Amantes del papel, la carpeta de cartón azul marino, el bolígrafo BIC, punta fina y punta normal, los sobres de lengua-pegada y el sello Tarifa A de 0,96, el Consejo de Estado ha decidido oponerse al registro digital de jornada.

En España, solo en 2025, 441.000 personas trabajaron gratis más de cinco horas semanales. Cinco horas invisibles, sin cotizar a la Seguridad Social, que no podrán contabilizarse a ningún efecto. Derechos laborales que quedan reducidos a un sinfín de tecnicismos y dos tesis recurrentes: “cargas para las pymes” y “complejidad técnica”.

El registro diario de jornada se introdujo en marzo de 2019. En ese mismo momento, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea exigió a los Estados miembros la implantación de un sistema de registro “objetivo, fiable y accesible”. Y el decreto planteaba su digitalización obligatoria y universal dado que era la única manera de garantizar algo semejante. Es evidente que los sistemas en papel son susceptibles de adulteración o doble registro.

Más allá de las cuestiones procedimentales, posibles problemas de adaptación, ámbito excesivamente generalista de aplicación o tiempos acelerados de implementación, en esencia, el Consejo de Estado considera que la exigencia de un soporte digital resulta muy costosa para las PYMES y que puede violar el derecho a la intimidad de los trabajadores.

La Agencia Española de Protección de Datos dice que la geolocalización solo debe usarse cuando sea imprescindible y que el consentimiento del trabajador no puede entenderse libremente prestado en una relación laboral. Y en el ámbito de la protección de datos se plantean, además, reservas al acceso remoto permanente a los sistemas informáticos privados o al de los representantes de los trabajadores a su registro completo. El Consejo de Estado admite que el TJUE (S. 30 de mayo de 2013) no se opone al acceso inmediato si resulta necesario y respeta el principio de proporcionalidad, pero entiende que esto requiere de cobertura legal y no debe abordarse por la vía reglamentaria.

La cuestión es que las jornadas especiales de trabajo llevan regulándose por Real Decreto desde hace más de treinta años y nadie se ha pronunciado hasta este momento. Lo único que ha cambiado es que ahora ya no se usará el papel. Así de sencillo. Repentinamente, esta radical transformación requiere de una tramitación parlamentaria que, con el actual mapa político, equivale a enterrar la reforma por siempre jamás.

La paradoja es que el Consejo de Estado avala el objetivo, reconoce el problema, acepta que el sistema actual es deficiente y manipulable, pero rechaza el único instrumento jurídico disponible para solucionar las cosas. Y el Ministerio de Economía ha encontrado en este informe la excusa perfecta para apuntarse al ralentí. Ya sabemos que lo ideal hubiera sido una ley de reducción de jornada, pero también sabemos que el Congreso la tumbó en septiembre del año pasado con los votos del PP, Junts y Vox… que ahí siguen.

Dicho esto, nadie duda del argumento de la protección de datos, pero solo tiene sentido si se utiliza para blindarse frente al poder empresarial o estatal, no para garantizar la opacidad de quienes incumplen sistemáticamente la ley. Y estamos hablando de eso, de fragilidad frente al abuso porque quien trabaja en condiciones de asimetría de poder tiene menos capacidad de documentar y reclamar su tiempo de trabajo. No se trata únicamente de eficiencia inspectora… de inspeccionar por inspeccionar. De hecho, por eso hay también brecha de género en el registro de jornada. Los datos de la EPA 2025 muestran que el 52,1% de las mujeres que realizan horas extraordinarias lo hacen sin remuneración, frente al 46,7% de los hombres.

Por lo demás, el recurso a la vulnerabilidad de las PYMES empieza a ser ya un clásico, como si las personas que trabajan en empresas pequeñas carecieran, por definición, de derechos laborales. Evidentemente, nadie pide que una pescadería con dos empleados implante un sistema de ciberseguridad militar en dos días, pero tampoco se puede dejar que la mayor parte de nuestro tejido empresarial funcione al margen de la ley. Las PYMES no pueden alimentarse de un tiempo robado como no pueden incumplir sus obligaciones con la Seguridad Social, la prevención de riesgos laborales o el pago de un salario mínimo. Se estima que el coste de implementar el sistema digital será de 291 euros anuales por empresa en años sucesivos al primero y no parece mucho frente a los 3.200 millones de euros que unos pierden y otros ganan, en horas no retribuidas.

El artículo 34.7 del Estatuto de los Trabajadores habilita expresamente al Gobierno a “establecer especialidades en las obligaciones de registro de jornada para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran”. Si bien ningún sector profesional se libra de esta silenciosa transferencia del trabajo al capital, dado que sanidad y servicios sociales, industria manufacturera, comercio, educación, transporte, hostelería y construcción acumulan el 70% del total de horas extraordinarias semanales del país… ¿superaría todos los obstáculos un Decreto que circunscribiera el registro digital obligatorio a esos siete sectores? ¿Se podría reformular el proyecto circunscribiéndolo a los sectores con peculiaridades, diferenciando por sectores y territorios, incorporando las salvaguardas de protección de datos y ampliando los plazos de su entrada en vigor? Esto es lo que sugiere Cruz Villalón en un artículo reciente.

Sea como fuere, lo cierto es que el Consejo de Estado es un órgano consultivo, no vinculante, no elegido democráticamente, que está frenando, de facto, la aplicación de una obligación ya establecida en la ley, exigida por el derecho europeo y demandada por los sindicatos mayoritarios de nuestro país. Su dictamen allana el camino a los recursos contenciosos que las empresas decidan interponer y refuerza la posición de quienes no quieren un registro efectivo. El Gobierno debería encontrar una fórmula jurídica que permitiera aprobar un registro digital para acabar con las miles de horas de trabajo que nadie registra, nadie paga y nadie cuenta.

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María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

Ayuso se va a tomar un tiempo para contestar al Gobierno. Como al resto de Comunidades Autónomas, a la de Madrid se le ha exigido la creación de una lista de objetores al aborto. Hay quienes piensan que la sola existencia de ese registro puede abrir la puerta a la discriminación. Los derechos de las mujeres se vuelven a plantear como un campo de batalla cultural e ideológica. Vuelve usarse la salud de las mujeres con fines estrictamente estratégicos.

“No se puede confiar en la frase: 'Esto aquí no puede pasar'. En determinadas circunstancias, puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar”. Margaret Atwood escribió esta frase en el prólogo de su novela El cuento de la criada para que no diéramos por hecho que los derechos que conquistamos una vez van a estar ahí para siempre. “El orden establecido puede desvanecerse de la noche a la mañana. Los cambios son rápidos como el rayo”. En los últimos años, mujeres de todo el mundo han usado la túnica roja de las ‘criadas’ como símbolo contra la prohibición del aborto. El libro de Atwood (una distopía que transcurre en un régimen teocrático donde las mujeres fértiles son obligadas a tener hijos), es de 1985.

La concepción conservadora de la “cultura de la vida” constituye una grave violación de los derechos de las mujeres. Como señala la CEDAW, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU o el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), la prohibición o la restricción del aborto convierte al Estado en un auténtico agresor institucional. Prohibir o restringir el aborto, aunque solo sea de facto, supone una violación del derecho a la vida; el derecho a la salud y a la atención médica; el derecho a la igualdad y la no discriminación; el derecho a la seguridad personal; el derecho a la autonomía reproductiva; el derecho a la privacidad; el derecho a la información sobre su salud reproductiva, que incluye la educación sexual; el derecho a decidir el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos; el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico; y el derecho a la libertad religiosa y de conciencia, cuando se hace descarado apostolado desde las instituciones. Y en ciertos casos supone, además, una violación del derecho que tenemos las mujeres, como los demás seres humanos, a no ser sometidas a un trato cruel, inhumano y degradante. 

Por eso, el Comité de la ONU se ha pronunciado contra varios países, por vulnerar los derechos de mujeres a las que no se permitió interrumpir el embarazo por anomalías fetales graves, tal como proponía Alberto Ruiz-Gallardón, el ex ministro de Justicia del PP (2011-2014), en su proyecto de modificación de la actual Ley del aborto. Uno de los casos más emblemáticos, en este sentido, fue el de KL v. Perú, en el que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) condenó al Estado de Perú por negarse a practicar un aborto a una adolescente embarazada de un feto anencefálico —sin cráneo ni cerebro—, que inevitablemente moriría en el parto o a los pocos días de nacer. En este caso, la adolescente se vio obligada a llevar a término el embarazo, y a amamantar al nacido durante los pocos días que permaneció con vida, de manera que en su dictamen el CDH consideró que el Estado de Perú le infringió tratos crueles, inhumanos y degradantes.

El PP lideró el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley vigente, a fin de liquidar la posibilidad de abortar en las catorce primeras semanas por la mera decisión de la madre, la obligación de enseñar las materias relativas a la salud sexual y reproductiva “desde una perspectiva ideológica de género”, y el régimen de regulación de la objeción de conciencia. Fue también el PP el que excluyó a las niñas de entre 16 y 18 años del acceso al aborto sin consentimiento de sus padres y/o tutores, aunque la Ley del paciente fija en los 16 años la mayoría de edad. Hace unos días, Almeida se descolgó defendiendo un supuesto síndrome post-aborto para reconocer después que se trataba de un trastorno sobre el que no existía ninguna evidencia científica. "Acabar con la vida de su propio hijo tiene consecuencias muy graves para la madre". Esas consecuencias no eran más que una fabulación. El supuesto trastorno no aparece en ningún manual de referencia internacional, ni en el CIE-11 de la OMS ni en el DSM-V de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. De hecho, la realidad de las madres que quisieron abortar y no pudieron, se analiza muy bien en el Turnaway Study (2015) de la Universidad de California en San Francisco (UCSF). Se trata de un “estudio del rechazo” que muestra cómo estas mujeres han acabado siendo más pobres, sufren más enfermedades y más trastornos mentales y son más vulnerables frente a la violencia machista. La rectificación tardía de Almeida no podrá subsanar el daño institucional de haber aprobado una medida que obliga a ofrecer una desinformación deliberadamente, contraviene la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y vulnera derechos fundamentales.

La última aventura del PP ha sido la del rechazo de la Comunidad de Madrid al registro de objetores. La ley española regula la objeción de conciencia para todos los profesionales sanitarios “que participen o colaboren” en un aborto, incluyendo a médicos, anestesistas, personal administrativo o celadores. Siempre ha estado claro que el ejercicio de ese derecho, que deriva del derecho a la libertad ideológica, es una posibilidad individual a la que no pueden acogerse las instituciones. Los centros sanitarios no pueden invocar un ideario propio como derecho a ponderar frente a derechos constitucionalmente tutelados. Han de contar con financiación pública para ofrecer la atención ginecológica a la que están obligados por el sistema de salud. El derecho a la objeción de conciencia tiene límites como los tiene, en nuestro país, el derecho al aborto.

