El Primero de Mayo no es una fecha más ni se ajusta a calendarios electorales: responde a algo más profundo, la defensa de los derechos como base de la democracia. Este año volvemos a las calles con una idea clara —derechos, no trincheras; salarios, vivienda y democracia— que es una guía de acción.

Conviene recordar lo conseguido. En los últimos años, el diálogo social y la negociación colectiva han permitido reducir la temporalidad, reforzar la estabilidad en el empleo y mejorar el salario mínimo, demostrando que el mercado de trabajo puede ordenarse con reglas más justas.

Pero, precisamente por eso, el debate se abre. La economía crece, pero no se reparte con la misma intensidad: el encarecimiento de la vivienda, la energía y los bienes básicos ha tensionado a las familias, mientras los beneficios empresariales han resistido. Esa brecha sitúa de nuevo los salarios en el centro. No como una demanda coyuntural, sino estructural: la subida del salario mínimo ha sido imprescindible, pero insuficiente si no se traslada a los convenios. La negociación colectiva debe permitir recuperar lo perdido y avanzar hacia salarios más justos, como base de una mayor cohesión social.

En paralelo, la vivienda ha dejado de ser solo un problema social para convertirse en un factor determinante de desigualdad. La dificultad de acceso a un hogar digno afecta ya a amplias capas de la población trabajadora. Cuando el trabajo no garantiza condiciones básicas de vida, el problema trasciende lo individual. Aplicar el principio constitucional de que la riqueza está al servicio del interés general exige intervenir también en este ámbito.

Al mismo tiempo, asistimos a intentos de reorientar el debate hacia marcos que fragmentan en lugar de resolver. La llamada “prioridad nacional” no es solo una simplificación: es una forma de discriminación. Discriminar en función del origen, establecer jerarquías entre personas, decidir quién merece derechos y quién no, es incompatible con la Constitución y con cualquier democracia digna de ese nombre.

No estamos ante un matiz ideológico, sino ante una quiebra del principio de igualdad. Porque cuando se legitima la discriminación, lo que se erosiona no es solo la situación de quienes la sufren directamente, sino el conjunto del sistema de derechos. Hoy se señala a unos; mañana pueden ser otros.

Además, esa lógica no es inocente. Enfrentar a trabajadores y trabajadoras entre sí, enfrentar generaciones o dividir a las personas por su procedencia responde a una estrategia muy concreta: debilitar la capacidad de defensa colectiva y permitir que la riqueza se concentre en pocas manos. Dividir a la clase trabajadora no solo empobrece; degrada la convivencia y abre la puerta a un deterioro progresivo de la democracia.

Por eso, reconocer derechos a quienes ya forman parte de nuestra realidad laboral —también mediante procesos de regularización— no es solo una exigencia ética: es una obligación democrática. Negarlos equivale a amparar la explotación, a tolerar relaciones laborales sin garantías y a consolidar una competencia a la baja que perjudica al conjunto de la clase trabajadora. Garantizarlos es, por el contrario, la única forma de ordenar el mercado de trabajo sobre bases justas y equilibradas.

A estas tensiones se suma el impacto de la transformación tecnológica. La inteligencia artificial puede abrir espacios de mejora en la productividad, pero también está siendo utilizada para justificar procesos de ajuste. La experiencia histórica aconseja cautela: sin mecanismos de redistribución, el progreso técnico tiende a ampliar las desigualdades. De lo que se trata no es de frenar la innovación, sino de orientarla.

El contexto internacional añade un grado adicional de complejidad. La erosión de las normas que regulan las relaciones entre Estados, los conflictos abiertos y la competencia por recursos estratégicos tienen consecuencias directas sobre las economías nacionales. No es un escenario externo: incide en los precios, en la estabilidad y en las condiciones de vida.

En ese marco, alinearse con dinámicas de confrontación impulsadas por intereses ajenos no es una decisión neutra. No solo implica asumir costes económicos en forma de inflación o inestabilidad. Supone también situarse en posiciones que, en demasiadas ocasiones, acaban siendo compatibles con vulneraciones graves de derechos humanos y con la destrucción de sociedades enteras. La experiencia reciente demuestra que esas decisiones terminan repercutiendo negativamente en el propio país.

