No es cosa de ahora que sólo nos acordemos de Santa Bárbara cuando truena. Huir del trueno y no pensar en la facilidad con que la tormenta se extiende y sus consecuencias se agravan es algo casi consustancial al ser humano. El problema es que en la sociedad actual en que prima el individualismo y la inmediatez y al tiempo en que se encadenan las catástrofes a consecuencia de la acción humana como la pandemia, el cambio climático y la guerra, o en nuestro ámbito más cercano el trueno ensordecedor y la tormenta de la deslegitimación del Gobierno y del procés por parte de la oposición de derechas, resulta mucho más difícil no sólo prever sino también prevenir hechos como otro incendio de efectos devastadores.

Por eso, sin habernos recuperado aún de la tragedia de la droga y sus causas inmediatas y sin haber mencionado siquiera las de fondo, y sin solución de continuidad, nos ha cogido de nuevo desprevenidos otra tragedia, en este caso la de un incendio devastador en la ciudad de València.

Por otra parte, prende de nuevo la corrupción, pero esta vez en el PSOE y en el círculo más cercano al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Otra vez la misma corrupción, que se ha presentado como el sello distintivo de la derecha, pero que entre nosotros también existe, y además es letal para la izquierda. Un caso de corrupción especialmente grave, al lucrarse de las compras urgentes realizadas en plena pandemia. Algo similar a lo ocurrido en el caso del hermano de la presidenta Ayuso y que ¡oh, sorpresa! terminó en nada en los tribunales, pero que como un búmeran se revuelve ahora contra el mismo PSOE que lo denunció. Como era de esperar, la derecha ha salido al quite preguntándose si el caso era conocido por el presidente del Gobierno y si tuvo algo que ver con el cese del entonces ministro de Transportes. El caso, ahora bajo secreto del sumario, afecta al partido mayoritario del Gobierno y a distintas administraciones: el Ejecutivo central y dos comunidades autónomas hasta ahora, y por tanto, al margen del proceso judicial, resulta más que conveniente una investigación a fondo sobre lo que ha fallado en su funcionamiento y qué normativa y qué prácticas se deben modificar. Como conclusión, también se juega la asunción o no de la responsabilidad política y hasta dónde abarca, tanto en la elección de los cargos de confianza, como en la vigilancia de los mismos.

El hecho trágico más reciente ha sido, sin embargo, el pavoroso incendio que ha destruido un edificio de vecinos en València, por suerte y sorprendentemente, con un número de víctimas y de heridos más reducido del que en principio cabía pensar, y con un papel heroico de los profesionales, entre los que destacan los bomberos y del portero de la finca, y también de la solidaridad de los valencianos. El precedente más reciente ha sido la tragedia de las discotecas de Murcia. De manera que el foco de las medidas se amplía de las de seguridad e inspección a las propias de la calidad de los materiales y las garantías en la construcción de edificios, en el momento de la crisis financiera y la caída libre de las constructoras en plena burbuja inmobiliaria. Se trata de un edificio moderno y casi de lujo, pero revestido de poliuretano, algo que vuelve a poner encima de la mesa, más allá de la adecuación del actual código de la edificación, la necesidad de una revisión de edificios hechos o rehabilitados en su momento con materiales y tipología de aislantes y construcción similares, cuando como ahora se produce una catástrofe, a la par que la mayor exigencia de las inspecciones periódicas de los mismos.

En paralelo, continúan las movilizaciones de los agricultores, después del fin de semana pasado en Madrid, ahora en diversas capitales de provincia. Unas reivindicaciones justas de mínima rentabilidad, competencia leal y también de desburocratización, a las que toca responder desde las distintas administraciones y en particular desde la UE, que sin embargo están siendo aprovechadas por algunos sectores de ultraderecha, hasta ahora minoritarios, para cuestionar a la propia Unión Europea, la agenda verde e incluso la PAC, cuando sus autores pertenecen hace décadas a la derecha europea, y para, de paso, negar la representatividad de los sindicatos agrarios mayoritarios. Nada que no hayamos visto en el pasado reciente con la manipulación de las reivindicaciones y de la representación de los transportistas. En este último caso, además, como preparación de las próximas elecciones europeas, con el riesgo cierto de una nueva mayoría reaccionaria de gobierno que la deconstruya, como antes ha venido ocurriendo en regiones y Estados de la Unión.

Continúa también la resaca de las recientes elecciones gallegas, con el triunfo del PP de Rueda y la consolidación de Feijóo, la confirmación de la hegemonía del Bloque al frente de la oposición y el retroceso de la izquierda de gobierno y, en particular, el fracaso de Sumar, en pleno comienzo de la organización de su candidatura como partido. Algo a tener en cuenta con la nueva convocatoria electoral, está vez en Euskadi, para el 21 de abril, en la que el PNV se juega la mayoría a manos de Bildu y como consecuencia el gobierno y la continuidad de su coalición con el PSOE. Con la incógnita también de los posibles efectos de todo ello en la estabilidad de la mayoría de investidura del gobierno Sánchez, que continúa encallada en una accidentada negociación de la ley de amnistía. Un gobierno que necesita recuperar la iniciativa, más allá de cerrar las heridas judiciales del procés y de estos problemas de la coyuntura.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.

Vuelve la realidad de la situación de la agricultura y los efectos del cambio climático, que incluso ha logrado imponerse a la polarización política y al ambiente de ruido generalizado de la amnistía, tanto dentro como fuera de España.

En fechas recientes, las reivindicaciones del sector agrario europeo han pasado a primer plano comenzando por Francia, y no por casualidad, en el contexto de unas elecciones europeas, con el temor a un incremento de la representación y de la influencia de la ultraderecha, cosa que ya se ha producido en las regiones, en los países y en algunos gobiernos a lo largo y ancho de Europa.

En las reivindicaciones de un sector tan complejo y contradictorio como el agropecuario no es extraño que se mezclen el agua y el aceite, los distintos intereses, a veces contrapuestos, y las causas con las consecuencias. Porque no es lo mismo la agricultura familiar que la agricultura y ganadería intensiva de latifundios y macrogranjas. Tampoco las explotaciones familiares, las cooperativas y por otra parte las grandes empresas y las multinacionales agrarias. Como no son lo mismo los distintos sindicatos agrarios, que representan desde empresarios a agricultores de explotaciones familiares y en consecuencia sus intereses, muchas veces contrapuestos. Como no son para nada lo mismo la política agraria común y las nuevas leyes europeas para la transición ecológica.

Tampoco es nuevo que a río revuelto haya quien pretenda sendas ganancias cuestionando la representatividad sindical actual, como antes lo hicieran en el transporte, en aras de una supuesta democracia de WhatsApp. O quien se suba al carro para la manipulación política del malestar del sector agrario y del medio rural, como se pretende desde los partidos de la ultraderecha.

Lo cierto es que hay causas objetivas para el malestar, para la movilización y para la reivindicación ante situaciones que ya estaban al límite de supervivencia y que ahora se agravan. Otra cosa es cómo se representa el malestar, de forma más o menos organizada o más o menos violenta, y cuáles se consideran las causas de la situación y sus posibles soluciones. Lo malo es que se coincida en apuntar en contra de la Unión Europea y de la ecología o frente al aumento del salario mínimo y contra los inmigrantes. Los mantras conocidos de los empresarios agrícolas, de la ultraderecha y por desgracia de una parte cada vez mayor de la derecha española y europea, con Manfred Weber a la cabeza.

Sin embargo, no cabe duda de que tenemos más de un problema con la cadena alimentaria y también con las importaciones, ya que la ley recientemente aprobada y sus limitadas inspecciones y sanciones todavía no han podido evitar ni la venta a pérdidas ni mucho menos paliar los márgenes abusivos entre los productores, la distribución y la comercialización. Un debate que ya hemos tenido ante el rebrote inflacionista causado por la ocupación y guerra de Ucrania y que no se ha resuelto.

También es cierto que las importaciones, la burocracia y la digitalización recaen sobre unas explotaciones que en muchos casos además se ven desbordadas. En todos estos temas, no cabe duda de que hay bastante margen de mejora. Como lo hay en la orientación mayoritaria a la agricultura intensiva de las actuales ayudas europeas de una PAC de rasgos neoliberales.