Cuando se regula el aborto con una ley de plazos, como la que rige en España, se ponen límites a la libertad de decisión de las mujeres, por mucho que se les conceda especial protagonismo en la primera fase del embarazo. Se reconoce que en un aborto –aunque sea consentido– convergen intereses distintos que deben ser ponderados por el Derecho para alcanzar un equilibrio aceptable desde el punto de vista de las valoraciones imperantes en la sociedad. Estas son las reglas del juego que estableció el Tribunal Constitucional en 1985, por ejemplo, cuando se pronunció sobre la legitimidad de la primera reforma del aborto. En nuestra legislación, la vida del embrión tiene valor en sí misma y aumenta a medida que éste se desarrolla. Esto explica que el aborto sólo se considere después de pasados 14 días desde la fecundación –implantación en el útero– y que no se considere aborto el uso de la píldora del día después o de dispositivos intrauterinos. De hecho, en esta etapa, se permite también la experimentación con embriones. Nuestra regulación es equilibrada y ponderada. La resistencia a su implementación por parte de las derechas no tiene nada que ver con la defensa de una supuesta “cultura de la vida” y carece por completo de fundamento moral y jurídico. 

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María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

En Gaza, la malnutrición aguda se propaga entre los menores de cinco años. Solo en julio, ha habido 48 muertes por inanición inducida y son 113 desde el inicio de la guerra. La Organización Mundial de la Salud lo ha definido como una “hambruna fabricada por el hombre”.

Pasan hambre también los que ayudan a los que pasan hambre. Los profesionales de las organizaciones humanitarias viven en la indigencia y se consumen ante los ojos de sus compañeros.

Hay 6.000 camiones de comida y suministros médicos esperando en Egipto y Jordania para entrar en Israel. Dice la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) que esa cantidad puede proporcionar alimentos a toda la población durante tres meses, pero la entrada se permite en cantidades ridículas y simbólicas. El presidente de Israel, Isaac Herzog, aseguró, sin embargo, que no había más obstáculo a la acción humanitaria que la supervivencia de Hamás.

Las zonas de reparto de alimentos se han convertido en una sádica trampa mortal, en palabras textuales del comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazarini. Ir en busca de harina supone arriesgarse a morir a balazos. La cifra total de asesinatos en esas zonas se sitúa ya por encima de las 1.080. “Es el infierno en la Tierra”. 

Israel ha impuesto un sistema de ayuda absolutamente demoledor con el fin de concentrar a los palestinos en Rafah y provocar un colapso total. Los gazatíes tienen que acudir a uno de los cuatro puntos habilitados por caminos mal señalados, rodeados de tanques, soldados y drones. Son trayectos con puntos de control que se abren y se cierran aleatoriamente y donde las masas se agolpan y se disuelven a tiros.

Todo está a cargo de la Fundación Humanitaria de Gaza (FHG), una iniciativa opaca y sin trayectoria que funciona al margen del sistema liderado por la ONU. No contempla la entrada de combustible, material médico o productos de higiene. Sus donaciones no cuentan con comida para bebés, verdura, fruta, carne ni leche. Su actual director ha criticado en varias ocasiones a la ONU por cooperar con Hamás y difundir mentiras sobre las masacres de Israel. Un eslabón más en la larga cadena de este genocidio planificado.

El hambre es un arma de guerra que se emplea a menudo y deliberadamente para aniquilar al enemigo o depurar adversarios. Una estrategia de dominación y exterminio que no forma parte del pasado ni es una excepción histórica. Las hambrunas han segado la vida de millones de personas en el mundo como resultado del corte de suministros básicos, de la restricción de ayuda humanitaria, de ataque indiscriminados a infraestructuras básicas, destrucción sin paliativos de cultivos, ganado, redes de distribución y recursos agrícolas, o, directamente, de políticas de exterminio selectivo.

Se empleó en Ucrania, en 1932-33, cuando Stalin utilizó el hambre para acabar con la resistencia campesina; en el asedio de los nazis en Leningrado (1941-1944); en Holanda, con la ocupación alemana, donde el "invierno del hambre" (1944-1945) causó la muerte de unas 20.000 personas; en la Guerra Civil Española (1936-1939) en la que se recurrió al sabotaje de abastecimientos para crear una escasez deliberada que el régimen franquista perpetuó por más de una década; en la Revolución Cultural China (décadas de 1950-60) en la que se usaron las hambrunas como castigo colectivo o consecuencia de errores orquestados. Todos recordamos a los niños y las niñas de Biafra (1967-1970) que sufrieron el bloqueo del gobierno central nigeriano para impedir la secesión de su región. En Sudán, Myanmar, Siria, Yemen o Etiopía… se ha recurrido también al uso estratégico del hambre bloqueando la ayuda humanitaria, quemando cosechas y provocando desplazamientos masivos. Hoy, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, el hambre inducida por conflictos alcanza niveles críticos en al menos 22 países, con cinco en una situación catastrófica.

Pasan los años, y poco importa la Resolución 2417 del Consejo de Seguridad de la ONU, la posición indubitada de organismos y organizaciones internacionales, las palabras de Michael Fakhri, relator especial sobre el Derecho a la Alimentación, el G7, la Unión Africana o la Liga Árabe. Como dice el Papa León XIV “matar de hambre a la población sigue siendo una forma muy barata de hacer la guerra”. Una muerte lenta y agónica que se ceba con los más vulnerables y perpetúa los ciclos de pobreza y de violencia. Un genuino crimen de guerra perseguible por la Corte Penal Internacional, del que, sin embargo, resulta muy fácil escapar porque el Derecho exige demostrar una relación de causalidad que, a efectos prácticos, asegura la impunidad.

Con el genocidio en Gaza, la Unión Europea puede pasar a la historia como cómplice y colaborador necesario de ese crimen de guerra. En Europa hay nueve países que se niegan a tocar el Acuerdo de Asociación Preferente con Israel (entre ellos Alemania, Italia, República Checa, Hungría, Bulgaria, Lituania, Grecia y Chipre), y uno (Letonia), que se ha posicionado en blanco. En Alemania la defensa de Israel sigue funcionando como “razón de Estado”, y continúan las exportaciones de armamento y la cooperación militar. Hace poco, Merz se negó a suscribir una declaración de 28 países, entre ellos el Reino Unido, Francia, Canadá, Italia y España, que denunciaba las matanzas inhumanas de civiles que solo buscan comer y beber agua. Este mismo viernes, convocados por el primer ministro británico, los líderes del propio Reino Unido, Francia y Alemania han firmado una exigencia conjunta al Israel para que detenga la “catástrofe humanitaria”, aunque no se han puesto de acuerdo para ir más lejos y reconocer al Estado palestino, como ha anunciado Macron que hará Francia en septiembre siguiente el camino de España, entre otros países de la UE. El Gobierno español ha tomado loables iniciativas en favor de los gazatíes pero, según el Centre Delàs de Estudios por la Paz, nuestro país es uno de los máximos importadores de armas procedentes de Israel en la Unión Europea. Más de 50 relatores y relatoras de la ONU han solicitado sanciones y embargos a Israel, y la Corte Internacional de Justicia ha pedido, además, que finalicen las relaciones comerciales que contribuyan a la ocupación ilegal israelí.

El naufragio de los derechos humanos se está produciendo ante todos y cada uno de nosotros y en tiempo real. Gaza representa la liquidación del sistema humanitario y del Derecho Internacional que alumbró el fin de la Segunda Guerra Mundial y el paso a una Era que no podremos conjugar nunca más con las mismas palabras.

Sobre el genocidio en Gaza se ha dicho mucho ya, aunque nunca es suficiente. Cada día que pasa es peor que el anterior y la exhibición de cinismo y sadismo es tan atroz que apenas se puede describir.

Ayer EEUU vetaba el alto al fuego que proponía el Consejo de Seguridad de la ONU. “Un alto al fuego inmediato, incondicional y permanente” y la liberación de todos los rehenes. La oposición de Estados Unidos era más que previsible. Ya conocemos el histórico de sus votaciones en relación a Israel y el manejo de su política exterior. Sabemos, además, que espera obtener una jugosa rentabilidad con el rearme mundial y sus “fabulosos” planes para Gaza. La agenda de Trump es muy clara en Oriente Medio y pasa, necesariamente, por el fin del multilateralismo, el desprestigio de los organismos internacionales y la práctica desaparición de la ONU. La consigna es más OTAN y menos ONU.

La llamada del Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, al incremento del 5% del PIB estatal en defensa, para el año 2032, y la reacción de los países firmantes de la Declaración de Vilnius, dispuestos a prestarle ciega obediencia, nos dice mucho de lo que va a pasar en Gaza y de lo que EEUU ganará por el camino. El objetivo es que no quede piedra sobre piedra y abultar la cuenta de resultados de la industria armamentística. Los 14 firmantes de Lituania se han comprometido a cumplir con el código securitario, combatiendo o multiplicando, si hiciera falta, a todos sus adversarios. Alemania destaca entre los más diligentes. Hay un horizonte distópico y algunos quieren formar parte del club de los aventajados. Serán los primeros en llegar a los conflictos armados para convertirlos en su particular nicho de especulación, fuente de crecimiento económico y acumulación de capital. Para contener los calculados efectos colaterales está ya todo preparado: cierre de fronteras, centros de deportación, expulsiones masivas y en caliente, “terceros países seguros” y gobiernos gendarmes haciendo el trabajo sucio. No es casualidad que muchos de los países de Vilnius formen parte hoy de los 10 que en la Unión Europea se oponen a revisar el Acuerdo preferente con Israel y capitanean, además, la política de los muros y la Europa fortaleza.

En este contexto, es evidente que Alemania se ha convertido en un problema. Dicen que su incondicional apoyo a Israel tiene que ver con su pasado traumático y un irredento sentimiento de culpa, aunque nunca fue consustancial a las víctimas convertirse en victimarios. Ningún trauma colectivo justifica un genocidio. Se diría, más bien, que Alemania está aprovechando la coyuntura para convertir en una regla de oro lo que antes fue su principal anatema. En los crudos momentos de la crisis económica, apostó por la austeridad que, pensada para asfixiar al sur europeo, acabó convirtiéndose en su particular soga de ahorcado. Ahora, en cambio, la cláusula de escape es la fórmula mágica que, bajo el mantra de la “seguridad” y la autonomía estratégica, garantiza su rápida recuperación.

En realidad, el negocio siempre consiste en colonizar y acabar con los que sobran, someterlos o dominarlos, a fin de acumular recursos y asegurar el bienestar de los propios. La cuestión es que en este ciclo histórico esos recursos son cada vez más exiguos y, consecuentemente, son cada vez más los que sobran. El nacionalismo, el supremacismo y la limpieza étnica, forman parte del programa. Este es un plan fraguado a base de números, marcado por una ambición desesperada, voraz y desmedida.

Por eso, en Gaza no hay límites ni líneas rojas y la rueda de la historia gira a gran velocidad. El genocidio no solo se ejecuta con bombas y tortura sino también a base de hambre. Poco importa ya el derecho humanitario, la Corte Penal Internacional o los derechos humanos.

Genera perplejidad, pero no sorprende que la Fundación Humanitaria de Gaza (FHG), una iniciativa de Israel y EEUU, totalmente opaca y sin ninguna trayectoria, haya acabado suplantando a la ONU en el reparto de la ayuda. Es evidente que no resuelve buena parte de las urgencias, ni reparte la comida necesaria, ni asegura el acceso al agua (los gazatíes tienen que elegir entre beber, lavarse o cocinar). Esta organización no contempla la entrada de combustible que necesitan las ambulancias y los hospitales para funcionar, sus donaciones no cuentan con comida para bebés, verdura, fruta, carne ni leche, y tampoco aporta productos de higiene. Más de 700.000 mujeres y niñas sufren una “emergencia menstrual silenciosa” que mina su salud y su dignidad. En los puntos habilitados para la supervivencia han muerto tiroteadas más de 100 personas en los últimos días. Se dispara a bocajarro a hambrientos y menesterosos. El actual director de la FHG es un cura evangelista que apoya la propuesta trumpista de vaciar la Franja y convertirla en un resort de lujo, y ha criticado a la ONU por “cooperar” con la milicia palestina y por difundir bulos sobre las masacres. El evangelista Moore parece decidir a su antojo qué camiones entran en Gaza, para qué y en qué momento. Y lo único que es evidente es que las armas siguen fluyendo.

