El cambio climático ya no es una advertencia lejana ni un concepto reservado a informes técnicos: se ha instalado en nuestra vida cotidiana con una naturalidad inquietante.

Lo notamos en las noches que ya no refrescan, en las alergias que empiezan cuando aún llevamos abrigo, en los precios de los alimentos que suben sin explicación aparente. Está ahí, atravesando conversaciones y rutinas, mientras intentamos convencernos de que todavía queda tiempo para reaccionar.

Pero los datos desmienten esa comodidad. El Informe europeo de 2026 del Lancet Countdown, citado por Enrique Alpañés en su artículo de El País del pasado 23 de abril, muestra que la temporada de polen en Europa se ha adelantado entre una y dos semanas respecto a los años 90, y que casi todas las regiones analizadas han registrado un aumento de muertes atribuibles al calor entre 2015 y 2024. En España, el impacto es especialmente duro: en Ciudad Real, las muertes por calor se han triplicado en ese periodo. No son cifras abstractas, son señales claras de que el clima se está descontrolando mientras la respuesta política sigue siendo insuficiente.

El calor y las alergias apenas rozan la superficie del problema. UNICEF advierte que, en América Latina, el cambio climático está empujando a millones de niños y adolescentes hacia una pobreza cada vez más difícil de revertir. Incluso en el escenario más optimista, 5,9 millones de menores adicionales podrían caer en la pobreza de aquí a 2030 si no se actúa con decisión (UNICEF, Clima, pobreza e infancia: América Latina en alerta, 2025). Las sequías, las inundaciones y las olas de calor no solo destruyen cultivos: también rompen trayectorias educativas, saturan sistemas de salud y debilitan redes de protección que ya eran frágiles. El clima extremo no llega solo: arrastra derechos.

El informe del Plan International sobre América Latina y el Caribe es especialmente contundente: las niñas y adolescentes están entre las más afectadas por la crisis climática, no por una cuestión biológica, sino porque las desigualdades de género existentes se agravan cuando el clima se vuelve extremo. El documento detalla cómo los fenómenos climáticos —sequías prolongadas, inundaciones, huracanes— alteran de forma directa su vida cotidiana y sus oportunidades de futuro. Cuando el agua escasea, son ellas quienes suelen recorrer distancias mayores para conseguirla, lo que aumenta el riesgo de violencia sexual y reduce su asistencia a la escuela. Tras un desastre climático, las niñas tienen más probabilidades que los niños de abandonar la educación, ya sea para asumir más tareas domésticas o porque los centros educativos dejan de ser espacios seguros.

El informe también alerta de un patrón especialmente preocupante: en contextos de pérdida de ingresos o destrucción de cosechas, aumenta el matrimonio infantil como estrategia desesperada de supervivencia familiar. La salud menstrual es otro punto crítico que el informe visibiliza: la falta de agua y saneamiento dificulta la higiene menstrual, incrementa el riesgo de infecciones y provoca ausencias escolares que se acumulan mes a mes. Y cuando las familias se ven obligadas a desplazarse por inundaciones o sequías, las niñas enfrentan mayores riesgos de violencia, explotación y trata. Plan International resume esta situación con una idea clara: la crisis climática actúa como un multiplicador de desigualdades. No solo destruye infraestructuras o cosechas; también erosiona derechos, limita opciones de vida y profundiza brechas que ya eran profundas antes de que el clima empezara a desestabilizarse.

Todo esto no ocurre en el vacío. La forma en que el cambio climático golpea con más fuerza a unas personas que a otras no es casualidad ni mala suerte: es el resultado de un modelo económico que se sostiene sobre desigualdades previas y que, cuando el clima se desestabiliza, las hace estallar. Y aquí es donde las voces ecofeministas llevan años poniendo el foco: en cómo la crisis ecológica y la crisis de cuidados son dos caras de la misma moneda. No se puede entender una sin mirar la otra.

La ética del cuidado aporta una clave útil para entender por qué la crisis climática desborda tanto a las personas como a las instituciones. Desde los años 80, autoras como Carol Gilligan y Nel Noddings han señalado que nuestras sociedades se organizan como si la autonomía fuera la norma y la vulnerabilidad la excepción, cuando en realidad dependemos de redes de apoyo y de un entorno material que sostiene la vida. La ética del cuidado no se centra en emociones, sino en reconocer esa interdependencia y en asumir la responsabilidad que implica en términos sociales y políticos.

