Los 26 comisarios de Úrsula Von der Leyen, entre ellos la vicepresidenta y número dos de facto Teresa Ribera, debían pasar sin problemas las audiencias entre el 4 y el 12 de noviembre. Los pactos, los números, los nombres, todo daba. Todo estaba políticamente acordado. Hasta que llegó la lluvia y el Partido Popular usó la audiencia de Ribera para soltar un bote de humo en las instituciones europeas. Los de Feijóo, liderados por una Dolors Montserrat a la que le faltan referencias importantes para moverse en una selva donde en cada grupo hay decenas de posiciones, no hubieran podido hacer eso (son 22 de 188 eurodiputados del Partido Popular Europeo) sin la ayuda de Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo. El bávaro vio una oportunidad para debilitar a su compatriota y compañera de partido Von der Leyen. Pero esa no era la razón principal. Vio sobre todo el momento para forzar a socialistas y liberales a tragarse sus alianzas con la extrema derecha.

La jugada de Weber nunca tuvo visos de prosperar. No por la reacción socialista, liberal y ecologista, sino porque dividió a su grupo. 82 de los 188 eurodiputados populares veían como habían pasado ya los exámenes sus comisarios, personas de su partido que ahora veían cómo podían caer por el intento de los populares españoles de cargarse a Teresa Ribera. Populares polacos, holandeses, irlandeses, portugueses o búlgaros veían como podían caer sus comisarios, que eran sus compañeros de partidos nacionales, para salvar a los populares españoles, que buscaban provocar una situación de crisis institucional europea inédita. La marea interna llegó a Varsovia y Atenas, donde Donald Tusk y Kyriakos Mitsotakis empujaron para movilizar tropas contra Weber. El alemán tiene enemigos íntimos en su partido y desconfía de Roberta Metsola, la presidenta de la Eurocámara, también popular pero lejos de sus postulados. Weber ejerce un liderazgo autoritario que a muchos molesta.

Weber siguió a Feijóo hasta que vio cómo su cabeza corría peligro, porque en mayo los populares europeos se reúnen en un congreso en Valencia y Weber veía que para garantizar el voto de los populares españoles podía perder demasiados en Polonia, Grecia, Países Bajos, Portugal y otros países. Cuando hizo números, y sobre todo cuando los “adultos” (Olaf Scholz, Pedro Sánchez, Donald Tusk, Emmanuel Macron y una pieza clave en todo esto y que suele pasar desapercibida, Bjorn Seibert, el todopoderoso y temido jefe de Gabinete de Von der Leyen) levantaron el teléfono, Weber dio marcha atrás y dejó caer a sus socios españoles. Los 22 eurodiputados populares españoles prometen votar la próxima semana, cuando se vote en la plenaria, contra el colegio de comisarios entero. Su soledad será una imagen muy extraña para un partido supuestamente europeísta.

10 días de ruido movieron muy pocas cosas y ninguna favorable al alemán. La presión para sacar el paquete de seis vicepresidentes, que iba a salir igual y con votos muy parecidos antes de la estampida de los populares españoles, acabó siendo usada por Iratxe García, la española que lidera a los socialistas europeos, y por Valérie Hayer, la francesa que hace lo propio con los liberales, para forzar a Weber a dejar de jugar con la extrema derecha. ECR, el grupo donde están los polacos del PiS o los italianos de Giorgia Meloni, entrará en su mayoría al juego, como lo harán buena parte de los ecologistas. Con los melonistas, que en Bruselas pasan por unos conservadores al uso, se tratará como con iguales. Porque Meloni en Bruselas juega a la europea y porque Fitto es de origen democristiano y su europeísmo no se pone en duda. A la derecha quedan dos grupos, Europa de las Naciones Soberanas y Patriotas por Europa, donde está Vox, que quedan fuera de los acuerdos.

El acuerdo se cierra con un texto amplio, algo vago y no legalmente vinculante con el que las tres grandes fuerzas europeístas, populares, socialistas y liberales, acuerdan trabajar a partir de líneas comunes en las políticas esenciales: economía, migración, lucha contra la crisis climática, defensa de la democracia y los valores europeos (una referencia contra la ultraderecha) y reforzar el papel de Europa en el mundo.

Teresa Ribera será vicepresidenta de la Comisión Europea, la número dos de facto tras la alemana Úrsula von der Leyen. Según contaba el diario online Politico en septiembre, la española tendrá el mayor poder que tuvo nunca un comisario europeo, de cualquier país. Nunca hubo español o española con tanto poder real, ejecutivo, en una organización internacional. Los cargos de Javier Solana en la OTAN o de Rodrigo Rato en el FMI dependían de la voluntad de los gobiernos. Ribera tendrá competencias exclusivas, que dependerán de su voluntad y de los consejos que reciba.

10 días de ruido acabaron ayer cuando, temeroso de una revuelta interna (82 eurodiputados del Partido Popular Europeo esperan desde la semana pasada, con 13 comisarios de sus partidos ya aprobados, a que se desbloquee el paquete), el alemán Manfred Weber se sentó a negociar con la líder socialista, la española Iratxe García, y la liberal, la francesa Valerie Hayer. Los 26 comisarios saldrán adelante y los tres grupos, con apoyos ecologistas y de ECR (el grupo de los melonistas, que ya casi nadie trata de extrema derecha) apoyarán masivamente al equipo de Von der Leyen. La mayoría de los populares europeos votarán a Ribera, como la mayoría de los socialistas lo harán con el italiano Fitto.

Ese pacto replica exactamente lo previsto hace 10 días, la víspera de que el Partido Popular convenciera a un grupo de eurodiputados populares europeos, y a su patrón Weber, para cargar con ataques personales contra Ribera, en una audiencia que llegó a un nivel de navajeo nunca visto en las instituciones europeas y en la que se rompieron las más elementas normas de cortesía parlamentaria mientras los populares copiaban los argumentos y bulos de VOX. 10 días de furia y ruido, alimentados desde buena parte de la prensa madrileña.

Con el paquete de comisarios dispuesto para ser aprobado este miércoles por la tarde por los coordinadores de los comités parlamentarios tras una reunión matinal de los presidentes de los grupos políticos, la reunión seguía anoche porque García y Hayer trataban de arrancar a Weber algo más, no menos importante. Socialistas y liberales exigen a los populares un pacto de legislatura, al que se unirían los ecologistas y los melonistas de ECR, para dar a Von der Leyen una mayoría europeísta que no dependiera de los otros dos grupos de ultraderecha y que anclara a los populares al centro europeísta. Esa segunda parte del acuerdo es clave porque los grupos progresistas necesitan algo más para unir a los suyos a cambio de votar a los dos comisarios de los partidos de extrema derecha, el italiano y el húngaro. Si esa segunda parte del pacto no saliera, el colegio de comisarios sí podría estar en riesgo, sobre todo porque más de la mitad de los socialistas europeos lo exigen.

Weber ha jugado durante los últimos meses a forjar dos mayorías suficientes. La tradicional, europeísta, hacia el centro, con liberales y socialistas. Y una alternativa porque matemáticamente hay mayoría si a los populares se unen todos los grupos a su derecha. Pero es una mayoría inestable porque la mayor parte de los partidos de ultraderecha se niegan a votar buena parte de las prioridades comunitarias.

Weber, “que va de valiente cuando cree que enfrente tiene cobardes pero que recula cuando se le planta cara”, en palabras de un diplomático escandinavo cuyo gobierno es también popular, se vio estos días con la voluntad férrea de socialistas, liberales y ecologistas de bloquear esa mayoría ultraderechista alternativa. Es un movimiento que interesa incluso a los eurodiputados de Giorgia Meloni, que se pegarían a la mayoría europeísta, lo que busca su jefa desde que llegó al poder para diferenciarse de los ultras de Le Pen o Abascal.

El 1 de diciembre debe empezar a trabajar la nueva Comisión Europea. Nadie esperaba otra cosa hasta que la lluvia arrasó Valencia y sus alrededores y el Partido Popular pensó que podía torpedear la confirmación de Teresa Ribera para tapar la mala gestión de Carlos Mazón. Nada hubiera ido muy lejos si Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo, no hubiera visto en la actitud obstruccionista de Alberto Núñez-Feijóo una forma de minar la autoridad de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, compañera de partido, pero su enemiga jurada. Weber debía ser en 2019 el presidente de la Comisión Europea como candidato de los populares europeos, pero los líderes lo impidieron. El alemán tiene un currículum limitadísimo, de los más limitados incluso entre los eurodiputados. Habla alemán y un inglés muy regular y toda su carrera política fue ser eurodiputado. En Alemania es un desconocido. Merkel, Macron, Sánchez, Rutte y compañía decidieron que ya estaba bien de bromas y se sacaron de la manga a la ministra de Defensa de Angela Merkel, una tal Úrsula Von der Leyen. Weber nunca perdonó aquel feo y todavía sangra por aquella herida. Si puede dañar a Von der Leyen, y mientras la mayoría de los populares europeos le sigan el juego, lo hará.

Esa actitud, sumada al obstruccionismo de los eurodiputados liderados por Dolors Montserrat y Esteban González Pons, arietes de Feijóo en Bruselas, están a punto de hacer implosionar la mayoría europeísta que aprobó en julio la renovación de Von der Leyen y a la que poco a poco, durante la aprobación de los otros 20 comisarios europeos, se fue sumando incluso ECR, el grupo donde se integran los eurodiputados de la italiana Giorgia Meloni, que han votado a favor de todos, también de los comisarios socialistas. De ECR hasta los ecologistas, pasando por populares, socialistas y liberales, se había formado una coalición que rozaba el 75% del Parlamento y que podría servir para dar estabilidad a Von der Leyen.

Antes de los exámenes, populares, liberales y socialistas, con los ecologistas del brazo, hicieron un pacto no escrito de no agresión. Tú pasas a mis comisarios y yo a los tuyos, y así nadie depende del voto de los ultraderechistas ni de The Left, que iría a por liberales y conservadores. Al martes, los socialistas, liberales y ecologistas, incluso los ECR de Meloni, se comportaron durante las primeras audiencias. Así, la liberal estonia Kallas, la socialista rumana Minzatu, el soberanista italiano Fitto (de Meloni, pero bajo protección de los populares) y el liberal francés Séjourné, tuvieron exámenes plácidos.

A última hora llegaban la popular finlandesa Virkkunen y Teresa Ribera. Y se desataron los truenos. Mientras en una sala pequeña y con poca audiencia, Virkkunen iba sorteando preguntas, en una de las más grandes, abarrotada hasta la bandera, el PP y Vox lanzaron un ataque personal contra Ribera, cargado de acusaciones falsas e insultos. Varios eurodiputados populares adelantaron que habría imputación judicial. La estrategia era evidente. Mientras socialistas, liberales, ECR y ecologistas habían cumplido durante el día su parte del pacto, la derecha lo violó para hacer caer a Ribera. 

Christian Spillman, el decano de los corresponsales franceses, décadas en la agencia AFP, escribió en X: "La Comisión Von der Leyen en riesgo de caer por el bloqueo del PPE a Ribera, de lejos la mejor candidata del equipo (de la alemana), sólo porque el politiqueo español se impone al Parlamento Europeo”.

Manfred Weber había ido demasiado lejos y había provocado el incendio político que prácticamente nadie creía posible que forzara. Corresponsales veteranos y de medios conservadores hablaban de “agresión” contra Ribera. Las preguntas de los eurodiputados del PP no se diferenciaban ni en el tono de las de los de Vox. Ribera mantuvo las formas durante dos horas y media que cientos de corresponsales vieron con asombro. Nunca, ni los más veteranos, habían visto una audiencia semejante. Los seis vicepresidentes debían ser aprobados en bloque y todo quedó parado.