Algo muy diferente es introducir un debate falso sobre la agenda 2030, sobre la Unión Europea y sobre un supuesto ecologismo radical que no se sostiene, cuando los responsables de agricultura de la Comisión Europea han sido y son los representantes del partido conservador y del liberal de la Unión Europea. 

Tampoco es de recibo la pretensión de acabar al tiempo con la burocracia de Bruselas y con la agenda 2030 y la transición ambiental europea e internacional. Y no es aceptable por razones objetivas: no hay más que ver los efectos del cambio climático sobre la sequía y los fenómenos climatológicos extremos y por tanto sobre la agroganadería. Tampoco es lógico, cuando un tercio del presupuesto comunitario tiene como destino la agricultura, en forma de subvenciones, y que tal volumen de subvenciones para proteger a nuestro sector agrario frente a otros tiene como principales argumentos el garantizar la calidad, la seguridad de los alimentos y también la protección del medio ambiente. Si no fuese así, no habría más razón que el mero proteccionismo, y en consecuencia la competencia desleal y la agricultura dopada sería la nuestra. Bien diferente es que la transición ambiental deba ser justa también con los agricultores.

De hecho, un debate que no aparece es que la distribución de las ayudas europeas dista de ser equitativa, ya que beneficia mayoritariamente a las grandes explotaciones intensivas, cuando por razones sociales y ambientales estamos abocados a un cambio rápido hacia una agricultura menos intensiva, con un consumo más racional y con un menor impacto ambiental.

En vano se pretende que aparezca como algo diferenciado la realidad del cambio climático con una ola de calor que no cesa, de los efectos palpables sobre la agricultura como es la sequía y, en consecuencia, la urgente necesidad del consumo racional de agua y la perspectiva de su racionamiento en próximas fechas.

Por eso es un error que el primer mensaje de las autoridades europeas ante las movilizaciones de la agroganadería consista en paralizar la agenda de sostenibilidad ambiental de la Unión Europea. Dando por buena la acusación de "dogmatismo ambiental" de la ultraderecha.

Aunque lo peor es que todo esto suponga el precedente del final de la alianza plural que ha permitido el origen y desarrollo federal de la UE, mediante la cohabitación en las instituciones europeas, para sustituirlo por una mayoría conservadora que dé cabida a la ultraderecha.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.

El juez García Castellón ha aumentado su apuesta en el juego del gato y el ratón frente a la mayoría del parlamento y contra el Gobierno. Ahora, con el argumento de que el procés y el Tsunami han provocado una vulneración grave de los derechos humanos. Un paso más en la instrucción de la acusación de terrorismo a Puigdemont y Rovira, que después de cuatro años solo ha adquirido velocidad a partir del resultado electoral y del inicio de las conversaciones con Junts para la consecución de la mayoría de investidura. Primero, estableciendo una relación causa efecto entre las movilizaciones en El Prat y el infarto fatal de un viajero, y ahora con los heridos en las movilizaciones entre las fuerzas de seguridad. Una calificación en sucesivos autos que no solo ha ido cambiando en función del contexto político, pasando, sin solución de continuidad, de desórdenes públicos a violencia terrorista con intención de matar, sino que además pretende intervenir puntualmente en cada paso de la negociación política y del debate parlamentario. A pesar de que recientemente hemos tenido un ejemplo de desórdenes públicos continuados y graves amenazas ante las sedes del PSOE sin que a nadie se le haya ocurrido esgrimir siquiera el calificativo de actividad terrorista light.

Como consecuencia, se acentúa la confrontación y polarización con la calificación al alza del procés y del Tsunami Democràtic como terrorismo, cuando ni siquiera la sentencia de sedición lo contempló por la ausencia de violencia. Si así hubiera sido, el calificativo sería por el delito de rebelión.

En paralelo, el Tribunal Constitucional y su presidente Conde-Pumpido se han convertido en la bestia negra a batir por parte de la derecha con el objetivo de devaluar preventivamente una futura sentencia, supuestamente favorable, sobre la ley de amnistía. En la lógica de que el único tribunal bueno es el que nos da la razón.

Buena muestra de ello es también la actitud selectiva del Consejo General del Poder Judicial en una defensa exclusiva de los suyos y haciendo caso omiso de su responsabilidad de inspección y sanción de las conductas impropias de sus miembros. Ahora, acaba de conocerse la aceptación de la labor mediadora por parte de la Comisión Europea en la largamente aplazada negociación entre PSOE y PP sobre su renovación. Eso supone que el recurso a la mediación en el ámbito internacional solo es legítima según quién la proponga.

Con este doble rasero, la derecha y una parte de los jueces más conservadores de la cúpula judicial y del Consejo del Poder Judicial no dudan en instrumentalizar la institución de la justicia para su batalla política contra la ley de amnistía y contra el Gobierno. Una apuesta que se torna más fuerte cada día, después de la batalla de resistencia y deslegitimación de los indultos y la reforma de la sedición y malversación desarrolladas por la derecha la legislatura pasada, y ahora con la pretensión de influir también sobre la justicia europea. En resumen, si es que no hubiera lawfare, se le parece bastante.

Mientras tanto, el CIS mete presión en la campaña electoral de las elecciones gallegas, confirmando la posibilidad de la quiebra de la mayoría absoluta del Partido Popular en favor de un gobierno plural de las izquierdas encabezado por Ana Pontón del BNG.

Dentro del PSOE, Page acentúa su papel de nota discordante con responsabilidad institucional en solitario, mientras la dirección llama a la contención en la crítica interna. En la mayoría parlamentaria, la ofensiva político judicial consolida el cierre de filas en torno a la amnistía.

Sin embargo, y a pesar de este ambiente de polarización política, continúa la buena marcha de la economía española, con unos extraordinarios datos de empleo, la contención de la inflación y la moderada desaceleración del PIB, todo ello en un contexto de depresión de la economía europea internacional provocada por los efectos de la guerra y del fuerte alza de los tipos de interés decididos por parte del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal de los EEUU.

Esto no impide que la reacción de la derecha política a los buenos datos económicos sea la incredulidad y la negación, y que ante cualquier mejora del salario, del empleo o de las pensiones, agiten la amenaza de la ruina y el apocalipsis, de la mano de la derecha económica, sabedores de que mientras el empleo y la vivienda ocupan los primeros puestos en las preocupaciones de los españoles, la amnistía y Puigdemont aparecen entre los últimos.

Incluso en lo deportivo, parece que el asunto también va de justicia. Finalmente la Audiencia Nacional juzgará el caso de Jenni Hermoso, tanto por el beso no consentido, como por el acoso contra la jugadora y su familia para obligarla a retractarse y negar los hechos denunciados.

En paralelo, la Corte Penal Internacional ha aceptado entrar a debatir si considerar genocidio la guerra del Estado de Israel contra el pueblo palestino en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, sin otra recomendación que la contención de la guerra y la garantía de la ayuda humanitaria, sin atreverse a proponer el alto el fuego para acabar con la masacre. Un crimen de guerra continuado y una limpieza étnica de libro, similar al ejecutado contra la izquierda y los republicanos españoles, mientras la llamada comunidad internacional mira para otro lado y los organismos internacionales se mueven entre el cinismo de los EEUU y la impotencia.

Un crimen contra la paz que solo puede diferenciarse del genocidio en su carácter supuestamente reactivo y no planificado, ignorando la estrategia sionista de la ocupación, así como en un volumen limitado de víctimas. Por lo pronto, más de 25.000 muertos y más de 50.000 heridos, en su mayoría niños y mujeres.

Por ello, no deja de llamar a escándalo que los mismos argumentos que condenan la invasión de Ucrania por Rusia, por contra se inviertan frente a la ocupación de Palestina por parte del ejército israelí. Un ejercicio vergonzoso de cinismo imperialista, pero también de aporofobia e islamofobia.

Y en el trasfondo, el horror de la guerra de Israel contra Gaza y Cisjordania, junto a los ecos de la guerra de Rusia contra Ucrania y el proceso de primarias republicanas en los EEUU, en que se perfila la candidatura de Donald Trump.

Ruido y furia.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.