Estamos ante el distópico inicio de una nueva era. Tal como sucedió tras la II Guerra Mundial, hay mucho interés en dejar claro quiénes serán los ganadores y quiénes los perdedores. En Europa, el eje Alemania-Francia-Polonia-Reino Unido está listo para liderar el reparto del pastel. Y, dadas las posiciones de nuestro gobierno, es posible que España acabe perdiendo esa comba, pero no hay nada de qué lamentarse. Será, sin ninguna duda, por las mejores razones. Hay fotos execrables que no soportan el paso del tiempo y en las que no hay que figurar jamás.

El 2 de abril, más que el “Día de la Liberación”, es el “Día de la Gran Revancha”. La venganza planificada. El resultado ansiado después de años rumiando el resentimiento. “Durante décadas, nuestro país fue saqueado, expoliado, violado y despojado por naciones cercanas y lejanas, tanto amigas como enemigas”. Hay que iniciar una nueva era en la que esto no vuelva a ocurrir.

Trump defiende su política arancelaria como un arma de guerra frente a los déficits comerciales crónicos: una emergencia nacional que amenaza la forma de vida del americano medio. “Nos están haciendo una nación más pobre”, pero aún no es “demasiado tarde”. El arancel universal mínimo del 10% a todas las importaciones, modulado según países y bloques, hará de EEUU “el país más rico del mundo”. Convertir el agua en vino, caminar sobre las aguas y resucitar al tercer día. Todo resulta esperanzador y hermosamente profético. EEUU es una nación elegida y bendecida por Dios. El supremacismo blanco y la religión son dos elementos claves de fondo. Un terreno abonado para el lenguaje salvífico.

Trump es el héroe que viene a reparar y a vengar a las víctimas de un agravio de dimensiones gigantes. No es nuevo. La autovictimización nacional es un arma política de largo alcance porque no solo estimula la venganza, sino que la dota de una legitimidad moral que, en condiciones normales, nunca tendría. Si se explota bien el sentimiento de agravio, la gente acaba ignorando sus propios intereses para reparar la injusticia histórica que ha sufrido o cree haber sufrido. Da igual si es real o es imaginaria.

El resentimiento es un atributo de quienes se consideran desposeídos y es muy fácil compensarlo con orgullo nacional. Como bien explica Eva Illouz, aunque resulte paradójico, es un sentimiento que pueden liderar también quienes ostentan grandes privilegios.

No deja de ser curioso que sea un gran magnate, como Trump, quien se apropie del lenguaje de la injusticia secular para proteger a una nación que es, probablemente, la más poderosa del mundo. Que, con su retórica victimista, haya logrado persuadir a tanta gente para que se autoidentifique como víctima de ataques exteriores, como si estuviéramos ante un atentado terrorista, el 11S y el hundimiento de las torres gemelas. La “mayoría silenciosa”, el ejército de pobres y perdedores de la globalización neoliberal (ese hombre con cascos de obra y chalecos reflectantes de construcción), ya no tiene que luchar contra los ricos ni las grandes multinacionales, contra Trump y los suyos, sino contra un fantasma informe de dimensiones mundiales que solo un fürer es capaz de identificar y combatir.

Wendy Brown dice que los apegos heridos organizan la identidad de un grupo en torno a su debilidad y su necesidad de protección. Los líderes populistas los utilizan como una fuerza política para definir enemigos interiores o exteriores, normalmente imaginarios, para buscar chivos expiatorios. Hacen de la condición de víctima una fuente de identificación que reemplaza a la ideología y a la política y que sirve únicamente para crear fuertes vínculos entre esos líderes y sus votantes.

Cuando se alteran las nociones de lo justo y de lo injusto, se invierten las causas y las consecuencias, se promueven las fantasías de venganza, la polarización y el conflicto, las decisiones erráticas e irresponsables se asimilan mucho mejor. Cuando se abren o se engrandecen las heridas, las teorías de la conspiración, las paranoias y la lógica belicista lo colonizan y lo justifican todo.

Desde que llegó a la Casa Blanca, Trump tuvo la firme intención de exhibir un poder absoluto e irreprimible, ejercer el sadismo en nombre del pueblo y poner a prueba la tolerancia del sistema frente a multitud de iniciativas intencionadamente ilegales.

En una entrevista televisiva, Trump prometió ser “un dictador” a partir del primer día. En sus redes sociales se le puede ver con una corona que reza: “Larga vida al rey”. Y, como Napoleón, cree que “quien salva a su país no viola ninguna ley”. Su objetivo es reforzar al poder ejecutivo hasta límites inconstitucionales, acabar con los jueces “nefastos” que intenten impedírselo, eliminar a los medios que osen contradecirle y ahogar cualquier conato de pensamiento woke en las instituciones educativas. Su política exterior tiene una dirección idéntica.

Trump quiere sustituir el orden de los procedimientos y las reglas por el desorden de los pactos alternos, las negociaciones bilaterales y los pulsos unilaterales, selectivos e improvisados. Su consigna en Europa es la del “divide y vencerás”. De hecho, más allá de sus distintas posiciones ideológicas o estratégicas, que son solo relativamente relevantes, su liderazgo no se distingue mucho del de Vladímir Putin en Rusia, Xi Jinping en China, Kim Jong-un en Corea del Norte o Viktor Orbán en Hungría.

Era de esperar que sus derivas autocráticas en un mundo interconectado no tuvieran solo dimensiones estatales. “Los tramposos extranjeros han arrasado nuestras fábricas y los carroñeros han destruido nuestro antes hermoso sueño americano”. Es hora de ajustar cuentas. Donde las dan, las toman. Tan simple como suena. 

Aumentar el gasto militar hasta el 2% del Producto Interior Bruto. El plazo se acabó en 2024. España no cumple, pero el presidente del Gobierno se ha comprometido a hacerlo en 2029. Nuestro país ha incrementado su gasto en defensa, pero sigue aportando más tropas que dinero. Tiene presencia en la mayoría de las misiones de la OTAN, pero se sitúa a la cola si hablamos de un desembolso sobre el PIB. Es dudoso que eso pueda cambiar respetando la disciplina fiscal, como se pretende, o que no acabe subvencionando la industria armamentística de EEUU. Es dudoso también que la seguridad pueda garantizarse únicamente a base de inversión. 

Rutte, Secretario General de la OTAN, amenaza ahora a Europa con subir la exigencia al 3% y Trump ha decidido provocar con un 5%, porcentaje al que no llega EEUU, que se sitúa en el 3,38%. El objetivo de Trump se ha desplazado al indopacífico para contener a China. Su interés estratégico ahora es la venta de armas, no el despliegue militar ni la seguridad de Europa.

Lo cierto es que la defensa vuelve a ocupar el centro del debate. Francia y Reino Unido han propuesto aportar soldados para una fuerza de paz que vigile el cumplimiento de un supuesto alto al fuego en Ucrania, pero todos sabemos que, por sí sola, no tendría ningún efecto disuasorio sobre Rusia. EEUU tendría que ofrecer una red de seguridad que se resiste a conceder, ha congelado la ayuda militar a Ucrania, incluidas las armas en tránsito, ha señalado a Zelensky como el responsable de la guerra y ha borrado la invasión rusa de la historia. El relato mata al dato y el matonismo es efectivo. 

El ucraniano ha dicho que está dispuesto a “sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible” y a trabajar “bajo el firme liderazgo” de Trump para “conseguir una paz duradera”, propuso una tregua limitada con Moscú y sigue dispuesto a firmar un acuerdo con EEUU sobre la explotación de sus recursos minerales.

Europa acusa soledades. Trata de desarrollar una política autónoma de defensa recurriendo al presupuesto agregado de la Unión Europea. Nuestra inversión en defensa es enorme pero su eficacia es muy escasa. Demasiados ejércitos, no todos compatibles ni interoperables, duplicidades, graves carencias y descoordinación. No estamos en condiciones de competir con el aparato de vigilancia y control que Putin ha puesto a su servicio y sabemos que difícilmente aceptará la independencia de Ucrania. Rusia ha perdido cientos de miles de soldados, controla solo un 20% del territorio que ansía y no ha conseguido, como querría, devolverlo al ámbito postsoviético. En 2022, Parlamento Europeo catalogó a Rusia como un Estado que promocionaba el terrorismo, basado, fundamentalmente, en el crimen organizado, e instó a los Estados miembros a implementar medidas legales y restrictivas, también se impusieron duras sanciones, pero Putin ha sido resiliente y su poder no ha hecho más que crecer.

Se habla de invertir 800.000 millones de euros que tendrán que salir de los fondos destinados a la cohesión o de los que se dedican a la política social y ambiental. España aspira a poner en marcha un sistema que permita una financiación europea emulando lo que se hizo durante la pandemia, esto es, mancomunando deudas, con un paquete Next Generation EU, y no solo con créditos blandos reembolsables. España también quiere que la posible activación de las cláusulas de escape de las normas fiscales sea coordinada para que los mercados no penalicen a unos países frente a otros. Algo hemos aprendido de la crisis de 2008. 

Frente a posiciones como las de Países Bajos, Alemania ha mostrado su total disposición a impulsar un plan masivo de rearme y obra pública, aunque el endeudamiento alemán puede ocasionar también una sucesión de problemas en cadena. Hay cosas que no se han aprendido. Alemania necesita ponerle fin al freno constitucional de su deuda y ahora quiere convertir la cláusula de escape en una regla de oro. Nuevas oportunidades y alfombra roja para Merz. Polonia y los bálticos, en primera línea de batalla, aplauden con entusiasmo. Polonia tiene elecciones presidenciales en mayo y Tusk no tiene resuelta su batalla con los ultranacionalistas. Se abren horizontes más prometedores. Macron ofrece extender el paraguas nuclear francés a sus socios europeos. Francia respira. El británico Keir Starmer tiende la mano, mientras mira de reojo a la Inglaterra profunda. Se reconstruyen puentes. No hay mal que por bien no venga. De los 27, solo Orbán está en la idea de ir por libre. Ir a la contra para ganar negociando. Está claro que las decisiones rápidas y contundentes exigen cambios en los mecanismos de decisión. Pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada. Ahora habrá que buscar alternativas para sortear algunas reglas y evaluar detenidamente quién gana y quién pierde con el sorteo.

El plan consiste en impulsar compras y contrataciones conjuntas para ahorrar costes, reducir la fragmentación militar de la UE, incrementar la interoperabilidad y reforzar la industria de defensa comunitaria. También se pretende movilizar el capital privado acelerando la Unión de Ahorro e Inversión y mediante el Banco Europeo de Inversiones.

La cuestión es si esta escalada armamentística se va a traducir en una paz duradera para todos, especialmente si no se cuenta con los organismos internacionales que surgieron tras la II Guerra Mundial, justamente a fin de evitar un escenario bélico como el que se puede estar avecinando. Es posible que dejemos de ser testigos de las guerras ajenas para empezar a ser víctimas y protagonistas de las propias, y no parece que eso pueda evitarse si no se adopta un punto de vista más amplio. Sánchez habla de luchar contra el terrorismo, la ciberseguridad o las amenazas híbridas, aunque me temo que haría falta mucho más. 