Todos entienden que Ribera no es una comisaria más. Es la número dos de facto de la próxima Comisión y el peso pesado de la izquierda. Von der Leyen le dio un poder que, según el diario Politico, nunca tuvo ningún comisario de ningún país. Sin Ribera, la voz de la izquierda en la Comisión Europea desaparecerá.

Cuando Ribera acabó el Partido Popular Europeo dijo que rompía el pacto y votaría en contra. Von der Leyen apareció a poner orden, pero ni su todopoderoso jefe de Gabinete, Bjorn Seibert, pudo todavía torcer la mano de Weber. Iratxe García, número dos de la lista del PSOE a las europeas tras Ribera y líder de los socialistas europeos, cargó contra Weber: “El liderazgo del Partido Popular Europeo ha roto el acuerdo político de las fuerzas democráticas proeuropeos en el Parlamento Europeo a favor de una agenda destructiva del Partido Popular español”. García advertía ya entonces que Weber ponía en peligro “irresponsablemente la Comisión Europea y rompía la mayoría proeuropea al alinearse con la extrema derecha”.

Si cae Ribera (o cualquier otro) los grupos de extrema derecha y el Partido Popular Europeo tendrían los votos suficientes para, el 27 ó 28 de noviembre, sacar adelante a la Comisión Europea. Pero Von der Leyen sabe que esa mayoría es falsa, porque en cuanto arranque el mandato la extrema derecha empezará a votar contra cualquier cosa que proponga. El afán de los grupos de extrema derecha es destruir la mayoría europeísta que se une en el centro, no ayudar a Von der Leyen. Los socialistas tienen el apoyo de ecologistas y, sobre todo, de los liberales, el fiel de la balanza. Su líder, la francesa Valérie Hayer, acusó a Weber de “comportamiento irresponsable”.

Weber lanzo un ultimátum la noche del miércoles: apoyará a Ribera si los socialistas votan la confirmación de Fitto (si Pedro Sánchez y otros líderes socialistas dan la orden probablemente sus eurodiputados la acaten) y del húngaro Varhelyi (más difícil). Además, exige que Ribera se comprometa a dimitir si es imputada. En Bruselas nadie se engaña ya sobre la utilización que el Partido Popular ha hecho de la Justicia en los últimos años. Weber quiere también que Ribera pase primero por el Congreso de los Diputados el día 20 para que el PP siga con el ataque personal.

Este jueves las aguas se calmaron un poco por la mañana después de que la presidenta del Parlamento Europeo, la popular maltesa Roberta Metsola, empezara a hablar de uno en uno con los líderes de los grupos. Metsola no quiere un incendio y su autoridad como presidenta podría servir para mover votos dentro del Partido Popular Europeo. Entiende que los populares españoles hagan ruido, pero no que revienten la próxima Comisión, arrastrando a las instituciones europeas para salvar a un presidente regional políticamente chamuscado.

Salga lo que salga en los próximos días –y lo normal es que Ribera sea comisaria y vicepresidenta– Von der Leyen ya sabe que ha muerto la mayoría europeísta que le permitió un primer mandato relativamente tranquilo. El Partido Popular Europeo de Weber tiene apenas el 26% de los eurodiputados, pero sabe que puede forjar la mayoría europeísta de siempre o una con los grupos de ultraderecha. Si además le sirve a Weber para debilitar a Von der Leyen, pues mejor.

Von der Leyen tendrá un camino de obstáculos si su mayoría se rompe y socialistas, liberales y ecologistas se niegan a cooperar con unos populares echados al monte. ¿Quién le pone el cascabel al gato Weber? Muchos miran a Friedrich Merz, el candidato de la CDU (su partido) a las próximas elecciones alemanas del 23 de febrero. Si Merz gana y depende de los socialdemócratas para gobernar, a nadie le interesará un incendio en Bruselas.

Weber debe renovar su cargo en un congreso del Partido Popular Europeo en Valencia el próximo mes de mayo. El alemán no tiene todas las cartas por los polacos de Donald Tusk. La división entre los populares que quieren pactar con la extrema derecha (los italianos, los españoles, los escandinavos) y los que no (los alemanes, los franceses, los austríacos, los polacos) sigue sin resolverse. Tusk trabaja para cargarse a Weber y el alemán no puede perder ni un voto. Sin los españoles, un candidato alternativo (apunten el nombre del austríaco Johannes Hahn) podría hacer caer a Weber.

El primer Donald Trump no tenía apenas amigos en Europa. Más allá del húngaro Viktor Orban, sólo podía contar con partidos en la oposición y que normalmente tenían vetado el acceso al poder incluso en coaliciones porque la derecha tradicional respetaba un cordón sanitario que los dejaba fuera. Cuando Trump viajó a Bruselas por primera vez no fue tratado como un apestado porque era el presidente estadounidense, pero la incomodidad de prácticamente todos los líderes europeos era evidente. “Europa construye puentes, no muros”, escribía en Twitter por entonces Manfred Weber, líder de los conservadores del Partido Popular Europeo, en referencia al muro que Donald Trump empezó a construir en la frontera con México.

Aquella Europa murió. Todavía no construye muros (cada vez hay más vallas), pero Weber ahora pide más vallas y que las pague la Unión Europea. La próxima vez que Trump aparezca por el “agujero del infierno”, como llamó hace años a Bruselas, encontrará otro escenario. Cada vez son más los dirigentes europeos que aplauden al magnate estadounidense y sus eurodiputados, que antes no contaban para nada, son ahora la tercera fuerza del Parlamento Europeo. Un repaso al mapa europeo muestra un escenario mucho más trumpista que hace ocho años porque la Europa actual es la más conservadora desde 1945.

Trump puede contar con la Italia de Giorgia Meloni, que se vanagloriaba el jueves de haber sido la primera dirigente europea en mantener una conversación telefónica con el futuro presidente estadounidense. Meloni, líder de la formación postfascista ‘Hermanos de Italia’, tuvo que girar hacia un europeísmo impostado y aceptar la OTAN porque en Italia hay incluso bases militares estadounidenses, pero la victoria de Trump le permitirá volver a sus esencias y chocar de nuevo con Bruselas.

Además de Meloni, Trump podrá contar con más jefes de Gobierno, todos sentados en el Consejo Europeo, órgano que reúne a los dirigentes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Tiene al húngaro Viktor Orban, el veterano de las cumbres, tiene al eslovaco Robert Fico y pronto podría tener al checo Andrej Babis y esloveno Janez Jansa. Pero más allá de los primeros ministros en ejercicio, Trump puede contar con muchos más apoyos.

Los gobiernos sueco y finlandés, de partidos de centro derecha, sólo se sostienen gracias a partidos de ultraderecha que le prestan apoyo parlamentario y que apoyan abiertamente a Trump. Como el holandés, donde la extrema derecha de Geert Wilders domina la coalición de Gobierno, aunque su líder se haya quedado fuera. Además, a medio mandato de Trump, en la primavera de 2027, podría caer de su lado una pieza de caza mayor si el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen, antiguo Frente Nacional, consigue de una vez auparla a la presidencia de la República francesa, como Bruselas teme cada vez más. Los ultras tendrían ya entonces minoría suficiente para bloquear cualquier decisión en el Consejo Europeo, porque todas las decisiones importantes se toman o por unanimidad o por mayoría cualificada.

De alguna forma nace un nuevo atlantismo. El tradicional, el que dio seguridad a Europa durante más de siete décadas, murió con la elección de Trump porque ahora tiene apoyos en Europa. Los nacionalistas, los nativistas, los partidos defensores de políticas identitarias empiezan a tener tanto peso como los que defienden las democracias liberales y los mercados abiertos. Partidos de extrema derecha como Vox aplauden la victoria de un presidente que impuso y probablemente impondrá aranceles a productos de exportación europeos tan significativos como el champagne francés, el aceite de oliva español o los autos alemanes. Trump y sus socios europeos son contrarios a buena parte de las estructuras que soportan las democracias: desde los contrapesos de los Estados de derecho hasta la independencia de la Justicia y de la prensa hasta tener una sociedad civil crítica y libre.

La ultraderecha europea fue siempre antiestadounidense porque Estados Unidos defendía los principios que ellos detestan. Pero con Trump, esa ultraderecha que es además prorrusa será también favorable a las políticas de Estados Unidos. Esta nueva relación de fuerzas en Europa hace además que Bruselas tenga menos respaldo cuando le toque enfrentarse a Washington. Durante el primer mandato de Trump, la Comisión Europea respondía a cada arancel con otro arancel. Bruselas, decía, no buscaba la bronca, pero si Trump avanzaba desde la ‘capital europea’ se respondía. Con varios gobiernos alineados con Trump esa posición de fuerza va a ser mucho más difícil de mantener.

Josep Borrell (La Pobla de Segur, Cataluña, 1947), hispano-argentino porque su padre nació en Mendoza, afronta su último mes como canciller europeo con una agenda cargadísima que le hará viajar por medio mundo. “Es el mes más largo, un mes intenso”, cuenta a infoLibre en su luminoso despacho del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, en el barrio europeo de Bruselas. Más de una hora de conversación que da para hablar de viajes, de frustraciones, de conflictos de competencias entre las instituciones europeas, de causas perdidas y hasta de los perros de Milei.  

Mientras su jefa de prensa, su sombra en estos años, colombiana de origen y europea de adopción, mira al infinito mientras le dan vuelta en la cabeza tantos viajes, Borrell habla: “Será el mes más largo, un mes intenso”.  

Arrancó la noche de este miércoles volando hacia Corea del Sur y Japón, donde firmará acuerdos de Defensa y Seguridad, y pasará en 30 días por una cumbre europea en Budapest con los resultados de las elecciones estadounidenses sobre la mesa, por Ecuador para la cumbre UE-América Latina con el acuerdo de Mercosur a punto de caramelo, por varias reuniones en Bruselas, por Cisjordania, Líbano, Ucrania y todavía busca cómo encajar una visita a Turquía. Borrell se va y dejará su despacho a la estonia Kaja Kallas. Pero al contrario que otros comisarios salientes, que ya están pensando en otras cosas, el hispano-argentino acelera porque quiere dejar el máximo trabajo hecho.  

La entrevista arranca con la situación de crisis en Georgia, donde la Unión Europea y Rusia se juegan otra pieza que bien podría caer de cualquier lado, pero enseguida salta a Oriente Medio. Los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023 desencadenaron una respuesta militar israelí que no parece tener muchas limitaciones. Borrell dice que “hay una clara voluntad de castigo colectivo. Estamos ante una masacre de una población abandonada a su suerte en Gaza y se trata de una situación insoportable que no se justifica por el derecho a la defensa”. El canciller busca en sus papeles un reciente informe de la FAO: 350.000 personas morirán de hambre en los próximos meses. Levanta la vista del papel y sigue: “los habitantes de Gaza no saben a dónde ir, la ayuda humanitaria no les llega, en los hospitales no queda nada y no pueden salir de Gaza porque Egipto no los quiere”. 

Cuando se le pregunta por qué Europa no puede hacer algo más, argumenta que no puede “porque la UE está dividida, al igual que la comunidad internacional. La persuasión ha fracasado y nadie quiere utilizar la coerción contra Israel. La UE ha reconocido el derecho de Israel a defenderse de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario. ¿Pero respeta Israel el Derecho Internacional? No querer responder a esta pregunta (que es lo que hacen los cancilleres europeos) nos deja en la retórica”. Borrell recuerda que España e Irlanda piden que la Comisión Europea analice si Israel está cumpliendo los protocolos de derechos humanos que son obligatorios como parte de los acuerdos con la Unión Europea: “La petición ha llegado a la Comisión, pero esta no responde”. Es una crítica evidente a la presidenta del organismo, la alemana Úrsula Von der Leyen, quien asumió tras los atentados de Hamás competencias que no tiene para prometer a Israel que la UE estaba de su lado cuando la política oficial del bloque es exigir el respeto a las resoluciones de Naciones Unidas y a la solución de los dos Estados.  

