una picadura, se ha normalizado la presencia en nuestro país de una especie que puede estar a punto de tener un competidor. Un equipo científico de la Universidad de Oviedo acaba de publicar en el número de noviembre de la revista científica Ecology and Evolution un estudio que documenta la primera presencia en Europa de la Vespa soror , conocida en el ámbito científico como la "avispa gigante del sur". El hallazgo se produjo en el municipio asturiano de Siero, a apenas un centenar de kilómetros en línea recta desde Galicia.

Este descubrimiento tiene su origen, precisamente, en la lucha contra la velutina. En concreto, en un programa "para evaluar la biodiversidad de insectos afectados" por la misma. Ese programa incluyó la instalación de trampas para velutinas en las que también cayeron cuatro ejemplares de la Vespa soror en marzo de 2022 y octubre de 2023. Fueron conservados in situ y depositados en una instalación científica de la Universidad de Oviedo. El estudio, que contó con fondos del Gobierno de Asturias y el Ministerio de Ciencia, permitió un análisis detallado de la genética de estos animales para confirmar que se trata de la primera aparición europea de la especie.

La Vespa soror, que el equipo científico que la encontró propone llamar avispón soror para evitar que una abreviación "popular" de la expresión avispa gigante del sur pueda dar lugar a "términos indeseables como avispa asiática o incluso avispa asesina" es la característica procedente del noreste de la India y de otros países asiáticos como Myanmar, Tailandia, Laos, Vietnam o el sur de China, explica el artículo científico. La hipótesis que manejan sobre su aparición es que "lo más probable es que haya llegado durante la hibernación, como polizón procedente de alguno de los países de donde es originaria, como ya ha ocurrido con otras especies", como la propia velutina.

En este sentido, destacan que "las condiciones climáticas de sus zonas natales no son diferentes a las observadas en Asturias durante los meses de primavera de 2022". "Este clima, templado y cada vez menos frío a causa del cambio climático, puede favorecer y alterar el periodo de nidificación" de la Vespa soror. Además, el descubrimiento de dos nuevos ejemplares en octubre de 2023 indica que algunos de ellos pudieron sobrevivir al invierno para "crear una nueva colonia".

Los riesgos de su extensión, advierten, son similares a los de la velutina. Se trata de un "depredador agresivo" que "se alimenta de invertebrados de diversos tamaños", desde mariposas hasta libélulas o saltamontes. Pero también vertebrados como los lagartos. Y, al igual que la velutina, ataca a las abejas y sus colmenas, "provocando pérdidas considerables en la industria apícola" allí donde se instala.

Además, advierten, las picaduras de la Vespa soror pueden provocar " complicaciones médicas" ya que su picadura es "muy dolorosa y produce efectos duraderos". "Probablemente –añaden– tiene un veneno potente "debido a sus similitudes genéticas con otras especies más estudiadas. Es particularmente susceptible a las picaduras "durante los meses de septiembre a diciembre", justo antes "de la aparición de los machos y de los huevos de reina, cuando las colonias se vuelven grandes y muy defensivas". Sus nidos, a diferencia de las velutinas, suelen estar bajo tierra, a veces a pocos centímetros de la superficie.

Con toda esta información sobre la mesa, el equipo de la Universidad de Oviedo que documentó la presencia de esta avispa asiática gigante advierte de que su aparición en zonas donde la velutina tiene una presencia "amplia" puede tener "un efecto acumulativo". E implicará más "daños ambientales, económicos e incluso a la salud pública". Dado que actualmente la presencia de la Vespa soror "es escasa", se encuentra "en un punto crítico para su erradicación y gestión adecuada mediante la implementación de un plan de respuesta rápida en la localización de sus nidos".

En el caso asturiano, avanzan, "se incrementarán fuertemente las actividades de vigilancia", especialmente en la zona donde se documentó la primera aplicación. "Estarán dirigidos a verificar la presencia y potencial propagación de la especie en la región, así como a evaluar posibles daños e implicaciones de la llegada" en los "sectores apícola, ecológico e incluso sanitario".

En 2023 y con el regreso al patrimonio público del Pazo de Meirás como telón de fondo, la Xunta declaró la Casa Cornide de A Coruña como Bien de Interés Cultural (BIC). El edificio histórico fue propiedad del historiador, político e ilustrado José Cornide (1734-1803). Su familia donó el edificio al Ayuntamiento que, a su vez, lo cedió al Estado para convertirlo en un colegio hasta que volviera a ser propiedad municipal y, en 1962, una subasta controlada por destacados franquistas locales permitió que acabara en manos del dictador Francisco Franco y su esposa, Carmen Polo.

