Así rezan los carteles que colman las redes sociales de la plataforma social Oncobierzo, un movimiento comarcal que, como su nombre indica, lucha por tener servicio oncológico en el Bierzo (León). Puede parecer una hipérbole extravagante, pero es estrictamente cierto: el Hospital del Bierzo, que atiende en su área de salud más de 120.000 cartillas, no tiene oncólogos. Este centro cuenta con cuatro escasísimas plazas de oncología, dos ocupadas por especialistas actualmente de baja y dos desiertas desde hace meses.

Explicado esto, les invito a que imaginen que su madre o padre enferma de algún cáncer y, lejos de recibir la mejor atención, se encuentra en un hospital donde es atendido por internistas que hacen todo lo que pueden, pero sin oncólogos. El tiempo pasa y lo sumo que llega es la visita de especialistas que cambian cada vez, cuyos viajes para llegar a su puesto de trabajo son de un tiempo superior a dos horas y media. Pese a tener el mejor ánimo y profesionalidad, su labor es absolutamente insuficiente en un contexto sanitario de saturación. Pues bien, este es el infierno que, paradójicamente, se vive en un paraíso natural donde el derecho a la sanidad pública, de facto, no existe. De hecho, el problema alcanza tal gravedad que el Defensor del Paciente ha instado la actuación urgente de la fiscalía en el asunto. 

Podría pensarse que se trata de hechos sobrevenidos, pero no es cierto. La situación actual responde a la enorme negligencia continuada que representan las políticas sanitarias en Castilla y León, es más, profesionales tan relevantes como el presidente de la organización colegial de médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, han avisado reiteradamente sobre el abismo al que lleva tiempo asomándose la sanidad berciana. Salarios bajos, falta de incentivos, la imposibilidad de desarrollo profesional y la expulsión sistemática del talento ha ido dejando al hospital ponferradino sin especialistas.

Aunque la colección de errores que han terminado de estallar en las últimas semanas ha supuesto la dimisión de Pilar Fernández, gerente de asistencia sanitaria del Bierzo, lo cierto es que, como indicaba, esta dejadez contumaz no le era ajena a la Junta de Castilla y León. Lo han evidenciado sus políticas de parches que en ningún caso han hecho un abordaje de fondo del problema y, lo que es aún más grave, lo dejan claro las reiteradas llamadas de atención de la oposición a lo largo de todos estos años. Sin ir más lejos, el PSOE de Castilla y León propuso hace ya más de tres años un sistema de incentivos que permitiera ocupar con garantías las plazas de difícil cobertura; del mismo modo, los socialistas han peleado duro por la puesta en marcha de la facultad de Medicina en la provincia de León, a la que ahora se ha sumado de forma oportunista y sin compromisos concretos el PP. 

Quizá haya quien considere que este asunto no alcanza más allá del ámbito regional; sin embargo, da muchas pistas sobre el modelo de país al que podemos aspirar. Garantizar un acceso equitativo a servicios como la sanidad pública es un reto en zonas rurales y/o asediadas por la despoblación, pero cada vez que un solo ciudadano o ciudadana se ve abandonado, el Estado está fallando de la peor forma posible. Es radicalmente incompatible con el Estado social, democrático y de derecho que haya personas sin atención oncológica en España, porque representa una ruptura total de la solidaridad, del principio de igualdad y de la cohesión social y territorial. En relación con esto, considero legítimo sostener apasionados debates sobre el modelo de financiación, pero, mientras el presidente de Castilla y León agita el peral de la polémica financiera, sus socios de Vox le acorralan con la ley de concordia o Cataluña sigue usándose como espantajo, las soluciones siguen sin llegar al Bierzo. Entre tanto, en el pleno de las Cortes de Castilla y León de esta semana, solo un portavoz pregunta por la sanidad berciana: Luis Tudanca, líder de los socialistas castellanos y leoneses.

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Andrea Fernández es diputada del PSOE por León.

La democracia paritaria es uno de los conceptos sobre los que más ha teorizado el movimiento feminista. Durante décadas, el feminismo ha detectado y analizado todas las dinámicas que hacen que las mujeres queden excluidas o marginadas en los espacios de poder a consecuencia del machismo.

Cuando hablamos de espacios de poder o influencia es importante resaltar que este ha sido diseñado bajo lógicas masculinas y se ha moldeado durante siglos de dominación del espacio público por parte de los hombres. Esto es lo que ha permitido que, por ejemplo, hasta hace menos de un siglo las mujeres no pudieran votar, abrirse una cuenta bancaria o ser libres para muchos trámites en relación a sus padre o maridos. Evidentemente, estas normas irracionales se han ido superando de forma paulatina, desde las más lacerantes hasta las menos evidentes, sin embargo, gran parte de los ecos de esta realidad siga existiendo.