Borrell cree que Ucrania estaría mucho mejor si los europeos, en lugar de ir entregando las armas a cuentagotas, hubieran puesto en Kiev, ya en 2022, todo lo que pedían los ucranianos. Como él les había pedido a los cancilleres. No le hicieron caso y la ayuda militar siempre ha ido llegando tarde y en cantidades insuficientes: “Hemos dudado demasiado. Han sido necesarios meses de discusiones y vacilaciones para suministrar tranques, misiles, defensas aéreas y aviones de combate. Si hubiéramos enviado a Ucrania todo el apoyo posible en cuanto comenzó la invasión, eso podría haber cambiado la situación”. Borrell teme que una eventual vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca haga caer a Ucrania: “Recortará la ayuda militar y eso desequilibraría nuestra seguridad inmediata. Los europeos no pueden ocupar el lugar de los estadounidenses. Eso significaría duplicar nuestra ayuda militar y no tenemos la capacidad física”. Borrell cree que si gana Trump el problema para los europeos ya no será, como en el anterior mandato, si impone aranceles o desata una guerra comercial. Será más grave: “Será un problema de seguridad porque recortará la ayuda militar a Ucrania. A Netanyahu le dirá que haga lo que quiera, pero ya lo hace, le dirá que no le pondrá límites, pero si deja a Ucrania indefensa frente a Rusia es un problema mayor para nosotros. Tenemos capacidad financiera, pero la gente no va a la guerra con billetes de banco”. 

La relación con América Latina ha ido dando saltos en los últimos años al albur de las broncas personales entre dirigentes, como la de Macron con Bolsonaro y la de Sánchez con Milei. Borrell cree que “por esencia la relación es mucho más personal porque tenemos mucha más similitud, la misma religión, la misma lengua, compartimos una parte importante de la historia, son como problemas de familia. La relación con el sudeste asiático, por ejemplo, es mucho más profesional”. Así, cuenta que “la discusión entre Bolsonaro y Macron fue casi una discusión de vecinos y la que tienen ahora España y México es una discusión de viejas”. 

Con Argentina la ve algo diferente: “La bronca con Milei es ideológica y rompe la relación con España. Por primera vez España no tiene embajador en Argentina (lo nombró justo la tarde después de la entrevista)”. Borrell contrapone la mala relación con Argentina (recuerda que Milei llegó a decir que el socialismo, que en Europa es una de las grandes familias políticas, gobierna en España y Alemania y es el partido de Borrell, es “una enfermedad del alma”) con Chile. Habla muy bien del presidente Boric: “Hay que agradecer a Chile su comportamiento, juega un papel extraordinario de equilibrio de una posición de izquierda. La izquierda latinoamericana tiene en Chile un ejemplo de equilibrio, de defensa del Derecho Internacional".

La OTAN invitó a Ucrania a la adhesión en 2008, pero aquella invitación nunca se sustanció. La ocupación de Crimea y de parte del Donbass ucraniano por Rusia en 2014 y el ataque frontal de febrero de 2022, junto al cambio político en Kiev desde 2014, hicieron que el país cambiara de idea. Ucrania quiere entrar en la OTAN, donde entiende que estará protegida. Lo repite continuamente su presidente Volodimir Zelensky y sus ministros cada vez que pasan por Bruselas, Washington o cualquier capital de un país miembro de la Alianza Atlántica. Pero esa puerta parecía cerrada del todo hasta ahora mientras hubiera guerra, porque la adhesión convertiría el ataque de Rusia contra Ucrania en un ataque contra los otros 32 miembros de la alianza militar, también contra España. Por eso siempre se le decía a Zelensky que el sitio de Ucrania está en la OTAN, pero no todavía. Pero ese tabú puede estar empezando a romperse.

El viernes se reunieron en Berlín los líderes de los cuatro principales países de la OTAN. Los tres primeros porque son militarmente los tres más fuertes y los únicos con armamento nuclear. Y el cuarto porque tiene la chequera más gorda de Europa. Joe Biden por Estados Unidos, Emmanuel Macron por Francia, Keir Starmer por Reino Unido y Olaf Scholz por Alemania hablaron varias horas de la seguridad en el continente europeo y de las perspectivas ante un eventual cambio político en Estados Unidos. También de Ucrania y de una posible invitación a que el país empiece a negociar su adhesión, algo que hasta ahora estaba fuera de todas las mesas diplomáticas.

Fuentes consultadas en Bruselas aseguran que el tabú empieza a romperse y que el momento electoral estadounidense, con elecciones el próximo 5 noviembre, hace más probable esa pequeña apertura. Las fuentes coinciden en que si gana Donald Trump y se convierte en presidente en febrero todo esto irá a la basura, pero que si gana Kamala Harris se abre un período de cohabitación de tres meses que Joe Biden querrá utilizar para adelantar la agenda de Harris y hacerle “parte del trabajo sucio”, al menos en política internacional, competencia casi exclusiva de los presidentes en el sistema estadounidense.

La reunión dejó claro que tanto Macron como Starmer son partidarios de que la OTAN renueve ya la invitación a Ucrania. No quiere decir que fuera a ingresar en el bloque mañana y el país tendrá además que aprobar su ingreso respetando sus mecanismos constitucionales, además de que cada Estado miembro deberá ratificarla y un solo veto bloquearía el proceso. Pero sí sería una señal política enorme y un empujó político considerable a Zelensky, que busca una tabla a la que agarrar a su población tras casi tres años de guerra.

La intención de Biden depende del resultado electoral. Apoyaría ese ingreso si Kamala Harris ganara. De hacerlo Donald Trump no tendría sentido porque en cuanto fuera investido retiraría la invitación, generando además otro problema a la OTAN, organización que teme al republicano. Si Biden apoya la invitación tras una victoria de Harris, Scholz sería el único de los cuatro que estaría todavía en contra y la presión sobre él sería inmensa, porque además la derecha alemana, que puede llegar al poder en un año, sí apoya esa invitación a Ucrania.

El alemán se defendía el viernes ante de la reunión de los cuatro líderes diciendo que su país “apoya a Ucrania con todas sus fuerzas”, pero Scholz se niega a entregar los misiles Taurus, un arma disuasoria y con la que Ucrania podría atacar las bases aéreas a centenares de kilómetros de la frontera común que Rusia usa para lanzar sus aviones de combate. Pero Scholz también dice que “la OTAN no puede convertirse en beligerante para evitar que la guerra se transforme en una catástrofe aún mayor”.

El “plan de la victoria” que Zelensky paseó la semana pasada por Bruselas y otras capitales europeas tiene como plato fuerte recibir esa invitación. Trata de dar esperanzas a sus soldados y a la ciudadanía. Una invitación a ser miembro de la OTAN y la apertura de negociaciones (que no deberían ser extremadamente difíciles porque el país lleva casi una década alineando sus capacidades militares, la formación de sus oficiales y soldados y sus métodos y estructuras militares a los estándares de los países de la OTAN) abriría otro escenario en caso de que, como pretende Zelensky, se llegue a un plan de paz, aún provisional, el próximo año. Con Ucrania a las puertas de la OTAN, un nuevo posterior ruso se vería, si no de iure, si de facto, como una agresión al bloque.

Los europeos esperan las elecciones estadounidenses del próximo 5 de noviembre de una forma diferente a las anteriores. Durante muchas décadas, la derecha apoyaba al candidato republicano y la izquierda al demócrata. La llegada de un ultra como Donald Trump hizo que casi todos los gobiernos apoyaran al demócrata. Excepto el húngaro de Viktor Orban. Ocho años después son casi una decena los gobiernos o socios de coalición en el gobierno de turno que preferirían una victoria de Donald Trump frente a Kamala Harris.

Los europeos se tientan la ropa, porque una eventual vuelta de Trump sería otro shock exterior que afectaría a casi todos sus asuntos. Desde sus relaciones con sus vecinos, pasando por el comercio y la política de Defensa, hasta el probable hundimiento militar de Ucrania y la actitud de Rusia en un escenario así. La mayoría prefiere a la candidata demócrata y la continuidad que su elección significaría, pero Trump tiene cada vez más amigos en la Unión Europea, a diferencia de hace ocho años, cuando apenas el húngaro Viktor Orban le mostró sus simpatías. Esta, la de las preferencias electorales cuando hay elecciones en terceros países, es otra de las formas de ver el auge de la extrema derecha en Europa.

Orban ya no está solo. Ahora es el líder de una banda que crece. Con él se alegrarían el eslovaco Robert Fico, supuestamente socialdemócrata, pero en realidad un populista favorable a la Rusia de Vladimir Putin y contrario a la Ucrania de Volodimir Zelensky. También el holandés Geert Wilders, admirador de primera hora de Donald Trump, del agua oxigenada y hombre fuerte en las sombras del gobierno holandés. O el multimillonario checo Andrej Babis, que acaba de arrasar en las elecciones regionales con su partido ANO, supuestamente liberal, pero en la práctica igual que el de Fico y Orban, a la derecha de la derecha. Babis apunta a una clara victoria en las legislativas del próximo año a pesar de llevar más de un lustro señalado por casos de corrupción. O incluso Janez Jansa, que podría volver al poder en Eslovenia.

Giorgia Meloni giró hacia el atlantismo meses antes de alcanzar el poder. Era impensable que la tercera potencia europea, con bases de la OTAN y presencia militar estadounidense, virara hacia Moscú. Pero las piezas que se alinearon hace poco más de dos años pueden volver a alinearse de otra forma. ¿De qué lado estaría Meloni, del de Trump o del de una Europa que intentara, si no plantarle cara al magnate estadounidense, al menos defender sus intereses y prioridades? ¿A dónde iría una Francia que en 2027 cayera en las manos de Marine Le Pen? ¿Mantendría España su europeísmo si una eventual caída de Pedro Sánchez llevara al poder a un Alberto Núñez Feijóo que dependería de la extrema derecha pro-Trump de VOX? 

Orban, el amigo de Moscú que quiere ser el amigo del Washington de Trump, fuerza el bloqueo europeo en todo lo que pueda cambiar con la salida de los demócratas de la Casa Blanca, sobre todo en lo relacionado con Ucrania. Por eso a la mayoría de los demás líderes les molesta cada vez más, por ejemplo, que Orban bloquee disponer de 6.600 millones de euros que irían a reembolsar a los gobiernos europeos por su ayuda militar a Ucrania. Y sobre todo que se niegue a renovar por 36 meses (y no por seis, como hasta ahora) las sanciones a Rusia, exigencia estadounidense para participar en el préstamo de 50.000 millones de euros a Ucrania. Esencial para que la economía ucraniana no se vaya por el desagüe de la quiebra.

A diferencia de los últimos meses, la reunión de los líderes de la UE estuvo marcada, sobre todo, por la inacción. A menos de tres semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, nadie se atreve a moverse, a dar un paso en un sentido u otro, ni a tomar una posición sobre un tema tan existencial para la UE como la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. El presidente Volodimir Zelensky lo experimentó el jueves. Vino a Bruselas para defender su plan de victoria: obtener una invitación para unirse a la OTAN y así elevar la moral de sus soldados y ciudadanos antes del invierno, así como los misiles de largo alcance para forzar a Vladimir Putin a negociar una paz justa. La respuesta fue un silencio ensordecedor por parte de la UE.