La estrategia de defensa tiene que ser común, incluir a las empresas más críticas y no desvincularse de otras muchas variables. La seguridad exige autonomía digital, energética, comercial e industrial, fondos compartidos y una integración política mucho más cohesionada y más ágil.

El orden mundial está a cinco minutos de desmantelarse. Cuando hay tanto en juego, la respuesta no puede reducirse solo a un cálculo de oportunidad o a una suma de muchos ceros.

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María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

La Unión Europea parece noqueada. Ni una palabra sobre la Riviera de Oriente Medio en la que Trump quiere convertir la Franja de Gaza, el Disneyland que piensa montar sobre miles de cadáveres, mutilados y torturados. El capitalismo del desastre vuelve a los lugares arrasados para sustituir la reconstrucción por la burda construcción y resulta sorprendente que no haya nada que decir. EEUU subvencionó el genocidio y ahora pretende pagar un resort para ricos preanunciando, además, la anexión de Cisjordania, y una Europa tibia se refugia en vaguedades. Algunos gobiernos se han posicionado en favor de los gazatíes y la promesa de los dos Estados (España ha sido el más contundente), pero es evidente que falta tanto capacidad de reacción como de acción. La Comisión Europea no levanta un dedo frente a la planificación de la limpieza étnica y el desplazamiento forzoso en Gaza, la enésima grosera vulneración del Derecho Internacional que perpetra EEUU. El silencio de Europa contrasta severamente con las claras resistencias del mundo árabe y la contundente respuesta de China que ofrecen, de momento, ciertas garantías frente a este estúpido delirio.

El plan para Gaza tiene que verse en el marco de un sinfín de decisiones inesperadas y rápidas ejecuciones con las que Trump pretende generar perplejidad y parálisis. Un plan que ha venido precedido de otras amenazas de ocupación sobre Canadá, Panamá, México o Dinamarca. Se está larvando un nuevo orden mundial basado en la guerra híbrida, el ocaso del multilateralismo, la crisis de la globalización y el fin del sistema heredado de la II Guerra Mundial.

Estados Unidos abandona el Consejo de derechos humanos de la ONU, la UNRWA, el Acuerdo de París, la OMS y, próximamente, la UNESCO. Amenaza también con abandonar la OTAN o pretende obligar a sus miembros a dedicar un 5% de su presupuesto a la política de defensa. Utiliza a las personas migrantes como moneda de cambio. Toma medidas arancelarias para doblegar a otros Estados, como una herramienta geopolítica que le permita negociar la defensa de sus fronteras y renegociar los Tratados de Libre Comercio, empezando por el de México y Canadá, de 1994.

Los aranceles no protegerán el mercado interior en EEUU ni servirán para reindustrializar el país porque nunca funcionan con toda la industria ni benefician al consumidor. La agresividad arancelaria no suele ser una medida económica sino populista que dispara la inflación y baja los tipos de interés. También afecta negativamente al mercado laboral y genera desempleo. Habrá que ver hasta qué punto los trabajadores pobres y los parados valoran más la identidad nacionalista y la expulsión de los migrantes que sus propias condiciones de vida. La extrema derecha aspira a sustituir la lucha de clases por la unión interclasista que representa la unidad nacional y en ese diseño del eje social-nacional conviven el etnonacionalismo y el proteccionismo. De hecho, las caídas en bolsa ya se han empezado a cebar con las empresas automovilísticas, peligran puestos de trabajo, y, después de tres bajadas consecutivas de los tipos de interés, la Reserva Federal ha decidido mantener el precio del dinero en la misma franja. Por eso, lo razonable sería que, en caso de aplicarse, los aranceles no se sostuvieran por mucho tiempo. La inflación es letal para cualquier gobierno y en EEUU propició la salida de Joe Biden. La cuestión es que en esta tesitura nada nos asegura una salida razonable.

Frente a los aranceles, Europa promete responder con firmeza, pero hay demasiados gobiernos trumpistas, demasiada división y complejidad. La Unión Europea puede ser, además, una exasperante maquinaria burocrática y lenta. Los motores de Francia y Alemania no están en su mejor momento para resistir según qué política arancelaria. Alemania sufre una profunda crisis económica, un apagón energético y una enorme incertidumbre política. El influyente sector primario francés no permanecerá inerme si se agrava el coste de la vida. Tanto un país como el otro atraviesan un período de inestabilidad que la extrema derecha podría resolver de la peor manera.

¿Debería la UE responder con aranceles a quienes no cumplan con ciertas exigencias ambientales o laborales en sus relaciones comerciales, por ejemplo, o, incluso, seguir los pasos de China? Pekín ha anunciado que gravará el gas, el petróleo y la maquinaria agrícola procedente de EEUU e impondrá restricciones a la exportación de metales imprescindibles para la fabricación de productos electrónicos, equipamiento militar y paneles solares. Ha abierto también una investigación a Google por posible monopolio. Su superávit comercial sigue siendo inmenso y Europa no es ni puede ser el gigante chino. Con todo, Europa puede jugar sus cartas. El comercio transatlántico representa el 30% del comercio mundial de bienes y servicios y el 43% del PIB mundial. En 2023 fue superior a 1,5 billones de euros, según datos de la Comisión Europea. De manera que la batalla no debería darse por perdida.

Frente a una ofensiva global de este calado, Europa tiene el deber de reaccionar. Defender el multilateralismo, los derechos humanos, el principio de autodeterminación, la soberanía territorial y la autonomía estratégica. No es tiempo de callar, esperar ni confiar.

María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

La dignidad de las víctimas mueve montañas. La capacidad transformadora que tiene un testimonio ejemplar es impresionante. Lo hemos visto en Gisèle Pelicot, la mujer violada durante años que ha abierto de par en par las puertas de su propio juicio para que la vergüenza cambie de bando y, como vienen pidiendo tantas mujeres desde hace décadas, sean ellos y no ellas quienes sufran los señalamientos y el escarnio.

Víctima de una violación continuada y agravada que ha impactado en toda Europa y que bien podría haber sido calificada como explotación sexual, en este caso ha habido más de 70 coautores, cientos de cómplices y miles de encubridores. En Mazan, un pequeño pueblo en el que todo se sabe. El Sr. Pelicot llegó a tener incluso un discípulo aventajado: Jean-Pierre Maréchal, que reprodujo con “su” mujer todo lo que su maestro hacía con la “suya”. Así de potente es el sentido de la propiedad y el goce de la posesión. La homosociabilidad tóxica impuso la ley del silencio y premió con el anonimato a quienes fueron delincuentes durante años. Coco hizo el resto, la plataforma online que se lucró con el delito.

Los monstruos se esconden a veces entre vecinos, amigos y familiares. Gente normal y corriente que, como los aquí juzgados, pueden ser tipos geniales, hombres estupendos y padres protectores. Conviene recordarlo porque aún sigue vigente el mito de la marginalidad (la violación es excepcional), el del violador (es un caso patológico) y el de las mujeres violadas (ellas son un polo de atracción o bien consintieron sin saberlo). La cultura de la violación se alimenta continuamente de estos mitos y a ella contribuyen quienes, de manera más o menos refinada, dudan sistemáticamente del consentimiento de las mujeres, las infantilizan o mantienen las equidistancias que fomentan las contradenuncias de los violadores, el bulo de las denuncias falsas y las frecuentes renuncias a las denuncias.

En estos días, hemos escuchado duras críticas a quienes han recurrido a las redes para denunciar casos de violencia sexual, en ocasiones, de manera anónima. Por lo que parece, estas denuncias han infundido miedo en ciertos varones, han frustrado sus fulgurantes carreras y han provocado, incluso, una cadena de suicidios. Hay quienes se olvidan de que seguimos necesitando de estructuras informales para defendernos y de redes feministas para encontrar protección.

El reciente caso de Eduard Cortés revela, por ejemplo, las enormes grietas de un sistema ineficaz para quienes deciden acudir a un juzgado, más allá de los señalamientos y el calvario que supone el proceso penal para las mujeres. Las actrices que se han animado a denunciar han tenido que recurrir a la autoorganización y las acciones colectivas y nunca lo hubieran hecho si no hubiera sido por la eficacia inmediata que tuvo una denuncia en redes. El 26 de octubre la fotógrafa Silvia Grav publicó una conversación con Cortés en la que lo acusaba de haberle ofrecido trabajo a cambio de mostrarse desnuda. A partir de ahí llegaron todas las demás.

En estos tiempos, también ha habido quien ha puesto en duda la relevancia del consentimiento o la existencia del consentimiento mismo, desconociendo que los ejercicios filosóficos poco tienen que ver con las causas procesales donde la prueba resulta esencial para determinar la relación de causalidad y las responsabilidades penales.

En la Directiva de violencias que sacamos adelante en la anterior legislatura europea, no conseguimos incorporar el tipo penal de la violación debido a la persistente negativa de Francia y Alemania (que han ratificado el Convenio de Estambul). Gobiernos en los que los liberales seguían empeñados en que se probara fuerza, violencia o intimidación para aplicar sanciones penales. Tras el caso Pelicot, los franceses han decidido recular y reconocer para las francesas lo que no quisieron reconocer hace menos de un año para todas las mujeres en Europa.

El debate sobre el “no es no” o el “sí es sí” tiene una importancia relativa si estamos en una situación de profunda desventaja; si las mujeres viven oprimidas o discriminadas, sometidas por relaciones de poder o estructuras de dominación, atenazadas por el miedo o la falta de autoestima, en situación de necesidad o de inseguridad vital. Si este es el caso, y parece que lo es, asegurar el consentimiento en las relaciones sexuales es absolutamente determinante porque dota de agencia a quien no la tiene y obliga al sujeto dominante a no dar la voluntad por descontada. En el ámbito jurídico lo importante es que el foco se ponga sobre los victimarios y no sobre la víctima que, sin consentimiento, se vería obligada a demostrar su negativa. La tesis del ”no es no” supone un paso atrás, una regresión en el terreno probatorio porque solo hay un caso judicial si el rechazo explícito es la respuesta contundente y sostenida frente al uso de la violencia. La sumisión química de Giséle Pelicot la dejó sin alternativas, pero no siempre hace falta llegar a estos extremos. Hay condiciones en las que el dominio es tal que no son necesarias las drogas para propiciar idéntico sometimiento “voluntario”. Recabar el consentimiento expreso y explícito en las relaciones sexuales no debería ser un problema para quienes las pretenden consentidas y no encuentran morbo alguno en el control ajeno.

El juicio de Pelicot ha demostrado, entre otras cosas, la dignidad revolucionaria de las víctimas y la bajeza tanto de sus victimarios como de quienes miraron para otro lado. Ha demostrado que los monstruos pueden vivir muy cerca y ser personas "normales". Que la complicidad social y el silencio de las "buenas personas" forma parte del problema. Y que la cultura de la violación es también la de quienes ven "turbas" en las redes de mujeres y "linchamientos" en sus denuncias.

