El ocho de marzo siempre es un día especial por lo que recordamos y celebramos, pero sobre todo por lo que reivindicamos. Por eso este año es especialmente importante, porque no estamos en un momento cualquiera de cualquier año. La reacción ya no es una amenaza futura, es una realidad que ataca en este mismo momento derechos y hace retroceder conquistas que creíamos ganadas. Lo que está ocurriendo es la constatación de algunas verdades de las que el feminismo y el pensamiento progresista nos llevan advirtiendo mucho tiempo. Verdades como que a cualquier período de avances en igualdad, sucede una reacción de quienes temen y odian la justicia que implica esa igualdad. Verdades como que la igualdad y la democracia nunca son un objetivo cumplido ni un trabajo terminado. Son siempre un horizonte hacia el que avanzar, una promesa siempre renovada de defender la libertad ante nuevas injusticias, nuevas desigualdades, nuevas amenazas como las que hoy vivimos.

Este es el momento de cumplir esa promesa y de hacer honor a nuestro compromiso con la igualdad. Es el momento de reafirmar la democracia y los derechos humanos. De reforzar lo más digno y lo más valioso que hemos construido, unidos por primera vez en la historia, los seres humanos: la igual libertad para todos, hombres y mujeres por igual. Hoy, este 8 de marzo, se trata de avanzar, se trata de organizarnos más y mejor; en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestros países, en los organismos internacionales, en las instituciones y las empresas.

Hay un lazo que une democracia e igualdad entre hombres y mujeres. En España lo conocemos bien, la democracia y la igualdad avanzan y retroceden juntas porque no se puede entender lo uno sin lo otro. Por eso defender el feminismo es defender la democracia. Avanzar en igualdad es fortalecer nuestra democracia y es trabajar, esto es muy importante hoy, para la justicia y la paz. Esa es la convicción del ministerio que dirijo y del Gobierno de España. Por ello trabajamos desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a través de nuestra Política Exterior Feminista, una de las grandes prioridades de nuestra acción exterior.

Por eso España publicará el nuevo Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad este año, coincidiendo con el 25 aniversario de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad de Naciones Unidas. Si la desigualdad no conoce fronteras, tampoco debe conocerlas la lucha contra la desigualdad y con ese principio actuamos en Afganistán. Desde la toma de poder por parte de los Talibán, el Gobierno de España ha defendido que las mujeres deben ser incluidas en todos los diálogos políticos que se celebren sobre Afganistán y su futuro. Las mujeres deben formar parte de las negociaciones de Doha y en ellas deben debatirse los derechos de las mujeres y las niñas. Todos nuestros esfuerzos diplomáticos se alinean con este objetivo. Si no se incluye a las mujeres en estos debates, la credibilidad y la eficacia de las negociaciones de Doha se verán socavadas. Mientras tanto, es de suma importancia asegurar que las mujeres afganas, en Afganistán y en el exilio, tengan espacios para compartir sus opiniones y puntos de vista. Por ello, España ha organizado dos Conferencias HearUs en Madrid. Vamos a seguir ofreciendo a las mujeres afganas espacios para que su voz, que quieren silenciada, se escuche en todo el planeta fuerte y clara.

También en Siria la participación plena, igualitaria, significativa y segura de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública es esencial para lograr un desarrollo pacífico y duradero. En febrero firmé una declaración conjunta con otros ministros y ministras de Asuntos Exteriores en la que reafirmamos nuestro apoyo a una solución política al conflicto, que pasa por contar con el liderazgo y la participación significativa de las mujeres sirias, que deben ocupar un lugar de igualdad en el proceso de transición política. Además, la futura nueva constitución siria deberá incluir la igualdad entre hombres y mujeres como uno de sus pilares, y deberá asegurar que las mujeres ocupan los puestos de poder en igualdad de condiciones.

Este ocho de marzo no se trata de resistir ante las prácticas reaccionarias, se trata de empujar más, se trata de avanzar más y más deprisa. De ocupar más espacios, de ser más decisivas, de convertir la igualdad en una realidad tan contundente que ya no haya vuelta atrás. Por eso España apoya las candidaturas de mujeres para altos cargos en organismos multilaterales y la integración del enfoque de género en los instrumentos de financiación. Apoyamos la alternancia de género en la Presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el nombramiento de una mujer como Secretaria General de las Naciones Unidas en 2026. En España no predicamos, damos ejemplo promocionando a mujeres a puestos de toma de decisiones en nuestro Servicio Exterior. Hoy, un 30% de nuestras Embajadas están dirigidas por mujeres, frente a un 15% en 2019. Incluyendo las de países tan relevantes como Estados Unidos, China o Turquía. Estoy personalmente comprometido con asegurar que el Cuerpo Diplomático refleja la sociedad española y las últimas tres promociones de la carrera diplomática han sido la primera igualitaria y las dos primeras con mayoría de mujeres.

Este es un ocho de marzo para celebrar y reivindicar la igualdad. Para reafirmar nuestro compromiso ante la embestida reaccionaria. Y habrá quien diga que no va a ser fácil, pero ¿cuándo lo ha sido? Venimos de una lucha contra siglos de dominación, injusticia y machismo y siempre hemos seguido avanzando; paso a paso, ley a ley, año a año, día a día como haremos, con más fuerza que nunca, este ocho de marzo.

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José Manuel Albares es ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

La pena de muerte es un castigo cruel, inhumano y degradante, contrario a la dignidad de todo ser humano, además de carecer de efectos disuasorios y de tener efectos irreparables en caso de error judicial. Todo esto es especialmente grave cuando además la pena capital es aplicada a niños y niñas o a sus progenitores o familiares cercanos.