Un buque militar italiano llevó este martes a 16 solicitantes de asilo desde la isla de Lampedusa hasta un campo de concentración de migrantes en Albania. El centro lo construyó Italia y Albania le cobrará 18.000 euros al año por cada persona encerrada en él. Caben 3.000, los mismos que llegan a Italia en una semana. Si en 18 meses no son repatriados a sus países o ven sus solicitudes de asilo aceptadas, serán devueltos a… Italia.

El pacto albano-italiano sirvió de inspiración a 15 gobiernos para pedir hace dos semanas a la Comisión Europea “soluciones novedosas”. Quieren deportar a más migrantes y solicitantes de asilo. Aunque nadie ha ideado cómo hacerlo después de 20 años presentando ideas. Mientras los países de origen y tránsito no los acepten la única alternativa es tirarlos al mar o encerrarlos en campos de retención. En Europa no, porque Europa supuestamente respeta los derechos humanos. Y porque en Europa las televisiones recordarían su presencia. Hay que llevarlos lejos. A las montañas de los Balcanes, a los desiertos del Magreb.

Esa “solución novedosa” empieza a concretarse en forma de “centros de retorno”, que ni siquiera es un eufemismo sino una mentira porque su retorno está lejos de estar garantizado. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ya los impulsó oficialmente este martes. Su comunicado había hecho creer que el plan estaría sobre la mesa en la cumbre europea de este jueves y viernes, pero en la última versión del documento de conclusiones de la cumbre, consultado este miércoles por Infolibre, no aparece. Porque a la luz de la legislación actual son ilegales, como había declarado la propia Comisión Europea en 2018. No se puede aplicar el Derecho de la UE de forma extraterritorial. Bruselas hace equilibrismos y dice ahora que en esos campos sólo se aplica la legislación italiana, pero esta es mera transposición de la legislación europea.

Mientras Von der Leyen empezaba a ponerse colorada, la Comisión anunció que estaba estudiando cómo hacerlos legales, porque “hoy en día no es legalmente posible en la UE enviar a un inmigrante ilegal a un tercer país” que no sea el suyo de origen. Lo que quiere Von der Leyen (y más de la mitad de los gobiernos) es convertir en legal la deportación de un migrante o solicitante de asilo no a su país, sino a un campo de retención en un tercer país.

Europa ya paga a Turquía, Libia, Túnez, Mauritania, Egipto y Marruecos para que no dejen salir migrantes. Pero estos países aprendieron hace años a chantajear a los europeos, a jugar con las salidas de migrantes y a pedir cada vez más dinero. Las grandes asociaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han mostrado en ocasiones graves violaciones de derechos humanos a manos de patrullas fronterizas financiadas con fondos europeos y dotadas de material europeo. La última idea es forzar el retorno de los refugiados sirios a su país tras casi una década en Europa a pesar de que los mismos documentos de la diplomacia europea dicen que conlleva poner sus vidas en peligro.

El plan tiene un problema mayor: no hay ningún país que acepte esos centros más allá de esas 3.000 plazas en Albania. Algunos funcionarios europeos alegan que los países de los Balcanes podrían verse tentados si se les paga bien y si se aceleran sus negociaciones de adhesión a la Unión Europea. Ninguno ha levantado la mano y fuentes diplomáticas explicaban el martes que mezclar una cosa con otra puede llevar a que en lugar de una zanahoria se convierta en un palo. Un diplomático de un país de los más importantes dijo que se estaba debatiendo “sobre la nada”. El primer ministro albanés, Edi Rama, dijo este lunes que no firmarán más, que “otros países lo han pedido y hemos dicho que no”. Rama acusó a la UE de no tener en cuenta el fenómeno migratorio en su conjunto y funcionar a base de poner parches.

Von der Leyen y los países que van subiendo el tono de la retórica contra los migrantes, a falta de medidas prácticas que poner en marcha, tampoco tienen en el bote a todos los gobiernos, y las conclusiones hay que aprobarlas por unanimidad. Será complicado que un país llegue a vetar las conclusiones, pero algunos, entre ellos España, se negará en redondo a soluciones como la de los campos de retención. Madrid asegura que la idea viola derechos humanos, encubre un coste enorme y no va a las causas del fenómeno, porque los migrantes encerrados en esos campos lo serán en muchas veces de forma indefinida porque, como ahora, nunca serán aceptados por sus países.

Algunos diplomáticos alegan que se está jugando a vender una crisis migratoria que en realidad no es tal, sino el efecto aspirador de las ideas de la ultraderecha, que arrastra a la derecha tradicional e incluso a gobiernos supuestamente de izquierdas, como el alemán. Los datos, además, no casan con la histeria. Las entradas irregulares de migrantes cayeron un 42% en los primeros nueve meses del año, según los datos de Frontex, la agencia de fronteras de la UE. Por los Balcanes occidentales llego un 79% menos de migrantes irregulares y por Italia desde el norte de África un 64% menos. Sí aumentó hacia las Islas Canarias, un 100%, hasta superar las 30.000 entradas. Pero es precisamente el español el gobierno que no cede a la retórica dura con los migrantes.

Las fuentes consultadas este miércoles en Bruselas coinciden en que ni siquiera está claro que la parte de migración del documento de conclusiones termine por aprobarse, porque más allá de la dimensión exterior del fenómeno, los líderes nacionales también están divididos en la dimensión interior. Los controles en las fronteras internas no gustan a todos, el nuevo Pacto de Migración y Asilo no se está aplicando como estaba previsto, hay bronca para reactivar las normas de Dublín (es responsable del solicitante de asilo el primer país que pisó al llegar a Europa, no su destino final). Y nadie quiere hablar, porque tampoco tiene solución, de que más de dos tercios del millón de solicitantes de asilo que llegaron en 2023 a la UE lo hicieron de forma regular. Entraron con visas (de turista, de estudios, de trabajo) o gracias al régimen de liberalización de visas que disfrutan algunos países. Y después pidieron asilo.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky debía reunirse este sábado en Ramstein, una base aérea estadounidense en Alemania, con el presidente Joe Biden y el jefe del gobierno alemán Olaf Scholz. Pero el huracán que afecta a Estados Unidos hizo que la Casa Blanca suspendiera el desplazamiento de Biden y Zelensky tuvo que buscar una alternativa. Si no iban todos los líderes a Berlín, él iría a verlos a todos. La Presidencia ucraniana negoció así deprisa y corriendo una gira por capitales europeas que acabó este viernes sin apenas anuncios. Zelensky no arrancó compromisos. Parece que los europeos esperan a que pasen las elecciones presidenciales en Estados Unidos para saber cómo comportarse con el ucraniano.

El jueves, en París, Macron apenas se prestó a una rápida declaración conjunta en el patio de entrada al Palacio del Elíseo, no en una conferencia más formal. Una declaración llena de lugares comunes en el momento en que el presidente ucraniano volvió a su coche. Lejos de las alfombras rojas de hace apenas un año.

Mientras Ucrania se la juega porque una victoria de Donald Trump en semanas podría hacer que para después de Navidad, Ucrania dejara de recibir armas estadounidenses, los europeos arrastran los pies y no anuncian ningún compromiso nuevo, Zelensky pide más armas, más potentes y más rápido. Pero los líderes europeos miran para otro lado.

El mismo jueves, ante de pasar por el Elíseo, el presidente ucraniano pisó las moquetas de Downing Street, sede de la oficina del primer ministro británico. Este viernes pasó por Roma y a última hora por Berlín. En las cuatro principales capitales europeas recibió una palmadita en la espalda, pero no más armas. A Macron, Scholz, el británico Keir Starmer y la italiana Giorgia Meloni les presentó us “plan para la victoria”, como ya hizo en Washington hace dos semanas con Joe Biden. Su plan, todavía secreto, busca movilizar un mayor apoyo europeo, tanto militar como económico y diplomático, para dar la vuelta a la situación sobre el terreno.

Pero es un plan con exigencias. Ucrania quiere que las potencias noroccidentales le concedan garantías de seguridad como si fuera miembro de la OTAN, aunque sea precisamente porque no quieren concederle esas garantías la razón de que las puertas de la Alianza Atlántica las tendrá cerradas mientras no acabe la guerra. El ucraniano se niega a cualquier alto el fugo o negociación mientras haya un solo soldado ruso ocupando un metro cuadrado del territorio ucraniano reconocido internacionalmente.

Los europeos aceptan eso y Zelensky culpa a la desinformación generada por los rusos las informaciones en medios franceses que hablaban la semana pasada de que el líder ucraniano estaba dispuesto a un alto el fuego. ¿Qué esconde ese plan? De lo que se puede extraer de los grandes medios europeos y de lo que parecen conocer (no está claro hasta qué punto) los ministros de Exteriores europeos, lo que busca Zelensky es al menos mejorar la posición sobre el terreno de sus tropas para tener mejores cartas en una eventual conferencia de paz, sobre todo si vuelve Donald Trump y el apoyo estadounidense se seca en febrero, cuando el magnate debería tomar posesión.

Zelensky quiere permiso para poder usar los misiles de medio y largo alcance contra objetivos militares en territorio ruso. Promete que sólo se usarán contra esos objetivos e incluso que adelantaría a Washington, Londres, Berlín, París y Bruselas la lista de esos objetivos, que serían por ejemplo bases militares, pistas de despegue de aviones de combate o centros de almacenamiento de energía y depósitos de armas. Pero esa petición sigue sin ser aceptada. Londres no se mueve, aunque la presión interna aumenta. Cinco ex ministros de Defensa escribieron a Starmer para que concediera el permiso, pero el primer ministro por ahora se niega mientras Washington no de el mismo permiso para los suyos.

La visita en Roma era compleja porque el italiano es el Gobierno que más arrastra los pies a la hora de cumplir los compromisos en la entrega de armas. Roma es, de Europa occidental, de las capitales que mejores relaciones ha tenido con Rusia en las últimas décadas y el compromiso atlantista de Giorgia Meloni tiene dos telediarios. Italia es también el país de Europa occidental donde los sondeos dicen que es menos clara entre la población el apoyo a Ucrania. Meloni pasó de ser favorable a Putin a ser contraria justo antes de llegar al poder, pero su socio Matteo Salvini genera más dudas y sus eurodiputados votan repetidamente contra el apoyo a Ucrania en el Parlamento Europeo. Prácticamente todos los eurodiputados italianos, de todos los partidos, votaron contra la resolución que pedía que Ucrania pueda usar contra territorio ruso las armas que se le ceden.

Con Alemania repitiendo, como desde el inicio de la guerra, que su objetivo es evitar una escalada, Zelensky sólo podía contar con Biden, pero la anulación del viaje del estadounidense dejó la gira en una sucesión de decepciones.

Una forma perfecta de ocultar las divisiones sobre la gestión interna y la falta de herramientas para cambiar los flujos migratorios, algo fuera del alcance de los líderes europeos, es obviarlo y centrarse en la dimensión exterior del fenómeno, incluso con soluciones inviables. Millones de personas entran cada año legalmente en la Unión Europea y apenas 300.000 entran de forma irregular, pero el debate político sobre el asunto hace muchos años que sacó los pies de la realidad.

La cumbre europea de la próxima semana incluirá en sus conclusiones una llamada a aumentar la tasa de deportación de inmigrantes irregulares y de aquellos solicitantes de asilo que ven rechazada su solicitud. Lo mismo que han pedido todas las cumbres que han hablado de inmigración en las últimas dos décadas, sin que la tasa de deportación cambie excesivamente de lo habitual. Aproximadamente un tercio de quienes reciben una orden de expulsión son realmente deportados. El resto se queda de forma irregular o termina yéndose por su cuenta.

