Una oleada reaccionaria sacude el mundo y el epicentro se sitúa en la Casa Blanca. Cualquier atisbo de multilateralidad, derecho internacional, normas de convivencia, han saltado por los aires desde la segunda llegada de Trump al poder. Pero esta evidencia geopolítica no puede tener tal fuerza de destello que nos impida ver qué ocurre y por qué en entornos próximos, locales, en nuestro propio país, emergen con fuerza electoral opciones políticas ultraderechistas, y de forma paralela, una narrativa reaccionaria se abre paso entre segmentos de la población que, lejos de ser mayoritarios, tampoco son ya marginales.

Cuando viajo por Europa, España es la referencia progresista se hable con quien se hable dentro del mundo sindical y político, y cuesta hacer entender que haya calado parcialmente una sensación de país al borde del caos (económico, social, laboral) que no se sostiene al aproximarse a ninguna cifra ni a ningún dato, pero tampoco a cualquier aproximación empírica a España. 

El “no sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa” de Ortega forma parte del signo de los tiempos, y no pretendo en este artículo desgranar las razones o causas que explican este fenómeno político. Pero sí salir al paso de una visión que se instala en los análisis de personas de izquierdas o progresistas, y que creo tiene un efecto contraproducente, desmovilizador, y que, además, no responde a la realidad. Me refiero al razonamiento que viene a decir que son las insuficiencias de las políticas de izquierda las que alimentan el fenómeno ultraderechista por no dar cumplida respuesta a las demandas sociales. Allí donde los gobiernos no son de izquierdas, se atribuye a los déficits democráticos la razón del ascenso ultra. La democracia no funciona, y esto hace que la gente abrace los radicalismos, en este caso el populismo de extrema derecha.

Sostengo lo contrario. Que son precisamente la democracia, las políticas de izquierda en su caso, los avances igualitarios en las sociedades, las que provocan una reacción en sentido contrario en espectros sociales que añoran una recuperación de viejas jerarquías de dominación, que apelan a espacios de seguridad, por decirlo de forma gráfica, de cuando “todo era sólido”.

Esto no quiere decir que no haya insuficiencias en las políticas impulsadas, y que puedan desmotivar adhesión o entusiasmo social de “los propios”. Hay contextos de incerteza, dificultades para establecer proyectos sólidos de vida (el acceso a la vivienda como factor central), ruptura de la comunidad asociada mentalmente aún a las sociedades industriales y la seguridad que conllevaban, que, en efecto, constituyen ecosistemas propicios para la demagogia antipolítica, o para que se instale una cierta añoranza ante la sensación de ocaso. Pero los contextos no pueden ser pretextos para explicaciones melancólicas y –en el fondo– paternalistas, que pretenden opacar lo que me parece obvio: hay una reacción de reaccionarios que se oponen al avance social, al igualitarismo, precisamente porque se dan esos avances sociales y no por las insuficiencias de estos.

Creo que, si no partimos de este análisis, vamos mal encaminados para profundizar en políticas democráticas, igualitarias, de distribución de poder y riqueza, en un contexto tan complejo como el actual. Hagamos una aproximación a datos y reflexiones sobre la situación socioeconómica en España. 

Por poner en contexto. Desde el año 2018 se han incrementado en nuestro país el número de cotizantes a la Seguridad Social en 3 millones de personas. Nunca ha habido más personas trabajando en España que en este momento. La población española se asoma a los 50 millones de habitantes cuando a inicios de 2018 éramos poco más de 46,6 millones. Algunos análisis de expertos cualificados en materia de pensiones pronosticaban hace tres décadas, que en el año 2025 tendríamos 40 millones de habitantes y 16,7 millones de cotizantes a la seguridad social. 

No es la primera vez que dinámicas de este tipo se instalan en España. La expansión de la construcción a finales del siglo XX y los primeros años del XXI, y el crecimiento de la economía, también impulsaron una fuerte creación de empleo, reducción del paro, crecimiento de la población, así como un intenso flujo migratorio.

La diferencia es que, en aquel caso, el fundamento del crecimiento era un inmenso endeudamiento externo e interno, privado (hogares, empresas y entidades financieras), asociado a una enorme burbuja inmobiliaria, con profundos desequilibrios exteriores de nuestra economía, y expansión del empleo en sectores intensivos en mano de obra y de baja productividad, mientras que la actual situación tiene fundamentos notablemente más sólidos.

Entonces se habló de milagro económico y ahora hay quien pretende hablar de hecatombe económica. Si hoy, como afirmaba Enric Juliana, hubiera en España un gobierno y una mayoría parlamentaria distinta (de derechas, para entendernos), faltarían epítetos, metáforas, metonimias e hipérboles, para glosar la dimensión de tal gesta patria en términos que dejarían el Cantar del Mío Cid como una discreta letrilla asonante.

Además, la evolución del empleo ha sido compatible con la subida del SMI en un 61% nominal, una reducción de la temporalidad a menos de la mitad de la que solíamos tener (hasta un 15,6%, que se reduce hasta el 13% en el sector privado) y un notable incremento de la contratación indefinida. 

En un reciente documento del servicio de estudios del BBVA se apuntaba que la mejora del empleo era una de las principales variables para explicar la mejor situación comparada de la economía española. En la misma línea, el Informe del Observatorio de Productividad de la Fundación del BBVA y el IVIE hablan de un crecimiento de la productividad de la economía española, así como del PIB per cápita, en el citado contexto de intenso incremento de la población.

Por primera vez en España crece a la vez la economía y el empleo, los salarios y la productividad. Pero no es solo eso.

España está ante una oportunidad sin precedente de consolidar esa transformación, si aprovechamos nuestra disposición geográfica y dimensión, para convertirnos en una potencia energética gracias a las energías descarbonizadas como las renovables, el hidrógeno verde, etc. Reducir la dependencia de los combustibles fósiles, de los que somos totalmente dependientes, es más que un objetivo de sostenibilidad medioambiental. Es una oportunidad de conseguir cotas de soberanía energética y atracción de inversión industrial desconocida anteriormente para nuestro país. La electrificación de la economía y la movilidad, junto con la buena situación comparativa en conectividad y digitalización, abundan en esa idea de la oportunidad, cuyo aprovechamiento es aún mejorable. El pleno empleo es el gran objetivo de país en un plazo no demasiado largo. Está en disputa desde qué perspectiva política se alcanza esa meta. 

Este objetivo de España además hay que analizarlo en el actual contexto global, donde una mayor integración política en el refuerzo de la autonomía estratégica europea ya no es una opción, sino la única posibilidad de evitar la absoluta irrelevancia geopolítica de la UE. La ruptura del atlantismo en la búsqueda autoritaria de su Lebensraum (espacio vital) por parte de la autocracia trumpista en su pugna con China ha abierto el paso a una nueva era. Las extremas derechas de los países europeos y particularmente la española, son el caballo de Troya contra Europa, contra España y contra las condiciones de vida de las mayorías sociales, y del propio mundo económico. No lo digo yo, lo dice la Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU. 

En la sociedad española, y en el marco de un contexto europeo/occidental, la modificación de roles sociales que se ha llevado a cabo en unas pocas décadas es tremenda. El papel crucial del feminismo y las políticas igualitarias han acelerado un proceso de liberación que apenas pudieron prever nuestras madres y ni soñar nuestras abuelas.

Todo proceso de liberación, de cuestionamiento de jerarquías, de modificación de roles y patrones sociales conlleva una reacción a la contra en determinados momentos. Más cuando este proceso no es sólo sociológico o cultural (como dicen ahora), sino con profundas implicaciones materiales y de ocupación de espacio público y privado.

El feminismo ha imantado en los últimos años el vínculo de muchísimas mujeres, también jóvenes o muy jóvenes, con el espacio público y con la concienciación de que es también ahí, en el espacio público, donde se dirimen las condiciones de vida y de ejercicio de las libertades para los individuos. 

Hace poco, analizando la evolución de las afiliaciones a la seguridad social, veía un dato llamativo. En España las personas que cotizan en los grupos 1, 2, y 3 se han incrementado notablemente en los últimos años. En el grupo 1 (ingenieros y licenciados) han aumentado un 47% pasando de uno a dos millones. Pues bien, las mujeres más que duplican su presencia en esos grupos de cotización. 

Otra estadística llamativa. Según el CIS un cuarto de las mujeres entre 18 y 25 años se declara bisexual. Dos estadísticas que aparentemente no tienen nada que ver, pero que creo que dan cuenta del proceso de autonomización a todos los niveles que las mujeres en nuestro país han recorrido en los últimos años.

La reacción a la que hacía referencia no se ha hecho esperar. Cada vez es más claro que uno de los principales motores que impulsan a las actuales expresiones de extrema derecha son hombres, en muchos casos jóvenes o muy jóvenes, inadaptados al nuevo papel social que ocupan las mujeres, y por tanto, al nuevo papel social que les queda a ellos (porque lo ven así, en términos de suma cero). 

Más allá del cliché del joven macho desnortado y gañán (solo una parte de los jóvenes afortunadamente) la ofensiva política contra la libertad y la autonomía de las mujeres no es ninguna broma. Hay todo un programa político que relaciona las dos grandes conquistas femeninas (la decisión sobre su maternidad y su progresiva autonomía económica) con el invierno demográfico, la consiguiente necesidad de población exterior que lo compense, y la consecuencia en términos de deterioro de la homogeneidad social: invasión migratoria, reemplazo poblacional. El machismo, el racismo, y la aporofobia, se encuentran en esa cosmovisión que es esencial para entender el reaccionarismo moderno. Lo apuntaba M. Eugenia R. Palop en su artículo El papel político de la madre al afirmar que “la defensa del rol tradicional de la madre es una piedra angular para las derechas en todo el mundo porque con el familismo y el natalismo se aseguran sus presupuestos tradicionalistas, excluyentes, racistas, nacionalistas y clasistas”.

