La política británica atraviesa uno de los momentos más paradójicos de su historia reciente. Tras una década marcada por el Brexit, la inestabilidad institucional, el deterioro de los servicios públicos y una creciente sensación de declive nacional, el Partido Laborista regresó al poder en 2024 con una mayoría parlamentaria aplastante. Sin embargo, apenas dos años después, el entusiasmo que acompañó la llegada de Keir Starmer a Downing Street se ha transformado en una mezcla de frustración, impaciencia y escepticismo.

Es en este contexto donde hace su aparición la figura de Andy Burnham, alcalde del Gran Mánchester. Sin embargo, su creciente popularidad no se explica únicamente por sus capacidades políticas o por la gestión de una de las regiones más dinámicas del país, sino que refleja, sobre todo, el vacío estratégico existente en la política británica y la ausencia de un proyecto nacional capaz de responder a los desafíos estructurales que el Brexit no solo no resolvió, sino que amplificó.

Diez años después del referéndum de 2016, resulta evidente que el Brexit fue mucho más que una decisión sobre la pertenencia a la Unión Europea. Representó una enorme promesa de transformación nacional. Sus promotores prometieron recuperar el control, revitalizar las economías locales olvidadas por la globalización, fortalecer la soberanía democrática y construir un Reino Unido más próspero y cohesionado. Nada de eso ha sucedido.

Las dificultades económicas acumuladas desde entonces son conocidas. El crecimiento británico ha sido sistemáticamente inferior al del resto de las economías de su entorno. La productividad permanece estancada. Las barreras comerciales con el mercado europeo han afectado especialmente a pequeñas y medianas empresas. La inversión extranjera ha perdido dinamismo. Sectores enteros, desde la agricultura hasta la sanidad, sufren escasez de mano de obra derivada de un nuevo régimen migratorio mucho más restrictivo.

Pero quizás el fracaso más profundo del Brexit no sea económico sino político. La salida de la Unión Europea nunca fue acompañada por una visión coherente sobre qué tipo de país quería ser el Reino Unido después. El Brexit funcionó como un objetivo en sí mismo. Una vez alcanzado, emergió el vacío. Así, el país pasó años atrapado en una discusión obsesiva sobre los términos de salida, mientras cuestiones fundamentales —modelo productivo, transición energética, cohesión territorial, desigualdad social o papel internacional del país— quedaban relegadas a un segundo plano.

Y ahí es cuando llegó al poder Keir Starmer. Un líder que prometía estabilidad después del caos. Tras los gobiernos de Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak, esa oferta resultaba comprensible e incluso necesaria. El país estaba exhausto tras años de escándalos políticos, crisis económicas y confrontación permanente. Sin embargo, la estabilidad no es un proyecto político.

Y es ahí donde ha residido la principal debilidad del gobierno laborista. Starmer ha apostado por una estrategia basada en la prudencia fiscal, la moderación ideológica y la gestión eficiente de los asuntos públicos. Ha buscado reconstruir la confianza en las instituciones y restaurar la credibilidad internacional del Reino Unido. Pero gobernar no consiste únicamente en administrar mejor lo existente. También implica ofrecer una dirección colectiva. Y lo que hay en este momento es una sensación creciente entre amplios sectores de la sociedad británica de que el gobierno carece de una narrativa transformadora. El Ejecutivo parece concentrado en minimizar riesgos más que en generar expectativas. En evitar errores más que en impulsar cambios.

Las dificultades económicas han agravado esta percepción. El deterioro del NHS, la crisis de vivienda, los problemas de financiación de las autoridades locales y las persistentes desigualdades regionales exigen respuestas de mayor alcance. Sin embargo, el laborismo se muestra reacio a asumir los costes políticos de reformas ambiciosas o de una revisión profunda de las restricciones fiscales heredadas. El resultado es una paradoja puesto que si bien Starmer ha logrado devolver cierta normalidad a la política británica, no ha conseguido devolver esperanza.

Y aquí es donde merece la pena prestar atención a uno de los principales problemas no resueltos del país, el de la creciente fractura territorial. La promesa de "levelling up" impulsada por Boris Johnson pretendía reducir las enormes desigualdades entre Londres y el resto del país. Como tantas otras promesas del Brexit, quedó en gran medida incumplida. Las diferencias económicas entre regiones siguen siendo enormes. La concentración de riqueza, inversión y oportunidades en el sureste de Inglaterra continúa generando tensiones sociales y políticas. Escocia mantiene vivo el debate independentista. Irlanda del Norte sigue enfrentándose a las complejidades derivadas de su singular relación con la Unión Europea. Incluso dentro de Inglaterra crece la percepción de que Westminster gobierna desde una lógica excesivamente centralizada. Aquí es donde figuras como Andy Burnham han ganado relevancia.

Desde el Gran Mánchester, Burnham ha construido una identidad política basada en la defensa de los intereses territoriales frente al centralismo londinense. Durante la pandemia protagonizó enfrentamientos públicos con el gobierno conservador en defensa de mayores recursos para las regiones. Desde entonces ha consolidado una imagen de político cercano, pragmático y conectado con los problemas cotidianos de la ciudadanía. Su éxito apunta a una cuestión fundamental que es la necesidad de gobierno de un país real, no sólo aquel ensimismado en las idas y venidas londinenses.

En este sentido, conviene evitar las idealizaciones puesto que Burnham no representa una ruptura radical con el laborismo actual ni dispone de soluciones mágicas para los problemas estructurales del Reino Unido. Pero sí que encarna algunas ideas que son fundamentales de cara a una nueva etapa política que ahora se abre paso.

En primer lugar, una visión más descentralizadora del Estado. Frente a décadas de concentración de poder en Londres, Burnham defiende mayores competencias y recursos para los gobiernos locales y regionales. Esta perspectiva conecta con una realidad evidente que pone en el centro la manera de dar respuestas adaptadas a los desafíos en territorios muy diversos. En segundo lugar, mantiene una sensibilidad socialdemócrata más visible que la del actual liderazgo laborista. Aunque no pertenece al ala izquierda del partido, ha mostrado mayor disposición a intervenir en cuestiones como transporte público, vivienda o protección social.

Y finalmente, y muy importante, representa una forma de hacer política menos tecnocrática y más vinculada a las experiencias concretas de la ciudadanía. En una época de creciente desafección política, este elemento no es menor, especialmente si se observa cómo operan otras fuerzas a derecha e izquierda del espectro político.

En ese sentido, el Reino Unido vive una crisis que trasciende los ciclos electorales y los liderazgos individuales. Es una crisis de propósito colectivo. Durante décadas, la pertenencia a la Unión Europea funcionó, en parte, como marco de referencia para la proyección económica y geopolítica británica. El Brexit eliminó ese marco sin sustituirlo por otro. Ni los conservadores ni el laborismo han logrado responder con eficacia y propósito a muchas de las cuestiones abiertas a día de hoy y que tienen que ver con temas que abarcan desde la definición del modelo económico en un contexto de competencia tecnológica y transición verde, pasando por la relación estratégica con la UE o el papel que el Reino Unido quiere jugar en el nuevo escenario internacional que se dibuja a estas horas.

Por eso la discusión sobre Andy Burnham resulta relevante. No porque represente necesariamente al próximo primer ministro, sino porque simboliza la búsqueda de alternativas en una sociedad que percibe que la página del Brexit aún no ha sido realmente pasada. La principal lección que, por el momento, se puede extraer de estos diez años es que el Brexit no era en sí mismo una estrategia de país, sino que era el inicio de una conversación sobre el futuro nacional. Una conversación que el Reino Unido todavía no ha sabido mantener consigo mismo.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

En aproximadamente un mes tendrá lugar en Ankara una nueva cumbre de la OTAN. Una cita que llega en uno de los momentos más complejos de la historia reciente de la Alianza Atlántica. No porque exista una amenaza nueva —la agresión rusa contra Ucrania sigue siendo el principal desafío estratégico para la seguridad europea—, sino porque sigue sobre la mesa una pregunta incómoda y de muy difícil respuesta: ¿qué ocurre si Estados Unidos deja de estar dispuesto a asumir el liderazgo político, militar y financiero que ha sostenido la organización durante más de siete décadas?

La elección de Turquía como país anfitrión no es casual. Ankara aspira a convertir la reunión en una demostración de su creciente relevancia estratégica en un escenario internacional cada vez más fragmentado. Pero la cumbre también servirá para medir la capacidad de la OTAN para adaptarse a un mundo en el que la relación transatlántica atraviesa un momento de incertidumbre y donde los europeos siguen sin resolver el dilema de su autonomía estratégica. Aunque desde los países europeos ya suenan voces que cuestionan la validez de esta arquitectura de seguridad y defensa, lo cierto es que, en el medio plazo, nadie tiene una propuesta que permita avanzar en un marco diferente que sea netamente europeo.

El primer gran debate será, una vez más, el reparto de cargas. La exigencia estadounidense de que los europeos incrementen su esfuerzo en defensa no es nueva. Sin embargo, bajo la presidencia de Donald Trump la cuestión ha adquirido una dimensión diferente. Ya no se trata únicamente de aumentar presupuestos militares, sino de una crítica mucho más profunda al modelo de seguridad construido desde 1949. Washington cuestiona abiertamente una situación en la que Europa continúa dependiendo de las capacidades estratégicas estadounidenses mientras desarrolla políticas cada vez más autónomas en otros ámbitos. La presión para aumentar el gasto militar se debatió en La Haya, en Ankara la discusión se centrará sobre la mayor asunción de responsabilidades en la defensa convencional del continente. Diversas voces dentro de la Alianza consideran que Ankara debe servir para redefinir el equilibrio entre el pilar europeo y el liderazgo estadounidense.

Sin embargo, algo esencial y no menor será determinar quién define las prioridades estratégicas de la OTAN en un marco de deterioro de la relación transatlántica donde la desconfianza crece a cada minuto. La paradoja para los europeos es que la hipótesis de que el incremento del gasto militar hará ganar más autonomía política al bloque europeo sencillamente no es cierta. De hecho, el escenario más probable es el de un incremento de las inversiones europeas en defensa sin modificar una estructura de dependencia tecnológica, industrial y doctrinal que sigue girando en torno a Washington.

El segundo gran asunto será Ucrania. Aunque no figure formalmente como el único punto de la agenda, la guerra seguirá condicionando todas las conversaciones. Cinco años después del inicio de la invasión a gran escala por parte de Rusia, la OTAN continúa enfrentándose al desafío de sostener el apoyo a Kiev sin provocar una escalada directa con Moscú. La cuestión ya no es únicamente cómo ayudar a Ucrania a resistir, sino cómo integrar la seguridad ucraniana dentro de una arquitectura europea de seguridad que continúa sin definirse claramente.

La paradoja es evidente. Mientras la guerra ha revitalizado a la OTAN, ha acelerado la inversión en defensa y ha reforzado la percepción de amenaza compartida entre los aliados, también ha puesto de manifiesto las enormes carencias europeas en materia de capacidades militares, producción industrial y coordinación estratégica. La dependencia de Estados Unidos sigue siendo determinante en inteligencia, defensa antimisiles, transporte estratégico y capacidades nucleares. Ucrania ha demostrado que los europeos pueden movilizar recursos económicos considerables, pero también que siguen sin poder garantizar por sí solos su propia seguridad. Aún no está claro cómo avanzar en la Europa de la defensa y ya se están viendo los primeros fracasos en el ámbito de la industria, como el del proyecto de caza europeo. La cooperación en materia industrial no está siendo uno de los fuertes en la apuesta por ganar autonomía estratégica.

En este contexto, Turquía emerge como uno de los actores más beneficiados por la nueva coyuntura geopolítica. Situada entre Europa, Oriente Medio, el Mar Negro y el Cáucaso, Ankara ha logrado consolidar una posición de intermediación que le permite dialogar simultáneamente con Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea. La celebración de la cumbre constituye un reconocimiento implícito de ese papel. Además, el Gobierno de Recep Tayyip Erdoğan pretende proyectar la imagen de una potencia regional imprescindible para la estabilidad de la Alianza y especialmente relevante para la gestión de los desafíos procedentes del sur. Y precisamente el flanco sur será otro de los debates relevantes de Ankara. Desde la perspectiva de los países mediterráneos, las amenazas a la seguridad europea no se limitan a Rusia. La inestabilidad en el Sahel, los conflictos en Oriente Medio, o la seguridad energética son algunos de los temas que han quedado subordinados a las preocupaciones del flanco oriental.

España, Italia y otros países del sur llevan tiempo reclamando una visión más equilibrada de la seguridad euroatlántica. La pregunta es si la OTAN será capaz de incorporar estas prioridades sin diluir su foco principal sobre Rusia. Turquía, por su posición geográfica y estratégica, intentará situar precisamente estas cuestiones en el centro de las discusiones.

En todo caso, el verdadero tema de fondo será la relación transatlántica. La OTAN llega a Ankara inmersa en un debate existencial sobre su futuro. Las dudas sobre el compromiso estadounidense ya no pertenecen únicamente al terreno de las hipótesis académicas. Forman parte de los cálculos estratégicos de todas las capitales europeas. Incluso dentro de la propia Alianza se discute abiertamente la necesidad de prepararse para escenarios de menor implicación de Washington.

La cuestión fundamental es si Europa aprovechará esta situación para construir una verdadera capacidad estratégica propia o si continuará refugiándose bajo el paraguas estadounidense. Hasta ahora, las respuestas han sido ambiguas. La guerra de Ucrania ha impulsado el rearme europeo, pero no ha generado una verdadera autonomía política ni militar. La mayoría de los incrementos presupuestarios han terminado reforzando la dependencia de sistemas de armas estadounidenses. De este modo, el debate sobre la autonomía estratégica sigue enfrentándose a las reticencias de aquellos Estados miembros que consideran que cualquier fortalecimiento del pilar europeo podría debilitar el vínculo transatlántico.

Así, la cumbre de Ankara probablemente no cerrará este debate, aunque sí que ofrecerá una fotografía bastante precisa del momento que atraviesa la Alianza. Una OTAN reforzada por la amenaza rusa, pero tensionada por las incertidumbres sobre el compromiso estadounidense; una Europa que aumenta su gasto en defensa, pero que todavía no ha decidido si quiere convertirse en un actor estratégico autónomo; y una Turquía que aprovecha las fracturas del sistema internacional para consolidar su posición como potencia indispensable.

La pregunta que sobrevolará toda la cumbre será sencilla, aunque incómoda: ¿Estamos asistiendo al nacimiento de una OTAN más europea o simplemente a una adaptación del viejo esquema de dependencia bajo nuevas condiciones? Por el momento, la respuesta sigue inclinándose hacia la segunda opción. Europa habla cada vez más de autonomía estratégica, pero continúa actuando como si la garantía última de su seguridad estuviera, inevitablemente, al otro lado del Atlántico. Quizás ha llegado el momento de empezar a cambiar los marcos cognitivos y avanzar hacia una diversificación de las alianzas estratégicas, quizás haya debatir y rebatir un marco fijo e incuestionable hasta ahora.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

La doctrina social de la Iglesia suele avanzar con la lentitud de las instituciones centenarias, pero hay momentos en los que el Vaticano parece captar antes que muchos gobiernos el signo de los tiempos. Ocurrió a finales del siglo XIX con la encíclica Rerum Novarum de León XIII y vuelve a ocurrir ahora con la nueva encíclica social impulsada desde un papado que, lejos de encerrarse en los debates identitarios o morales, ha decidido intervenir en el corazón de la discusión contemporánea, que es desnudar quién gana y quién pierde en la transformación tecnológica del capitalismo global.

