El Día Internacional del Migrante, 18 de diciembre, debe servir como un momento para visibilizar y recordar la necesidad de la integración social de las personas desplazadas por cualquier motivo, pero también es una ocasión para reivindicar sus derechos y denunciar aquellos elementos, ya sean estructurales o coyunturales, que son causa de su exclusión. Más si se toma en consideración que acabamos de celebrar, el pasado 10 de diciembre, el 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que constituye una buena guía de acción para articular la integración como una cuestión de igualdad en los derechos para conseguir la justicia social.

Son muchos, lamentablemente, los temas que pueden tratarse en este ámbito. Sin embargo, centraremos aquí la atención en uno de ellos cuya relevancia está marcada por su relativa novedad y por su cada día mayor repercusión en la experiencia de integración con la población migrante. Se trata del uso de las tecnologías y la brecha digital vivida por quien desconoce los entresijos del mundo virtual o carece de dispositivos electrónicos para acceder a él. Conforme avanzan los tiempos, la realidad nos arrastra al mundo digital. El ocio, el entretenimiento, la comunicación, pero también la información y el conocimiento e incluso el trabajo han ocupado su lugar en ese nuevo espacio. Quien no puede entrar o ignora cómo manejarse en él se queda fuera de un sinfín de posibilidades. No es una panacea, ya que dicho lugar no está exento de riesgos. El peligro es inherente a cualquier rincón habitado por el ser humano y en el virtual también hay desigualdad y exclusión. No resulta paradójico ni sorprendente que las personas y grupos que sufren dichas situaciones sean las mismas que las experimentan en el mundo físico. Además, la discriminación online puede incrementar la vivida offline, ya que, retroalimenta las condiciones para su mantenimiento.

Nuestra llegada y permanencia en ese espacio digital es irremediable sobre todo con motivo de la pandemia y unas medidas de distanciamiento social que brindaron una excelente oportunidad a herramientas ya existentes, pero estaban inexploradas por la población en general, y sirvieron como justificación para instaurar con carácter permanente vías de comunicación telemáticas entre la ciudadanía y las administraciones públicas. La brecha existente antes de la crisis sanitaria entre quienes tenían acceso y conocimiento de las nuevas tecnologías y quienes carecían de dispositivos o recursos para emplearlos ha incrementado desde entonces. La pandemia supuso un punto de inflexión a partir del cual el mundo virtual cobró vida propia para extenderse aún más. Mostró quién estaba listo para ese nuevo escenario y quién se hallaba fuera de él, como fiel reflejo de la desigualdad y discriminación en el mundo tangible, solo que, esta vez, en un escenario virtual también con consecuencias para la integración social.

En la era digital actual, que el triunfo de la inteligencia artificial afianza, es imperativo recordar que una de las destacadas virtudes de este entorno es su capacidad para universalizar el acceso a bienes y servicios. Este fenómeno propicia el establecimiento de un modelo social horizontal, donde se democratiza el acceso a la información y los recursos, creando un marco de oportunidades equitativas para el desarrollo integral de las diversas facetas individuales. En este contexto, los colectivos en una mayor situación de vulnerabilidad gozan de la posibilidad de mejorar su situación de desventaja mediante el aprovechamiento de los medios digitales, ampliando así sus opciones de vida, fomentando el desarrollo personal y accediendo a mejores oportunidades educativas y laborales. Este proceso contribuye de manera significativa a mitigar las brechas sociales existentes.

El acceso y conocimiento de herramientas digitales conllevan una serie de beneficios fundamentales que repercuten positivamente en la sociedad. En primer lugar, la integración social se puede fortalecer, ya que el uso adecuado de estas herramientas facilita la conexión entre personas, rompiendo barreras y propiciando un mayor sentido de comunidad y de pertenencia. La participación activa en la sociedad digital permite crear lazos y conexiones que trascienden las fronteras físicas, promoviendo una mayor cohesión social. A ello va estrechamente ligado el hecho de que la comunicación e interacción sociales se ven enriquecidas, pudiendo fomentar relaciones significativas y de cooperación. Además, el acceso al mercado laboral y el desarrollo del trabajo se ven potenciados, generando nuevas oportunidades profesionales y promoviendo la movilidad social. Por otro lado, el acceso al conocimiento, la formación y el aprendizaje se expande, lo cual permite a las personas adquirir habilidades y conocimientos de forma más accesible. Asimismo, conviene destacar también que el aumento en las fuentes informativas contribuye a una comprensión más amplia y crítica del entorno.