Las agendas económicas, laborales y sociales igualitarias y por la disputa del poder no solo no deben ralentizarse sino profundizarse. No sirve con crecer, sino que hay que distribuir. No vale con incrementar salarios, sino que este incremento llegue particularmente a los medio bajos y bajos, que son quienes más están sufriendo los precios en necesidades básicas, en vivienda, o el pago por los servicios privatizados producto del consciente deterioro de los servicios públicos. No vale con constatar que se van a necesitar personas migrantes para evitar que el país se pare y eso refuerza la idea humanitaria de acogida a quien tiene la necesidad de migrar, sino que hay que articular políticas públicas integrales para que ese delicado proceso sea inclusivo, y evitar rechazos precisamente entre las capas vulnerables de los ya instalados, autóctonos o no. No vale con aspirar al pleno empleo, sino ser conscientes de la disputa política que se va a establecer en torno a ese tránsito, ya que, ante la dificultad de las empresas de encontrar personas trabajadoras, se cuestionarán los sistemas de protección social. Todo va a ser campo de batalla entre una lectura progresista e igualitaria y una propuesta reaccionaria y neo-jerarquizante. La disputa es de época.

*Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras.

En la mañana del lunes 28 de julio, la web de la Comisión Europea aún no reflejaba nada sobre el acuerdo suscrito con los Estados Unidos. Ningún texto escrito ha sido publicado por los medios. La única información es la oral proporcionada por Trump y Von der Leyen, con sus respectivas delegaciones. Esta deslavazada presentación se ha hecho en una posesión privada de Donald Trump en Escocia, mientras participaba en la competición que inauguraba su campo de golf. Pocas metáforas más elocuentes de la voluntad expresa de humillación a Europa por parte del más poderoso representante del vandalismo político que amenaza al mundo. El acuerdo es una derrota política de la UE de consecuencias muy negativas para el futuro en varios ámbitos. El titular de Financial Times lo refleja perfectamente: “La capitulación de la UE ante Donald Trump”.

La actuación de la UE desde el 10 de abril, el Liberation Day, ha sido una sucesión de debilidades acumuladas que restaron cualquier credibilidad a las vacilantes advertencias de que podría responder con contramedidas. Ha renunciado al poder que le daba ser el mayor exportador mundial a los EEUU que nos compra, no lo olvidemos, casi el 20% de sus importaciones de bienes.

Las principales debilidades de la posición de la Unión Europea han sido, al menos, las siguientes:

-Iniciar las negociaciones con los nuevos aranceles por parte de los EEUU ya en vigor (10% general, 25% al automóvil y 50% al aluminio y al acero) sin ninguna contramedida por parte de la UE.

-Anunciar un primer paquete de medidas de represalia de 26.000 millones de euros, reducirlas a 21.000 tras las primeras amenazas de Trump, y no aplicarlas como gesto de buena voluntad negociadora. 

-Ceder ante las exigencias de Trump en la cumbre de la OTAN de La Haya, para aceptar un disparatado aumento del gasto militar hasta el 5% del PIB, cuyo destino principal se ha visto corroborado ayer en Glasgow: comprar armamento a los EEUU.

-Bendecir, en la Cumbre del G7 de Canadá, la destrucción del acuerdo sobre tributación mínima del 15% de las empresas multinacionales, trabajosamente construido durante más de una década y firmado desde 2021 por 137 países.

-Aceptar, de cara a los próximos presupuestos de la UE, la retirada del impuesto a las plataformas digitales de las grandes empresas tecnológicas de los EEUU, que iba a ser uno de los nuevos recursos propios del presupuesto. La Comisión ha propuesto que se sustituya por un impuesto a las grandes empresas europeas, para reforzar de este modo el dumping fiscal a favor de las grandes empresas norteamericanas. Actuar así frente a un adversario que se comporta como un matón sólo hay un posible desenlace: la derrota.

En el ámbito internacional, las consecuencias de la capitulación de la UE ante Trump van más allá del terreno económico y comercial, y se suman a la debacle política y moral de la UE ante Israel y los EEUU frente al genocidio de Gaza. La extrema derecha que aplica la ley del más fuerte y vulnera las leyes internacionales y los derechos humanos impone su ley en el mundo. 

La Comisión Europea ha optado por evitar una escalada arancelaria que afectase a un incremento general de precios (el incremento de los aranceles afectará a los precios que pagan los norteamericanos), reducir el riesgo de inducir una recesión global, y mantener un mayor margen en la política del BCE para la disputa ante la devaluación del dólar.

Es difícil que este compromiso se haya adquirido sin la aquiescencia de las principales industrias exportadoras europeas hacia EEUU, particularmente la automovilística. Pero, si tenemos en cuenta que el dólar se ha devaluado un 17% (la tendencia es llegar al 20%), podemos decir que los bienes de la UE, exportados a los EEUU, serán un 30% más caros con tendencia a seguir subiendo. El riesgo es evidente.

Para limitar el alcance de una guerra comercial y su efecto en la economía europea, la Comisión se ha infringido una severa derrota política de consecuencias imprevisibles. Cuando al otro lado de la mesa hay un personaje como Trump, el olfateo de la debilidad se puede pagar caro, y es probable que no estemos asistiendo ni mucho menos al escenario final de esta ofensiva neocolonial.

Hay que reaccionar con crítica severa y propuestas de reagrupamiento sindical, social y político en torno a la idea de “más Europa” para defender los valores democráticos y las conquistas sociales. Los corifeos de Trump en Europa apenas pueden disimular su satisfacción y pretenderán por un lado impugnar el propio proyecto de la UE, apelando a su debilidad institucional por el sometimiento a una potencia extranjera, y ser a la vez el bastión de esa potencia contra los intereses de las personas trabajadoras, agricultores o empresas. 

El sindicalismo europeo no puede permanecer impasible ante esta preocupante situación. La UE necesita reforzarse como actor político en la defensa de un modelo social cuestionado desde fuera y desde dentro por las extremas derechas de las que Trump es su más avezado estandarte.

Necesitamos fortalecer nuestra soberanía energética e industrial mediante el despliegue de un modelo con más peso de aquellas fuentes de energía donde podemos tener un suministro autónomo. Nos referimos obviamente a las renovables, donde España puede convertirse en una potencia que atraiga inversión productiva.

En este terreno tan estratégico hay que evitar que el compromiso adquirido arrumbe con la transición energética clave en el proceso de industrialización europeo, y no digamos español. El compromiso de comprar 750.000 millones de dólares de productos energéticos de los EEUU significaría comprar petróleo y gas más caros, con impacto en la inflación de la UE, y plantea un problema político serio: ¿Quién realiza las compras? ¿Obligará la Comisión a cada Estado a comprar un cupo? ¿Con qué competencias y con qué instrumentos podría hacerlo? ¿Lo comprará la Comisión y obligará luego a cada Estado a comprar su parte? ¿Con qué competencias y recursos podría comprarlo la Comisión? No, la Comisión Europea no tiene competencias para comprometerse a decir qué compran o en qué invierten los Estados miembros o sus empresas, diga lo que diga el acuerdo suscrito (si es que dice algo). Este tipo de compromisos no existen en ningún tratado comercial vigente en el mundo, como el compromiso de incrementar el 5% del PIB de cada Estado en gasto en armamento es pura farfolla, inexigible ante nada ni nadie. Basta ya de asumir la retórica del macarra de la clase.

Los acuerdos arancelarios suponen una impugnación al modelo de integración económica de las últimas décadas (modelo muy criticable en muchos de sus aspectos sociales, por otro lado). El proceso de desglobalización va a ralentizar los intercambios del comercio mundial, y está por ver la respuesta china a la ofensiva de Trump.

En este contexto, la demanda interna de las distintas áreas del mundo va a cobrar todavía una mayor importancia en los próximos tiempos. Es fundamental en España y en Europa pugnar por un incremento de los salarios y la renta disponible de los hogares. Esto será inviable si se deterioran los servicios públicos, lo que supondrá que más renta de las familias tenga que dedicarse a proveerse de esos servicios convertidos en servicios de mercado.

Mejorar los servicios públicos no será posible con políticas de reducción en la contribución fiscal, con los rácanos e insuficientes presupuestos comunitarios, y -mucho menos- con el disparatado incremento de los gastos militares, más si estos se dan a impulsos de las necesidades corporativas de las empresas norteamericanas.

Hemos oído hablar mucho del cambio de paradigma en el mundo tras los últimos acontecimientos geopolíticos. Empezamos a ver la crudeza de sus consecuencias. Pero no es tiempo de someterse, de meter la cabeza bajo el ala, sino de rehacer una propuesta social, económica y política en defensa de la democracia, la igualdad y los derechos humanos. Este acuerdo no es viable, este acuerdo no se va a cumplir. Pongámonos a ello.

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Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras.

Dentro de muy pocos días se celebrará en Ginebra la 113ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que va a examinar entre otros puntos uno de los mayores retos globales que ha tenido el mundo del trabajo en los últimos años: el establecimiento de la primera norma global sobre el trabajo decente en la economía de plataformas digitales. Será un proceso de doble discusión de la OIT, que se prolongará hasta 2026, y en el que participarán representantes de gobiernos, organizaciones empresariales y sindicales de todos los Estados miembro de la OIT.

Comisiones Obreras, en coordinación con la Confederación Sindical Internacional (CSI), viene trabajando activamente por el establecimiento de esta norma internacional que consideramos imprescindible por diversos motivos: 

- El notable incremento experimentado por el trabajo de plataformas, siendo España uno de los países europeos donde se ha registrado un mayor aumento en un número creciente y diverso de actividades económicas. 