Cuando León XIII publicó Rerum Novarum en 1891, Europa estaba atravesada por las consecuencias de la revolución industrial. La mecanización de la producción había multiplicado la riqueza, pero también había consolidado nuevas formas de explotación, precariedad y desigualdad. Las ciudades industriales crecían al ritmo del hacinamiento obrero y la política parecía incapaz de responder a una pregunta fundamental: ¿qué ocurre con la dignidad humana cuando el trabajo se convierte únicamente en una pieza más del engranaje económico?

Aquella encíclica no fue revolucionaria en un sentido clásico. No cuestionaba la propiedad privada ni proponía una ruptura con el sistema económico emergente. Pero sí introducía un elemento decisivo y determinante que marcaba que la economía no podía organizarse al margen de la justicia social. El trabajo no era una mercancía y las personas no podían quedar subordinadas a la lógica absoluta del beneficio. La Iglesia asumía así que la cuestión social era el gran conflicto político de su tiempo.

Más de un siglo después, el paralelismo resulta inevitable con la Magnifica humanitas de León XIV. La revolución tecnológica actual —digitalización, inteligencia artificial, automatización, plataformas digitales— está transformando el empleo, las relaciones sociales y las estructuras de poder con una intensidad comparable a la de la industrialización decimonónica. Y, de nuevo, la pregunta esencial es la misma: ¿qué lugar ocupan las personas en este nuevo modelo económico?

Así, esta nueva encíclica recupera la tradición social de la Iglesia. No se trata únicamente de un texto doctrinal, va más allá y se articula como un dispositivo de articulación política y moral foucaultiano frente a un capitalismo tecnológico que tiende a deshumanizar las relaciones sociales. La lógica algorítmica promete eficiencia infinita, pero al mismo tiempo fragmenta el trabajo, individualiza los riesgos y debilita los vínculos colectivos que sostienen la cohesión social.

Las plataformas digitales son el ejemplo más evidente de todo ello. Bajo la retórica de la innovación y la flexibilidad, millones de trabajadores viven sometidos a sistemas de vigilancia permanente, evaluación automatizada y precariedad estructural. El algoritmo decide horarios, salarios y oportunidades sin transparencia ni responsabilidad democrática. La tecnología, presentada como neutral, termina reproduciendo y ampliando desigualdades ya existentes.

La encíclica pone el foco precisamente en esa dimensión ética de la transformación tecnológica. No basta con celebrar el progreso; hay que preguntarse quién controla ese progreso y con qué fines. La innovación no puede convertirse en una nueva religión secular donde todo sacrificio social quede legitimado en nombre de la competitividad o del crecimiento económico. En este sentido la Iglesia de Roma va mucho allá en su propuesta política que muchos gobiernos.

Y va mucho más allá porque ha tenido la valentía de la reivindicación humanista que pone a las personas en el centro de cualquier decisión política. Lo vemos en esta encíclica, y también en la manera de abordar las migraciones. Apuesta por el concepto de seguridad humana frente a una concepción clásica de la seguridad basada exclusivamente en fronteras, defensa o estabilidad estatal, y sitúa como eje de actuación la protección efectiva de las condiciones de vida de las personas: empleo digno, acceso a la vivienda, protección social, salud mental, sostenibilidad ambiental y capacidad real de participación democrática.

No es casual que esta perspectiva emerja en un contexto marcado por múltiples crisis simultáneas. La pandemia mostró hasta qué punto nuestras sociedades eran vulnerables pese a décadas de crecimiento económico. Las guerras, la emergencia climática y el aumento de las desigualdades han evidenciado también que la inseguridad ya no se limita a amenazas militares tradicionales. Hoy la exclusión social, la precarización o la destrucción ambiental generan tanta incertidumbre vital como los conflictos geopolíticos.

En ese sentido, el papado de León XIV está construyendo una crítica transversal al paradigma neoliberal dominante durante las últimas décadas. No desde categorías estrictamente ideológicas, sino desde una apelación constante a la dignidad humana y al bien común. La economía, insiste la encíclica, debe volver a ser un instrumento al servicio de la sociedad y no una estructura autónoma ajena a cualquier límite moral. Además, es especialmente significativo el momento en el que llega esta reflexión, en pleno debate global sobre la inteligencia artificial. La automatización promete aumentar la productividad de forma extraordinaria, pero también amenaza con profundizar la concentración de riqueza y poder en manos de unas pocas corporaciones tecnológicas. El problema ya no es únicamente laboral; sino que es profundamente democrático. Y esto nos lo dicen desde Roma. Ver para creer.

Quien controla los datos controla la capacidad de influir sobre las conductas sociales, el consumo, la información e incluso las emociones colectivas. Las grandes plataformas digitales se han convertido en actores políticos globales con una capacidad de intervención superior, en ocasiones, a la de muchos Estados. Y, sin embargo, la regulación democrática avanza mucho más lentamente que la expansión tecnológica. En este sentido, la encíclica advierte de ese riesgo con claridad exponiendo que cuando la tecnología deja de estar subordinada a criterios sociales y democráticos, termina erosionando la propia idea de ciudadanía. El individuo pasa a convertirse en usuario, consumidor o dato estadístico. Es decir, en un sujeto fragmentado y gestionable, pero progresivamente desvinculado de cualquier proyecto colectivo.

Por eso el texto reivindica algo aparentemente sencillo pero profundamente disruptivo en el contexto actual: poner a las personas en el centro. Una frase repetida hasta el agotamiento en discursos institucionales, pero que aquí adquiere una dimensión concreta y material. Significa garantizar derechos laborales en la economía digital, proteger los servicios públicos, combatir la exclusión tecnológica y evitar que la innovación se traduzca en nuevas formas de descarte social.

Hay, además, una dimensión geopolítica relevante. El Sur Global vuelve a aparecer como el gran espacio sacrificado por las dinámicas económicas internacionales. La extracción de recursos, la dependencia tecnológica y la desigual distribución de los beneficios del progreso perpetúan una estructura global profundamente desigual. La doctrina social de la Iglesia retoma así una tradición crítica con las formas contemporáneas de colonialismo económico.

Todo ello configura un papado claramente más social que doctrinario. Un papado que entiende que la gran batalla política del siglo XXI no se librará únicamente en torno a identidades culturales o conflictos nacionales, sino sobre la capacidad de garantizar vidas dignas en sociedades atravesadas por la incertidumbre tecnológica y ecológica.

En el fondo, la pregunta que une a Rerum Novarum con Magnifica humanitas sigue siendo extraordinariamente actual: ¿puede existir progreso si deja atrás a la mayoría social? A finales del XIX la respuesta exigió reconocer derechos laborales y límites al capitalismo industrial. Hoy probablemente exige democratizar la tecnología, reconstruir los sistemas de protección social y redefinir el concepto mismo de desarrollo. Porque el verdadero desafío no es tecnológico. Es político y profundamente humano.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

La crisis política abierta en el Reino Unido tras la debacle laborista en las elecciones municipales y locales va mucho más allá de un simple castigo electoral. Lo que emerge es un cuestionamiento profundo del proyecto político de Keir Starmer y, en términos más amplios, de una socialdemocracia europea que hace ya tiempo que renunció a disputar el conflicto social para refugiarse en la mera gestión tecnocrática del deterioro.

Las dimisiones y tensiones internas dentro del Gobierno británico son solo la expresión visible de un problema más profundo que es el agotamiento acelerado de un liderazgo que llegó al poder prometiendo estabilidad, competencia y moderación, pero que empieza a ser percibido por amplios sectores sociales como incapaz de ofrecer una agenda real de transformación. Los laboristas demuestran, de nuevo, que la “apisonadora” del social-liberalismo de Toni Blair sigue pesando como una losa sobre ellos, algo a lo que regresan para recoger nuevos fracasos.

La paradoja de Starmer resulta especialmente significativa. El líder laborista obtuvo una amplia mayoría parlamentaria hace apenas dos años. Sin embargo, aquella victoria descansaba sobre una base extraordinariamente frágil, más que una adhesión entusiasta al proyecto laborista, lo que existía era un enorme rechazo social hacia el colapso conservador posterior al Brexit, Boris Johnson y el caos económico y político acumulado durante más de una década.

El problema aparece cuando la “normalidad” prometida por Starmer deja de ser suficiente. Porque las sociedades europeas ya no atraviesan simplemente una crisis de gobernabilidad institucional; atraviesan una crisis social profunda marcada por la precarización, el deterioro de los servicios públicos, la crisis de vivienda, el aumento de las desigualdades y la creciente sensación de inseguridad económica. Y frente a ello, el laborismo británico ha respondido con una mezcla de prudencia fiscal, cálculo electoral y moderación política que lejos de ser eficaz espanta a su electorado que huye a derecha (Reform) e izquierda (The Greens) según el caso.

Starmer construyó su liderazgo sobre una operación muy concreta, la derechización del Labour con el objetivo de neutralizar el legado de Jeremy Corbyn y reconstruir la confianza de los sectores empresariales y financieros británicos. La operación fue eficaz para ganar elecciones. Pero también implicó abandonar buena parte de las expectativas de reconstrucción social que habían movilizado a amplios sectores progresistas en los años anteriores. De este modo, el actual Gobierno laborista ha asumido, en gran medida, los límites fiscales y económicos heredados del consenso neoliberal británico. La insistencia en la disciplina presupuestaria, la ausencia de una agenda ambiciosa de inversión pública y las vacilaciones en materia de transición ecológica han terminado alimentando una creciente frustración entre sectores jóvenes, urbanos y progresistas que esperaban algo más que una gestión más amable del statu quo.

Precisamente ahí debe leerse también el crecimiento de los Verdes en las últimas elecciones locales. El avance del Green Party of England and Wales no responde únicamente a una preocupación ambiental creciente. Expresa también una fuga política de votantes progresistas decepcionados con el giro centrista del Labour y con la sensación de que Starmer ha vaciado de contenido transformador a la izquierda británica.

La cuestión ecológica resulta especialmente reveladora. Mientras la crisis climática exige políticas de transformación económica y social de gran escala, el Gobierno laborista ha optado por posiciones extremadamente cautelosas para no incomodar determinados intereses económicos ni aparecer como fiscalmente “irresponsable”. El resultado es una percepción creciente de falta de ambición política precisamente entre los sectores sociales más sensibles a la emergencia climática y a las nuevas desigualdades.

Al mismo tiempo, el crecimiento de Nigel Farage y de Reform UK evidencia otra fractura más profunda, la persistencia del malestar social y territorial incubado durante el Brexit. Starmer ha intentado disputar parte de ese electorado endureciendo parcialmente su discurso sobre inmigración y seguridad. Pero la estrategia no solo no ha frenado a la extrema derecha, sino que además ha contribuido a desdibujar aún más el perfil ideológico del Labour. Y ese es probablemente el principal problema político del actual primer ministro británico, y de otros antes que él, cuyas propuestas se focalizaron en construir un proyecto excesivamente centrado en la gestión y demasiado poco en el conflicto político y social real que atraviesa el Reino Unido contemporáneo. Porque el deterioro de las condiciones materiales de vida no se neutraliza únicamente con mensajes de estabilidad institucional. Y porque las sociedades europeas atraviesan un momento de profunda ansiedad económica y democrática que exige proyectos capaces de ofrecer horizontes reconocibles de protección social, redistribución y transformación ecológica.

La actual crisis laborista refleja, en el fondo, el bloqueo de una parte importante de la socialdemocracia europea, la dificultad para romper con los límites económicos y culturales del neoliberalismo al tiempo que intenta contener el auge de las extremas derechas. Esto también explica cómo se ha ido desdibujando esta opción política a lo largo y ancho del continente: Francia, Italia e incluso Alemania están atrapadas en esta trampa. Quizás la única excepción a esta epidemia europea sea Pedro Sánchez, pero ¿por cuánto tiempo?

El resultado suele ser políticamente problemático. Es bien sabido que, cuando el centroizquierda renuncia a disputar con claridad el modelo económico y social, otros actores ocupan el espacio del malestar. En la actualidad lo hace la extrema derecha, que lo controla desde el resentimiento identitario. En otro momento (ahora que se cumplen los 15 años del 15M conviene recordarlo también) fueron aquellas fuerzas progresistas las que articularon una feroz crítica al inmovilismo político de los partidos de Estado.

En todo caso, la pregunta que empieza a abrirse en el Reino Unido es si Starmer podrá reconstruir políticamente una mayoría social que hoy comienza a fragmentarse aceleradamente. Aunque la cuestión de fondo tiene más que ver con el margen que le queda a la socialdemocracia europea no solo para gestionar el modelo económico y social sobre el que se sostiene la Unión Europea, sino para sobrevivir a una ola de nacional conservadurismo que, cada vez que se abren las urnas, hace más pequeñas a las opciones socialdemócratas.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

El atentado contra Donald Trump en Washington no puede interpretarse como un episodio aislado ni como el resultado de una deriva individual. Es, más bien, la cristalización de una tendencia que se viene intensificando en Estados Unidos desde hace años y que, desde 2024, ha adquirido una nueva dimensión, que no es otra que el hecho de que la violencia política ha aumentado tanto en frecuencia como en intensidad, al tiempo que se ha ido normalizando en el imaginario colectivo.

Durante mucho tiempo, la narrativa dominante insistía en que la violencia política en Estados Unidos era marginal, una anomalía dentro de una democracia consolidada. Sin embargo, los datos más recientes obligan a revisar esa lectura. Informes del Armed Conflict Location & Event Data Project y del Bridging Divides Initiative muestran un aumento sostenido de los incidentes de violencia política desde 2021, con un repunte significativo a partir de 2024 tanto en el número de eventos como en su gravedad. A ello se suman análisis del Center for Strategic and International Studies que advierten de una intensificación de las amenazas y ataques contra actores políticos, instituciones y procesos electorales.

No solo hay más episodios sino que estos son más graves y están más directamente orientados a eliminar físicamente al adversario. Los tres intentos de asesinato contra Trump, junto con otros asesinatos de carácter político, ataques a residencias de gobernadores o agresiones a familiares de dirigentes, muestran con claridad un cambio cualitativo donde la violencia ha dejado de ser retórica para convertirse en acción directa.

Aún más preocupante es el cambio en la percepción social. En 2025, una encuesta del Public Religion Research Institute señalaba que en torno al 85% de los estadounidenses creía que la violencia política estaba en aumento. En la misma línea, estudios del Pew Research Center y del American Enterprise Institute apuntan a un crecimiento del porcentaje de ciudadanos que consideran justificable el uso de la violencia en determinados contextos políticos. Lo verdaderamente significativo no es solo la percepción de aumento, sino la creciente aceptación de la violencia como herramienta política. En un contexto de polarización extrema, cada vez más ciudadanos consideran legítimo su uso para defender sus posiciones. La consecuencia es clara, la violencia no solo crece, sino que se legitima.

Este proceso no surge de manera espontánea. Tiene raíces estructurales. La polarización extrema ha erosionado los espacios de consenso y ha transformado al adversario político en un enemigo existencial. La deshumanización del otro —un rasgo cada vez más presente en el discurso político— facilita la justificación de la violencia. Cuando el adversario deja de ser percibido como legítimo, su eliminación puede presentarse como una opción aceptable.

En este contexto, el papel del liderazgo político resulta determinante. La retórica incendiaria y conspirativa asociada a Trump y al trumpismo ha contribuido a radicalizar a sectores sociales, alimentando narrativas de agravio y amenaza. A ello se suma una ambigüedad calculada respecto al uso de la violencia en determinados contextos, que reduce los costes normativos de su empleo. El lenguaje no es neutro sino que configura percepciones, delimita marcos y, en última instancia, habilita comportamientos.