Ante todo ello, el sindicalismo mantiene una función esencial. No como una estructura heredada, sino como un instrumento activo para ordenar el cambio. Los derechos laborales que hoy consideramos básicos no surgieron de forma espontánea; son el resultado de procesos sostenidos de organización y negociación.

El Primero de Mayo sigue cumpliendo esa función: recordar que el progreso no se mide solo en términos de crecimiento, sino en su capacidad para traducirse en bienestar compartido. Mantener esa exigencia es, probablemente, una de las tareas más relevantes del presente.

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Pepe Álvarez es secretario general de UGT.

Reducir la incapacidad temporal a una cifra es un error analítico… y también económico. Detrás de cada baja hay una persona que enferma, pero también un sistema productivo que falla. Y sin embargo, el debate público insiste en lo accesorio: el coste, la sospecha, el supuesto “enigma”. No lo es. Lo que ocurre es que no interesa mirar donde realmente está el problema.

Los datos apuntan con claridad. Tras la pandemia, el incremento de los procesos de incapacidad temporal está estrechamente vinculado al deterioro de la salud mental. España no es una excepción: el propio Eurobarómetro sitúa en más de la mitad la población que ha sufrido problemas emocionales recientes, con un déficit evidente de atención. La encuesta europea “OSH Pulse 2025” va más allá: cerca del 40% del estrés, la ansiedad o la depresión está causado o agravado por el trabajo.

No hablamos, por tanto, de comportamientos individuales, sino de un fenómeno estructural que tiene consecuencias económicas directas: pérdida de productividad, rotación, enfermedades de larga duración y mayores costes sanitarios. Ignorarlo no reduce el problema; lo amplifica.

En este contexto, resulta especialmente preocupante el intento de desplazar el foco hacia los sistemas de protección. En las últimas semanas se ha insinuado que la mejora de las prestaciones de incapacidad temporal —particularmente a través de los complementos establecidos en la negociación colectiva— podría estar incentivando el aumento de las bajas. Es una afirmación que no se sostiene.

Tal y como se puso de manifiesto en la presentación del informe de UGT sobre incapacidad temporal y conductas suicidas, no existe evidencia que vincule la mejora de la protección económica con un mayor recurso a la baja. Al contrario: los procesos más graves —incluidos aquellos relacionados con la salud mental— responden a situaciones de sufrimiento real, no a incentivos económicos. 

Conviene subrayarlo con claridad: los complementos de incapacidad temporal no son un factor explicativo del incremento de las bajas. Son, en muchos casos, la única garantía de ingresos suficientes durante la enfermedad. Plantear su recorte no solo es socialmente regresivo, sino económicamente miope: debilita la recuperación, aumenta la incertidumbre y puede cronificar procesos que, con un entorno adecuado, serían más breves.

El informe de UGT añade un elemento aún más relevante al debate: la conexión entre condiciones de trabajo, deterioro de la salud mental y situaciones extremas como el suicidio. Invisibilizar esa realidad para centrar la discusión en el coste de las prestaciones supone, sencillamente, ignorar el problema de fondo. Porque antes de que actúe la inspección médica cuestionando una baja, debería actuar la Inspección de Trabajo corrigiendo las condiciones que están en su origen.

Ese problema tiene nombres conocidos: intensificación del trabajo, falta de control sobre los tiempos, riesgos psicosociales no evaluados, digitalización sin regulación o impacto creciente de factores como el estrés térmico. A ello se suma una debilidad estructural del sistema: el infrarreconocimiento de las enfermedades profesionales. España sigue identificando como contingencias comunes patologías que en otros países tienen origen laboral, lo que impide actuar preventivamente.

Desde una perspectiva económica, la conclusión es clara. El aumento de las bajas no es el resultado de un exceso de protección, sino de un déficit de prevención. Y ahí es donde se sitúa el verdadero margen de actuación. Resulta por ello especialmente llamativo que la patronal se haya descolgado, de forma sorprendente, del acuerdo en torno a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: mientras expresa su preocupación por el incremento de las situaciones de incapacidad temporal, no está dispuesta a comprometerse con las medidas que permitirían evitarlas. Observamos, además, cómo iniciativas acordadas en el seno del diálogo social —como la colaboración entre comunidades autónomas, INSS y mutuas para agilizar diagnósticos musculoesqueléticos— apenas se han desplegado en la práctica. Las listas de espera continúan creciendo, prolongando innecesariamente las bajas y aumentando su coste.

