Cuando uno tiene a su padre en la UVI, pongamos por caso, se obsesiona con las galletas que se come o deja de comer, hoy dos, ayer una, tres cucharadas de sopa seguro que le sientan bien, la compota de manzana parece que le ha gustado, y mientras tanto el cáncer o la medicación hacen su vida paralela, y seguimos mirando fijamente a los ojos del gotero sin que nos devuelva la mirada, ni un mísero side eye. Sirva el símil para la limpieza étnica en marcha en Palestina no desde octubre sino desde hace un siglo, y no es acusación, sino descripción de un tipo de colonialismo anglosajón allí practicado que busca desplazar o eliminar al colonizado.

Un ejercicio de distracción utilizado con generosidad consiste en convertir un conflicto político, la violación del derecho internacional, crímenes de guerra, asesinatos colectivos y ejecuciones extrajudiciales en un problema humanitario, que lo es, pero como consecuencia.

Discutimos y nos preocupamos por la entrada o no de camiones por Ráfah, por el lanzamiento de raciones desde el aire (con decenas de muertos), por las rutas humanitarias marítimas desde Chipre, por la construcción o no de un dique, y así andamos entretenidos hasta sumar 33.000 muertos a día quince del mes de abril del año dos mil y veinte y cuatro.

El asesinato premeditado por el ejército israelí de siete cooperantes de nacionalidades occidentales de una ONG pilotada por un cocinero español de gran inteligencia mediática en EEUU ha contribuido a asentar el contenido humanitario secundario sobre todos los demás. Además ha añadido cercanía a quien no sintiera el asunto como cercano; y ha roto la costumbre mediática de únicamente mostrar muertos palestinos, nunca israelíes (en torno a 600 militares fallecidos desde octubre), europeos o norteamericanos.

Qué más dará el grado de delgadez de un niño palestino si en diez minutos le puede caer un misil teledirigido o una bomba menos inteligente a su edificio o a su hospital o a su abuelo con el que viajaba en un coche.

Hemos descubierto además distintos tipos de alto el fuego, derivados en pausa humanitaria, solicitud de mejora de puntería, precaución con víctimas civiles (¿quién establece la diferencia combatiente-civil?), siempre con condiciones imposibles de cumplir. Además, ¿y después de la pausa qué espera?

Ni la ayuda humanitaria ni las operaciones militares internacionales de interposición o imposición de la paz acaban con ningún conflicto armado, sino que en el mejor de los casos dan tiempo para su negociación política.

La operación de cascos azules de la ONU -600 españoles- en el sur del Líbano tiene una letra P en su acrónimo español de provisional, que es una I en inglés y francés de interinidad, y así han transcurrido 46 años de provisionalidad.

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos –UNRWA– tiene distinta categoría al común de las ONG, porque pertenece al sistema de Naciones Unidas, porque es responsable de asistencia humanitaria, pero también de la educación y sanidad de seis millones de palestinos en Cisjordania, Gaza, Líbano, Jordania y Siria; porque nos recuerda todos los días con su trabajo a las víctimas de un conflicto político y de una ocupación colonial. Su importancia explica su consideración como objetivo militar y la gravedad de la retirada de fondos –no por España– a una Agencia que contrata por miles personal local.

Algún responsable político militar israelí mencionó en octubre de 2023 el plazo temporal de ocho meses para realizar la operación que sea y desconocemos.

Ya han pasado más de seis y podría quedar lo peor, en matanzas, terrorismo no estatal, respuesta de algún vecino a las provocaciones constantes, expulsión de un millón de palestinos al Sinaí egipcio.

Sigamos mirando entretanto la galleta o el paracaídas, entretenidos con la logística humanitaria, y observando al tiempo cómo el gotero de legitimidad moral del que Israel ha disfrutado durante tres cuartos de siglo por los crímenes recibidos en el pasado pues se va acabando, y no habrá enfermero o enfermera que la sustituya por uno nuevo en el futuro.

(Aquí puedes leer la Primera Parte de este artículo)

3- Terrorismo

No existe una definición internacionalmente aceptada y vinculante del término terrorismo, en tratados y análisis se impone la interpretación de parte y sorprende la ausencia clamorosa del terrorismo de Estado.

En cualquier caso, el terrorismo se reconoce, definámoslo informalmente como una táctica, no una ideología, caracterizada por el uso de la violencia física contra civiles para conseguir objetivos políticos y tiene siempre una organización detrás; este invento de los 'lobos solitarios' (de distinto tratamiento aparezcan en Haro o Algeciras) está cogido con alfileres.

Identificamos sin duda como una acción terrorista el ataque de Hamás del 7 de octubre, cumple la definición, asesinato de civiles israelíes; y los mismos ingredientes y catalogación podríamos aplicar al atentado por milicia sionista en 1947 al cuartel general británico en el hotel King David de Jerusalén, con un centenar de muertos; a las actividades del Frente de Liberación Nacional Argelino en los cincuenta y sesenta, y también a la represión francesa del independentismo argelino; violencia física contra civiles para conseguir objetivos políticos es la respuesta israelí al ataque de Hamás.

En cuanto a actores terroristas, digamos que Hamás es un agente relativamente reciente en este conflicto, surge a finales de los 80 al calor de la primera intifada, y se enmarca en un fenómeno del máximo interés como es el fracaso, por méritos propios e inducidos por terceros, del nacionalismo árabe laico de mitad del siglo pasado y su sustitución por un islamismo en ocasiones radicalizado.

Al margen del terrorismo, recordemos que desde Estados Unidos y Europa se ha hecho también todo lo posible para forzar el fracaso de cualquier experiencia política islamista no radical; y también que los actuales dirigentes por ejemplo en Túnez o Egipto han implantado unas dictaduras más represivas que los regímenes democráticos previos gobernados, aunque fuera difícilmente, por partidos islamistas.

Parece además claro que, si el problema de seguridad de Israel es el terrorismo, en ningún caso este tipo de violencia se combate con cazas, bombardeos aéreos y carros de combate, cortes de alimentos y electricidad de millones de civiles, sino con inteligencia (en su doble sentido) y fuerzas policiales.

Apuntemos también que Hamás es un acrónimo cuya letra eme corresponde a la palabra árabe que significa 'resistencia', y este carácter de rebelión contra el ocupante lo comparte con Hezbolá, nacido y crecido contra la invasión por Israel del sur del Líbano durante dos décadas, nada que ver con otros grupos como Al Qaeda o el Estado Islámico. Se trata, los primeros, de dos movimientos políticos nacidos en el territorio, por palestinos en el caso de Hamás y no solo de Gaza, arraigados además por la vertiente social de este movimiento, en el marco de una estructura estatal inexistente, prestando servicios sociales y educación a una población desasistida.

Digamos finalmente que la fortaleza de Hamás es directamente proporcional al fracaso del proceso de paz de Oslo y el desprestigio de la mini Autoridad Palestina.

Y concluyamos recordando aquel gran avance político de la sociedad española al afrontar el terrorismo independentista cuando se popularizó aquello de "Vascos sí, ETA no"; con ese mismo espíritu podríamos hoy decir "Palestinos sí, Hamás no", "Judíos sí, Netanyahu no, colonialismo no". El antisionismo no es antisemitismo.

4 – Instrumento militar

Israel no cabe duda de que tiene la capacidad militar suficiente, y la impunidad internacional reconocida, para prolongar el conflicto unas décadas más e incluso para expulsar a un millón de palestinos al Sinaí, limpieza étnica como la ya ocurrida en 1947/48, aunque el foco mediático y la época en la que vivimos quizá no lo permitiría como en el pasado.

Lo relevante aquí es que Israel no afronta ninguna amenaza existencial. Los vecinos han sido progresivamente desactivados por acuerdos de paz (Egipto, Jordania); por guerras civiles y de agresión (Líbano, Siria); o por invasiones directamente (Irak).

El conflicto israelo-palestino no es una guerra entre Estados, entre ejércitos, fuerzas navales y aéreas que se enfrentan, lo que no impide que Israel cuente con unas fuerzas armadas con capacidad nuclear de las más potentes del globo; y un apoyo incondicional de la mayor potencia militar del planeta, reforzada por el crítico Obama con un acuerdo a diez años de 38.000 millones de dólares para tiempos de paz, y directamente sin límites para tiempos conflictivos.

De lo anterior, de la crisis actual en Palestina-Israel y también de la invasión de Ucrania cabe concluir o al menos plantearse el fracaso de la disuasión como uno de los pilares de la defensa militar. Ingentes presupuestos militares y una carrera de armamento en crecimiento no han impedido la actuación de Rusia ni de Hamás, lo que obligaría a replantearse algunos principios teóricos.

En este apartado de la seguridad, la defensa y su instrumento militar, cabría señalar también cómo se han ido abandonando y desprestigiando las operaciones de paz amparadas por Naciones Unidas para estabilizar conflictos, para exportar seguridad al amparo de una legalidad y legitimidad internacional que no existió en la invasión de Irak, y que hoy no es posible con un Consejo de Seguridad de la ONU bloqueado por Rusia si el tema es Ucrania, por Estados Unidos si el tema es Israel-Palestina.

Se dice que las operaciones de paz paran el reloj de un conflicto, los más de 600 cascos azules españoles en el sur del Líbano, encuadrados en una fuerza de diez mil actualmente comandados por un general español, han evitado el conflicto desde 2006 y es un gran logro, pero nunca solucionan el problema, la salida siempre es política; también lo será en el caso palestino.