Continúa la guerra del Estado de Israel contra la población palestina de Gaza, con decenas de miles de víctimas civiles y heridos y cientos de miles de desplazados al borde de la hambruna y de la muerte, mientras se suceden sus efectos, con el cada día mayor rechazo del mundo árabe y ahora también con las primeras repercusiones económicas negativas para occidente.

Seguimos asistiendo al debate hipócrita sobre la legítima defensa del ocupante Estado de Israel y a la ausencia de la otra defensa, al menos igual de legítima, frente a la ocupación ilegal de Palestina al margen del derecho internacional. También sobre si la respuesta de Israel, a todas luces desproporcionada y brutal, se constituye también en un crimen de guerra, cuando se hace evidente la limpieza étnica y el genocidio del pueblo palestino que ya multiplica por diez el balance de víctimas civiles israelíes. La peculiar ley de Talión por parte del ocupante de deshumanización y exterminio en contra del derecho humanitario.

Asimismo, sobre el señuelo del futuro después de esta nueva guerra, con la cada vez más lejana existencia de dos Estados conviviendo en paz, cuando el presente es la ocupación del territorio palestino, la extensión a sangre y fuego de los asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania y el desplazamiento de la población de Gaza hasta expulsarlos al desierto y el mar con la excusa de la guerra contra Hamás.

Ahora, la principal preocupación en los países desarrollados se centra en los efectos del conflicto en el comercio internacional y en los mercados, con un debate de nuevo en clave nacional sobre la participación española en las operaciones en el Estrecho de Bab el Mandeb encabezadas por los EE. UU. De un lado, por los reparos del Gobierno español a una intervención unilateral de los norteamericanos, complementaria de su apoyo a la guerra de Israel contra la población palestina de Gaza, y de otro el ardor guerrero de la derecha, sobre todo si se trata de hacer seguidismo del imperio. Como si no recordaran los fiascos de la intervención en Afganistán y en Irak y su conversión en un mayor caldo de cultivo del terrorismo.

Por otra parte, el debate nacional sigue centrado en torno a la amnistía a los dirigentes y activistas del procés y más en concreto en relación a la futura reunión entre el presidente del Gobierno y Puigdemont, ante la que la derecha sigue agitando el relato del pago de la hipoteca del Gobierno por el apoyo independentista a la investidura.

De otro lado, sobre las razones de fondo de Núñez Feijóo para aplazar la oferta de reunión del presidente del Gobierno, primero con la excusa de la inexistencia de un orden del día por escrito, cuando éste se ha hecho público desde un principio y consistente en la renovación del Consejo del Poder Judicial, la financiación autonómica y la reforma puntual de la Constitución. Ahora, con un orden del día alternativo. Unas razones de fondo que se relacionan con el relato conservador de su triunfo electoral (que por fin reconoce que no significa gobernar) de la ilegitimidad de la mayoría de investidura y como consecuencia de la del actual Gobierno. Algo no muy diferente del relato de deslegitimación de la última legislatura.

En todo caso, después del acuerdo con Bildu para la moción de censura a UPN en Pamplona, tal parece que el Gobierno se haya decidido a levantar de una vez todos los vetos y los tabúes sobre la participación política de las fuerzas independentistas, incluyendo incluso al que se denomina antiguo entorno de ETA, aunque en su momento una parte de sus actuales dirigentes más significativos hicieran campaña contra la violencia y contribuyeran a su cese. En todo caso, será utilizado como munición por la derecha que ahora une sus mantras de la antipatria, del procés y de ETA, como si todavía continuasen vivos entre nosotros y no hubieran caducado hace años. 

Con ello, quedan en un segundo plano las decisiones progresistas del Gobierno, tanto la de prorrogar las principales medidas contra la inflación, como la de ampliar el subsidio de desempleo a los parados y más recientemente la toma de una participación decisoria en Telefónica ante las nuevas amenazas. Así, la economía y la cuestión social se siguen subordinando al debate identitario, mientras éstas, junto con los datos de crecimiento económico y contención de la inflación, aunque se estén ralentizando debido a la subida de tipos de interés del BCE, siguen una evolución bastante más favorable que los datos económicos de nuestro entorno europeo. Continúa, sin embargo, la negación de la evolución de la economía por parte de la derecha económica, política y mediática, lo que explica en buena parte la disonancia cognitiva existente entre la buena situación personal del setenta por ciento de los ciudadanos y la mala percepción en relación a la situación y perspectivas de la economía, en particular, entre los ciudadanos españoles con respecto a buena parte de los europeos. Una tarea de explicación por desarrollar.

Por si esto no fuera suficiente y como corolario, Podemos se separa de Sumar y se va al Grupo Mixto con la nostalgia de lo que pudo haber sido y la estrategia del AVE fénix a partir de unas próximas elecciones europeas. El bucle.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.

La tercera investidura de Sánchez ha salido adelante con una mayoría más amplia, pero al tiempo con una composición más compleja y ajustada que las anteriores, ya que depende del binomio contradictorio de ERC y Junts en el independentismo catalán y que por otra parte carece del último recurso de un puñado de escaños para ejercer la manida geometría variable, aunque ya hace tiempo que ésta no era operativa por la sumisión de Ciudadanos a la estrategia de deslegitimación del conjunto de las derechas.

Un debate de investidura que ya se preveía tenso y polarizado, y que se ha correspondido con las expectativas y asimismo con los precedentes de la persistente delegitimación por parte de las derechas, ya desde la moción de censura y ahora con más contundencia aún frente a la coalición de izquierdas y con más saña contra los apoyos parlamentarios de investidura. Ahora, con el acicate del ajustado resultado electoral y del largo y polarizado periodo de investidura y de gobierno en funciones, lo que hace prever una legislatura con una oposición más dura si cabe.

Finalmente, la nueva mayoría de investidura integra por primera vez a los independentistas del Junts de Puigdemont, que se suman a ERC en torno al compromiso de la ley de amnistía. Amnistía que no solo significa el paso obligado para el apoyo de Junts, sino que supone también dar continuidada la estrategia política y de reconciliación, pero sobre todo como forma de evitar la llegada de la ultraderecha haciendo, en palabras del propio Sánchez, de la necesidad virtud.

Sin embargo, el presidente del Gobierno no se ha esmerado en explicar la amnistía como una evolución lógica de los indultos y de la reforma penal realizadas, que fueron parcialmente bloqueadas por los tribunales, y que de haber tenido éxito la hubieran hecho poco menos que innecesaria.

El que suscribe ha sido partidario de una respuesta constitucional al Procés, pero he sido crítico con la aplicación del artículo 155 y ante todo contrario a la judicialización y a las largas penas dictadas por sedición y malversación. Una respuesta desproporcionada en clave del tan querido género de la tragedia nacional. Esa es la razón por la que también apoyé en su momento la reforma conjunta del código penal y de los indultos, como alternativa a la reivindicación de la amnistía por parte de los independentistas, algo que sin embargo el Gobierno de coalición fue desgranando a lo largo de la pasada legislatura, dando con ello la oportunidad a su desactivación parcial por parte de la derecha política y judicial. Una razón por la que ahora comparto la solución de la amnistía como el camino más rápido y eficaz para pasar página de las consecuencias penales del Procés y retomar la vía de la solución política a los problemas de naturaleza política.

Se trata de otra novedad de las que le ha tocado lidiar al Gobierno de coalición, otro reto que se añade a la novedad de la moción de censura que dio lugar al Gobierno Sánchez, para más adelante sumar la novedad del primer gobierno de coalición progresista. Como si no fuera suficiente con los desafíos provocados por la cadena de catástrofes de la pandemia, la guerra y la crisis climática.

Es a partir de ahora cuando la derecha tiene que digerir la contradicción entre su proclamada mayoría electoral y el dogma de su derecho a gobernar, frente a la realidad de la derrota por parte de una mayoría de investidura alternativa, alcanzada por la capacidad de pacto de la izquierda y el rechazo a la ultraderecha. Una gestión del duelo que posiblemente le costará años.

La oposición conservadora ha acentuado hasta el límite la polarización acusando al presidente en funciones de fraude, de corrupción y de mercadeo, con el único objetivo de mantenerse en el poder. Sin embargo, sigue jugando a combinar la imagen de radicalidad y la de moderación, pero en realidad al rebufo de la estrategia de la ultraderecha, todo para no despegarse de sus hermanos separados. Tan solo ha llegado a reconocer in extremis la legitimidad del nuevo gobierno primero con la palabra y finalmente con un gesto de felicitación, ambas también a medias.