El debate, en consecuencia, está mal planteado. No se trata de restringir derechos, sino de actuar sobre las causas que generan enfermedad. Invertir en prevención, reforzar los sistemas de salud, actualizar el marco normativo de riesgos laborales —claramente desfasado frente a los desafíos actuales— y garantizar entornos de trabajo saludables no es solo una exigencia social: es una decisión económicamente racional.

Porque hay una evidencia que conviene no olvidar: una economía que enferma a quienes trabajan en ella es, sencillamente, una economía menos eficiente.

El pretendido "enigma" de las bajas laborales no existe. Lo que existe es una resistencia a abordar sus causas reales. Y mientras el foco siga puesto en quien enferma, en lugar de en por qué enferma, el problema no hará más que crecer.

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Pepe Álvarez es Secretario General de UGT .

Este lunes 16 el Gobierno y los sindicatos firmamos la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con la presencia del presidente del Gobierno. No es una fotografía protocolaria. Es la confirmación de una política que ha demostrado que dignificar el trabajo fortalece la economía.

El SMI se incrementa un 3,1% hasta los 1.221 euros en catorce pagas, 17.094 euros anuales. Desde 2018 el aumento acumulado alcanza el 65,9% (485,10 euros mensuales, casi 7.000 al año). En apenas siete años el salario mínimo ha dejado de ser un símbolo de precariedad para convertirse en una herramienta efectiva de redistribución y cohesión social. Los hechos desmontan los augurios catastrofistas. España registra hoy niveles récord de ocupación, mayor estabilidad laboral tras la reforma de 2021 y un avance sostenido de la productividad. Subir salarios no ha destruido empleo; ha reforzado la economía.

La subida beneficia directamente a más de 2,5 millones de personas asalariadas, el 12,9% del total. Pero no es un dato neutro. Casi siete de cada diez personas beneficiarias serán mujeres. El 17,4% de las asalariadas percibirá el SMI frente al 8,6% de los hombres. No es casualidad: el incremento sostenido del salario mínimo desde 2018 ha contribuido a reducir de forma apreciable la brecha salarial de género en los tramos más bajos, elevando las rentas donde la desigualdad era más acusada. También impacta de lleno en la juventud trabajadora. Subir el SMI es combatir la precariedad femenina, reducir la brecha salarial y dignificar el acceso de los jóvenes al empleo.

Ahora bien, hemos avanzado, pero aún no estamos donde debemos estar. Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda, Francia, Bélgica y Alemania tienen salarios mínimos superiores al español. Y hay cinco países de los veintisiete —Austria, Italia, Dinamarca, Suecia y Finlandia— donde no hay SMI legal pero los salarios mínimos se fijan a través de la negociación colectiva, y lo hacen en niveles muy superiores a los nuestros. No hablamos de economías periféricas, sino del núcleo duro europeo. Países con negociación colectiva fuerte, con salarios más altos y con economías competitivas. Converger con Europa no es una consigna: es una exigencia si queremos abandonar definitivamente el modelo de salarios bajos.

Lo que resulta difícil de aceptar es el intento de convertir una subida del 3,1% en un supuesto terremoto económico. Se habla de incrementos de costes del 20% o del 25% por el hecho de ordenar la compensación y absorción. Desde el milagro de los panes y los peces no se había visto multiplicar así un 3,1%.

Conviene explicarlo con claridad. La compensación y absorción permite que, cuando sube el SMI, se reduzcan o eliminen, en la misma cuantía de la subida, determinados complementos salariales: los vinculados a las condiciones en que se presta la actividad, a la residencia, a características personales como la antigüedad o la formación, o a la cantidad o calidad del trabajo. Es decir, lo que debería ser una mejora efectiva puede quedar anulado.

Ordenar este mecanismo no es un ataque a la empresa ni una injerencia en la negociación colectiva. Es exactamente lo contrario: es protegerla. Porque cuando cada subida del SMI engulle pluses y categorías profesionales, lo que se produce es un aplanamiento de las tablas salariales. Se debilita la carrera profesional, se desincentiva el esfuerzo y se erosiona la productividad. Y, sobre todo, se vacía de contenido la negociación colectiva.