La condición de BIC obliga a los herederos del general golpista, entre otros aspectos, a abrir la Casa Cornide a "visitas públicas gratuitas un mínimo de cuatro días al mes durante al menos cuatro horas al día". Pero, como habían hecho en su momento en el Pazo de Meirás, optaron por la insumisión que, tras la advertencia de la Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña (CRMH) a la Valedora do Pobo [equivalente al Defensor del Pueblo], se saldó con una propuesta de sanción de 3.000 euros por parte de la Xunta.

Como en toda sanción administrativa, la multa a los Franco incluía un plazo para presentar alegaciones. Y este viernes, en declaraciones a los medios durante su visita a la Real Academia Galega, el conselleiro de Cultura confirmó que han hecho uso de ese derecho. Han recurrido, explica José López Campos, para pedir al Gobierno gallego que "aclare los aspectos de la apertura". Pero también para exponer la "posibilidad de encontrar una fórmula de colaboración" a través de un "acuerdo que permita las aperturas".

Más allá de que el propio conselleiro evidencia que, como propietarios de un BIC, tienen la "responsabilidad legal" de cumplir el régimen de apertura sin ningún acuerdo adicional y añade que el personal técnico de su departamento abordará el recurso desde esa perspectiva, el movimiento de la familia Franco no es nuevo. Se encaminan a conseguir un acuerdo como el que lograron entre 2011 y 2012 para abrir Meirás engrasado con algo más de 50.000 euros públicos aportados por la Xunta.

La apertura de Meirás al público a través de la declaración BIC no fue, ni mucho menos, un camino fácil. El proceso fue iniciado en 2006 por el Gobierno de coalición en la Xunta de  PSdeG y BNG , impulsado por el Ayuntamiento de de Sada en 2007 y cristalizado en un decreto en diciembre de 2008. En medio, recursos administrativos y judiciales que no cesaron hasta 2010, cuando el último intento de los Franco naufragó en el Tribunal Supremo.

En aquel momento, la Xunta ya no estaba gobernada por socialistas y nacionalistas, sino por el PP de Alberto Núñez Feijóo, cuyo Gobierno había apelado a la "prudencia" y la "negociación " para lograr la apertura. Precisamente, la negociación que ahora piden los Franco en Casa Cornide ya se desarrolló en Meirás y contó con dinero público, además de incluir algunas excepciones como limitar las visitas "durante los días en que la familia" estuviera "alojada en palacio, debido a la imposibilidad de garantizar la seguridad de los mismos".

Los acuerdos se plasmaron, según informó Praza.gal, en dos convenios y un anexo con un reparto desigual de obligaciones entre ambas partes. La familia Franco "garantizó la apertura" de Meirás a la que estaba obligada por ley. Y la Xunta asumió "los costes derivados” de las visitas en ámbitos como la seguridad y también se comprometió a "hacerse cargo de la cobertura de los daños materiales que pudieran producirse (...) mediante la contratación de una póliza de seguro".

Traducido a euros, el gasto público destinado a incentivar económicamente al clan de los Franco a cumplir la ley ascendió a 53.713 euros procedentes de las arcas de la Xunta. A partir de 2013, el Gobierno gallego dejó de poner dinero para las aperturas de Meirás. A partir de entonces, la familia optó por otras estrategias como confiar la gestión de las visitas a la Fundación Francisco Franco, lo que las convirtió en actos de exaltación fascista. Así fue hasta que, finalmente, el Gobierno de España accedió a litigar por la propiedad pública del palacio.

La XVIII Asamblea Nacional del BNG, a diferencia de la anterior, no concluirá el próximo 1 de diciembre en Santiago con la votación de una única candidatura para su Consello Nacional y, por extensión, para la nueva Ejecutiva. El anterior cónclave, en el que la formación soberanista dio por superada la fase de "resistencia" y se propuso "ser una fuerza de mayorías", acabó con un 99% de apoyo a la única lista sometida a votación, la encabezada por Ana Pontón. 

Esta vez, la candidatura encabezada por quien previsiblemente será elegida por cuarta vez portavoz nacional competirá con otras dos. Una de ellas, liderada por una de las diputadas más activas del grupo parlamentario del Bloque, Noa Presas, desde la etapa en la que su representación quedó reducida a seis escaños. La otra estará encabezada por Gustavo Barcia, portavoz municipal del BNG de Mos (Pontevedra).

