Tal como las encuestas preveían, la Unión de cristianodemócratas (CDU) y socialcristianos bávaros (CSU) ha ganado las elecciones al Bundestag, la cámara legislativa que deberá elegir al nuevo canciller alemán y respaldar a su gobierno, aunque con unos resultados por debajo de lo esperado. La participación ha alcanzado un histórico 83%, 6,6 puntos más que la precedente, un claro indicio de que la población alemana está muy preocupada ante la situación interna, europea, y mundial.

La Unión ha obtenido un 28,5% de los votos emitidos, 4,3 puntos más que en las elecciones anteriores, aunque es el segundo resultado más bajo de su historia. Tal vez ha cedido votos a los ultraderechistas de Alternativa para Alemania (AfD), quizá por su política pasada de apertura a los refugiados, que intentó compensar aprobando medidas restrictivas con los extremistas. Su líder, Friedrich Merz, será el próximo canciller, pero tendrá que buscar el apoyo de otros partidos para su gobierno, como es tradición en Alemania, donde solo ha habido un gobierno de un único partido en 1961.

El gran perdedor, sin sorpresas, es el partido socialdemócrata, SPD, del canciller Olaf Scholz, que ha bajado más de nueve puntos, del 25,7% al 16,5%, cayendo al tercer puesto con el peor resultado de su historia. El gobierno tripartito –junto a los liberales y los verdes– se encontró, tres meses después de su toma de posesión, con el inicio de la guerra en Ucrania, que afectó a Alemania más que a ningún otro país, aparte de a los protagonistas. La ruptura con Moscú dañó gravemente la economía del país, porque bloqueó sus exportaciones a Rusia, y porque tuvo que prescindir del gas barato ruso, lo que supuso un aumento en la factura de este combustible, el más importante por el fin de la energía nuclear, de más de un 70%, con una fuerte repercusión en la industria. El PIB entró en recesión en 2023 con tres décimas negativas y en 2024 con dos. Tuvo además un gran impacto en la inflación, que es la peor pesadilla de los alemanes.

Los ciudadanos notaron esta situación en su nivel de vida, y creció la incertidumbre, que los alemanes odian especialmente, lo que ha contribuido a la recesión, por la retracción del consumo, y finalmente ha sido la principal causa del descalabro electoral del SPD. Pero no la única. La población alemana se ha sensibilizado ante el problema de la migración y el asilo, no solo por la campaña de la ultraderecha –a la que también ha contribuido la Unión–, sino por el efecto de los numerosos atentados cometidos por inmigrantes. La percepción generalizada es que el gobierno de Scholz no había hecho lo suficiente para enfrentar este problema. A ello se ha unido el temor a que la guerra en Ucrania escale, y la descomposición de la coalición por discrepancias presupuestarias, que forzó al canciller a convocar elecciones anticipadas.

El mayor éxito, también anunciado, ha sido el de la ultraderechista AfD, que casi duplica su porcentaje, del 10,4% al 20,4% y se convierte, en su cuarta participación en unas elecciones federales, en el segundo partido más votado. Se ha beneficiado de las subidas de precios y las dificultades económicas que han afectado principalmente a los länder del este y a los trabajadores menos cualificados, pero, sobre todo, del recelo ante la inmigración y el asilo a la que antes nos hemos referido, un asunto que ellos prometían resolver drásticamente con la remigración, es decir, echándolos a todos. Y también de la influencia de la ola de pensamiento extremista que recorre Europa, palpable en las últimas elecciones al Parlamento europeo y reforzada con la reelección de Donald Trump como presidente de EEUU, que, amplificada por las redes sociales, ha atraído a muchos jóvenes y trabajadores con bajos salarios.