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María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

Víctima de Macron, la de Barnier ha sido una trayectoria especialmente corta, fruto de una traición y de un destino tan fatal como anunciado. Los dedazos suelen señalar a líderes transitorios y anticipadamente fallidos a los que se pide un sacrificio heroico en una situación crítica asumiendo que, una vez salvados los muebles, tienen que desaparecer por voluntad propia o ejecución ajena. Quien se ofrece para desempeñar ese papel es consciente de eso. Por lo demás, Macron es un líder oportunista y obcecado solo comprometido con cálculos electoralistas y pretendidamente pragmáticos. Rompió el cordón sanitario en favor de la ultraderecha, dando la espalda a las mayorías, y ahora es ese mismo cordón el que le ahoga. Y, con todo, persiste.

Macron tendrá que buscar una alternativa y parece estar pensando en el ministro de Defensa, Sébastian Lecornu, y en el veterano centrista François Bayrou, pero no puede convocar nuevas legislativas hasta mediados de 2025 y tendrá que pasar otra vez por un proceso agónico para recabar apoyos. Recurrir a un tecnócrata como vía intermedia solo daría fuelle a la extrema derecha, tal como vimos en Italia.

De hecho, Le Pen calificó el presupuesto vetado de “tecnocrático” y le acusó de no tocar el tótem de la inmigración fuera de control. Que, en su momento, Barnier cuestionara la política de asilo y refugio de la Unión Europea fue claramente insuficiente. Una vez compras el marco de las derechas, todo es insuficiente porque lo suyo es vencer y no convencer.

Sería bueno tener claro que no se puede negociar con quien tiene una agenda propia y no valora ni necesita de la negociación. Barnier cedió a Le Pen en tres de sus cuatro exigencias: eliminó un impuesto sobre la electricidad, recortó la ayuda médica a los inmigrantes ilegales y cambió su política con ciertos medicamentos. Pero se negó a retrasar medio año la subida de las pensiones para contrarrestar la inflación. Decidió avanzar sin voto parlamentario y le arrasó la moción de censura.

Macron traicionó a Melenchón y Le Pen ha traicionado a Macron. Lo ha hecho, además, apoyando a LFI, una fuerza política a la que detesta, a los “cheguevaristas de carnaval”, evidenciando que está dispuesta a pasar por cualquier cosa con tal de tambalear los cimientos del sistema. Ha aprovechado para lanzar su discurso en favor de los más vulnerables, de marcado signo antimigratorio, ganando centralidad y protagonismo frente a su posible inhabilitación el próximo marzo. Sabe que su populismo prende en los barrios industriales donde se cierran fábricas y hay miles de despidos y en los que la población migrante se percibe como un alto factor de riesgo. Le Pen sabe también que la ausencia de presupuestos tendrá un terrible impacto sobre las pensiones y los tipos de interés, en un país que tiene una prima de riesgo similar a la de Grecia y va a manejar un déficit del 6.2% en 2025 (el peor desequilibrio presupuestario de la eurozona).

“Hay una necesidad urgente de abordar nuestra deuda presupuestaria”, dijo Barnier, “no es un placer haber presentado casi únicamente medidas difíciles [...] Esta realidad no desaparecerá por el encanto de una moción de censura”. Y, en esto, al menos, no le faltaba razón. El plan de Barnier pretendía subsanar el déficit utilizando el plazo máximo de siete años que permiten las nuevas normas fiscales de la UE y está claro que las dificultades para sacar adelante las propuestas fiscales y de gasto se van a perpetuar.

A la crisis económica y social que se cierne sobre Francia, habrá que añadir esta crisis institucional y la previsible ausencia de un gobierno operativo. Ninguno de los tres bloques de la Asamblea Nacional francesa puede reunir una mayoría. La fragmentación parlamentaria, la incapacidad para negociar y llegar a acuerdos, y la escasa propensión a la lealtad, una vez alcanzados, hacen hoy de la política un polvorín que ofrece más desasosiego e inestabilidad, que seguridad y confianza.

Lamentablemente, todo apunta a que Francia será el laboratorio de Europa. En esta misma situación se encuentra Alemania que se enfrenta a sus propios problemas políticos y que, según las previsiones de la Comisión Europea, obtendrá pésimos resultados económicos. Scholz convocó elecciones anticipadas para febrero y nadie sabe cómo abordará su déficit en los próximos años. Las estrictas normas fiscales que se apresuraron a defender en Bruselas, para atar en corto a los países del sur, son las que ahora no les dejan respirar. Incluso el jefe del Bundesbank, Joachim Nagel, ha pedido ya suavizar el freno de la deuda que Merkel llevó a la Constitución para asegurar la austeridad.

Por lo demás, la posición de fuerza de la que se ha dotado Elon Musk en EEUU para promocionar sus coches eléctricos, junto a la factoría china, que satisface su demanda interna, van a arrastrar a Alemania a una crisis devastadora que se sumará a la crisis energética en la que está instalada desde la guerra de Ucrania. Si no se lidera ni el mercado de las plataformas tecnológicas ni las cadenas globales de producción, el futuro puede ser una auténtica pesadilla.

En fin, Francia y Alemania sufrirán especialmente los aranceles de Trump que van a castigar a la industria agroalimentaria francesa y a los exportadores de la UE, sin que se sepa bien cómo se ha de reaccionar, y la amenaza de una agresión rusa y el posible abandono de la OTAN por parte de EEUU, obligarán a derivar parte de sus recursos a la política de defensa. En esta situación, las propuestas paneuropeas de Draghi y Letta se antojan demasiado gravosas porque exigirían, entre otras cosas, aumentar las contribuciones financieras a Bruselas o eliminar los organismos nacionales de vigilancia financiera. De manera que no parece que la tendencia vaya a ser esa huida hacia adelante sino, más bien, la de la vuelta reaccionaria a los palacios de invierno.

Es evidente que la inercia actual solo favorece el programa ultranacionalista de las derechas y que nos estamos acercando velozmente al punto de no

retorno en términos generacionales. Si no se visualiza el horizonte común, se fortalece el compromiso con el sector público y se apuesta por liderazgos progresistas, audaces y resilientes, alea jacta est, la suerte está más que echada.

No hay nada peor que una estrategia errática en medio de una catástrofe. Que en lugar de claridad y transparencia, se ofrezca una batería de mentiras y desmentidos a quienes están sufriendo. Cuando la cronología refleja con tanta precisión una sucesión de malas decisiones, resulta increíble que el gobierno de Mazón y el Partido Popular se empeñen todavía en eludir responsabilidades. Primero fue la Aemet, luego la Confederación Hidrográfica del Júcar, después los manifestantes independentistas, el gobierno central y Teresa Ribera.

Mazón disolvió la Unidad de Emergencias porque la consideró una ocurrencia, ignoró las advertencias de la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar, prescindió de la ayuda que le ofrecieron cuatro ministros y otros cargos públicos, retrasó la reunión de la Cecopi en la que ya se discutía si recurrir o no a un confinamiento, lanzó la alerta cuando ya no había remedio para muchos, ralentizó la coordinación con el Gobierno central y otras comunidades autónomas, no echó mano ni de los bomberos forestales ni de la UME, los medios que tenía a su disposición. Y Feijóo, tras debatirse entre enterrarle o protegerle, ha decidido claudicar a la táctica convencional, la de la huida hacia adelante. No habrá dimisiones y se buscarán chivos expiatorios para ganar tiempo.

Sin embargo, lo que quizá ha sorprendido más es que se haya decidido utilizar a los muertos y los desaparecidos en Valencia como una oportunidad para dar un golpe antidemocrático en Bruselas. Embarrar por patriotismo, tal como ha venido haciendo el Partido Popular en los últimos años. Usar las instituciones europeas para intentar hundir al gobierno y cambiar el foco mediático.

En Europa, el PP se opuso a que se mancomunaran deudas durante la pandemia y, en línea con Holanda, apostó por los créditos frente a las transferencias, a sabiendas de que eso sería perjudicial para España.

Envió una misión parlamentaria para examinar la ejecución de los fondos Next Generation generando dudas sobre la buena gestión que el Gobierno estaba haciendo del dinero europeo, a sabiendas de que la misión quedaría en nada.

Cuestionó la reforma de las pensiones de la que dependía una transferencia de 10.000 millones de euros, a sabiendas de que resultaban esenciales para nuestras políticas sociales.

Criticó la “excepción ibérica” que rebajó a españoles y portugueses la factura eléctrica – el “timo ibérico”, decían –, a sabiendas de que eso abarataría la vida de los españoles.

Planteó dudas sobre el Estado de derecho en España por falta de independencia del poder judicial, debido a un bloqueo que ellos mismos orquestaban, y luego, a causa de la ley de amnistía, a sabiendas de que eso podría desencadenar la apertura de un procedimiento de infracción de multas millonarias (como había sucedido en Polonia por la misma causa).

Intentó tumbar el nombramiento de Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Y ahora pretende tumbar la candidatura de Teresa Ribera a la vicepresidencia de la Comisión, una de las cinco personas más influyentes del mundo en transición climática, solo para salvar a Carlos Mazón, cuya responsabilidad en la pésima gestión de la DANA es hoy más que evidente.

La deslealtad del PP a España y a sus instituciones es ya de larga data. Quizá sea más desconocida su profunda deslealtad a Europa. Quieren tomar a Teresa Ribera como rehén solo para ganar más poder institucional. Saben que cuestionarla, vertiendo sobre ella incluso sospechas de criminalidad, es poner en jaque a la Comisión Europea porque el efecto dominó es inevitable. Meloni está preocupada por su candidato y los liberales por el suyo y acusan al PP de secuestrar al Parlamento Europeo solo por razones oportunistas. Los socialdemócratas prefieren negociar todo como un paquete y amenazan con votar en contra de la totalidad de las vicepresidencias si no sale adelante la única candidata que tienen en la Comisión.

La estrategia del Partido Popular supone también un cuestionamiento directo de Ursula Von der Leyen (presidenta de la Comisión Europea), que procede de la misma familia política, pero que no les suscita mayores simpatías. Ahí juega un papel fundamental Manfred Weber, el presidente del grupo parlamentario (PPE), cuya enemistad con Von der Leyen es de todos conocida. Ella tiene el poder institucional, pero él detenta el poder político.

Aquí es importante tener presente que las elecciones en Alemania están previstas para febrero del próximo año y que eso está alimentando también esa tensión congénita. No solo definirán el futuro de Scholz, sino que también serán fundamentales para determinar si los conservadores de la CDU/CSU podrán formar un nuevo gobierno, dado que se encuentran liderando las encuestas con un 30% de intención de voto. Cabe pensar en el efecto que esta situación puede tener sobre la relación entre Weber (CSU) y Von der Leyen (CDU) considerando la creciente fuerza de la ultraderecha de Alternativa para Alemania (AfD), que ronda el 19.5% en intención de voto, y que Weber rompió hace tiempo el cordón sanitario en favor de los ultras. Finalmente, a lo anterior hay que sumar, por supuesto, la victoria de Trump en EEUU y el impacto que su política de aranceles va a tener sobre los productores alemanes. De momento, Tesla se ha disparado en bolsa gracias a la elección de Elon Musk, que ha prometido debilitar el papel de las agencias reguladoras y será gran beneficiario de jugosos contratos. La elección de Musk es una pésima noticia para el líder automovilístico de Europa.

En definitiva, el PP ha visto en la dana una condición favorable para volver a atacar a Sánchez en territorio belga, y Weber la ha visto para redefinir sus relaciones de poder en las instituciones europeas. España y Alemania se debaten estos días en Bruselas. Al fin y al cabo, Pedro Sánchez podría ser el único socialista fuerte que quedara en Europa, tras la previsible caída de Scholz. La traducción real de todo esto será exigir a los socialdemócratas que acepten a Fitto (el candidato de Meloni) y al suspendido comisario húngaro de la extrema derecha a cambio del plácet del PPE a Ribera, y, de este modo, ganar por goleada.