La lista encabezada por Pontón incluye nombres significativos de la representación institucional del BNG, así como de la ejecutiva elegida tras la asamblea anterior. Este es el caso de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; de los viceportavoces parlamentarios Olalla Rodil y Luís Bará, del diputado en el Congreso y secretario general de la UPG, Néstor Rego, de la eurodiputada Ana Miranda o del actual responsable de comunicación de la ejecutiva, Xavier Campos.

Tras hacerse públicas de las candidaturas, Pontón enfatizó a través de un mensaje en redes sociales que "la militancia decide" en la asamblea. "Pediré vuestra confianza para avanzar en la línea política que llevó al BNG al mejor momento de nuestra historia", subrayó, centrándose en los avances electorales que situaron a los nacionalistas en las últimas elecciones gallegas con 25 escaños, su mayor representación en el Parlamento autonómico.

La lista que encabeza Presas, bajo el nombre O BNG en Movemento (El BNG en Movimiento, es impulsada por el Movemento Arredista, que en la convocatoria anterior participó en la lista liderada por Pontón. Presentar una candidatura alternativa, afirman, forma parte de la "normalidad de una organización frentista" pero también de su deseo de evidenciar sus posturas después de un período en el que "pudimos certificar numerosas diferencias entre nuestras posiciones organizativas y tácticas" y aquellas de la "línea oficialista" en aspectos como "no abandonar el discurso soberanista " o "un alineamiento más claro en la defensa de los intereses de la clase trabajadora".

La tercera candidatura concurre bajo el nombre de Alicerce. Junto al citado portavoz municipal de Mos, se encuentran fundamentalmente militantes de las comarcas de Costa da Morte, O Morrazo y A Barbanza que aún no han ocupado responsabilidades orgánicas relevantes a nivel gallego.

Aunque algunas fuentes señalan discrepancias en la composición y representación y cuotas en una eventual candidatura única entre las causas de que más de una lista compita por la Asamblea Nacional del BNG, miembros y dirigentes de la formación soberanista también destacan que, en ningún caso, el actual es un contexto comparable a conflictos internos pasados. Sí lo explican, en mayor medida, dentro de una dinámica más propia de una etapa de normalidad, en la que la continuidad de la organización no está en duda, como lo estaba en la década pasada.

La actual Ejecutiva Nacional enmarca la asamblea del 1 de diciembre como "el mejor momento de la historia" del BNG, en el que estudiar la forma de ampliar un "flujo de apoyo social como nunca antes". Entre los principales objetivos de la cita, indican, está "seguir ampliando su base social para liderar en 2027 la transformación de los municipios y, en 2028, la Xunta de Galicia".

“Y nos llamaron asesinos ". Un dirigente al más alto nivel en los gobiernos gallegos de Alberto Núñez Feijóo recordaba, reiteraba y resumía así en una conversación con periodistas lo que, lamentó, les tocó vivir a los miembros del PP gallego desde finales de 2002 y hasta bien entrado 2004 . Eran años convulsos en los que al PP en general y al PP gallego en particular se le habían roto demasiado esquemas en poco tiempo.

La gestión del naufragio del Prestige había desencadenado una crisis interna sin precedentes en un partido en el que Manuel Fraga comenzaba a decaer política y –sobre todo– físicamente. Las movilizaciones sociales y los efectos políticos de la catástrofe se mezclaron con los vinculados al rechazo a la intervención española en la invasión de Irak mientras el poder institucional de los conservadores decaía en flancos estratégicos como la Diputación Provincial de A Coruña hasta que, en 2005, el PP perdía la Xunta un año después de hacerlo en el Gobierno de España tres días después del 11M.

El propio Fraga admitiría años más tarde en sus memorias Final en Fisterra que las consecuencias políticas de la gestión del Prestige entre finales de 2002 y principios de 2003 habían sido claves para perder la Xunta en 2005 . El petrolero y la movilización social canalizada sobre todo a través de la Plataforma Nunca Máis quedaron en la memoria de los populares gallegos como un trauma político que, desde entonces, muchos dirigentes tenían la voluntad de devolver a la izquierda en cuanto tuvieran la oportunidad. Por las enormes manifestaciones, pero también por las protestas contra diversos actos institucionales o del PP, que sólo en una ocasión fueron más allá de consignas o gritos más o menos intensos, cuando un bateeiro tiró chapapote al alcalde de Ribeira y presidente de la Diputación de A Coruña en el puerto de Aguiño, José Luis Torres Colomer.