Hoy el SMI alcanza al 12,9% de las personas asalariadas, mientras que en Bélgica o Alemania, con salarios mínimos superiores a 2.000 euros, solo afecta al 3% o al 6%. Allí es un suelo real; aquí sigue siendo el salario de demasiada gente, lo que refleja una debilidad estructural. Con márgenes empresariales que suben el 13,9%, la negociación colectiva debe repartir productividad y beneficios, no consolidar el mínimo como techo. Por eso, el próximo AENC [Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva] debe impulsar subidas salariales en torno al 4%, a las que se sumen incrementos adicionales según la distancia entre las tablas salariales y el salario medio nacional. Converger con Europa no es solo elevar el SMI, sino fortalecer la negociación colectiva para que el conjunto de los salarios avance hacia estándares europeos y se reduzca la concentración en el mínimo legal.

El acuerdo firmado este lunes no invade la negociación colectiva ni deroga el artículo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores. Lo desarrolla con pleno respeto a los artículos 26 y 27 y se inscribe en el proceso de transposición de la Directiva sobre salarios mínimos adecuados en la Unión Europea, que exige reforzar la negociación colectiva y actualizar los criterios de aplicación de las reglas de compensación y absorción. Hay respaldo legal y coherencia europea.

Subir el salario mínimo ha sido bueno para el empleo, para la igualdad y para la economía. Blindarlo frente a prácticas que lo diluyen es una cuestión de justicia. Y seguir incrementándolo hasta acercarnos a los estándares europeos no es una opción ideológica: es una obligación social.

Porque la subida del salario mínimo no es un problema. Es parte de la solución.

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Pepe Álvarez es Secretario General de UGT .

Este 1º de mayo, en el que millones de trabajadores y trabajadoras se movilizarán en toda España y en todo el mundo, es un momento especialmente adecuado para recordar algo esencial: el valor del trabajo y el tiempo que empleamos en él. No es casualidad que conmemoramos esa lucha por la dignidad de la jornada laboral de las personas trabajadoras. Aquella movilización histórica, en defensa de las ocho horas, nos recuerda que el tiempo de trabajo ha sido, desde el origen del sindicalismo, una reivindicación central. Y hoy, en un mundo en plena mutación acelerada, vuelve a ser un debate de primera magnitud para UGT y para el conjunto del movimiento sindical internacional.

La inminente aprobación del proyecto de ley de reducción del tiempo de trabajo, fruto del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, nos señala que por fin va a comenzar su tramitación parlamentaria. Una buena noticia para conmemorar  este Día Internacional del Trabajo que es también una oportunidad para reforzar una idea que nunca deberíamos perder de vista: el trabajo ocupa buena parte de nuestra vida. Y, como recuerda la Real Academia Española, la vida no es otra cosa que "el tiempo que transcurre desde que nacemos hasta que morimos". Por tanto, cuando hablamos de reducir el tiempo de trabajo, hablamos, en definitiva, de dignificar y mejorar la vida de las personas.

En el Parlamento se va a hablar de vida, de la vida de millones de trabajadores y trabajadoras que merecen tener más tiempo para ellos mismos, para su familia, para su bienestar, para su salud. Y es importante que los grupos parlamentarios, que la representación política en su conjunto, estén a la altura de una sociedad que ya ha entendido que avanzar en la reducción del tiempo de trabajo es un paso imprescindible para construir un país más justo, más humano y más próspero. Hoy, las nuevas tecnologías, la digitalización, la inteligencia artificial, y las transiciones verde y digital abren un nuevo escenario que no puede abordarse reproduciendo viejos esquemas de explotación laboral. El progreso tecnológico debe servir para liberar tiempo, para repartir mejor la riqueza y para mejorar la calidad de vida. No hacerlo sería no solo un error económico, sino, sobre todo, un error social y ético.

La experiencia internacional lo demuestra: la reducción del tiempo de trabajo, lejos de ser un lastre para la productividad, se traduce en sociedades más avanzadas, más igualitarias y más competitivas. Es hora de dejar atrás modelos basados en salarios bajos y jornadas interminables. No hay razones objetivas para no avanzar: quienes se oponen a este cambio se aferran a un inmovilismo trasnochado que la realidad ya ha desmentido.