En este marco, la ultraderecha ha seguido haciendo cosas de ultraderecha, ya sin prejuicios, con acusaciones de golpe de Estado y saliendo del Congreso a manifestarse ante la sede del PSOE, a pesar de los hechos violentos de cada noche. Y de nuevo con la amenaza y el chantaje al PP de provocar la inestabilidad en las CCAA que gobiernan si finalmente no impide la tramitación de la ley de amnistía en el Senado.

Mientras tanto, entre la mayoría de investidura se consolida la alianza con Sumar y se expresa en el debate el relato de la desconfianza del independentismo, aunque manteniendo el voto y la estabilidad, a pesar de la dinámica de competencia entre Junts y ERC.

Una vez elegido el presidente y el Gobierno de coalición, queda por delante una legislatura en la que se mantiene una perspectiva positiva de crecimiento e inflación a lo que se suma la gestión de los voluminosos fondos europeos pendientes. Una legislatura con más desarrollo reglamentario que con exigencias legislativas. Un periodo en que será necesario mantener la iniciativa social para evitar el monólogo territorial y de los tribunales.

En resumen, una mayoría de investidura más amplia pero más compleja y contradictoria que anuncia más incertidumbre, aunque con unos partidos ya experimentados en la gestión de la pluralidad parlamentaria, y con una oposición que se sitúa entre la confrontación manteniendo la tentación de la estrategia de deslegitimación.

Se demuestra que lo decisivo es saber sumar dentro de los partidos y en el Gobierno de coalición, así como con la mayoría de investidura.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.

Proponen y casi nos emplazan a que gobierne la lista más votada, al tiempo que aseguran que no pueden gobernar los perdedores. Como si en realidad fuésemos un sistema político presidencialista y no parlamentario y como si, sobre todo en los últimos tiempos, no hubiese habido ya una larga la lista de gobiernos encabezados por la minoría. Los más recientes los gobiernos autonómicos y municipales del PP y Vox en más de un centenar de municipios y varias CCAA.

Entonces, si no puede ser así: proponen estos mismos que se abstenga la oposición, como ocurrió con Rajoy después de casi un año en funciones y sin control parlamentario, o en su defecto un pacto de investidura entre los partidos mayoritarios que, según ellos, son los que han salido reforzados de estas elecciones.

El problema es que no solo se requiere una mayoría parlamentaria para la investidura, sino ante todo para garantizar el gobierno y la estabilidad a lo largo de la legislatura. Para contraejemplo: la investidura en falso de Mariano Rajoy.

Pues entonces, dicen los de siempre que a la alemana: que gobierne la gran coalición presidida por el mayoritario o incluso con el esperpento del reparto de tiempos en la presidencia del gobierno. El problema es que Alemania ya no es el ejemplo de gran coalición, sino de coalición rojiverde del estilo de nuestro último gobierno de coalición progresista.

Todo ello a pesar de que continúan los ecos de las elecciones autonómicas en la línea de acuerdos de coalición de gobierno entre el PP y la ultraderecha. Ahora en Murcia y Aragón, después de Valencia, Baleares y Extremadura con el precedente de Castilla y León. En gobiernos que suprimen las consejerías de igualdad, minimizan y sustituyen la violencia de género por violencia intrafamiliar, retiran las banderas LGTBI, desprecian los marcos de concertación social y el papel de los sindicatos e incluso niegan las pandemias y las consecuencias del cambio climático.

Un proyecto que no se queda dentro de nuestras fronteras sino que pretende normalizar a la ultraderecha para reconfigurar las alianzas que han protagonizado la construcción y hasta ahora las instituciones europeas.

En definitiva, una difícil digestión de un resultado electoral es cierto que equilibrado, pero en el que la derecha gana en solitario pero no gobierna y la izquierda resiste el embate y puede gobernar por su capacidad de diálogo.

Por eso la derecha ha pasado en apenas cuarenta y ocho horas de las musas de la coalición natural con la ultraderecha a la gran coalición contra natura con un PSOE que de ser sanchista, y poco menos que separatista y filoetarra, ha pasado a ser tratado como un partido de Estado.

Por otra parte, Núñez Feijóo ha anunciado que de ser propuesto por el rey como fuerza política más votada no la eludirá, como hizo Mariano Rajoy en su momento, y se presentará a la sesión de investidura. Una presión nada velada al Jefe del Estado y un gesto de autoridad hacia el interior del partido que, como las mociones de censura, los carga el diablo. Todo ello a pesar de no contar con ninguna posibilidad de articular las alianzas imprescindibles para lograr la mayoría en la investidura. Sobre todo por la presencia excluyente de la ultraderecha y después del rechazo del PNV, siquiera a acudir a la ronda de conversaciones anunciada por Núñez Feijóo.

En el ámbito de la izquierda de gobierno, el PSOE con Sumar y sus apoyos parlamentarios se mantienen a la espera de los movimientos de la derecha, pero dispuestos a apurar los tiempos y el diálogo para hacer viable el acuerdo, entre las declaraciones maximalistas de Junts sobre la amnistía y la autodeterminación y el escándalo de las derechas agitando como anatema al prófugo Puigdemont.

La única voz disonante es la de los conocidos dirigentes del PSOE que han venido cuestionando a Sánchez y sus alianzas desde un principio y dentro de Sumar los que han hecho lo mismo con Yolanda Díaz y que ahora cuestionan sus resultados y reivindican su autonomía política dentro del grupo parlamentario. Lo contrario de lo que ha hecho Zapatero por un lado y la quincena de partidos de Sumar por el otro. Nada nuevo.

En definitiva, la primera prueba de fuego tendrá lugar en pleno ferragosto con las votaciones de la presidencia y de la composición de la Mesa, el órgano de gobierno del Congreso de los Diputados. Luego vendrán los contactos y la propuesta de candidato a presidente del gobierno por parte del rey Felipe VI al presidente o presidenta del Congreso.

En este sentido, los resultados electorales tanto de la izquierda como de los nacionalistas e independentistas en Cataluña y también en Euskadi pueden facilitar la negociación de la continuidad de un gobierno progresista encabezado por Pedro Sánchez y por tanto evitar el peligro de una nueva convocatoria electoral.

Mientras tanto, la economía española sigue al alza en las últimas previsiones de crecimiento y de inflación realizadas por el FMI y los datos del turismo y empleo continúan mejorando, como refutación de la campaña de recesión y ruina de las derechas durante los últimos años.

Por contra, las peores consecuencias del cambio climático se abaten sobre el Mediterráneo y el sur de Europa en forma de tsunamis de calor e incendios devastadores, y sin embargo las derechas europeas niegan la emergencia, frenan las medidas de descarbonización y de transición energética y se acaban de oponer a la directiva de restauración de la naturaleza.

Se trata de una transición ecológica socialmente asimétrica, que sin un mayor esfuerzo de justicia social puede provocar nuevas resistencias negacionistas que ahora pretende capitalizar no solo la ultraderecha sino el conjunto de la derecha europea. Atentos.

P.D. A todo esto, no podía faltar el rey emérito, que después de anunciar su vuelta definitiva a España en función de un cambio de gobierno con Feijóo al frente, visita Galicia por tercera vez desde su refugio fiscal. Es cada día menos noticia y cada día se le piden menos explicaciones y más declaraciones de impuestos. Por eso se marchó a Abu Dhabi y por eso no vuelve. En todo caso no se puede quejar de la inviolabilidad ni de la prescripción, hábilmente manejadas por la fiscalía y por Hacienda.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.

Ante los cambios de época y los nuevos retos en la sociedad de las catástrofes y las emergencias hay quien recurre a la reforma constitucional como bálsamo de Fierabrás, paradójicamente cuando es mayor la polarización y menor la posibilidad de acuerdo, y además en el actual periodo político populista presidido por la polarización amigo-enemigo y por la simplificación de los problemas complejos.

En su defecto aparece también el recurso de los manidos Pactos de Estado, rememorando el carácter fundacional en la Transición democrática de los Pactos de la Moncloa, últimamente para blindar materias propias del Estado del bienestar, en la línea del Pacto de Toledo.

