Estos días se habla de la “renovada” imagen del “líder en diferido” del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha decidido quitarse las gafas.  Yo quiero que se las vuelva a poner porque, aunque parezca difícil, es más corto de miras sin ellas que antes.  

Mientras España avanza en derechos, libertades y convivencia –la  territorial y social que el PP dinamitó—, y nuestra economía crece cuatro veces por encima de la media de la Unión Europea; mientras en España se genera riqueza y se superan los 21´6 millones de empleos, la miopía de Feijóo le hace ver una realidad paralela que nada tiene que ver con el  momento que vivimos.  

El presidente del Partido Popular ha optado por la insurrección total. El acoso y derribo que practicó su partido en la década de los 90 contra González, aun a costa de la estabilidad del Estado, es hoy la seña de identidad de este Feijóo que dijo venir a no insultar y a hacer “política para adultos”.  

Estas intenciones, cacareadas con rimbombante solemnidad, como es su estilo, se han traducido, tristemente para los españoles, en un activismo con tintes predemocráticos que no responden a un malestar social, sino a una deliberada intención de tensionar y fracturar a la sociedad para trasladar una imagen constante de crisis y caos insoportable y contrarrestar  una total ausencia de propuestas, ideas y alternativas.  

¿Alguien sabe qué opina Feijóo sobre la violencia machista, el Estado de las autonomías o sobre el rumbo de Europa en el nuevo marco geopolítico mundial? ¿Conoce algún español las propuestas del PP para luchar contra el cambio climático o para reducir la jornada laboral, más allá de la  genialidad de condensar las mismas horas en cuatro días? La respuesta es NO.  

La miopía de Feijóo le lleva a abundar en la constante estrategia de deslegitimación, que ya puso en marcha tras la moción de censura, haciendo un seguidismo exagerado de los postulados de Vox que está llevando al PP a situarse como un partido ultramontano y antisistema, fuera  de cualquier patrón democrático de Europa.  

El “bolivariano dictador Sánchez”, ese que trajo a España los 160.000 millones de euros de fondos europeos que el PP se encargó de torpedear en Europa, es para el miope Feijóo el enemigo a batir. 

En el día que se cumplían 13 años del fin de ETA, el Partido Popular se manifestaba con la ultraderecha para seguir laminando nuestra  democracia, sin una sola mención a este triunfo de los demócratas sobre el  terror. Ni siquiera un tuit en su perfil, ni en el del PP. Tal vez para hacer olvidar que votaron a favor de convalidar los años de cárcel cumplidos por los etarras fuera de nuestro país. O tal vez porque no soportan la idea de que el fin de ETA se produjo con un gobierno socialista en España y otro gobierno socialista en Euskadi.  

Quitarse las gafas ha llevado a Feijóo a no ver que su estrategia de “el que pueda hacer que haga” se parece como dos gotas de agua a cuando Torra  pedía “apreteu” a los CDR para hacer efectiva la república catalana. En eso han acabado Feijóo y este PP.  

La visión corta del “líder en diferido” del PP, sumido en su deriva nacionalpopulista, le hace alejarse a pasos agigantados de aquel halo de centrismo moderado que nos vendió en su advenimiento, y que ha demostrado no ser más que un nuevo trampantojo a los que nos tiene acostumbrados la derecha patria.  

La demonización personal y política del presidente del Gobierno es de una profunda irresponsabilidad que está conduciendo a esta sociedad a una polarización sin precedentes.  

Le guste o no a Feijóo, Sánchez ha sido avalado por más de 12 millones y medio de españoles que están representados en la actual configuración del Congreso de los Diputados. 

Es hora de que abandone las barricadas, asuma que no tiene el apoyo de la mayoría democrática, aprenda a dialogar y negociar y respete la voluntad de la ciudadanía en las urnas. Es lo que se hace en la política para adultos.

Póngase a trabajar, y las gafas, por favor.

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Ander Gil es senador del PSOE por Burgos y expresidente del Senado.

“Vamos a defender a España desde el Senado y no vamos a dejar pasar ni una”.