En este contexto, el ecosistema digital amplifica estas dinámicas. Las redes sociales y las plataformas digitales facilitan la difusión de teorías conspirativas y discursos extremistas, creando comunidades cerradas donde la radicalización se refuerza sin apenas contrapesos. La fragmentación informativa no solo polariza, sino que también legitima visiones del mundo en las que la violencia aparece como una respuesta coherente. Además, a todo ello hay que añadir un factor diferencial en el caso estadounidense que no es otro que la disponibilidad masiva de armas. En Estados Unidos, según estimaciones del Small Arms Survey, hay más armas que personas, lo que convierte cualquier proceso de radicalización en un riesgo potencialmente letal. De este modo, la combinación de acceso fácil a armamento, polarización extrema y normalización de la violencia genera un entorno particularmente volátil.

Lo que estamos observando, por tanto, no es una sucesión de incidentes desconectados, sino una transformación del propio marco en el que se desarrolla la política. La violencia ya no es una anomalía, sino un recurso que algunos actores consideran disponible. Y cuando eso ocurre, la calidad democrática, como se observa, se deteriora de manera profunda. Así, la cuestión de fondo no es únicamente cómo prevenir nuevos atentados, sino cómo revertir las condiciones que los hacen posibles. Sin una desescalada del discurso político, sin una responsabilidad clara por parte de los liderazgos y sin una reconstrucción de los consensos básicos que sostienen la competencia democrática, la violencia seguirá encontrando terreno fértil.

En este sentido, Estados Unidos se enfrenta así a un desafío que trasciende a sus propios actores políticos. Lo que está en juego no es solo la seguridad de figuras como Trump, sino la capacidad de su sistema político para seguir funcionando dentro de los márgenes de una democracia liberal. Porque cuando la violencia se normaliza, la democracia deja de ser un espacio de confrontación política para convertirse en un terreno de confrontación física. Y ese es un umbral que, una vez cruzado, resulta difícil de revertir.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

En la política contemporánea, el control del relato es tan decisivo como la gestión de los hechos. No se trata únicamente de gobernar, sino de dominar los marcos interpretativos a través de los cuales la ciudadanía percibe la realidad. En este contexto, la estrategia de “inundar la zona” —popularizada en el entorno de la derecha trumpista— se ha consolidado como una herramienta central de acción política. Consiste, en esencia, en saturar el espacio informativo con una avalancha constante de declaraciones, polémicas, gestos simbólicos y conflictos artificiales que dificultan la atención sostenida sobre cuestiones estructurales o errores estratégicos de gran calado.

Esta técnica no es nueva, pero en la era digital ha alcanzado una eficacia inédita. La sobreproducción de ruido informativo genera un entorno de fatiga cognitiva donde resulta cada vez más complicado distinguir lo relevante de lo accesorio. La agenda pública deja de organizarse en torno a prioridades políticas para convertirse en un flujo caótico de estímulos. En ese terreno, quien produce más ruido impone el ritmo.

Y en este marco, Donald Trump es el maestro que ha perfeccionado esta lógica hasta convertirla en el eje de su acción política. En los últimos días, hemos asistido a una nueva escalada de esta estrategia. Desde la publicación de mensajes en los que se equipara simbólicamente con la figura del papa —al tiempo que desacredita a la institución— hasta declaraciones incendiarias sobre cuestiones internas y externas, el objetivo es claro: ocupar todo el espacio mediático posible, aunque sea a costa de la coherencia o la credibilidad.

Este tipo de intervenciones no puede analizarse como excentricidades aisladas. Forman parte de una arquitectura deliberada de distracción que busca desplazar el foco de atención de un problema mucho más profundo y que no es otro que el error estratégico de haberse involucrado en un conflicto no provocado en el Golfo Pérsico. Nos encontramos ante un escenario de alta complejidad geopolítica, donde la capacidad de maniobra de Estados Unidos es, en estos momentos, notablemente limitada.

Irán, lejos de ser un actor marginal, dispone de un instrumento de presión fundamental que es el control del acceso al estrecho de Ormuz, uno de los puntos neurálgicos del sistema energético global. La implicación estadounidense en este conflicto no solo carece de legitimidad desde el punto de vista del derecho internacional, sino que además se enfrenta a una realidad estratégica adversa. No existe una salida clara ni una narrativa convincente que permita justificar el coste político, económico y humano de la escalada. La administración Trump se encuentra atrapada en un callejón sin salida, donde cada movimiento incrementa la incertidumbre.

En este contexto, la ausencia de respuestas coherentes se traduce en una creciente ansiedad tanto en los mercados como en la opinión pública. Los inversores reaccionan con cautela ante la volatilidad geopolítica, mientras que la ciudadanía percibe una falta de dirección estratégica. Es precisamente en este punto donde la estrategia de “inundar la zona” adquiere toda su funcionalidad ya que si no se puede ofrecer una solución, se puede al menos diluir el problema en un mar de controversias paralelas.

El problema es que esta táctica, eficaz en el corto plazo, erosiona las bases mismas del sistema democrático. La saturación informativa no solo dificulta la rendición de cuentas, sino que también debilita la capacidad crítica de la ciudadanía. Cuando todo es urgente, nada lo es realmente. La política se convierte en espectáculo, y el espectáculo sustituye a la deliberación.

Pero el contexto en el que se despliega esta estrategia es aún más preocupante. Estados Unidos atraviesa un proceso acelerado de pérdida de hegemonía global. Este fenómeno no responde únicamente a factores externos —como el ascenso de otras potencias—, sino también a dinámicas internas que han debilitado su capacidad de liderazgo. La polarización política, la erosión institucional y la incapacidad para articular consensos estratégicos son síntomas de un sistema en tensión.

La política exterior trumpista, lejos de compensar estas debilidades, las está amplificando y acelerando. La intervención en el Golfo Pérsico evidencia una desconexión entre los objetivos declarados y los medios disponibles. En lugar de fortalecer su posición internacional, Estados Unidos ya se ha expuesto a un desgaste adicional que reduce su margen de maniobra en otros escenarios.

Y a todo lo anterior tenemos que añadir un elemento no menor, las derrotas ideológicas que el trumpismo está experimentando en distintos contextos electorales. La más significativa hasta el momento ha sido la de Viktor Orbán en Hungría, un referente clave para las derechas iliberales. Este revés no es un episodio aislado, sino parte de una tendencia que podría suponer un punto de inflexión en el modelo político trumpista sostenido sobre la confrontación permanente, el nacionalismo excluyente y la deslegitimación de las instituciones.

La derrota de Orbán tiene un valor simbólico que trasciende las fronteras húngaras. Representa el cuestionamiento de un proyecto político que había logrado consolidarse como alternativa al liberalismo democrático. En este sentido, el trumpismo no solo enfrenta dificultades en el ámbito geopolítico, sino también en el terreno ideológico.

La combinación de todos estos factores —error estratégico en política exterior, pérdida de hegemonía global y retrocesos ideológicos— configura un escenario de alta fragilidad y ante esto, la respuesta de la administración Trump ha sido intensificar las tácticas de distracción, apostando por el ruido como mecanismo de supervivencia política. Sin embargo, esta estrategia tiene límites evidentes.

La política no puede sostenerse indefinidamente sobre la base de la saturación informativa. Tarde o temprano, la realidad se impone. Los conflictos no resueltos, las tensiones acumuladas y las contradicciones internas acaban emergiendo, por mucho que se intenten ocultar bajo una avalancha de titulares.

“Inundar la zona” puede ganar tiempo, pero no resuelve los problemas de fondo. Y en el caso que nos ocupa, el tiempo no juega necesariamente a favor de quien lo utiliza como recurso táctico. La pregunta que queda abierta es cuánto margen le queda a esta estrategia antes de que sus efectos se vuelvan en contra de quienes la impulsan, ¿serán las elecciones de medio mandato?

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

Por primera vez en más de una década, el horizonte político húngaro aparece atravesado por una incertidumbre real. Las elecciones legislativas del próximo 12 de abril no son una cita electoral más; conforman, en muchos sentidos, un plebiscito sobre el modelo de poder construido por Viktor Orbán desde 2010. Un modelo que ha ido consolidándose a través de sucesivas reformas constitucionales —hasta quince—, la captura progresiva de instituciones y un sofisticado ecosistema mediático y propagandístico. Sin embargo, lo que hasta ahora parecía un sistema prácticamente inexpugnable comienza a mostrar fisuras.

La irrupción de Tisza, articulada en torno a la figura de Péter Magyar, un antiguo miembro de Fidesz que conoce perfectamente los modos y haceres de su antigua formación, ha reconfigurado el tablero político de manera inesperada. Las encuestas, en algunos casos, apuntan a una ventaja superior a los 20 puntos sobre Fidesz, el partido de Orbán. Aunque la volatilidad electoral y las peculiaridades del sistema húngaro obligan a la cautela, el dato es significativo ya que, por primera vez, la posibilidad de una derrota clara del oficialismo entra en el terreno de lo plausible.

No obstante, conviene matizar. No sería lo mismo una victoria ajustada que una contundente. En un sistema electoral diseñado —o, como muchos analistas señalan, “hackeado”— para favorecer al partido gobernante, una diferencia estrecha podría traducirse en una distribución parlamentaria que no refleje fielmente el voto popular. Por el contrario, una victoria amplia de Tisza podría desbordar los mecanismos correctores introducidos por Fidesz y abrir la puerta a una alternancia efectiva.

El sistema electoral húngaro es un sistema mixto que combina elementos mayoritarios y proporcionales de manera que sobrerrepresenta al partido más votado. Esta arquitectura institucional, junto con el control mediático y la utilización de recursos estatales en campaña, ha permitido a Orbán consolidar mayorías parlamentarias incluso sin mayorías sociales abrumadoras. De ahí que la magnitud de la eventual victoria de Tisza sea clave para determinar si estamos ante un cambio de ciclo o ante una mera recomposición del equilibrio político.

Otro elemento central es la configuración de alianzas. Si Tisza no alcanza una mayoría suficiente, se abre un escenario en el que Fidesz podría intentar mantenerse en el poder mediante acuerdos con el Movimiento Nuestra Patria (Mi Hazánk), una formación situada en posiciones de ultraderecha. Este posible pacto no sería solo una maniobra parlamentaria, sino la profundización de una deriva política que ya ha tensionado los límites democráticos en Hungría.

En este contexto, no puede obviarse la dimensión internacional del régimen de Orbán. A lo largo de los últimos años, el primer ministro húngaro ha tejido una red de apoyos y afinidades que trascienden el ámbito europeo. Su relación con Rusia ha sido especialmente estrecha, tanto en el ámbito energético como en el político, de hecho durante las últimas semanas han trascendido informaciones que ahondan en la hipótesis de la utilización del gobierno húngaro como satélite ruso en la UE. Al mismo tiempo, ha cultivado vínculos con sectores conservadores en Estados Unidos, a nadie se le escapan los halagos vertidos por Trump hacia Orbán, y ha mantenido una relación estratégica con Israel. Este entramado de apoyos ha contribuido a reforzar su posición interna, tanto en términos materiales como simbólicos.

Por ello, la hipótesis de una derrota de Orbán plantea interrogantes que van más allá de la política doméstica húngara. ¿Es realmente posible que un liderazgo respaldado por estas redes internacionales, y consolidado mediante una profunda transformación institucional, pueda ser desalojado del poder a través de las urnas? Y, en caso de que así sea, ¿cómo reaccionará?

La cuestión del reconocimiento de los resultados es, en este sentido, crucial. La experiencia comparada muestra que los procesos de erosión democrática suelen ir acompañados de una creciente contestación de las reglas del juego electoral cuando estas dejan de ser funcionales al poder incumbente. Hungría no es ajena a esta lógica. Aunque formalmente se mantiene un marco democrático, las condiciones de competencia han sido progresivamente desiguales.

Si Orbán se enfrentara a una derrota clara, la presión para aceptar los resultados sería considerable, tanto interna como externamente. Sin embargo, en un escenario de resultado ajustado o ambiguo, no puede descartarse una estrategia de impugnación o de dilación. La capacidad del gobierno para movilizar su aparato mediático y su base social podría ser un factor determinante en este sentido.

Aquí entra en juego la Unión Europea. Durante años, Bruselas ha mantenido una relación ambivalente con el gobierno húngaro, oscilando entre la crítica retórica y la inacción efectiva. Los mecanismos de condicionalidad del Estado de derecho y los procedimientos sancionadores han tenido un impacto limitado en la práctica. Sin embargo, una crisis postelectoral en Hungría colocaría a la UE ante una disyuntiva ineludible. Si Orbán no reconociera una derrota electoral, Bruselas se vería obligada a decidir hasta qué punto está dispuesta a defender sus principios fundacionales frente a uno de sus propios Estados miembros. La credibilidad del proyecto europeo estaría en juego, no solo en términos normativos, sino también geopolíticos.

En este escenario, el papel de la oposición resulta igualmente determinante. Esta es la segunda vez que una amplia coalición opositora se articula con el objetivo de derrotar a Orbán. La experiencia anterior mostró tanto el potencial como las limitaciones de este tipo de alianzas. La fragmentación ideológica y las tensiones internas pueden debilitar la capacidad de gobernar incluso en caso de victoria.

La figura de Péter Magyar introduce, no obstante, un elemento novedoso. Su perfil y su discurso parecen haber logrado conectar con sectores sociales que hasta ahora se mantenían al margen o incluso próximos a Fidesz. Esta capacidad de transversalidad podría ser clave para superar el techo electoral que históricamente ha limitado a la oposición. Pero ganar elecciones es solo el primer paso. La verdadera prueba será la capacidad de desmantelar —o al menos reformar— el entramado institucional construido por Orbán. Un entramado que no solo incluye leyes y normas, sino también redes de poder económico, mediático y administrativo profundamente arraigadas. Una buena muestra de lo anterior es Polonia. En ambos casos las alternativas a las propuestas iliberales se sitúan en una derecha nacionalconservadora en ocasiones perezosa en avanzar en las contrarreformas, salvo que les exponga a pérdidas electorales.

Así las cosas, las próximas elecciones legislativas húngaras no solo decidirán quién gobierna el país, sino también qué tipo de democracia es posible en el contexto europeo actual. La posibilidad de una derrota de Orbán abre un horizonte de cambio, pero también de incertidumbre. Porque, como muestra la experiencia comparada, los regímenes híbridos no desaparecen de la noche a la mañana. Y, en ocasiones, su final es más complejo y conflictivo que su consolidación.

Hungría se encuentra, por tanto, en un momento de inflexión. Entre la continuidad de un modelo que ha tensionado los límites del Estado de derecho y la posibilidad —todavía incierta— de una recomposición democrática. El resultado no dependerá únicamente de las urnas, sino también de la capacidad de las instituciones, la sociedad civil y la comunidad internacional para sostener las reglas del juego cuando estas se vuelven realmente decisivas.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

Hay una constante en la política exterior de Donald Trump que hoy adquiere una dimensión particularmente incómoda. Su apuesta por un unilateralismo que, llegado el momento decisivo, necesita reconvertirse en un multilateralismo selectivo para poder sostenerse. No se trata de un giro ideológico ni de una revisión profunda, sino de una adaptación forzada por la realidad estratégica. El problema es que esa adaptación llega tarde y en condiciones desfavorables.

Trump pudo contribuir a iniciar la dinámica de confrontación con Irán en estrecha sintonía con Israel, apoyándose en una lógica unilateral basada en la presión máxima y en la convicción de que Estados Unidos podía imponer condiciones sin necesidad de marcos colectivos. Sin embargo, cerrar ese conflicto es una cuestión radicalmente distinta. Las guerras complejas no se terminan como se empiezan, y menos aún cuando intervienen múltiples actores con intereses divergentes.