5 - Futuro - Democracia

Un último acercamiento al conflicto palestino-israelí se debe dirigir al día después de los disparos, y su solución a largo plazo sólo puede ir ligada a la democracia.

Añadamos como aclaración que el conglomerado no geográfico que llamamos Occidente, Estados Unidos, Europa, las democracias reconocidas, no actúan democráticamente fuera de sus fronteras nacionales, aunque sí viaje en su discurso de valores y principios, y sólo vale mencionar para acreditarlo ejemplos como Guantánamo, Abú Ghraib, asesinatos selectivos, bombardeos de Irak o Siria desde hace años.

Recordemos que la República española no actuó democráticamente en el norte de Marruecos, quizá hubiera sido la historia diferente; que Francia no actuó democráticamente en Argelia ni con los argelinos en suelo francés.

E Israel no es una democracia para dos millones de sus ciudadanos que son palestinos, ni para los palestinos de los territorios ocupados. El sistema de discriminación racial institucionalizado conocido como apartheid define en buena medida la situación en Israel-Palestina, así lo han reconocido y documentado organizaciones de defensa de los derechos humanos locales (israelíes) y otras de trayectoria poco discutible como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Cabe recordar que la Corte Penal Internacional incluyó en 1998, en el Estatuto de Roma, el “crimen de apartheid” entre los crímenes de lesa humanidad (artículo 7). 

Como europeos que somos, acudamos a la Unión Europea y su estrategia global para la política exterior y de seguridad de 2016, en la que leemos que "la UE promoverá un orden mundial basado en normas, con el multilateralismo como principio esencial y las Naciones Unidas como núcleo".

A octubre de 2023 se puede afirmar que el modelo Gaza, el confinar dos millones de personas sin salida y sin derechos, bombardeables regularmente, ha culminado sin éxito, y aún no sabemos qué formato lo puede sustituir.

A estas alturas y tres décadas desde su firma, resulta evidente que los Acuerdos de Oslo son inviables, la solución de dos Estados independientes en el antiguo mandato británico en Palestina, probablemente el asesinato del primer ministro israelí en 1995 a manos de un terrorista israelí frustró el proceso en fecha tan temprana, rematado en el año 2000 por Clinton-Ehud Barak. Hoy es inviable por la falta de voluntad y por la presencia en los territorios palestinos ocupados de 700 mil colonos radicalizados en su mayor parte que no se van a ir a ningún sitio.

El escenario local e internacional, como se apuntaba al comienzo, es dinámico. Se observan cambios en la visión del conflicto, generacional en cualquier geografía; especialmente en Estados Unidos, en el ámbito académico, existe ya una minoría en el Congreso norteamericano que hace oír voces alternativas sobre el conflicto; las encuestas registran un cambio entre los demócratas estadounidenses hacia posiciones más centradas y pro palestinas que en el pasado.

Existe desde hace tres lustros una campaña internacional surgida desde la sociedad civil de boicot, desinversión y sanciones (BDS), resistencia no violenta contra la ocupación israelí, similar a muchas otras practicadas en procesos de descolonización.

Y pensando en el futuro, la solución al conflicto pasa por un único Estado democrático, con igualdad de derechos y obligaciones de todos sus ciudadanos. Ya existe un único Estado en la Palestina histórica, el reto es que sea democrático. Al diagnóstico generalizado de una situación actual de apartheid sudafricano le corresponde una solución sudafricana.

No cabe imaginar otra alternativa que una opción democrática de este tipo, apoyada ya hoy por la cuarta parte de los palestinos (los partidarios de los dos Estados no son muchos más), a la que habría que dedicar pedagogía y tantos esfuerzos como se hicieron en el proceso de Oslo. 

Conocemos ya el resultado de la opción realista que ha negado durante décadas la democracia y el derecho internacional en el conflicto palestino-israelí. La opción democrática no sería ingenuidad, sino actuar por interés, incluir el Estado de derecho entre nuestros intereses.

Octubre de 2023 marca un nuevo episodio de violencia generalizada en Israel-Palestina a partir de un ataque sorpresivo y criminal de Hamás contra población civil (y militar) israelí desde Gaza y una respuesta brutal por parte del ejército israelí que continúa tres semanas después del origen, con un millar de víctimas israelíes y pasado un mes siete veces más palestinas.

La explosión de violencia genera condenas, posicionamiento; pero en un marco más general provoca una demanda de información y explicación. Comparto unos apuntes previos sobre el conflicto, un par de películas sobre Gaza y un intento de arrojar algo de luz sobre cinco ámbitos: momento, colonialismo, terrorismo, instrumento militar y futuro.

Es conveniente analizar el día antes de la explosión y el día después a que callen las armas, y una declaración de principios que publicaba la periodista Ana Iris Simón recientemente en El País: “Ninguna causa es lo suficientemente justa como para asesinar un solo niño en su nombre, ni siquiera vengar la muerte de otros niños”.

Como acotaciones muy generales cabe en primer lugar llamar la atención sobre la densidad de acontecimientos y lo reducido del espacio, condiciones histórico-físicas que incrementan los intercambios, la complejidad y la incertidumbre. La Palestina histórica equivale en kilómetros cuadrados a la provincia de Badajoz, y siempre es interesante recordar que los territorios ocupados y admitidos por los palestinos para un hipotético Estado suponen el 22% de esa superficie.

Cabría decir también al comienzo de este artículo que no se trata de un conflicto eterno, irresoluble, bíblico, incomprensible, interpretación que genera hastío y aleja de cualquier intento de comprensión del fenómeno. Se trata por contra de un conflicto eminentemente político, fácilmente acotable su recorrido en el tiempo —nada empezó el 7 de octubre— con una fecha clave marcada por la llamada Declaración Balfour de 1917, por la que Gran Bretaña se comprometió a facilitar la instalación del hogar nacional judío en Palestina. El conflicto es abordable porque nos resulta cercano y familiar en su origen, muy europeo, a partir de actuaciones e ideología como la ocupación colonial de un territorio y el nacionalismo.

El conflicto palestino-israelí no es religioso (existen palestinos de las tres religiones monoteístas e incluso ateos), no es una guerra entre Estados. El conflicto afecta directamente a unos 12 millones tanto de judíos como a otros tantos palestinos —las dos comunidades están igualadas en número—, la mitad de ellos residentes en la Palestina histórica y la otra mitad en el exterior, llámese exilio, emigración o diáspora.

Como última acotación previa, y los sucesos de octubre lo confirman, nos encontramos ante un escenario dinámico, lo que implica que la visión o planteamiento de hace cincuenta años probablemente no sirva para el presente. A lo largo ya de más de un siglo se han tomado cientos de decisiones políticas que han provocado la situación actual, esas decisiones podían haber sido otras.

Ficción:

La primera reacción personal en caliente fue buscar papel escrito en la estantería, pero antes... en el televisor. Desde estas plataformas de contenidos sin fondo ni bibliotecario a las que tenemos acceso desde el sofá aparecieron dos películas de ficción:

• ‘Un fin de semana en Gaza’. Reino Unido, 2022. Argumento: un periodista británico (y su pareja israelí) intenta escapar de Israel después de que la ONU imponga restricciones al tráfico aéreo y marítimo debido a la propagación de un virus. Gaza se convierte en el lugar más seguro de la región. Acabarán saliendo por Ráfah hacia Egipto.

• ‘Gaza mon amour’. Coproducción Palestina-Francia-Alemania-Portugal-Qátar, 2020. Argumento: Gaza, hoy. Issa, un pescador de sesenta años, está secretamente enamorado de Siham, una mujer que trabaja en el mercado con su hija Leila. El descubrimiento de una antigua estatua de Apolo en sus redes de pesca cambiará su vida para siempre. Curiosamente, su confianza comienza a crecer y finalmente decide acercarse a Siham.

No es buena idea acudir a la ficción para encontrar análisis y explicación al conflicto israelo-palestino, aunque estas dos películas revelan algunos puntos de interés, como que hace un par de años se podían situar comedias en Gaza (resultaría impensable una comedia localizada hoy en Ucrania), síntoma evidente de una ocupación normalizada, estaba asumida su precariedad, sus dos millones de habitantes enjaulados. Choca la violencia informativa actual y la cotidianidad del cine, donde asoman muchos policías palestinos, la obsesión por los papeles, puestos de control, cortes de luz y personas. Lo más sorprendente es compartir vivencias familiares, amorosas, picaresca incluso, con palestinos e israelíes de protagonistas. La normalidad informativa es bien distinta, los palestinos aparecen siempre muriendo, gritando o rezando; la deshumanización del adversario es criterio básico en cualquier conflicto. La cultura puede ser también un instrumento de conocimiento y muchas veces de propaganda —no en las películas referidas—, Paul Newman e Ingrid Bergman han hecho más desde la gran y pequeña pantalla por la causa sionista que algunas campañas militares.

A continuación, cinco acercamientos al conflicto con el objetivo de entenderlo algo mejor.

1 - Realidad - Momento:

La explosión de violencia en Israel-Palestina de este otoño de 2023 se produce en el año en que se cumplen 75 del nacimiento del Estado de Israel y los palestinos denominan Nakba (catástrofe en árabe), referido en este caso a un proceso de limpieza étnica más amplio y los efectos de 1948.

Asimismo, se cumplen 30 años de la firma de los Acuerdos de Oslo en 1993, hasta el momento el intento más serio de encontrar una salida al conflicto, si bien bajo unas premisas que han derivado en un punto muerto. Oslo establecía el principio de dos Estados vecinos, pero marcaba un proceso, no un punto final, que debía avanzar y no lo hizo, y dejaba para una fase última el acuerdo nunca alcanzado sobre Jerusalén, fronteras, seguridad, soberanía y retorno de ciudadanos expulsados del territorio.