- La amplia evidencia empírica sobre los déficits de trabajo decente en la economía de plataformas cuando se ha hecho en un marco de desregulación, y que en muchos países están muy por debajo de los estándares de la propia OIT. Esto es particularmente grave en el marco de globalización en el que operan muchas de estas plataformas. Una situación que afecta con mayor intensidad a las personas inmigrantes, que en muchos casos trabajan de forma no declarada a través de estas plataformas, es decir, completamente fuera del marco protector del derecho del trabajo.

Los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo no vienen determinados por la innovación tecnológica, en este caso la aplicación de algoritmos para ofrecer servicios, nuevos y tradicionales, sino de que muchas de estas nuevas empresas tienen una clara voluntad de no reconocer el estatus laboral y los derechos establecidos por la legislación vigente. Muchas de las nuevas actividades y empresas han buscado “brechas regulatorias” al ser difícil integrarlas en los convenios laborales vigentes y, por supuesto, por ser nuevas no estaban sindicalizadas.

Incluso se ha podido observar cómo algunos empresarios e inversores han mostrado una clara voluntad de aprovecharse de ese “vacío regulatorio” para intentar invisibilizar unas relaciones de trabajo que son absolutamente dependientes de una empresa-plataforma, que se lleva la parte del león del valor añadido generado.

Estas estrategias empresariales creadoras de precariedad y pobreza se autojustifican creando una difusa ideología sobre unas supuestas transformaciones digitales irreversibles del mercado de trabajo, que simplemente buscan expulsar de la cobertura del Derecho del Trabajo a sus trabajadores y trabajadoras. Un clásico de la ideología neoliberal ahora con tintes de modernidad digital.

Desde CCOO, en línea con la CSI, creemos que es necesario un nuevo Convenio de la OIT (jurídicamente vinculante) acompañado de una Recomendación que complementa al Convenio y proporciona directrices más detalladas sobre su aplicación en esta materia. Ambos instrumentos deberían recoger las siguientes cuestiones esenciales: 

- El establecimiento de una presunción fuerte de laboralidad, basada en la primacía de los hechos.

- Garantizar que las normas internacionales del trabajo ya existentes se apliquen a todas las personas trabajadoras con independencia de su estatus laboral, incluyendo los principios y derechos fundamentales en el trabajo, como la libertad sindical, la negociación colectiva, la no discriminación y la seguridad y salud en el trabajo.

- La regulación de elementos nucleares del modelo de plataformas digitales laborales sobre las que existen brechas normativas, como son la recopilación y uso de los datos; los sistemas de reputación digital; y la gobernanza de los sistemas automatizados de toma de decisiones basados en algoritmos e IA.

- La protección de las personas inmigrantes, a fin de que puedan ejercitar con todas las garantías los derechos laborales establecidos.

Por último, desde la Confederación Sindical de Comisiones Obreras apoyamos la campaña de movilización a nivel internacional que ha lanzado la CSI para impulsar estas reclamaciones y exigimos al resto de los mandantes españoles de la OIT, Gobierno y organizaciones patronales, su compromiso a la hora de exigir un Convenio, acompañado de una Recomendación. 

Por eso estaremos presentes, con una activa voluntad constructiva, en la comisión normativa que debatirá este tema en la próxima Conferencia Internacional del Trabajo de 2025 y en 2026.

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Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras.

Para nosotros ser Europa no es una abstracción. Es una aspiración. A un espacio común de derechos, de libertades. A una construcción social y política para la libertad, la democracia, la paz, la igualdad, la diversidad, la convivencia. Lo dijo el presidente brasileño Lula da Silva: “La Unión Europea es un patrimonio de la humanidad”.

Ese patrimonio no se refiere solo ni principalmente a unas instituciones. Sino a una forma de organizar la vida en común, una democracia social que sea digna de tal nombre. 

Padecer una enfermedad y que la comunidad te cure porque existe un derecho a ello; poder formarse, se tengan o no recursos para ello, porque existe un sistema que lo permite; regular el empleo con derechos y no con la lógica de la mercancía; poder elegir democráticamente a quien nos represente en las instituciones; poder pensar distinto, incluso distante, pero convivir en paz.

Estas reglas tan básicas son parte, deben ser parte de nuestra forma de vivir. Pero no nos engañemos. Han sido una excepción –en el espacio y en el tiempo– en la historia de la humanidad. Ese es nuestro patrimonio, parafraseando a Lula.

Y ese patrimonio está siendo acosado. Desde fuera y desde dentro. La agresiva política impulsada por la Administración Trump, su previsible complicidad con el belicismo de Putin en el este, o la irrupción del nacionalismo antieuropeo y reaccionario en nuestros propios países, son muestras de ello. Sí, no nos engañemos. Tenemos al caballo de Troya dentro de la ciudad en forma de nuevas manifestaciones de extremas derechas. Y su objetivo es quebrar definitivamente la Unión Europea y los modelos sociales surgidos en la segunda parte del siglo XX.

Tampoco esta Europa ha estado ni está siempre a la altura de las circunstancias. Es manifiesta la necesidad de profundización democrática, del fortalecimiento moral ante situaciones como la emigración, el asilo, o la insuficiente toma de posición como Unión ante masacres intolerables como la que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Hace poco más de una década fue el poder europeo quien dictó crueles recetas de sufrimiento económico que generaron desigualdad, desafección y recesión.

No nos resignamos. Ni a la regresión que planifican los nuevos bárbaros ultras, ni a las insuficiencias del modelo actual. Reivindicamos Europa como una construcción de valores que debe ganar autonomía en el mundo. Se resquebraja el orden surgido tras la Segunda Guerra Mundial. El mundo es multipolar. Somos una sociedad abierta y no temerosa; acogedora y no caníbal. Pero no somos ingenuos.

Hay que reforzar las capacidades europeas. Industriales, energéticas, en política exterior, en seguridad (que es mucho más que defensa, que a su vez es mucho más que la errónea política del rearme sin además haber definido un modelo de seguridad europeo). Reivindicar un modelo social para Europa, que no puede ser el sacrificado del nuevo contexto. Nuestra identidad como ciudadanía europea no parte de vínculos atávicos, sino de los vínculos de ciudadanía que emergen de un modelo social, y a la vez son condición necesaria para su reproducción y mejora.

Pero como condición previa hay que fortalecer la democracia, la convivencia y la fraternidad, y a ello estamos apelados como ciudadanía europea. Por eso nos manifestamos. Por lo que somos y por lo que aspiramos a ser. Somos Europa porque somos tú y yo. Mucho más que dos. Juntémonos en las calles.

Proteger lo conquistado para ganar futuro es el lema con el que este Primero de Mayo los sindicatos convocamos más de 80 manifestaciones por todo el país.

Cuando hay que proteger algo es porque está en riesgo. Puede parecer paradójico que en un país como España, donde los resultados económicos y sociales de las medidas laborales acordadas en estos últimos años han sido razonablemente exitosos, hablemos en estos términos.

La intervención con recursos públicos a través de los ERTE para sostener el empleo, la reforma laboral que redujo la temporalidad a la mitad y equilibró parcialmente la negociación colectiva, la subida del SMI, o los incrementos de los salarios nominales en la línea de lo pactado en el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva… parecen medidas incontestables si tenemos en cuenta los resultados. Récord de empleo, incremento de la productividad por hora trabajada, mejora de la retribución media de las personas asalariadas en la distribución económica del país, y buenos comportamientos de las balanzas comerciales en el exterior. Nunca todo esto había sucedido a la vez en nuestra historia reciente.

Siendo esto así, ¿por qué nos vemos en la obligación de “proteger lo conquistado”? Primero, precisamente, por ser esto así. Romper mantras neoliberales con mejores resultados en términos sociales y económicos no se premia. Se paga. Porque avala una línea que debiera tener continuidad en la reducción del tiempo de trabajo y en la modificación del régimen de despido. Y esto disputa intereses económicos y relaciones de poder. Y eso no se perdona.

En segundo lugar, porque pese a lo realizado, las realidades de precariedad, incertidumbre y necesidad material están muy presentes para millones de personas. No todo es estadística. De hecho, lo más relevante no es estadística. Todos los datos macro le sirven de poco a quien ha visto que su sueldo no le alcanza para pagar un alquiler o la cesta de la compra de productos básicos.

Y en tercer lugar porque la amenaza no parte solo de la coyuntura de lo cercano. Estamos ante una ofensiva de consecuencias civilizatorias. El ataque arancelario de Trump no es solo una batalla comercial, o una ruptura de cualquier sucedáneo de multilateralismo. Es un cuestionamiento básico de la soberanía europea, de nuestra capacidad regulatoria, de nuestro modelo social europeo (por más asimétrico o mejorable que pudiera ser). Por eso la extrema derecha y la derecha extremada miran con apenas disimulada simpatía a la bestia. Porque más allá de las formas, les resulta funcional para dinamitar las sociedades enmarcadas en los conceptos de los Estados sociales y democráticos de derecho, para conducirse hacia modelos políticos autoritarios, moralmente conservadores o reaccionarios, y económicamente neoliberales y darwinistas.

Para proteger lo conquistado hay que ganar futuro. Situar la reivindicación de derechos laborales y sociales en el marco de un futuro deseable. Tenemos que ganar autonomía estratégica en materia energética, industrial, aspirar al pleno empleo y a renovar un contrato social pensando en las mayorías sociales del siglo XXI.

Hoy, definir sociedad pasa por legitimar la corresponsabilidad fiscal, atacada por tierra, mar y aire por los nuevos caníbales sociales que proliferan en entornos comunicativos digitales y en hojas de periódico color sepia. El modelo de protección social debe ser reforzado no solo en sus pilares clásicos (sanidad, educación, pensiones, desempleo), sino en elementos inaplazables como el acceso a la vivienda, o el cuidado en las situaciones de vulnerabilidad o dependencia.