La condición mínima para cualquier salida pasa por garantizar la plena apertura del estrecho de Ormuz. No es un elemento más del conflicto, sino su núcleo estratégico. Mientras ese corredor marítimo permanezca bajo amenaza, la guerra sigue abierta en términos políticos y económicos. El problema para Washington es que asegurar esa apertura no depende exclusivamente de su capacidad militar. Irán ha desarrollado durante años una estrategia suficiente para mantener el estrecho en una situación de inestabilidad controlada sin necesidad de cerrarlo completamente. Le basta con introducir incertidumbre, elevar la tensión de forma intermitente y demostrar que puede alterar el flujo energético global cuando lo considere oportuno.

Es en este punto donde la superioridad militar estadounidense muestra sus límites. No se trata de ganar una confrontación directa, sino de controlar un entorno estratégico complejo, algo mucho más difícil en un escenario de guerra asimétrica. Irán no busca una victoria convencional, sino un desgaste prolongado. Su estrategia de escalada horizontal regional le permite dispersar el conflicto, multiplicar los focos de tensión y obligar a Estados Unidos a repartir su atención y sus recursos en distintos frentes simultáneamente.

Cada nuevo escenario de presión incrementa los costes de la implicación estadounidense y complica cualquier intento de cierre rápido. En este tipo de conflictos, el tiempo deja de ser un factor neutro y se convierte en un recurso estratégico. Y en este caso, el tiempo juega claramente a favor de Teherán. Cuanto más se prolonga la crisis, mayor es el desgaste político para Washington y mayor la capacidad de Irán para consolidar su narrativa de resistencia.

Trump, en cambio, necesita resultados rápidos. Su lógica política no está diseñada para gestionar conflictos prolongados, ambiguos y sin una victoria clara. Sin embargo, la propia naturaleza de esta guerra impide ese tipo de desenlace. Estados Unidos no pierde necesariamente en el plano militar, pero puede perder, y está perdiendo, en el plano político, donde el desgaste acumulado y la falta de una salida clara erosionan su posición.

A ello se suma un elemento adicional que limita aún más la capacidad de maniobra de la Casa Blanca. Existen otros actores que no comparten el interés por cerrar el conflicto rápidamente. Israel, bajo el liderazgo de Benjamin Netanyahu, puede encontrar ventajas en una presión sostenida sobre Irán, mientras que Teherán obtiene beneficios claros de la prolongación de la crisis. Cada día de resistencia refuerza su posición regional y aumenta el coste para su adversario.

Esto significa que Trump no controla los tiempos del conflicto, y esa es una de las mayores debilidades de su planteamiento. El unilateralismo presupone capacidad de decisión autónoma, control de la escalada y posibilidad de cierre. Ninguna de estas condiciones se cumple en el escenario actual.

Es en este contexto donde emerge el recurso al multilateralismo selectivo. Selectivo porque no responde a una convicción sobre la necesidad de cooperación internacional, sino a una utilización instrumental de aquellos actores que pueden facilitar una salida. Estados Unidos necesita ahora mediadores, canales indirectos de negociación y aliados capaces de contribuir a la estabilización del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el multilateralismo no es una herramienta que pueda activarse de forma inmediata sin costes. Requiere credibilidad, confianza y continuidad en la acción exterior. El problema es que el unilateralismo previo ha erosionado precisamente esos elementos, dificultando la reconstrucción de los marcos necesarios para una desescalada efectiva.

La situación revela así los límites estructurales del poder estadounidense. A pesar de su superioridad militar, Estados Unidos no puede imponer unilateralmente el final de este conflicto, ni puede retirarse sin garantías, ni puede escalar indefinidamente sin asumir costes globales significativos. Se encuentra atrapado en una dinámica donde cada opción implica riesgos elevados.

Trump pudo contribuir a iniciar la guerra en términos políticos, pero no puede terminarla del mismo modo. Cerrar un conflicto exige algo más que capacidad de presión. Requiere articulación política, negociación y construcción de equilibrios entre actores con intereses contrapuestos. Es decir, requiere multilateralismo, aunque sea tardío, incómodo y estrictamente instrumental.

El caso iraní pone de manifiesto que el poder, incluso el de la principal potencia mundial, tiene límites operativos claros en un sistema internacional cada vez más interdependiente y fragmentado. En este contexto, la capacidad de otros actores para resistir, dilatar y condicionar los conflictos se ha incrementado notablemente.

Ahí reside la paradoja final. Trump quiso demostrar que Estados Unidos podía actuar solo, pero se enfrenta ahora a un conflicto que solo puede gestionarse acompañado. Un conflicto que no puede cerrar unilateralmente y en el que, cuanto más tiempo pasa, más evidente resulta que el control ya no depende exclusivamente de Washington.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

Lo que hace apenas unas semanas era un escenario hipotético o una escalada contenida se ha convertido en realidad. La acción militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra instalaciones estratégicas en Irán —incluidas zonas vinculadas a su programa nuclear y complejos logísticos clave— ha marcado una nueva fase en la geopolítica mundial. No estamos ante una simple reactivación del enfrentamiento de décadas entre Teherán y las potencias occidentales, sino ante un punto de inflexión que refleja, con toda claridad, la competencia estratégica más amplia entre Washington y Pekín.

Esa competencia es la clave para entender por qué este ataque no es solo un choque regional, sino un movimiento en un tablero global donde la prioridad de las grandes potencias ya no es únicamente el control de territorios o recursos, sino la configuración de un orden internacional que determine a largo plazo quién marca las reglas del sistema.

Desde el principio, la administración estadounidense ha justificado la acción con argumentos de seguridad: neutralizar una amenaza nuclear, responder a provocaciones, terminar con el régimen iraní y garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz. Todo eso es cierto en términos tácticos. Pero la decisión de llevar a cabo una operación de tal envergadura en las semanas en que la competencia con China domina las prioridades estratégicas de Washington no puede leerse sin esa dimensión más amplia.

Irán no es un actor aislado en el sistema internacional. Su régimen, su masa crítica militar, su ubicación geográfica y su integración en redes comerciales y energéticas le otorgan una importancia que trasciende Oriente Medio. El estrecho de Ormuz sigue siendo un punto de paso esencial para una proporción significativa del petróleo global. La paralización de su tráfico, aunque temporal, desestabiliza mercados y confirma que la seguridad energética mundial está lejos de estar resuelta.

Pero más allá de la energía, Irán representa para China un nodo estratégico de largo plazo. Pekín ha cultivado con Teherán una relación que, aunque no formalmente militar, es sustancial en lo económico y geoestratégico. El acuerdo de cooperación de 25 años entre ambos países —cuyas inversiones incluyen energía, infraestructura y tecnologías de transporte— forma parte de una visión china más amplia de conectividad euroasiática. Esa cooperación contribuye a crear un contrapunto a la influencia occidental, ofreciendo a países sancionados un espacio de interacción e intercambio que no depende exclusivamente del dólar o de las instituciones financieras occidentales.

El ataque de Estados Unidos e Israel, visto desde Pekín, no es solo una advertencia a Irán. Es una señal dirigida también a China donde el acceso a recursos, mercados y socios estratégicos no está libre de riesgo cuando Estados Unidos decide reafirmar su influencia militar. Esta es la lectura que emerge con toda claridad en los círculos estratégicos de Asia y Europa, la política de seguridad estadounidense sigue incluyendo la opción militar como instrumento de primer orden, incluso en un contexto donde la rivalidad con China exige contención, enfoque tecnológico y competencia económica.

China, por su parte, no ha respondido militarmente —ni lo hará— pero ha actuado con rapidez en la esfera diplomática y mediática. Pekín ha condenado el ataque, apelado al respeto a la soberanía nacional y urgido a la desescalada, al tiempo que ha reafirmado su apoyo comercial y político a Irán. Más allá de las palabras, China ha acelerado ya mecanismos financieros alternativos y ampliado acuerdos bilaterales con países que buscan escapar de la lógica de sanciones occidentales, reforzando una red de influencia que no depende de alianzas militares explícitas.

Este conflicto ha vuelto a poner sobre la mesa un fenómeno que llevaba años gestándose, el de la fragmentación del orden económico internacional. Las sanciones masivas, la creación de sistemas financieros que operan fuera del sistema dominado por el dólar, el uso de monedas locales en transacciones energéticas… todos son signos de que el orden liberal, tal como fue concebido tras la Segunda Guerra Mundial, está evolucionando hacia un sistema más multipolar y menos cohesionado. El ataque a Irán, si bien responde a consideraciones inmediatas de seguridad, alimenta indirectamente esa lógica de bloques interconectados pero no uniformes.

Europa se encuentra atrapada en medio de esta dinámica. La Unión Europea, que ha abogado por el multilateralismo y por la preservación de acuerdos como el Plan de Acción Integral Conjunto, ahora observa cómo sus esfuerzos diplomáticos se ven superados por decisiones unilaterales de gran calado estratégico. La repercusión económica —especialmente en términos energéticos y de inflación— ya se siente en los mercados y lo hará también en la vida cotidiana de millones de ciudadanos europeos. La capacidad europea para actuar como actor autónomo en política exterior sigue siendo limitada, supeditada a decisiones que provienen de Washington o, indirectamente, de Pekín.

Mirar a Irán sin considerar a China sería una simplificación peligrosa. El epicentro del conflicto puede estar en el Golfo, pero su significado estratégico se proyecta mucho más lejos, hasta los corredores comerciales de Asia y los debates sobre el liderazgo global. La rivalidad entre Estados Unidos y China no se libra únicamente en el Indo-Pacífico ni en los corredores tecnológicos que dominan los semiconductores o la inteligencia artificial. Está presente en cada región donde confluyen intereses de poder, seguridad y modelos de desarrollo divergentes. Lo vimos en Venezuela, lo volvemos a ver en el Golfo.

Un ataque contra Irán, ya en marcha, no es solo un capítulo más de la larga historia de tensiones en Oriente Medio. Es un síntoma de un mundo donde las reglas de la convivencia internacional se están reescribiendo. En esa reescritura, la homogeneidad del orden anterior cede paso a un sistema más fragmentado, competido e incierto. La paz, la estabilidad y la seguridad global nunca han sido bienes automáticos; se construyen y se sostienen con alianzas estratégicas claras, no con reacciones pasivas.

Observar el conflicto en Irán con la mirada puesta en China no es un ejercicio académico, sino la única forma de comprender el alcance real de esta guerra. Quien no lo entienda corre el riesgo de interpretar mal no solo este conflicto, sino todo lo que está por venir en las próximas décadas de tensión estratégica global.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

La última edición de la Conferencia de Seguridad de Múnich ha dejado al descubierto algo más profundo que las habituales declaraciones diplomáticas o los rituales de reafirmación atlántica. Lo que se ha escenificado en Múnich es la constatación de que Europa atraviesa un momento de inflexión estratégica sin precedentes desde el final de la Guerra Fría. El seísmo geopolítico provocado por la invasión rusa de Ucrania y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca han terminado de desordenar un marco de seguridad que ya estaba tensionado. Sin embargo, más allá del diagnóstico compartido, lo que emerge es una Unión Europea que sigue debatiéndose entre la conciencia del cambio estructural y una respuesta política aún tímida, fragmentada y crecientemente conservadora.

La invasión a gran escala de Ucrania supuso la ruptura definitiva de la arquitectura de seguridad europea construida tras 1989. La confianza en la interdependencia como garantía de estabilidad se evaporó con los tanques rusos cruzando la frontera. La autonomía estratégica —hasta entonces un concepto debatido en círculos académicos y diplomáticos— pasó a convertirse en una urgencia. Ahora la sensación es que la UE ha reaccionado más por acumulación de decisiones coyunturales que por un rediseño estratégico coherente.

La Conferencia de Múnich ha confirmado esta paradoja. Por un lado, la narrativa europea insiste en la unidad frente a Moscú y en el compromiso con Ucrania, al tiempo que la realidad sobre el terreno empieza a tener ecos que ya aparecen y que plantean la necesidad de abrir los cauces de diálogo con Moscú si los europeos quieren tener algo que decir en un futuro plan de paz. Por otro, la realidad política interna muestra fracturas cada vez más visibles. La derechización institucional y social que recorre buena parte del continente condiciona las prioridades. La agenda securitaria gana peso, mientras que la agenda social y verde retrocede o se redefine en términos más pragmáticos y menos transformadores.

De este modo la UE se enfrenta a un triple desafío. Primero, un retroceso geopolítico relativo frente a potencias como Estados Unidos y China. Segundo, una indefinición estratégica que oscila entre el atlantismo clásico y la aspiración a una autonomía difícil de materializar. Tercero, la necesidad urgente de avanzar hacia un modelo de economía productiva capaz de sostener su competitividad en un entorno de rivalidad sistémica.

La llegada de Trump introduce un elemento adicional de incertidumbre. Su visión transaccional de las alianzas y su cuestionamiento recurrente del compromiso estadounidense con la seguridad europea obligan a los Estados miembros a contemplar escenarios hasta hace poco impensables. Pero la respuesta europea no está siendo una profundización automática de la integración, sino, por el momento, un refuerzo de lo intergubernamental.

En este sentido, Alemania ocupa un lugar central. El giro hacia políticas de corte neokeynesiano —con mayor inversión pública, especialmente en defensa e infraestructuras— marca una ruptura respecto a la ortodoxia fiscal que caracterizó su liderazgo durante la crisis del euro. Sin embargo, este impulso inversor viene acompañado de una propuesta desregulatoria que apunta a flexibilizar normas ambientales y de competencia para favorecer la reindustrialización. El resultado es una combinación ambivalente donde entramos más Estado en términos de inversión, pero donde se busca menos regulación en ámbitos sociales y verdes.

La llamada “pausa” en la agenda climática no es anecdótica. Refleja un cambio de prioridades en un contexto donde la seguridad energética, la defensa y la competitividad industrial se imponen sobre los compromisos de transición ecológica. La Conferencia de Múnich ha mostrado hasta qué punto el discurso sobre la resiliencia europea se articula ahora en clave de poder duro y capacidad industrial, más que en términos de liderazgo normativo o transformación sostenible.

Pero el verdadero debate subyacente es institucional. Lo intergubernamental gana terreno como método preferido para avanzar en el proceso reindustrializador y en la política de defensa. Las decisiones clave se toman en el Consejo Europeo, con protagonismo de las grandes capitales, mientras que la Comisión y el Parlamento ven limitado su margen de iniciativa. Esta dinámica responde a la urgencia y a la sensibilidad soberanista de muchos gobiernos, pero también profundiza las asimetrías internas.

Frente a esta vía, resurgen las voces que abogan por una respuesta más integracionista a través de la emisión de eurobonos como instrumento para financiar la transición industrial y tecnológica de forma solidaria. La experiencia del Next Generation EU ha demostrado que la mutualización parcial de deuda es políticamente posible en situaciones excepcionales. La cuestión es si el actual contexto —marcado por la guerra y la rivalidad global— no constituye precisamente una de esas situaciones.

El debate no es meramente técnico. Se trata de definir qué tipo de Unión Europea se quiere construir. Una UE basada en coaliciones flexibles de Estados que avanzan según intereses nacionales convergentes, o una UE que profundiza en la integración fiscal y política para reforzar su posición global. La primera opción ofrece rapidez y control nacional; la segunda, mayor cohesión y potencial estructural.

Sin embargo, cualquier estrategia que aspire a reforzar la posición europea debe abordar también la dimensión social. La derechización del espacio político no es solo el resultado de dinámicas externas, sino de malestares internos acumulados sostenidos sobre desigualdad, precarización, percepción de pérdida de control. Si la respuesta al seísmo geopolítico se limita a la securitización y a la competitividad, sin un proyecto social inclusivo, el riesgo es alimentar aún más las fracturas que debilitan a la Unión desde dentro.