Todas estas ventajas del espacio virtual se ven truncadas cuando la persona o las comunidades carecen de los recursos para entrar en él o para, una vez dentro, saber moverse por ese universo aparentemente intuitivo, pero a menudo difícil de comprender por su impersonalidad y rigidez. Es así como se abre una grieta entre personas y comunidades, entre quienes están y quienes permanecen ausentes. Entre quienes pertenecen y quienes son excluidas. Nace así la brecha digital que aviva aún más si cabe la desigualdad social.

La brecha digital

Se pueden establecer diferentes etapas o pasos en la exclusión digital. Así, se habla de una primera brecha relacionada con el acceso; es decir, con la capacidad de las personas para tener a su disposición una herramienta informática y a la posibilidad de que dicho objeto les permita conectarse a internet. Se trata, por tanto, de una brecha de acceso relacionada con la disponibilidad y la conectividad. Un segundo paso lo constituiría la brecha vinculada al uso, en la cual entrarían en juego el conocimiento, las actitudes y la motivación, y sobre la cual se han estudiado diversos indicadores que manifiestan su riesgo de aparición. Se incluyen entre ellos la frecuencia en el uso de los dispositivos o el número de servicios de Internet utilizados, entre los que se incluye la banca electrónica, la compra online, o herramientas de trabajo, educativas o formativas, o el uso de la administración electrónica, pero también aquellos relacionados con el aspecto más puramente competencial como son contar con un nivel básico de habilidades digitales o de habilidades en información y datos, en cuestiones relacionadas con la seguridad en Internet o para resolver problemas informáticos o de acceso y uso de las herramientas. 

Asimismo, se ha denunciado la existencia de una brecha de género también en el mundo virtual. El mayor acceso y uso de dispositivos, bienes y servicios electrónicos por parte de los hombres es una imagen de la desigualdad en el mundo real como consecuencia de la limitación del tiempo disponible de la mujer, centrada en el ámbito de los cuidados, de la exclusión en la educación y formación en este ámbito, así como debido a normas sociales que dictaminan que este espacio, como un nuevo lugar público, debe ser exclusivo del hombre.

Estos pasos y estas brechas nos permiten aseverar que la estratificación social se reproduce fielmente en la esfera digital, en la que se crean nuevos focos y espacios para la desigualdad y la discriminación. En efecto, esta situación perpetúa y profundiza desventajas preexistentes y se erige como un factor de exclusión social adicional capaz de distanciar a personas y familias de su plena participación social y política. La exclusión social y digital van de la mano.

Conforme avanzábamos anteriormente, la situación de vulnerabilidad se ve agravada ante la brecha digital en un mundo cada día más digitalizado, sobre todo con motivo de la pandemia y las consecuencias para el distanciamiento social físico que dicha crisis sanitaria requirió. En efecto, se han destacado como factores determinantes de dicha brecha la situación administrativa, la barrera del idioma o la falta de acceso a herramientas digitales, tal y como veíamos en el anterior apartado. Las situaciones de vulnerabilidad hacen más proclive la dificultad de tener a disposición un dispositivo electrónico con conexión a Internet, que se agrava, como observábamos, en el caso de mujeres que carecen de tiempo por dedicarse exclusivamente a los trabajos de cuidados o en situaciones de sinhogarismo. Asimismo, los terminales móviles no son suficientes para realizar muchas tareas para las cuales se requieren equipos informáticos completos de mayor dificultad en su acceso.

Esta brecha digital priva a la población migrante que la sufre de oportunidades de ocio compartidas en su entorno, de comunicación permanente con sus familiares y amistades, así como de productos culturales en su idioma que produce aislamiento, falta de pertenencia y añoranza. Asimismo, dificulta o impide su comunicación con las administraciones públicas y la realización de trámites requeridos por estas por su condición de persona desplazada. Si el empleo de herramientas telemáticas para llevar a cabo estas tareas era una de las opciones previstas como alternativas a la interacción presencial, se está convirtiendo en la única, en algunos casos, como muestra el hecho de que en ocasiones se deba pedir cita previa por teléfono o por Internet sin posibilidad de hacerlo de otra forma.