Uno de los dirigentes que albergaba el deseo de poder, en algún momento, lanzar contra un Gobierno de izquierdas un movimiento similar al que tuvo que afrontar el PP con el Prestige fue, paradójicamente, uno de los más beneficiados por lo ocurrido entonces: Alberto Núñez Feijóo. No en vano, la crisis del Gobierno de Fraga provocada por la dirección central del PP, con la defenestración de Xosé Cuíña en enero de 2003 , hizo que Feijóo volviera a la Xunta como nuevo conselleiro de Política Territorial tras ocho años como alto cargo en el Ejecutivo de Aznar. 

Apenas un año y medio después, en 2004, Feijóo sería ascendido a vicepresidente primero. Desde ese cargo empezó a opositar a la sucesión de Fraga, que culminaría en enero de 2006 tras ser ratificado como nuevo presidente del PPdeG en un congreso al que llegó sin rivales. Así se convirtió en líder de la oposición al Gobierno de coalición de PSdeG y BNG, a al que ya en 2006 intentó devolverle el Nunca Máis con declaraciones y acciones que en este 2024 se repiten en los movimientos de la dirección estatal del PP contra el Gobierno de España en el marco de la catástrofe por las inundaciones en la Comunitat Valenciana.

En el verano de 2006, Galicia sufrió la que acabaría siendo la oleada de incendios más destructiva en década y media. Los primeros balances oficiales hablaban de 77.000 hectáreas quemadas en un año, que acabarían siendo 95.000. En ese contexto, el PP se apresuró a articular su propio Nunca Máis: se llamó Sós contra o lume (Solos contra el fuego), una plataforma presidida por uno de sus alcaldes (José Antonio Landín, de Barro) y apoyada por las estructuras locales del partido y su sindicato agrario afín, Xovenes Agricultores.

Sós contra o lume desplegó sus acciones en múltiples frentes. Desde anuncios de denuncias contra la Xunta hasta, sobre todo, la organización de una manifestación que, el 17 de septiembre de 2006, reunió a miles de personas en Santiago, colocando como protagonistas a Mariano Rajoy y a un Feijóo que había protagonizado en medio de la ola de incendios una fotografía en la que simulaba apagar un incendio con una manguera de jardín en Meis (Pontevedra).

La organización había colocado al frente de la marcha a la hija y a la nieta de las dos mujeres fallecidas en Cotobade atrapadas por el fuego en su coche y no dudó en atribuir las muertes directamente a la gestión del Gobierno gallego. "Con nosotros no murió nadie en los incendios y con ellos, cuatro personas", sintetizó el propio Feijóo meses después durante un mitin de la precampaña municipal de 2007 en Carballo para evocar una ola de incendios en la que la dirección del PPdeG, al menos en la provincia de A Coruña, había dado la orden de "retrasar" la constitución de las brigadas de bomberos locales alegando "diferencias" y culpando después a la Xunta de "lentitud".

Un discurso similar al de aquellos días pronunció Feijóo la semana pasada en su primera visita a Valencia tras las inundaciones. Al laso de un sobrepasado Carlos Mazón, presidente de la Comunitat Valenciana, el ahora líder estatal del PP negó la existencia de cualquier "colaboración" por parte del Gobierno de España y cuestionó a la Agencia Estatal de Meteorología en su labor sobre las alertas durante la dana.

Este lunes, tras el atentado sufrido por Pedro Sánchez en Paiporta (València) –reivindicado como propio por activistas de ultraderecha– durante la visita a la zona de los reyes de España, que también fueron insultados y blanco de barro arrojado por personas presentes en la zona, Feijóo no dudó en contrastar la actitud del monarca, que "estuvo a la altura" y "supo estar donde hay dolor", con la del presidente del Gobierno de España. Porque la "indignación de los ciudadanos no es marginal ni simulada", sino "la indignación de una nación que no soporta ver a sus compatriotas abandonados".

"Por supuesto –aclaró Feijóo en una intervención sin preguntas— que las expresiones de violencia no nos representan y las rechazamos", aunque "no nos vamos a equivocar sobre quiénes son las verdaderas víctimas de toda esta tragedia", afirmó para luego alertar sobre un supuesto “relato partidista" al respecto. En la misma intervención, el expresidente gallego pidió la declaración de "emergencia nacional ", lo que supondría quitar el mando al presidente valenciano, Carlos Mazón, y traspasarlo al Gobierno de España. Algo que descartó horas después el propio Mazón.