La Conferencia de Múnich ha puesto sobre la mesa la necesidad de asumir que el mundo post-2022 es estructuralmente distinto y que esa tendencia se profundiza con el segundo mandato de Trump. La guerra en Ucrania fue solo el primero de una serie de episodios de un orden internacional en transformación. La pregunta es si Europa quiere ser sujeto o objeto de esa transformación.

Reforzar la posición de la UE en el actual contexto implica, en primer lugar, claridad estratégica. Eso exige definir prioridades realistas: defensa común, autonomía tecnológica, seguridad energética. Pero también implica coherencia entre discurso y recursos. Sin instrumentos financieros adecuados, la retórica sobre autonomía queda vacía. En segundo lugar, requiere superar las fracturas internas mediante mecanismos de solidaridad efectiva. La integración fiscal —incluida la posibilidad de eurobonos— no es solo una cuestión económica sino política, ya que simboliza la voluntad de compartir riesgos y destino. Y, en tercer lugar, demanda reequilibrar la agenda para que la competitividad no se construya a costa del contrato social europeo. La fortaleza geopolítica no puede desligarse de la legitimidad interna.

El debate está abierto. Múnich ha sido un espejo incómodo en el que Europa se ha visto tal y como es, consciente del cambio de era, pero aún indecisa sobre cómo responder. Entre el repliegue nacional y el salto integrador, entre la desregulación competitiva y la inversión solidaria, entre la seguridad y la cohesión social, la Unión Europea se juega algo más que su influencia externa, se juega su propia razón de ser.

La pregunta, por tanto, no es solo cuál es la mejor manera de reforzar la posición de la UE en el contexto actual. La pregunta es si los europeos están dispuestos a asumir el coste político de una integración más profunda que les permita no solo resistir el seísmo geopolítico, sino redefinir su lugar en el mundo.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

La reciente cumbre bilateral entre Italia y Alemania, protagonizada por Giorgia Meloni y Friedrich Merz en Roma, no puede leerse como un mero gesto diplomático de rutina. Se trata, más bien, de un movimiento estratégico de alto calado que apunta a la construcción de un nuevo eje de poder en el corazón de la Unión Europea, el eje Roma—Berlín. Un eje que aspira a redefinir el liderazgo europeo en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, la erosión del multilateralismo, la crisis del orden liberal y la progresiva militarización del proyecto europeo.

El encuentro se produce en un momento particularmente sensible para la UE. Francia, tradicional pilar del liderazgo comunitario junto a Alemania, atraviesa una fase de debilidad política interna, con un presidente desgastado, un sistema partidista fragmentado y una creciente contestación social. Este vacío relativo de París abre una ventana de oportunidad para que Roma y Berlín traten de ocupar el centro del tablero europeo, reconfigurando los equilibrios tradicionales del eje franco-alemán que ha estructurado la integración desde los años cincuenta.

En este contexto, Meloni y Merz comparten una visión sorprendentemente convergente, una Europa más dura, más securitaria, más militarizada y, sobre todo, más orientada a la lógica del poder. Ambos dirigentes defienden una UE capaz de desempeñar su propio papel en el mundo, una fórmula aparentemente neutral que, en realidad, remite a una concepción geopolítica clásica, la Unión como actor estratégico autónomo, dotado de capacidades militares, industriales y energéticas suficientes para competir en un entorno internacional crecientemente hostil.

La noción de autonomía estratégica, que durante años fue patrimonio casi exclusivo del discurso francés, ha sido plenamente asumida tanto por Alemania como por Italia. Sin embargo, su reinterpretación actual dista mucho de la versión original. Ya no se trata de reforzar la soberanía europea para proteger el modelo social, la democracia o el Estado de bienestar, sino de construir una autonomía basada en la industria de defensa, la seguridad energética y la integración de los complejos industriales estratégicos.

Uno de los ejes centrales del acercamiento entre Roma y Berlín es precisamente la integración de sus sectores armamentísticos, energéticos e industriales. Alemania es ya el primer productor de armas de la UE y uno de los principales exportadores a nivel mundial. Italia, por su parte, cuenta con un poderoso complejo militar—industrial encabezado por empresas como Leonardo, con fuerte presencia en aeronáutica, ciberseguridad y sistemas de defensa. La convergencia entre ambos países abre la puerta a la consolidación de un auténtico polo militar europeo, capaz de competir con los gigantes estadounidenses y de abastecer tanto al mercado interno como a terceros países.

Este proceso no es neutral. Supone una transformación profunda de la lógica del proyecto europeo, que pasa de ser un espacio de integración económica y cooperación política a convertirse progresivamente en una plataforma de poder duro. La guerra en Ucrania y, especialmente, la llegada de Trump al poder, ha actuado como catalizador de esta mutación, aumento masivo del gasto militar, normalización del lenguaje bélico y subordinación de las políticas económicas, energéticas y tecnológicas a imperativos de seguridad.

En paralelo, la cooperación entre los aparatos de seguridad, inteligencia, policía y control fronterizo, se ha convertido en otro pilar del eje Roma—Berlín. Bajo el paraguas de la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado o las amenazas híbridas, se está produciendo una creciente armonización de sistemas de vigilancia, intercambio de datos y coordinación operativa. La securitización de la política europea avanza de forma silenciosa pero constante, desplazando el eje del poder hacia estructuras opacas, tecnocráticas y difícilmente controlables por los parlamentos nacionales.

La política migratoria constituye, en este sentido, uno de los terrenos donde esta convergencia resulta más evidente. Italia, tradicional puerta de entrada al Mediterráneo, ha hecho de la externalización del control migratorio uno de los ejes centrales de su agenda. Alemania, tras el giro restrictivo de los últimos años, ha abandonado definitivamente la retórica de la acogida y se alinea cada vez más con una visión punitiva, basada en la disuasión, la deportación y la cooperación con regímenes autoritarios.

El eje Roma—Berlín impulsa una política migratoria que refuerza la Europa fortaleza, acuerdos con terceros países para contener flujos, criminalización de las ONG de rescate, expansión de Frontex y normalización de prácticas contrarias al derecho internacional. La migración deja de ser una cuestión humanitaria o social para convertirse en un problema de seguridad, gestionado por ministerios del Interior, fuerzas policiales y agencias de inteligencia.

Todo ello se inscribe en una lógica más amplia, la transformación de la UE en un actor geopolítico clásico, organizado en torno al liderazgo, la jerarquía y la capacidad coercitiva. Frente al ideal originario de una Europa post—nacional, basada en el derecho, el consenso y la interdependencia, emerge una Europa del poder, del interés estratégico y de la competencia entre bloques.

En este escenario, el papel de España adquiere una relevancia específica como posible actor de contrapeso. Madrid, tradicionalmente alineada con una visión más multilateral, menos militarizada y más orientada a la cooperación euromediterránea, podría desempeñar una función moderadora frente al endurecimiento securitario impulsado por el eje Roma—Berlín. Su apuesta por el fortalecimiento de la política exterior común, el énfasis en la dimensión social de la integración y su defensa, al menos discursiva, de una política migratoria basada en la corresponsabilidad y los derechos humanos, con la reciente puesta en marcha de una regularización extraordinaria de inmigrantes, la sitúan en una posición potencialmente diferenciada.

España cuenta, además, con una ventaja estructural, su centralidad en el eje sur de la UE y su capacidad para articular alianzas con países como Portugal, Grecia o incluso con sectores de la propia Francia, en torno a una agenda menos centrada en el poder duro y más en la gobernanza, la cohesión territorial y la estabilidad regional. En un contexto de reconfiguración de liderazgos, Madrid podría intentar impulsar una tercera vía, ni subordinación al nuevo núcleo militarizado ni repliegue nacional, sino una Europa más equilibrada entre seguridad, democracia y cooperación, y más autónoma de EEUU.

No obstante, la capacidad real de España para ejercer ese papel dependerá de su voluntad política y de su margen de autonomía frente a las dinámicas dominantes. El aumento del gasto militar, la integración en los proyectos industriales de defensa y la presión para alinearse con las estrategias de contención migratoria muestran que también Madrid se mueve en un terreno de ambigüedad, oscilando entre la retórica del contrapeso y la lógica de la adaptación.

La alianza entre Meloni y Merz no es simplemente una cooperación bilateral más. Es el síntoma de una mutación profunda de la Unión Europea, de espacio de paz a actor militar, de proyecto normativo a potencia geopolítica, de integración solidaria a liderazgo jerárquico. El eje Roma—Berlín aspira a dirigir esta transición, aprovechando el vacío francés y la fragmentación del resto de socios.

La pregunta clave es si esta Europa del poder será capaz de sostenerse sin sacrificar aquello que, precisamente, la hacía distinta, su apuesta por el derecho, la democracia, los derechos humanos y la resolución pacífica de los conflictos. Porque en su carrera por desempeñar su propio papel en el mundo, la UE corre el riesgo de convertirse en una potencia más, indistinguible de aquellas a las que dice querer contrarrestar.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

La posibilidad de que Estados Unidos avance hacia una anexión de Groenlandia ha dejado de ser un ejercicio de política ficción para convertirse en una prueba decisiva para la Unión Europea. No se trata solo de la integridad territorial de un Estado miembro, Dinamarca, sino de la credibilidad del proyecto europeo como comunidad política capaz de proteger a sus ciudadanos y su espacio geopolítico. Durante décadas, los europeos han confiado su seguridad a Washington y han respondido a cada sobresalto con dosis crecientes de prudencia, cuando no de abierta complacencia. Esa política de apaciguamiento no solo se ha demostrado ineficaz, sino profundamente perniciosa para los intereses europeos.

La historia reciente enseña que ceder ante la ley del más fuerte no garantiza estabilidad. Al contrario, alimenta nuevas exigencias. Si la UE acepta que un aliado estratégico pueda redibujar fronteras por la vía de la intimidación económica o militar, el mensaje para el resto del mundo será devastador. La Unión se juega su condición de actor internacional y, con ella, la supervivencia de su mercado único, de su modelo social y de sus democracias liberales. El vasallaje ya no es una opción política aceptable.

Frente a esta amenaza, Bruselas dispone de instrumentos que nunca ha querido utilizar plenamente por temor a una escalada con Estados Unidos. Ha llegado el momento de asumir que la escalada ya está en marcha y que la inacción tiene un coste mayor que la respuesta. La primera línea de actuación debe ser política y diplomática. La retirada coordinada de embajadores de Washington por parte de los Veintisiete enviaría una señal inequívoca de gravedad. No se trata de romper relaciones, sino de expresar que la anexión de un territorio europeo es una línea roja que afecta a toda la Unión.

Paralelamente, la UE debería apelar al artículo 42.7 del Tratado, la cláusula de asistencia mutua que obliga a los Estados miembros a prestar ayuda ante una agresión armada. Activar este mecanismo tendría un enorme valor simbólico y jurídico. Recordaría que la defensa de Groenlandia es defensa europea y que la solidaridad no puede limitarse a comunicados de preocupación. Además, abriría un debate imprescindible sobre las capacidades reales de la Unión para proteger su vecindad ártica, un espacio cada vez más estratégico por el deshielo y las rutas comerciales emergentes.

Otro pilar fundamental es la activación del Instrumento Anti Coerción. Este mecanismo, diseñado para responder a presiones económicas de terceros países, permitiría imponer contramedidas proporcionadas a empresas y sectores estadounidenses implicados en la estrategia de anexión. Su uso contribuiría a acelerar el proceso de autonomía estratégica europea, todavía demasiado retórico. La UE debe aprender a utilizar el poder de su mercado como herramienta de disuasión, igual que hacen otras potencias sin complejos.

Las sanciones selectivas contra actores del establishment estadounidense que impulsen la anexión son igualmente necesarias. Congelación de activos, restricciones de viaje y limitaciones a operaciones financieras enviarían un mensaje claro de que las decisiones tienen consecuencias personales. La UE ha aplicado este tipo de medidas frente a Rusia, Irán o Venezuela. Resultaría incomprensible que no lo hiciera ante un desafío que afecta directamente a su territorio y a su orden jurídico.

Algunos temen que una respuesta firme ponga en riesgo el mercado único y las relaciones comerciales transatlánticas. Es un cálculo equivocado. Si Europa continúa cediendo en materia de seguridad para salvar intercambios económicos, terminará perdiendo ambas cosas. El actual inquilino de la Casa Blanca ha declarado abiertamente su objetivo de fragmentar la UE a través de sus aliados ultras dentro del continente. Pensar que la moderación europea aplacará ese proyecto es ignorar la naturaleza ideológica del desafío.

La defensa de Groenlandia es también la defensa del Ártico como espacio de cooperación y no de depredación. Permitir que la lógica imperial se imponga abriría la puerta a nuevas aventuras en otras geografías. Los socios europeos deben comprender que lo que está en juego no es un pedazo de hielo lejano, sino la arquitectura de seguridad construida tras 1945. Renunciar a ella sería traicionar a las generaciones que hicieron posible la paz europea.

Es cierto que la UE carece todavía de una cultura estratégica compartida. Las dependencias energéticas, militares y tecnológicas limitan su margen de maniobra. Pero, precisamente por eso, este momento puede ser fundacional. La creación de un frente común ante Washington obligaría a acelerar la integración en defensa, a invertir en capacidades propias y a coordinar políticas industriales. La crisis puede convertirse en oportunidad si se actúa con visión.

La unidad de los Veintisiete es condición necesaria, aunque no suficiente. Si, pese a la gravedad de la amenaza, no se alcanzara un consenso, aquellos Estados dispuestos a resistir deben unir sus capacidades y actuar en formato reforzado. La historia de la integración europea demuestra que los avances más significativos surgieron de coaliciones de voluntades. Esperar a los más reticentes solo conduce a la parálisis.

Los europeos cuentan además con aliados globales interesados en frenar un precedente tan peligroso. Canadá, Noruega, Islandia y buena parte de América Latina y del Sur Global observan con inquietud la deriva estadounidense. Una diplomacia europea audaz podría tejer una red de apoyos que aislara políticamente a Washington y demostrara que el respeto a las fronteras sigue siendo un principio universal.

No faltarán voces que pidan paciencia y diálogo infinito. El diálogo es imprescindible, pero no puede sustituir a la firmeza. La UE debe dejar claro que está dispuesta a asumir costes para defender su legalidad. Solo así será tomada en serio. La alternativa es un lento deslizamiento hacia la irrelevancia estratégica, adornado con comunicados bienintencionados.

La anexión de Groenlandia no es un problema danés, es un desafío existencial europeo. Responder con determinación hará que se redefina la relación transatlántica, pero esto no debe ser un obstáculo para avanzar y si el socio tradicional por lo que apuesta es por la ruptura y la sumisión de sus otrora aliados quizás ha llegado el momento de mirar en otras direcciones.

En última instancia, lo que se juega la Unión es la defensa de las democracias liberales y de los valores que dice encarnar. Si incluso ante esta amenaza no es capaz de reaccionar, difícilmente podrá exigir a otros que respeten el derecho internacional. El proyecto europeo nació para desterrar la lógica de la fuerza del continente y para combatir las pulsiones esencialistas, si bien no siempre ha sido coherente con estos principios, es el momento de reafirmarlos o proceder a una nueva redefinición y, en este caso, sería conveniente que se informara abiertamente a la ciudadanía sobre ello.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

En política exterior, los nombres importan menos que las ideas que encarnan. Pero hay momentos en los que una figura concreta actúa como catalizador de una deriva más profunda que ayuda a explicar algunos de los movimientos que se suceden. En el marco de la operación Resolución Absoluta llevada a cabo por EEUU en Venezuela y que ha terminado con el secuestro de Nicolás Maduro, merece la pena conocer a alguno de los actores principales con el fin de tener algunas claves más. Así, el ascenso de Stephen Miller dentro de la órbita de poder de Donald Trump responde exactamente a esa lógica. No se trata solo de la promoción de un asesor especialmente influyente, sino la consolidación de una determinada visión del mundo, de la política y del lugar que Estados Unidos cree ocupar, y debe imponer, en el sistema internacional.