La administración electrónica es un foco de problemas que alejan aún más a las personas, ya de por sí distanciadas por la exclusión social. Son constantes los problemas electrónicos que dejan sin servicio temporal a la ciudadanía y para los cuales las administraciones no ofrecen una rápida solución, ya que o bien necesitan de personal informático específico que lo resuelva o es ella misma quien obstaculiza el servicio como ocurre en aquellas instancias en las que se ofrece la posibilidad de obtener citas de forma telemática solo a una hora determinada en un día concreto de la semana, ante lo cual el colapso y la falta de atención es lo esperado. Son precisamente las personas migrantes quienes más trámites realizan por motivos relacionados con su situación administrativa y son, por ello, las más afectadas por este desajuste. En ocasiones se ven incluso obligadas a pagar a personas o empresas para recibir ayuda y el servicio que podrían y deberían poder hacer ellas solas, pero que se imposibilita por la exclusión digital o la barrera del idioma. Todo ello ha sido denunciado de forma reiterada por organizaciones de la sociedad civil, quienes informan de la problemática de las citas previas y de los procedimientos telemáticos para conseguirlas, lo cual dificulta sobremanera los esfuerzos de la población migrante para atender a los requerimientos o para conocer el estado de sus expedientes. También incluso para la fundamental consideración de la condición de solicitante de asilo de personas con necesidades de protección internacional, sin la cual personas refugiadas en espera de su mero reconocimiento se hallan en un limbo jurídico provocado por barreras administrativas o burocráticas que les sitúa en serio peligro de ser expulsadas a su país de origen en clara violación del principio de no devolución consagrado en el derecho internacional de los derechos humanos.

La brecha digital supone una traba a menudo insuperable también para buscar empleo e implica un serio riesgo de ser objeto de desinformación ante la falta de alfabetización digital, lo cual ahonda en la inseguridad de personas que se hallan en mayor riesgo de ser víctimas de fraudes o estafas electrónicas. Todo lo referido no hace más que enfatizar que las comunidades con problemas para su plena inclusión social son muy sensibles a los obstáculos inherentes a un escenario digital que a menudo desconocen. “Una brecha de brechas que no solo es reflejo de la fractura social en el mundo digital, sino que, además, representa un factor que incrementa las desigualdades”.

Abordada la importancia del espacio digital para fomentar los lazos comunitarios y familiares o para promover el conocimiento, pero también la desigualdad de oportunidades sociales que una brecha en su acceso y uso conlleva, especialmente para los colectivos más desfavorecidos, es posible concretar una serie de recomendaciones.

Con el fin de poner remedio al problema en el acceso a las herramientas necesarias para entrar en el mundo digital, es necesario adoptar medidas encaminadas a garantizar la disponibilidad y conectividad de personas y comunidades. En el primer caso, facilitando el acceso a herramientas actualizadas y seguras mediante la puesta en marcha de modelos de adquisición para rentas bajas, economía circular o de un bono social digital. Por lo que respecta a la segunda, pero también vinculado a la disponibilidad, conviene hacer énfasis en ofrecer lugares de acceso gratuito a equipos informáticos y a una conexión a Internet de calidad. Es importante también que se publiciten esos espacios de manera adecuada para que las personas en situación de vulnerabilidad sensibles a la brecha digital y sus consecuencias tengan conocimiento de ellos.

Una vez asegurado el acceso, es imprescindible abordar el uso de dichas herramientas. Por ello, se destaca la necesidad de establecer talleres dentro de un plan de formación de competencias digitales que alcance a toda la población y que dote de capacitación en habilidades digitales a personas migrantes mediante itinerarios formativos o espacios de aprendizaje comunitario.

Más allá de esos dos componentes de la brecha digital, es básico incidir en la necesidad de fomentar la participación de mujeres y de migrantes en el diseño de las nuevas tecnologías que tenga en cuenta una perspectiva de género y de desplazamiento, así como en la relevancia de sensibilizar a la población general sobre las consecuencias de la exclusión digital y sobre las barreras que la promueven.