Los acontecimientos de octubre de 2023 se producen en uno de los años más violentos de los últimos lustros (250 palestinos muertos violentamente hasta el día anterior al ataque de Hamás).

La realidad geopolítica era que Palestina y los palestinos habían desaparecido de la agenda como problema internacional urgente de resolver, mientras que los análisis se centraban en el aparente próximo acuerdo entre Israel y Arabia Saudí, en el marco de unos acuerdos de Abraham con los que Israel pretendía estrechar relaciones con los países árabes (conseguido con Emiratos, Bahréin, Sudán y Marruecos) y suponían en esencia solucionar el problema palestino con alguna inversión y sin contar con los palestinos. Nadie ha recordado en las últimas semanas que Arabia Saudí e Irán restablecieron relaciones diplomáticas en el cercano mes de marzo con la mediación de China, movimiento sorprendente en la región que muestra actores y acercamientos no previstos.

Muchos factores pueden definir el momento previo a la última explosión de violencia, como las crecientes provocaciones en la explanada de las mezquitas de Jerusalén por parte de extremistas judíos, lugar de simbolismo extremo como tercer lugar santo del Islam; origen de la segunda intifada en 2000 tras sucesos similares; la cúpula de la Roca figura en el logo de Hamás y en la pared de la mitad de los hogares palestinos.

Añadamos al momento la previsible anexión ilegal de Cisjordania por parte del Estado israelí (como ya ha hecho con Jerusalén y los Altos del Golán); y las divisiones de un liderazgo palestino desacreditado, lo que abre la sucesión no lejana de Mahmud Abbás.

En octubre de 2023 se produce un distanciamiento creciente y preocupante entre la dirección política y los ciudadanos en los territorios palestinos ocupados, también en Israel (manifestaciones multitudinarias desde enero), en los países árabes vecinos y no tan vecinos.

Finalicemos este apartado con la próxima convocatoria de elecciones en 2024 tanto al Parlamento Europeo como a la presidencia de Estados Unidos, lo que explica visitas recientes, apoyos incondicionales y el movimiento de varios actores en el desarrollo próximo del conflicto.

2 - Colonialismo

No es posible entender el conflicto israelo-palestino sin tener presente que, en su origen y desarrollo, hasta el día de hoy, es un fenómeno colonial, con todos sus ingredientes: existen colonizadores, colonizados y colonos, de estos últimos hasta 750.000, con un comportamiento extremo. Existen ocupantes y ocupados. Existen presos sin cargos y presos con cargos. Existen detenidos menores de edad bajo jurisdicción militar y no detenidos. Existen agresores y agredidos. Existe la vieja fórmula de fragmentar al colonizado geográfica y jurídicamente.

El proceso es claro, y por supuesto tiene sus peculiaridades, una no menor es que llegó tarde, al menos cien años: en 1947 el Reino Unido se retira de la India, y ese mismo año se aprueba en Naciones Unidas la resolución 181 que establece un Estado judío y otro Estado palestino en la superficie del mandato británico.

Convengamos que en el siglo XIX poca gente conocía lo que hacía el rey de los belgas Leopoldo sobre los congoleños, y a nadie le importaba, circunstancias de conocimiento e interés que han ido cambiando a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. Imposible imponer una realidad colonial en una época poscolonial, y eso se ha ido intentando en Palestina por el proyecto colonial sionista primero apoyado por la primera potencia mundial que era el Reino Unido; y luego a partir de los años sesenta por la primera potencia mundial que era y sigue siendo Estados Unidos.

Añadamos a las peculiaridades que se trata de un tipo específico de experiencia colonial conocido y estudiado como colonialismo de asentamiento, de raíz británica, que pretende en último término expulsar o aniquilar al colonizado, con referencias históricas reconocibles en EEUU, Canadá, Australia o Nueva Zelanda. 

Finalicemos este epígrafe con la obviedad de que en todas las experiencias coloniales el colonizado se acaba rebelando contra el colonizador; y no menos importante, que el colonialismo acaba pasando factura al colonizador, en forma de militarismo, degradación del Estado, extensión de la violencia y reducción de derechos ciudadanos.

Israel ha vivido en los últimos meses dos procesos políticamente relevantes: las elecciones parlamentarias celebradas en noviembre de 2022, que han facilitado el Gobierno más extremo y ultranacionalista de su historia; y la movilización popular masiva contra la reforma de la Justicia con manifestaciones constantes de cientos de miles de israelíes desde este enero de 2023.

En ambos casos se podría encontrar una ausencia muy presente, utilizando un oxímoron, figura retórica de moda que define expresiones contradictorias como muerto viviente o silencio atronador: no hay palestinos; no fue un tema importante en la campaña electoral, en los programas políticos, ni está presente en el multitudinario movimiento de rechazo a Netanyahu. Siguiendo con otras expresiones, cabría pensar en el elefante en la habitación, como los anglosajones aluden a un tema omnipresente e incómodo al tiempo, que lleva a aparentar ignorarlo.

"Israel será un país judío o un país democrático, ambas opciones son incompatibles", vaticinaba recientemente un diplomático español destinado en Oriente Próximo. Por mucho que se utilice el carácter tecnológico innovador de Israel -Start up nation- o el paraíso gay de algunas zonas del territorio, la deriva política apunta hacia una concepción exclusivamente judía del país, una confesionalidad creciente del Estado al tiempo que se va reduciendo el marco democrático. 

Los responsables políticos israelíes trabajan para fijar una situación de anexión de facto que sea irreversible, con varias categorías de ciudadanos y derechos, objetivo logrado ya hace años, un nivel de violencia soportable por los propios palestinos y la comunidad internacional, situación perfectamente posible aunque incompatible con las reglas de un Estado de derecho y la democracia: mismos derechos para toda la población, separación de poderes, y entre Iglesia y Estado.

El futuro en paz y de progreso de Israel-Palestina está condicionado a una salida democrática a la situación de discriminación colonial de los palestinos, hoy divididos dentro de las fronteras del Estado de Israel de 1948 -20% de la población-, en los llamados territorios ocupados en 1967 de Jerusalén, Gaza y Golán, donde ya se han instalado ilegalmente 600.000 colonos judíos en asentamientos; los palestinos de la diáspora, especialmente en Líbano y Jordania. La fragmentación geográfica y legal de los palestinos es otro objetivo largamente perseguido y también culminado.

Es una ficción desligar la iniciativa tecnológica israelí, la competencia militar (continuos ataques sobre suelo sirio desde hace una década; capacidad nuclear), es una ficción desligar un futuro prometedor para Israel de la ocupación colonial de los palestinos.

En el primer cuatrimestre de 2023, más de cien palestinos y una decena de israelíes judíos han sido asesinados o han fallecido en circunstancias violentas, un conflicto cuya desproporción de víctimas no ilustra convenientemente la desproporción de contendientes, que no son equiparables ni permiten equidistancia posible: existe una situación colonial de fuerza y una población colonizada.

Se cumplen este mes de mayo 75 años de la Nakba (catástrofe, en árabe), que son los transcurridos desde la fundación del Estado de Israel en 1948 y la operación que se hubiera llamado entonces de limpieza étnica si hubiera existido la etiqueta, que desplazó 800.000 palestinos, muy bien estudiado incluso por la historiografía israelí; y se cumplen también 30 años de los acuerdos de Oslo que establecieron la solución de dos Estados vecinos.

Provocaciones, víctimas, violencia durante tres cuartos de siglo, podrían alimentar el argumento de la historia interminable y el conflicto irresoluble, y nada más lejos de la realidad, todo indica que la situación es cualquier cosa menos estable, y circunstancias bien recientes han venido a alterar el panorama. El larguísimo aunque no eterno conflicto ha sido posible por una serie continuada de decisiones políticas y de violaciones a la legalidad internacional permitidas, que pueden continuar o no. Al menos, el marco político y social está en permanente cambio, y acelerado en las últimas fechas, como lo pueden mostrar las referencias siguientes.

En gran parte del mundo se está produciendo últimamente una revisión del colonialismo, que afecta en lo simbólico a estatuas conmemorativas y a fondos de museos, lejos ya de visiones imperiales o fantasías civilizatorias. Existe ya el suficiente margen temporal para que colonizadores y colonizados realicen un nuevo acercamiento más científico que nacionalista al fenómeno. Y la excepción es el denominado por los especialistas 'colonialismo de asentamiento' que se sigue practicando en Israel en 2023. En este sentido cabría decir que los tiempos se mueven más hacia una relectura histórica del colonialismo pasado que a una práctica del colonialismo futuro.

Se puede aplicar además la máxima confirmada en gran parte de los países de Europa que la violencia colonial acaba pasando factura al colonizador, se vivió en España con la dictadura de Primo de Rivera a partir de 1923, el golpe de Estado de 1936, la guerra civil que provocó y la dictadura de Franco; se vivió en Francia metrópoli con las soluciones militares varias y los golpes de Estado de los primeros 60. Se puede interpretar que la violencia colonial israelí acabará afectando, si no lo está haciendo ya, a los hoy ciudadanos israelíes, al discrepante, a los moderados, al cristiano, a los no ultraortodoxos ultranacionalistas (existen también ultraortodoxos no ultranacionalistas).

Shlomo Ben Ami, quien fuera ministro israelí de Asuntos Exteriores y antes embajador en España, ha descrito en varias ocasiones la situación política y social de su país como sudafricana, sin llegar a abogar por una solución al conflicto también sudafricana, que sería un único Estado con ciudadanos iguales en derechos fundamentales, sociales y políticos.