Y todo esto sucede, además, en un momento internacional muy complejo. La ofensiva arancelaria por la Administración Trump no es solo una guerra comercial: fue, y sigue siendo, una guerra ideológica, un ataque a los modelos de sociedad basados en el reparto de la riqueza, en los derechos laborales y en el bienestar colectivo. Hoy, más que nunca, necesitamos reivindicar un modelo que sitúe en el centro a las personas, que defienda la justicia social y que construya una economía al servicio de la vida y no al revés.

Reducir el tiempo de trabajo sin merma salarial no es solo una reivindicación histórica: es una necesidad urgente para el presente y el futuro de nuestro país. Este 1 de mayo, con miles de voces en las calles, lo volveremos a decir alto y claro: trabajar menos para vivir más y mejor no solo es posible, es imprescindible.

Viva el 1º de mayo.

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Pepe Álvarez es Secretario General de UGT .

Casi todo el mundo conoce que el 1 de mayo se conmemora la huelga por la jornada de ocho horas que estalló, en el siglo XIX, en los Estados Unidos. Más de cinco mil fábricas fueron paralizadas y 340.000 personas salieron a calles y plazas a manifestar su exigencia. Lo que mucha menos gente conoce es que 4 de los líderes sindicales de aquella protesta fueron conducidos al cadalso, en virtud de un juicio con falsas acusaciones de ser responsables de actos violentos, plagado de irregularidades y amañado, que sirvió de excusa para que los poderosos eliminaran la vida de cuatro jóvenes emigrantes que habían huido de la pobreza en el viejo continente, que se habían alzado contra la explotación laboral que sufría la clase trabajadora en el país que los había acogido. Esa es la razón por la que se les conoce como los mártires de Chicago.  

Por eso, para las organizaciones sindicales el 1 de mayo no es solo una fecha histórica, sino que sirve para reivindicar, para encarar el futuro haciendo un balance de lo alcanzado por el conjunto del movimiento sindical. Este año lo hacemos después de unas jornadas en las que el anuncio del presidente del Gobierno nos hizo tomar conciencia, a todos, del encanallamiento de la política, hasta tal punto que se ha convertido en una ciénaga en la que la mentira, el bulo el acoso civil y mediático se utilizan, como nuevos cadalsos, para eliminar al rival político. Ya no se trata de deteriorar la calidad de la democracia sino de socavar la democracia en sí misma. Salvar nuestra convivencia democrática hace que, desde el sindicato, requiramos una política social con rostro humano. Sólo desde una condición humanitaria de hacer política se puede avanzar en políticas sociales que protejan a las personas trabajadoras. Es hora de regenerar nuestro Estado Social y democrático de Derecho, protegiendo los cimientos básicos de la democracia, apuntalando la voluntad popular de la que, como dice el primero de los artículos de nuestro texto constitucional, emanan todos los poderes del Estado, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial. 

La sociedad española debe estar orgullosa del camino recorrido en los últimos años en la lucha contra la desigualdad, de conquistas sociales y de mejoras laborales. Los interlocutores sociales, especialmente las organizaciones sindicales, hemos contribuido a apostar por las subidas del salario mínimo interprofesional, el escudo social articulado durante la pandemia, la reforma laboral y el logro de un nuevo modelo de relaciones laborales articulado sobre la estabilidad y no sobre la precariedad. Todo ello demuestra que la justicia social es una enorme palanca de cambio, de transformación social y de lucha por la igualdad de oportunidades y de mejora de la sociedad.

Este 1 de mayo, más que nunca, lo que nos jugamos es construir una sociedad más justa. Si queremos luchar contra la desinformación, contra la deslegitimación de la democracia, debemos apostar por ampliar los derechos sociales. La pandemia nos demostró que el escudo social es el mayor de los antídotos frente al negacionismo y la desinformación. Los derechos laborales conseguidos en los últimos años nos obligan a defender su conservación y mejora porque ni son inamovibles ni nuestra lucha se encuentra, ni mucho menos, completada. 