A lo largo de los años el progreso en esta materia es amplio; sin ir más lejos, la ley de igualdad entre hombres y mujeres de 2005 supuso un paso de gigante porque impuso la paridad en las listas electorales y promocionó la equidad en ámbitos como la cultura. Estas leyes han traído mayor presencia de mujeres en todos los espacios, pero, como decía, no todos los obstáculos se han superado.

Las mujeres acceden menos a los espacios de poder y cuando lo hacen es en condiciones más precarias. Por ejemplo, aunque la paridad sea obligatoria, siguen existiendo fenómenos como los acantilados de cristal. Además, las mujeres lideran o encabezan menos listas electorales, suelen permanecer menos en política precisamente por depender del poder de terceros o por verse sometidas a violencia política, que adopta una forma muy específica cuando se trata de mujeres. Para colmo, existe un patrón identificado cuando los tiempos políticos son complicados: la seriedad y capacidad se asocia a figuras masculinas. Caminar en la dirección de corregir estos restos de machismo en el poder es una cuestión de calidad democrática. Fomentar la igualdad y la transparencia cuando hablamos de poder es fundamental para formar sociedades más libres.

Por toda esta colección de motivos, la ley de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres que aprobamos esta semana es un hito democrático. Esta ley ahonda en las recetas que nos permiten superar los obstáculos que aún hoy existen; se trata de una norma que exige las listas electorales cremallera, que exigirá paridad en los órganos constitucionales, en los consejos de administración, en las organizaciones sociales, en los sindicatos y un largo etcétera.

Gracias a leyes como esta construimos un país más democrático, legamos un país mejor. Ninguna niña volverá a crecer sin ver referentes en todos los espacios de influencia a los que desee aspirar. Estamos de enhorabuena. 

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Andrea Fernández es diputada del PSOE por León.

Sobre la Ley de Proxenetismo presentada por el PSOE la pasada semana se han dicho muchas cosas; por ello, conviene aclarar cuál es la razón de ser del texto legislativo. Como en todo lo importante, merece la pena ir por partes.

La proposición de ley nació como una reivindicación de las socialistas en el seno de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Entendíamos que una ley que lucha contra la violencia sexual debe hacerlo también contra el proxenetismo, las tercerías locativas y la demanda de prostitución. Sin embargo, el PSOE tuvo que retirar estas enmiendas para desbloquear la ley, puesto que los partidos que apoyaban al Gobierno en aquel momento amenazaban con votar contra la citada norma si el PSOE, apoyado por el PP, sacaba adelante esas enmiendas. Dada esta situación, los socialistas trabajamos una ley propia para perseguir el proxenetismo: así nació la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para prohibir el proxenetismo en todas sus formas.

Efectivamente, esta ley es una reforma del Código Penal, lo cual no significa que no tenga un enorme potencial transformador o que vayamos a abolir a prostitución prohibiendo, como algunos han argüido de forma bastante tramposa. Lo cierto es que el proxenetismo en España apenas está perseguido, dada la redacción del tipo penal. Actualmente, el lucro de la prostitución de otra persona solo está tipificado si se obtiene mediante violencia o explotación de la otra persona. Una definición que, junto a la jurisprudencia que la acompaña, genera problemas para su persecución, además de producir revictimización. Por cierto, estas advertencias las lleva lanzando desde hace tiempo la Fiscalía General del Estado. 

Dicho lo anterior, es imprescindible perseguir la demanda (a los puteros) y también los espacios donde tiene lugar la explotación sexual. Esto es así porque la demanda de prostitución existente en España exige miles de mujeres que, además, son sustituibles en horas; por cada mujer que sale, entra otra. Las mujeres para los proxenetas son carne infinita. De poco sirve poner en marcha medidas sociales específicas si no tratamos de eliminar un mercado inmenso que es condición de posibilidad para que esas mujeres, generalmente vulnerables y migrantes, se vean atrapadas en ello. Mientras ese mercado exista, las mujeres seguirán pasando por él.

Hay quien dice que debe protegerse la libertad de las mujeres que desean hacerlo libremente. Pues bien, teniendo en cuenta el contexto que he descrito antes, defender el derecho a una libertad individual sostenida en un contexto mayoritario de violencia es cuanto menos cuestionable, máxime cuando otras libertades complejas no se suelen someter a debate público.