Por último, y dada la presencia de la administración electrónica en el día a día de la población migrante, es imperativo crear un sistema que combine el acceso al procedimiento y a la información, tanto en formato digital como presencial, para todos los trámites relacionados con su situación administrativa. Ello pasa irremediablemente por la ampliación de la disponibilidad de citas presenciales, el empleo de un lenguaje accesible que permita acceder a la información a las personas destinatarias de forma efectiva, y el uso de canales de información públicos que genere confianza en los colectivos de personas desplazadas y que evite que deban acudir a fuentes alternativas para conocer la normativa o reglas procedimentales. Sin estas y otras medidas que permitan corregir la evidente desigualdad, la brecha digital se convierte en una frontera más para las personas migrantes en el ejercicio de sus derechos.

Las políticas de integración son una apuesta segura por la paz, la cohesión social, la convivencia y el fomento de los derechos humanos en una sociedad inclusiva que permite el desarrollo de sus potencialidades comunitarias e individuales. No se trata de una afirmación novedosa. Sin embargo, no por su obviedad deja de ser necesario enfatizar su importancia, sobre todo cuando estamos muy lejos de alcanzar el deseado equilibrio social con independencia del origen y nacionalidad de las personas.

El disfrute de los derechos humanos en plenitud no es una mera aspiración política o social, sino que se trata de una obligación jurídica que compete al Estado y a la sociedad en su conjunto. Los derechos humanos no son una vía o una herramienta para la paz; son la paz misma. Y la integración social con las personas migrantes es conditio sine qua non para ello. El 18 de diciembre, Día del Migrante, es indispensable insistir en que solo con estrategias, actitudes, comportamientos, prácticas y políticas dirigidas a la inclusión puede hacerse realidad esta proclama. No se trata de cargar a las personas migrantes con una obligación de inclusión, sino de propiciar un contexto multinivel que permita a la sociedad integrarse “con” dichas personas, construir un espacio común. La integración es un proceso bidireccional que no puede dejar a nadie indiferente.

La pandemia supuso un examen sorpresa para dichas estrategias, ya que, precisamente una emergencia sanitaria permite conocer en mayor profundidad qué efectos tienen las políticas de integración y dónde se hallan las principales lagunas y fallas del sistema. Dicho contexto ha mostrado claramente que queda mucho por hacer.

En efecto, el informe anual 2021 del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes titulado “Nuevos desafíos y lecciones aprendidas en la pandemia de la Covid 19”, presentado recientemente, ha evidenciado que esta ha golpeado con más fuerza a estos colectivos, lo cual ha redundado en un retroceso en la dinámica de integración y en un incremento de la desigualdad, pobreza y exclusión social (su tasa de riesgo de pobreza o de exclusión social es del 58%). Multitud de causas explican esta problemática: entre otras, una mayor exposición en sus puestos de trabajo, menos recursos para adoptar medidas preventivas, y condiciones de hacinamiento con motivo de la necesidad de compartir alojamiento. Asimismo, la pandemia ha visibilizado el aumento de personas migrantes que no pueden cubrir sus necesidades básicas debido, entre otros, a la temporalidad en sus empleos, la precariedad y la baja remuneración; la precariedad general en la que se hallan las personas migrantes en asentamientos informales e infraviviendas; y el limbo en el que se encuentran las personas en situación administrativa irregular y a las que se les deniega la solicitud de asilo, quienes carecen de autorización para acceder al mercado laboral.

Los momentos de crisis son también un test para calibrar la xenofobia y racismo de una sociedad. Por lo que respecta al empleo, como continúa el mencionado informe, a pesar de que ha sido la llegada de migrantes la que ha permitido aumentar la población activa, dichas personas tienen una menor tasa de actividad y de ocupación precisamente en los tramos de edad potencialmente más activos. Más allá de estas dos variables, en general hay una clara falta de integración laboral de las personas migrantes que se observa también en las condiciones de trabajo, en el desempleo y en los salarios. Además, cabe destacar que las mujeres extranjeras se enfrentan a obstáculos aún mayores en comparación con los hombres migrantes o con las mujeres españolas. Uno de los motivos principales que explican dichas dificultades está en las barreras para acceder a puestos de trabajo de calidad o de alta cualificación. Así, la temporalidad, la parcialidad, la desproporción de acuerdos verbales entre las personas migrantes, el subempleo, los altos índices de desempleo (el 25% de las personas desempleadas son extranjeras) y la brecha salarial son indicativo de la falta de inserción laboral que afecta sobremanera la integración social con estas personas. Todo ello, como avanzábamos, tiene un impacto negativo aún mayor en el caso de las mujeres extranjeras quienes, además, están empleadas en un sector como el del servicio doméstico en el que el 43% de las personas afiliadas en alta laboral son extranjeras y que ocupa al 16% del total de las mujeres migrantes (frente al 3% del total en el caso de mujeres españolas).