Es la hora de recuperar reivindicaciones básicas, como trabajar menos horas sin perder poder adquisitivo. No se entiende que la implantación de herramientas de automatización en casi todos los sectores, inimaginable hace unos años, no haya ido aparejada de un mejor uso del tiempo de trabajo con una reducción del mismo. El avance social debe significar que podamos dedicar más horas a nuestros seres queridos, a nuestras familias, a una mejor calidad de la vida personal y familiar. El reparto del tiempo de trabajo, además, nos permitiría acercarnos al pleno empleo, otro de los grandes retos por los que nuestra sociedad debe pelear en los próximos años. La plena ocupación de la ciudadanía contribuiría a un fortalecimiento del pilar social de nuestro Estado. La ley de dependencia fue un éxito rotundo de nuestro modelo de protección social, pero ha llegado la hora de robustecer y ensanchar este derecho. Corresponde al poder público ofrecer una cobertura y garantías de accesibilidad y universalidad en derechos y en servicios.

Es el momento, en definitiva, de impulsar con energía renovada la agenda social del Gobierno de progreso como fórmula para consolidar la democracia y el avance de nuestro país. 

¡Viva el primero de mayo!

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Pepe Álvarez es secretario general de UGT.

Tenemos la suerte de estar en un ciclo exitoso de la concertación y el diálogo social. Hemos ido encadenando acuerdos, desde los ERTE de la pandemia, la ley del teletrabajo, o la ley rider, la subida del Salario Mínimo, los acuerdos de pensiones, y sobre todo la reforma laboral, que ha conseguido transformar de fondo nuestro marco laboral haciendo del contrato indefinido el habitual. Todo esto, además, en un contexto de crecimiento económico y de creación de empleo de calidad. Los que estamos en entornos sindicales internacionales sabemos que en Europa se pone el modelo español de concertación social como ejemplo, y la administración Biden en Estados Unidos intenta impulsar con sindicatos y patronales relaciones sociolaborales en ámbitos de concertación similares.

Pero a este buen momento del diálogo social le faltaba uno de los elementos centrales; desde hace unos decenios se está rompiendo el equilibrio entre rentas del trabajo y rentas del capital. En ese contexto de expansión y con unas tasas de inflación muy altas, producidas inicialmente por las crisis energéticas resultado de la invasión rusa de Ucrania, los beneficios empresariales, especialmente de las grandes empresas, han llegado a cifras récord, y en algún caso de usura y que ha sido causa de la inflación de segunda ronda.

Fundamentalmente, hay dos grandes fórmulas de repartir la riqueza: la fiscalidad justa y progresiva y los salarios; y en nuestro país el salario medio real estaba estancado, incluso un poco a la baja, desde el 2008. La reforma laboral del 2021 había recuperado, con la vuelta de la ultraactividad de los convenios laborales, el equilibrio en la negociación colectiva. Pero su impacto, con miles de convenios para negociar, iba muy lento, con resultados muy positivos para las rentas del trabajo allí donde hay fuerza sindical y con dificultades en los sectores más difíciles de organizar.

Por todo lo dicho, era importante intentar culminar el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Es el acuerdo paraguas que sirve de referencia y da cobertura a la negociación de los convenios colectivos. Las asociaciones patronales y las centrales sindicales firmantes se comprometen a aplicarlo. En su aspecto salarial, el acuerdo contempla una subida del 10% en 3 años (4% el 2023, 3% el 2024 y 3% el 2025), más una cláusula de revisión salarial, vinculada únicamente al IPC, de un punto más en el supuesto que la inflación superara la cifra de la subida.

Todos los acuerdos negociados y firmados por partes contrapuestas son siempre un punto de equilibrio donde las dos partes se tienen que poder verse suficientemente reflejadas. Por eso hay distintas interpretaciones y las dos partes se tienen que ver como ganadoras. Esa es su virtud. En nuestro caso, la firma del AENC es una gran noticia por aquellos espacios laborales y sectores con convenios con menos fuerza sindical. El mismo acuerdo permite la adaptación del convenio a la situación del sector o la empresa.

El acuerdo confirma el buen momento de concertación y diálogo en nuestro país, en este caso fruto de la autonomía negociadora de las partes. Y en una frase que ha hecho fortuna, podemos decir que con el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, el AENC, conseguimos que nadie quede descolgado de la riqueza que se está generando en nuestro país.  

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Pepe Álvarez es secretario general de UGT

El sindicalismo español ha demostrado una enorme responsabilidad en los últimos tiempos, contribuyendo de forma decisiva a paliar los peores efectos de la crisis, primero provocada por el coronavirus y después por los devastadores efectos de una guerra a las puertas de Europa, declarada por Rusia a Ucrania. 