El problema, si es que eso es un problema, es el mismo para España que para Italia, Francia, Alemania o cualquier otro país del bloque. Las deportaciones dependen de su voluntad de hacerlas, pero también de la voluntad de los países de origen de aceptar la devolución de sus nacionales. Ninguna política europea, ni la de los palos ni la de las zanahorias, ha logrado nunca cambiar eso. El Pacto Europeo de Migración y Asilo es en muchos de sus aspectos una cáscara vacía precisamente porque depende de la voluntad de terceros países para ser aplicado. Sólo ha conseguido endurecer las condiciones de asilo, pero con él apenas cambia la tasa real de deportaciones.

La retórica del documento de conclusiones de la cumbre, un texto supuestamente secreto hasta el final de las cumbres, pero de los que más se filtran en Bruselas, es similar a la de siempre. “El Consejo Europeo mantendrá una discusión estratégica en profundidad sobre migración en todas sus dimensiones”. El punto 25 de las conclusiones dice que “el Consejo Europeo pide (es decir, los gobiernos se piden a sí mismos) intensificar la cooperación con los países de origen y de tránsito, a través de partenariados mutuamente beneficiosos, para hacer frente a la raíz de las causas y para luchar contra el tráfico (de personas) con la idea de prevenir salidas irregulares y pérdidas de vidas”.

El ejemplo es el acuerdo que Von der Leyen, Meloni y Rutte firmaron el año pasado con Túnez. A cambio de dinero, el régimen dictatorial tunecino bloquea la salida de migrantes. Eso es lo que Meloni vende como un éxito de su política migratoria. Lo que hace en la práctica es desviar esos flujos a otras partes, como a Canarias. Europa se tapa la cabeza para destaparse los pies. Y Túnez aprendió el juego y ya ha pedido más dinero en dos ocasiones.

El punto 26 dice que “el Consejo Europeo pide acciones determinadas a todos los niveles (aunque las deportaciones son competencia exclusiva de los respectivos Ministerios de Interior) para incrementar y acelerar las devoluciones desde la Unión Europea. Invita a la Comisión Europa y al Consejo (a los ministros) a presentar un nuevo enfoque común de devoluciones”.

Las conclusiones son similares a las de otras ocasiones. La Presidencia húngara del Consejo de la UE quiere añadir un debate sobre los centros exteriores de procesamiento de solicitantes de asilo. El “modelo Ruanda” británico, que nunca se puso en marcha.

Italia ha firmado uno con Albania. Como explicaba este lunes una fuente diplomática, “es un debate sobre nada, porque ningún país tercero, excepto Ruanda, ha aceptado jamás solicitantes de asilo que ya estuvieran en Europa”. La misma fuente asegura que el acuerdo entre Italia y Albania apenas alterará los números totales de solicitantes de asilo en Italia y que le sorprendería “que algún país de los Balcanes aceptara un chantaje similar”. Si es que algún día llega a ponerse en marcha, porque sigue siendo únicamente un papel.

Los ministros de Interior estudiarán la idea este jueves en Luxemburgo, pero saben que llevarla a la práctica depende la voluntad de terceros países. Y, por supuesto, no se llamarán “campos de concentración de inmigrantes”, aunque sean cerrados y para inmigrantes, sino, en palabras de otro diplomático, “puntos de recogida antes del retorno al país de origen”. En 2018 los líderes aprobaron que la Comisión Europea presentara planes para la creación de “plataformas regionales de desembarco”.

El papel debe estar lleno de polvo en algún cajón del Berlaymont, sede central de la Comisión Europea. Esas ideas terminan chocando siempre con las leyes, porque el Derecho de la Unión Europea no es aplicable extraterritorialmente ni la Unión Europea tiene los medios de controlar lo que haga después el tercer país en cuestión con esos inmigrantes.

La industria europea es incapaz de seguir el ritmo al que Ucrania quema armamento y munición. Sólo los envíos de material militar estadounidenses ayudan a Kiev a aguantar tras más de dos años y medio de agresión rusa. Esa constatación, y el hecho de que los Estados miembros de la UE todavía gastan, de media, más en armas estadounidenses que europeas, llevó a la Unión a decidir que había que gastar más en Defensa, pero sobre todo que había que poner en marcha una estrategia de industria militar que permitiera volver a los niveles de producción de hace décadas, del final de la Guerra Fría. Pero para eso, o se disparan los presupuestos de Defensa o se busca financiación alternativa. Y ahí aparece el Banco Europeo de Inversiones y la española Nadia Calviño.

El BEI, una entidad que durante décadas tuvo un protagonismo muy pequeño en las políticas europeas, se va a convertir en los próximos años en el arma financiera clave (el papel monetario lo hace el Banco Central Europeo) de la Unión Europea. Además de sus actividades tradicionales, que no realiza sólo en Europa pues tiene presencia en medio planeta, el BEI será la herramienta fundamental para financiar desde la industria militar hasta el aumento, que quiere realizar la Comisión Europea, de fondos para vivienda pública a falta de muchas más competencias en la materia. El BEI, que es una entidad relativamente pequeña en términos administrativos y de personal (ocho veces menos que la Comisión Europea) no tiene el suficiente conocimiento militar para saber elegir adecuadamente sus préstamos al sector.

Ahí entra la Agencia Europea de Defensa (EDA, en sus siglas en inglés), un ente pequeño, sin apenas fondos más que para su funcionamiento y sin excesivas competencias, más un grupo de técnicos y expertos. Pero ideal para funcionar como asesor del BEI. Así, el jueves anunciaron en un comunicado conjunto que trabajarán al unísono “para ayudar al BEI a identificar en qué proyectos de defensa debe centrarse cuando hace inversiones para garantizar la coherencia de sus prioridades”.

La EDA “proveerá asesoría sobre industria militar al BEI mientras el BEI contribuirá con su experiencia sobre mercados financieros para apoyar los objetivos de la EDA”, según el comunicado conjunto emitido el jueves. Las dos instituciones trabajarán juntas para "identificar proyectos de seguridad y defensa por toda la Unión Europea para financiarlos”. Se trata de que la industria militar europea aumente sus líneas de producción sin tener que estar preocupada porque no tiene fondos suficientes. Porque montar más líneas de producción de tanques no es barato y si después esos tanques no los compran los gobiernos el problema es de calibre 155m, el estándar de la artillería de la OTAN.

El BEI no quería, pero poco a poco, desde que estalló la guerra, ha ido recibiendo una presión que iba en aumento hasta que tuvo que ceder. La pasada primavera, con los gobiernos ya repitiendo en público a todo quien quisiera escucharlos que se iba a gastar más en Defensa, el BEI revisó sus políticas de préstamo para permitir más inversiones en productos de uso dual, que sirven igual para actividades civiles como militares.

¿Se debían financiar, por ejemplo, a las industrias que fabrican drones? No si podían usarse con fines militares, además de civiles. O redes de comunicaciones terrestres, como ferrocarriles o autopistas, que permitan el transporte fácil y rápido de tropas y material militar. O, como tiene Finlandia, trozos de autopistas tan anchos, limpios de obstáculos como medianas o vallas y tan rectos que permiten el aterrizaje y despegue de aviones de combate o de carga militar. Serían, en caso de conflicto con Rusia, bases aéreas de reserva. No se podían financiar proyectos con doble uso civil y militar.

En primavera se levantó esa restricción. El BEI es una institución que toma sus decisiones de forma independiente, pero es parte del entramado de instituciones de la Unión Europea y su mandato le obliga a apoyar sus objetivos. Y no dicta esos objetivos. Así que es una independencia condicionada. No decide si invierte en energías renovables o no, por ejemplo. Pero si se le dice que renovables, entonces sí tiene competencias para decidir en qué proyectos.

Los 27 Estados miembros de la UE gastaron en 2022 (aunque después han ido aumentando su gasto) unos 240.000 millones de euros en Defensa. La prioridad, más allá de ese aumento, es engrasar la financiación de la industria militar. Y ahí entran el BEI y a EDA, que se ha convertido con los años en el centro neurálgico de la cooperación europea en Defensa.

La Unión Europea mira con aprehensión los pasos que puedan dar Israel y sus enemigos en Oriente Próximo. El ataque israelí contra las posiciones del Hezbolá libanés, y el ataque iraní, con misiles balísticos pero que apenas provocaron daños, contra Israel, aumentaron la tensión en una región que Europa siempre mira con miedo porque le genera crisis de forma repetida.

Los europeos estudian varios factores que consideran de riesgo. La urgencia es asegurar a sus ciudadanos en el Líbano. Por eso llegaron el jueves a Beirut dos aviones españoles con capacidad para evacuar a cientos de personas, desde Zaragoza y desde Djibouti. Madrid prepara también la fragata Blas de Lezo. París envió un gran buque con capacidad para evacuar a miles de personas. Los franceses son la comunidad europea más representada en el Líbano. Además, están los militares. 16 Estados miembros de la Unión Europea participan en la misión de Naciones Unidas de interposición en la frontera sur libanesa, Unifil. Italia tiene a más de 1.000, Francia y España más de 600 cada una. Los tres 13 contingentes menores. Pero suman más de 2.500 hombres que podrían llegar a estar en riesgo si las hostilidades armadas van a más.

Las urgencias del rescate tapan asuntos no menos graves a medio y largo plazo, que los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea discutieron esta semana en Bruselas. Hay una variante de política migratoria que mete miedo en Europa. Líbano está a 160 kilómetros de Chipre, Estado miembro de la Unión Europea y sede de una base aérea británica esencial para la OTAN en la región del oriente del Mediterráneo. El país no es miembro de la Alianza Atlántica pero la presencia del Reino Unido con esa base lo convierte en clave militar en la región. Además, la ruta migratoria que en 2015 y 2016 tomaron los sirios para ir hacia Turquía y desde ahí saltar el Egeo hacia Grecia, los Balcanes y el centro de Europa, está al alcance de la mano y ya hay más de un millón de libaneses desplazados de sus hogares en el sur del país. La supuesta política migratoria exitosa del Gobierno heleno del conservador Kyriakos Mitsotakis, podría irse al garete si la crisis desata esos movimientos migratorios.

Líbano ya tenía, para sus menos de seis millones de habitantes, casi 1,5 millones de refugiados sirios. Si la situación se desborda los europeos temen otro éxodo masivo de refugiados. La situación financiera también preocupa. Europa mantiene por ahora las cuentas públicas del Líbano. Desde 2011 le había inyectado más de 3.500 millones de euros, según datos de la Comisión Europea. Desde el pasado agosto otros 1.500 millones. El canciller europeo, el hispano-argentino Josep Borrell, decía el lunes que los europeos también están ayudando a reforzar la capacidad de las Fuerzas Armadas libanesas, un enano militar al lado de Hezbolá.

Otro temor es económico e incluye la reacción que Israel pueda tener después del ataque con misiles balísticos de Irán. Si Israel decide destruir la terminal petrolera iraní de Kharg, en el Golfo Pérsico y al alcance de los aviones de combate israelíes, Irán no podrá exportar el 90% de su petróleo. Su economía se pondrá de rodillas, pues la mitad del presupuesto iraní depende de la exportación de petróleo. Si su petróleo deja de llegar a los mercados mundiales otros productores, como Arabia Saudí, podría sustituirlo, pero las tensiones en los mercados, temen los europeos, importadores de prácticamente todo el petróleo que consumen, dispararán los precios, y con ellos volverá a subir una inflación que creían tener controlada después de la crisis energética de 2022.

Los líderes del G7 mantuvieron una videoconferencia el martes y los cancilleres europeos el lunes. Nadie quiere una escalada, pero todos en Europa saben que sólo Washington tiene capacidad para frenar a Israel. Nadie parece tenerla para poner freno a Irán y mucho menos a Hezbolá. El conflicto de Oriente Próximo es, además, y al contrario que la agresión rusa contra Ucrania, uno que divide los europeos. Mientras Eslovenia, Irlanda y España reconocieron el Estado de Palestina en los últimos meses, el canciller checo se negó este lunes incluso a respaldar una resolución de los 27 de la UE para exigir un alto el fuego inmediato a todas las partes. Por eso tuvo que salir Borrell a leer un comunicado por su cuenta.