Aplicada al contexto climático, esta perspectiva permite ver algo que a menudo queda oculto: cuando los fenómenos extremos se intensifican, lo que se pone en juego no es solo la infraestructura física, sino la capacidad de las comunidades para sostener la vida cotidiana. Las olas de calor saturan los sistemas sanitarios; las inundaciones interrumpen la educación; las sequías obligan a reorganizar el tiempo y el trabajo dentro de los hogares. Y en ese reajuste, las cargas recaen de forma desigual, casi siempre sobre quienes ya estaban en posiciones más frágiles.

Hablar de cuidados en este contexto no es hablar de gestos individuales, sino de política pública. Significa reconocer que sin servicios sociales robustos, sin infraestructuras adaptadas al clima, sin redes comunitarias fuertes y sin una redistribución real del tiempo y del trabajo, cualquier transición ecológica será insuficiente. La ética del cuidado no pide que las personas “cuiden más”, sino que los Estados y las instituciones asuman su responsabilidad en garantizar condiciones de vida dignas en un mundo que cambia rápido.

Por eso este enfoque apunta directamente a quienes toman decisiones. La evidencia científica lleva años marcando el ritmo; lo que falta es una respuesta política a la altura. Regular, invertir, anticipar y proteger no son opciones: son obligaciones en un escenario donde la vulnerabilidad ya no es un asunto privado, sino un problema estructural. La ética del cuidado, entendida así, no suaviza el debate climático: lo endurece, porque obliga a mirar de frente lo que realmente sostiene nuestras sociedades.

La acción ciudadana no puede sustituir a la responsabilidad institucional, pero sí puede marcar el ritmo. Y hoy ese ritmo es desigual. Hay administraciones que han empezado a tomar medidas —planes de adaptación, zonas de bajas emisiones, inversiones en energías renovables—, pero la escala del problema supera con creces la velocidad de la respuesta. A esto se suma un escenario político complejo: el avance de fuerzas que cuestionan la evidencia científica y el negacionismo climático de sectores de la derecha tradicional están ralentizando decisiones que la comunidad científica considera urgentes.

El problema no es solo lo que se hace, sino lo que no se hace. Mientras algunos gobiernos avanzan, otros retroceden o bloquean políticas ya aprobadas. Y en medio de ese vaivén, una parte creciente de la población se informa a través de contenidos virales, desinformación y campañas que trivializan la crisis climática o la presentan como un debate ideológico. En este contexto, la acción ciudadana no es un gesto simbólico: es un mecanismo para sostener el debate público en torno a hechos verificables y para exigir coherencia a quienes gobiernan.

La experiencia demuestra que las transformaciones profundas suelen empezar fuera de las instituciones. Las movilizaciones climáticas, las plataformas vecinales que reclaman sombra y espacios habitables, las comunidades energéticas que democratizan el acceso a la energía o los colectivos que denuncian la violencia ambiental en territorios vulnerables están empujando a los gobiernos a actuar incluso cuando el clima político no acompaña. Esa presión es la que convierte la urgencia científica en urgencia política.

Pero la responsabilidad última sigue siendo institucional. La ciudadanía puede señalar prioridades, pero son los gobiernos quienes deben garantizar que la adaptación y la mitigación no dependan del lugar donde se vive ni del nivel de ingresos. La crisis climática no se resolverá con voluntarismo ni con gestos aislados: exige políticas públicas estables, inversión sostenida y una defensa activa del espacio informativo frente a la desinformación.

El mensaje final es claro: no estamos ante un destino inevitable, pero sí ante una advertencia inequívoca. La desigualdad puede crecer o puede reducirse; la vulnerabilidad puede agravarse o mitigarse. Lo que ocurra dependerá de decisiones políticas concretas y de la capacidad colectiva para exigirlas. La inacción también es una elección, y sus consecuencias ya están aquí.

El futuro no está escrito: se disputa. Y esa disputa ya ha empezado.

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Estefanía Suárez es experta en Sostenibilidad Ambiental y colaboradora de la Fundación Alternativas.

Cada vez que hablamos de inteligencia artificial, hablamos también de poder. De quién lo tiene, de cómo se distribuye, de qué cuerpos y territorios quedan fuera de la ecuación. En medio del entusiasmo por la innovación, es urgente mirar quién diseña la IA, desde qué experiencias, con qué ideologías. Porque sin diversidad, la IA no amplía el mundo: lo reduce.