Desde que el Pazo de Meirás fuese declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Xunta de Galicia en virtud de un proceso iniciado por el Gobierno de coalición PSdeG-BNG y hasta que volvió al patrimonio público mediante la sentencia judicial que falló a favor del Estado, hechos que evidenciaron décadas de negligencia oficial sobre los bienes acumulados por el dictador, los herederos de Francisco Franco han practicado la insumisión de múltiples maneras. Desde bloquear las visitas a Meirás pese a verse obligados a abrirlo, hasta utilizarlo como púlpito para mayor gloria del militar golpista.

En aquellos años, el Gobierno gallego presidido por Alberto Núñez Feijóo engrasó la relación con la familia Franco con operaciones como destinar algo más de 50.000 euros públicos en apenas dos años para costear los servicios de seguridad de las visitas que era necesario organizar, un mínimo de cuatro días al mes. Además, les permitiría saltarse la obligación del régimen de visitas "durante los días en que la familia" estuviera "alojada en palacio, ante la imposibilidad de garantizar su seguridad".

Una década después, los Franco siguen practicando la insumisión en otra de las propiedades que siguen gestionando en Galicia, la Casa Cornide en A Coruña. El edificio histórico había sido propiedad del historiador, político e intelectual José Cornide, cuya familia lo había donado al Ayuntamiento de A Coruña y que lo había cedido al Ministerio de Educación para que funcionara como colegio, aunque había acabado regresando a propiedad municipal hasta que, en 1962 , una subasta controlada por destacados franquistas locales permitió que acabara en manos de los Franco.

En el marco de la devolución al patrimonio público del Pazo de Meirás y entre reivindicaciones de movimientos sociales y la Diputación de A Coruña, en 2023 la Xunta declaró la Casa Cornide como BIC, por lo que pasó a regir la misma obligación de apertura al público por parte de la propiedad que había funcionado en Meirás. Más tarde, la familia Franco buscó distintas vías para no abrirlo, como alegar que es su vivienda "temporal", buscando así aprovechar una excepción a la Ley de Patrimonio Cultural que la Consellería de Cultura no aceptó.

Al no lograrlo así, optaron por no cumplir la ley. Así lo advirtió la Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña (CRMH), que recurrió a la Valedora do Pobo –equivalente al Defensor del Pueblo– para que interviniera. La alta comisionada se dirigió a la Xunta y el Gobierno gallego, por su parte, abrió a la familia un proceso administrativo que, según informó la Agencia Efe, se salda con una multa de 3.000 euros por una infracción de la Ley de Patrimonio Cultural ante la que todavía hay margen de alegaciones.

Ante esta propuesta de sanción, la CRMH lamenta que "la actuación de la Xunta es siempre fruto de quejas de la sociedad" y de forma " dilatada y lenta". Esta forma de proceder, censuran, "hace que los incumplimientos jurídicos de la familia Franco se prolonguen en el tiempo ante la pasividad", en este caso, de la Consellería Cultura. "Los incumplimientos de las obligaciones de los Franco en esta materia son repetidos y constantes " y recuerdan "lo que vivimos en relación al Pazo de Meirás", cuando la familia Franco había optó incluso por la "provocación".

Según la CRMH, "independientemente del origen de las sanciones administrativas", si los Franco persisten en "incumplir sus obligaciones legales" en Casa Cornide, también habría margen para proceder contra ellos por la vía penal. Piensan que su conducta encajaría en el artículo que tipifica "destruir, inutilizar o dañar una cosa de utilidad social o cultural" o obviar el "cumplimiento de deberes legales impuestos en interés de la comunidad" en esta materia y castiga conductas con prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses. "La Xunta –creen– debe proceder a la imposición de medidas coercitivas agravadas (e incluso penales) que procedan en defensa de la legalidad y del interés público".

Como cada año desde que hace quince el PP regresó al Gobierno gallego, los Presupuestos Generales de la Xunta volvieron a entrar en l Parlamento con un anexo denominado ley de medidas fiscales y administrativas. Se trata de la llamada ley de acompañamiento, la cuestionable técnica de aprovechar el procedimiento presupuestario para modificar de un solo golpe decenas de normas anteriores, algunas directamente vinculadas a las cuentas públicas y su administración y otras, sin esa conexión.

De cara al próximo año 2025, la ley adjunta regula, una vez más, aspectos muy diversos. Desde la creación del marco legal sobre el que los ayuntamientos puedan cobrar la tasa turística –fruto de las reiteradas quejas del Ayuntamiento de Santiago– hasta una operación de alto impacto como la "actualización del reglamento del plan del sector eólico de Galicia", una promesa que se remonta a a década y media.