De todas formas, AfD no va a entrar en el gobierno federal, porque Merz ha dicho ya que va a respetar el “cordón sanitario” que ha funcionado hasta ahora en Alemania y no va a pactar con ellos. Los demócratas alemanes están cada vez más sensibilizados ante el ascenso de un partido extremista que se ha ido radicalizando más a medida que crecían sus expectativas electorales y con la salida de sus miembros más moderados, y que trae recuerdos terribles en el país que sufrió el nazismo. Ahora, intentará aprovechar su posición de principal partido de la oposición para incrementar su apoyo, si la economía no mejora lo suficiente. Pero también es posible que con este impactante éxito haya llegado a su techo, si el nuevo gobierno toma medidas para controlar la migración y asilo, lo que es muy probable, y —sobre todo— si la economía alemana remonta, algo que sucederá seguramente con el final de la guerra en Ucrania, porque Alemania será uno de los países más activos en su reconstrucción, que conllevará sin duda una sensible reactivación económica en toda Europa. 

Sin AfD, las opciones que le quedan al nuevo canciller para armar una mayoría parlamentaria suficiente son pocas, y en todas ellas tiene que entrar necesariamente el SPD. Merz ha declarado que quiere conseguirla con rapidez, ya que ni la situación interna, ni la europea y mundial, permiten muchas dilaciones. La izquierda de Die Linke ha obtenido un muy buen resultado subiendo del 4,9% al 8,7%, pero la Unión jamás pactará con ellos, antes lo haría con AfD. Los Verdes son los que menos han perdido de la coalición, del 14,7% al 11,6%, pero están enfrentados con la CSU. Los liberales, castigados tal vez por hacer caer la coalición o porque la economía del gobierno saliente estaba en sus manos, no llegan al 5% y quedan fuera del Bundestag, y la rojiparda BSW se queda por ahora con el 4,97%, a tres centésimas de entrar en él.

En este escenario, la gran coalición Unión-SPD tendría una mayoría suficiente, aunque no holgada —12 escaños—, y será sin duda la opción que prosperará. Solo si finalmente BSW entrara en el Bundestag –apenas le faltan unos miles de votos– ese acuerdo no bastaría y habría que ir a un tripartito con los verdes, que conformaría un gobierno más problemático y mucho menos estable. En Alemania solo ha habido tripartitos en las dos primeras legislaturas desde la creación de la República Federal, 1950-1958 y en la última, que como hemos visto no ha acabado muy bien.

La gran coalición puede funcionar, como lo hizo, con algunos problemas pero aceptablemente, en 2005, 2013 y 2017. Por supuesto, existen diferencias entre los socios. La más importante sobre la futura política de migración y asilo, que la Unión quiere endurecer por la presión del ascenso de AfD. Como siempre, el mayor peligro de la ultraderecha no es tanto su resultado –aunque en este caso es muy bueno– sino cómo contamina la política de la derecha democrática, que tiende a inclinarse hacia sus planteamientos para no perder demasiados votos, y la Unión cae en esa trampa.

También las cuestiones económicas y presupuestarias pueden ser un problema. Habrá que ver si la coalición mantiene el zeitenwende que Scholz puso en marcha al principio de la guerra en Ucrania, en favor de un rearme alemán, que ahora sintoniza con las exigencias de Trump pero minora otras partidas presupuestarias de carácter social y la inversión en transición ecológica, y cómo se aborda en tiempos de recesión la limitación del déficit impuesta por el Tribunal Constitucional, porque una política de austeridad excesiva podría causar descontento en la población y favorecer a AfD.

Merz no va a poder evitar hacer frente a la situación política europea e internacional, que las primeras medidas de la segunda presidencia de Trump han puesto patas arriba. Los aranceles que ya ha impuesto el presidente de EEUU, y los que anuncia, van a afectar mucho a la industria alemana, en particular a la de automoción, y su radical giro sobre la guerra en Ucrania y las relaciones con Rusia afectan muy directamente a Alemania, a la que se niega –como a toda Europa– cualquier participación en el final de una guerra que ella ha contribuido en gran manera a mantener. Alemania se vería favorecida por la paz en Ucrania, y más aún si pudiera reanudar –a medio plazo– las relaciones con Rusia, pero ese camino no es nada fácil, y para Berlín una paz injusta y débil, impuesta por Washington, puede ser una fuente de inestabilidad en el futuro.