El sindicalismo español en este Primero de Mayo también pretende contribuir a una definición taxativa del sindicalismo europeo a favor de la mayor integración europea, y al refuerzo de nuestras capacidades autónomas. No hay otra forma de concurrir en la actual pugna multipolar. 

La Comisión Europea se equivoca al promover una movilización multimillonaria en el gasto militar, más sin haber definido un modelo de seguridad y defensa común de forma previa. No se pueden obviar los riesgos sistémicos del mundo conflictivo actual, ni se puede entregar al concepto de seguridad para que sea resignificado por la reacción.

Pero tampoco hipotecarnos en una especie de keynesianismo bélico que, por reactivar la maltrecha industria central europea, debilite el conjunto de elementos que definen la autonomía estratégica europea, comenzando por el despliegue energético que nos permita impulsar políticas industriales, seguridad en las cadenas de suministro y aprovisionamientos fiables de materias primas y elementos críticos, hoy en gran parte producidos o concesionados por China.

En cómo resolvamos estos difíciles equilibrios nos jugamos buena parte del futuro de las clases trabajadoras y populares de Europa y, por tanto, de España.

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Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras.

El pasado sábado la plaza del Popolo de Roma se veía desbordada por una movilización convocada a raíz de un artículo de un columnista en el diario La Repubblica.  La concentración era impulsada por la sociedad civil, sindicatos, alcaldes de distinto signo, intelectuales, personal científico, artistas, etc. Reivindicaban a Europa. Una idea de Europa como un espacio de democracia social hoy cuestionada por autoritarismos de distinto tenor, y acosada externa e internamente. La convocatoria y su resultado es un aldabonazo, o debiera serlo, para una respuesta ciudadana que en España y en el conjunto de la Unión pueda abrirse paso en próximas fechas. 

Vivimos una época de profunda inestabilidad global, marcada por tensiones geopolíticas, por el regreso de la guerra —convencional o no— cargada de muerte e injusticia, por la crisis climática, la disrupción tecnológica, o la percepción de vulnerabilidad tras todo lo acontecido después de la pandemia del COVID.

La irrupción de Donald Trump por segunda vez en la Casa Blanca, representando una convergencia del neo-reaccionarismo de derecha y una oligarquía tecnocapitalista abanderada por Musk, introduce nuevas variables y agrava este escenario ya complejo.

Los intereses compartidos entre la administración Trump y el Gobierno de Putin que se vislumbra en el cambio de posición norteamericana ante la invasión de Ucrania, es un síntoma del intento de reescribir el orden mundial con motosierras, y con el reemplazo de cualquier atisbo de derecho internacional por una burda ley del más fuerte (y el más rico). Hay que oponerse firmemente a esta peligrosa pendiente autoritaria. Y hay ser conscientes de que plantea nuevos retos.

Las extremas derechas tienen elementos conocidos que las identifican. El odio a la diversidad, la intolerancia ante la disidencia y respecto a las políticas de igualdad, la añoranza de las viejas jerarquías de dominación y explotación de clase y de género, el expolio de los recursos, o el desprecio a la ley considerada como una traba burocrática limitante de su ´derecho natural´ a explotar, acosar, agredir, violentar.

Pero hay otra característica que a veces pasa desapercibida y es su abierta hostilidad al proyecto europeo, su afán de sabotearlo desde dentro y desde fuera. Hay que ser conscientes que los caballos de Troya que hoy existen en los países de la UE y que gobiernan algunos de ellos, están disputando el poder, y con cierto éxito, por la vía electoral. Esto debe ser un motivo de reflexión a fondo y autocrítica para el conjunto de la UE. Si las extremas derechas son capaces de atraer importantes segmentos sociales, encarnando supuestos enclaves de seguridad formulados como expresiones reaccionarias es porque la desafección, la frustración y la incertidumbre se han extendido entre partes crecientes de la ciudadanía europea. Y por razones, a veces, no infundadas.

Muchas personas han visto en los últimos años empeorar sus condiciones de vida. Muchas más sus expectativas de vida. La ausencia de futuros deseables requiere repensar respuestas para que las necesidades de las mayorías sociales se alineen con las prioridades de las instituciones. Los años de las políticas de la austeridad fueron demoledores para la percepción de las clases trabajadoras y populares sobre la UE. Las políticas de devaluación de los salarios, de deterioro de los servicios públicos, contribuyeron a debilitar el cordón umbilical entre las condiciones materiales de vida y la conciencia de ser comunidad.

En cambio, ante el drama de la pandemia y la crisis asociada fuimos capaces de encontrar una respuesta distinta, más expansiva, con recursos comunes mutualizados, que recuperaron de forma más rápida e intensa los niveles de crecimiento y empleo, pero que no fueron suficientes para corregir la percepción crepuscular que partes crecientes de la sociedad perciben del futuro, sea por razones objetivas o por percepciones subjetivas. A veces inducidas por los apologetas del desastre, la desinformación, y la construcción de realidades paralelas. 

Si Europa ha aprendido algo de su pasado, no puede equivocarse en esta disyuntiva. La argamasa que conglomera el proyecto europeo no cuenta de partida con el efecto de las identidades y vínculos atávicos que aglutinan las lealtades nacionales. Tal argamasa por tanto debe consistir en una ciudadanía y una democracia social. En un espacio político que protege, que acoge, que da certeza, que vale la pena compartir, y por el que vale la pena disputar. No habrá Europa en el marco de la fragmentación neoliberal, el sálvese quien pueda, la fortaleza caníbal. No se trata de ingenuidad ante el nuevo paradigma, sino de reforzar los únicos vínculos que pueden vertebrar un espacio común, y no un consorcio como despectivamente (pero no estúpidamente) nos cataloga Trump.

Escribió Jean Monnet que “Europa se forjará en sus crisis y será la suma de las respuestas a esas crisis”. Y hoy tenemos ante nosotros el mayor desafío existencial para el proyecto europeo, que necesita decidir si avanza o retrocede dramáticamente. Frente a los nuevos desafíos, el punto muerto no sirve. Hay que profundizar en una federalización del proyecto con normas de gobierno que lo hagan viable. 

Necesitamos un plan común de inversión. Un Fondo Europeo que apuntale la autonomía estratégica de la Unión. En el plano social y de reducción de las desigualdades; en el refuerzo industrial y de transición energética reduciendo la dependencia exterior en este terreno; en la investigación y la innovación digital; en la protección del desempleo y otras contingencias; y también en la política exterior y de seguridad y defensa comunes (cuestión bien diferente a una carrera armamentística de los estados europeos individuales), que autonomice las posiciones geoestratégicas de la Unión, haga todos los esfuerzos posibles por alejar la guerra, y sea consciente de la multipolaridad del mundo en el que ya estamos y, sobre todo, del mundo al que vamos. Dejémoslo claro. La autonomía estratégica es mucho más que política de seguridad. Y la política de seguridad es mucho más que política de defensa. 

Necesitamos también superar las reglas de gobernanza que constriñen la capacidad de actuación de la UE, como son las exigencias de unanimidad o las posibilidades de veto. Hoy los aliados de Trump gobiernan o condicionan gobiernos que van a tratar de descarrilar el proyecto europeo con apelaciones extemporáneas a las viejas soberanías. Hoy 27 sistemas fiscales no pueden seguir compitiendo entre sí, favoreciendo incluso paraísos fiscales dentro de la UE. No es sencillo modificar los Tratados de la Unión, pero sí es posible impulsar escenarios de cooperación reforzada entre los países que lo deseen y que den pasos a una mayor integración política. Cuando las autocracias asumen cada vez más gobiernos e incluso la primera potencia del mundo se desliza en ese terreno, no hay tiempo que perder. La ciudadanía europea tiene que exigir avanzar.

España es un país determinante en esa propuesta cívica. Tenemos arraigado un importante sentido europeísta. Hemos contrastado como casi nadie las consecuencias diametralmente distintas de las políticas de austeridad de la anterior crisis, respecto a las políticas de sostenimiento del empleo, y movilización de recursos para afrontar las transiciones ecológicas y digitales que se impulsaron tras la pandemia. Podemos ser uno de los países donde el refuerzo de la autonomía estratégica en materia energética —por el relevante papel que tienen que jugar en esa transición las energías renovables— conlleve un mayor potencial reindustrializador y de generación de empleo.

Es un momento para que referentes sociales de todos los ámbitos hagan un llamamiento cívico en defensa del proyecto europeo como un proyecto de democracia social, convivencia y civilización. La demanda social y civil en ese sentido es más necesaria que nunca. No se pueden dejar al albur de la inercia institucional y mucho menos a expensas de los juegos de poder de las élites. La ciudadanía europea y española, la clase trabajadora, tiene que apelar a un modelo social, económico, humano y democrático, porque nos jugamos el futuro en ello.

Rafael Alberti en su Balada para los poetas andaluces de hoy apelaba a la España silenciada de los años 50 preguntándose qué cantaban, qué miraban o qué sentían los poetas andaluces de entonces.  Y concluía exhortando: 

"Cantad alto. Oiréis que oyen otros oídos. 

Mirad alto. Veréis que miran otros ojos. 

Latid alto. Sabréis que palpita otra sangre.

No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. 

Su canto asciende a más profundo cuando, abierto en el aire, ya es de todos los hombres".

Son tiempos para tomar partido. De convocatorias plurales, transversales. Convocad (convoquemos) alto.

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Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras.