A lo largo de los últimos años hemos acordado, entre los interlocutores sociales y el Gobierno, medidas muy importantes que tenemos que defender y que han sido impulsoras del crecimiento de este país en términos de su PIB. La puesta en marcha de los ERTE, que nos permitieron salvar a miles de empresas y más de 3 millones de puestos de trabajo, fue fruto del acuerdo. También la reforma laboral que ha multiplicado por cinco la contratación indefinida y reducido a la mitad la temporalidad, mal endémico de nuestro mercado laboral o la subida el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los 1.080 euros, un 64% más que en 2016, y que ha permitido reducir la brecha de género 2 puntos, subiendo el salario a más de 1,2 millones de mujeres.  Con los acuerdos de pensiones, que incluyen la subida de un 8,5% a los y las pensionistas, así como aseguran los ingresos destopando las cotizaciones a quienes más cobran, garantizamos un sistema de pensiones fuerte y duradero hasta al menos 2050. 

Todo ello ha sido posible gracias a las mesas de negociación tripartitas. Los partidos políticos, todos, tienen que entender el enorme valor de la concertación, del diálogo social y del acuerdo con los agentes sociales para hacer avanzar a España, y a su ciudadanía, en una Europa y en un mundo más tecnificado, digitalizado y complejo que se enfrenta a enormes retos y que sitúa nuestro mercado laboral ante sus debilidades. La concertación social, función fundamental que nos atribuye la Constitución del 78, no debe depender del color político de quien gobierna y ser protegida por quienes quieren una España más competitiva, más fuerte y con más crecimiento y bienestar. 

A pesar de todo lo hecho hasta ahora, no podemos levantar la mirada de los más de tres millones de personas que están en desempleo en nuestro país, al paro estructural sobre el que ninguna administración, ni central ni autonómica, pone solución. Necesitamos una reforma en profundidad de los servicios públicos de empleo para hacerlos capaces de formar y orientar a quienes necesitan encontrar un trabajo, y sobre todo, a quienes tienen más difícil encontrarlo. Este es un reto que hay que desarrollar en los próximos tiempos, para que nuestro país, que hoy tiene récord en afiliación a la seguridad social con más de 20,4 millones de personas cotizando, se acerque al pleno empleo. Sólo solucionando el problema del paro estructural y mejorando la capacidad de empleabilidad de las personas, podremos abordar las incertidumbres que el sistema capitalista impone a los mercados de trabajo, con seguridad y estabilidad y sin necesidad de recurrir a otros países para contratar trabajadores. Los tenemos aquí cerca, pero necesitan una oportunidad.

Este Primero de Mayo los y las trabajadoras sabemos que donde estamos organizados y hay sindicato, hay derechos, hay salarios dignos y hay respeto de las condiciones y de la salud en el trabajo. Sabemos que la inflación y que la pérdida de poder adquisitivo, provocada por el alza de los precios de la luz y de las materias primas, en primer término, no es la causa real de la inflación de segunda ronda ni de la inflación subyacente. Todo lo contrario, es consecuencia del alza de las grandes empresas de los precios de bienes y servicios para repartir beneficios récords, y recuperar lo perdido en tiempos pasados. En 2022 los beneficios empresariales crecieron en nuestro país un 91%, un 32% en 2021. Los salarios tienen que subir en relación con el coste de la vida. No cabe otra solución al empobrecimiento de la clase trabajadora. Todo lo que no sea eso, supone cargar en los trabajadores y trabajadoras y en sus ya bajos salarios el coste de la crisis inflacionista, y no lo vamos a permitir. Queremos que todos los convenios tengan cláusula de revisión salarial que vincule los sueldos al IPC y a los beneficios de los sectores de nuestra economía. Hay margen más que suficiente: la productividad y el crecimiento del PIB lo permiten, como así han certificado distintos organismos como el Banco de España o la Agencia Tributaria.  Por eso le decimos a la patronal que se niega a hablar y pactar, alto y claro, que si no hay salario, habrá conflicto. Lo pelearemos convenio a convenio y sector a sector.