Dentro de ese aluvión de reformas, el Gobierno de Alfonso Rueda incluye una a la que atribuye el "fin de facilitar la emancipación de la juventud". En el marco de una amplia modificación de la ley gallega de vivienda de 2012, la Xunta atribuye al Instituto Gallego de Vivienda y Suelo (IGVS) la facultad de "promover, en colaboración con la consellería competente en materia de juventud, la promoción y gestión pública de alojamiento compartido, destinado a satisfacer las necesidades de vivienda transitoria de personas menores de 36 años” .

Lo que podría parecer un nuevo plan para construir espacios similares a las actuales residencias de estudiantes va mucho más allá. Porque sus destinatarios pueden ser personas individuales, pero también "unidades de convivencia" en las que "al menos una de las personas que la integran" sea menor de 36 años. La reforma legal prevé que la estancia en estos lugares podrá ser de hasta tres años como norma general, ampliables hasta siete "en consideración de las circunstancias económicas y laborales de los usuarios".

Estos alojamientos tendrán la consideración de viviendas de protección permanente –todos la tendrán a partir de 2025, en la línea de lo que reclaman desde hace años el BNG y el PSdeG– y combinarán "espacios privados" con una superficie útil de "al menos 30 metros cuadrados" con otros "comunes o complementarios". Así, se compartirían zonas como “sala común, comedor o lavandería”.

La nueva ley se refiere a los convenios que, "a estos efectos", formalizan los departamentos de Vivienda y Juventud para especificar el "régimen de gestión y mantenimiento" de los edificios, los umbrales de renta para acceder a ellos, los "precios máximos" que habrá que pagar o "los criterios de selección de usuarios". Sí avanza que estos criterios podrán "establecer reservas para adjudicar directamente el alojamiento a personas o unidades de convivencia en situaciones consideradas de atención preferente".

La construcción de estos alojamientos, dice la ley de acompañamiento, será considerada a partir de 2025 una "obra pública de interés general", al igual que todos los proyectos de vivienda promovidos por el IGVS "o por una entidad con participación mayoritaria" del mismo. Estas obras "en consecuencia, no estarán sujetas a licencia urbanística ni a ninguno de los actos de control preventivo" por parte de los ayuntamientos, indica, además de agilizar diversos trámites.

La posibilidad de ofrecer "alojamientos compartidos" como viviendas tuteladas para jóvenes o familias con algún miembro menor de 36 años no fue adelantada ni por el presidente Rueda ni por la conselleira de Vivienda, María Martínez Allegue, al exponer sus planes para incrementar el parque de pisos protegidos en unos 3,50 0 en esta legislatura –el equivalente al 20% de la demanda actual–. Viene con unas cuentas públicas en las que, por primera vez en quince años, el presupuesto para vivienda se eleva a más de 200 millones de euros.

Se da la circunstancia de que esta subida del presupuesto, de casi el 23%, se produce mientras la partida específica para la construcción de viviendas protegidas (VPP ) cae a un mínimo histórico, apenas 465.000 euros frente a los 12 millones del año pasado. El motivo de este movimiento es que el grueso de la partida para pisos nuevos protegidos se concentra en un programa de "rehabilitación residencial y vivienda social" dotado con 100,49 millones de euros –-cinco veces más que en 2024–, de los cuales 58,9 son fondos propios de la Xunta. y 41,5, una transferencia del Estado de los fondos de recuperación europeos.

Según incluyó la Consellería de Vivienda en sus cuentas para 2025, ese proyecto de "construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes" contará con otros 55 millones de euros en 2026 y permitirá contratar la construcción de 200 viviendas mientras que otras 865, indica, ya están "en construcción". En ese momento, habría algo más de 1.000 pisos en alquiler protegidos, de los que más de la mitad (el 51,93%, dicen los presupuestos) estarán en la provincia de Pontevedra -principalmente en la zona de Vigo-.

Estos fondos europeos de recuperación son clave para entender el incremento del presupuesto de vivienda del Gobierno gallego en los últimos años. Así, según las cuentas del IGVS para 2025, algo más de un tercio de los 221 millones de euros que manejará –17 más de lo presupuestado en el departamento para incluir otras fuentes de financiación, en el caso de inquilinos o ventas de terrenos– tienen un origen comunitario. 