La inteligencia artificial no nace de la nada. Se alimenta de datos, de decisiones, de ideologías. Y si quienes la programan son hombres, blancos, cis, heterosexuales, sin conciencia de clase ni experiencia de exclusión, lo que se codifica no es la inteligencia, sino el privilegio. Lo que se presenta como neutralidad técnica es, en realidad, una reproducción automatizada de los sesgos dominantes. Ya lo vemos en sistemas de contratación que penalizan a mujeres y migrantes, en tecnologías de reconocimiento facial que fallan con mayor frecuencia en rostros racializados, o en algoritmos médicos que ignoran cuerpos no normativos.

Según el artículo “Abordando la diversidad y la inclusión en IA”, publicado por Simple Science en 2025, el 34,3 % de los incidentes documentados en sistemas de inteligencia artificial están relacionados con problemas de diversidad e inclusión, siendo la discriminación racial y de género las más frecuentes. Esto no ocurre porque la IA odie, sino porque no sabe mirar más allá de lo que le enseñaron. Y lo que le enseñaron, en muchos casos, es una visión del mundo profundamente excluyente.

Cuando esa mirada sesgada se traduce en máquinas, los estereotipos se convierten en norma. Si un robot es diseñado por alguien que asume que las mujeres deben cuidar, servir o agradar, ese robot reproducirá esos roles sin cuestionarlos. Lo que antes era un prejuicio se convierte en funcionalidad. Asistentes virtuales con voz femenina que obedecen sin rechistar, sistemas de ayuda que refuerzan la idea de que el cuidado es una tarea femenina, algoritmos que asignan tareas domésticas a mujeres por defecto. Así, lo que debería ser una oportunidad para repensar los roles de género se convierte en una trampa que los perpetúa.

Y cuando esa lógica se normaliza, las oportunidades para las mujeres se reducen. Se invisibiliza su talento, se limita su acceso a puestos de liderazgo, se refuerza la idea de que su lugar está en la asistencia, no en la creación. En Europa, el 78 % de los equipos de IA están formados exclusivamente por hombres, y solo el 22 % de los profesionales del sector son mujeres. Esta brecha no solo es injusta: es técnicamente peligrosa. Porque sin mujeres en el diseño, se pierde una forma distinta —y necesaria— de entender la vida, el cuidado, la cooperación, la sostenibilidad.

La desigualdad también tiene un coste económico. Según el artículo “La brecha de género en la inteligencia artificial: el talento que el mundo no puede permitirse perder”, publicado por La Vanguardia el seis de noviembre de 2025, el Banco Mundial estima que una igualdad real en la economía digital podría generar hasta cinco billones de dólares de impacto global. Y, sin embargo, las mujeres siguen encontrando barreras estructurales para emprender e innovar en este ámbito. Menos del 2 % del capital de riesgo global se destina a proyectos liderados por mujeres, una cifra que revela un sistema de financiación aún dominado por círculos cerrados y redes de inversión masculinas. “Cuando una mujer quiere impulsar una startup tecnológica, suele tener que demostrar el doble para conseguir la mitad”, apunta Maja Zavrsnik, CMO de SheAI. “Pero las mujeres no buscan solo oportunidades, buscan propósito. Y la inteligencia artificial puede ser una herramienta para transformar la sociedad si se construye desde la empatía y la diversidad”.

La falta de diversidad también tiene consecuencias ecológicas que rara vez se mencionan. Los sistemas de IA requieren enormes cantidades de energía, agua y minerales. ¿Quién decide qué merece ser automatizado? ¿Quién evalúa el coste ambiental de cada modelo? Si quienes diseñan la IA no tienen sensibilidad territorial ni conciencia ecológica, se priorizan soluciones que benefician al Norte global y se externalizan los daños al Sur. Centros de datos que consumen agua en zonas de sequía, minería de litio en territorios indígenas, residuos electrónicos en países empobrecidos. La IA sin diversidad es extractivismo digital.

Y lo más grave es que se excluyen saberes que podrían ofrecer alternativas. Las mujeres, especialmente aquellas que han vivido en los márgenes, aportan miradas que cuestionan la eficiencia como único valor, que priorizan el cuidado, la sostenibilidad, la cooperación. Ignorar esas voces no solo es injusto: es técnicamente torpe. Porque una IA diseñada desde la pluralidad puede ayudarnos a redistribuir el poder, proteger el planeta y construir sociedades más habitables.