Las jornadas previas a este Primero de Mayo han estado mediadas por la duda del presidente del Gobierno de continuar o no en el cargo. Esta situación, por más inédita, confusa y controvertida que pueda ser, ha puesto de manifiesto algunos de los riesgos de deterioro de los sistemas democráticos en general, y del español en particular.

Un ejemplo evidente de ese deterioro es que se pretende normalizar el “secuestro” del poder judicial, uno de los tres poderes del Estado, bloqueando su renovación, u ofreciendo la misma, en todo caso, a cambio de des-democratizar ese poder judicial. Porque eso y no otra cosa, sustraer a uno de los tres poderes del Estado del escrutinio democrático, es lo que subyace tras el planteamiento de que sean “los jueces quienes eligen a los jueces”.

Igualmente se pretende normalizar la mentira, el bulo, la insidia, la calumnia, como formas habituales de conducir la conversación pública, deteriorando así la legitimidad democrática de las instituciones. Una galaxia de intoxicadores cotidianos debilitan la consistencia de los espacios de confianza común que requiere cualquier proyecto de convivencia y de construcción de sociedad y de comunidad.

El riesgo reaccionario tiene características propias de la historia y de la idiosincrasia de nuestro país (las clases sociales desestabilizantes suelen corresponder a la expresión más retardataria del capitalismo español, especializada en la extracción parasitaria de recursos públicos y la gestión del rentismo improductivo), pero no es exclusiva de nuestro país. La presencia del populismo reaccionario y nacionalista es la gran incógnita a desvelar en las próximas elecciones europeas. Su capacidad de lastrar la integración del proyecto europeo y acelerar la irrelevancia en el contexto mundial de la Unión es el gran riesgo de que esa incógnita arroje un resultado negativo.

Este tipo de dinámicas suelen aparecer en las sociedades cuando se combinan periodos consecutivos de crisis y a la vez procesos transformadores en sociedades que se sienten abruptamente alteradas en sus certezas y espacios de seguridad. Y en buena medida, en esa situación estamos.

El lema central para este Primero de Mayo es “Por el pleno empleo”. Y no se ha propuesto por un exceso de optimismo. Lo hacemos porque este escenario puede abrirse en España en un plazo razonable. Y también porque la apelación al pleno empleo está relacionada con una lectura esperanzada para la sociedad española del efecto que buena parte de las transformaciones en marcha pueden conllevar para nuestro país. 

Actualmente asistimos a una inestabilidad geoestratégica en el mundo que es causa y consecuencia de las transformaciones en marcha. Una de ellas es la transición desde economías y sociedades basadas en las energías fósiles, hasta un mix crecientemente dominado por las energías renovables. Y esta transición —cuyos ritmos, intensidades y consecuencias dependen en gran parte de cómo se encaren desde las políticas públicas— puede acarrear unas consecuencias inéditas para España. En nuestro país apenas ha habido reservas de petróleo, gas y carbón. En España ha sido habitual que todo el superávit comercial que deja el turismo a lo largo de un año se lo coma el déficit comercial energético. Sin embargo, sí somos, o podemos ser, una potencia en la generación energética y de electricidad basada en fuentes renovables como la fotovoltaica, la eólica o la marina. No teníamos petróleo ni gas, pero sí sol, costa, viento y territorio.

Esta posibilidad debe concebirse como un eje estratégico para que nuestro país movilice inversión productiva y se genere empleo. Por eso CCOO considera que es clave renovar la apuesta por las políticas industriales y de desarrollo sectorial. No obstante, estas políticas no deben limitarse a la manida fórmula de la colaboración público-privada, —habitual eufemismo para referirse a nutrir cuentas de resultados privadas con recursos públicos en sectores de actividad concertada—, sino a una movilización de recursos públicos que condicionen decisiones estratégicas de inversión de largo plazo de sectores privados. Los datos nos dicen que los márgenes empresariales están en récords históricos. Los recursos de los Next Generation son una palanca determinante. Quién y bajo qué parámetros acometa el reto de activar toda esa inversión potencial, es decisivo.

Asimismo, tan importante es generar empleo como que este sea de calidad. Digámoslo por derecho: en España se está en condiciones de definir los términos de concurrencia de nuestro país en la economía global. Si en otros momentos históricos, como el proceso de industrialización tardía de los 60 y los años post-desindustrialización de los 90, la apuesta fue por un país de bajos salarios, altas tasas de precariedad, temporalidad en el empleo y fiscalidad insuficiente (competencia low-cost), es el momento de modificar ese patrón de competencia. Es injusto, es ineficaz y es innecesario.

Además, la gestión de las crisis laborales tras la pandemia demuestran que se pueden hacer cosas distintas y dan mejor resultado en términos sociales y económicos. Reducir a menos de la mitad la temporalidad, subir el SMI un 54 por ciento, intervenir vigorosamente el mercado laboral a través de los ERTE en lugar de facilitando el despido, ha consolidado las mejores tasas de empleo de nuestra historia. Y cabe añadir que las ocupaciones más cualificadas concentran dos tercios del empleo neto creado desde 2018.

Hay que continuar por este camino, también reduciendo por ley la jornada laboral, mejorando los sistemas de control horario, modificando la regulación de la contratación a tiempo parcial de manera que se pueda consolidar más jornada ordinaria en un tipo de contratación muy feminizado —y que explica una parte de la brecha de género—, o modificando el régimen de despido.

Un modelo laboral más equilibrado, democrático y con mayor grado de participación de las personas trabajadoras a través de procesos de sindicalización es decisivo para afrontar los retos de la organización del trabajo y el tiempo de trabajo, o la aplicación de los potenciales de la digitalización a la gestión de la producción y del sistema de relaciones laborales. Frente a la tendencia autoritaria, la participativa. Mejores empleos y mejores condiciones de trabajo redundan en fortalecer los proyectos empresariales que se rentabilicen basándose en parámetros distintos a los bajos salarios y la competencia desleal del incumplimiento sistemático de la ley.

Este Primero de Mayo volvemos a recuperar la reivindicación de los servicios públicos. El grado de civilización de un grupo humano se define en buena parte en cómo se curan, cómo se cuidan y cómo se enseñan las personas que componen ese grupo. Mediante espacios de vínculo común y solidaridad mutua, articulados en torno a una fiscalidad suficiente y los citados servicios públicos; o bien mediante la ley de la selva, la desigualdad y la segregación, implícita en la privatización de las partes rentables de la sanidad, la educación, o los cuidados.

Necesitamos una estrategia de cuidados para que la Administración garantice hacer frente a las situaciones de dependencia que se dan en la vejez, en la niñez, en situaciones de discapacidad, o de manera sobrevenida. 

La feminización de los cuidados en el ámbito doméstico y familiar es la variable más decisiva a la hora de entender las desigualdades de género en el ámbito laboral. Con sesgos de clase evidentes. Por tomar un ejemplo, la tasa de escolarización de niños de 0 a 3 años supera el 60 por ciento entre las familias con mayores niveles de renta. Y baja a un 25 por ciento en las de menores recursos económicos. La extensión de esta escolarización es crucial para la permanencia de los progenitores —sobre todo las madres— en el mercado laboral. El hecho de que no haya plazas públicas suficientes supone entregar un nicho de ventaja a los sectores privados o concertados de la educación. Así, se puede afirmar que la segregación de clase empieza en la cuna.

El Primero de Mayo también reivindicará políticas ambiciosas de vivienda. Hoy el acceso a una se ha convertido en un succionador de recursos de la clase trabajadora y un lastre económico para España. No puede ser que más de la mitad de un salario se vaya en un alquiler o una hipoteca, para una juventud trabajadora que tiene edades de emancipación medias cuando ya casi dejan de ser jóvenes.

Y por supuesto se apuesta por la paz y por no confundir la necesidad dentro de la UE de aumentar nuestra autonomía estratégica teniendo en cuenta las dinámicas globales, con un creciente discurso belicista que augura malos tiempos. Hay que tomar partido ante la masacre que Israel está perpetrando en Palestina y apostar por vías para la configuración de un Estado palestino viable.

En definitiva, este Primero de Mayo hay que salir a las calles. Por el pleno empleo y por la defensa de la democracia. Costó mucho conseguir un sistema político en el que los gobiernos fueran elegidos por la ciudadanía y no por los poderosos. Los derechos no se heredan y las garantías democráticas, tampoco. Este Primero de Mayo, todas y todos a las más de 70 manifestaciones convocadas a lo largo del país.

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Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras.

¿Está habiendo una transformación productiva en España? 

Hace pocas fechas, CCOO presentaba un informe que apunta a que la evolución del empleo en España perfila características que van más allá del conocido (y positivo) dato de situarnos en el récord histórico de cotizantes a la Seguridad Social.

A diferencia de otras crisis en las que, en nuestro país, se perdían grandes cantidades de puestos de trabajo que tardaban años en recuperarse, y que además la mayor parte de estos empleos se situaban en segmentos muy determinados y ligados a las debilidades estructurales de nuestro modelo productivo, esta vez las cosas están transcurriendo por otros derroteros. 

No es solo que se haya sostenido el empleo, primero, y se haya generado más empleo después. Es que su composición está mejorando. Y esto tiene que ver con más variables que los cambios en la legislación laboral y se explica más bien con las tendencias de transformación que se observan en el aparato productivo español y su —posible— evolución.

La legislación laboral por sí misma no es la que crea o destruye empleo. Sí es la que regula cómo se materializa la actividad económica en empleo, y sí contribuye de forma relevante a generar incentivos y desincentivos en la forma en que se rentabilizan las empresas, a cómo afrontan los distintos ciclos económicos, o a cómo se refuerza o no el consumo final de los hogares, variables todas ellas que sí afectan en segunda derivada a la creación de empleo. Y lo que está sucediendo en España no tiene antecedentes y nos debiera arrojar luz sobre algunos de los retos más estratégicos que tenemos por delante.

