Dicen que las calles de Teherán huelen a sangre: la sangre de los manifestantes asesinados por este régimen brutal.

Hasta la fecha de este artículo, el país lleva más de 240 horas de apagón digital, una flagrante violación del derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información. Es una estrategia intencionada por parte de un régimen teocrático acorralado y desesperado por sobrevivir a cualquier precio, en contra de su población, agotada, con poco que perder y mucho que ganar.

Las revueltas iniciadas en el Gran Bazar de Teherán fueron el detonante para que afloraran toda la rabia y el hartazgo de una sociedad contenida por décadas de represión sistemática. Se unieron universitarios/as, trabajadores, mujeres, jóvenes y minorías étnicas, ahondando aún más la brecha entre la mayoría de la población y la clase dirigente.

Son décadas de corrupción estructural, de encarecimiento del coste de la vida, devaluación constante de la moneda y opresión sistemática, sobre todo contra las mujeres. Todo ello, agravado por sanciones internacionales, que, lejos de debilitar al régimen, no han hecho más que empobrecer a la población. A todo ello, una gestión económica nefasta, basada en la expansión de la influencia regional antes que en el bienestar de su población. 

En una tierra rebosante de petróleo y gas, la inflación ronda el 50-60% anual y la mayoría de las familias iraníes apenas puede cubrir sus necesidades básicas. Los beneficios generados por la explotación de los recursos no revierten en la mejora de las condiciones de vida de la población. En cambio, una parte importante de dichos recursos se ha destinado al ambicioso programa nuclear y a financiar los proxy que no han hecho más que desestabilizar la zona. 

Mientras, se ha ejercido una discriminación sistemática contra mujeres, minorías étnicas y religiosas, que se suma a la destrucción medioambiental, que condena a los jóvenes a ninguna esperanza sobre su futuro. Y la respuesta del régimen a estas demandas por una vida digna ha sido la de siempre: violencia, detenciones arbitrarias, muerte y aislamiento digital. 

Este nuevo ciclo de protestas muestra que el problema no es coyuntural, y conecta con la larga lucha del pueblo iraní, reflejando la fragilidad y la pérdida continuada de legitimidad del régimen, que solo sabe recurrir a la represión, sin dar solución a tanta miseria, a tanta humillación acumulada. Ya no bastan algunas concesiones ni tímidas reformas. El pueblo exige el derrumbe de este sistema.  

Para reprimir sin testigos y eludir rendir cuentas de sus atrocidades, desde el ocho de enero, el régimen ha cortado Internet, las líneas móviles y la telefonía fija. Desde entonces, los pocos videos que llegan –por VPN, Starlink o gracias a personas que han cruzado literalmente a pie la frontera con Turquía– muestran un país en llamas, donde manifestantes desarmados son masacrados por quien debería velar por su integridad. 

Puede que nunca se llegue a conocer y verificar la cifra real –algunas fuentes hablan de más de 16.000, un auténtico genocidio político–, pero incluso si solo una persona hubiera sido asesinada por expresar su opinión, debería avergonzarnos como sociedad civil. El ansia de supervivencia y miedo de este régimen despiadado es tal que ha llegado incluso a realizar redadas en hospitales para rematar a los heridos de las manifestaciones e intimidar al personal sanitario para que no cumpla su juramento hipocrático. 

Desgraciadamente, el régimen iraní cuenta con una estructura coercitiva y de seguridad muy cohesionada. Los Guardianes de la Revolución y las milicias paramilitares Basij juegan un papel fundamental en la represión interna y tienen importantes intereses en casi todos los sectores estratégicos del país –financiero, armamentístico, industrial, económico y político–, en estrecha alianza con los clérigos. Esta acumulación de poder y riqueza parece no tener límites, protegida por una maquinaria represiva que le garantiza su impunidad y ha sido reforzada por el uso creciente de combatientes de grupos proxy de origen afgano e iraquí para sofocar las revueltas.  

La cuestión principal es hasta qué punto puede ampliarse la brecha ya existente entre el pueblo y el régimen, y cuánto tiempo más podrá sostenerse el pulso entre una sociedad que demanda libertad y un sistema basado en el control coercitivo. Esta tensión puede desestabilizar el régimen, aunque por ahora, tristemente, no parece que haya indicios claros; pero no debemos olvidar que Irán ha demostrado ser inmune a las teorías convencionales y todo desenlace puede ser posible.

A pesar de la heterogeneidad ideológica y social de la población, existe un consenso uniforme, amplio y transversal: el rechazo casi unánime a este régimen autoritario. Las alternativas de cambio de régimen oscilan entre una oposición interna fragmentada y debilitada por décadas de represión –con muchos de sus líderes encarcelados o silenciados– y una oposición en el exilio también dividida, en la que destaca la figura de Reza Pahlavi, hijo del último Sha, como posible catalizador del descontento social y que parece tener una aceptación significativa entre los manifestantes. 

Y a este complejo escenario se suman múltiples variables internas, tales como una eventual toma del poder por parte de la Guardia Revolucionaria o una transición pactada desde el propio régimen, para perpetuarse en el poder a cambio de ciertas concesiones limitadas y controladas. 

Todo ello está atravesado, además, por cálculos geoestratégicos y por la amenaza externa. Los mensajes del presidente Trump y de su homólogo israelí son usados por el régimen para desplegar su narrativa habitual de la injerencia extranjera, recurso recurrente para generar cohesión interna y deslegitimar a la oposición interior.

Es indudable, por lo tanto, que nos encontramos ante un momento potencialmente decisivo en la historia de este país fascinante, cuya población valiente y resiliente no merece sufrir un día más esta represión brutal. Una población que aspira legítimamente a convertirse en protagonista de su propio futuro, en un horizonte de dignidad y libertad. 