La diversidad no es un gesto ético ni una cuota simbólica. Es una condición técnica para que la IA sea justa, útil y verdaderamente inteligente. Incluir otras voces no es solo reparar una injusticia: es ampliar el horizonte de lo posible. Pero para eso hay que romper el monopolio de los mismos de siempre. Hay que abrir los laboratorios, democratizar el código, politizar los algoritmos. Porque si no lo hacemos, la IA será solo otra herramienta para consolidar privilegios, automatizar desigualdades y acelerar el colapso.

Y eso no es progreso. Es regresión con estética futurista.

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Estefanía Suárez es experta en Sostenibilidad Ambiental y colaboradora de la Fundación Alternativas.

Vivimos tiempos de regresión. Lo que durante décadas se consideró un avance civilizatorio —la ampliación de derechos, el reconocimiento de la diversidad, la protección de los cuerpos vulnerables—, hoy se tambalea ante el empuje de discursos reaccionarios que ganan terreno en las instituciones, en los medios y en la calle. La creciente derechización de la sociedad, con especial protagonismo de posiciones ultra, no es solo una cuestión ideológica: es una amenaza concreta para las mujeres y las minorías.

Este giro conservador no ocurre en el vacío. Se alimenta del miedo, de la precariedad, del resentimiento social acumulado tras años de crisis, desigualdad y desafección política. En ese caldo de cultivo, los sectores más radicales encuentran terreno fértil para sembrar su narrativa: la de una supuesta “restauración del orden” frente al “caos progresista”. Y en esa restauración, los derechos conquistados por mujeres, migrantes, personas LGTBIQ+ y otras minorías se convierten en moneda de cambio.

La ofensiva no es nueva, pero sí más explícita. En países como Hungría, Polonia o Italia, los gobiernos han promovido leyes que restringen el acceso al aborto, criminalizan la educación en diversidad sexual o recortan fondos a organizaciones feministas. En España, el discurso ultra ha logrado instalarse en el debate público con una virulencia inédita, cuestionando incluso consensos básicos como la lucha contra la violencia de género o la memoria democrática. Lo que antes se decía en voz baja, ahora se grita desde tribunas institucionales.

Las consecuencias son palpables. Las mujeres ven cómo se erosionan sus derechos reproductivos, cómo se cuestiona su autonomía y cómo se normaliza el machismo en espacios que deberían protegerlas. Las minorías étnicas y religiosas enfrentan un recrudecimiento del racismo institucional, mientras que las personas LGTBIQ+ sufren agresiones físicas y simbólicas que se justifican bajo el paraguas de la “libertad de expresión”. La violencia no es solo física: es estructural, discursiva, legal.

Pero más allá de las políticas concretas, lo que está en juego es el relato. La idea de que la igualdad es una imposición, que la diversidad es una amenaza, que los derechos de unos suponen la pérdida de privilegios de otros. Ese relato, repetido hasta la saciedad, cala en una parte de la sociedad que se siente desorientada, y que encuentra en el autoritarismo una falsa promesa de estabilidad.

Frente a esta deriva, es urgente recuperar la memoria de las luchas. Recordar que los derechos no fueron regalos, sino conquistas. Que cada ley, cada avance, cada reconocimiento fue fruto de movilizaciones, de alianzas, de resistencias. Y que esos derechos, por mucho que estén escritos en papel, no están garantizados si no se defienden cada día.

La respuesta no puede ser solo institucional. Necesitamos una ciudadanía activa, crítica, comprometida con la justicia social. Necesitamos medios que no blanqueen el odio, escuelas que enseñen a pensar, espacios públicos que abracen la pluralidad. Y sobre todo, necesitamos no caer en la trampa de la equidistancia: no todo es opinable, no todo es debatible, no todo merece el mismo espacio.

Porque cuando se cuestiona el derecho de una mujer a decidir sobre su cuerpo, cuando se niega la existencia de las personas trans, cuando se criminaliza al migrante por el hecho de serlo, no estamos ante una diferencia de opinión. Estamos ante una vulneración de derechos. Y eso, en democracia, debería ser inaceptable.

Este retroceso ideológico no solo se manifiesta en leyes o discursos, sino también en gestos cotidianos que revelan una normalización del desprecio hacia lo diferente. Las redes sociales se han convertido en altavoces de intolerancia, donde el anonimato permite que se difundan ataques misóginos, racistas y homófobos sin apenas consecuencias. En paralelo, ciertos medios de comunicación amplifican narrativas que deslegitiman las luchas feministas y desacreditan la existencia misma de las identidades no normativas.