La dana es solo una excusa para ampliar aún más la ya abultada mayoría conservadora. El desastre es la pepita de oro que han encontrado unos y otros para intentar rearmarse en Europa. 

En el Parlamento Europeo, el Partido Popular sigue las directrices del PP europeo y apoya las enmiendas de la ultraderecha que reclaman más financiación para las “barreras físicas” en las fronteras, refuerzos para Frontex y centros de deportación fuera de la Unión.

Ya criticamos a los Centros de Internamiento de Extranjeros en su momento porque eran, y son, instalaciones típicamente carcelarias para quienes no han cometido delito alguno. Ahora se trasladan a lugares en los que no se pueden vigilar ni controlar y se les llama campos de deportación, aunque bien podrían llamarse “campos de concentración”.

Se trata de enviar a los migrantes, potenciales asilados y refugiados, al nowhere del que nunca debieron salir, deshacerse de ellos para no verlos siquiera. Residuos humanos y daños colaterales de la ficción de no entrada que consagró hace unos meses el Pacto Migratorio. Entonces, la idea era apostar por el Pacto para evitar algo peor, pero no solo no se ha evitado, sino que ha servido para que la violación de derechos humanos se imponga como un sentido común.

Los acuerdos de la vergüenza con Turquía son ahora la norma. A Turquía se le llamó “tercer país seguro” a sabiendas de que no había ratificado el Protocolo nº4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ni aplicaba los Convenios de Ginebra en su integridad. Turquía incumple el principio de no devolución y aplica expulsiones arbitrarias y masivas, pero le hemos regalado 11.500 millones a Erdogan para que no nos lo cuente. De hecho, Von der Leyen insiste en programar un nuevo paquete de 1.000 millones de euros para los refugiados sirios en Turquía y para “apoyar” a Ankara en la gestión de fronteras y la migración. Una vez más, el Pacto Europeo vino a abonar esta mercantilización de la vida permitiendo a los Estados que pagaran 20.000 euros por cada persona a la que no reubicaban. El camino estaba allanado.

En este contexto, la estrategia de blindar una lista propia de países seguros por la que ha apostado Meloni, no parece tan descabellada. Y tampoco es descabellado que se piense en los países balcánicos como patio trasero, como posible destino de los nuevos centros de deportación, aprovechando su pretensión de incorporarse a Europa y programando con descaro el negocio y el chantaje. El colmo del cinismo es que se diga que esos lugares son “de alguna” manera Europa, como se ha dicho de los centros en Albania, a los que se considera espacios italianos porque están gestionados con personal italiano y según la norma italiana.

Estamos frente a la vuelta de tuerca que se necesitaba para perpetrar la ansiada reforma en la regulación de deportaciones y que se traducirá, finalmente, en una suspensión de facto del derecho de asilo y refugio. Las valoraciones individualizadas hay que hacerlas antes del internamiento y hay que respetar el principio de no devolución, pero esto no es lo que van a garantizar esos centros de deportación. No lo hará el modelo Albania de Giorgia Meloni, como no lo hacía el modelo de Reino Unido con el que se pretendía enviar a Ruanda a personas en situación irregular cuyos casos no habían sido estudiados por las autoridades británicas. Proyectos ilegales, que además, son caros y fracasados, en los que, sorprendentemente, se insiste una y otra vez.

La ocurrencia italiana ha costado, de momento, 800 millones de euros y parece que el Tribunal de Cuentas podría reaccionar. El Gobierno conservador británico pagó más de 700 millones de libras (840 millones de euros) por la suya y, además, tuvo que sobornar al Gobierno ruandés con 290 millones. Los centros en Albania están vacíos y los primeros 16 extranjeros que iban a ocuparlos ya están de vuelta en Italia. Los extranjeros que Reino Unido trasladó a Ruanda de manera voluntaria se contaron con los dedos de una mano y 3.000 libras por dedo. Starmer, el socialdemócrata, canceló el proyecto de Ruanda y se fue a Italia a felicitar a Meloni y a conocer los detalles de una propuesta idéntica a la cancelada.

En fin, parece que estas son las soluciones innovadoras de las que hablaban los socialdemócratas daneses, que también se han apuntado a la carrera enloquecida en favor del fascismo. Son cada vez más. Ahora se ha sumado Polonia, donde Donald Tusk, conservador “moderado”, ha suspendido el derecho al asilo temporalmente, escudándose en que la entrada de migrantes irregulares desde Bielorrusia constituye una amenaza de desestabilización; Alemania, que ha roto unilateralmente con Schengen, y donde Olaf Scholz habla de deportaciones a gran escala; Holanda, que pretende autoexcluirse de la política de asilo y refugio; o los ocho países (Austria, Italia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Croacia y Chipre) que quieren revisar la relaciones con Siria para facilitar el regreso de sus refugiados.

La bajeza moral y la hipocresía no tienen límites en buena parte de los Estados de la Unión Europea. Es sorprendente que se hayan olvidado tan pronto aquellas palabras de Primo Levi tras el horror del holocausto. “La libertad -decía Primo Levi-, la improbable, imposible libertad, tan lejana en Auschwitz, que solo en sueños osábamos esperar, había llegado; y no nos había llevado a la Tierra Prometida. Estaba a nuestro alrededor, pero en forma de una despiadada llanura desierta. Nos esperaban más pruebas, más fatigas, más hambres, más hielos, más miedo…Me sentía extenuado, no solo físicamente; como un atleta que ha estado corriendo durante horas enteras, agotando todas sus reservas […] y llega a la meta; y en el momento en que, exhausto, se deja caer en tierra, lo obligan a ponerse de pie brutalmente, y a echarse a correr otra vez, en la oscuridad, hacia otra meta que no sabe a qué distancia está”.

En fin, por más que a algunos se les llene la boca defendiendo el derecho a la vida, es evidente que no todas las vidas valen lo mismo. La condición de extranjero, de inmigrante, de irregular, de “sin papeles”, de asilado, de apátrida, ha sido la condición gracias a la cual hemos logrado conservar nuestros privilegios como ciudadanos europeos y ha servido como excusa para condenar a estas personas a un éxodo inacabable, a saltar muros cada vez más altos y a sortear un sinfín de barreras, de mares y pateras. Somos responsables de que ese horror no se acabe.

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María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

Hay que contar otra historia y hacer a un lado la prepotencia y el racismo. Eso es lo que nos ha dicho López Obrador desde México tras haber intentado, inútilmente, que la monarquía o el Gobierno pidieran disculpas por la conquista. La conquista mató a millones de indígenas y dejó a los pueblos originarios a merced de una sociedad colonial, a menudo cruel y despiadada, pero nuestro relato sobre lo que pasó sigue siendo confuso, ambiguo y paternalista.

Como extremeña, recibí una educación en la que se ensalzaban las figuras de Hernán Cortés y Pizarro como grandes conquistadores de los que había que estar orgullosos. Y buena parte de la identidad de Extremadura radica todavía en la reivindicación de las conquistas de México y Perú, soslayando, habitualmente, la violencia con la que fueron ejecutadas. En España, a día de hoy, se celebra aún la “hispanidad” con una sucesión de anacronismos tan sorprendentes como vergonzantes.

En Alemania se pidió perdón al pueblo judío por el Holocausto; en Francia se admitieron los crímenes de tortura y desaparición en Argelia; en Canadá se pidieron disculpas por rechazar a los refugiados judíos que huían del nazismo y en Japón por maltratar a los prisioneros canadienses en la II Guerra Mundial. El Papa Francisco ha pedido perdón a México por la evangelización forzada y violenta de aquellos a los que reconocíamos tener alma (sin considerar que había una buena parte de la población, abiertamente animalizada, a la que ni siquiera se incorporó). En España se otorgó la nacionalidad a los sefardíes para corregir una injusticia prolongada por más de 500 años, y el rey los recibió en el Palacio Real. ¿Por qué no reconocer entonces que en América Latina se hicieron barbaridades en nombre de la Corona?

El derecho a la memoria y deber de recordar no caduca con el tiempo, no distingue entre las víctimas ni las jerarquiza. Si defendemos la memoria para las víctimas del franquismo, debemos defenderla también para quienes murieron o sufrieron fruto de nuestros desmanes hace cientos de años y en cualquier lugar del mundo. Con más razón, si hablamos de un continente con el que tenemos relaciones privilegiadas, precisamente y en buena parte, a raíz de tales atrocidades.

López Obrador ha acusado a las empresas españolas de ver aún en México una “tierra de conquista y saqueo”, en particular tras una reforma energética que benefició especialmente a las multinacionales españolas, a las que un 30,1% de los mexicanos no ven con buenos ojos. No hay que olvidar que, si somos inversores de primera línea en América Latina y beneficiarios indiscutibles de lo que muchas veces no es sino puro capitalismo extractivista, es, en gran parte, porque seguimos sacando ventaja de la potencia colonial que fuimos. La pretensión, más o menos soterrada, de continuar sacando tajada, por lo civil o lo criminal, ni es admisible, ni es sostenible. No está mal que, a veces, alguien nos lo recuerde.

Ahora México no invita al rey a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum porque, como es lógico, hay malestar con quien no responde a las misivas de su jefe de gobierno. De hecho, hace varios años que navegamos en una “pausa diplomática” precisamente por eso. Que ese desaire no haya tenido consecuencias fácticas no significa que no haya existido o que no pueda tener un efecto simbólico. También es lógico que siga causando cierto estupor que un monarca represente a los españoles en política exterior. No es extraño que genere dudas quien carece de la legitimidad democrática que se le debe presuponer a un alto representante del Gobierno de España.

Evidentemente, puedo entender que, como contrapartida, y en coherencia con nuestros propios anacronismos, Pedro Sánchez no haya querido enviar a nadie al acto de la nueva presidencia, aunque podría haber afinado sus gestos. La hiperventilación de la que se ha acusado a México ha sido respondida o bien con una indignación no menos hiperventilada que ha elevado innecesariamente la tensión entre ambos países, o bien con un paternalismo que ha venido a reafirmar la crítica que se nos lanzaba desde el gobierno mexicano.

Que esa crítica nos pueda resultar demagógica o populista no le resta su dosis de razón. De hecho, el 50,1% de los mexicanos está de acuerdo con la exigencia de que España pida perdón por la conquista. Claro que hablamos de una cierta simplificación de la historia y en la narrativa no puede obviarse el colaboracionismo y las barrabasadas del propio independentismo mexicano, pero es que esto ya se reconocía en las misivas de Obrador, en cuya coletilla final se apuntaba: AMLO, un hombre blanco, no exime a los Gobiernos mexicanos del maltrato a los indígenas.

En fin, en unos días tendrá lugar una ceremonia histórica en México. Por primera vez, una mujer llegará a la presidencia y el Gobierno español no tendrá representación oficial. Hemos querido construir nuestra biografía como pueblo y como nación en la idea de salir airosos, pero no podemos ocultar ni silenciar a quienes reclaman que se cuente toda la verdad y se cambie la narrativa. Saber mirar atrás para recordar bien y socializar esa mirada es una forma de hacer justicia, reparar el daño causado y salvar las brechas que ese daño haya podido ocasionar.