Porque lo que está en cuestión es el propio modelo de Estado del bienestar, los derechos sociales y sus servicios públicos universales, sustituido por la más etérea e individualista sociedad del bienestar y la consiguiente privatización o por el eufemismo de la colaboración publico-privada.

Sin embargo, el único pacto de Estado que hoy se puede considerar como tal, el Pacto de Toledo, tampoco goza del consenso político precisamente en uno de sus pilares, como es la revalorización de las pensiones, lo que cuestiona más allá incluso su carácter contributivo y solidario y remite de nuevo a la alternativa de un sistema mixto.

La salida de la pandemia, con sus luces y sombras, con el surgimiento de nuevas catástrofes como la guerra y las consecuencias de la emergencia climática, han acentuado la sensación de miedo e incertidumbre. Hoy vivimos entre el miedo de los más vulnerables y el sálvese quien pueda prácticamente del resto que se sienten inseguros, y como consecuencia en una crisis existencial de los servicios públicos y en particular en la sanidad pública.

Con motivo de las recientes movilizaciones de los profesionales en defensa de las urgencias extrahospitalarias y de la atención primaria, además de las distintas negociaciones en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de algunas medidas de choque del gobierno central, muchos analistas parecen coincidir de nuevo –además de en el trazo grueso del diagnóstico sobre la crisis– en un lugar común: la necesidad de un Pacto de Estado por la Sanidad en la línea del Pacto de Toledo, cuando no en la necesidad de una nueva ley general de sanidad después de más de tres décadas de vigencia.

No es la primera vez que se reconocen las carencias de nuestro sistema sanitario y la necesidad de un acuerdo que lo actualice, entre otras razones como consecuencia del envejecimiento de la población, de la evolución de las tecnologías sanitarias, del individualismo de la sociedad de consumo y de la revolución digital. Lo que es preocupante es que se pongan en cuestión no solo aspectos puntuales relativos a la necesaria actualización de la gestión, la planificación, la formación o del estatuto del personal sanitario, sino las propias bases del sistema público: como son su carácter universal, la equidad y su accesibilidad.

Porque en relación a la sanidad pública las discrepancias también son mucho mayores que sobre el sistema de pensiones, hasta el punto de que tan solo se mantiene el acuerdo en su financiación pública, ya que por parte de sectores de la derecha se cuestiona su carácter descentralizado e incluso ni siquiera se respeta la universalidad de la atención a los inmigrantes, ni la garantía de la accesibilidad para todos. Para muestra, lo ocurrido en la tragedia de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid. En realidad se trata de la alternativa a la sanidad pública de un sistema de colaboración público privada.

El pacto sanitario es además más complejo porque es obligado que participen, dentro de un sistema sanitario descentralizado, al menos el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas, sino también los grupos parlamentarios de la Cortes Generales e incluso las organizaciones profesionales, sindicales y de pacientes relacionadas con el sector salud.

Sin embargo, también es necesario recordar que el mencionado pacto de Estado se ha explorado y no solo en el pasado sino más recientemente. Al menos, en mi experiencia como presidente de la comisión de sanidad del Congreso de los Diputados y miembro de la subcomisión para el estudio de los problemas del sistema sanitario, resultó entonces poco menos que inviable, sobre todo por el carácter antagónico del modelo sanitario propugnado en los últimos tiempos por la derecha y las desconfianzas de los partidos nacionalistas a la injerencia en sus competencias.

Un pacto que fue bloqueado finalmente por la derecha con los argumentos ya conocidos: de una parte con la impugnación del actual modelo de atención primaria y por otra la defensa cerrada de las concesiones y del modelo desarrollado por sus gobiernos autonómicos, con un modelo de gestión privada alternativo al que contempla la ley general de sanidad de mediados de los ochenta del siglo pasado y que se ha ido consolidando, tanto ideológicamente como con un no menos potente entramado de relaciones e intereses, en particular durante el periodo de hegemonía neoliberal. Asimismo, por la desconfianza de los gobiernos nacionalistas a que el mencionado pacto de Estado se pudiera utilizar para una nueva armonización autonómica y con ello para una injerencia en la competencia sanitaria que no solo consideran exclusiva sino incluso excluyente con respecto a las bases y coordinación del Ministerio de Sanidad. Una desconfianza confirmada posteriormente como consecuencia de la polarización política y territorial de la actual década populista.

La división más que el acuerdo en torno al modelo sanitario ha sido particularmente visible en las resistencias a lo largo de las sucesivas olas de la pandemia, primero ante las prórrogas del Estado de Alarma y luego frente a los acuerdos de coordinación del Consejo interterritorial en el marco de la ley de cohesión promovida en su momento por el Partido Popular.

En definitiva, si a pesar de la gravedad de la pandemia no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en aspectos básicos de su gestión, ni en el Congreso de los Diputados y ni siquiera entre los juristas ni en el Tribunal Constitucional, aunque con un grado satisfactorio de cooperación solo lastrado por la estrategia de deslegitimación entre las CCAA y el Gobierno central, y finalmente en la aprobación de una catarata de conclusiones y recomendaciones precipitadas para salvar la cara en el Congreso de los Diputados. Por todo ello, difícilmente se puede pensar que se den hoy las condiciones para un diálogo y mucho menos para un acuerdo, sobre todo en el actual clima de obstrucción y deslegitimación sistemática del Gobierno central, utilizando para ello no solo a los grupos parlamentarios, sino además los gobiernos autonómicos e incluso a instituciones teóricamente neutrales como la propia cúpula de la justicia.

En todo caso, de lo que no cabe ninguna duda es de la extraordinaria respuesta, tanto de los profesionales sanitarios como del sistema sanitario público, muy por encima de sus recursos y de sus posibilidades, a los duros retos de la pandemia, en comparación con otros modelos sanitarios, bien sean privados o mixtos. Una experiencia de resiliencia e innovación y en condiciones de emergencia que debería servir de base para cualquier acuerdo así como para la necesaria reforma del sistema sanitario. Un sistema tocado pero no hundido, algo que justifica su modernización, pero en ningún caso permite su desmantelamiento.

No cabe duda de la crisis y de las dificultades del sistema sanitario público en su conjunto como consecuencia del test de estrés de la pandemia en España y a nivel global, y que se hoy refleja en nuestro país especialmente en la debilidad de la salud pública y en la crisis de la atención primaria y de la salud mental, con consecuencias también en el agravamiento en el conjunto del sistema de la situación previa del sistema de urgencias y de unas listas de espera insostenibles, pero asimismo con carencias –que aunque menos visibles no son menos importantes– como son la orientación reparadora, farmacológica y tecnológica del sistema y su carácter hospitalocéntrico, y en materias tan centrales como la planificación sanitaria, la gestión pública, la promoción de salud, la prevención o la vigilancia epidemiológica.

En definitiva, entre los ciudadanos con malestar y divididos entre los vulnerables y los del sálvese quien pueda, los sanitarios quemados y en la dinámica del agravio de las administraciones y las fuerzas políticas polarizadas, el caldo de cultivo tampoco favorece el acuerdo.

La crisis de la sanidad pública se remonta a la última década del siglo veinte y la primera del actual con la pérdida del impulso integral y comunitario inicial del modelo público, y más tarde con la distorsión provocada por los vientos neoliberales de la estabilización presupuestaria y las primeras experiencias de nuevos modelos de gestión, la mayoría de ellos importados y de orientación privada, plasmados finalmente en la ley 15/97, desde la que hemos ido al rebufo de las sucesivas reformas liberalizadoras del Sistema Nacional de Salud Británico, que por otra parte y con el colapso que sufre en la actualidad, tampoco se han demostrado precisamente exitosas.

Por tanto, la pregunta fundamental es si la necesidad acuciante de reformas que fortalezcan el sistema público es una prioridad también para el conjunto de las administraciones y fuerzas políticas y sociales, además de para los ciudadanos y los expertos, o si por el contrario se trata para una parte relevante de ellos de una oportunidad para profundizar en su reorientación hacia un modelo mixto, no solo de gestión sino también de subordinación al sector privado, denominado eufemísticamente de colaboración público-privada, pero que trata la salud como una oportunidad de negocio, más que como un derecho universal. Algo que se ha visto de forma plástica a la par que dramática a lo largo de la pandemia, con el desbordamiento de la sanidad pública, aprovechado para el incremento de las pólizas de la sanidad privada y trágicamente en los protocolos para la no derivación de ancianos a la sanidad pública.