Se me ocurre el derecho a ser esclavo, a trabajar por debajo del SMI o el derecho a vender órganos. También cabe preguntarse cuál es la raíz de un mercado donde existen cuerpos en todos los lugares y en todo rango de precio a disposición de los hombres, cuando no sucede igual para las mujeres. Quizá sea porque la raíz de la prostitución es el machismo y, por tanto, la libertad individual debe pensarse desde una óptica crítica. Otro debate es si una democracia liberal basada en principios como la igualdad puede amparar este tipo de libertad.

El abordaje de la prostitución, por supuesto, exige medidas emancipadoras. De hecho, el Gobierno ha invertido más de 12 millones de euros en dos años destinados a esta causa. No obstante, tampoco parece lógico aducir que una reforma del Código Penal no protege a las mujeres porque las condena a la marginalidad o la exclusión, como si el contexto prostitucional no fuera profundamente estigmatizante, dañino para la salud y fuente de exclusión. En definitiva, esta ley no representaba la abolición de la prostitución, pero sí un paso importante para luchar contra una industria que es en esencia violenta, extractiva y muy lucrativa para unos pocos. Que el Congreso haya decido conculcar la posibilidad de que se debata es un error que en el futuro será inexplicable. 

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Andrea Fernández es diputada del PSOE por León.

Hace apenas unos días surgía una polémica en redes sociales a colación de unas palabras de Carlos Boyero valorando el aspecto de Jodie Foster. Durante un programa de radio, el ilustre crítico de cine comentó que, pese a que él había querido mucho de niña a la actriz, en la interpretación de True Detective se veía envejecida. El aserto, más allá de pretender ser o no una crítica al maquillaje, describía su apariencia como algo negativo o poco favorecedor para la intérprete. La naturalidad con la que se desarrollaba la conversación abre la reflexión sobre la relación entre mujeres, juventud y belleza. Inevitablemente, también con el concepto de poder.

El discurrir de los años pesa en todas las personas que envejecen en las sociedades modernas. El valor de la juventud es muy elevado y desde luego que la relación que sostenemos con experiencias como la vulnerabilidad o la improductividad asociadas a la edad es compleja y también varía en función del género. Sin embargo, en el caso de las mujeres es infinitamente más cruda porque la edad se vincula a la belleza, que es, aún hoy, determinante para la realización social de ellas. Aunque la igualdad avanza, esta afirmación sigue más o menos difuminada pero vigente. Por ejemplo, son muy conocidos los vídeos en internet de jóvenes que teorizan el machismo hablando del valor de mercado de las mujeres en función de su edad o promiscuidad. 

Pensadoras como Susan Sontag han señalado que el arquetipo de lo bello es jovial, frugal, superficial; es decir, no resiste al tiempo. Teniendo en cuenta que es el gran tesoro que, bajo la lupa patriarcal, poseen las mujeres, podemos estar seguras de que nuestros talentos entendidos como principales se ejercen y caducan pronto: el agrado, los cuidados o la maternidad son algunos de ellos. Por el contrario, casi todos los elementos adosados a la relevancia y valía de los hombres mejoran con los años: la experiencia, la sabiduría, la templanza. Las diferencias sexuales dibujan un panorama, por tanto, que sigue siendo opresivo para las mujeres, y es que mientras la masculinidad se traduce en competencia, rigurosidad o liderazgo la feminidad se vincula a la dulzura, la complacencia, la conformidad o la fidelidad. De hecho, son estos estereotipos los que facilitan la existencia de fenómenos discriminatorios para las mujeres como la ausencia de referentes en muchos campos, los acantilados de cristal o, como señalaba recientemente en uno de sus artículos la profesora Martínez Bascuñán, el hecho de que en momentos de crisis se apueste por liderazgos especialmente masculinos porque aportan mayor sensación de solidez. 

Prueba de lo expuesto es que, tras la revolución industrial las mujeres han estado alejadas, en general, de empleos que requieran el uso de la fuerza física —salvo aquellos vinculados a los cuidados— de la producción industrial o el liderazgo. De hecho, debería preocuparnos mucho que este escenario se mantenga con la llegada de la digitalización, lo que a todas luces parece que sucederá viendo fenómenos como los sesgos de género en los algoritmos o la prevalencia de hombres en su desarrollo. 

Ahondando en lo anterior, los trabajos de las mujeres no suelen competir con el de los hombres, son habitualmente de apoyo o accesorios: compañeras, secretarias, números dos y un largo etcétera. Ello sumado al rechazo que el machismo dicta sobre la ambición de las mujeres hace que estas se hayan visto históricamente relegadas, a efectos prácticos, a trabajos o roles sin capacidad de ascenso ni autonomía ni mejor remuneración. Todos estos factores deberían ser tenidos en cuenta cuando hablamos de brecha salarial, es más, según el Ministerio de Trabajo, el 45% de las mujeres deberían cambiar de empleo para equilibrar el mercado laboral.