En nuestro país se han creado 1,58 millones de empleos asalariados netos entre 2018 y 2023. Un aumento acumulado del 10%. Pero tan relevante como esto es que el empleo está creciendo más en sectores intensivos en conocimiento, a diferencia de otros ciclos de recuperación como el transcurrido entre 2013 y 2018. Si ahora el 37% del empleo neto creado se concentra bajo el epígrafe "Técnicos, profesionales científicos e intelectuales”, en el anterior ciclo el porcentaje solo fue de un 17%. En “Técnicos y profesionales de apoyo” los porcentajes son del 24% actual frente al 10% del anterior periodo. Hace diez años la recuperación fue distinta. Se dio de forma mayoritaria entre los “Trabajadores de servicios de restauración, vendedores, personales y otros”, un 21% del total, que contrasta con el actual 12%. Las ocupaciones elementales suponían el 13% del empleo neto creado entre 2013 y 2018, cuando en la actual fase solo son el 3%. 

Corolario de todo esto: el 63% del empleo creado en los últimos cinco años se concentra en ocupaciones técnicas y el 32% en ocupaciones intermedias. Las ocupaciones más cualificadas crecen por encima de la media y concentran el 67% del empleo neto creado. Además la mayor cualificación del empleo es transversal a la mayoría de ramas de actividad y se extiende a sectores donde las ocupaciones técnicas tenían un peso reducido.

Estos buenos datos “de flujo” mejoran la composición del empleo, aunque aún consolidan de manera insuficiente un cambio radical en “el stock” de empleo, y en el modelo productivo en España. Las ocupaciones técnicas han pasado en cinco años del 29,4% al 32,4% del empleo asalariado, y las ocupaciones elementales han bajado del 15,2 al 14% del empleo total.

Estos datos comparados nos ponen sobre la pista de un elemento central que está ocurriendo en España, que es determinante para nuestro país y sobre el que no se está centrando mucha atención. La transformación, en una u otra intensidad (hará falta mas perspectiva de tiempo para afirmarlo rotundamente), de nuestro modelo productivo. 

El informe de CCOO hacía referencia a otro dato relevante y seguro que discutible, como es la evolución de la productividad. Tomando los datos del Observatorio de Márgenes Empresariales —que utiliza fuentes tributarias para ofrecer una panorámica del sector privado no financiero—, entre 2018 y 2023 se produjo una mejora de la productividad real por asalariado del 16,4%. Esta evolución habría sido compatible con la mejora neta del empleo antes descrita, lo que sería inédito en nuestra historia económica reciente. Recordemos que en España los incrementos de productividad habitualmente se dan en las fases recesivas, producto de una pérdida de puestos de trabajo más acusada que la propia caída de la actividad económica, mejorando el cociente de la productividad, lo que suponía una “mejora” pasiva e indeseable de tal productividad.

En opinión de CCOO, esta evolución del empleo que estamos analizando avala impulsar políticas en un doble sentido. Por un lado, en seguir mejorando los incentivos para que la rentabilidad futura de las empresas no se base en las desgastadas fórmulas de la precariedad y los bajos salarios. Al contrario. La subida de más del 50% del SMI o la reducción de la temporalidad a la mitad en el sector privado han sido compatibles con la mejor tasa de empleo de nuestra historia.

Es el momento de mejorar el marco regulatorio en el que se vayan a crear los puestos de trabajo del presente y del futuro. Es el momento de una reducción legal de la jornada de trabajo, que acompañe y mejore lo ya avanzado desde la negociación colectiva. Las futuras mejoras de la productividad que se prevé tenga la economía española, deben repartirse equitativamente y las personas trabajadoras deben apropiárselas en la negociación en los convenios colectivos, pero también a través de un marco legal más favorable. También es necesario abordar una mejor regulación de los procesos de externalización productiva y del riesgo digital de la economía de plataforma. Se trata de evitar que el modelo empresarial del futuro se pretenda rentabilizar basándose en viejas inercias competitivas de nuestro país, que en el plano laboral muchas veces son de abierta explotación.

Por otro lado, es necesario poner toda la carne en el asador en materia de políticas sectoriales e industriales. Hay que bajar el balón al suelo para desplegar toda la potencialidad de la transición digital y energética en España. La inversión pública a través de los distintos presupuestos de las Administraciones y los fondos Next Generation tienen que movilizar la inversión privada necesaria para aprovechar las posibilidades de convertir a nuestro país en una potencia de energía barata y renovable que sirva para localizar actividad productiva y no especulativa. España no puede ser el hábitat de castas extractivas y parasitarias para los pelotazos urbanísticos, para la vieja alianza financiero-inmobiliaria, el paraíso de los estraperlistas, intermediarios, rentistas y mercachifles varios. 

En cierto modo, las cartas en la economía-mundo se están repartiendo de nuevo, como siempre ocurre en las transiciones energéticas por sus enormes afectaciones e intereses en juego. Ni el renovado riesgo bélico al que se somete a Europa, ni las pugnas geoestratégicas entre las grandes potencias —y me atrevería a decir que tampoco el ruido político que asola a nuestro país en los últimos años— son ajenos a la profundidad de las transformaciones en marcha, y a todos los recursos que se movilizan en estos interregnos que transcurren entre lo que no acaba de morir y lo que no acaba de nacer. Es el momento y es ahora.

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Unai Sordo es Secretario General de CCOO.

El V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (V AENC) supone un logro de la autonomía colectiva de sindicatos y organizaciones empresariales, en cumplimiento del mandato que se deriva del Título Preliminar de la Constitución.

La negociación colectiva es un ámbito determinante en la fijación de las condiciones de trabajo de millones de personas, y el elemento central en la primera distribución de la riqueza que se dirime en la pugna entre salarios, inversión y excedentes empresariales.

Por si esto fuera poco, la red de convenios colectivos de nuestro país es la gran estructura de ordenación de relaciones laborales y económicas, con potencialidades enormes a la hora de definir políticas macro (la evolución salarial de un país, por citar un ejemplo) y micro (la ordenación del tiempo de trabajo en una empresa, por volver a ejemplificar).

Por tanto hablamos de miles de unidades de negociación en las que se regulan cuestiones fundamentales en la vida de más de 15 millones de personas y buena parte de las empresas existentes.

La clase trabajadora necesita recuperar el poder de compra de los salarios. Y España necesita que esa mejora del poder de compra reactive al consumo final de los hogares para no agravar la ralentización económica que se advierte en toda Europa.

Este acuerdo hace compatibles ambas necesidades, con un compromiso de trasladar subidas salariales a los convenios que serían al menos de un 10,3% entre el año 2023 y el 2025. Es decir, mejorar en apenas 20 meses la vida de millones de personas. Además, y en caso de que persista la inflación por encima de estos dígitos (4, 3 y 3% cada año), podría darse una subida adicional de 1 punto por año. Alcanzaríamos así una subida acumulada de hasta el 13,57%. La mayor pactada en un acuerdo nacional de este tipo.

Respecto a los convenios no renovados y que no han resuelto la negociación del año 2022, este acuerdo no recoge ningún criterio. No hemos sido capaces de pactarlo. Pero sí se habla expresamente de que “las partes negociadoras de cada uno de los ámbitos afrontarán las negociaciones buscando soluciones”. Es decir, será cada convenio el que afronte la subida salarial del 2022 sin que haya ninguna renuncia sindical a la reivindicación al respecto. De hecho ya hemos tenido el primer ejemplo en un convenio de conservas en Murcia donde además del conocido 4-3-3, se ha aumentado en un 4,75% para el año 2022. En total, un 14,75% de subida salarial.

Pero este V AENC es más que un pacto salarial. En él se recoge el desarrollo de muchas de las materias que la legislación laboral promulgada esta legislatura deriva a la negociación colectiva. Desde este punto de vista es un claro refuerzo de la reforma laboral, los acuerdos sobre los ERTE, la Ley Rider, los desarrollos reglamentarios de la Ley de Igualdad, la transparencia retributiva, etc. Y esta evidencia es categórica, y no debiera empañarse con la anécdota de quién aparece o deja de aparecer en la foto de la firma.

Es de gran trascendencia la consolidación de las normas que hemos negociado entre sindicatos, Gobierno y, en varias ocasiones, patronales, en esta legislatura. Y es de gran trascendencia porque refuerzan una forma distinta de hacer frente a las crisis económicas en el plano laboral, que se está viendo avalada por la contundencia de los datos.

Hoy en España estamos batiendo récords de personas trabajando. Y así continuaremos en los próximos meses. Es previsible que alcancemos los 21 millones de personas cotizando a la Seguridad Social en los próximos trimestres. Y este dato histórico es compatible con un incremento de 1,6 millones de personas con contrato indefinido, y 1,2 millones menos con contrato temporal si tomamos en cuenta el tiempo transcurrido entre el último trimestre de 2021 y el mismo trimestre de 2022. La estabilidad en la contratación no sólo está siendo compatible con la creación de empleo, sino que funciona como elemento tractor de la economía. No lo dice CCOO, lo dice el Banco de España. En los hogares donde la persona que es cabeza de familia tiene un contrato indefinido, se consume el 81% de la renta que se percibe. En los hogares donde ese contrato es temporal, el consumo baja al 72,1%.

Por tanto se está deshaciendo como un cubo de hielo el mantra neoliberal según el cual para favorecer la creación de empleo había que precarizar la contratación en una economía como la española.