Con los matices que impone historia y realidades diferentes, el sistema de discriminación institucional conocido como apartheid define en buena medida la situación en Israel-Palestina, así lo han reconocido y documentado organizaciones de defensa de los derechos humanos locales y otras de trayectoria poco discutible como Amnistía Internacional (informe de febrero de 2022, El apartheid israelí contra la población palestina: Cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad) o Human Rights Watch (Las prácticas abusivas de Israel constituyen crímenes de apartheid y persecución, informe de abril de 2021).

Cabría recordar que la hoy de actualidad, por la invasión de Ucrania, Corte Penal Internacional incluyó en 1998, en el Estatuto de Roma, el “crimen de apartheid” entre los crímenes de lesa humanidad (artículo 7).

La equiparación del supremacismo estilo apartheid con la situación en Israel-Palestina ha superado hace tiempo y con creces los círculos de kufiyya palestina y pipa de agua; así como es destacable el alcance internacional del movimiento de boicot, desinversión y sanciones (BDS), que trabaja para terminar con el apoyo internacional a la opresión de los palestinos por parte de Israel y presionar para que cumpla con el derecho internacional.

Otro cambio de escenario se refiere a los Acuerdos de Abraham, patrocinados en septiembre de 2020 por Donald Trump como presidente de EEUU, y por su yerno, que han permitido estrechar relaciones diplomáticas y políticas, o aflorar las que se mantenían en la discreción de las élites y la seguridad, entre Israel con Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán. Lejos de las declaraciones grandilocuentes de los comunicados, y del indudable logro de haber conseguido desligar el conflicto palestino de las relaciones de Israel con algunos países árabes, el proceso languidece desde la salida del Gobierno de Trump, ante la indiferencia de las opiniones públicas árabes (más allá de alguna bandera en el Mundial de fútbol de Qátar) y con Arabia Saudí más lejos cada día de firmar el comunicado.

Otro elemento novedoso afecta precisamente al segundo mayor importador de armas del mundo, Arabia Saudí, que anunció a comienzos de marzo el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Irán, rotas desde 2016, acuerdo que para sorpresa generalizada se ha producido con la mediación de China.

El acuerdo desactiva el más poderoso pegamento de seguridad que ha unido durante años a socios de conveniencia en contra de Teherán; y los pasos posteriores al anuncio revelan la voluntad de ambas partes de avanzar hacia una nueva situación, lo que tiene efectos directos sobre la guerra civil yemení, como el intercambio de un millar de prisioneros a mediados de abril. 

Un último y no menor cambio de guion afecta a Estados Unidos, probablemente más a la ciudadanía, a la sociedad civil, a la opinión pública y publicada que a su Gobierno, teniendo en cuenta además que la historia demuestra que Israel es un asunto de política interior norteamericana y se acentuará este carácter según se vayan acercando las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

Se detectan cambios y así se puede interpretar un reciente y largo análisis publicado en la revista Foreign Affairs, con su siglo de historia a la espaldas y referencia internacional, titulado "La realidad de un solo estado de Israel. Es hora de renunciar a la solución de dos Estados" (enlace a original en inglés, publicado el 14 de abril).

Firmado por cuatro especialistas en Relaciones Internacionales de las universidades norteamericanas George Washington y Maryland, el texto señala que "el estatus temporal de 'ocupación' de los territorios palestinos es ahora una condición permanente en la que un Estado gobernado por un grupo de personas gobierna sobre otro grupo de personas".

Para los autores, el proceso de paz de Oslo "terminó hace mucho tiempo. Ya es hora de lidiar con lo que significa la realidad de un solo Estado para la política, la política y el análisis. Palestina no es un Estado en espera, e Israel no es un Estado democrático que ocupa accidentalmente territorio palestino". 

Añade el muy recomendable análisis de Foreign Affairs que "todo el territorio al oeste del río Jordán ha constituido durante mucho tiempo un solo Estado bajo el dominio israelí, donde la tierra y la gente están sujetas a regímenes legales radicalmente diferentes, y los palestinos son tratados permanentemente como una casta inferior. Los políticos y analistas que ignoren esta realidad de un solo Estado estarán condenados al fracaso y la irrelevancia, haciendo poco más que proporcionar una cortina de humo para el afianzamiento del statu quo".

Defienden estos analistas que "un acuerdo de un solo Estado no es una posibilidad futura; ya existe. Entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, un Estado controla la entrada y salida de personas y bienes, supervisa la seguridad y tiene la capacidad de imponer sus decisiones, leyes y políticas a millones de personas sin su consentimiento"; sin embargo, añaden, "obligada a elegir entre la identidad judía de Israel y la democracia liberal, Israel ha elegido la primera. Se ha encerrado en un sistema de supremacía judía, en el que los no judíos son estructuralmente discriminados o excluidos en un esquema escalonado: algunos no judíos tienen la mayoría, pero no todos, los derechos que tienen los judíos, mientras que la mayoría de los no judíos viven bajo severa segregación, separación y dominación".

Recuerda el artículo que la ley aprobada en 2018 define a Israel como “el Estado-nación del pueblo judío” y sostiene que “el ejercicio del derecho a la autodeterminación nacional en el Estado de Israel es exclusivo del pueblo judío”; no menciona la democracia o la igualdad para los ciudadanos no judíos.

Dejando aparte el análisis de Foreign Affairs, cabría concluir que en el último siglo la forma de afrontar el conflicto entre Israel y Palestina ha sido el de la estatalidad, así se propuso por la Naciones Unidas en 1947 y en Oslo en 1993, un Estado para cada comunidad, lógico porque así funciona la comunidad internacional y es el Estado el que otorga nacionalidad y derechos a los ciudadanos. Sin embargo, el enfoque podría estar cambiando.

Así lo apunta una ciudadanía palestina, israelí e internacional en transformación; una situación sobre el terreno que supone una anexión de hecho de toda la Palestina histórica, ya irreversible salvo nuevas limpiezas étnicas que no serían hoy admitidas por la comunidad internacional.

El movimiento de liberación de Palestina, en clave estatal, sería hoy mejor expresarlo como el movimiento de liberación de los palestinos, que será también el de todos los residentes independientemente de su confesión religiosa, orientación política o adscripción cultural, ciudadanos con los mismos derechos fundamentales, sociales y políticos de un único Estado multicultural y multirreligioso, como lo son casi todo; como el que ya existe sobre el terreno, pero realmente democrático para toda su población.

A seis mil kilómetros al este de Madrid, el asalto violento al Capitolio norteamericano está centrando la actualidad política norteamericana este comienzo del verano de 2022 por la celebración de una comisión de investigación parlamentaria que va dejando cada vez más claro que se trató de un autogolpe de Estado del anterior presidente Donald Trump. La información solo compite con las últimas sentencias regresivas del Tribunal Supremo de EEUU sobre el aborto, el control de armas y el cambio climático. 

El valor de la comisión sobre el 6 de enero de 2021 reside en ofrecer información sobre lo que pasó; memoria, que es débil, en año y medio los sucesos parecen de otra época, ya casi olvidados; y pedagogía democrática.

En una reciente estancia pude comprobar la coyuntura política norteamericana y también la estructura, llamémosle así, los mensajes que EEUU como Estado lanza de forma continuada a ciudadanos propios y ajenos desde sus estructuras, por ejemplo, desde sus museos.

El presidente Lincoln vigila la capital política del país desde un partenón en un extremo del National Mall, que indica el triunfo del dórico en EEUU como en ningún otro lugar del planeta, sentado en un templo griego con enormes inscripciones talladas de su segundo discurso de investidura y su discurso de Gettysburg, ambos marcados por la guerra civil.

"Nuestros padres hicieron nacer en este continente una nueva nación concebida en libertad y consagrada al principio de que todas las personas son creadas iguales (...). Que este país, bajo Dios, pueda tener un nuevo nacimiento de libertad, y que el Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá de la Tierra", palabras de Lincoln allí grabadas.

En el recomendable Museo de la Guerra Civil Americana en Richmond (Virginia), recordemos que la ciudad fue la capital confederada, se ofrece información detallada del conflicto (1861-1865), que fue guerra de secesión (siete Estados quisieron irse de la federación), información de batallas, protagonistas; de 750.000 víctimas mortales, cifra no superada de nacionales fallecidos en una guerra, casi el doble que en la Segunda Mundial; se ofrecen mensajes políticos sobre las bondades de la Unión, de la igualdad en derechos de cualquier ciudadano y mucho contenido sobre la segregación racial de los norteamericanos de origen africano.

Sale de allí uno bien informado sobre cómo la abolición de la esclavitud fue decisión acelerada por la guerra (los padres fundadores no eran de la idea unas décadas antes) y cómo la igualdad legal de derechos fue torpedeada con éxito en la realidad durante más de un siglo, al menos hasta los años 60 del siglo XX. Tenemos aquí memoria, información y mensajes políticos democráticos.

Tres mil ochocientos kilómetros al sur, y a un clic instantáneo de distancia, este mes de junio se ha difundido el informe final de la Comisión de la Verdad en Colombia.

"Somos una Entidad de Estado que busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promueva el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuya a sentar las bases para la no repetición, mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera".