El debate sobre el efecto disuasorio, la adecuación y la efectividad de la pena de muerte como instrumento de prevención del crimen no es una novedad. En la actualidad, existen más de 50 países que contemplan este castigo en sus textos legales para delitos como el asesinato, el homicidio o el tráfico de drogas, y muchos de ellos tienden a considerar las ejecuciones practicadas como “secreto de Estado”, evitando con ello la publicación de los datos que reflejarían las verdaderas consecuencias de la aplicación de esta pena.

Al margen de la reciente polémica suscitada en torno a los métodos de ejecución empleados en algunos países, como la asfixia con nitrógeno, uno de los aspectos a menudo ignorados en relación con la pena de muerte es el modo en el que ésta compromete los derechos de niños y jóvenes. Si bien no se suele prestar la atención debida a estos colectivos especialmente vulnerables, muchos menores de edad continúan siendo detenidos por delitos punibles con pena capital y en algunos países posteriormente ejecutados, enfrentándose además a tratos inhumanos y degradantes durante las fases de encarcelamiento, juicio y posterior proceso de apelación. De hecho, según recoge Amnistía Internacional en su Informe sobre condenas a muerte y ejecuciones de 2022, son varios los países en los que se han llevado a cabo ejecuciones de personas condenadas por delitos presuntamente cometidos antes de cumplir los 18 años.

A la luz de esta preocupante situación, la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM) ha redactado un informe sobre Niños, Jóvenes y Pena de Muerte, presentado en inglés en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y ahora disponible en español gracias al apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

La elaboración de este informe se puso en marcha a modo de seguimiento de la mesa redonda promovida en colaboración con el Gobierno de Australia, en junio de 2022, durante la 50ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Además de reafirmar el importante cuadro normativo adoptado por la comunidad internacional sobre la pena de muerte, el documento llama la atención sobre la necesidad de garantizar la protección de los derechos de los niños y de las niñas en este contexto, tanto de los condenados a la pena capital como de aquellos con padres, madres o familiares próximos en el corredor de la muerte o ejecutados.

Los efectos de la pena de muerte sobre estos niños y jóvenes, si bien muchas veces pasan desapercibidos para las autoridades, se manifiestan de múltiples formas. Cabe destacar así el mayúsculo estigma social, la discriminación, la marginación y la falta de apoyo social a los que se enfrentan estos niños y niñas, así como las profundas consecuencias físicas y psicológicas que comprometen su desarrollo y la satisfacción de sus derechos.

Otra cuestión muy relevante es la correcta determinación de la edad de los detenidos, ya que la falta de un sistema de registro de nacimientos o de los mecanismos empleados a estos efectos pueden proporcionar resultados inexactos y llevar a la ejecución de menores de edad. La falta de transparencia en torno a la pena de muerte en general, muy especialmente cuando se trata de niños y niñas, acentúa la deficiencia de los mecanismos de determinación de edad tanto en el momento de la supuesta comisión del delito como durante el proceso judicial y la posterior condena. Por ello, el establecimiento de un sistema de registro de nacimientos sólido y fiable es crucial para proporcionar datos claros y fidedignos y salvaguardar de manera efectiva los derechos de los niños, evitando así ejecuciones judiciales de menores cuya edad exacta no ha sido determinada de manera fiable.

También resulta prácticamente imposible en algunos casos determinar si estos niños disfrutaron de las garantías legales a las que tienen derecho desde el momento de su detención, incluido el derecho de asistencia de un abogado y de solicitar el indulto o la conmutación de la pena.

Como se subraya en el informe, para prevenir estos riesgos es fundamental respetar y aplicar la normativa internacional, en particular las disposiciones dirigidas a la abolición de la pena capital para los menores de 18 años. En este sentido, es importante recordar que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada hace más de 30 años y en vigor en 196 países, establece que “[los Estados Partes velarán por que] ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”, y que “no se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad” (artículo 37). No obstante, existen aún países que han seguido ejecutando a menores a pesar de ser parte de la CDN.

Por ello, tras analizar las principales implicaciones de la aplicación de la pena de muerte a niños y jóvenes, la CIPM presenta una serie de recomendaciones destinadas a conseguir avances y erradicar esta pena cruel e inhumana en todo el mundo.

El informe examina también experiencias positivas de organizaciones como UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina Quakers ante las Naciones Unidas y la propia CIPM en este ámbito, todas ellas destinadas a proporcionar la urgente protección de los derechos humanos de niños y jóvenes y a garantizar que ningún menor es condenado a muerte o ejecutado. Es esencial documentar, compartir y difundir las buenas prácticas y los avances logrados por estas organizaciones para promover la defensa de los derechos de colectivos especialmente vulnerables como los niños y jóvenes, priorizando su protección en el marco del debate sobre la abolición de la pena de muerte.

La publicación de la versión en español del informe de la CIPM sobre “Niños, Jóvenes y Pena de Muerte” supone un importante avance hacia la incorporación de esta cuestión a la agenda política, dada la apremiante necesidad de salvaguardar la dignidad, la libertad, la integridad física y, en definitiva, la vida de los más jóvenes.

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José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Navy Pillay, presidenta de la CIPM. Fue Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, magistrada de la Corte Penal Internacional y jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica.

Marta Santos Pais, comisaria de la CIPM y ex Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la Violencia contra los Niños.