La Unión Europea rechaza la pena de muerte en todas las circunstancias y todos sus Estados miembros la tienen constitucionalmente abolida, incluso en tiempos de guerra. Esa prohibición es requisito indispensable para aspirar a ser Estado miembro de la Unión. Por eso cuando se produce un asesinato a manos de un Estado oficialmente amigo como Israel o Estados Unidos los dirigentes europeos guardan silencio y muestran incomodidad.

El bombardeo israelí que acabó con Hasán Nasralá fue aplaudido por el presidente estadounidense Joe Biden, quien dijo que había sido “una medida de justicia para todas sus víctimas”. Incluso el canadiense Justin Trudeau, cuyo país tiene también prohibida la pena de muerte, dijo que el líder de Hezbolá “dirigió una organización terrorista que atacó y mató a civiles inocentes, causando un inmenso sufrimiento en toda la región”. Las palabras sobre todo de Biden, hablando de hacer justicia con un asesinato selectivo, son impensables entre los dirigentes europeos, por eso desde que murió Nasralá sólo hubo silencio hasta el comunicado emitido en la tarde del lunes por el alto representante Josep Borrell.

Pero cuando se esperaba que Borrell lo rompiera tampoco ocurrió. Tras la reunión por videoconferencia con los ministros de Exteriores, y en video desde México, el alto representante dedicó 15 minutos a hablar de la financiación europea para ayuda humanitaria a Líbano (ya van 1.500 millones, 500 en agosto y otros 1.000 ahora), dijo que Israel “tiene el derecho a la autodefensa, pero dentro del respeto al Derecho Humanitario Internacional”, argumentó la necesidad de ayudar a reforzar las Fuerzas Armadas libanesas para que tengan el monopolio del poder en el país (y no Hezbolá, como ahora) y a un ahora mismo muy improbable acuerdo de alto el fuego entre Hezbolá e Israel. Borrell pidió que las partes se abstengan de más ataques militares y dijo que los gobiernos europeos están coordinados para activar medidas consulares de emergencia por si hubiera que evacuar a los ciudadanos europeos y de países socios del Líbano. Ni una palabra sobre Nasrala.

El país europeo que más traumas tiene con Hezbolá es Francia. Porque Francia fue la potencia colonial (oficialmente un protectorado encargado por la Sociedad de Naciones) en Líbano durante décadas, porque es un país francófilo donde parte de la población, sobre todo la élite y no sólo la cristiana maronita, también la musulmana sunita, ha tenido relaciones con Francia desde hace casi un siglo y porque en octubre de 1983 Hezbolá mató en un atentado terrorista a 58 paracaidistas franceses. Entre 1985 y 1986 terroristas de Hezbolá cometieron 12 atentados mortales en suelo francés.

Las instituciones europeas no abrieron la boca hasta que lo hizo Borrell este lunes. La eurodiputada francesa Nathalie Loiseau sí dijo que “a Estados Unidos y a casi todo el mundo se le permite luchar contra el terrorismo, pero a Israel no. Y eso es un gran problema”. La mayoría de los dirigentes europeos y la inmensa mayoría del Parlamento Europeo rechazan oficialmente que la mejor forma de luchar contra el terrorismo sea ir matando dirigentes terroristas. El problema para la diplomacia europea es que Hezbolá es casi más una milicia armada, un Ejército paralelo al Ejército regular libanés, mucho más débil.

En Estados Unidos se considera que Israel está en guerra con Hezbolá y que usa métodos de guerra para acabar con sus dirigentes. En Europa se le ve más como a un grupo terrorista y se considera, al menos oficialmente, que lo adecuado es capturar a sus líderes y sentarlos ante un tribunal.

La Comisión Europea tendrá a partir de diciembre, si es confirmado por el Parlamento Europeo, un comisario de Vivienda y Energía. La cartera de Energía es clásica y sus competencias, aunque reducidas, están claras. La de Vivienda es nueva y es una concesión de la presidenta del Ejecutivo Europeo, Úrsula Von der Leyen, a los socialistas europeos, que la habían exigido. El nominado es el socialdemócrata danés Dan Jorgensen. Su carrera política es muy larga. En 2004, con apenas 29 años, fue elegido eurodiputado. Estuvo nueve años en Bruselas. Volvió a Dinamarca en 2013 tras ser nombrado ministro de Agricultura y Alimentación. En 2019 pasó a la cartera de Clima y Energía y en 2022 a la Cooperación al Desarrollo y Política Climática Global. Es un peso pesado de la socialdemocracia danesa, con experiencia en Energía y ninguna en Vivienda.

Dos formas de saber las competencias prácticas que tendrá como comisario son mirar qué direcciones generales de la Comisión Europea tendrá bajo su mando y la carta de misión de la presidenta Von der Leyen, una especie de programa político para cada comisario. En cuanto a dirección generales, Jorgensen sólo tendrá la Dirección General de Energía, porque no existe Dirección General de Vivienda.

Lo más llamativo es la carta de misión. Como los tratados no otorgan a las instituciones europeas ninguna competencia en Vivienda que no sean las relacionadas con Energía (eficiencia energética, por ejemplo), los pocos párrafos sobre Vivienda de la carta son un quiero y no puedo de ideas variadas que tocan sobre todo competencias nacionales.

La carta empieza diciendo que “millones de jóvenes y familias sufren para encontrar una vivienda asequible por toda Europa” y que la Comisión debe movilizarse para desbloquear “inversión pública y privada en vivienda sostenible y asequible”. Y empieza a concretar.

Jorgensen será responsable de “poner en pie el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible”. Que consistirá en ofrecer “asistencia técnica” a ciudades y Estados miembro y se centrará en “inversiones y cualificaciones profesionales”. Como si uno de los principales problemas de la vivienda fuera técnico. Ese plan tendrá una “Estrategia Europea de Construcción de Vivienda”, que no significa que las instituciones europeas se vayan a poner a construirlas, sino que intentarán aprobar medidas que reduzcan el coste de la construcción y mejoren la cualificación de la fuerza laboral.

Tal vez la única idea, aunque en realidad no depende de la Comisión Europea sino del Banco Europeo de Inversiones, que desde enero dirige la española Nadia Calviño, es establecer “una plataforma pan-europea de inversiones” que atraiga financiación pública y privada para la construcción de vivienda asequible y sostenible. Es una indicación política a Calviño, y aunque el Banco Europeo de Inversiones tome sus decisiones de forma independiente, tendrá en cuenta ese mensaje.

La carta tiene algunos puntos sin mucho sentido, como decirle a Jorgensen que se apoye en el comisario de Cohesión y Reformas, el melonista italiano Raffaele Fitto, para “inyectar liquidez en el mercado de vivienda”, a la vez que, con la vicepresidenta de Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, para que como comisaria de Competencia las normas de Ayudas de Estado permitan a los gobiernos invertir en vivienda social. Como si ahora tuvieran alguna limitación en hacerlo.

Jorgensen también tendrá el mandato de poner sobre la mesa medidas contra los problemas que crean los alquileres vacacionales en los mercados de vivienda, pero la Comisión Europea no tiene ninguna competencia en la materia. Si un gobierno o incluso un ayuntamiento quiere limitarlos puede hacerlo sin permiso de Bruselas.

El Parlamento Europeo pidió este jueves a la Unión Europea que reconozca a Edmundo González, refugiado en Madrid, como “presidente legítimo” de Venezuela. El Partido Popular fue el principal impulsor de una resolución que partió a la Eurocámara y que salió adelante con sustancialmente menos apoyo que la que en 2021 pidió el reconocimiento de Juan Guaidó en una situación similar. Aquella votación dio la imagen de una Eurocámara unida, al contrario que la de hoy, donde derechas y ultraderechas votaron a favor mientras el centro liberal, los socialistas, los ecologistas y la izquierda alternativa lo hicieron en contra.

El Partido Popular cometió un error de bulto. La inmensa mayoría de los liberales, y muchos socialistas y ecologistas del centro, el este y el norte de Europa, hubieran votado a favor de la resolución porque no les importaba que el Parlamento pidiera a los gobiernos ese reconocimiento de Edmundo González. Pero votaron en contra porque no querían votar de la mano de la extrema derecha.

El Partido Popular no buscó sólo los votos del grupo ECR (el de los melonistas o los polacos del PiS, los menos radicales entre las extremas derechas), sino también el de los de Salvini, Orban o Le Pen. Si con ECR el cordón sanitario ya parece roto (uno de sus miembros, Raffaele Fitto, será vicepresidente ejecutivo en la próxima Comisión Europea si pasa el examen parlamentario), con los grupos más a la derecha el cordón sanitario se mantiene para los liberales, ecologistas y socialistas.

Si el Partido Popular no hubiera buscado el apoyo de las extremas derechas su resolución podría haber salido adelante con un apoyo similar o mayor pero además habría conseguido cazar dos pájaros de un tiro, porque habría dejado probablemente a los eurodiputados del PSOE viendo cómo muchos miembros de su grupo europeo votaban a favor y podría haber vendido la imagen de unos socialistas aislados. En cambio, la inmensa mayoría de los medios, de derechas como de izquierdas, reaccionaron contando la resolución y cómo esta había partido el hemiciclo en dos: derechas y extremas derechas de un lado, el resto del otro. Los socialistas, así, tuvieron el respaldo de sus colegas europeos y se pudieron abrigar incluso con los liberales y ecologistas.

Un ejemplo es el caso del PNV. Si en Madrid, porque en el Congreso de los Diputados no hay cordón sanitario contra Vox, unió sus votos al Partido Popular y Vox en una resolución similar, en Estrasburgo se negó a unirse a la derecha y la extrema derecha. Su nota de prensa arrancaba así: “La diputada Oihane Agirregoitia no ha votado hoy la moción que ha presentado en la Eurocámara el Partido Popular Europeo sobre la situación política en Venezuela por estar consensuada con la extrema derecha, una línea roja infranqueable para EAJ-PNV y para Renew Europe, el grupo en el que se enmarca la formación vasca”.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, anunció este martes el reparto de carteras del próximo ejecutivo europeo. La española Teresa Ribera será de facto su número dos por varias razones, entre ellas porque será la socialista con más poder del nuevo equipo, rodeada de otros cinco vicepresidentes ejecutivos con menos peso político y porque tendrá bajo su mando, además de la esperada Transición Ecológica, la cartera de Competencia, una de las que tienen más poder real, más influencia sobre otras y que es de competencia exclusivamente europea. Ribera tendrá la última palabra política sobre fusiones y adquisiciones de empresas y vigilará la libre competencia en el mercado interior. Sus competencias reúnen las de la actual vicepresidenta Margrethe Vestager en Competencia y las que dejó el holandés Frans Timmermans como mandamás del Pacto Verde Europeo. Nunca un ciudadano español tuvo tanto poder en la Comisión Europea. En la designación influyen la buena relación de Von der Leyen con Sánchez pese a las diferencias partidistas y el papel de Ribera durante la crisis energética, que en Bruselas se aplaude.

Von der Leyen se rodea de seis vicepresidentes ejecutivos. Además de Ribera estará la estona Kaja Kallas en Política Exterior, una cartera que funciona por su cuenta y depende de los ministros de Exteriores. Además, estarán dos mujeres con perfiles políticos menores, que sólo han sido eurodiputadas, como la finlandesa Henna Virkkunen y la rumana Roxana Minzatu. Y dos hombres. El francés Stephane Sejourné, un peso pluma en comparación con el saliente Thierry Breton y a quien se ve como un peón de Macron. Y el italiano Raffaele Fitto, un hombre de Meloni, el ultraderechista entre los comisarios. Todos deben pasar por un examen del Parlamento Europeo, pero Fitto lo tendrá más complicado que el resto.