Me parece sorprendente, penoso y hasta ridículo que, en una historia compartida, con vínculos afectivos y materiales tan antiguos como estrechos, nos resulte tan difícil pedir perdón.

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María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

Algunos estudios nos dicen que hoy los jóvenes son más conservadores o que los universitarios ya no tienen miedo a decir que son de derechas. Más los de la privada que los de la pública, por razones, supongo, evidentes. Más los abogados y economistas que los de humanidades o ciencias experimentales, por razones menos evidentes, aunque claras. Lo cierto es que, según parece, las acampadas pro Palestina que vimos en las universidades hace solo unos meses no son sintomáticas. Los campus no son mayoritariamente progresistas. Así que el régimen sancionador que prepara Ayuso, en la idea de que los centros universitarios son nidos de rojos, es pura propaganda antisistema. Ayuso juega al deterioro de las instituciones públicas, en las que se ha venido detentando una supuesta autoridad, porque resulta rentable electoralmente. Que ese deterioro gane adeptos entre jóvenes y nuevos votantes es uno de esos problemas a los que deberíamos prestar atención. 

Y, ojo, porque no se trata tanto de confrontar a la autoridad, como tal, cuanto de cambiar unas referencias por otras. O sea, no hay que confundir la oposición a la autoridad estatal (y sus derivadas) con la oposición a cualquier forma de autoridad. De hecho, acabar con el sector público exige fortalecer instituciones privadas como las iglesias, las familias y las empresas, que es la parte más interesante del plan.

La articulación entre anarcocapitalismo e ideas reaccionarias en el plano social es lo que Murray Rothbard llamó “paleolibertarismo”, y hoy resulta profundamente transgresora. Por esa razón, entre otras, es una articulación que está triunfando entre la Generación Z, más entre los hombres que entre las mujeres. Es lógico. Aunque la tradwife se vaya abriendo camino, es evidente que son ellos quienes ganan o recuperan viejos privilegios con el cambio. La victoria de Alternativa por Alemania en Turingia y sus excelentes resultados en Sajonia, se nutrió del voto de jóvenes varones. Y el caso de Alvise es muy similar.  

Hay muchos factores que pueden explicar este fenómeno y uno de ellos es, sin duda, el de las redes sociales, especialmente, Tik Tok y Twitter (la apuesta empresarial e ideológica de Elon Musk es la de no quedarse atrás).

Como bien señala Eric Sandin, las redes sociales han alimentado la ilusión de la autosuficiencia y la ausencia de límites. Permiten que cada quien exprese toda su agresividad como si formara parte de una turba, sea real o ficticia, y facilita actitudes irresponsables y autoindulgentes. Siempre es más fácil autojustificar los discursos de odio, las humillaciones en línea o el ciberacoso, si uno cree que todo el mundo lo hace o haría lo mismo, si pudiera. Y como el anonimato garantiza la impunidad, es fácil disociar los clics encadenados con los que se masacra a los demás de las consecuencias de tal masacre.

La libertad irrestricta para odiar se combina aquí con el espíritu revanchista de quien cree estar llamado a hacer(se) justicia o a desempeñar un papel heroico. Los jóvenes sufren la precariedad, la falta de representación y la ausencia de un futuro al que tienen, o creen tener, derecho. O sea, están en condiciones óptimas para montar un ejército digital y ejecutar una venganza sin miramientos. Las derechas lo tienen claro. Lo hemos visto en Reino Unido y también en España con el caso de Mocejón.

A esto se suma la desconfianza frente a las instituciones públicas que, de manera continuada, han venido alimentando Vox, Alvise o buena parte del Partido Popular. Se ha extendido la idea de que el poder público (no solo político) ha traicionado a las mayorías, así que o bien hay que volver “a lo de antes” o bien debemos confiar en el sector privado, cuyos intereses pueden ser mezquinos, pero, al menos, no son engañosos. Hay una gran obsesión por lo auténtico y lo verdadero, por creer ciegamente al que “habla claro” y “dice las verdades a la cara”, diga lo que diga, como si hubiéramos vivido chapoteando en una gran mentira durante décadas y una legión digital tuviera que abrirnos los ojos justo ahora. 

Finalmente, con las redes cualquiera se puede sentir (super)informado o establecer una relación de igualdad, incluso de competencia, con la autoridad pública, con sus profesores, sus médicos o sus representantes. Los electores digitales se lanzan compulsivamente a criticar las decisiones o la gestión que se hace a diario desde las instituciones, convencidos de que ellos tienen herramientas de sobra para hacerlo mejor. La falta de credibilidad en el espacio compartido y representado por políticos y funcionarios está poniendo en jaque a todo el sistema. 

Cerca de un 30% de los jóvenes en España prefieren el autoritarismo a la democracia en según qué circunstancias. Habría que analizar despacio a qué autoritarismo se refieren y detallar los casos en los que se considera justificado, pero parece que nuestra democracia tiene una salud bastante precaria. La responsabilidad, por supuesto, no es de las nuevas generaciones.

Hace décadas que hablamos de crisis de representación, déficit de legitimidad democrática o democracia business, y no hemos logrado cambiar el rumbo de las cosas. En la medida en la que los partidos se han ido convirtiendo en empresas, los líderes en productos y los electores en clientes, se ha ido perdiendo la distinción entre la lógica de lo público y lo privado porque, básicamente, todo cotiza según demanda. Esta deriva descendente ha ido empeorando con el tiempo y se ha agravado con la llegada del capitalismo cognitivo en la que los datos personales son una fuente de negocio (empresarial o electoral) y el militante ha sido sustituido por el inscrito. Si hay un sector sensible a semejante proceso es el de los alfabetizados digitales, mayoritariamente jóvenes, para quienes seguramente la identificación y la participación política solo resulte emocionalmente motivadora en un sentido negativo. Algo que también aprovechan las derechas.

Si estos procesos no se revierten, las derechas seguirán encontrando un terreno abonado en determinadas franjas de edad y lo previsible es que esas franjas se amplíen y el terreno fructifique. 

La gran batalla de nuestro tiempo es la de la defensa de lo público, que no solo consiste en ofrecer los servicios adecuados sino en recuperar la confianza en ellos, en quienes los dispensan y en las instituciones que los garantizan. Esa batalla no puede ganarse sin gente joven dispuesta a defender una nueva cultura digital.

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María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

Kamala Harris se prepara para caminar sobre su particular acantilado de cristal. El liderazgo que se asume cuando las cosas no van bien porque cuando van bien los líderes son ellos.

Recurrir a las mujeres en momentos de crisis es una maniobra (neo)sexista que se estudia hace más de veinte años. Lo hacen las empresas, grandes y pequeñas, y se hace también en política porque el poder, lamentablemente, se gestiona con idénticos criterios en la esfera privada y en la pública.

Un acantilado de cristal siempre se recorre a ciegas. Su límite no puede verse así que es fácil desbarrancarse. Tras la caída es complicado levantar cabeza y la responsabilidad solo puede asumirse en solitario. Sin embargo, si eres mujer y estás en disposición de crecer, es probable que no tengas mejores alternativas.

Para quienes apenas tienen oportunidades, cualquiera puede ser la última y esa (auto)percepción funciona como una motivación para asumir, consciente o inconscientemente, riesgos de los que es casi imposible salir indemne. En ciertas circunstancias, optar a cargos de relevancia se percibe como un tren que, vaya adonde vaya, no se puede dejar pasar, pero casi todos esos cargos son coyunturales y en “precario”. Si se fracasa no suele haber segundas oportunidades, entre otras cosas, porque el fracaso fortalece el estereotipo excluyente de partida; la idea de que el poder deben detentarlo quienes, por razones “naturales” o psicosociales, están llamados a gestionarlo con éxito y, en este terreno, las mujeres son, por completo, accidentales.

Los acantilados de cristal se levantan en situaciones difíciles en las que los varones deciden retirarse “en favor” de las mujeres, no por conciencia feminista, obviamente, sino en la confianza de dar un paso al frente cuando ellas se hundan (más temprano que tarde) o de aprovecharse de la debilidad estructural en la que navegan las que salen adelante. Los amigos, los acompañantes y los compañeros, esos aliados, pretenden funcionar entonces como las rémoras del tiburón. No nos faltan ejemplos, a derecha e izquierda, dentro y fuera de España. Kamala Harris tendrá que soportar una campaña “plagada de obstáculos” y cocerse en un auténtico hervidero de misoginia tabernaria para cubrir las vergüenzas de un varón que se mantuvo demasiado tiempo al mando, conservar sus redes endogámicas y retener los fondos invertidos. Antes que ella, fueron otras las que aguantaron la vela de los prohombres retirados que las designaron como “sucesoras” o como miembros destacados de direcciones corales femeninas, a las que, más o menos secretamente, pretendían controlar y tutelar.

Lanzar a las mujeres a liderar empresas que se sospechan fallidas es la estrategia machista que se esconde tras la trampa de la equidad porque no hay acceso libre ni competición neutral si las desigualdades son estructurales y tienen su asiento en la definición de las reglas del juego. Alimentar esta trampa suele ser rentable para corporaciones y partidos, no solo por razones propagandísticas, sino porque en estas situaciones las mujeres que pelean por mantenerse en el poder no lo hacen por deporte o ambición desmedida sino por conservar su salud mental, sus relaciones sociales y familiares, su reputación y su vida laboral. Es una lucha a muerte en la que es obligado hacer coincidir los intereses de la “organización” con los propios y las claves del éxito pasan, necesariamente, por ocultar las evidencias.

Para triunfar, se debe caminar sobre el precipicio con seguridad, confianza y autosuficiencia, demostrando que se es capaz, sin que nadie pueda percibir duda o debilidad. El problema es que este sobreesfuerzo por superar el “síndrome de la impostora” en medio de la tormenta, conduce a muchas mujeres en el poder a mecanismos de despersonalización profundamente masculinizantes. Y esos mecanismos contraintuitivos deterioran su mundo relacional, las alejan de su realidad y las dejan solas frente a sus propios errores.

No es extraño que, como decía Gilligan, en sus procesos de socialización, las mujeres acaben temiendo más el éxito que al fracaso o vivan cualquier promoción de manera contradictoria, que aprendan a tolerar mejor la frustración o que, a priori, tengan una concepción transitoria del poder, porque los hechos demuestran que en las altas esferas su supervivencia personal y social está casi siempre comprometida. Tampoco es extraño que las pocas que superan pruebas de este calibre acaben en manos de los que postergaron “voluntariamente” sus victorias o se vean obligadas a asumir las reglas que sus depredadores diseñaron contra ellas.

El liderazgo femenino puede ser muy transformador si se ejerce desde la elección libre, la competición neutral y los criterios propios, pero cuando las cartas están marcadas y la situación es crítica, las oportunidades históricas son regalos envenenados. Las que se perciben como “últimas” oportunidades acarrean un coste muy alto para las mujeres cuando las batallas se pierden y también cuando se ganan. La paradoja consiste en que, a pesar de eso, no hay más remedio que darlas.

Bienvenido el plan de acción por la democracia que ha anunciado Pedro Sánchez porque hace tiempo que lo necesitamos y porque probablemente hoy lo necesitemos más que nunca. Bienvenido, aunque hablamos de un plan focalizado casi exclusivamente en los medios de comunicación que sigue la literalidad de la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada, la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, así como el Código de Buenas Prácticas en materia de Desinformación de la UE. Todo previsto ya en el Plan de Acción para la Democracia Europea y, por lo tanto, tardío y poco novedoso, pero no baladí. 