Todavía queda mucho por hacer. Queremos hablar de despido, que todavía hoy es demasiado fácil y barato en España, para que sea disuasorio y reparador, de la transición ecológica justa de la economía y de la transformación del sistema productivo. Hay que seguir reduciendo la brecha salarial entre hombres y mujeres y desarrollar medidas que permitan alcanzar la igualdad real en las empresas, conseguir entornos laborales inclusivos con las personas LGTBI, que sufren situaciones de discriminación intolerables en pleno siglo XXI, de la juventud y de sus expectativas de empleo y de futuro, pero sobre todo de sus condiciones laborales dignas, de la semana laboral de 32 horas, del acceso a la vivienda y a los derechos sociales. Por eso salimos este Primero de Mayo, porque las trabajadoras y los trabajadores seguiremos caminando hacia una sociedad de bienestar, de dignidad, de igualdad y de libertades.

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Pepe Álvarez es secretario general de UGT.

Vivimos en la era de la inmediatez, del consumo rápido. Muchas de las personas trabajadoras que se hayan levantado esta mañana de miércoles 4 de enero, sobre todo los más jóvenes, no sabrán la importancia que Nicolás Redondo Urbieta ha tenido, tiene y tendrá en sus vidas.

Pablo Iglesias Posse, fundador de la UGT y del PSOE, organizaciones que también deben mucho a Nicolás, dijo una vez: “sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes”. Ese espíritu guió siempre la acción de nuestro compañero Nicolás. Él siempre tuvo claro que había que luchar con firmeza por mejorar los derechos de las personas trabajadoras, de aquellos que solo tenían la voz de la Unión General de Trabajadores, de la organización sindical, para defender sus derechos. Esa lección de entrega y de solidaridad la dejó marcada en el ADN de la UGT.

Nicolás fue un trabajador incansable que impulsó las grandes conquistas de derechos laborales y de Seguridad Social de nuestro país. Difícilmente disfrutaríamos de permisos, de vacaciones, o de un salario mínimo si él no hubiera encabezado la lucha del movimiento obrero de nuestro país desde edad temprana hasta el día de su muerte. Su opción por la defensa de los más débiles marcó su vida hasta el final. Y cuando tuvo que elegir optó sin vacilación. Nicolás era un ejemplo de valentía, coherencia y compromiso. Renunció a su escaño en el Congreso de los Diputados en 1987 para mostrar su desacuerdo con los Presupuestos Generales del Estado para el año siguiente, dando una lección de sus fuertes valores mientras mostraba que la meta principal de un ugetista siempre será la mejora de las condiciones laborales de la clase trabajadora. Su militancia socialista no le condicionó para defender hasta sus últimas consecuencias la autonomía de UGT, paralizando por completo España contra una importante reforma del mercado de trabajo del gobierno de Felipe González que devaluaba derechos laborales, el 14 de diciembre de 1988. Tampoco dudó en convocar dos huelgas generales más, fijando definitivamente la independencia de nuestro sindicato, en junio de 1992, contra la reforma del desempleo, y en enero de 1994, contra la reforma laboral de aquel año, para hacer frente a las políticas de un Gobierno que era de su partido, pero que imponía reformas que precarizaban y devaluaban las condiciones laborales. Que mantuviera sus convicciones y sus principios, que antepusiera la defensa de los trabajadores frente a organizaciones hermanas, nos guía a todos los que formamos parte de su organización a luchar cada día para juntos lograr un mundo más justo y un empleo más digno.

La opción de vida que hemos escogido los que le seguimos en esta aventura sindical no es fácil. No siempre se acepta nuestro trabajo. Muchas veces para negociar y conseguir buenos pactos nos toca presionar, nos toca pelear por cada pequeña o gran conquista, ya sea frente a un gobierno, de cualquier signo , o frente a cualquiera de las patronales. Nicolás Redondo dejó su vida en la lucha por los derechos de las personas trabajadoras y de la ciudadanía. Y entendió que la mejor forma de hacerlo era a través de su organización, para la que siempre ha estado disponible con el objetivo de seguir haciendo sindicato. Su legado y su ejemplo nos sirven de faro que ilumina nuestro camino. Su alternativa, la lucha por los más desfavorecidos, es hoy algo más fácil porque la hacemos sobre el legado gigante de Nicolás Redondo Urbieta.

Ya te añoramos, Nicolás, pero sabemos que el mejor tributo a tu memoria es mantener la defensa de la clase trabajadora que tú nos enseñaste.

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Pepe Álvarez es secretario general de UGT.