Ante esta situación, como muestra el informe FOESSA 2022, no es de extrañar que fueran precisamente estas personas a quienes más afectaron con motivo de la pandemia los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo o que los despidos fueran el doble que para la población española.

Si hay un tramo con mayor tasa de actividad entre las personas migrantes es el de los menores de 25 años, lo cual se explica por las elevadas tasas de abandono temprano de la escuela comparadas con la de las personas españolas. La educación es otro sector con claras divergencias entre dichos colectivos. Evitarlas o, cuanto menos, reducirlas es un desafío político y una necesidad social imperante. Circunstancias como el idioma o las dificultades económicas, tener menos redes de apoyo social y emocional, y el rechazo generan menores oportunidades en el acceso al sistema educativo y en las distintas etapas de enseñanza. Además, persiste una menor aceptación y valoración por parte del resto del alumnado y del profesorado que derivan en la tasa de abandono antes referida, una mayor tasa de repetición que en el caso de personas españolas, y un menor rendimiento y formación para quienes sí logran terminar el proceso. Si bien es cierto que se han logrado avances para abordar estos desajustes, se necesita un mayor esfuerzo permanente para que puedan desarrollar su actividad formativa en igualdad de condiciones.

Por otra parte, en el ámbito de la protección internacional, continúan los problemas para acceder al procedimiento y la posterior integración. Los sistemas de cita telemática para solicitar asilo y los requisitos documentales exigidos en ocasiones, entre los que se incluyen certificados de empadronamiento o documentos de identidad suponen un grave obstáculo para las personas que acuden a España en busca de refugio. La falta de cita impide que sean reconocidas como solicitantes y ello pone en peligro el principio de no devolución e imposibilita su acceso al sistema de acogida de protección internacional. Los problemas no terminan ahí, ya que una vez dentro del procedimiento persisten las deficiencias en la formalización de solicitudes con relación a la escasa formación de los servicios de interpretación o la ausencia de intérpretes que hablen el idioma de las personas solicitantes, en la renovación de la documentación, y con motivo de las demoras para resolver los expedientes. Asimismo, sigue habiendo oficinas de extranjería en las que se considera incompatible la solicitud de asilo y la de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo a pesar de la posición de la Secretaría de Estado de Migraciones que afirma taxativamente la posibilidad de compaginar ambas instancias. Por último, los recursos frente a las resoluciones denegatorias no tienen efecto suspensivo tal y como recomienda, entre otros, el Defensor del Pueblo, por lo que las personas que ven denegada su solicitud se hallan en irregularidad sobrevenida sin posibilidad de continuar trabajando y con la obligación de abandonar el sistema de acogida. Para mejorar esta situación es fundamental ampliar los cupos de cita para permitir el acceso al procedimiento a todas las personas necesitadas de protección, formar a los agentes intervinientes, incluidas las personas encargadas de la interpretación, y fomentar las vías seguras y regulares de entrada, para lo cual convendría permitir la formalización de solicitudes en embajadas y consulados españoles en el extranjero.

De igual manera, la trata de seres humanos continúa poco visible. La pandemia ha supuesto un verdadero reto para la identificación de víctimas debido a los confinamientos y a la suspensión y reducción de las inspecciones laborales. Además, existen problemas que deben ser abordados en este sentido, como los relativos a datos sistemáticos y unificados sobre todos los tipos de trata, cuya ausencia dificulta conocer la dimensión y el número de personas afectadas. Ojalá el Anteproyecto de la Ley Orgánica Integral contra la Trata haga frente a estas y otras cuestiones vinculadas a esta lacra.