La Unión Europea está expectante, porque Alemania sigue siendo su primera potencia económica y su miembro más poblado. Las decisiones que tome el nuevo gobierno alemán, tanto en política exterior como en la regulación de la emigración y el asilo, o en política económica, van a repercutir de forma muy importante en el resto de sus socios. Si opta por retraerse para ocuparse de solucionar sus problemas internos y renuncia a su liderazgo europeo, como ha hecho en parte Scholz, la Unión no tendrá fuerza suficiente para enfrentarse al matonismo de Trump y marcar su propia agenda.

Pero también cabe la posibilidad de que el ascenso de AfD y la hostilidad de la administración Trump, que se ha permitido apoyar descaradamente a la extrema derecha, e incluso criticar duramente por boca del vicepresidente Vance en Múnich –y en plena campaña electoral– a la democracia alemana y europea, empujen a Merz hacia una posición más europeísta y proactiva, y a asumir un liderazgo de la Unión que Alemania, ocupada en la reunificación, en la cuestión migratoria y en el relanzamiento de su economía, no ha ejercido desde la época de Willy Brandt, o de Helmut Kohl.

Esperemos que este último sea el camino que adopte el gobierno que salga de estas elecciones, porque la Unión Europea necesita a Alemania, tanto como Alemania necesita a Europa, en especial en estos tiempos difíciles en los que la potencia mundial en la que siempre han confiado los europeos les da la espalda, y en los que la extrema derecha cabalga sin freno a lomos de la desinformación y la xenofobia.     

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José Enrique de Ayala es analista de la Fundación Alternativas.

Después de trece años de guerra civil, el súbito derrumbe del régimen de Bashar Al Asad en Siria, tras una ofensiva fulgurante de los rebeldes que ha durado apenas diez días, tendrá sin duda repercusiones importantes en el equilibrio y relación de fuerzas en una región que está en llamas, principalmente por la confrontación abierta de Israel con el llamado "eje de resistencia" dirigido por Irán –al que también pertenecía el derrotado régimen sirio–, en cuyo marco continúa el genocidio en Gaza y Cisjordania, en Líbano se tambalea la tregua, y en Yemen se acentúa la guerra civil. Este rápido hundimiento no es solo una derrota de Al Asad, sino también de los que le apoyaban: el régimen de los ayatolás en Irán, la milicia chií Hezbolá, y Rusia, que tenía en Siria su único aliado árabe.

Es precisamente la ausencia o debilidad actual de los apoyos externos de Al Asad, que le habían permitido resistir hasta ahora, lo que ha precipitado su caída. Su principal valedora, Rusia, implicada a fondo en ganar posiciones en la guerra en Ucrania ahora que la vuelta de Donald Trump a la presidencia de EEUU puede acelerar su fin, no estaba en condiciones de prestar un apoyo como en el que en 2015 detuvo a los rebeldes, aunque su aviación ha hecho en los últimos días algunos bombardeos sobre los rebeldes y la población civil. Irán está en una situación económica delicada a causa de las prolongadas sanciones y se concentra en prepararse para un posible choque directo con Israel que Trump podría propiciar. Y la milicia chií Hezbolá está diezmada por la guerra en Líbano, e intentando recuperarse.

Sin el apoyo masivo ruso, y sin las armas que Moscú apenas le proporciona desde hace casi tres años, sin los destacamentos de la guardia revolucionaria iraní y los milicianos chiíes que siempre formaron la punta de lanza de sus fuerzas, el Ejército Árabe Sirio de Al Asad, poco motivado, mal pagado y mal equipado, ha presentado muy poca resistencia a la ofensiva que inició la milicia yihadista Hayat Tahrir al-Sham el 27 de noviembre desde la región de Idlib, donde era mayoritaria, a la que se fueron uniendo otros grupos islamistas y milicias sunníes integradas en el Ejército Libre Sirio (ELS), así como las milicias kurdas desde el este, e incluso las drusas desde el sur.