Es por todo esto que en el actual contexto quizá cabría plantearse, no tanto el objetivo del manido Pacto de Estado sobre el conjunto del Sistema Nacional de Salud, hoy por hoy inviable, sino la posibilidad de algunas reformas concretas pactadas.

Algo similar al llamado pacto de rentas en materia sociolaboral que a diferencia de los pactos de la Moncloa se ha establecido bien mediante mesas de concertación como la reforma laboral, parcialmente la reforma de las pensiones y más recientemente el acuerdo marco para el incremento salarial.

En el ámbito de la sanidad pública mutatis mutandis podría desarrollarse mediante algunas reformas parciales que fortalezcan y modernicen los pilares del sistema sanitario público en la línea de la ley general de sanidad, bien en una comisión del congreso y luego en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, para su posterior desarrollo desde el Gobierno central y en colaboración con las CCAA gobernadas por formaciones políticas que comparten estos presupuestos.

Entre estas reformas, hasta ahora incomprensiblemente aplazadas, está la puesta en marcha definitiva de la Agencia de Salud Pública, aparte de otras medidas urgentes de relanzamiento tanto de la atención primaria como de la salud mental, así como el avance en algunas de prioridades como son la planificación sanitaria, los modelos de gestión pública, de formación y especialización y de consolidación del empleo sanitario, junto a la de coordinación de las agencias de evaluación de la calidad del sistema en el sentido del modelo NICE y la garantía efectiva del acceso y la cobertura universal. Para todo ello es imprescindible dotarse de un presupuesto digno para su desarrollo.

Estas medidas seguramente no tendrán tanto predicamento como el Pacto de Estado, pero sí serían alcanzables con la voluntad política de la mayoría y podrían crear las condiciones necesarias para un futuro pacto de Estado.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa

La pregunta fundamental que nos hacemos los progresistas y la izquierda después de la reciente derrota electoral y al leer las últimas encuestas (salvo las del CIS) es por qué las evidentes mejoras sociales y los avances en materia de derechos civiles aprobados por el gobierno de coalición en un contexto de catástrofes y emergencias no movilizan al electorado progresista, y por el contrario el falso relato de la ruina de España y la impugnación del gobierno, agitada desde un principio y al margen de la realidad por parte de las derechas, ha calado hasta el punto de movilizar a una mayoría.

La primera explicación podría ser que muchos de estos avances se dan por descontados para una parte de la ciudadanía, independientemente del color del gobierno de turno, formando una parte casi intrínseca del juego perverso del populismo político de las ofertas electorales inagotables y del narcisismo ciudadano de las demandas crecientes e insatisfechas. Sin embargo, cuando la experiencia reciente demuestra precisamente lo contrario, ya que la salida de la crisis de hace tan solo una década se produjo en base a los recortes, el recorte de derechos y las privatizaciones, provocando una devaluación de los salarios y del sector público hasta entonces sin precedentes. Solo la desmemoria podría por lo tanto explicarla.

Otra posible argumentación es que dichas mejoras, entre otras en el salario mínimo, en las pensiones o en el incremento de la financiación de los servicios públicos como la educación, la sanidad y los derechos sociales se han visto finalmente reducidas a su mínima expresión, por ejemplo en la sanidad pública como consecuencia del impacto de la pandemia y en el caso del salario mínimo, las pensiones o los apoyos a los sectores afectados como efecto de la inflación de los precios, reduciendo o cambiando la valoración de los afectados y de la ciudadanía en general y su consiguiente voluntad de movilización electoral. Eso explicaría también las respuestas aparentemente contradictorias en las encuestas entre la favorable situación personal y la mala impresión general.

Otra explicación sería una mezcla de las anteriores como subproducto de la polarización social, política e ideológica, de modo que una parte de los ciudadanos progresistas las valoraría como insuficientes y motivo de frustración el balance de las medidas adoptadas, mientras, por contra, entre los sectores conservadores se las consideraría como una agresión intolerable a sus intereses y valores, cada vez más ligados al mercado y más alejados de cualquier sensibilidad con la defensa de lo público. 

Se añadiría además la polarización ideológica en torno a temas identitarios como la patria y sus símbolos frente a los apoyos nacionalistas y las sobreactuaciones del propio Gobierno, en relación al laicismo y en defensa de una pseudo confesionalidad católica, en particular en la enseñanza, también como reacción al empoderamiento de las mujeres y a las leyes de igualdad de género, así como en contra de las restricciones que conlleva la emergencia climática... y en definitiva sobre los temas culturales. Todo esto llevaría a una activa movilización de resistencia a los cambios y por contra a la pasividad de quienes no los apoyan activamente, unos por considerarlos excesivos y otros por insuficientes.

A todo ello se suma la dificultad para encontrar algún territorio compartido entre gobierno y oposición que permita amplios acuerdos en materias institucionales y también en cuestiones sociales como se dio en su momento en el Pacto de Toledo o ambientales como la protección de los espacios naturales como Doñana que eviten el síndrome de Penélope del tejer y destejer en cada alternancia electoral, con el consiguiente desprestigio de la política, entendida como dirección colectiva de la sociedad mediante el diálogo y el acuerdo entre buena parte de los ciudadanos.

En este clima no es de extrañar el crecimiento del peligro del nihilismo y de la antipolítica como culminación del populismo y antesala del autoritarismo.

A estas posibles causas habría que añadirles la distorsión del mensaje de unos medios de comunicación abrumadoramente cada día más conservadores y cada vez más adictos al negativismo, cuando no al catastrofismo, que diluyen y distorsionan la percepción de los ciudadanos, excitando el desafecto con la evidente intención de movilizar a los propios y desactivar a los ajenos.

Este conjunto de factores podría llevar a la conclusión de que la situación es poco menos que ineludible, dada la desigual relación de fuerzas entre la simplicidad del mensaje populista de la oposición conservadora frente a la complejidad de la política de gestión progresista, además en un clima de catástrofes y de transformación digital que primaría el trazo grueso populista frente a los matices de la política. Lo más dañino del populismo, y que ha infectado a toda la política, es que ha deteriorado el espacio para la explicación racional, y eso afecta más a la izquierda porque es más vulnerable a la manipulación de un mensaje emocional aunque también haya intentado servirse de esa emoción como principal vía para el cambio social. Es cierto que lo emocional no puede estar al margen de la política pues la impulsa a nuevos retos e impide retrocesos, pero hacer de ella la estructura central en la vida institucional deteriora el sistema político y, peor todavía, el de la propia convivencia.

Ahora se trata de poner en valor las principales medidas adoptadas y al tiempo de reconocer sus limitaciones, como también de la rectificación y del compromiso para evitar las sobreactuaciones en el debate identitario huyendo de la polarización populista, y también de establecer las diferencias de modelo y estratégicas con los circunstanciales aliados parlamentarios en temas tan importantes como el modelo de Estado o el de convivencia democrática.

También se trata de combinar la dialéctica política en los medios de comunicación con la de las redes sociales, pero sobre todo de recuperar la presencia en la sociedad civil y en particular de la presencia en los sindicatos y todo tipo de organizaciones sociales, culturales y de solidaridad. Recuperando, en definitiva, la conciencia de la complejidad que indica que es el acuerdo, el pacto, y por tanto la deliberación, el principal método de cambio.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.

Oviedo conforma, como muchas ciudades, un municipio con su correspondiente zona rural. Es una capital histórica, en este caso de una Comunidad Autónoma, y además forma parte de un área metropolitana que no está desarrollada. Esto, en la Europa de hoy, es una disfunción que hay que corregir. Hoy cuentan los núcleos cívicos que son capaces de integrarse y desarrollar economías de escala. Ahí está el futuro.

Como otras, es una ciudad de ciudades, de barrios y pueblos que, como tantas otras de nuestro país, ha ido configurándose a lo largo de siglos. A la ciudad histórica se han ido sumando la ciudad de servicios, la ciudad universitaria y la capital administrativa. Todas han ido sucediéndose unas a otras y, a la vez, superponiéndose y solapándose entre sí como si de estratos geológicos se tratase.