Y ¿qué han hecho? "El proceso para crear el Informe Final comenzó en noviembre de 2018 y se desarrolló dentro de un enfoque de varios niveles para descubrir, comprender y analizar el conflicto armado que se ha extendido por medio siglo”. En medio de este trabajo, se resaltan los siguientes logros:

El objetivo de la Comisión con la presentación de su Informe Final y su legado es “que los hallazgos y recomendaciones que son el resultado de su proceso contribuyan significativamente a la dignificación de las víctimas y tengan un impacto real en las políticas públicas y en la población colombiana en general". 

El resultado es un muy recomendable e inmenso trabajo que se puede sintetizar en información, memoria y pedagogía democrática sobre un conflicto que entre 1985 y 2018 registró en Colombia al menos 450.000 homicidios.

Ocho mil kilómetros al noreste de Bogotá, y a centímetros de su sensibilidad, se acaba de aprobar este 14 de julio en el Congreso español el proyecto de Ley de Memoria Democrática (aquí enlace a proyecto de ley, BOCG de 7 de julio) con 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones; cinco de los votos favorables pertenecieron a EH Bildu, independentistas vascos, las matemáticas dicen que no fueron imprescindibles; lo destacable es cómo partidos sistémicos como el PP, de extremo centro en extinción como Ciudadanos o aparentemente de izquierdas como ERC no apoyaran el proyecto de ley con entusiasmo.

El proyecto de ley, continuidad de la norma aprobada bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, "profundiza en la política de Estado en favor de la verdad, la justicia, la reparación y el deber de memoria como garantía de no repetición", según argumenta el Gobierno en nota informativa, de gran utilidad para quien no tenga tiempo o interés en leerse el texto completo del proyecto de ley.

La norma incluye la recuperación, salvaguarda y difusión de la Memoria Democrática, centrada en el conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de nuestra edad contemporánea. Por primera vez se condena de manera expresa el golpe militar de julio de 1936 y la dictadura franquista.

La norma profundiza en el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil de España y la dictadura franquista, hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978 y homenajea a todas las víctimas de la contienda. También reconoce la Ley de Amnistía como un logro de todos los demócratas y pone en valor la importancia de la Transición y de la Constitución de 1978, como pilar fundamental de la democracia.

El proyecto de ley se fundamenta en los derechos humanos y en los principios fundamentales del derecho internacional humanitario (verdad, justicia, reparación y deber de memoria) y da respuesta a las recomendaciones de los organismos internacionales, como Naciones Unidas.

Respecto a la verdad

Respecto a la justicia

Respecto a la reparación

Respecto al deber de Memoria como garantía de no repetición

Además, el proyecto de ley reconoce expresamente el papel desempeñado por las mujeres en su lucha por la conquista de derechos y libertades que ocupan un lugar transversal y singular a lo largo de la norma. También establece la obligación de retirar vestigios franquistas, dispone la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo o actividades que supongan menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas y establece un régimen sancionador que garantiza el cumplimiento del proyecto de ley con multas que van desde los 200 a los 150.000 euros.

La norma establece dos días oficiales de memoria: el 31 de octubre, para el recuerdo y homenaje a todas las víctimas, y el 8 de mayo, para el recuerdo y homenaje de las víctimas del exilio.

Finalmente, incluye una regulación exhaustiva de los supuestos contrarios a la memoria democrática, avanza en lo relativo al patrimonio documental, regula los lugares de memoria y modifica el régimen jurídico del conjunto del Valle de los Caídos como paso previo a su resignificación.

El proyecto de Ley de Memoria alcanza hasta el año 1978, año de aprobación de la Constitución española, y contiene una disposición adicional que permitirá la creación de una Comisión de expertos que pueda investigar posibles vulneraciones de derechos humanos a personas que lucharon por la libertad y la democracia desde la entrada en vigor de la Constitución hasta 1983, informa Presidencia.

Estos procesos de memoria democrática, justicia transicional, comisiones de la verdad, que en España han tenido su traducción en las leyes de memoria de 2007 y 2022 (aquí enlazo un artículo propio sobre este tipo de iniciativas), siempre encuentran resistencia y no resultan sencillos en ninguna geografía, son incómodos para muchos e imprescindibles para sus respectivas sociedades.

La tramitación parlamentaria del proyecto de ley ha generado rechazos múltiples entre muchos hoy más ocupados en defender su biografía que las ideas que la inspiraron; abundan también quienes no aprovechan ninguna oportunidad de condenar la dictadura y sus efectos, nostálgicos del franquismo, de su juventud o de otro planeta distinto al actual; el proyecto de ley se ha visto además marcado por el peregrino argumento de haber sido casi redactada por el terrorismo independentista vasco a los 12 años de haber desaparecido la organización terrorista bajo un Gobierno del mismo partido socialista que ha redactado el proyecto de ley.

Se da la circunstancia de que en la España de 2022 florece el antiterrorismo sin ETA, como hay más anticomunistas sin la URSS que comunistas quedan, falta de argumentos políticos y repesca de estrategias que funcionaron para algunos en el pasado.

Si Lincoln se levantara de su asiento de mármol dórico firmaría al pie el informe colombiano y el proyecto de Ley de memoria democrática española, y seguiría aterrado por televisión, emitido en horario de máxima audiencia, las comparecencias sobre el asalto al Capitolio y la deslegitimación de los resultados electorales por parte del Partido Republicano, indistinguible de Trump.

"Hay futuro si hay verdad", han escogido en Colombia como lema para presentar su trabajo y conclusiones; que se podría traducir en que la democracia es uno de esos asuntos que hay que trabajarse todos los días, porque nunca está el proceso finalizado, hay que mantener cierta tensión continuada, como sucede en algunos ejercicios de respiración.

En caso contrario en cualquier momento se puede uno encontrar en la cocina a un tipo disfrazado de bisonte y con los pies encima de la mesa. Al conocido como "chamán de QAnon" le han condenado a tres años y cinco meses de cárcel; hay otros 600 imputados. Esos 41 meses de cárcel también son pedagogía democrática.

Angela Merkel habla ruso y Vladímir Putin, alemán. Las capacidades lingüísticas de ambos algo aportan sobre diversidad europea, vecindad, experiencias personales, Guerra Fría, algo añaden de complejidad ante un panorama informativo simplificado hasta el límite tras la invasión de Ucrania.

Reflexiona algún filósofo político (Innerarity) que lo más difícil de alcanzar ante un problema es la visión de conjunto, los argumentos suelen ser de parte, abundan los especialistas con gran conocimiento sobre un área muy limitada de la realidad y a menudo con posiciones enfrentadas.

Utilicemos para hacernos una idea aproximada del conflicto en Ucrania la fórmula de tratar de iluminar cuatro ingredientes que recibimos mezclados, cuatro enfoques o fogonazos que arrojen algo de luz: conflicto militar, comunicación, energía y globalización.

El objetivo es identificar tendencias que se hayan disparado por la crisis, los conflictos no suelen crear fenómenos de la nada, sino que hacen crecer asuntos ya en germen (y no todas las tendencias se desarrollan).

CONFLICTO MILITAR

Las guerras producen muertos y violaciones de mujeres, todas las guerras, las justas, las elegidas, las injustas y las injustificables, lo que algunos parecen estar descubriendo ahora. De ahí que todo esfuerzo para evitarlas resulte obligado, a pesar del creciente número de humillados por las cesiones reales o inventadas al contrincante, la nostalgia en dirigentes propios de la voluntad y firmeza que tanto se alababa de Putin en muchos ámbitos, hasta el 24 de febrero. Sorprende en cualquier caso la frivolidad con la que se trata la implicación propia en un conflicto armado.

La guerra, esta guerra, es un fracaso de la disuasión y el peor escenario posible.

Parecía extendida la idea de que los conflictos bélicos tradicionales iban a la baja -al menos entre grandes potencias, y en Europa- y los países competían en el terreno de la economía y en la difusa zona gris, espacio intermedio en el conflicto político que separa la competición acorde con las pautas convencionales de hacer política (blanco), del enfrentamiento armado directo y continuado (negro).

La realidad es que desde Cuba y Vietnam no se ha estado más cerca de un enfrentamiento entre grandes potencias que pensábamos aparcado.

En el terreno militar podríamos apuntar que al menos a partir de la Guernica arrasada en 1937 durante la Guerra Civil que recordaba el presidente ucraniano en su alocución al Parlamento español -aquella Legión Condor nazi se empleó a fondo en la zona oeste de Madrid meses antes-, las guerras del último siglo se caracterizan por la omnipresencia de bombardeos aéreos de mayor o menor precisión, principal causa de las víctimas de todo conflicto armado, en su inmensa mayoría civiles, y esta circunstancia no se está produciendo hasta la fecha en Ucrania.

Algunos analistas califican este conflicto casi como una guerra civil, dados los estrechos lazos de todo tipo entre rusos y ucranianos, culturales, familiares, históricos, a lo que habría que objetar que las guerras civiles suelen ser aún más cruentas que lo que nos llega de Ucrania; podríamos calificarlo de un conflicto entre primos hermanos, por buscar una explicación a la escasez de bombardeos aéreos masivos sobre población civil.

Otro apunte no menor es que las guerras crean identidad nacional, el nacionalismo ucraniano saldrá reforzado de este conflicto. La historiografía tiene bastante estudiado que los nacionalismos son una construcción política -nada inmutable de dos milenos de trayectoria-, la identidad nacional es construida y cambiante, y nada como una guerra con el vecino para reforzarla.

Resulta también destacable que la reacción militar de Estados Unidos, la Alianza Atlántica y la Unión Europea ha sido coordinada e indistinguible hasta el momento.