Al Asad, perteneciente a la rama chií alauita, minoritaria en Siria, heredó de su padre en el 2000 un régimen laico pero dictatorial y opresor, que mantuvo la unidad del país y una relativa paz hasta que en 2009 empezaron las protestas en el marco de la primavera árabe, duramente reprimidas, que dieron lugar al inicio de la guerra civil. Los rebeldes fueron apoyados inmediatamente —y quizá instigados— por EEUU, Turquía, Arabia Saudí y las monarquías del Golfo, sin cuya ayuda difícilmente hubieran podido prosperar. Un apoyo que no sería ajeno al rechazo por el régimen sirio, precisamente en 2009, del oleoducto propuesto por Qatar para llevar su gas hasta Turquía, y de allí a Europa a través de Arabia y Jordania. Por su parte, Israel, que se había anexionado ilegalmente en 2019 los altos del Golán, con la aprobación del entonces presidente Trump, ha bombardeado el país más de 150 veces desde el inicio de la guerra, contra instalaciones iraníes, pero también contra la población siria.

En estos trece años, en Siria han confluido todas las tensiones y conflictos imaginables en la región. El enfrentamiento entre chiíes –siempre apoyados por Irán—y sunníes –siempre apoyados por Arabia Saudí y las monarquías del Golfo–, entre yihadistas y laicos, entre kurdos y turcos, entre drusos y árabes, entre un poder dictatorial y un pueblo sometido y empobrecido. Esto ha dado lugar a que en el escenario de la guerra civil se hayan movido una miríada de grupos, milicias, ejércitos, coaliciones de circunstancias, muy diversos, con objetivos diferentes, a veces enfrentados entre sí, alimentados y movidos por las potencias externas a las que nos hemos referido, cuyos intereses no han sido tampoco siempre coincidentes. Se llegó a dar el caso, en 2016, de que Turquía estuviera atacando a los kurdos, aliados directos en ese momento –en la lucha contra el Estado Islámico— de EEUU, que tenía tropas en su zona, sin que afortunadamente ambos llegaran a un enfrentamiento directo.

Esta división múltiple de la oposición al régimen hace que el escenario que se abre ahora, una vez conseguido el objetivo común, se presente extraordinariamente complicado. Es de suponer que Turquía, Arabia Saudí y EEUU intenten buscar un acuerdo —aunque la transición entre dos administraciones no sea el mejor momento para Washington– para impulsar a sus respectivos protegidos a entenderse y establecer un marco político siquiera provisional que mantenga la paz, al menos hasta que el panorama se aclare y pueda haber elecciones libres o se consolide un equilibro estable de las fuerzas en presencia, que permita la convivencia aunque sea con un reparto territorial. Pero no será fácil.

El líder mejor situado en la victoria de los rebeldes, Abu Mohammad al Yulani, es un yihadista radical, seguidor de Osama bin Laden, que combatió en Irak contra EEUU y fundó en 2012 Jabbat al Nusra, la rama de Al Qaeda en Siria, que llegó a estar asociada con el grupo Estado Islámico (EI) y después se transformó en Tahrir al Sham y creció hasta convertirse en el grupo principal del bando rebelde sirio. Es muy difícil que pueda entenderse con los grupos moderados que son mayoría en ELS, e imposible que lo haga con los kurdos, que han establecido en el noreste su región autónoma, Rojava, basada en la democracia directa y el feminismo. Tampoco los kurdos pueden convivir con el ELS, apoyado por Turquía, que les ataca sin tregua. Ni el ELS formado casi exclusivamente de sunníes con las minorías alauitas. Ni ninguno de ellos con los turcomanos, los drusos del sur o con los restos del EI que quedan en las zonas menos pobladas. Ampliando más el foco, habrá que ver si Turquía está dispuesta a retirarse del territorio que ocupa en el norte de Siria y si Rusia está dispuesta a abandonar la base naval de Tartús, la única que tiene en el Mediterráneo, o se ve obligada a ello. Y constatar cómo actuarán ahora EEUU, Arabia Saudí o Qatar.