La estrategia es clara: deshumanizar para desmovilizar. Cuando se reduce a las mujeres a estereotipos, cuando se caricaturiza a las personas trans o se criminaliza al migrante, se está construyendo un imaginario que justifica la exclusión. Y esa exclusión no es abstracta: se traduce en menos oportunidades, más violencia, mayor vulnerabilidad.

En este contexto, la educación se convierte en un campo de batalla. Los intentos por eliminar contenidos sobre igualdad, diversidad o derechos humanos de los currículos escolares no son anecdóticos: responden a una lógica que busca perpetuar privilegios y silenciar voces incómodas. La escuela, que debería ser un espacio de emancipación, corre el riesgo de convertirse en un instrumento de reproducción de prejuicios si no se defiende con firmeza su papel transformador.

También el lenguaje está siendo disputado. Palabras como “feminismo”, “interseccionalidad” o “inclusión” son ridiculizadas o tergiversadas por quienes pretenden vaciarlas de contenido. Esta guerra semántica no es inocente: busca desactivar el poder movilizador de los conceptos que han articulado las luchas por la justicia social. En su lugar, se imponen términos como “ideología de género” o “agenda globalista”, que funcionan como etiquetas estigmatizantes para desacreditar cualquier intento de avanzar hacia sociedades más equitativas.

La resistencia, sin embargo, persiste. En barrios, colectivos, asociaciones y espacios comunitarios, miles de personas siguen trabajando por una convivencia basada en el respeto, la solidaridad y el reconocimiento mutuo. Son acciones pequeñas, muchas veces invisibles, pero profundamente necesarias. Porque frente al ruido del odio, la constancia del cuidado es una forma de insubordinación.

No se trata de caer en el alarmismo, sino de asumir con lucidez el momento que atravesamos. La democracia no se mide solo por la existencia de elecciones, sino por la capacidad de garantizar derechos para todas las personas, especialmente para quienes históricamente han sido marginadas. Y esa garantía exige vigilancia, compromiso y valentía.

La creciente derechización no es inevitable. Es una construcción política que puede ser desmontada si se articula una respuesta colectiva que combine análisis crítico, acción institucional y movilización social. Las mujeres y las minorías no son víctimas pasivas de este proceso: son protagonistas de una historia que aún está por escribirse. Pero para que esa historia avance, es imprescindible que no se normalice el retroceso, que no se acepte el silencio, que no se ceda ante el miedo.

No estamos condenados a retroceder. La historia no avanza en línea recta, pero tampoco se detiene por inercia. Cada derecho conquistado ha sido fruto de la implicación colectiva, de la voluntad de quienes se negaron a aceptar la injusticia como norma. Hoy, esa misma voluntad debe activarse frente a la amenaza ultra que pretende desdibujar los logros alcanzados.

No da igual. No es lo mismo mirar hacia otro lado que plantar cara. No es lo mismo relativizar el odio que denunciarlo. No es lo mismo resignarse que organizarse. La defensa de los derechos de mujeres y minorías no es una cuestión identitaria ni ideológica: es una exigencia democrática. Y como tal, nos interpela a todas y todos.

Revertir esta deriva es posible, pero requiere compromiso, coraje y memoria. Compromiso con una sociedad más justa, coraje para enfrentar el discurso del miedo y memoria para no olvidar que cada paso hacia la igualdad ha costado esfuerzo, vidas y dignidad. Que no nos roben también la esperanza.

Porque sí, se puede. Y sobre todo, se debe.

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Estefanía Suárez es experta en Sostenibilidad Ambiental y colaboradora de la Fundación Alternativas.

Vivimos inmersos en un mundo y en una lógica donde la velocidad, la disponibilidad constante, la hiperconectividad no sólo se valoran, se premian. Marcan lo que debemos ser y cómo debemos actuar. El tiempo se ha convertido en un recurso que se exprime y el cuerpo en una herramienta que se ajusta a demanda. El individualismo y la conexión permanente se han normalizado y, con ellas, el agotamiento y la frustración.

Este modelo de sobreexigencia no solo afecta a nuestra salud física, sino también a nuestra salud mental. La presión constante por hacer más, tener más y ser más genera un desgaste emocional que nos desconecta de aquello que nos da autonomía, dignidad y sentido colectivo. 

En esta época que vivimos bajo la dictadura del clic, desacelerar no es simplemente descansar: es cuestionar un modelo que nos empuja a producir sin pausa, consumir sin conciencia y desplazarnos sin mirar alrededor. 