La Unión Europea se encamina a incrementar los más de 200.000 millones de euros que suman los presupuestos de Defensa de los 27, el triple que Rusia; como novedad, el mantra del objetivo de destinar el 2% del PIB a gasto militar pasará de la abstracción a concretarse en breve en qué se decide impulsar, programas y sistemas de armas específicos, algunos ya se estarán probando sobre el terreno ucraniano.

COMUNICACIÓN

Estrenamos nuevas formas de comunicación, “estrategia del megáfono”, ha sido denominada, disuasión por exceso informativo, que tampoco ha sido efectiva.

Pedro Biden, Pedro Johnson y Pedro Stoltenberg avisaron desde finales de 2021 en una veintena de ocasiones de que venía el lobo y en realidad acabaron acertando, pero se equivocaron en 19; y podemos preguntarnos si Pedro o nosotros podíamos haber hecho algo más que esperar en el proceso, por aquella razón de evitar muertos y violaciones.

Se intenta aquí apuntar que la comunicación ha desarrollado tendencias en este conflicto, quizá sacando conclusiones de lecciones estudiadas -más que aprendidas- de la estrategia rusa de desinformación en el pasado reciente o remoto. Se puede afirmar con poco margen de error que en toda esta crisis Rusia ha ido a remolque desde el punto de vista comunicativo, y ha perdido claramente la batalla de la opinión pública en territorio EEUU-OTAN-UE, no así en territorio ruso; en este sentido, convencer a los propios, como ha sucedido en cada bando, es un logro no fácil, aunque deja trabajo pendiente en el área del contrario y en zona neutra donde podríamos situar a medio planeta.

Noticia real: un bloguero ucraniano ha sido recientemente detenido en Tarragona y puesto a disposición de la Audiencia Nacional por una orden internacional emitida por el Gobierno de Ucrania por sus posiciones prorrusas. Ésta es otra importante novedad en el ámbito de la comunicación como consecuencia de la invasión de Ucrania: la restricción de las libertades de prensa y opinión se ha acentuado en la propia Rusia, con larga tradición de perseguir periodistas, empresas periodísticas y nueva legislación que amenaza con cárcel a quien no publique la versión oficial; restricción novedosa de la libertad de prensa en Europa y España, con la decisión de prohibir medios de comunicación como Russia Today o Sputnik sin autorización previa de juez alguno. Recordemos aquí entrevistas hasta del demonio Saddam Huseín en televisiones españolas en alguna de las tres guerras del Golfo.

Un último apunte sobre comunicación puede ser la aparición de periodistas/tertulianos/analistas en el papel de activistas, mayoritariamente con un rechazo acrítico contra Putin, que no sorprende por el posicionamiento, sino porque no parece la función de un periodista o un analista apoyar acríticamente nada.

Seguiremos la invasión de Ucrania, con decenas de periodistas desplazados, sin imágenes de combates, sin partes de bajas, sin líneas de frente, sin objetivos claros, sin información fiable, sin contexto y sin opiniones del bando agresor.

ENERGÍA

Muchos focos se dirigen a la dependencia energética de gran parte de centroeuropa del suministro ruso, y se vuelve a simplificar con expresiones del tipo "Alemania financia la guerra de Putin".

El mismo argumento podría haber sido utilizado durante la existencia de la URSS, cuando nunca dejó de fluir el gas, "Alemania financia el comunismo soviético", cosa que jamás se dijo porque resulta una reducción engañosa; del mismo estilo sería afirmar que Francisco Franco financió la revolución socialista argelina por la compra de gas (el primer metanero llegó en 1974) y la Yamahiría Árabe Libia Popular Socialista de Muammar el Gaddafí (acuerdo en 1969); que quien compre petróleo saudí financia sus penas de muerte, quien importe algo de EEUU las ejecuciones capitales desde la silla eléctrica o la invasión del Capitolio.

Se nos llena hoy la boca de soberanía energética sin reconocer el avance de las renovables en España de las últimas dos décadas, impulso político claramente identificable y criticado o directamente torpedeado con impuestos al sol.

Un tercio de la energía eléctrica producida en España en 2021 procedió de parques eólicos o solares, que sumado a la hidráulica alcanza el 46% de la electricidad generada el último año. Esto es autonomía estratégica, soberanía energética y ha tenido quienes lo han impulsado en los últimos años y quienes no.

Ni Alemania financia la guerra de Putin, ni Europa, ni la solución va a llegar por importar carbón australiano o uranio nigerino. La realidad es que la invasión de Ucrania ha acelerado la necesidad de desarrollar energías verdes, tendencia ya presente en las prioridades políticas de la UE antes de esta crisis, junto con la transformación digital.

España afronta esta crisis europea en unas circunstancias mucho más favorables que otros socios del club europeo, con un suministro energético diversificado, nula dependencia de origen ruso, capacidad de distribución de gas y creciente generación de origen renovable.

GLOBALIZACIÓN

El orden internacional se ha desordenado, aunque ya dada síntomas previos de fatiga de materiales, el sistema internacional, político y de seguridad, diseñado en la Guerra Fría tras la 2GM, renqueante desde la caída del muro, ya no daba más de sí, con la ausencia de China como país ya emergido.

La invasión de Ucrania ha alterado el orden mundial económico, energético, militar, la producción y distribución de mercancías, el sistema financiero internacional.

La crisis de Ucrania ha provocado el bloqueo quizá ya definitivo del Consejo de Seguridad de la ONU, algo previsible porque ocurre siempre que el conflicto afecte a uno de sus miembros permanentes con derecho de veto, lo que ha llevado a recurrir a la Asamblea General con resoluciones no vinculantes que en esta ocasión tienen relevancia máxima, no así en otros casos y geografías.

Y hemos descubierto que la globalización es un sistema menos globalizado de lo que creíamos, al menos con una dirección no globalizada. La expulsión de Rusia, que no de Putin, de organismos internacionales, del sistema bancario, de Eurovisión, de la Organización Mundial del Turismo, de foros culturales o competiciones deportivas, revela que el mundo globalizado tiene un control no globalizado.

La consecuencia no es menos globalización, sino distinta y esperemos mejor regulada. El grado de apertura de la economía española -peso del comercio exterior sobre el PIB- seguirá rondando el 60% del movimiento económico del país.

CIERRE

Parece claro el error estratégico de Putin con la invasión de Ucrania por sus consecuencias: aislamiento internacional (en su parte europea y norteamericana); la resurrección de la OTAN (en muerte cerebral antes de ayer, según Macron), Finlandia y Suecia llaman a su puerta, lo que llevará la Alianza hasta la frontera norte; la UE ha despertado desde el punto de vista estratégico; sanciones, muertos.

Putin con Ucrania ha pasado la confrontación del gris al negro, del enfrentamiento no abierto al intercambio de obuses.

Se puede identificar el error estratégico como propio de una autocracia, categoría de régimen político en el que una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad; estos regímenes no son capaces de procesar bien la información, principio aplicable a norte y sur de esta península.

Recurriendo al sistema de estandarización de colores de Pantone, el stanag cromático, Putin ha situado las relaciones internacionales en el negro, que se identifica con seis ceros; de ahí cuesta imaginar ganancias estratégicas para Rusia o para sí mismo.

La gama de grises entre el blanco y el negro, que es donde reside el análisis, no parece hoy interesar en exceso, y va a hacer mucha falta en la posguerra.

En la pequeña e intensa historia -bien reciente- de la lucha contra la circulación masiva de contenidos digitales manipulados, acaba de pasar bastante desapercibido un ejemplo muy claro de desinformación sobre desinformación. Contemos la historia al revés, así adelantamos conclusiones y desenlace.

Epílogo. Imaginemos que un referente moral, ético, profesional sea inmoral, antiético, inepto, o directamente un delincuente, como un cura o un docente pederasta, un médico que ataca al paciente, un militar golpista, un juez prevaricador, el mundo al revés. En estos casos ni el nivel estadístico de degradación media es admisible, la tolerancia debe ser cero. En asuntos relacionados con la información averiada ocurre a menudo y si se considera material sensible habría que ser intransigente en los casos en que quien nos alerta sobre la desinformación nos está desinformando.

Desenlace. Nota de Europa Press de 22 de octubre de 2021: "El Tribunal Supremo avala el procedimiento de las 'fake news' impulsado por el Gobierno y señala que no se excedió en sus funciones".

Agradezcamos a esta agencia privada de noticias la cobertura de la sentencia, lo que tiene dos implicaciones: que llegó a la mayor parte de los medios de comunicación del país, que tienen sus servicios contratados, y que muy pocos la recogieron.

Dice la agencia: "El Tribunal Supremo ha avalado el Procedimiento de Actuación contra la Desinformación aprobado por el Gobierno para luchar contra las 'fake news' recordando que el Ejecutivo cumplía con directrices de la Unión Europea y señalando que no se excedió en sus funciones".

En realidad las sentencias han sido dos, inadmitiendo sendos recursos presentados por un medio de noticias jurídicas llamada Confilegal y una entidad llamada Club Liberal Español, asociación que tiene "como único fin la defensa de la libertad en todos sus ámbitos y manifestaciones, la profundización en el pensamiento liberal y la promoción y difusión del conocimiento del liberalismo como ideología política y como sistema de organización y comportamiento social", dicen de sí mismos; y que tiene entre sus vicepresidentes a un tal Pablo Casado Blanco.

Nudo. Ante la supuesta gravedad del contenido del Procedimiento de actuación contra la desinformación, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el 30 de octubre de 2020 y publicado en forma de Orden Ministerial en el BOE del 5 de noviembre (aquí enlace del BOE), el Partido Popular anunció la interposición de un recurso ante la Audiencia Nacional para que "estudie, valore y desmonte" el llamado 'ministerio de la verdad' de Sánchez.