Seguramente los sirios que se rebelaron masivamente contra el régimen alauita tenían muy buenas razones para hacerlo. Pero las razones o los objetivos de los actores externos, que han alimentado la guerra hasta hacerla la más sangrienta y catastrófica del siglo XXI, tenían muy poco que ver con los problemas y deseos de la población del país, sino con intereses propios, políticos o económicos. Tanto los que apoyaban a los rebeldes como los que sostenían a Al Asad han conseguido hacer de Siria un país destruido y dividido que tardará mucho en conseguir recuperarse, si es que alguna vez lo hace, o puede caer ahora en manos de un régimen yihadista. Ni 600.000 muertos, la mitad civiles, ni cinco millones de refugiados y ocho millones de desplazados han sido suficientes. Los poderosos seguirán persiguiendo sus intereses, aunque la paz no suceda a la victoria y la muerte y el dolor sigan arrasando Siria. 

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José Enrique de Ayala es analista de la Fundación Alternativas.

La respuesta que Irán dio en la madrugada del pasado domingo al ataque israelí a su consulado el 1 de abril –en el que murieron 13 personas incluidos dos generales de la Guardia Revolucionaria–, lanzando sobre territorio israelí hasta 320 misiles y drones, es la primera acción militar directa no encubierta que resulta de la hostilidad entre ambos países, iniciada en 1979, con la llegada al poder en Teherán del régimen de los ayatolás, uno de cuyos principios fundacionales es precisamente la destrucción del Estado de Israel. Antes había habido numerosos actos hostiles por ambas partes, pero siempre de forma indirecta o encubierta. Por parte de Irán, el apoyo a milicias chiíes en Irak, Siria y Líbano, principalmente Hizbullah, que han hostigado continuamente a Israel, y también a grupos sunníes enemigos de Israel como Hamas o la Yihad Islámica. Por parte de Israel, numerosos atentados que acabaron con la vida de cuatro científicos nucleares iraníes, otros con explosivos, incluido uno en la central nuclear de Natanz y ataques informáticos, siempre contra instalaciones o sistemas que pudieran dar acceso a Irán a una capacidad nuclear.

Este episodio actual es cualitativamente diferente, y muy grave. Es muy significativo que, en plena guerra en Gaza, con las Fuerzas de Defensa de Israel absolutamente involucradas en la destrucción sistemática de la franja, al gobierno israelí se le ocurriera que era un buen momento para bombardear el consulado iraní en Damasco, que no representaba ningún peligro para su seguridad, pero produciría previsiblemente una reacción hostil de su principal –casi único– enemigo en la región. No es difícil considerar que se trató de una operación calculada precisamente para provocar esa reacción que ayudaría a revivir la imagen de víctima de Israel y con ella a recuperar parte del apoyo de la comunidad internacional que estaba perdiendo a raudales ante la conmoción causada por las imágenes de la masacre de la población civil palestina. En efecto, el contraataque iraní ha suscitado una oleada de indignación y condenas en los países occidentales, incluidas reuniones extraordinarias del G7 y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y un unánime apoyo a Israel, mientras que el ataque israelí al consulado de Irán –un ataque a un país soberano con el que no está en guerra– no mereció el mínimo reproche de la comunidad internacional.