No es baladí regular la publicidad institucional para que sea transparente y se apoye en criterios claros y objetivos, especialmente en una España en la que todavía sigue vigente una norma antiquísima que permite la censura en según qué circunstancias. Evitar la financiación exclusivamente motivada por afinidades ideológicas, la politización descarada de la información, su sumisión a intereses partidarios o empresariales, o la oxigenación permanente de pseudomedios-fantasma que carecen de plantillas y/o suscriptores. Acabar con las noticias falsas, con su multiplicación y su impacto. Abordar el problema que representan los grandes oligopolios mediáticos para el pluralismo informativo y para la competencia. En la Ley europea se contempla, además, la prohibición de espiar a periodistas por medio de tecnologías intrusivas y se propone crear un nuevo Consejo Europeo de Servicios de Medios de Comunicación independiente que vigile su aplicación. Es más, hoy mismo se ha hablado en el Parlamento Europeo de un escudo para la democracia desde el que se articule una red de verificadores de hechos. En fin, nuestro plan sigue siendo limitado y podría ser poco efectivo si no se acompaña de un paquete legislativo de largo alcance que vaya más allá de los medios de comunicación. 

La lucha por la democracia tiene que ver, en un sentido mínimo, tanto con la separación de poderes como con su composición y su adecuado ejercicio. Por eso, en la Unión Europea hay que abordar la reforma de los Tratados y en España hay que pensar en clave de constitucionalidad, en sentido amplio; esto es, reformar o derogar leyes orgánicas de gran calado. 

En la propuesta de Pedro Sánchez se ha contemplado la posible reforma de la ley Mordaza que es una norma profundamente lesiva aplicada, además, de manera desproporcionada e irresponsable. La ley se activa, sobre todo, en los casos de “desobediencia o resistencia a la autoridad”, “negativa a identificarse”, “alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación” o “faltas de respeto y consideración” a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y basta con la palabra del supuesto agraviado, lo que constituye una anomalía democrática de dimensiones insultantes. En estos años, se ha normalizado el abuso y la impunidad porque es abuso e impunidad lo que la Ley garantiza. Por eso es lamentable y decepcionante que no sea esta la parte de la normativa que se vaya a eliminar.

También genera perplejidad que sigan vigente las sanciones por no comunicar una manifestación adecuadamente antes de su convocatoria o por utilizar imágenes de los cuerpos de seguridad que puedan poner en peligro a los agentes dado que ambas faltas administrativas suponen una amenaza evidente para el derecho fundamental de reunión y para la libertad de información. Si no se defiende con contundencia el derecho a la protesta será fácil que la represión se extienda a espacios antes no colonizados como ya planea hacer Ayuso en las Universidades de la Comunidad de Madrid. Quienes deben velar por nuestros derechos no pueden tener la potestad legal de violarlos. Cuando eso sucede, sean policías o jueces quienes ejecutan semejante papel, el sistema se vuelve disfuncional y solo genera desconfianza, lo que, paradójicamente, alimenta la protesta que se pretende reprimir.

Mejorar nuestra calidad democrática exige, por eso mismo, garantizar siempre la imparcialidad y la independencia de las personas que interpretan y aplican las normas. Esta es la razón por la que hay que cambiar el sistema de acceso a la judicatura, la formación de los jueces y su promoción o asegurar el cese automático de sus cargos cuando han caducado. Podría pensarse, incluso, en ampliar la participación ciudadana en la administración de justicia, en acciones populares, audiencias públicas en litigios complejos, acciones de incumplimiento para casos de vulneración de un derecho por omisión o en mecanismos de control constitucional ciudadano. En este campo, como en otros, nos está faltando la imaginación jurídica, la audacia y la valentía que vemos en otros lugares… y nos estamos quedando cortos.

Tejer una buena relación entre los poderes del Estado, evitando distorsiones y excesos, es una tarea inacabada a perpetuidad, pero es imprescindible aprovechar las escasas oportunidades que tenemos para dar pasos en la buena dirección. En este momento, quizá habría que pensar también tanto en la omnipotencia del poder ejecutivo como en regular mejor el funcionamiento de la actividad parlamentaria. Nuestra Constitución vino a garantizar más Gobierno y menos Parlamento, haciendo depender del primero la concreción de una buena parte de los preceptos constitucionales que consagraban derechos sociales, y concediéndole unas competencias legislativas de las que se ha abusado en muchas ocasiones a base de “decretazos”. Frente a la Constitución del 31 que establecía un Parlamento unicameral fuerte y un ejecutivo bicéfalo (presidente de la República y Gobierno), la del 78 optó abiertamente por la gobernabilidad (la alternancia de partidos mayoritarios) frente a la legitimidad democrática, consagrando el bicameralismo y el bipartidismo. Hoy no podemos dejar de plantearnos si los equilibrios en el ejercicio del poder político siguen siendo más o menos adecuados que ayer. 

El objetivo en un sistema democrático no debería ser nunca el de evitar el pluralismo y el disenso sino el de facilitar la diversidad y el acuerdo, y esto no se logra solo con liderazgos virtuosos, formaciones políticas bien articuladas o posiciones ideológicas razonables. Es imprescindible una arquitectura institucional resiliente y unas reglas procedimentales que garanticen los tiempos que necesitamos para debatir, excluyendo la irracionalidad y el histrionismo. Las negociaciones son necesarias tanto para legislar como para gobernar, pero poco se puede negociar si lo que impera es la velocidad de las redes, el golpe del tuit o anticiparse con el titular de turno. Un plan de regeneración democrática debería incluir también una propuesta que pusiera en valor el papel del Parlamento, mejorara su relación con el gobierno y asegurara la calidad de los debates parlamentarios minimizando el ruido y la voracidad del ego. 

Queda mucho por regenerar y todo lo que no se regenera, se degenera. O hay una seria regeneración democrática o habrá una dolorosa degeneración sistemática.

María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

No hay nada más persuasivo que proclamar la libertad y pocas proclamas han sido tan analizadas con resultado tan confuso. Hace, literalmente, siglos que se habla de libertad y hace siglos que nos preguntamos “libertad para qué y para quién” porque si no se responde con claridad a esta pregunta, hablar de la libertad puede ser estéril o incluso contraproducente.

Nosotras sabemos bien que cuando la libertad responde a la idea de un yo separado (que se autodetermina, se autodefine y se autoelige), liberado de necesidades materiales y afectivas, ajeno a sus propias relaciones, conlleva la consideración de las mujeres (y no solo) como “otros” potencialmente heterónomos. O sea, sabemos que cuando ese es el referente de la independencia y el autogobierno, proclamar la libertad puede formar parte del problema y no de la solución.

Si se mira el mundo desde los cuidados, la cautela no puede quedar más clara porque, si nos los tomamos en serio y no hablamos solo de intervenciones quirúrgicas, aflora rápidamente una concepción muy distinta de la autonomía, la identidad, las relaciones humanas, la comunidad, las responsabilidades y hasta de los derechos humanos. 

Tomarse en serio los cuidados, como hacen ciertos feminismos, supone asumir que la vida psicológica empieza con y en la vinculación, y no con la separación; que el yo es inexorablemente, y no coyunturalmente, un yo social construido dentro de una matriz relacional de intercambios. Y que los intercambios más importantes que tenemos no son los que vienen marcados por relaciones contractuales y jerárquicas asociadas al ejercicio tradicional del poder sino por las redes que se articulan alrededor de la atención emocional y la respuesta afectiva. En fin, si le prestáramos atención a los rasgos identitarios que tienen que ver con esas redes, a las vivencias situadas y a las elecciones que cada quien hace en y desde ellas, como agente finito, concreto y ubicado, nuestras posiciones antropológicas, psico-sociales, éticas, jurídicas o políticas, serían muy diferente a las hegemónicas.

Si el feminismo nos hace libres es porque nos permite luchar contra la dominación, y hay una forma de concebir y ejercer la libertad que resulta discriminatoria y opresora para las mujeres porque se define al margen de su experiencia y se les impone. Resulta contraintuitivo y paradójico que buena parte de las mujeres tengan que contorsionar dolorosamente para ser “libres”. 

La libertad se tiene que definir, siempre, en relación a otrxs, y más que garantizarnos separación para oponernos y competir, nos ha de garantizar la posibilidad de diferenciarnos. Ser libre debería significar “ser singular”, “poder ser distinta” en el seno de una comunidad, en una familia, un pueblo, un Estado… cualquiera que sea la referencia. Liberarse debería consistir en desarrollar la capacidad de co-implicarse en y responsabilizarse de ese mundo compartido. 

De hecho, cuando las personas van ganando en (auto)consciencia es cuando van ganando en libertad (como sucede con la mayoría de edad, por ejemplo), y esto se traduce en que su comunidad les puede hacer responsables del modo en que ejercen sus derechos. O sea, esto significa que el ejercicio pleno de los derechos lleva siempre aparejadas responsabilidades correlativas. 

Como nadie es Robison Crusoe, ni vive en una isla, es ineludible aceptar que tenemos una deuda de vínculo contraída con quienes compartimos un “lugar” (los hayamos elegido o no) y que garantizar la justicia intergeneracional es esencial para sostener la vida. Contar con los demás, hacerse cargo, es de sentido común, nos guste o no, lo elijamos o no, así que identificar la libertad con un elenco desnudo de derechos que ignora este dato sistemáticamente es radicalmente absurdo. Cuando la Sra. Ayuso, por ejemplo, alude a una libertad que garantiza actitudes irresponsables, inmunidad e impunidad, confunde “ser libre” con ser inconsciente o hacer locuras, y condena a la gente a un aislamiento infantil, tan ridículo como sórdido. No hay nada interesante en una concepción caprichosa de la libertad que genera desperfectos sociales, ignora a los demás y deteriora el vínculo que necesitamos mantener con los demás para poder vivir. 

Por eso, cuando el feminismo incorpora a nuestro legado la normalidad de la dependencia, eliminando su estigma negativo para concebirla como un rasgo necesario y universal de las relaciones humanas, no solo nos hace más humanos sino más libres. 

Conferir valor público tanto a las actividades de cuidados como a las mujeres que las protagonizan, así como redistribuir esta tarea entre los diferentes miembros que componen la sociedad, sean hombres o mujeres, no solo es una cuestión de justicia social sino de pedagogía, inteligencia y supervivencia. Si empezamos a ver a las personas como lo que realmente son, con cuerpo, dependientes y necesitados de recursos y afectos, no como seres extrañamente autosuficientes y paranormales, es evidente que la actividad de cuidado es una virtud cívica y un deber público de civilidad. Como lo es que el derecho al cuidado está indisolublemente unido al deber de cuidar. Quienes necesitan de cuidados y se desentienden de quienes les cuidan… ¿pueden llamarse seres libres? ¿son acaso racionales? No, no lo son. Son personas que no sobrevivirían si no dominaran a otros (a otras). La apuesta por esta idea masculinizante de la libertad es profundamente conservadora (no liberal) y se orienta a perpetuar las estructuras tradicionales de dominación. Es machista, clasista y supremacista.

En fin, ser feminista y mirar desde los cuidados nos hace más racionales, más libres y mejores personas. Esa mirada ya está en marcha y son las mujeres quienes la lideran porque no hay libertad si no es con lxs otrxs, ni proclama creíble si no es para todxs. 

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María Eugenia Rodríguez Palop es eurodiputada por The Left.