En una entrevista televisiva de diciembre de 2020, Teodoro García Egea, diputado por Murcia y secretario general del Partido Popular, declaraba rotundo que “éste es el Gobierno de la mentira, el que más mentiras por minuto ha lanzado en la historia de la democracia”. Anunciaba García Egea una campaña en Twitter sobre el asunto, con el hashtag #MinisterioDeLaVerdad, con imágenes del dirigente venezolano Nicolás Maduro mezcladas con Sánchez y Pablo Iglesias, y gente con esparadrapo en la boca para denunciar el ataque del Gobierno a la libertad de información.

Pablo Casado, en enero de 2021, escribía en Twitter: "Jefferson decía que es preferible un país con prensa sin gobierno que con gobierno sin prensa. En España sufrimos el peor gobierno de la democracia que encima señala a periodistas críticos. Llevaremos a la UE el 'ministerio de la verdad' y los ataques a la libertad de información".

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, tildó en noviembre de 2020 de "cacicada" que "el Gobierno de las mentiras" quisiera llevar a cabo un plan contra la desinformación y anticipó que su partido lo denunciaría en Europa. El jefe de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, advirtió de que era un “mazazo a la democracia” que además podía poner en riesgo la llegada de los fondos de recuperación y pedía a la Comisión que interviniera.

En febrero de 2021, Macarena Olona, diputada por Granada, portavoz y secretaria general del grupo parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados y abogada del Estado en una vida anterior, declaraba rotunda que el objetivo del Gobierno era "controlar la opinión pública, controlar los medios de comunicación a través del Ministerio de la Verdad".

Se pudo escuchar sobre este asunto a algún periodista de referencia (Carlos Herrera, COPE, 6.11.2020) que dejó dicho: "¿Existen las 'fake news'? Claro que sí. ¿Existen los bulos? Claro que sí. Pero, oiga, para eso no hace falta crear un comité antidesinformación. Para eso que trabaje el CNI y que después, cuando el Gobierno tenga todos los datos, actúe en consecuencia (...). El Gobierno más mentiroso que ha habido en España en toda su historia, con el presidente más embustero que ha habido, que no dice la verdad ni al médico (...). Tiene a la mayoría de los medios casi sodomizados y a su servicio, pero quiere más (...). ¿Desde cuándo el Gobierno es juez y parte de la verdad? ¿Desde cuándo puede poseer la verdad absoluta, especialmente uno que está presidido por un embustero cósmico? Aquí, oiga, no se trata de proteger a los ciudadanos de mentiras, de lo que se trata es de proteger a Sánchez de verdades (...). Este Gobierno sueña con la censura previa. Los bulos y la pandemia son una coartada para blindarse ante las críticas".

Presentación. Como consecuencia de la publicación en el BOE de 5 de noviembre de 2020 del llamado Procedimiento de actuación contra la desinformación, se generó una seria polémica en España en ámbitos políticos y periodísticos con consecuencias jurídicas.

El mencionado Protocolo fue una iniciativa del Gobierno central, que decide crear desde Moncloa en el marco del sistema de seguridad nacional una serie de mecanismos relacionados con la desinformación, en concreto la elaboración de una estrategia y la constitución de una comisión permanente (aquí enlace a un artículo del autor explicando en caliente el Protocolo).

Acabaron presentando denuncia o recurso ante los tribunales PP ante la Audiencia Nacional, Vox ante el Supremo y Ciudadanos ante la Unión Europea; más los recursos citados de Confilegal y el Club Liberal Español.

Con una rapidez digna de destacarse, la Asociación de la Prensa de Madrid redactó y difundió un comunicado el mismo día de la publicación en el BOE del Protocolo: "La APM alerta de que el plan del Gobierno contra la desinformación puede convertirse en censura. Los derechos fundamentales de la libertad de expresión y de información pueden quedar coartados y sometidos a un control de los poderes públicos". Nada ha dicho sobre el archivo de los recursos.

El 15 de febrero de 2021 tras analizar en profundidad la Orden Ministerial, la Comisión Europea se pronunció oficialmente señalando que el texto "actualiza el sistema español existente para prevenir, detectar y responder a las campañas de desinformación y para establecer estructuras de coordinación" y, por otro lado, "no constituye una base jurídica para decidir sobre el contenido de la información facilitada por los medios de comunicación".

A juicio de la Comisión, "el Comité Permanente se encarga de supervisar y evaluar las campañas de desinformación en línea, investigar su origen y determinar si el caso debe elevarse al Consejo de Seguridad Nacional para que se adopte una respuesta política, como actuaciones diplomáticas o medidas de represalia cuando el autor sea un Estado extranjero".

La labor respecto a las referidas campañas de desinformación "es responsabilidad del Gobierno central y está en consonancia con el Plan de Acción contra la Desinformación de 2018 (de la propia UE), en el que se pedía a los Estados miembros que reforzaran sus capacidades en la lucha contra la desinformación".

Con esta respuesta, la Comisión Europea avala oficialmente que el Procedimiento de Actuación contra la desinformación aprobado por el Gobierno de España no supone ninguna merma de la libertad de prensa ni intento alguno de control sobre los medios de comunicación, sino que tiene el único cometido de investigar y evaluar las campañas de desinformación.

Prefacio. En unos días del otoño de 2020, un viento de libertad y denuncia recorrió España, bueno, una ráfaga, un calambre de libertad. En el otoño de 2021 descubrimos que se había tratado de un simple catarro, no el tsunami democrático que nos prometieron los denunciantes de las supuestas barrabasadas del Gobierno social-comunista. Como en tantas ocasiones, mucho ruido, mucha denuncia engolada que quedó en nada y un silencio significativo sobre su resolución. Ninguno de los defensores de Jefferson se ha retractado de sus declaraciones.

Por aprender algo del cuento: hay vida desinformativa más allá de Rusia y a menudo la tenemos muy cerca. Segundo aprendizaje: las metáforas y referencias a 1984 de George Orwell quedaron antiguas hace ya 38 años. Y ni el mismísimo Orwell podría haber imaginado el desparpajo de algunos al hablar de la libertad de expresión.

Escuché a un embajador de Marruecos en España salir con éxito de una pregunta incómoda sobre derechos humanos señalando que los avances en las libertades individuales y colectivas, como la igualdad o la participación política, es un proceso histórico para todos los humanos, que según las circunstancias y el momento avanzan más en unas geografías que en otras. El embajador fue luego destinado a un puesto relacionado con la descentralización política de su país, labor sobre la que desconozco los resultados.

Digamos cortésmente que la iniciativa sobre conquistas sociales y políticas no se pilota hoy desde aquella orilla. Una afirmación, la anterior, compatible con el reconocimiento a que nuestro vecino del sur ha puesto en marcha avances políticos claros en los últimos años: un nuevo Código de Familia en 2004 que amplía los derechos de la mujer; la Instancia Equidad y Reconciliación, una Comisión Marroquí de la Verdad creada ese mismo año con el objetivo de arrojar luz y testimonios sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1956 y 1999 -léase, represión de Hasán II, padre del rey reinante-, determinar las responsabilidades institucionales, indemnizar y rehabilitar a las víctimas, y elaborar propuestas de reformas; o la nueva Constitución de 2011, que entre otros contenidos contempla el voto de españoles/extranjeros residentes, que se vería acompañado del voto marroquí en España, posibilidad no desarrollada.

Aparece hoy muy limitado el impulso aperturista inicial de Mohamed VI tras su acceso al trono en 1999, como de otros gobernantes árabes que heredaron el poder en el cambio de siglo -Abdalá II en Jordania también en 1999 o Báshar al Ásad en 2000-, que despertaron mejores expectativas que resultados, a pesar de haber sobrevivido a las revoluciones-primaveras árabes, que no tiene poco mérito, aunque puede no ser suficiente para que sus hijos hereden el puesto.

Decimos que Estados Unidos no es Trump, no sólo, que Reino Unido no es Johnson (ni May ni Cameron), de donde se deduce que Marruecos no es Mohamed VI ni España Pedro Sánchez (o Rajoy), que estos países y sociedades son bastante más que sus dirigentes, incluidos los económicos y mediáticos, pero está claro que toman decisiones que pueden ser relevantes sobre la vida y hacienda, sobre el destino de los recursos públicos y sobre la seguridad. Por poner un ejemplo, el progreso social y político puede verse favorecido o torpedeado.

Mayo de 2021, el Gobierno marroquí (incluye la Corona) provoca una crisis política y diplomática con España -con una importante derivada humanitaria- sin precedentes desde Perejil 2002, abriendo la frontera con Ceuta que atraviesan miles de personas sin control. El momento claramente es consecuencia del reconocimiento en diciembre por el presidente de EEUU de la soberanía marroquí del Sáhara occidental, en compensación por el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, leído por el poder político en Marruecos como una oportunidad para presionar a la UE, a España, a la ONU, para que muevan ficha a favor de su punto de vista de anexión incondicional y carpetazo al acuerdo de paz de 1991, un plan de arreglo que fue aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que establecía un período de transición para preparar la celebración de un referéndum en el que el pueblo del Sáhara Occidental eligiera entre la independencia y la integración con Marruecos.

Existían sospechas, pero se ha confirmado ahora por sus protagonistas, de que el Gobierno de Marruecos utiliza el flujo migratorio como instrumento de presión diplomática, lo que parece poco responsable para sus intereses, para las personas afectadas y sirve ya de hecho acreditado que estará presente en todo tipo de negociación futura y costará difuminar.