El AENC recoge además el desarrollo de materias en los convenios colectivos de gran importancia en el momento transicional que vivimos. España aborda los retos, riesgos, incertidumbres y oportunidades de las transformaciones digitales y energéticas en una posición novedosa. Por primera vez no tenemos por qué estar en la periferia si desplegamos políticas sectoriales e industriales y aprovechamos los recursos públicos y europeos para condicionar decisiones de inversión estratégica privada. El objetivo debe ser generar actividad y empleo, equilibrar nuestro tejido productivo impulsando la industrialización en segmentos de la producción con más valor añadido.

Para favorecer esa dinámica y que esa dinámica no nos pase por encima, la negociación colectiva debe jugar un papel central. El gobierno de los procesos de digitalización, de determinación de algoritmos que marcarán las condiciones de trabajo (y de vida), la adquisición de competencias y cualificaciones necesarias para afrontar los cambios en procesos de formación permanentes, igualitarios y democráticos, es una variable fundamental del tiempo por venir. Y todas esas variables no se podrán regular solo desde las leyes. La composición diversa del tejido productivo requiere de una instancia de mediación, detección de necesidades y prospección de futuro que sólo está al alcance de esa tupida red de convenios con el que cuenta nuestro sistema de negociación colectiva. Este AENC pretende actualizar la agenda de materias que tienen que cobrar valor creciente en los convenios colectivos.

La desigualdad es un disolvente democrático de primer orden. Las políticas igualitaristas impulsadas desde los espacios de autoorganización social son el gran antídoto ante los riesgos reaccionarios. La negociación colectiva es una instancia clave para reforzar un contrato social que cohesione el país, y este acuerdo debe servir para una recuperación de los salarios que haga frente a la termita de la inflación que viene devaluando las condiciones materiales de vida de millones de trabajadores y trabajadoras, mientras las empresas salvaguardan sus márgenes empresariales. Esperemos haber situado el punto de inflexión.

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Unai Sordo es Secretario General de CCOO.

Se opine lo que se opine de la “herencia universal” –un concepto poco conocido y reflexionado hasta ahora–, llama la atención el tono, la brocha gorda y la escandalera que se monta en España cada vez que sale a la palestra alguna propuesta relacionada con transferencias económicas ambiciosas. El escándalo, eso sí, siempre se produce en función de la dirección de esas transferencias. Si es para los vulnerables, son paguitas y compra de votos. Si es para los poderosos, no pasa nada, es política económica. La ley del embudo.

Para “herencia universal” los 42 mil millones de euros (42.000.000.000) que España gastó entre 2001 y 2013 en deducciones fiscales en el IRPF para la compra de vivienda. Aquel enorme gasto no estaba destinado a facilitar la emancipación de la juventud aunque se vendiera con esta intención, sino que contribuyó a mantener el alza desaforada del precio de la vivienda, al facilitar el acceso de millones de personas a unos créditos hipotecarios temerarios. Viento en las velas de la burbuja. Ergo… todo en orden. Circulen.

Retrocedamos en el tiempo.

Es 2 de mayo. Pero de 1959. El diario ABC da cuenta del homenaje que han rendido los Presidentes de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y su Junta Central a Don José Luis Arrese, ministro de la Vivienda, en las propias instalaciones del ministerio. La intervención del ministro en el agradecimiento por la concesión del título de “Agente de Honor” es un profundo, bizarro y llamativo ejercicio de lo que hoy los pedantes llamaríamos “políticas performativas”. Políticas que lejos de limitarse a la gestión técnica de las instituciones, conllevan una intención de profunda transformación del cuerpo social como consecuencia de la aplicación de las normas y de las políticas públicas ejecutadas. 

El título de la noticia hace referencia a la frase más célebre que pronunció Arrese nunca: “No queremos una España de proletarios, sino de propietarios”. En su alocución, el ministro aboga expresamente por que la construcción (de viviendas) no derive “de un modelo colectivo hacia el arrendamiento, ni siquiera hacia el acceso a la propiedad cuando los plazos son tan lejanos que destruyan el aliciente… la fórmula ideal, la cristiana, la revolucionaria desde el punto de vista de nuestra propia revolución, es la fórmula estable y armoniosa de la propiedad”. A lo largo del texto se aprecia que en el modo de promover vivienda subyace un modelo de familia, una forma concreta y estática de vínculo del individuo al territorio, o del propio concepto de propiedad: “derogar el sentido melancólico y transeúnte del hombre que camina por la vida sin derecho a alcanzar con su mano la posesión de las cosas que le rodean e implantar, como un himno de gloria, el arraigo de la familia en el ambiente cálido y amable del hogar”. Casi nada al aparato. La intención última “que no se salga con la suya una doctrina que llamó proletaria a la masa”, porque finalmente para “levantar al hombre hasta la dignidad física y metafísica para la cual ha sido creado” no habría “esfuerzo más exigente ni hermoso que hacer sentir que todos los españoles son propietarios del hogar que ocupan”.

El carácter antropológico del discurso de Arrese es ilustrador para entender las llamativas reacciones que se ven y escuchan cuando se produce cualquier actuación sobre el mercado de la vivienda. Todavía hoy, 64 años después.

España y su economía cambiaron mucho con el tiempo, claro. La concepción propietarista de la vivienda hizo fortuna en nuestro país. Con el paso del tiempo, el sector inmobiliario selló una ligazón estratégica con el financiero. Se acabó la limitación del “acceso a la propiedad cuando los plazos son tan lejanos que destruyan el aliciente”, mediante el recurso creciente al crédito hipotecario. La vivienda en propiedad terminaba por constituirse en algo más que el nido bucólico al que hacía florida referencia el ministro de Franco. Terminó por convertirse en un bien especulativo, un instrumento de ahorro y un activo de inversión. La propiedad de una vivienda era un colchón de seguridad ante la vejez y otras contingencias sobrevenidas, en un Estado desarmado fiscalmente hasta los años 80 y que por tanto protegía poco y mal la vejez o la enfermedad, y nada la dependencia, los cuidados y otras contingencias. 

El poder de lobby producto de la conjunción de ambos sectores (constructor-inmobiliario y financiero) acabó por determinar que la vivienda se convirtiera en un elemento central del modelo económico español. Tanto es así que el bien colateral sobre el que se fundamentó la burbuja de endeudamiento externo de nuestro país fue precisamente la vivienda. Liberalización del suelo; urbanización masiva edificando más viviendas en un año que la suma de Alemania, Francia e Italia; el precio de los pisos que nunca bajarían pese al incremento de la oferta; el acceso temerario al crédito hipotecario para diferir en el tiempo el pago de cantidades astronómicas. Luego pasó lo que pasó con la crisis de 2008 y la pirámide se vino abajo. A socializar pérdidas por un lado, a impagar, desahuciar, y arruinarse familias, por otro. 

Nunca hubo una política de vivienda en España digna de tal nombre en las últimas décadas. Pero nunca hubo tampoco mercado más intervenido que el de la vivienda. Vaya si ha habido intervencionismo en el mercado de la vivienda. Pero no destinado a facilitar el acceso de las mayorías sociales a un bien esencial para poder vivir y ejercer un derecho, sino todo lo contrario. Para garantizar las posiciones de los propietarios, tanto más cuanto más propietario se es. Las medidas públicas han estado encaminadas a evitar que los precios de la vivienda bajasen estableciendo una especie de “estado de excepción” en las leyes de la oferta y la demanda. 

El precio de la vivienda ha estado permanentemente dopado. Mediante políticas fiscales, también complementadas con cheques, avales para la entrada de pisos, etc. El objetivo es mantener artificialmente precios altos. Disparatados. Salvaguardar la vivienda como bien de especulación, ahorro e inversión. Sirva como ejemplo que la deducción en el IRPF para la compra de vivienda habitual supuso entre el año 2001 y el año 2013 un gasto para todos los españoles de más de 42.600 millones de euros. En el año culmen de 2010, fueron 4.415 millones de euros los destinados a estas deducciones. Es decir, que nos hemos gastado en ventajas fiscales (que finalmente incentivan hipotecarse a muy largo plazo y facilitan el mantenimiento de precios disparatados) más recursos en poco más de una década que todo lo empleado en los ERTE, las bonificaciones a la Seguridad Social y las prestaciones por cese de actividad de los autónomos durante la pandemia. 

La actual Ley de Vivienda parte de una concepción distinta, aunque habrá que ver sus resultados reales, porque aquí sí que sí, “con la iglesia hemos topado” (en sentido metafórico quiero decir). La reacción de la derecha política, económica y mediática ha sido furibunda. El espantajo de la okupación por una parte, y por lo demás más de lo mismo: hay que construir más para que baje el precio (vuelta la mula al trigo), y facilitar a los jóvenes el acceso con avales, ayudas… (si no querías taza, taza y media). Lo que sea con tal de no depreciar el bien de inversión de los rentistas camuflando, como ayudas de vivienda que pagamos toda la ciudadanía, el dopaje a los precios desproporcionados.

Sería una buenísima noticia para la clase trabajadora que esta ley fuera obteniendo su principal objetivo, que no debiera ser otro que facilitar el derecho de acceso y uso a una vivienda a toda la población en condiciones asequibles. 

Hoy el arcaico concepto de la vivienda en propiedad como bien de inversión/ahorro/especulación supone una enorme extracción de renta para millones de hogares que no se puede derivar a otros consumos. La losa hipotecaria limita la capacidad reivindicativa de la clase trabajadora. Supone un riesgo vital, como estamos comprobando con el encarecimiento de las hipotecas tras la subida de tipos de interés. Aplaza las vidas adultas y autónomas. Es un sector que imanta cantidades de inversión –pues se obtienen retornos económicos excesivos, sobre todo en la medida que se garanticen precios dopados–  que serían mucho más interesantes en términos de país si se derivasen a otros sectores más dinámicos en la oportunidad transicional que se nos abre. Y finalmente porque supone un lastre a la movilidad geográfica de la que tanto se queja el empresariado. Buscar ofertas de trabajo lejos de la zona de residencia es limitante con los costes de pisos o alquileres, salvo en segmentos de personas con altos salarios. 