A un casco histórico tributario de un mayor dinamismo y protección, se le añadió una ciudad comercial hoy en plena crisis digital, una ciudad administrativa y de servicios, tan importantes como las sedes de las instituciones, el hospital central y la Universidad. Todo esto junto a las localidades agrícolas y barrios industriales de aluvión, que aún hoy continúan estando discriminados, y alguno incluso segregado, conforman una periferia agrícola e industrial. Más recientemente han llegado los enmarañados polígonos industriales, los grandes centros comerciales y los equipamientos e infraestructuras de la zona metropolitana. Un relato similar al de otras ciudades españolas.

La ciudad metropolitana, en nuestro caso, existe, pero desordenada, no pensada ni aprovechada. Sin embargo, acoge la vida que antes permanecía confinada en los límites de una ciudad. Se reside, se produce, se consume, se intercambia, se disfruta del ocio en distintos sitios que convergen en la vida real de las personas, pero no existe ordenación territorial de esta nueva realidad. Insisto, para muchos municipios a Europa sólo se llega a través de las áreas metropolitanas, y estas requieren ordenar todo esto que he descrito.

Mi municipio y sus ciudadanos tienen unas necesidades básicas que no son muy distintas de las del resto: el empleo de calidad, la accesibilidad, la vivienda y los correspondientes servicios públicos como la sanidad, la educación, los cuidados y los servicios sociales como garantía de derechos universales que, aunque no forman parte de las competencias estrictas de ciudades o municipios, solo tienen solución con amplios acuerdos políticos y sociales también del ámbito local, más allá de su equipo de gobierno, y ante todo con la colaboración de la administración autonómica y de la estatal correspondientes.

Sin embargo, si algo se ha echado en falta en los últimos años de esta larga década populista ha sido el diálogo y sobre todo los acuerdos, incluso en los asuntos más básicos y cercanos a los ciudadanos. Muy al contrario, la polarización y la crispación han sido, junto a su anverso de las políticas de austeridad y la corrupción, los principales obstáculos para el ejercicio de la política útil y la gestión cotidiana, incluso en la más cercana de los municipios. Como consecuencia ha provocado la extensión, como una mancha de aceite, del descrédito y la desafección entre los ciudadanos. Algo que es urgente revertir mediante acuerdos políticos y colaboración institucional que contribuya a mejorar la vida de los ciudadanos y, como consecuencia, la imagen de la política.

Es lógico que cada ámbito responda de sus propias competencias, pero lo cierto es que la política local no puede quedarse ahí ni eludir la colaboración más activa en materias tan esenciales como la educación, y no solo en la educación infantil sino también en materia de infraestructuras escolares, becas de comedor y extensión de la escuela, la universidad y la cultura en los barrios, en materias como el patrimonio, el deporte, la música y las artes plásticas. Asimismo, en la prevención y promoción de la salud, el deporte saludable, no solo ante la emergencia social, sino también ante el acoso, el maltrato, la soledad involuntaria y los cuidados. La vida ha desbordado a la realidad administrativa y hay que responder a ella. Hoy la ciudad es una esfera política de gran exigencia, por esto también la necesidad de que las ciudades y los municipios mancomunen esfuerzos. Las áreas metropolitanas las dotan además de magnitud europea.

También en el urbanismo y ante todo en el derecho a la vivienda han entrado recientemente en campaña, tanto con la aprobación de la primera ley de vivienda de la democracia, como con la decisión del Gobierno de poner a disposición de SEPES los terrenos del banco malo y en particular los del Ministerio de Defensa para la construcción de vivienda pública de alquiler a precios accesibles. Para muchas ciudades, estos terrenos situados en el corazón del municipio son además una oportunidad ineludible para el desarrollo de un nuevo urbanismo que promueva nuevas actividades económicas sostenibles y con ello de empleo de calidad, aumente la calidad de vida de los ciudadanos, por ejemplo en base a la nueva movilidad mediante rutas de paseo seguras y carriles para la bicicleta, y amplíe los equipamientos y las zonas verdes como parte de la estrategia de ruralización del espacio urbano.

Por otra parte, en tiempos como los actuales de catástrofes encadenadas, así como de transformación digital, tampoco se puede dejar que las alternativas a los problemas globales del cambio de modelo económico, social, tecnológico y ambiental queden tan solo en manos de los organismos internacionales y de las grandes corporaciones o como mucho de la política europea y estatal. Necesitamos contribuir al cambio también desde el ámbito más cercano a los ciudadanos, bien con medidas paliativas y de adaptación a las consecuencias de las catástrofes como ocurre con los efectos de la pandemia y del cambio climático, como también de reformas y transformaciones posibles mediante las estrategias de prevención, protección y en definitiva de generación de una nueva economía circular y otra cultura de consumo para contribuir a reducirlas.

La democracia es una idea que necesita del ámbito local para arraigar en la ciudadanía. Y una Europa próspera depende de que una nueva idea nueva de ciudad se desarrolle. En España aún queda mucho por recorrer. Asturias, por ejemplo, hay que pensarla como una comunidad que es un único espacio cívico seguro que no somos un caso especial. España necesita una nueva ordenación territorial eminentemente política.

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Gaspar Llamazares es candidato a la Alcaldía por Convocatoria por Oviedo.

El partido ha vuelto, de la mano de la dirección de Podemos. Era algo predecible, aunque esta vez como parte del eterno debate de la izquierda ante el reto de las próximas elecciones generales. Así, el nuevo partido de Podemos le exige a la candidata y al proyecto en ciernes de Sumar no solo respeto sino un trato de igual a igual y de coalición entre ambos, como si de partidos se tratase.

Lo primero que llama la atención es que esta reivindicación del partido político tradicional la encabece precisamente quien utilizó como discurso fundador y de crítica al sistema el borroso concepto de movimiento político que no solo nacía para impugnar estas estructuras sino que pretendía ser su alternativa sistémica. Todo ello dentro de la negación populista del régimen del 78, de la casta y de la vieja política y, dentro de ellas, de las instituciones mediadoras de la democracia representativa entre las que destaca el Parlamento y, por tanto, los partidos políticos.

También que haga un emplazamiento a Sumar, que es, sobre todo, un fenómeno político que comienza a buscar su estructura en torno a la persona de Yolanda Díaz y al marco de la democracia representativa y de cooperación entre toda la izquierda, y que renuncia al asalto para pasar a la reforma fuerte. A partir del acto del polideportivo Magariños, una plataforma de más de una decena de partidos y que pretende ser el proyecto de una futura izquierda confederal, inicialmente en el plano electoral.

La primera reflexión es que la estrategia populista y el autodenominado partido-movimiento, si bien han resultado discursivamente exitosas al presentarse como alternativas supuestamente más participativas frente a la democracia representativa para canalizar la indignación y acceder a la representación y al poder en su momento, no lo han sido tanto para consolidar más tarde la presencia en las instituciones y tampoco para la tarea de gobernar. Los sueños irrealistas teóricos producen disfunciones permanentes, como vemos en el proceso de mitosis conflictiva permanente que ha generado ese partido-movimiento y cómo sus logros lo han sido en la medida que acepta el marco conceptual de la democracia y de la tradición de la izquierda.

De hecho, los nuevos partidos, entre los que se encontraría Podemos, están hoy muy alejados de la pulsión inicial de movimiento y son en su funcionamiento una organización política tradicional de cargos públicos, eso sí con una dirección personalista. La principal diferencia es que las nuevas formaciones carecen del desarrollo organizativo de los viejos partidos políticos, sobre todo en el ámbito de los territorios y las localidades, ya que las organizaciones de sector o de barrio, de existir, aún son residuales. Por eso no resulta extraño el escaso desarrollo de las organizaciones de los nuevos partidos como Podemos o Más País, en general y en particular a nivel local y por consiguiente su escaso papel en la política municipal, salvo en los medios más urbanos. Algo que ocurre con los nuevos partidos en toda Europa. Bastaría comparar para comprobarlo con contabilizar el significativo número de candidaturas presentadas en las elecciones locales por los partidos tradicionales frente a los nuevos partidos.