Ribera será también el primer activo de los socialistas en el nuevo equipo de Von der Leyen tras la salida de hombres como el italiano Gentiloni y el español Borrell. Así, se espera que sea el principal contrapeso ideológico de una presidenta que tendrá 13 comisarios del Partido Popular Europeo, muchos con puestos de peso. De la buena relación entre Ribera y Von der Leyen dependerá buena parte del funcionamiento de la Comisión Europea en los próximos años. Si Von der Leyen chocó con Borrell, con Breton e incluso con Gentiloni, no sería de extrañar que terminara chocando con Ribera. Para eso la española se está rodeando de gente de la casa, experimentada y que conocen las direcciones generales que tendrá bajo su manto, como el español Miguel Gil Tertre, que apunta a ser su jefe de gabinete. Ellos son las figuras claves en el funcionamiento diario del ejecutivo europeo.

Ribera llega a Bruselas casi predestinada. Tras la marcha de Nadia Calviño al Banco Europeo de Inversiones era la persona que mejor perfil tenía para que España aspirara a una cartera con poder e influencia. La elección de Sánchez fue la lógica. Pero además Ribera boxea desde hace años por encima del peso político de España en las instituciones europeas. La BBC contaba hace dos años que la futura vicepresidenta de la Comisión Europea era una de las cinco personas más influyentes del mundo (y la única europea) en las negociaciones mundiales sobre clima. Su ascendiente sobre sus homólogos de Energía y Clima en las cumbres europeas era un hecho desde hace tiempo. Su nominación era esperada en Bruselas y a nadie en las instituciones europeas le sorprende el peso que tendrá. Sí sorprende que, además de la Transición Ecológica, asuma la cartera de Competencia. Una mezcla que parece inusual de inicio pero que puede entenderse porque Von der Leyen quería asegurar el voto socialista y separar Competencia de las carteras puramente económicas.

Ribera tendrá bajo su mando, aunque también puede entenderse que, como contrapesos, varios comisarios. Primero al holandés Wopke Hoekstra, con quien ya trabajó durante la presidencia española del Consejo de la UE sin choques a pesar de las diferencias ideológicas y que tendrá la cartera de Clima y Crecimiento Limpio. También de alguna forma a la sueca Jessika Roswall, comisaria de Medio Ambiente (Protección Medioambiental) y Economía Circular. Y para Ribera es una muy buena noticia que Energía no vaya al muy pronuclear checo Jozef Sikela, como parecía casi seguro hace semanas sino al socialdemócrata danés Dan Jorgensen, que también será comisario de Vivienda. Que Energía vaya a Jorgensen y no a Sikela es otra muestra de la pérdida de peso del lobby nuclear, que no tendrá nadie específico para su defensa.

La carta de misión de Von der Leyen a Ribera, documento esencial para ver el poder real que tendrá, le encarga modernizar la política de Competencia, crear un nuevo marco de ayudas de Estado para fomentar el desarrollo verde y tecnológico, agilizar los planes nacionales de cumplimiento de reducción de emisiones y transición ecológica, ser parte de la aplicación del reglamento sobre subvenciones extranjeras (atención ahí los choques con China) e incluso un papel en Vivienda, revisando las normas de ayudas de Estado para que puedan usarse en esa materia. Hay competencias compartidas con otros comisarios, como las de trabajar para reducir los precios de la energía o fomentar que se cumplan los objetivos climáticos.

Lunes “sangriento” en Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, consiguió este lunes uno de sus objetivos políticos buscados desde hace tiempo: cargarse al comisario francés, el influyente Thierry Breton. El encargado de la cartera de Mercado Interior en el Ejecutivo europeo saliente, y a quien todas las quinielas colocaban como uno de los vicepresidentes con más poder en el futuro equipo de la alemana, soltó este lunes a primera hora una bomba en forma de carta. Anunció que dimitía inmediatamente tras acusar a Von der Leyen de tenerle inquina personal y de haber maniobrado con Macron para que le sustituyera. Parecía una de esas dimisiones que se hacen para evitar que te echen pues por el tono parecía que el presidente francés había cedido a la presión de la alemana.

Apenas tres horas después el presidente francés comunicaba que el próximo comisario europeo nominado por Francia sería Stéphane Séjourné (39 años), actual ministro de Asuntos Exteriores, antiguo líder los macronistas en el Parlamento Europeo y, sobre todo, una persona totalmente fiel al presidente Macron y de mucho menos peso político que el saliente Breton. Macron cedió ante Von der Leyen, aunque ya en primavera hubo dudas de si el presidente aceptaría la reconducción de Breton, algo que aceptó justo en la última cumbre europea, la de finales de junio.

El movimiento tiene muchas aristas. A principios de año cuatro comisarios firmaron una carta conjunta a Von der Leyen, convenientemente filtrada a los medios, en la que acusaban a la presidenta de la Comisión de violar la obligada colegialidad en la toma de decisiones (como marcan los tratados europeos). Los firmantes, entre ellos Josep Borrell, eran todos comisarios salientes, que sabían que no seguirían en el siguiente Ejecutivo de la alemana. Excepto Breton, de quien no había dudas de que quería seguir. En las últimas semanas, entre globos sonda y filtraciones sobre la composición de la próxima Comisión, el francés aparecía siempre como uno de los tres o cuatro vicepresidentes ejecutivos y con una cartera potente que incluiría de nuevo el Mercado Interior, completada probablemente con asuntos como Industria.

Pero Von der Leyen no quería que siguiera. Según la carta de Breton, la presidenta de la Comisión Europea habría ofrecido a Macron una cartera más potente para los franceses si aceptaba cargarse a Breton. Pero dando por supuesto que Breton iba a tener ya una de las carteras más potentes, diplomáticos europeos contaban esta mañana que Von der Leyen en realidad estaba preparando la degradación de Breton ofreciéndole algo de menos calibre o vaciando de competencias su cartera. El argumento de la paridad de género tampoco parecía servir en este caso porque Francia manda a otro hombre. Si confirmaba que la presidenta sólo está intentando cambiar comisarios de países con gobernantes socialistas o liberales, nunca los nominados por jefes de Gobierno de su familia política, el Partido Popular Europeo.

Diplomáticos y funcionarios concluían esta mañana que el movimiento muestra la voluntad de Von der Leyen de tener todo controlado bajo su mando en su segundo ejecutivo, dando la razón a quienes, como Breton y Borrell, denunciaban falta de colegialidad. Von der Leyen no quiere sombras ni competencias, quiere todo el poder. Y Breton era de los más incómodos porque tenía voz propia y autoridad. También muestra que cuando la presidenta dijo a los socialistas que tenían que aceptar al conservador candidato de Luxemburgo que no querían aceptar ella no podía hacer nada porque lo había nombrado el gobierno luxemburgués.

La dimisión forzada de Breton deja una lección que los comisarios y comisarias de su segundo mandato debería pegar en un post-it en la pantalla de su ordenador: la presidenta no quiere ni competencia ni nadie que le haga sombra. Quien no esté de acuerdo con su estilo presidencialista, que viola los tratados en su espíritu porque va contra la colegialidad y que choca con la tradición de presidentes como Juncker, Barroso o Delors, debe prepararse para chocar con ella. 

El anuncio del Gobierno alemán de introducir controles en sus fronteras terrestres durante al menos dos años muestra la fragilidad de dos de los grandes logros de la Unión Europea en las últimas décadas: el mercado interior y el espacio de libre circulación, conocido como Schengen.

Tras la subida de la ultraderecha de AfD en tres länder del este alemán, el jefe del Gobierno, Olaf Scholz, reaccionó anunciando esos controles fronterizos. No hay un aumento considerable de llegadas de migrantes este año, sino un aumento de la ultraderecha azuzando el odio al migrante. Scholz, con un Ejecutivo en coalición con ecologistas y liberales que no terminó nunca de funcionar como una unidad y que va camino de una derrota histórica en las legislativas de 2025 a manos de la derecha de la CDU/CSU, pone en peligro varios logros europeos por la situación central de Alemania y su preponderancia en la Unión Europea.

Al anuncio de Scholz respondieron varios países, como Polonia y Grecia, con protestas. Pero lo más llamativo por ahora no es las protestas de sus vecinos, sino el silencio de la Comisión Europea. El Ejecutivo de Von der Leyen sabe que el anuncio de Berlín, que debe aprobar la propia Comisión, no cumple la normativa de Schengen, que sólo permite controles fronterizos internos temporales y sujetos a dos causalidades: una amenaza a la seguridad nacional o razones de orden público. Ni los migrantes son una amenaza a la seguridad nacional alemana ni generan problemas de orden público. Bruselas calla y el ultraderechista húngaro Viktor Orban aplaude a Scholz.

Austria tiene controles con Hungría, Chequia y Eslovaquia desde 2015 y la Comisión le va aprobando su renovación cada año. Aunque el reglamento de Schengen asegura que el período máximo de cierre no puede superar los dos años.

La decisión de Scholz muestra además que el cacareado Pacto Migratorio europeo aprobado durante la Presidencia española del Consejo de la UE es una cáscara vacía que sólo sirve para dificultar la presentación de solicitudes de asilo en las fronteras externas, y que los gobiernos seguirán teniendo la última decisión pese a los acuerdos europeos. Los controles alemanes se impondrán con Austria, Bélgica, Chequia, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia y Suiza (que no está en la UE, pero forma parte del espacio Schengen). Es decir, Alemania hará controles tanto en los países desde los que le llegan los migrantes por vías terrestres como en países a los que los migrantes llegan después de pasar por Alemania, como es el caso de Dinamarca o los Países Bajos. 

La medida daña el mercado interior porque ralentiza el tráfico de mercancías y puede provocar, como en 2015, largas filas de camiones en fronteras. Daña la cohesión europea justo cuando Orban y la extrema derecha holandesa piden que sus países se salgan de todas las políticas migratorias europeas, un “opt-out”, como los que tenía el Reino Unido por ejemplo para no introducir el euro.

¿Qué harán las autoridades alemanas cuando detecten en la frontera a un migrante irregular? Enviarlos de vuelta al país del que llegan, por ejemplo a Austria, puede generar un conflicto con Viena. Enviarlo, como manda el Reglamento de Dublín, al primer país europeo que pisaron, depende de la buena voluntad de este. Y puede provocar un cierre en cascada de controles fronterizos, poniendo Schengen patas arriba. El Reglamento de Dublín apenas se aplica. Alemania presentó en 2023 casi 75.000 peticiones a otros países europeos para devolverles migrantes que habían pasado primero por esos países. Más de 42.000 a Italia. Roma aceptó poco más de 2.000, pero poco más de 100 fueron realmente deportados a Italia.

Migrantes irregulares llegan desde hace décadas y a nadie se le ocurrió cerrar las fronteras internas hasta 2015. Desde que existe Schengen (2006) hasta 2015 hubo 37 cierres temporales, todos por grandes acontecimientos y para evitar traslados de manifestantes a través de fronteras. Se cerraban fronteras, por ejemplo, durante una semana y por una cumbre de la OTAN. Desde 2015 la Comisión Europea ha recibido 442 notificaciones de controles.

Esos controles no han impedido los movimientos migratorios. Sirven para que los ciudadanos crean que los gobiernos vuelven a tomar el control de sus fronteras, como exige una ultraderecha que abomina de la libre circulación europea. No funcionan porque no son sistemáticos. No hay más que plantarse en la frontera entre Bélgica y Países Bajos, en la autopista entre Amberes y Rotterdam, para ver que controlar cada coche generaría horas de filas y detendría el tráfico de mercancías.