Mientras, menos de la mitad son fondos propios de la Xunta. Son algo más de 107 millones, que, sin embargo, suponen una notable subida respecto a los 54 millones de 2024, cuando los fondos propios del Gobierno gallego apenas representaban el 30% del presupuesto total del IGVS.

Las tendencias ya lo señalaban y los datos oficiales más recientes lo demuestran. El gallego ya no es la lengua predominante en Galicia, al menos no en su uso cotidiano. El Instituto Galego de Estatística actualizó este 11 de octubre de 2024 el módulo de conocimiento y uso del gallego de su encuesta estructural de hogares y las grandes cifras del estudio no traen buenas noticias en cuanto al uso habitual de la lengua propia de Galicia.

Si bien hace un lustro esta misma encuesta reflejaba que el gallego resistía como lengua mayoritaria de la población, esta vez se traspasan las líneas. La población que declara hablar habitualmente "siempre en castellano" sube hasta el 29,2% , cinco puntos más. Mientras, la cifra que indica que "siempre" hablan gallego cae por debajo del 24 %, un 23,99% lo que, según la serie estadística consolidada por el IGE, supone una caída de más de 6 puntos.

Dado que, como en encuestas anteriores, la población que explica que habla "más castellano que gallego" es mayor que la que hace lo contrario (23,74% frente a 21,52%), la suma de los que hablan siempre o más en castellano lo ya supera la mitad de la población y alcanza el 52,94% , una proporción que hace cinco años estaba ligeramente por encima del 47% y que hace dos décadas, cuando comenzó la serie histórica de datos, no llegaba al 40%.

Por el contrario, las personas que hablan siempre en gallego o más en gallego que en castellano son ahora minoría, un 45,51%, lo que supone un descenso de más de seis puntos respecto a los datos de 2018. Al inicio de la serie, en el año 2003 el gallego era claramente la lengua predominante ya que el 61,2% de la población declaraba hablar sólo gallego o más gallego.

Como es habitual, una de las grandes variables en el uso cotidiano del gallego y del castellano está ligada a la edad. La suma de los que "siempre" hablan gallego y "más gallego que castellano" desciende claramente en todos los segmentos tras la ligera recuperación en algunos de ellos en la anterior edición de la encuesta. Pero lo hace de manera más marcada entre las generaciones más jóvenes. Así, en los niños de 5 a 14 años, sólo el 16% habla siempre o más gallego, un descenso cercano a los 10 puntos.

Un descenso similar se produce entre los jóvenes de 15 a 29 años, resultando sólo el 28% de la suma de los que sólo o mayoritariamente hablan gallego en su vida diaria. En dos grupos de edad, los de 50 a 64 y los mayores de 65, el gallego sigue siendo la lengua predominante, pero también en estos casos está disminuyendo su uso habitual, según datos del IGE.

Cuando bajamos al detalle de las cifras desagregadas por edad, se puede observar cómo el uso del castellano "siempre" crece con especial fuerza entre la población menor de 29 años. Y en la infancia, de 5 a 14 años, esta opción ya es claramente mayoritaria, superando el 53%. También supera el 40% entre hombres y mujeres jóvenes de 15 a 29 años.

Mientras, el uso del gallego "siempre" es la opción más amplia, pero no mayoritaria, entre las personas de 65 y más años, aunque con un 40,34% eso supone una caída de más de 8 puntos en cinco años y de más de veinte y cinco puntos con respecto al año 2003. La opción "más gallego que castellano" sigue creciendo en la población mayor, pero disminuye en el resto.

Esta preocupante radiografía sobre el uso del gallego se registra en un contexto en el que, según los datos del IGE, el conocimiento de la lengua es muy amplio en la sociedad, aunque también está en descenso. Las personas que dicen entender "mucho" o "bastante" la lengua gallega siguen superando el 90%, pero han bajado dos puntos en cinco años y se sitúan en el 93,4%.

Más acusado es el descenso en la proporción de población que declara saber hablar gallego "mucho" o "bastante". Con un retroceso de más de cuatro puntos, se sitúa en el 83,4%. En cuanto a la población con capacidad de escribir gallego, la tendencia creciente de todas las ediciones anteriores de la encuesta invierte su tendencia y pasa del 62,14% de hace cinco años a poco menos del 61%.