En otro plano, hoy es indistinguible el modelo de democracia interna de los llamados nuevos partidos con respecto a la de los partidos tradicionales del denostado bipartidismo, si bien en ninguno de los dos casos destaca por su calidad. Lo único novedoso en ambos ha sido de un lado la inflamación personalista y de otro el recurso a las elecciones primarias abiertas que comparten, si bien con diferentes acentos. El problema, que es práctico pero necesita ser abordado desde un marco teórico y de concepto, radica en que las primarias, que en un principio sirvieron para desbloquear el férreo control de los aparatos de los partidos sobre las listas electorales, más tarde, lejos de servir para garantizar la pluralidad y abrir la forma partido a la sociedad, han sido utilizadas por el contrario para homogeneizar aún más las direcciones y para alinear la representación política en torno al líder. La ley de hierro permanece. Una perversión de su finalidad que hoy hace poco creíble basar sobre las primarias cualquier propuesta de regeneración política o de renovación de la izquierda. Y es que la democracia directa, desligada del marco representativo, ha sido muy utilizada por algunos autoritarismos como mecanismo de control y legitimación.

Por eso Podemos ha pasado de reclamar en un primer momento un acuerdo bilateral al modo de las coaliciones electorales de partidos clásicos, a más recientemente exigir a Yolanda Díaz la firma de un compromiso por escrito para la elección de las candidaturas a las próximas elecciones generales mediante primarias abiertas a la ciudadanía. La contradicción radica en que se haya solicitado el denostado acuerdo de mesa camilla entre Podemos y Sumar para un compromiso de elección de las candidaturas por el método de primarias, como requisito imprescindible para participar en el acto de Sumar y luego hacer campaña conjunta a las elecciones autonómicas y municipales.

Además, resulta también contradictorio, y cuanto menos precipitado, anticipar el debate sobre el método de elección de listas al acuerdo sobre el proyecto y a la elaboración del programa. Sobre todo cuando en sus últimas declaraciones Podemos alude a que existen no solo diferentes posiciones de forma y fondo en algunas cuestiones entre ambos proyectos, sino dos espacios políticos claramente diferenciados. La declaraciones de Pablo Iglesias analizando el acto de Sumar sitúan a Podemos claramente en una posición izquierdista en política interna y externa, muy poco novedosa por otra parte, frente a un reformismo fuerte que Yolanda ha desarrollado en el Gobierno que asume contradicciones y una complejidad de lo real que no van a desparecer.

Lo más relevante es que Podemos exige compromiso sobre un método de elección de listas que pretende cerrar de forma exclusiva y excluyente entre dos, cuando en realidad es consciente de que Sumar se trata de un conjunto de fuerzas de sensibilidades e identidades diversas, hoy representadas en el grupo parlamentario confederal y en el Grupo Mixto, que sabe por experiencia propia que no se han dejado ni se dejarán representar ni tutelar.

Muy al contrario, la estructura confederal del proyecto que hoy representa Sumar es la única garantía para sumar votos y escaños en las próximas elecciones generales y para garantizar la continuidad del Gobierno de coalición progresista, que a tenor de sus declaraciones también comparte la dirección de Podemos.

En este sentido, resulta asimismo contradictorio que por una parte Podemos reivindique el alto nivel alcanzado en los acuerdos autonómicos y municipales con los partidos de la izquierda presentes en Sumar y que, sin embargo, nada de esto haya servido para recuperar la mínima confianza para facilitar la presencia de Podemos en el acto constituyente de Sumar y en la aceptación de Yolanda Díaz como candidata. Quizás la mirada debe ser más profunda y analizar las relaciones de poder que se pretenden consolidar. A no ser que el objetivo sea instalarse en el populismo y alejarse de la política. No hay nada más material que el poder, incluso el que se necesita desde el izquierdismo.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.

Lo esencial en la política, como también en la vida, no es solo sumar sino fundamentalmente saber sumar. Es la diferencia que existe entre la cantidad y la calidad.

Porque lo fácil es sumar sin más, en este caso a las organizaciones existentes y a las personas que nos reclamamos de la izquierda, independientemente de si se trata de un proyecto más o menos común y de una imagen más o menos coherente y estimulante. Lo realmente difícil es que logren sumar el mayor número de votos para gobernar. Sobre todo si a esto se añade que los tiempos que ahora vivimos están más cerca del escepticismo que de la indignación del pasado. 

Y es que lo más difícil es saber sumar ideas, proyectos y personas para luego añadir votos que logren la mayoría necesaria para gobernar.

Hace tiempo que la izquierda española en su diversidad supo sumar la impugnación de las políticas de recortes y de austeridad del gobierno de la derecha, así como las voluntades para abrir un nuevo tiempo de diálogo que pasase página de la dinámica de escalada de acción y reacción entre la huida hacia adelante del independentismo y la respuesta represiva nacionalpatriótica en Cataluña.

Esta ha sido también la diferencia entre el saber sumar del acuerdo de gobierno compartido a principios de la legislatura y el sumar de los que solo defendíamos el apoyo parlamentario, a pesar de que hasta minutos antes primaba la desconfianza. También entre la mera suma de la compartimentalización de ministerios estancos frente al saber sumar del trabajoso avance hacia el desarrollo de un proyecto y un programa de gobierno compartidos que, finalmente, a pesar de verse forzado a gestionar un tiempo de emergencias sin precedente, al mismo tiempo ha logrado cambios significativos en las políticas económicas, en los derechos sociales y de libertades e incluso ha participado en un giro político sin precedentes en el marco de la Unión Europea.

Un proyecto que para salir adelante ha tenido que dejar en el camino buena parte del antagonismo y la polarización de una de las partes, así como la tentación hegemónica, el tacticismo y el continuismo de la otra, no sin resistencias que de vez en cuando reverdecen. El objetivo compartido ha sido la consolidación de una mayoría de investidura que se ha mantenido unida y que habría que recrear para dar continuidad a los cambios.  

De igual modo, hay diferencias entre este saber sumar, que se resume en las reformas legales y los presupuestos aprobados por el gobierno de coalición, y la mera adición de materias, que a veces han resultado ser contradictorias entre sí y que últimamente han provocado las divergencias y han hecho aflorar de nuevo más desconfianzas dentro del gobierno de coalición, y que como consecuencia han podido influir en la desmovilización y la desafección entre una parte de los votantes de las izquierdas. Más que saber sumar, la mera suma a veces ha restado.

Ahora estamos ante un período electoral, que es cuando saber sumar y su diferencia con sumar es lo más importante, poco menos que decisivo.

Eso significa sobre todo continuar con la estrategia del saber sumar en la acción de gobierno evitando las contradicciones del solo sumar, en particular en estas semanas y meses electorales.

Pero también tenemos el reto de trasladar la mejor experiencia del diálogo, los acuerdos y las reformas del Gobierno a la estrategia, a las próximas alianzas, a los programas y también a las candidaturas. Una imagen y un contenido que representa la vicepresidenta Yolanda Díaz y unos contenidos que se resumen en los efectos de la reforma laboral como paradigma de la mejor gestión de Unidas Podemos dentro del gobierno de coalición.

Es precisamente por eso que algunos pensamos que no deberíamos desaprovechar la oportunidad de hacerlo antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales, para luego ampliarlo de cara a las elecciones generales. Sobre todo para no volver a empezar desde cero dentro de seis meses. Todo un mundo en política.

En este sentido no es buena idea proponer precipitadamente un acuerdo de coalición que pueda interpretarse como un cierre del proceso de fundación de Sumar o la exclusión de otras formaciones políticas, como tampoco anteponer el método de elección de listas a la definición del proyecto y el programa electoral.

Por eso es imprescindible que todos los partidos, colectivos y personas seamos capaces de seguir dando un margen de confianza a Yolanda Díaz como candidata y como representante del amplio espacio de las izquierdas.

Eso no obsta para que simultáneamente avancemos sin prisa pero sin pausa en los contactos, tanto en la definición del proyecto de Sumar, como en el acuerdo con el conjunto de los partidos de la izquierda sobre un programa y sobre un procedimiento inequívocamente democrático para la elección de las candidaturas. 

En definitiva, porque la mejor carta de presentación electoral es la voluntad del tándem del gobierno y de la mayoría de la legislatura para culminar las reformas. En manos de todos nosotros está. Porque se trata de sumar.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.