La crisis tiene una clara relación con la seguridad, la soberanía y el pulso diplomático, y de su gravedad da idea el viaje inmediato a Ceuta y Melilla del presidente del Gobierno español, gesto que no se producía con o sin crisis desde Zapatero.

De máximo interés para especialistas en seguridad (que son pocos) y profesionales (muchos) es si estos acontecimientos se enmarcan en la zona gris, en estrategias y amenazas híbridas, si nos encontramos en el nivel de configuración del entorno, interferencia o desestabilización. En cualquier caso, cuando la seguridad pierde contacto con el ciudadano, como ha ocurrido en esta ocasión, estas decisiones están más relacionadas con la seguridad laboral de quienes se dedican a ella y de los responsables que manejan esos recursos.

No parece fundado el análisis, con defensores en ambas orillas del Estrecho, que sitúa el control de la inmigración, el terrorismo yihadista o el desarrollo económico de España-Europa en manos de Marruecos: recordemos los atentados en Casablanca de mayo de 2003, anteriores al 11-M; que cuanto más dura sea la política migratoria de España mayor será el problema para Marruecos, país de paso pero también de destino de poderosos flujos migratorios desde el sur; atendamos a que el desarrollo económico marroquí está bastante ligado a la relación con su primer socio económico, que es la UE, o comercial, que es España.

Provocado el conflicto surge la pelea por el relato, en el que situar imágenes como la del guardia civil submarinista salvando bebés de morir ahogados o la voluntaria de Cruz Roja abrazando a un inmigrante aterrado; o militares españoles dando porrazos a inmigrantes, según ilustra la prensa de uno u otro país, con un ganador claro.

En este mismo capítulo de la comunicación, el director de la agencia oficial de noticias de Marruecos -MAP-, vestido con traje de camuflaje, escribe algunas proclamas faltonas de consumo interno y explosivo nacionalismo, y otras frases con mayor interés sobre lo que parece haber descubierto en "la nueva realidad geopolítica": "Ha llegado el momento de aclararse, especialmente después del reconocimiento por parte de los Estados Unidos de la plena soberanía de Marruecos sobre su Sahara. Qué vas a hacer?", aconsejando que España se alinee con EEUU (¿Trump, Biden?) y dar una oportunidad a la paz, inspirado por John Lennon.

"Estados miembros con un goteo de euros sin conciencia de un destino compartido. Y desvaríos infantiles en dirección a terceros países. Tu hechizo está roto", dice de la UE; "esta Europa desorientada, se debilita, que se alimenta a la fuerza de sus euros y se pierde en el siglo sin valores compartidos y sin un modelo gratificante ya no nos conviene, por qué entonces insistir en vivir juntos".

Además de cargar MAP contra las agencias EFE y AFP -entre bomberos no conviene pisarse la manguera-, el director de la marroquí opina que "Europa se está muriendo. Ni cohesión económica ni financiera. Sin capacidad para proteger realmente sus fronteras, ni en Oriente ni en Occidente. Ningún ejército capaz de asumir un desafío o imponer valores".

¿Imponer valores? Qué difícil debe ser dirigir un medio de comunicación público, visto el despiste generalizado en éstas y otras geografías.

Parece desconocer la comunicación oficial que no hay marroquí sin acceso a medios extranjeros ni español sin referencias marroquíes, con lo que estos esforzados cantores le dejan a uno algo asombrado. ¿Desconocen el millón de marroquíes en España su país de acogida o residencia? ¿Se creen estas cosas los marroquíes que vacacionan en la costa del Sol? ¿Hay algún marroquí con un móvil en la mano que no acceda a fuentes de información no oficiales?

Una de las lecciones de la última crisis Marruecos-España, sobre la que los medios no han conseguido imponer un nombre, aún no está bautizada con éxito (eso sería otra batallita que librar), es que los regímenes autoritarios y/o no democráticos en cualquier orilla del Mediterráneo, occidental u oriental, no son fiables, porque no son previsibles, y de forma imprevista actúan Turquía, Egipto, Israel o Marruecos; de donde se deduce que la pedagogía y el respeto a los derechos humanos debería formar parte de cualquier negociación de la UE con terceros, no por altruismo, sino porque interesa.

La crisis de Ceuta de mayo de 2021 está teniendo un claro coste reputacional para los responsables políticos marroquíes, de lo quizá aún no sean conscientes, y un deterioro claro de las relaciones con España y la Unión Europea (recordemos, por ejemplo, que es la UE quien negocia la pesca con Marruecos, no los países individualmente).

Hace medio siglo convivían en las dos orillas del Estrecho un príncipe de los creyentes y un general superlativo por la gracia de Dios, y no se llevaban mal, a pesar de que incluso intercambiaron disparos y algún muerto (800 en Ifni), o que el de aquí hizo carrera con la ocupación colonial de los súbditos del de allí.

La condición de súbditos es la clave, o ciudadanos, apostaría a que a ambos lados del Estrecho son mayoría los ciudadanos frente a los súbditos; la diferencia es que los ciudadanos opinan, tienen derechos y exigen responsabilidades a sus responsables políticos.

"La nueva realidad geopolítica" de la que escribe el director de MAP se remite a los acuerdos de normalización o de Abraham de algunos países árabes, más Bután, con Israel, disueltos como un azucarillo tras la última masacre de palestinos en Gaza de este mes de mayo. "¡Un gran avance para la paz en Oriente Medio!", escribió Trump a través de su cuenta de Twitter.

El diciembre de 2020, ya perdidas las elecciones, la Administración Trump difunde un comunicado conjunto firmado por el primer ministro marroquí, Saad Din el Otmani; Jared Kushner, yerno de Trump; y por parte israelí Meir Ben-Shabbat, asesor responsable del Consejo de Seguridad Nacional, más un director de Exteriores que pasaba por allí.

Refiere la declaración una conversación telefónica entre Trump y Mohamed VI, y afirma que "el establecimiento de plenas, pacíficas y amistosas relaciones diplomáticas (entre Marruecos e Israel) se produce por el interés compartido entre ambos países y promoverá la causa de la paz en la región, impulsando la seguridad y desbloqueando nuevas oportunidades para toda la zona". Los acontecimientos recientes en Palestina no han confirmado los deseos expresados en la declaración tripartita.

Imaginando un hipotético ejercicio de prospectiva ‘Marruecos 2050’, ¿seguirá la frontera con Argelia cerrada como está desde 1994?; ¿habrán vuelto los embajadores de Marruecos en Alemania y España a su lugar de trabajo?; ¿se mantendrán los dos millones de turistas españoles que visitaron Marruecos en 2019? (20% del total); ¿continuará la Operación Paso del Estrecho con cerca de cuatro millones de personas? ¿Cómo habrán evolucionado los 2.000 millones de euros que envían en remesas los marroquíes residentes en España a su país de origen?

Frente a 2002 (Perejil), 1975 (Marcha Verde), 1958 (guerra de Ifni), 1956 (independencia de Marruecos), 1912 (Protectorado) ó 1860 (toma española de Tetuán), ha cambiado el escenario, los actores, la comunicación, los intercambios, los ciudadanos y la información que reciben, elementos que esperemos contribuyan a disolver el nudo de desconfianza en menos de diez años.

Las autoridades marroquíes han realizado un diagnóstico erróneo de la oportunidad que parecía abrirse con la diplomacia tuitera de Trump, independientemente de lo que haga ahora Biden, probablemente nada, más allá de contemplar incómodo cómo chocan dos aliados cercanos. Para EEUU, Marruecos y España ni son un problema ni son indispensables, por lo que su reacción será siempre modesta.

El Gobierno marroquí ha realizado también una mala calibración del momento político de la Unión Europea, enfrentándose a Alemania y España y provocando una reacción del club que no tuvo en la crisis de Perejil; mal diagnóstico de una UE ultra sensibilizada hoy contra chantajes sobre migrantes, y que vive un refuerzo federal y un avance de políticas comunes -no sólo financieras- como reacción a la crisis del covid, avances con repercusión sobre su política exterior y de seguridad.

Las relaciones entre España y Marruecos, afortunadamente, son más profundas y fuertes que la habilidad de sus dirigentes para leer el momento político. Historia común, cultural, medieval, colonial, de la que no somos responsables los vivientes, sí de la actual. La exposición en el Museo Reina Sofía sobre arte contemporáneo marroquí es un ejemplo a imitar.

Cultura e información, probablemente también la relación empresarial, son ingredientes para fortalecer una relación que la tozuda geografía hace obligada. Cuanto más complejas y densas sean las relaciones entre los dos países, incluida la sociedad civil, menos podrán ser manipuladas sus opiniones públicas y sus sociedades por intereses coyunturales; incluso podríamos decir que cada vez dependerán menos de decisiones personales.

La expresión "choque de ignorancias" del título fue la alternativa del intelectual palestino Edward Saíd a aquel "choque de civilizaciones" de rampante éxito a finales del XX.

La respuesta a la pregunta del título es claramente negativa, no puede haber ignorancia entre Marruecos y España, no la hay entre los que toman decisiones, choque de extremistas sí puede existir, no de ignorantes. Aunque sí se puede estar produciendo otro tipo de carencia, el desconocimiento o incapacidad de leer el momento: la cooperación y la interdependencia destacan como lecciones obligadas del covid, no por altruismo, sino por interés interesado. Otra actitud responde simplemente a quien piensa que puede conseguir más en solitario que en asociación, legítimo, pero ¿acertado?