El esperado Informe Draghi señala con precisión qué frena a la economía europea para poder competir con unos Estados Unidos y una China que amenazan con hacerle un sándwich. Más allá del crecimiento chino, hay un dato que apabulla. Si en los años 70 del siglo pasado la renta per cápita estadounidense y europea era prácticamente la misma y hasta 2008 la evolución fue muy ligeramente favorable a Estados Unidos, la respuesta a la crisis financiera, con un recorte de la inversión en Europa como medida políticamente más sencilla para reducir el rojo fiscal, ancló la renta per cápita europea. La renta per cápita estadounidense ya más que dobla a la europea, superando los 70.000 euros al año. En los últimos 20 años Estados Unidos ha liderado la carrera tecnológica, ha tenido una energía más barata (y en eso España tiene por delante un futuro mejor que sus vecinos europeos) y tiene un único mercado de capitales, cuando los europeos tenemos 27.

La superior competitividad y productividad de la economía estadounidense, unida al crecimiento más rápido de su población, crean una divergencia que Europa difícilmente recuperará este siglo salvo un hundimiento estadounidense que dure décadas y que no está en ningún informe de prospectiva. Europa debe romper barreras para que su economía sea más competitiva. Principalmente con un plan de inversiones masivas (Draghi apunta a 800.000 millones de euros al año), creando campeones industriales europeos que compitan de tú a tú en los mercados globales con los estadounidenses y chinos y aligerando la toma de decisiones en el bloque y en los gobiernos.

El italiano ha diseñado un salto adelante normativo y económico, que es sobre todo un ejercicio teórico de poner juntas muchas recetas que la propia Comisión Europea, en discursos, documentos de trabajo e incluso propuestas legislativas, ha ido poniendo sobre la mesa en los últimos años. Los problemas están identificados y las recetas son conocidas, pero el enfermo no se va a tomar una medicina que es políticamente imposible de tragar.

Lo más llamativo es ese fondo de 800.000 millones de euros (público y privado) que quiere Draghi para disparar las inversiones, sobre todo en asuntos como energía, defensa o transición digital. Mientras el italiano contaba su idea a la prensa este lunes, la presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von der Leyen repetía la retahíla de que cualquier inversión extra debe financiarse con fondos nacionales y, de ser europea, con recursos propios de la Unión, no con más deuda. La alemana lo dice así porque sabe que no hay ni de lejos consenso para una emisión de deuda del calibre de lo que pide Draghi.

Los gobiernos del norte, porque del norte son la mayoría de los que rechazan un nuevo plan así, tienen además ahora una excusa perfecta para negarse. Si los 750.000 millones del Next Generation, que eran para un mínimo de cinco años, no se gastan porque ningún gobierno es capaz de asumir tanto dinero, ¿cómo se van a gastar 800.000 cada año? Nadie tiene respuesta para eso.

Draghi quiere la creación de “campeones europeos”. Su informe apunta por ejemplo a que cada teleco china tiene más de 400 millones de clientes de media, cada estadounidense más de 100 millones y cada europea unos cinco millones. Las europeas deben crecer para tener los fondos necesarios para invertir y dar un salto tecnológico. Fusionándose. El problema es que, sin poner nombres, Draghi señala a empresas estratégicas que los gobiernos nacionales protegen porque su idea es la de crear “campeones” industriales, sí, pero nacionales.

Draghi asegura que la economía europea vive en una especie de letargo, de estancamiento, que apenas detecta porque no sufre una grave crisis. El italiano dijo el lunes: “Vamos a ser una sociedad que básicamente encoja”. Una economía que no crece y una población que envejece y no quiere migrantes. “Compartiremos una tarta cada vez menor con cada menos gente”.

Europa está estancada, asegura Draghi con ejemplos. Las empresas europeas que más gastan en innovación son las mismas que hace 20 años, principalmente automotrices y farmacéuticas. En Estados Unidos esas empresas siguen invirtiendo, pero ya fueron superadas por las digitales. China pasó de copiar modelos de coches europeos a producir coches eléctricos tecnológicamente superiores a los europeos.

Draghi no es un iluso ni un joven político que ignore que los frenos políticos son superiores a las ambiciones. Que es prácticamente imposible que, en los próximos años, salvo que una crisis como la financiera de 2008-2012 sacuda las economías europeas, se apruebe un nuevo programa de endeudamiento masivo. Porque una vez pudo ser una excepción, pero dos veces se convertiría en costumbre y de ahí a que esos eurobonos (que no se llaman así, pero eso son) se queden como permanentes habría menos obstáculos. Alemanes, austríacos, suecos, daneses, holandeses, finlandeses o irlandeses lo bloquearán con todas sus fuerzas.

Draghi, formado por los jesuitas en Italia y alumno del MIT estadounidense, sabe mucho de historia económica. Sabe que Europa puede salir del bache porque salió de baches mucho mayores, porque el salto que pegó en los “30 gloriosos” (de 1945 a las crisis del petróleo de finales de los 70) fue gigante. ¿En qué se basó? En inversión masiva para reconstruir un continente arrasado por las guerras mundiales, en un aumento sustancial del gasto público, financiado con una subida de impuestos generalizada, casi confiscatoria para las rentas más altas, para universalizar la sanidad, la educación o las pensiones y en un aumento de población importante gracias al ‘baby boom’ de posguerra y al final a las primeras oleadas de migrantes.

El destrozo de las guerras mundiales y de las guerras civiles en varios países europeos, entre ellos España, sumado a la amenaza de un sistema opuesto en las políticas soviéticas, eran tan palpable que muy pocas voces en aquellas décadas se opusieron. Ahora ni hay amenaza similar a la vista ni tal destrozo que mostrar a la ciudadanía.

Más cooperación y reforma de todas las instituciones como herramientas y más competitividad y valores como recetas. Esa frase podría resumir el esperado “informe Draghi”, que se presentará en principio en los próximos días pero que el antiguo primer ministro italiano y ex presidente del Banco Central Europeo avanzó el miércoles a los presidentes de los grupos parlamentarios y a grupos de diplomáticos.

Mario Draghi considera que la Unión Europea necesita reformas profundas para aumentar la competitividad de sus economías y que eso permita aumentar el potencial de crecimiento económico para poder seguir el ritmo a China y Estados Unidos. Si Europa pierde esa carrera, advierte el hombre al que se atribuye la salvación del euro en los peores momentos de la crisis financiera hace tres lustros, dependerá de otros y perderá su soberanía. El PIB per cápita estadounidense creció un 60% en los últimos 30 años, el doble que el europeo.

Draghi contó a los diplomáticos que su informe pide “reformas sin precedentes por parte de todos los actores de la Unión Europea”, sobre todo en esos campos: la competitividad y los valores. El bloque necesita ser más competitivo para depender menos de otros. Draghi dijo a eurodiputados y embajadores, reunidos en grupos separados en Bruselas, que una de las causas de la pérdida de competitividad europea es el creerse que siempre será rica. La autocomplacencia.

El italiano parece querer meter miedo para forzar a la acción. Asegura que sin aumentar la competitividad de las economías europeas todo estará en peligro, desde la paz hasta la prosperidad, pasando por la protección del clima y todas las políticas sociales. Sin más competitividad, teme Draghi, Europa dependerá más de actores externos. “Perderemos nuestra autonomía, nuestra independencia y nuestra soberanía”, según él. Sin cambios, y con una guerra en continente europeo, los europeos seremos “geopolíticamente vulnerables”.

Draghi habla continuamente de competitividad, pero no sobre el vacío sino sobre una serie de asuntos que considera esenciales para la economía europea: el precio de la energía, la innovación, los mercados de capitales, las ayudas de Estado, la falta de mano de obra cualificada y las inversiones en Defensa. Su informe lleva recomendaciones para cada uno de esos asuntos y será, de alguna forma, la guía de trabajo con la que cuenten los comisarios cuando el 1 de diciembre -porque su toma de posesión se retrasará probablemente un mes- asuman sus funciones. Después llegarán las crisis y quizás los papeles de Draghi acabarán casi todos en algún cajón del Berlaymont, sede central de la Comisión Europea.

El informe es complejo, pero llevarlo a la práctica parece políticamente casi imposible. Draghi reconoce que conlleva decisiones difíciles y toca casi más competencias nacionales que europeas. Por eso lo presentará también en una cumbre informal en noviembre a los líderes nacionales, porque si ellos no se ponen a la labor poco podrá hacer Von der Leyen con un montón de papeles que obligan a cambios para los que la Comisión Europea no tiene más que unas pocas competencias.

Pero el informe Draghi es a la vez aceptable para casi todos los gobiernos y grupos políticos precisamente porque se centra en competitividad. Los conservadores ven aspectos que pueden defender, así como los socialistas, los liberales y los ecologistas. Sólo la extrema derecha y la extrema izquierda desconfían o directamente lo rechazan.

¿Qué teme Draghi que pasaría si no se hace nada para disparar la competitividad europea? Que las fallas que dejaron a la vista las últimas crisis se cronifiquen. La competitividad china y estadounidense son superiores y la pandemia enseñó las dependencias europeas. Por ejemplo, la desindustrialización del continente: Europa produce menos del 10% de los semiconductores que se hacen en el planeta y ni un gramo de paracetamol.

La pandemia demostró que la industria europea estaba coja y el continente dependía de China para sus suministros sanitarios, la guerra en Ucrania dejó el sistema energético europeo temblando y la ayuda militar a Ucrania está vaciando los arsenales. Así, Draghi cree que hay que reducir dependencias del exterior, hacer que la transición ecológica vaya de la mano de los ciudadanos para frenar sus reticencias y que aumente la inclusión social para que quienes se queden atrás sean los menos posibles. También quiere cambios profundos en ayudas de Estado, normas de competencia y política comercial para “destrabar” el potencial de crecimiento del bloque.

El informe Draghi llega pocos meses después del informe Letta, su paisano italiano, también ex primer ministro. El de Enrico Letta es más limitado y trata de cómo mejorar el Mercado Interior para que ayude al crecimiento económico. Draghi y Letta son lo que los italianos llaman “hombres de la reserva de la República”, ex altos cargos políticos con apabullante currículum profesional y académico, disponibles para cuando haga falta un tecnócrata o un giro político. Centro-izquierda Letta y centro-derecha Draghi, los dos con pasado europeo, los dos muy escuchados en Bruselas. Dos hombres que piensan que la Unión Europea es un ciclista: o pedalea o se cae.

El informe Letta, ya público, detecta problemas antes que soluciones. Cuenta por ejemplo que sólo el 17% de las pymes se benefician del mercado interior o que sólo tres de los 447 millones de ciudadanos de la Unión Europea trabajan en un país que no es el suyo. También que el Mercado Interior existe sólo sobre el papel en tres sectores clave: energía, telecomunicaciones y mercados financieros. Porque usted no puede ni contratar electricidad de la francesa EDF, ni contratar internet de la alemana Deutsche Telekom ni pedir un préstamo al belga KBC. Y ve problemas de tamaño: cada operador telecom chino tiene una media de 467 millones de clientes, cada estadounidense tiene 107 millones de media, cada europeo sólo cinco. Imposible así de que los grandes grupos telecom europeos compitan con los gigantes chinos y estadounidenses.

Letta recuerda que el 80% de las compras militares hechas por gobiernos europeos para ayudar a Ucrania se hacen fuera de Europa, principalmente porque la industria europea no tiene capacidad para producir más. O que cada año más de 300.000 millones de euros de ahorro de los europeos acaba invertido en los mercados financieros estadounidenses.