En cuanto a niños, niñas y adolescentes no acompañados y los jóvenes ex tutelados, la reforma del Reglamento de Extranjería favorece su inclusión al introducir disposiciones que tienen como objetivo evitar la irregularidad sobrevenida de quienes alcanzaban la mayoría de edad y fomentar su acceso al mercado de trabajo. Sin embargo, no podemos obviar los graves problemas existentes en el procedimiento de determinación de la edad tantas veces denunciado por el Comité de Derechos del Niño por su escasa fiabilidad y por su vulneración de derechos humanos.

Mientras esperamos al II Plan de Derechos Humanos, conviene destacar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que contempla actuaciones en diversos ámbitos esenciales para la integración social como son la vivienda, las competencias digitales, la acreditación y homologación de títulos, el acompañamiento y orientación personal y familiar en el ámbito educativo, las políticas de cuidados, y los itinerarios de inserción laboral.

La Unión Europea cuenta con el Plan de Acción sobre Integración e Inclusión 2021-2027. En él se caracteriza la integración como un derecho y como un deber, así como un reto tanto para las personas recién llegadas como para quienes han obtenido la nacionalidad de algún Estado miembro. Eso quiere decir que se contempla una estrategia de integración dirigida a la población migrante y a la ciudadanía de la Unión que tiene origen migrante. No obstante, y aquí nos topamos con un grave problema, a pesar de que se establezcan unos valores y principios inclusivos para todas las personas e incluso se emplee el lema “inclusión para todos”, se deja atrás por no ser destinatarios de esta estrategia a las personas en situación administrativa irregular. Difícilmente se establecerá “un marco sólido para reforzar y ampliar las políticas de integración e inclusión en toda la UE” que promueva la cohesión social y favorezca “sociedades inclusivas para todos” sin la participación de aquellas.

Igualmente, en el ámbito europeo conviene resaltar otra serie de políticas migratorias y de asilo que ponen en entredicho el compromiso comunitario por la plena integración e inclusión de las personas migrantes, incluidas las refugiadas. El Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que propone una reforma integral del Sistema Europeo Común de Asilo, supone un paso más hacia la externalización de derechos humanos en la frontera y en convertir la excepcionalidad (procedimiento en frontera con menos garantías y con el incremento de la detención migratoria) en la nueva normalidad. Junto a ello, la reciente propuesta de reglamento sobre “instrumentalización en el ámbito de la migración y el asilo” también ahonda en la reducción de garantías y limitación del derecho de asilo en la frontera exterior común. No se puede integrar a quien no se le permite pasar. Los retos para las políticas de integración e inclusión y el fomento de la cohesión y paz social serán mayores cuanto menores sean las vías de entrada seguras y regulares al territorio.

La integración con las personas migrantes es un pilar esencial en la construcción y mantenimiento de sociedades inclusivas. En su base se ubica el fomento de la igualdad de trato y en derechos y oportunidades. No obstante, este reto bidireccional no ha aprobado el examen de la emergencia sanitaria a pesar de las diversas estrategias diseñadas e implementadas.

Cuestiones como el empleo o la vivienda son obstáculos estructurales para el logro de los objetivos integradores de toda política inclusiva. Asimismo, la institucionalización de la inmigración como problema que es medido en barómetros de opinión tanto a nivel comunitario como estatal, unido a la politización de la movilidad humana perjudican un debate serio y sosegado sobre cualquier aspecto migratorio y de integración social. Los consensos, desgraciadamente, están lejos de ser alcanzados en este clima que da cobijo a discursos de odio contra el “otro”.

La falta de integración alimenta los miedos irracionales y las ilusiones de amenaza con respecto a las personas excluidas, quienes, a su vez, carecen de un sentimiento de pertenencia que les motive a participar en la vida común de la sociedad. Es un círculo vicioso que no hace sino alejar progresivamente a las personas y nutrir el identitarismo, la xenofobia y el racismo étnico y cultural. Ello deriva necesariamente en sociedades exclusivas y excluyentes, y en un serio peligro para el ejercicio efectivo de los derechos humanos.

Por ello, debe invertirse en estrategias y políticas que incluyan la plena participación de la población migrante con programas para la orientación, apoyo, información y formación en el acceso y uso de recursos, y con políticas coordinadas entre las administraciones, instituciones y organismos que permitan fortalecer la ansiada paz social.