Pero hay que ser conscientes de que la vivienda en propiedad, como mochila de seguridad, forma parte del imaginario colectivo más instalado en nuestro país y de la enorme influencia del rentismo. El Estado, que protegía poco y mal cuando ideó la vivienda como activo al que recurrir si la vejez u otras circunstancias se ponían feas, tiene el desafío de proteger más y mejor esas contingencias de la vida. Se trata de generar la expectativa de que se puede acceder a una vivienda en condiciones asequibles, y que eso vale más la pena que “entramparse” durante 25 o 30 años para dedicar el salario de 11 años a pagar un bien que debiera responder a un derecho básico. 

Materializar esta política no depende solo de un BOE sino de una acción pública constante y definida en el tiempo. Solo así será performativa. Si lo sabía Arrese, que para ese fin disponía de todo el tiempo del mundo… A fin de cuentas, para eso habían asesinado, reprimido, ilegalizado o exiliado al pueblo republicano. Para tener lo que siempre necesitó el poder con el fin de configurar su sociedad: dinero, tiempo y, en su defecto, campos de concentración.

Tiempo y dinero, además del BOE. Esa es la clave.

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Unai Sordo es Secretario General de CCOO.

Pese a que España ha conseguido reducir de forma importante la inflación tras la aplicación de la llamada “excepción ibérica” y sus efectos sobre la contención de precios energéticos, muchos de los productos básicos para los hogares siguen en niveles disparatados. A la vez, una buena parte de las personas trabajadoras de nuestro país sufren una importante merma de sus salarios reales, porque los sueldos suben de media bastante menos que la inflación. Corregir esta situación es la gran prioridad sindical en este año 2023. 

Hace algo más de un año, el Gobierno planteó la necesidad de avanzar en un pacto de rentas. Aunque creemos que el Ejecutivo no supo liderar ese pacto, realmente la imposibilidad de avanzar por esa vía fue responsabilidad principal de las organizaciones empresariales. En la crisis pandémica, donde el reparto de los costes de la crisis por caída de la actividad se distribuyó de forma más equitativa que nunca (entre Estado, empresas y trabajadores) los resultados fueron mejores que nunca. Sin embargo, tras la guerra en Ucrania se trataba de repartir el impacto del aumento de costes entre excedente empresarial, salarios y recursos públicos. Y CEOE se borró de la ecuación en un ejercicio de irresponsabilidad con su país que hoy queremos volver a señalar y denunciar.

Llegados a este punto, y teniendo en cuenta que el Gobierno ha ido tomando medidas que han amortiguado una parte del impacto de la inflación —en nuestra opinión de forma insuficiente y a veces poco eficaz—, se antoja como una prioridad un acuerdo salarial que permita recuperar el poder de compra de millones de hogares en España. 

De no llegar a tal acuerdo, los sindicatos intentaremos promover un escenario de creciente conflictividad laboral que trataremos que tome contundencia recurriendo a la movilización y la huelga, allá donde sea posible. La avaricia y el ventajismo de buena parte del empresariado merece el reproche y la acción sindical y política. 

En ese sentido, hemos solicitado al Gobierno que facilite un indicador público para conocer los beneficios de las empresas de cada uno de los convenios colectivos sectoriales que se negocian. Ese indicador podría proceder del observatorio de excedentes empresariales reclamado por CCOO, que también podría ser muy oportuno para conocer cómo se imputan los costes dentro de las distintas cadenas de valor entre las empresas con capacidad de fijar precios y las que sufren esa fijación abusiva. 

Muchas veces la libre competencia de oferta y demanda a la hora de fijar precios de transacciones es una quimera ante la asimetría de poder que existe en el mundo económico. Es llamativa la ausencia de mensajes en este sentido de las organizaciones de pequeñas empresas e incluso de algunas asociaciones de autónomos. Debieran ser las más interesadas en conocer si hay situaciones de excesivo poder de mercado o incluso de oligopolio que permiten imputar precios de forma abusiva. Cuando se sube el SMI o se incrementan levemente las cotizaciones sociales, esas organizaciones empresariales y de autónomos (con excepciones como la mayoritaria UATAE) ponen el grito en el cielo. Curioso criterio.

CEOE debería hacer la lectura sobre el escenario que se puede abrir en un contexto de incertidumbre política en pleno ciclo electoral y despliegue de los recursos europeos y por tanto decisiones estratégicas de inversión privada y pública. ¿De verdad quiere afrontar una negociación colectiva con más de mil convenios a negociar con una clase trabajadora que tenga pérdidas de poder adquisitivo acumulado de más del 10 por ciento? Si este año no hay AENC, el instrumento se puede dar por enterrado. Ahora y en el futuro. Dar por amortizada la legislatura a la espera de un cambio de ciclo político y situarse en los márgenes de la negociación no ha sido lo más acertado para sus intereses en pensiones o en SMI. 

Desde CCOO queremos cerrar el círculo de distribución de rentas a través de la negociación colectiva, tras una secuencia de acuerdos y éxitos importantes. Porque hoy en España y en un contexto de alta inflación ya descrito, más de 10 millones de pensionistas, más de dos millones de perceptores del salario mínimo, tres millones de empleadas y empleados públicos, y la parte más organizada de la clase trabajadora han visto protegidos sus ingresos reales. Los datos de convenios registrados nos dicen que 2.734.119 personas (el 30% de las que tenían su convenio renovado y vigente) habían tenido incrementos salariales prácticamente del 5%. Las bases de cotización medias en 2022, dentro del Régimen Especial de la Seguridad Social, son un 15,5% superiores a las que había en enero de 2018. Sin embargo, este incremento relevante es erosionado de forma importante por la inflación del último trimestre de 2021 y el año 2022.

Y lo hacemos con la convicción de que las propuestas sindicales han visto la luz en este último periodo de una forma nítida y sus resultados son comparativamente mejores a los de otras situaciones de dificultad económica.

Es muy relevante señalar que en la secuencia de dos crisis inéditas —la pandémica y la de precios—, por primera vez no se han aplicado las viejas recetas del manual neoliberal. Es decir, la conocida fórmula de facilitar el despido para permitir el ajuste de las empresas al ciclo económico mediante la destrucción de puestos de trabajo; la precarización de la contratación para —se nos decía— facilitar la incorporación al mercado laboral en las fases de crecimiento; y,  por supuesto, la rebaja de los salarios empezando por los más bajos para así ganar competitividad externa por la vía de reducir costes. 

Por el contrario, se ha intervenido el mercado laboral con una socialización temporal de rentas (los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) priorizando el mantenimiento de los empleos, se ha incrementado un 47% el SMI y se ha reducido la temporalidad en términos históricos, ya que cada mes la contratación indefinida multiplica casi por cinco la que teníamos antes de la reforma laboral. Los resultados no son las catástrofes pronosticadas no hace tanto, sino que nuestra tasa de personas afiliadas a la Seguridad Social es la más alta de la historia, las horas trabajadas en el primer trimestre de 2023 superan a las del mismo trimestre del año 2019 y todo apunta a que este récord se superará ampliamente en este próximo trimestre. 

Pero es que más dogmas y mantras han caído con estrépito. La respuesta a la crisis dada en Europa ha transitado desde las políticas de austeridad y devaluación de los países, hasta la puesta en marcha de un fondo sufragado con deuda común para impulsar las transformaciones de nuestro modelo energético y productivo. Y todo ello en medio de profundos movimientos tectónicos en el escenario geopolítico mundial. Momento de riesgos, muchas incertidumbres y también oportunidades. Se vuelve a hablar de política industrial, de desarrollo sectorial, de Estado emprendedor. 

España tiene un reto decisivo en estos años, y por primera vez puede afrontar un momento de transiciones acumuladas —digital y energética— en una posición no estrictamente periférica. Sería una irresponsabilidad afrontar ese escenario con un marco de diálogo social empantanado e impracticable, por la avaricia de los peores proyectos empresariales y una guerra de guerrillas en la negociación colectiva; en un país donde se incrementen las desigualdades y se siga apostando por los bajos salarios como fórmula de competitividad y ganancia perversa de productividad.  CEOE sabrá dónde quiere ir, si bien instamos a la organización empresarial a retomar una negociación posible para llegar a un acuerdo salarial que evite ese escenario.

También sería dramático, aunque esto es harina de otro costal, afrontar los retos, oportunidades y riesgos que se avecinan desde posiciones reaccionarias y negacionistas. ¿Alguien se imagina la Inglaterra del siglo XVII afrontando la revolución industrial gobernada por quien negase la utilidad de la electricidad, añorase el arado frente al ferrocarril o afirmase que la conversión de energía térmica en energía dinámica que posibilitó la máquina de vapor es un invento de las élites globalistas defensoras de la agenda 2030? Pues esto amenaza a España desde el negacionismo energético y ecológico, y también desde quienes aspiran al Estado mínimo. Políticas que coinciden en la intención de deteriorar la gestión de lo público y lo colectivo hasta hacerlo ineficaz, para abrir la puerta al expolio de recursos comunes a empresas privadas, que lejos de aportar cualquier valor, sólo aspiran a parasitar recursos públicos en mercados cautivos. Sea en educación, sanidad, gestión de bicicletas o el rentismo más improductivo. Sí, eso también está en juego en España.

El 1º de Mayo es una fecha referente para la clase trabajadora mundial, pero también debe ser una referencia en la defensa del progreso, la democracia, la igualdad y los valores de ciudadanía social, hoy amenazados en el mundo.

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Unai Sordo es secretario general de CCOO.