Durante años, Miller fue identificado casi exclusivamente con la política migratoria más dura de la primera administración Trump. Arquitecto del cierre, del muro y de la criminalización del migrante, su figura parecía circunscrita al ámbito doméstico. Sin embargo, su progresiva proyección hacia la política exterior, culminada ahora con su papel central en la estrategia hacia Venezuela y su beligerante retórica sobre Groenlandia, revela algo más inquietante, que no es otra cosa que la exportación de esa misma lógica de confrontación, exclusión y fuerza al escenario internacional.

Que Miller sea la persona que encabezaría la supervisión de la administración post-Maduro no es un movimiento técnico ni diplomático. Es, ante todo, un gesto político. Supone abandonar cualquier pretensión de mediación, negociación o reconstrucción multilateral del país para abrazar una lógica de tutela, imposición y control. Venezuela se convierte así no solo en un problema regional, sino en un laboratorio ideológico donde ensayar una política exterior despojada de complejos normativos. La pregunta ya no es cómo acompañar una salida política, sino quién manda y en qué términos.

Este enfoque conecta directamente con una reinterpretación agresiva de la Doctrina Monroe, adaptada al siglo XXI pero vaciada de cualquier retórica defensiva. Bajo la influencia de figuras como Miller, América Latina vuelve a ser concebida como espacio natural de intervención estadounidense, no tanto por razones democráticas o humanitarias, sino por una combinación de intereses estratégicos, recursos y competencia geopolítica con China y Rusia. El resultado es una política exterior que normaliza la excepcionalidad y presenta la injerencia como necesidad.

Pero el caso venezolano no es un episodio aislado. La insistencia de Miller en “reabrir” el debate sobre Groenlandia revela hasta qué punto esta visión ha dejado de reconocer límites. Cuando desde la Casa Blanca se azuza la idea de que Estados Unidos tiene derecho, histórico, estratégico o moral, a controlar un territorio que pertenece a un aliado de la OTAN, no estamos ante una excentricidad retórica de Trump, sino ante una erosión deliberada de los principios básicos del orden internacional. La soberanía deja de ser un principio y pasa a ser una variable negociable en función del poder.

Groenlandia, en este sentido, es especialmente significativa. Su valor estratégico en el Ártico, su potencial en recursos naturales y su posición en un contexto de creciente militarización de la región la convierten en una pieza clave del nuevo tablero global.

Que Miller sea uno de los principales impulsores de una narrativa que cuestiona el control danés sobre la isla no solo tensiona la relación transatlántica, sino que introduce una lógica peligrosa, la de que la fuerza —o la amenaza creíble de usarla— puede redefinir fronteras incluso entre aliados.

El ascenso de Miller debe leerse, por tanto, como síntoma y como acelerador. Como síntoma, porque refleja el vaciamiento progresivo de la diplomacia profesional estadounidense, desplazada por operadores ideológicos cuya principal virtud es la lealtad personal al presidente. Y como acelerador, porque su manera de entender el poder refuerza una política exterior basada en el conflicto permanente, la desconfianza hacia lo multilateral y la instrumentalización del derecho internacional.

Este giro tiene implicaciones profundas. En primer lugar, para el propio sistema internacional, que se ve sometido a una presión constante por parte de una potencia que ya no se siente obligada a sostener las reglas que ella misma contribuyó a crear. Cuando Estados Unidos actúa como si el orden liberal fuese opcional, envía una señal clara al resto de actores, las normas son contingentes y el poder vuelve a ser el principal árbitro. En este contexto, resulta difícil exigir contención a otros actores revisionistas.

En segundo lugar, para las alianzas tradicionales. La OTAN, la relación con la Unión Europea y los equilibrios hemisféricos se resienten cuando Washington introduce la incertidumbre como método. La idea de que Groenlandia pueda convertirse en objeto de presión directa no solo afecta a Dinamarca, sino al conjunto de socios que, aunque tarde, empiezan a preguntarse hasta qué punto siguen compartiendo valores o simplemente intereses coyunturales.

Y, en tercer lugar, para la propia democracia estadounidense. La concentración de poder en figuras como Miller, que operan sin contrapesos reales y con una concepción instrumental de las instituciones, plantea interrogantes sobre los límites del presidencialismo y la fragilidad de los mecanismos de control. La política exterior se convierte así en una extensión del combate cultural interno, donde la confrontación externa refuerza la narrativa de fuerza hacia dentro.

No se trata de idealizar un orden internacional que nunca fue plenamente equitativo. Pero sí de advertir que el camino que representa el ascenso de Stephen Miller conduce a una normalización del unilateralismo extremo, donde la política exterior deja de ser un espacio de gestión de interdependencias para convertirse en un ejercicio de dominación explícita. En última instancia, la pregunta no es qué hará Miller con Venezuela o con Groenlandia, sino qué dice su protagonismo sobre el tipo de mundo que se está construyendo desde Washington. Un mundo más fragmentado, más jerárquico y menos previsible. Un mundo en el que la ley cede ante la fuerza y en el que la diplomacia se subordina al espectáculo del poder. Y, sobre todo, un mundo en el que la excepcionalidad estadounidense deja de ser un relato para convertirse en una amenaza sistémica.

Ese es, quizá, el verdadero significado de su ascenso.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

La publicación casi simultánea de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y del último documento de política de China hacia América Latina y el Caribe no es una coincidencia menor. Tampoco lo es el hecho de que, en ese mismo contexto, la Unión Europea haya sido incapaz —al menos por ahora— de culminar el acuerdo con Mercosur tras más de dos décadas de negociación. Estos tres acontecimientos, leídos en conjunto, dibujan con nitidez una tendencia que se consolida: el retorno explícito de la lógica de las esferas de influencia como principio organizador del sistema internacional y la creciente dificultad de la UE para ocupar un lugar relevante en ese tablero.

Estados Unidos ha decidido hablar sin ambigüedades. Su nueva estrategia reconoce abiertamente que el mundo se estructura en torno a una competencia entre grandes potencias y que el objetivo prioritario de Washington es preservar su primacía. América Latina reaparece así como un espacio estratégico fundamental, no tanto desde una lógica de cooperación o desarrollo compartido, sino como una zona que debe permanecer bajo control político, económico y de seguridad estadounidense. La región vuelve a ser pensada desde categorías heredadas: estabilidad, control de flujos migratorios, lucha contra amenazas transnacionales y contención de actores externos, especialmente China.

Este enfoque no supone una novedad histórica, pero sí una reafirmación clara de que el hemisferio occidental sigue siendo concebido como un espacio natural de influencia exclusiva. El lenguaje es elocuente: seguridad, disuasión, control. América Latina no aparece como un socio político con el que construir un proyecto común, sino como un territorio que debe alinearse con los intereses estratégicos de Washington. En este marco, la autonomía regional es tolerada solo en la medida en que no contradiga esos intereses.

China, por el contrario, articula su proyección en la región desde una lógica distinta, aunque no menos estratégica. El nuevo documento chino que traza su hoja de ruta con América Latina consolida una aproximación de largo plazo basada en la construcción de interdependencias económicas, financieras, tecnológicas y políticas. No se trata de una intervención improvisada ni oportunista, sino de una estrategia coherente que entiende la región como un espacio clave para su inserción global y para la redefinición del orden internacional.

La narrativa china apela al respeto mutuo, al beneficio compartido y a la cooperación Sur-Sur, pero detrás de ese discurso se despliega una arquitectura de influencia sofisticada. Inversiones en infraestructuras críticas, financiación, acceso a recursos naturales, cooperación tecnológica y alineamientos diplomáticos forman parte de una misma ecuación. China no necesita imponer una hegemonía militar para expandir su influencia, le basta con ofrecer alternativas creíbles allí donde otros actores han dejado vacíos.

Es precisamente en esos vacíos donde la Unión Europea evidencia sus límites. El acuerdo con Mercosur no era solo un tratado comercial; en 2025 se trataba de una apuesta estratégica de primer orden. Permitía a la UE posicionarse como un actor relevante en América Latina en un momento de transición del orden global, diversificar sus relaciones económicas, reforzar cadenas de valor compartidas y ofrecer una vía alternativa a la creciente polarización entre Estados Unidos y China. Sin embargo, el acuerdo ha vuelto a naufragar, esta vez por la incapacidad europea para resolver sus propias contradicciones internas.

Las resistencias de determinados Estados miembros, la presión de sectores agrícolas, la falta de una narrativa política común y la ausencia de liderazgo estratégico han terminado por bloquear un pacto que era vital para la proyección global de la UE. El resultado es devastador, Europa vuelve a aparecer como un actor normativo sin capacidad real de acción geopolítica, atrapado entre su retórica multilateral y sus miedos internos.

Este fracaso no es anecdótico. Revela una tendencia más profunda que reside en la dificultad de la UE para adaptarse a un mundo en el que el poder se ejerce de forma más explícita, más conflictiva y menos regulada. Mientras Estados Unidos y China asumen sin complejos la lógica de la competencia estratégica y delimitan sus áreas de influencia, Europa duda, se fragmenta y pierde oportunidades. El eje transatlántico, tal y como fue concebido durante décadas, muestra signos evidentes de agotamiento, pero la UE no ha sabido todavía construir una alternativa autónoma y coherente.

En este escenario, América Latina se convierte en un espacio de disputa, pero también de oportunidad. Lejos de ser un actor pasivo, la región dispone de márgenes de maniobra para diversificar sus alianzas y negociar mejores condiciones. Sin embargo, esa capacidad depende en gran medida de la fortaleza de sus procesos de integración regional y de su habilidad para evitar nuevas dependencias asimétricas. La fragmentación interna sigue siendo una debilidad estructural que limita su poder negociador frente a las grandes potencias.

El retorno de las esferas de influencia no implica una vuelta exacta al pasado, pero sí una normalización de prácticas que muchos creían superadas. La diferencia es que hoy la competencia no se libra únicamente en el plano militar, sino en el económico, el tecnológico, el financiero y el normativo. Quien no está presente en esos espacios, simplemente desaparece del mapa estratégico.

La Unión Europea se enfrenta, por tanto, a una disyuntiva clara, la de asumir que el mundo ha cambiado y actuar en consecuencia, o resignarse a una irrelevancia progresiva. La firma del acuerdo con Mercosur habría sido una señal potente de que Europa estaba dispuesta a jugar un papel activo en la configuración del nuevo orden global. Su aplazamiento transmite el mensaje contrario.

En un mundo que se reparte de nuevo en esferas de influencia, no basta con defender valores; es imprescindible respaldarlos con capacidad de acción. De lo contrario, la UE corre el riesgo de convertirse en un espectador de un orden internacional que se decide sin ella.

La publicación de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la Administración Trump ha producido un impacto significativo en Europa. El documento no se presenta como un plan de confrontación directa con China, ni como una hoja de ruta cerrada hacia un nuevo orden bipolar, sino como una visión más amplia de un mundo organizado en esferas de influencia donde Estados Unidos busca gestionar la redistribución del poder sin renunciar a su posición central. Esa lógica, que algunos analistas describen como una suerte de Doctrina Monroe ampliada, no consiste en trasladar mecánicamente el principio histórico de 1823 al discurso actual, sino en asumir que cada potencia tenderá a controlar un espacio regional propio, mientras Washington se reserva la capacidad de arbitrar los equilibrios generales. Para Europa, el mensaje implícito es claro: su papel se entiende dentro de ese marco, no como un actor autónomo capaz de definir su propio entorno estratégico.

Esta concepción ha puesto en evidencia la profunda fractura ideológica que atraviesa hoy la Unión Europea. Mientras una parte de los Gobiernos europeos observa con inquietud esta vuelta a una lógica de jerarquías geopolíticas, otra, la que reúne a las derechas radicales y a fuerzas conservadoras con aspiraciones soberanistas, interpreta la estrategia estadounidense como una validación de su propio proyecto político. No exige alineamientos rígidos frente a China, no contradice los intereses económicos internos y, sobre todo, encaja con una narrativa identitaria basada en la defensa de Occidente, la 'securitización' de las fronteras y el rechazo a marcos multilaterales robustos. Por eso, lejos de debilitar el vínculo transatlántico, la nueva estrategia lo refuerza selectivamente, no con la UE como entidad política, sino con Gobiernos afines a la agenda ideológica de Washington.

La consecuencia es una erosión creciente de la capacidad de la Unión para actuar de forma coherente. La estrategia estadounidense no apuesta por reforzar el diálogo con Bruselas como interlocutor colectivo; prefiere vínculos bilaterales estables con Estados miembros concretos. Esta elección no es nueva, pero sí se acentúa en un contexto donde la propia UE atraviesa dificultades para mantener consensos básicos. Para Washington, una Europa fragmentada, política, ideológica y estratégicamente resulta más predecible y más fácil de integrar en su marco global.

Uno de los elementos que más división ha generado dentro de la UE es la lectura que se hace del papel de Europa del Este en el documento. La estrategia estadounidense no desarrolla un diseño detallado para la región ni propone una arquitectura concreta para su seguridad. Sí transmite, en cambio, que seguirá siendo un espacio de atención prioritaria dentro de una competición global más amplia, aunque sin definir con precisión los instrumentos o los objetivos específicos. Esa ambigüedad permite distintas interpretaciones: para algunos Gobiernos europeos es un recordatorio de la centralidad de Washington en la estabilidad regional; para otros es una señal de que la UE sigue sin disponer de un espacio claro para ejercer su propia autonomía.

Este carácter abierto alimenta tensiones preexistentes dentro de la Unión. Países con Gobiernos nacional-conservadores que combinan soberanismo interno y estrecha cooperación con Estados Unidos leen el documento como una legitimación de su política exterior independiente de Bruselas. En cambio, los Estados miembros que abogan por una mayor integración europea señalan que la falta de referencias explícitas a una agenda común con la UE dificulta cualquier avance hacia una política exterior europea cohesionada. La estrategia estadounidense no impone un modelo para Europa del Este, pero tampoco facilita que la UE pueda proponer uno propio, reforzando así una sensación de dependencia estructural.

La pérdida de centralidad del eje francoalemán intensifica esta dinámica. El espacio que en otros momentos ocupó el motor francoalemán ha sido reemplazado por un nuevo juego político dominado por la derecha y la extrema derecha europea, cuyo peso electoral y gubernamental crece en múltiples países. Estos actores comparten una visión del mundo que encaja con el enfoque estadounidense y que incluye el rechazo a la integración supranacional, afinidad con marcos bilaterales y preferencia por órdenes internacionales estructurados en bloques jerárquicos. Para ellos, la subalternidad europea no es un riesgo, sino una forma de proteger sus agendas nacionales frente a los mecanismos de control de la UE.

En este contexto, la autonomía estratégica europea se ha vuelto un horizonte cada vez más difuso. Aunque algunos Gobiernos defienden la necesidad de que la UE refuerce su capacidad para actuar como polo independiente, la realidad política interna dificulta cualquier avance. La estrategia estadounidense, al no exigir alineamientos estrictos y mantener un tono ambiguo en relación con China, reduce la presión para que Europa defina una posición propia. Y esa ausencia de urgencia facilita que las prioridades nacionales prevalezcan sobre los intentos de articular una voz común europea.