Valencia, 5 de noviembre de 2023. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pronuncia estas palabras en un acto frente a las Torres de Serranos de la ciudad ante cargos públicos, militantes y simpatizantes de su partido, que reaccionan aplaudiendo con entusiasmo mientras agitan la bandera nacional.

Cuatro meses después de esta declaración de intenciones, y con la Cámara Alta a merced de la mayoría absoluta de los populares, asistimos al que, posiblemente, sea el ejemplo más gráfico de a qué se refería exactamente el señor Feijóo con “defender España desde el Senado”.

En el pleno de la semana pasada, los senadores y senadoras del PP votaron “no” al techo de gasto para comunidades autónomas y ayuntamientos, lo que significa que estas administraciones públicas, las más cercanas a la ciudadanía, verán mermados sus recursos económicos en unos 4.500 millones de euros.

Instalado, como está, en una oposición destructiva, que evidencia su incapacidad para asumir los resultados electorales del 23J, el Partido Popular olvida que con este movimiento político no impide la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2024 y, por tanto, no hace daño al Gobierno de España. Ni a su presidente. Ni al Partido Socialista. Se lo hace a los territorios. A los presidentes y presidentas autonómicos. A los alcaldes y alcaldesas (también, por cierto, a los que gobiernan bajo sus mismas siglas).

Si echamos la vista atrás y hacemos un recorrido por el tipo de oposición practicada por el PP en los últimos años, es difícil imaginar que esta decisión haya pillado a alguien por sorpresa (ya nos lo dejó claro M. Rajoy con su célebre “cuanto peor, mejor”), lo que no quita para que pueda considerarse una auténtica torpeza. Otra más del Partido Popular.

Porque basta con alejarse un poco del ruido y acercarse a la realidad más próxima al ciudadano para darse cuenta de los efectos “tangibles” de esta decisión que acaba de ejecutar el Partido Popular en defensa de España.

Se resume rápido: un recorte en servicios e infraestructuras públicas.

Por ejemplo, a Castilla y León, mi comunidad autónoma, esta deriva del principal partido de la oposición le va a costar 70 millones de euros. En el caso del ayuntamiento de Burgos, la capital de mi provincia, el rechazo al techo de gasto se traduce en un recorte de unos 7,8 millones de euros. Es decir, una cantidad muy superior a todas las transferencias corrientes de promoción y protección social, o al montante económico destinado al fomento del empleo.

Y así podríamos recorrer el conjunto de las CCAA y ayuntamientos del país, a los que el PP castiga en su boicot permanente a la acción del Gobierno. Caiga quien caiga. Cueste lo que cueste.

Que el Senado está siendo instrumentalizado por el Partido Popular es más que evidente. Lo hemos visto desde el inicio de la legislatura, con casos tan sangrantes como la reforma exprés del reglamento para dilatar la tramitación de la Ley de Amnistía, o la imposición de tres plenos al mes anunciada por el propio Feijóo en los pasillos de la Cámara.

Pero esto va más allá. Porque la decisión del PP tiene un efecto negativo inmediato en los territorios, los mismos a los que los senadores y senadoras representamos en esta Cámara, que es la de representación territorial.

¿Cómo van a explicarlo entonces los parlamentarios del Partido Popular en sus comunidades autónomas y municipios? Cuesta imaginarlo, especialmente en el caso de quienes, además de ocupar un escaño en el Senado, son alcaldes o alcaldesas de sus ayuntamientos y, por tanto, conocen como nadie la realidad, y las necesidades, de las entidades locales.

La paradoja es tal, que entre quienes apretaron el botón rojo se encuentra también la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la alcaldesa de Jerez, que, como el resto de sus compañeros y compañeras, no ha dudado en plegarse a las exigencias de Feijóo, pese a estar a la cabeza de la institución que lleva por bandera la defensa de los intereses del municipalismo.

¿Cómo va a justificarlo ante los más de 8.000 ayuntamientos a los que representa? ¿Qué piensan decir los senadores del PP a sus alcaldes y alcaldesas?

Que recurran al “cuanto peor, mejor”, porque lo de “defender a España desde el Senado” no hay argumentario que lo sostenga.

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Ander Gil es senador del PSOE por Burgos y expresidente del Senado.