En lo que se refiere a acciones militares, Israel hace lo que quiere cuando quiere con total impunidad y absoluto desprecio de cualquier legislación internacional, derecho humanitario, convenciones o leyes de la guerra, y ajeno por supuesto a cualquier crítica de organizaciones internacionales o humanitarias, o de otros gobiernos, que despacha cínicamente con el calificativo de “antisemitas”, sea cual sea la crítica que recibe o la barbaridad que ha cometido. Parece como si el hecho de que el pueblo judío sufriera el Holocausto –uno de los peores genocidios de la historia de la humanidad– diera a sus descendientes o hermanos en la religión una patente de corso para actuar allí donde lo considere oportuno, en la forma que decida, sin ningún límite, y sin necesidad de haber recibido un ataque previo, ni mucho menos de que exista una declaración formal de guerra. 

Desde luego Israel ha vivido desde su fundación rodeada de enemigos que negaban su derecho a existir, a los que poco a poco ha ido neutralizando con acciones militares y políticas, siempre a la sombra de su gran padrino político, EEUU, sin cuya protección y ayuda probablemente hubiese sucumbido, y por supuesto no se hubiera podido permitir las ilegalidades y crímenes que ha cometido en nombre de su supervivencia. Después de tanto luchar para resistir, Israel se ha convertido de víctima en verdugo, y habría que estudiar sociológicamente cómo su población ha aceptado esa transición sin inmutarse. Décadas de vivir bajo presión y amenaza han transformado a Israel en un Estado militarista y ultranacionalista, hasta el punto de vincular la nacionalidad con la religión. En 2018, una ley orgánica definió a Israel como el Estado nación del pueblo judío, lo que evidentemente excluye y deja en un limbo político a los ciudadanos que no profesan esa religión. Un Estado basado en ese fundamento no puede ser un Estado democrático, aunque tenga elecciones y separación de poderes, porque parte de su población queda apartada de la res publica solo por sus creencias.

Ninguna democracia hubiera soportado la masacre por sus fuerzas armadas de 35.000 civiles, incluidos más de 15.000 niños, para responder a los atentados terroristas de unos pocos centenares de milicianos radicales, por crueles que fueran. Muchos países han sufrido atentados terroristas y no se han permitido una venganza de esa magnitud sobre personas inocentes cuyo único delito ha sido pertenecer al mismo grupo étnico que los que causaron 1.200 víctimas el 7 de octubre. Unos atentados absolutamente deleznables y rechazables como cualquier violencia que se ejerce contra civiles inermes e inocentes. Pero que no vienen de la nada. Vienen de siete décadas de dominación, opresión, miseria y violencia, sufrida por el pueblo palestino a manos de Israel, que ha bombardeado la franja siempre que ha querido, durante años, decenas de veces, destruyendo edificios y vidas de civiles, mujeres, niños. Hay que insistir en que esto no justifica en absoluto el terrorismo, pero menos se justifica una acción militar indiscriminada contra la población civil como represalia a las acciones de unos pocos. 

Recientemente, la relatora especial de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, ha calificado la acción de Israel en Gaza como genocidio, y solo puede dársele la razón porque los que están muriendo en Gaza –no solo por las armas sino también de hambre o por falta de recursos médicos–, y los que están muriendo en Cisjordania a manos de los colonos, y en Jerusalén, no mueren por ser terroristas –los niños de seis años no son terroristas–, mueren por ser palestinos. Es una auténtica vergüenza, indigna de la humanidad, que esta carnicería se esté consintiendo, que asistamos impasibles a la muerte violenta de miles de niños sin hacer nada por impedirla. ¿Hasta qué punto de miseria moral nos ha conducido nuestro egoísmo, nuestro deseo de vivir cómodamente sin enfrentarnos a los poderosos?