Evidentemente, medidas paritarias promovidas por normas como la reciente ley de paridad son imprescindibles para lograr mejoras en la representatividad de las mujeres en todos los espacios. No obstante, un cambio profundo y real requiere revisar muchas dinámicas que ni siquiera se perciben a simple vista y que siguen generando injusticia para las mujeres. La apreciación de la ausencia de juventud o belleza en una mujer es solo la punta del iceberg evidente: si buceamos, podremos ver todo un sistema que sigue subyugando la vida de las mujeres. Que seamos capaces de educar ciudadanos y ciudadanas que se aparten de roles que nos hacen peores es crucial para el mundo que viene. Cada mujer irreverente y cada hombre cuidador son y serán una revolución de esperanza.

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Andrea Fernández es diputada del PSOE por León.

La expresión más conocida (por cruda) de la violencia machista es sin duda la violencia física que, aún en demasiadas ocasiones, se salda con el asesinato de mujeres. Sin embargo, en días como hoy las feministas solemos percibir que el discurso público sobre el machismo sigue marchamado con la idea de que la violencia contra las mujeres es solo la más evidente, son sucesos desgraciados como tantos otros o incluso que es un contador anual de muertes poco menos que inevitables. En realidad, la violencia contra las mujeres es, probablemente, una de las fallas estructurales más hondas que aún conservan todas las sociedades democráticas.

La violencia de género es una amenaza para todas las mujeres del mundo. Según Luis Bonino, consiste en imponer conductas a las mujeres hasta conseguir que hagan lo que no desean hacer, y alcanza su máxima efectividad cuando consigue que estas duden de sus propias percepciones e incluso que no les resulte peligrosa. Añado que la violencia machista, profundamente política, es disciplinante: agrede para dominar a quien recibe la violencia pero también es instructiva para otras mujeres.

En 2004, cuando se elaboró la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se optó por centrar el trabajo en las relaciones de pareja, dado que los expertos y expertas de ramas como la medicina forense, la atención primaria o la psicología acusaban este ámbito como el de mayor vulnerabilidad para las mujeres. En la exposición de motivos del texto se alude a la necesidad de sacar esta violencia del ámbito privado; de abandonar la intimidad como pretexto para justificar esta violencia fruto de la desigualdad. Es interesante recordar que, siendo estas reflexiones tan cabales, ha sido la ley más recurrida al Tribunal Constitucional de la historia de la democracia en España; cabe reflexionar sobre por qué los avances en igualdad generan tantas reacciones de confrontación, desagrado u hostilidad por parte de las instituciones que ostentan tradicionalmente poder.

Si bien es cierto que esta ley no recoge la infinidad de violencia que sufrimos las mujeres, sí incentivó un profundo debate social y político que tuvo como resultado años más tarde el Pacto de Estado contra la violencia de género, donde el abordaje de la violencia machista es más amplio y además recomienda tratar todas las formas de violencia machista. Como señaló Celia Amorós, es imprescindible impugnar la realidad que pretende normalizar el machismo. La violencia más visibilizada y evidente es consecuencia de todo un sistema político, el patriarcado, que sigue menoscabando la vida de las mujeres de muchas formas distintas. Además, sabemos que este sistema se sofistica y afina a medida que, gracias al feminismo, la igualdad avanza.

Pues bien, las preguntas incómodas son importantes para seguir avanzando. Es fundamental que entendamos, por ejemplo, que la violencia política que sufren las mujeres a través del hostigamiento o el acoso impide que se les reconozca como sujetos políticos. Igualmente, necesitamos que los hombres impugnen la masculinidad tradicional, que actúen en relación con la sobrerrepresentación de sus figuras en el ámbito público y también que se comprometan política y personalmente con su paternidad o los cuidados como prioridad ética. Es urgente que entendamos que la representatividad de las mujeres en política —lo que se ha mal llamado cuotas— es un medio provisional, no un fin. Es indispensable que el poder se ordene de manera verdaderamente equitativa en todas las esferas de la vida para que las mujeres dejemos de sufrir violencia.

La violencia machista es la consecuencia de un sistema político que aún hoy impide que las mujeres sean plenamente libres. En consecuencia, se aplaca acabando con la desautorización social, económica y cultural que aún hoy padecemos las mujeres. Si el horizonte es la igualdad y la libertad, la emancipación es el camino.

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Andrea Fernández es secretaria de Igualdad del PSOE y diputada por León.