El resultado es una Europa atrapada entre su fragmentación interna, la persistencia de una vecindad oriental marcada por tensiones estructurales y la presión de un aliado que no la concibe como actor político autónomo. La pregunta que deja abierta la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump no es si Europa quiere tener un papel propio en el mundo, sino si es capaz de diseñarlo en un contexto donde las fuerzas que más crecen dentro de la UE prefieren un alineamiento flexible con Washington antes que un proyecto europeo fuerte. La estrategia estadounidense no crea esta fractura, pero sí la expone y la explota, situando a Europa ante un dilema que lleva demasiados años posponiendo la decisión de si quiere ser sujeto político o seguir siendo un espacio donde otros definen sus equilibrios de poder.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

Las negociaciones de paz en torno a Ucrania han entrado en una nueva fase, quizás decisiva, pero no necesariamente más transparente. Una vez más, y políticamente significativo, es que la Unión Europea ha quedado relegada a un papel secundario en un conflicto que se libra en su vecindario inmediato y que afecta de lleno a su seguridad, su economía y su futuro energético e industrial.

Mientras Washington, Moscú y Kiev ensayan un complejo baile diplomático triangular, la UE observa desde la barrera. Sin voz en la mesa decisiva, pero con la expectativa de financiar la reconstrucción, gestionar los desplazados y asumir los costes macroeconómicos de un país devastado. Un reparto de cargas y beneficios que difícilmente puede calificarse de equilibrado.

Que EEUU haya tomado la iniciativa negociadora no sorprende. Desde 2022, Washington controla las llaves del apoyo militar, condiciona las decisiones tácticas ucranianas y determina los límites de la escalada. El giro actual —el de un borrador negociado entre Washington y Moscú, posteriormente re-negociado con Kiev— responde al cansancio norteamericano con una guerra que consume recursos mientras se aproxima un ciclo electoral interno y un escenario global crecientemente competitivo con China.

Rusia, por su parte, ha mantenido una estrategia dual. En el terreno militar busca consolidar las líneas bajo su control y seguir erosionando la capacidad ucraniana. Mienstras que, en lo diplomático, Moscú ha dado señales ambiguas combinando retórica maximalista con mensajes tácticos de apertura a un acuerdo que consolide ganancias territoriales y garantice que Ucrania quede fuera de la órbita militar occidental. No es conciliación, es cálculo estratégico. Putin sabe que el tiempo juega en su favor, con un eje transatlántico cada vez más roto y un Washington que cada vez de manera más evidente muestra su hastío.

El tercer vértice, Ucrania, es quizás el más complejo. Hasta hace unos meses, la sola idea de negociar se vivía casi como una traición. Sin embargo, la realidad del frente, el desgaste humano, los casos de corrupción y la fragilidad económica han empujado a Zelenski a reconsiderar posiciones. Kiev no ha cambiado por convicción, sino por necesidad. La reducción del flujo de armamento, la presión estadounidense para explorar una salida política, su poca confianza en las capacidades europeas y el temor creciente a quedarse aislado en un momento crucial explican por qué Ucrania ha aceptado discutir un borrador en el que no todas sus demandas centrales pueden ser garantizadas.

El cálculo ucraniano es duro, sentarse ahora puede significar ceder terreno y aceptar límites a largo plazo, pero no hacerlo podría dejar al país expuesto a la peor de las alternativas, perder militarmente sin un marco de garantías ni apoyos sólidos.

Mientras tanto, la Unión Europea vive un momento de profunda incomodidad estratégica. Durante años construyó una narrativa de poder normativo basado en la apertura, la diplomacia y la defensa del derecho internacional. Pero la guerra en Ucrania, y el genocido en Gaza han puesto en evidencia los límites de ese marco cuando los actores centrales de la negociación ya no son los europeos.

La UE ha sido determinante en el apoyo financiero y en las sanciones, sí, pero no en la arquitectura política del acuerdo. Europa paga, pero no decide. Y ahora, además, emerge una cuestión especialmente controvertida: el destino de los activos rusos congelados en Europa.

Washington presiona para que esos fondos, custodiados mayoritariamente en bancos europeos, se utilicen para la reconstrucción ucraniana bajo supervisión y liderazgo estadounidense. Esto no solo implica un coste político para la UE, que verá cómo se diluye su control sobre recursos que están bajo su jurisdicción, sino que abre la puerta a que Estados Unidos capitalice la gestión de la reconstrucción, un proceso de dimensiones colosales que generará dependencia, influencia y oportunidades económicas. La paradoja es amarga, la UE se convierte en el principal financiador de un país estratégico para su seguridad, pero es EEUU quien se perfila como el gran arquitecto del diseño político y económico del posconflicto.

En este contexto, la posición europea aparece debilitada no solo por su ausencia en la mesa negociadora, algo que lleva siendo así desde el principio, sino por su incapacidad para articular una visión propia. Desde 2022, los discursos han oscilado entre el maximalismo retórico —“Ucrania debe ganar”— y una práctica política pragmática que nunca se atrevió a definir qué significaba exactamente “ganar” para Bruselas.

Ahora esa ambigüedad pasa factura. Si el acuerdo que emerja del triángulo EEUU-Rusia-Ucrania fija compromisos que contradicen la narrativa europea —como concesiones territoriales, limitaciones estratégicas o un modelo de reconstrucción tutelado desde Washington—, la UE tendrá que asumirlos sin haberlos moldeado.

La lectura rusa es igualmente relevante. Moscú busca un acuerdo que consolide su posición y reconozca de facto las realidades sobre el terreno. La pérdida de influencia internacional ha sido considerable, pero no terminal. En este momento, al Kremlin le interesa un alto el fuego que valide su control territorial y garantice que Ucrania no se convierta en un flanco avanzado de la OTAN y, todo ello, incluyendo en dicha negociación el lugar internacional que consideran que tiene, de ahí su reivindicación de regreso al G-7. Y eso encaja, en parte, con los objetivos de una administración estadounidense que quiere cerrar un conflicto costoso sin comprometerse a una guerra larga que limite su capacidad de maniobra en Asia.

La UE enfrenta, pues, un dilema incómodo que le hace asumir los costes de un conflicto que amenaza su estabilidad en un contexto donde sus socios y adversarios están escribiendo el guion sin contar con ella. No es solo un problema de diplomacia, sino de pérdida de agencia estratégica.

La guerra en Ucrania se ha convertido en un espejo que refleja los límites del poder europeo. Y el resultado no es halagüeño. La UE aspira a ser actor global, pero en cuestiones de seguridad sigue dependiendo de decisiones ajenas; una unión que presume de autonomía estratégica, pero cuyos activos acaban gestionados por terceros; un proyecto político que se reivindica normativo y abierto, pero que ahora se repliega por temor a las injerencias, mientras otros actores redefinen las reglas del juego.

Y ante este panorama, ante el riesgo de quedar relegada a ser la pagadora oficial de un acuerdo diseñado por otros, la UE solo tiene una opción que no es otra que la de asumir un giro estratégico profundo donde se encuentre más claridad en sus objetivos, más unidad diplomática y menos complacencia respecto a su dependencia en materia de seguridad. De lo contrario significará aceptar un papel subordinado en la arquitectura del posconflicto ucraniano. Y, de paso, reconocer que el sueño de la autonomía estratégica europea sigue siendo, por ahora, solo eso: un sueño.

La COP de Belém ha comenzado este noviembre de 2025 en un clima de escepticismo generalizado y con un tono mucho más bajo que en el pasado. La sensación dominante es que la emergencia climática, pese a su creciente gravedad, ha sido relegada a un segundo plano por la coyuntura geopolítica. Las tensiones internacionales, el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y el auge del nacionalismo económico están reconfigurando las prioridades globales. El planeta se calienta, pero la política climática se enfría.

La cita de Belém, celebrada en pleno corazón de la Amazonia, pretendía ser simbólicamente potente, una COP que tiene lugar en el mayor pulmón verde del planeta, en un momento en que la deforestación, las sequías y los incendios avanzan a un ritmo sin precedentes. Sin embargo, no parece que el simbolismo esté siendo suficiente para reavivar el compromiso político. Apenas la mitad de los jefes de Estado han acudido. Ni China, ni India, ni Estados Unidos, los tres países responsables de más del 50% de las emisiones globales, están representados por sus líderes. La ausencia de las grandes potencias marca un precedente preocupante puesto que, poco a poco, se consolida una dinámica en la que el liderazgo climático internacional se diluye.

El regreso de Trump a la Casa Blanca ha tenido un efecto dominó. Su decisión de revisar los compromisos de descarbonización y de recortar la financiación a los fondos climáticos internacionales ha generado un vacío de poder que ni la Unión Europea ni las economías emergentes han sabido llenar. La diplomacia climática, antaño un espacio de cooperación global, hoy se percibe como un escenario de desconfianza. Las alianzas se han fragmentado, las prioridades se han replegado y los acuerdos se perciben más como gestos simbólicos que como compromisos reales.

El resultado de esta desarticulación se refleja con crudeza en los datos. De los cien países que han presentado sus nuevos planes de reducción de emisiones, solo dos, Reino Unido y Noruega, cumplen con la trayectoria compatible con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C. El resto, incluida la mayoría de las economías desarrolladas, se mantiene muy por debajo de los compromisos necesarios. La sensación de estancamiento es generalizada. El “punto de partida” que representó el Acuerdo de París en 2015 parece hoy un recuerdo lejano, y no una meta en la que avanzar.

En los últimos tres años, la agenda climática global ha sufrido un proceso de ralentización evidente. La guerra de Ucrania, el conflicto en Oriente Próximo y la competencia estratégica entre China y Estados Unidos han ocupado el centro del tablero internacional, desplazando el debate climático. El auge de la economía fósil, impulsado por la búsqueda de seguridad energética, y la expansión del carbón en Asia son síntomas de una regresión silenciosa.

Mientras tanto, el planeta sigue acumulando récords negativos. 2024 fue el año más cálido desde que existen registros, y 2025 apunta a superarlo. En el Mediterráneo, las olas de calor han vuelto a ser devastadoras; América Latina sufre sequías prolongadas; y en África, las crisis alimentarias se agravan por la escasez de agua. Todo ello sin que la arquitectura global de gobernanza climática logre articular respuestas eficaces.

En este contexto, la COP de Belém corre el riesgo de ser recordada como una cumbre de bajo perfil. Durante las próximas dos semanas, el éxito se medirá no por acuerdos ambiciosos, sino por la mera posibilidad de alcanzar una posición común. Si logra aprobar un plan de mitigación y retomar los mecanismos de financiación para la adaptación y la pérdida y el daño, se considerará un avance. Pero, en comparación con las expectativas que generaron las primeras cumbres de la década, el listón ha bajado de forma dramática.

La Unión Europea, que en otro momento lideró la acción climática global, llega a Belém en un estado de repliegue. La aprobación del Pacto Verde Europeo (Green Deal) y del paquete Fit for 55 marcaron un hito histórico al integrar la sostenibilidad en la política económica comunitaria. Sin embargo, la ambición inicial se ha visto erosionada por el miedo a perder competitividad frente a Estados Unidos y China, el malestar social ante los costes de la transición y el ascenso de las derechas reaccionarias en varios países miembros.

Las elecciones europeas de 2024 confirmaron esta deriva. El aumento de la presencia de las fuerzas negacionistas en el Parlamento y en el Consejo europeos ha provocado un cambio en la agencia verde. El resultado es una pérdida de impulso en la política climática europea justo cuando más liderazgo se necesita. Bruselas llega a Belém sin una narrativa fuerte ni una propuesta de acción común. En lugar de reforzar el carácter estratégico del Green Deal, que no solo es una agenda ambiental, sino también económica, tecnológica y geopolítica, el debate se ha reducido a cálculos cortoplacistas y ajustes nacionales.

Y, sin embargo, la transición verde sigue siendo la gran oportunidad europea. Invertir en energías limpias, reindustrializar el continente sobre bases sostenibles y reducir la dependencia energética externa son pasos clave para fortalecer la autonomía estratégica de la UE. Renunciar a esa visión sería no solo un error ecológico, sino también geopolítico. La UE necesita recordar que su liderazgo climático es también una herramienta de poder blando, de influencia y de cohesión interna.

En Belém, la distancia entre la retórica y la realidad vuelve a hacerse evidente. Los discursos apelan al sentido de urgencia, pero los compromisos concretos brillan por su ausencia. Las negociaciones avanzan lentamente, atrapadas entre la falta de voluntad política y los intereses económicos contrapuestos. La diplomacia climática no ha desaparecido, pero se ha vuelto defensiva, su objetivo ya no es avanzar, sino evitar retrocesos.

La paradoja es que, mientras los gobiernos titubean, las sociedades y las economías están transformándose por sí mismas. Las empresas invierten en renovables, las ciudades implementan estrategias de adaptación, y los movimientos sociales siguen empujando desde abajo. Pero sin un marco político global coherente, estos esfuerzos dispersos resultan insuficientes para frenar el calentamiento.

Belém debía ser un punto de inflexión, el momento de reactivar el espíritu del Acuerdo de París. Sin embargo, todo indica que será recordada más bien como un ejercicio de contención: evitar el colapso total del proceso multilateral. Las tensiones entre Norte y Sur global, el desacuerdo sobre la financiación y la falta de confianza entre bloques amenazan con bloquear cualquier avance significativo.

La emergencia climática no entiende de calendarios electorales ni de ciclos económicos. El calentamiento avanza con una inercia implacable. La Amazonia, el epicentro simbólico y físico de esta cumbre, sigue perdiendo superficie forestal a pesar de los esfuerzos de Brasil por revertir la tendencia. El planeta se acerca peligrosamente a puntos de no retorno que harán cada vez más difícil contener los impactos del cambio climático.

Frente a ello, la falta de ambición política es una forma de irresponsabilidad histórica. No se trata solo de proteger ecosistemas o cumplir metas de emisiones, lo que está en juego es mucho más y esto incluye la estabilidad económica, la seguridad alimentaria, la salud y la cohesión social. El clima no es un asunto sectorial; es la base sobre la que se asientan todas las demás políticas.

Belém 2025 nos deja, por ahora, un mensaje incómodo, aquel que muestra un mundo que parece estar resignado a vivir en crisis permanente. Pero la crisis climática no admite treguas. La humanidad comparte un destino común, y cada retraso en la acción hace que la transición sea más costosa y más injusta. Si algo debería recordarnos esta cumbre es que el tiempo político y el tiempo climático ya no coinciden. Y que, si seguimos esperando el momento “adecuado” para actuar, pronto descubriremos que ese momento ha pasado.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

Mientras el planeta intenta avanzar hacia una transición ecológica justa, asistimos a una carrera desenfrenada por controlar los recursos que la hacen posible. Los llamados minerales críticos, que engloban litio, cobalto, níquel, tierras raras o grafito, son hoy el petróleo del siglo XXI. Y, como en toda fiebre extractiva, el poder global vuelve a reordenarse en torno a su control. Estados Unidos, consciente de su vulnerabilidad, ha fijado su mirada en Asia, convertida en el epicentro de esta nueva pugna geoeconómica.

Durante décadas, el sistema internacional se articuló en torno a la energía fósil. Las guerras, las alianzas y los equilibrios diplomáticos se definían por el acceso al petróleo y al gas. Hoy, la transición hacia un modelo descarbonizado no ha eliminado la lógica extractiva sino que simplemente la ha transformado. Los combustibles fósiles dejan paso a los minerales necesarios para fabricar baterías, turbinas, semiconductores o paneles solares.

Estados Unidos, que durante buena parte del siglo XX disfrutó de autonomía energética y supremacía tecnológica, se encuentra ahora ante un escenario distinto, ya que depende de países terceros para acceder a recursos y procesos industriales clave. China, en cambio, ha logrado situarse como el principal actor en el refinado y procesamiento de muchos de estos materiales, acumulando una ventaja que no es solo económica, sino estratégica.

No es casual que la mirada de Washington se dirija hacia Asia. Allí se concentran buena parte de las reservas, las plantas de refinado y los nodos logísticos que sostienen la cadena global de valor de los minerales críticos. Indonesia, Filipinas, Australia, Tailandia o Malasia se han convertido en escenarios de una diplomacia intensiva, donde la retórica de la “cooperación verde” oculta en realidad una lucha por el control geoeconómico.