Fuera del territorio histórico de Palestina, Israel ha hecho y deshecho también cuanto y cuando le ha convenido. Ha invadido Líbano dos veces (1982, 2006), además de bombardear y ocupar la franja sur del país repetidamente. Se ha anexionado ilegalmente los Altos del Golán sirios –conquistados en la guerra del Yom Kipur– y ha bombardeado Siria, incluido Damasco y sus principales aeropuertos, cuando le ha parecido oportuno. Siempre en respuesta a ataques generalmente inocuos de las milicias islamistas que se refugian en esos países, o simplemente con carácter preventivo o de castigo. También ha atacado con frecuencia intereses o a nacionales iraníes en otros países. Ninguna de esas acciones ha recibido reproche internacional en forma, por ejemplo, de sanciones como las que han sido impuestas a Rusia por su invasión de Ucrania.

No obstante, hay un salto cualitativo en el ataque directo a un consulado, que oficialmente es territorio iraní. Teherán tenía que responder y lo ha hecho con una operación calculada, anunciada y limitada para evitar que Israel se sienta obligado a elevar la escalada un nivel más, entrando en una espiral que solo podría conducir al enfrentamiento total y directo, y con él a un conflicto generalizado con consecuencias catastróficas, no solo para la región sino para todo el mundo, de efectos políticos, militares y económicos incontrolables. Parece que Israel y su gran valedor –EEUU– lo han entendido así, y a ello han ayudado los escasos daños producidos por el ataque, previsibles dada la eficacia del sistema de defensa aérea israelí, auxiliada en este caso por medios antiaéreos y antimisiles de EEUU, Reino Unido, Francia y Jordania. No obstante, es previsible que Israel responda con alguna acción militar, todavía por definir. Pero será probablemente una acción limitada, acordada previamente con Washington, porque a nadie le interesa aumentar la tensión hasta provocar un estallido total, y menos que a nadie al presidente Joe Biden, en período electoral, con parte de sus posibles votantes –liberales y musulmanes– reprochándole su actitud pasiva ante la matanza de palestinos. Esperemos que el conflicto abierto entre los dos países se mantenga en esos límites por el bien de todos.

Pero, aunque así sea, la tensión y la violencia en la zona no desaparecerán. Ni la muerte ni la destrucción. Ni el odio, que crece cada día y anuncia nuevas y peores tormentas. No desaparecerán mientras Israel no actúe como un país realmente democrático, a pesar de los peligros que afronta. Hasta que la comunidad internacional se plante y exija a Israel, y a su patrón –EEUU– el respeto estricto a las leyes internacionales humanitarias y de la guerra. Israel tiene derecho a existir, y tiene derecho a fronteras seguras. Nadie puede negarle su derecho a defenderse, pero eso no incluye en ningún caso las detenciones arbitrarias, los asesinatos, la matanza de la población civil, los ataques y bombardeos arbitrarios a otros países de su entorno como el que ha llevado a la crisis actual. Irán no es Líbano ni Siria, se trata de un país de cerca de 90 millones de habitantes, integrado en la Organización de Cooperación de Shanghái, junto con China, Rusia, India, Pakistán y cuatro países más de Asia central. Estamos permitiendo que Israel encienda alegremente una cerilla encima de un barril de pólvora que nos puede hacer saltar a todos por los aires.

La Unión Europea tiene una especial responsabilidad en este asunto, ya que es el principal aliado de EEUU y parte de sus miembros, como Alemania o Austria, son grandes valedores de Israel. Muchos países europeos siguen exportando armas allí en medio de la matanza de Gaza y de la crisis con Irán. La Unión tiene en su mano disuadir a Israel de su actitud agresiva y de ulteriores escaladas, a través de la herramienta de las relaciones económicas y comerciales. Debería usarla, no en contra de los israelíes, sino para promover la paz y salvar miles de vidas. No lo hará, porque falta voluntad, autonomía estratégica respecto a EEUU y –sobre todo– unidad. A no ser que los ciudadanos, con suficiente firmeza y tenacidad, lo exijamos.

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José Enrique de Ayala es analista de la Fundación Alternativas.