Se trata de un anhelo profundo de dignidad humana, de una necesidad vital imperiosa, pese al alto precio a pagar que implica lograrlo.

Por ello, debemos seguir exigiendo la defensa de los derechos humanos y la justicia, que los responsables de estas atrocidades sean juzgados, con todas las garantías legales que ellos mismos niegan a su población. 

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Anahita Nassir es politóloga hispano-iraní y colaboradora de la Fundación Alternativas.

El fallecimiento del presidente de la República Islámica de Irán, junto con el ministro de Asuntos Exteriores y otras personas, el pasado 19 de mayo en un accidente de helicóptero, ha vuelto a poner el foco mediático en este país, fascinante y desconcertante a partes iguales. Las primeras horas tras el incidente estuvieron cargadas de incertidumbre hasta la confirmación de las muertes, con especulaciones de un posible atentado, un accidente por motivos meteorológicos o un error humano, abriendo un nuevo capítulo en la historia de Irán. 

La maquinaria gubernamental se activó de inmediato. La Constitución iraní establece procedimientos claros para situaciones de emergencia. El vicepresidente, Mohamad Mokhbar, fue designado presidente interino y se anunciaron nuevas elecciones para el 28 de junio, cumpliendo el plazo de máximo 50 días para celebrarlas. Asimismo, el líder espiritual Khamenei se apresuró a asegurar que no habría disrupciones en la gobernabilidad del país.

La realidad es que el país está dirigido por una élite clerical y militar que, desde hace 45 años, lo ha sumido en una economía ineficaz, con una corrupción institucionalizada y un desprecio total por los derechos humanos, donde la represión es la única respuesta a las, cada vez mayores, demandas de libertad de su población, y cuyo único propósito es mantenerse en el poder, por todos los intereses económicos, políticos, militares acumulados a lo largo de estos años.

Son décadas de detenciones, torturas y ejecuciones de cualquier opositor a este sistema autoritario; de hecho, actualmente las cárceles iraníes están llenas de las personas que son cruciales para el futuro de la sociedad iraní: estudiantes, intelectuales, abogados, deportistas, trabajadores, incluso cantantes, etc., cuyo único crimen ha sido alzar la voz contra un régimen teocrático que vulnera los derechos humanos universales básicos.

Y la muerte de Raisi no supondrá cambios significativos en la estrategia de un régimen. El sistema político establecido tras la victoria de la Revolución de 1979 está formado por un complejo entramado de instituciones que funcionan como filtros y contrapesos, en cuyo vértice se encuentra el líder supremo, quien controla todos los ámbitos: política exterior, seguridad, la cuestión nuclear y los medios de comunicación, y ejerce de árbitro entre las diferentes facciones que se disputan el poder. 

Por otro lado, el presidente, elegido por sufragio universal cada cuatro años y cara visible del régimen, no es la máxima figura a la hora de tomar las decisiones. Es Khamenei, líder absoluto, cargo vitalicio, que, debido a su avanzada edad y estado de salud, su mandato parece próximo a su fin. En este escenario, toma relevancia la Asamblea de Expertos, compuesta por 88 clérigos y recién renovada en las elecciones del pasado febrero, encargada de elegir nuevo líder espiritual y supervisar e incluso removerle del cargo. 

Y Raisi no solo era un presidente ultraconservador, sino también el delfín de Khamenei, el candidato menos malo para sucederle como líder supremo, en ausencia de otro que asegurara la continuidad del régimen. 

¿Era un mirlo blanco? Lo cierto es que nunca gozó de gran popularidad. Su historial, marcado por su participación directa en las purgas y represiones desde 1988, le valió el nefasto apodo de “carnicero de Teherán”. Su ascenso a lo largo de los años se ha debido sobre todo a su absoluto posicionamiento con la línea más dura del gobierno y con Khamenei. Su muerte se celebró tanto en las calles de Irán como entre la diáspora, a pesar de que estos actos pueden ser motivo de arresto y de persecución en Irán. En definitiva, Raisi no era muy apreciado entre la población, descontento reflejado en la alta abstención de las elecciones presidenciales de 2021, a pesar de haber sido adaptadas para asegurar su elección, mediante el cribaje de los candidatos por parte del Consejo de Guardianes, otra pieza clave en el complejo entramado institucional iraní.

La rapidez con que se ha querido mostrar continuidad, así como el gran despliegue para celebrar unos funerales de estado fastuosos, son indicadores de la consciencia por parte del régimen de su enorme pérdida de legitimidad agravada sobre todo desde la muerte de Mahsa Amini en septiembre de 2022. De hecho, ocurrió bajo la presidencia de Raisi, al que no le tembló el pulso a la hora de reprimir duramente las protestas, con un saldo de más de 600 personas muertas durante los enfrentamientos, decenas de miles detenidas sin garantías legales y siete ejecutadas, solo por haberse manifestado. Desde entonces, la represión contra las mujeres se ha acentuado, así como el uso de la pena de muerte como arma política para infundir miedo entre la sociedad y mostrar fuerza de cara a la comunidad internacional.

Lo cierto es que el régimen cuenta con una estructura y fórmulas institucionales que le permiten seguir aferrado al poder y mantener la estabilidad, tanto en política interna como exterior, donde tampoco se producirán cambios en su estrategia regional, en un escenario geopolítico volátil.

Las elecciones no supondrán más que un mero trámite para salvar las formas. Se espera una abstención aún más alta que en las anteriores, como muestra de disconformidad de una población que realmente merece otro sistema político, laico, pacífico e igualitario.