Al igual que con el uso, la edad también es una variable clave en el conocimiento. Así, en el total de la población, quienes entienden "mucho" o "bastante" gallego son más del 90%, y esto también ocurre en todos los grupos de edad excepto uno, el de los niños de 5 a 14 años. En su caso, se queda en el 86%. [ Un tercio de los menores de 15 años no sabe hablar gallego y sólo el 16% utiliza la lengua acotío ]

Los valores están aún más cautivos cuando se trata del discurso. La capacidad de hablar gallego cae por debajo del 70% entre niñas y niños y la capacidad de escribirlo apenas supera el 61% . Estos valores rondan el 80% entre los adolescentes. Mientras, casi el 90% de la población mayor de 65 años dice saber hablar gallego, pero en ese sector los conocimientos para escribirlo quedan por debajo de un tercio del total.

Las rentas más altas de Galicia gestionan, en conjunto, casi 59.000 millones de euros en activos. Es la cantidad total sujeta al impuesto sobre el patrimonio con datos de 2022, los más recientes disponibles, que la Agencia Estatal de Hacienda hizo públicos hace unos días.

Para tener que pagar este impuesto –recuperado en 2011 por el Gobierno de Zapatero, que lo había suprimido tres años antes– hay que tener bienes superiores a 700.000 euros –excluyendo la vivienda habitual hasta 300.000– o, en total, bienes por valor más de dos millones. Ese fue el caso, en ese año, de 8.634 contribuyentes que, pese a las notables disparidades dentro de su consideración general de rentas altas (las tres cuartas partes de esos casi 59.000 se concentran en apenas 700 personas), se beneficiaron de forma generalizada del descuento del 25% en ese impuesto aprobado por la Xunta todavía con Alberto Núñez Feijóo como presidente.

Además de los datos generales, las estadísticas tributarias permiten obtener una radiografía de cómo se distribuye esa riqueza. Casi el 88% de los bienes atesorados por los ricos gallegos se encuentran en capitales muebles , especialmente en participaciones empresariales por importe de más de 44.000 millones de euros. La siguiente partida más voluminosa es la inmobiliaria, con casi 5.000 millones invertidos en ladrillo.

Una cantidad menor, pero de importancia económica y política, es lo que la ley tributaria define como "bienes de lujo". Es decir, artículos como "joyas, pieles lujosas, automóviles, vehículos de dos o tres ruedas cuya cilindrada sea igual o superior a 125 centímetros cúbicos, embarcaciones de recreo o deportes acuáticos, aviones, avionetas, veleros y otras aeronaves". Además, también cuentan algunas obras de arte y antigüedades, pero con amplias exenciones: no pagan impuestos, por ejemplo, los bienes catalogados por su valor patrimonial.

Siempre según los datos difundidos por la Agencia Tributaria, el patrimonio suntuoso de los ricos gallegos ascendió a 267,9 millones de euros en 2022. Es una cantidad pequeña en relación al conjunto de bienes sujetos al impuesto, pero su incremento es elocuente, más aún teniendo en cuenta la entrada en vigor de dicha bonificación fiscal por decisión del Consejo: que casi 270 millones representan un 41,22% más que el año anterior, 2021, y están un 72% por encima de los bienes suntuosos acumulados en 2019, justo antes de la pandemia.

Como muestran los gráficos encima de estas líneas, los aumentos más acusados ​​en la inversión en artículos de lujo por parte de las rentas altas en Galicia se dieron en 2022 en el capítulo que recoge activos como joyas, pieles, vehículos o barcos, que descendieron ligeramente en 2021. Son algo más de 183 millones de euros, un incremento interanual del 71% y un 132% más que antes de la pandemia.

El capítulo de objetos de arte y antigüedades es menor en la inversión total sujeta a impuestos, con algo menos de 85 millones, y su evolución también es más moderada. Esta riqueza es sólo un 2% mayor que el año anterior y ha crecido poco menos del 11% desde la pandemia.

Tras un ejercicio 2022 marcado para este impuesto por el descuento del 25% decidido por la Xunta, en la declaración de 2023 las rentas altas podrán acogerse a una bonificación aún mayor del Gobierno gallego, del 50% , aprobada en el primer año de Alfonso Rueda como presidente. Sin embargo, esa rebaja se ve parcialmente compensada por el impuesto estatal a las grandes fortunas, que en 2022 recaudó alrededor de 10 millones de euros en Galicia y contra el que el Ejecutivo gallego litigó sin éxito en el Tribunal Constitucional. Para 2024, el PP gallego ha introducido una fórmula alternativa, neutralizando "temporalmente" las reducciones del impuesto sobre bienes inmuebles con el objetivo de evitar que el impuesto estatal se recaude en nuestro país.

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