Estados Unidos intenta ahora replicar con los minerales la misma lógica que aplicó con los semiconductores, una reconfiguración de las cadenas de suministro para reducir su dependencia de China. Bajo la estrategia del friend-shoring, busca asegurarse materias primas en países aliados o políticamente afines, aun a costa de introducir nuevas asimetrías y tensiones regionales.

La paradoja es evidente, en nombre de la sostenibilidad, las potencias reeditan viejas dinámicas coloniales. Washington, como Bruselas, promueve su autonomía estratégica sin abordar de fondo las condiciones sociales y ambientales de la extracción. Indonesia, por ejemplo, se ha convertido en un laboratorio del capitalismo verde global donde recibe inversiones masivas en níquel, clave para las baterías, pero a costa de graves impactos ambientales y conflictos laborales.

El discurso de la “transición limpia” se desmorona cuando las comunidades locales siguen pagando el precio del progreso ajeno. Lo que se libra en Asia no es solo una disputa tecnológica, sino también moral, en donde hay que preguntarse quién se beneficia de la descarbonización y quién soporta sus costes.

Pero además, desde la perspectiva de la Casa Blanca, y pronto en el marco europeo, los minerales críticos son ahora una cuestión de seguridad nacional. El Departamento de Estado y el Pentágono los incluyen ya en su agenda estratégica, equiparando el acceso a estos recursos a la defensa del país. No se trata únicamente de mantener el liderazgo tecnológico, sino de evitar que China pueda “estrangular” las cadenas de suministro en caso de conflicto.

Este enfoque securitario, sin embargo, encierra un riesgo que no es otro que el de convertir la transición ecológica en un nuevo frente de la rivalidad sistémica entre potencias. Si cada actor busca su propia “autonomía” mediante la acaparación de recursos, el resultado será una transición desigual, marcada por la fragmentación del comercio global y la desconfianza mutua.

En este contexto, los países del Sur Global, aquellos que poseen las reservas y sufren las consecuencias ambientales, corren el riesgo de quedar atrapados entre las ambiciones de las grandes potencias.

Desde Europa, observamos esta pugna con una mezcla de impotencia y pragmatismo. La Unión Europea intenta construir su propia estrategia de materias primas, pero llega tarde. Washington y Pekín llevan años tejiendo redes de influencia, mientras Bruselas aún debate sobre estándares y reglamentos. El resultado es una posición subordinada que la obliga a alinearse, una vez más, con la estrategia estadounidense.

Paradójicamente, la UE podría desempeñar un papel mediador y cooperativo, apostando por una gobernanza global de los recursos que priorice la sostenibilidad y la equidad. Pero la tentación de sumarse al juego geopolítico de la “seguridad de suministro” parece pesar más que la voluntad de redefinir las reglas del juego.

El control de los minerales críticos podría ser una oportunidad para repensar el modelo global de desarrollo. Sin embargo, la competencia por asegurarlos reproduce las mismas dinámicas extractivistas que nos han llevado a la crisis climática actual. Estados Unidos, en su intento de reducir dependencias, está construyendo nuevas. Y los países asiáticos, lejos de emanciparse de ese ciclo, se ven atrapados entre la necesidad de atraer inversión y la pérdida de soberanía sobre sus propios recursos.

La pregunta es si la transición ecológica será una oportunidad para la cooperación o una nueva carrera por la hegemonía. Por ahora, la respuesta no es alentadora. Las grandes potencias siguen actuando con la lógica del siglo pasado: la de quien controla el recurso, controla el poder.

La pugna por los minerales críticos en Asia es solo el reflejo de un cambio de era. En el siglo XXI, el poder no se medirá únicamente por el tamaño del PIB o la capacidad militar, sino por el dominio de las infraestructuras tecnológicas y de los materiales que las hacen posibles. Washington lo sabe, y por eso ha puesto en marcha su nueva diplomacia de los recursos. Pero al hacerlo, reabre un debate más profundo: ¿es posible una transición energética global basada en la cooperación y la justicia, o estamos condenados a reproducir las mismas jerarquías bajo un barniz verde? De la respuesta a esa pregunta dependerá no solo el futuro de la economía mundial, sino también la credibilidad de un Occidente que dice querer salvar el planeta mientras perpetúa los mecanismos que lo condenan.

El recién anunciado “plan de paz” de Donald Trump para Gaza llega en un momento de extrema tensión internacional, cuando las imágenes del asedio y la destrucción continúan conmocionando a la opinión pública global y la indignación ciudadana se traduce en movilizaciones masivas en capitales de todo el mundo. Lejos de ser una propuesta orientada a resolver las causas estructurales del conflicto, el plan parece concebido como un instrumento de contención política. Un dispositivo orientado a la desactivación de la presión social sobre los gobiernos occidentales, crecientemente incómodos ante la evidencia de un genocidio retransmitido en tiempo real.

Las calles, las universidades, los sindicatos y los movimientos feministas han reactivado una ola de solidaridad con Palestina que no se veía desde principios de los años 2000. Las imágenes de manifestaciones multitudinarias en París, Londres, Berlín o Madrid, y la proliferación de campañas de boicot y denuncia pública han situado a los gobiernos europeos ante un dilema, el de mantener su alianza estratégica con Israel y con Estados Unidos o responder a una opinión pública que demanda coherencia con los valores de derechos humanos y justicia internacional que dicen defender. En ese contexto de creciente disonancia, la iniciativa de Trump funciona como un potente tranquilizante ya que proyecta la idea de que algo se está haciendo, que existe un horizonte de negociación, y que por tanto la presión social puede relajarse.

No es casual que, al tiempo que esto sucede, organizaciones como la Unión Europea de Radiodifusión, la UEFA o la FIFA hayan optado por aplazar o diluir los debates sobre la participación de Israel en sus competiciones y festivales. La cultura y el deporte, espacios donde el consenso moral suele manifestarse con más fuerza, se convierten así en laboratorios de gestión simbólica del conflicto. El mantenimiento de la normalidad y esquivar la ruptura forman parte de ese mismo dispositivo de contención que el plan de Trump encarna en el plano político y diplomático.

La llamada “tregua” llega, además, en el peor momento para Israel en términos de legitimidad internacional. Tras meses de bombardeos sobre población civil, con informes de Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos denunciando violaciones sistemáticas del derecho internacional, el aislamiento diplomático de Israel se hace cada vez más visible. Incluso Washington empieza a percibir el riesgo de un coste reputacional excesivo. La única garantía de seguridad para Tel Aviv, hoy por hoy, no reside en su superioridad militar, sino en la capacidad de Estados Unidos para frenar o modular los impulsos más extremos de un Gobierno israelí cada vez más dominado por la ultraderecha religiosa.

En este escenario, la figura de Trump irrumpe con su habitual teatralidad, erigiéndose en mediador providencial, aunque su propuesta se asemeje más a un show geopolítico que a un proceso de negociación real. Su discurso ante la Knéset fue revelador. Allí habló de “un Israel más fuerte y más grande”, planteando la paz no como un objetivo común, sino como el resultado de la victoria de unos sobre otros. “La paz se construye a través de la fuerza”, afirmó, condensando en una sola frase toda la lógica imperial que atraviesa su pensamiento.

Esa concepción de la paz como imposición, y no como reconciliación, revela la continuidad de un paradigma colonial que niega la existencia política de Palestina y reduce el conflicto a un problema de seguridad israelí. En esta narrativa, los palestinos son sujetos administrados, no actores con derechos. No hay mención alguna a la descolonización de los territorios ocupados, ni a la reparación de las víctimas, ni mucho menos a mecanismos de rendición de cuentas para quienes han violado sistemáticamente el derecho internacional. Olvídense de ver a Netanyahu y a su Gobierno juzgados por el Tribunal Penal Internacional.

Trump no pretende disimular su desprecio por los procesos multilaterales ni su preferencia por los acuerdos bilaterales entre “fuertes”, en los que el poder sustituye al derecho. En su puesta en escena, cuidadosamente diseñada para los medios, no faltaron las referencias simbólicas donde sus aliados le presentaron como una suerte de Ciro el Grande, el emperador persa que permitió el retorno de los judíos a Jerusalén. Un guiño a los sectores más religiosos del sionismo, pero también a su propia base evangélica estadounidense. La operación, con tintes hollywoodienses, persigue reconstruir el mito del salvador occidental que devuelve la estabilidad al “caos oriental”, una narrativa colonial que ha acompañado a Occidente desde el siglo XIX.

Sin embargo, detrás de la pompa y los discursos grandilocuentes, el plan de Trump carece de los elementos básicos de cualquier proceso de paz creíble. No hay calendario, no hay mecanismos de seguimiento, ni se establecen incentivos ni sanciones. Tampoco hay compromiso alguno con la justicia internacional, ni reconocimiento de los derechos nacionales de Palestina. Es, en definitiva, una tregua sin contenido, un alto el fuego diseñado para ganar tiempo y aliviar la presión social, no para transformar la realidad sobre el terreno. O, mejor dicho, para permitir a su yerno y a sus amigos constructores hacer negocios.

En términos geopolíticos, este tipo de operaciones sirven para reordenar los tiempos del conflicto más que para resolverlo. Mientras se proclama una “nueva etapa”, los asentamientos continúan expandiéndose, las detenciones arbitrarias se multiplican y la población palestina sigue viviendo bajo un régimen de ocupación y apartheid. La tregua se convierte así en un mecanismo de normalización del statu quo, presentado como gesto de buena voluntad.

La Unión Europea, por su parte, observa en silencio, atrapada entre su dependencia estratégica de Washington y la creciente desafección de sus propias sociedades hacia una política exterior percibida como hipócrita y subordinada. Bruselas continúa sin articular una posición autónoma que vincule el apoyo a Israel con el respeto efectivo al derecho internacional. Se repite, una vez más, la inercia que ha caracterizado la política europea en Oriente Medio; aquella de los que denuncian las consecuencias, pero nunca las causas.

Al final, lo que el “plan de Trump” revela no es una voluntad de paz, sino la persistencia de un orden internacional que sigue considerando aceptable la desigualdad entre pueblos. La paz no puede construirse sobre la negación del otro, ni puede imponerse desde los despachos de quienes financian la guerra. Mientras la descolonización de Palestina no se coloque en el centro del debate, cualquier iniciativa que se presente como solución no será más que una pausa táctica, un paréntesis en la violencia.

En los últimos días, gobiernos, organismos internacionales y buena parte de la prensa internacional han celebrado lo que ha sido presentado desde la Casa Blanca como un “histórico acuerdo de paz” para Gaza. Se ha aplaudido como un avance hacia la estabilidad en Oriente Próximo y el fin de una de las tragedias más prolongadas de nuestro tiempo. Sin embargo, basta un análisis mínimamente riguroso para comprobar que lo que se ha negociado entre Trump y Netanyahu poco tiene de paz y mucho de ultimátum. El texto que se ha firmado constituye una imposición unilateral, carente de legitimidad, que ignora las demandas históricas del pueblo palestino y que abre la puerta a un nuevo protectorado de corte neocolonial.

La primera evidencia es clara puesto que los palestinos no han participado en la negociación. No se ha tratado de un proceso de diálogo, sino de un dictado. A los palestinos se les ha relegado al papel de receptores pasivos de condiciones previamente pactadas entre Israel y Washington, y consultadas con varios países árabes. Presentar esto como un acuerdo de paz es una manipulación semántica, no hay paz sin la participación de ambas partes en pie de igualdad.

El resultado es un marco diseñado a la medida de las necesidades de seguridad de Israel y de los intereses geopolíticos de las potencias occidentales, pero que deja fuera cuestiones fundamentales tales como el fin de la ocupación en Cisjordania, el desmantelamiento de los asentamientos ilegales, el derecho al retorno de los refugiados, el estatus de Jerusalén Este o el reconocimiento pleno de un Estado palestino, y deja reducido el problema a una mera gestión humanitaria en Gaza.

El foco exclusivo en la franja de Gaza fragmenta la causa palestina y la convierte en un asunto administrativo. Se oculta que el conflicto no es un accidente humanitario, sino un problema político que hunde sus raíces en décadas de ocupación y colonización. Al limitar el debate a Gaza, se despolitiza la lucha palestina, se invisibiliza a Cisjordania y Jerusalén Este, y se normaliza la exclusión de millones de refugiados. Se ofrece de este modo una solución parcial y cómoda para quienes buscan estabilizar la región y pasar página lo más rápidamente posible.

Se insiste en que el acuerdo trae consigo “paz”. Pero una auténtica requiere justicia, derechos y reconocimiento mutuo. Lo firmado no es más que un alto el fuego prolongado, destinado a garantizar el statu quo y a consolidar la hegemonía israelí. La experiencia de Oslo debería servir de advertencia: un acuerdo incompleto, asimétrico y carente de garantías no resuelve el conflicto, solo lo congela hasta la siguiente explosión. Hoy corremos el riesgo de repetir esa historia.

Otro elemento clave es la implicación de los países árabes, presentados como mediadores. Egipto, Arabia Saudí, Jordania o Emiratos Árabes Unidos han avalado el texto no por compromiso con Palestina, sino por unos intereses propios que les permitan reforzar sus regímenes, asegurar la benevolencia de Estados Unidos y mejorar su posición regional.

Su apoyo ha servido para dotar de legitimidad a una imposición que en realidad debilita a los palestinos. La contradicción es evidente, en público mantienen la retórica de solidaridad, en privado consolidan el aislamiento de Palestina.

Pero sin duda, el aspecto más preocupante de este pacto es su carácter neocolonial. Gaza queda configurada como un territorio tutelado desde fuera, sin soberanía ni capacidad de decisión propia. Se establece de facto un protectorado administrado bajo supervisión internacional, como si los palestinos no pudieran gobernarse por sí mismos. La propuesta de colocar al frente de esta “administración” a figuras como Donald Trump o Tony Blair ilustra perfectamente su ilegitimidad. Ambos simbolizan la injerencia externa y el desprecio por el derecho internacional, Blair como arquitecto político de la guerra de Irak y Trump como impulsor de la llamada “normalización” árabe-israelí que relegó a Palestina a un problema menor. En manos de personajes así, la tutela de Gaza no puede interpretarse de otra manera que como una reedición de los viejos protectorados coloniales del siglo XIX. Con esta fórmula, el destino palestino vuelve a decidirse en despachos extranjeros, en función de cálculos estratégicos y no de derechos. La soberanía palestina queda vaciada, sustituida por una administración internacional que perpetúa la dependencia y la humillación.

La Unión Europea tampoco escapa a la crítica. Siempre presta a proclamarse garante de los derechos humanos, ha preferido esta vez aplaudir una solución que congela el conflicto y evita incomodidades diplomáticas. Pero al hacerlo, legitima la imposición como método y renuncia a defender el derecho internacional.

Esta normalización de la fuerza como sustituto de la política es un precedente peligroso. Lo que se está erosionando no es solo la causa palestina, sino la propia vigencia de un orden mundial basado en reglas. El documento firmado no abre la puerta a la paz, sino a una pausa precaria. No resuelve las causas del conflicto, no reconoce las demandas históricas del pueblo palestino y no ofrece un horizonte de igualdad. Es un cierre en falso, diseñado para tranquilizar a la opinión pública internacional y reforzar a quienes buscan mantener el control de la región.

Si realmente se quisiera construir la paz habría que reconocer la existencia de un Estado palestino soberano, desmantelar las colonias, levantar el bloqueo de Gaza, garantizar el derecho al retorno de los refugiados y establecer mecanismos internacionales de verificación. Y, sin embargo, nada de eso aparece en este acuerdo.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.