En medio de este ruido digital y de la presión por estar siempre actualizados y siempre a la última, elegir un ritmo más pausado implica recuperar la capacidad de atención, de vínculo, de cuidado. No se trata de romantizar la lentitud, sino de reconocer que hay formas de vida que no caben en el algoritmo.

No todo acto ecológico busca salvar el planeta con soluciones grandiosas; muchas veces, es en lo pequeño donde se desafía la lógica extractivista que organiza nuestras ciudades, nuestros cuerpos, nuestro tiempo y nuestros vínculos. Elegir lo local, lo justo, lo sostenible no es una moda ni una nostalgia: es una forma de resistir la homogeneización que impone el mercado.

Hay decisiones que, aunque parezcan mínimas, tienen implicaciones profundas. Porque en un sistema que convierte todo en mercancía, parar es una forma de posicionarse. No para escapar del mundo, sino para transformarlo desde adentro.

En la cultura actual se valora a las personas por su capacidad de trabajar sin parar. Esta presión constante no solo nos agota, también nos hace perder el sentido de quiénes somos. 

Los datos son preocupantes, el último informe sobre desconexión digital realizado por Infojobs dice, por ejemplo, que el 73 % de los y las trabajadoras españolas no logra desconectar del trabajo fuera del horario laboral, y un 28% permanece conectado siempre que es necesario. Datos parecidos maneja desde hace tiempo UGT, su último informe sobre el tema habla de que más de 7,7 millones de trabajadores y trabajadoras en España tienen acceso remoto a su trabajo en cualquier momento, o que el 40% de las personas trabajadoras están conectadas a las seis de la mañana revisando su correo, o que uno de cada tres vuelve a mirar el email a las 22:00 horas, o que el uso del correo durante el fin de semana ha crecido un 20%. En 2024, UGT Madrid, en el estudio sobre Nuevos riesgos laborales y riesgos emergentes en la Comunidad de Madrid, ya ponía el foco en los efectos que están teniendo en la salud de los trabajadores y trabajadoras el modelo laboral actual, marcado por la digitalización acelerada y la presión por mantener altos niveles de productividad.

La digitalización y el acceso remoto permanente están desdibujando los límites entre trabajo y vida personal. Esta disponibilidad constante no es solo una cuestión técnica: revela una transformación profunda en la forma en que se concibe el tiempo, el descanso y el valor del cuerpo. La conexión ininterrumpida se ha convertido en norma, y con ella se instala una forma de exigencia que no da tregua. Los espacios entre ocio y empleo están cada vez menos diferenciados, y la saturación tecnológica se ha convertido en una realidad impuesta que atraviesa lo laboral, lo emocional y lo cotidiano.

Más allá de los beneficios tecnológicos, se evidencian fenómenos como el tecnoestrés, el aislamiento derivado del teletrabajo y la dificultad para separar lo profesional de lo personal. Priorizar la eficiencia sin pausa y la disponibilidad absoluta, no solo transforma el modo en que se trabaja, sino que introduce una carga emocional que afecta el equilibrio psicosocial. Lo preocupante no es solo la fatiga, sino la pérdida de espacios propios, de pausas reales y de vínculos que no pasen por una pantalla.

En este escenario el contacto con la naturaleza o la participación en iniciativas comunitarias pueden ofrecer un contrapeso real. No como evasión, sino como forma de reconfigurar la relación entre trabajo, salud y entorno. Frente a una cultura que exige estar siempre conectados, lo eco supone una forma distinta de presencia: más situada, más consciente, más habitable.

Tenemos que ser conscientes que la vorágine tecnológica en la que vivimos no solo organiza nuestras rutinas, las devora. Cada clic, cada notificación, cada correo revisado fuera de horario construye una arquitectura invisible que nos mantiene ocupados, pero desligados de los afectos. Corremos el riesgo de que un día, sin previo aviso, nos despertemos y descubramos que llevamos una década mirando pantallas, respondiendo correos, gestionando tareas, sin haber tocado lo que realmente nos hace humanos: el vínculo, el cuerpo, el silencio, la presencia. Hemos confundido disponibilidad con compromiso, productividad con valor, conexión con relación. Y mientras tanto, lo esencial —lo que no se mide ni se monetiza— se va erosionando. No es que la tecnología sea el problema, sino el modo en que nos ha enseñado a vivir sin pausa, sin contacto, sin tiempo. Resistir no es apagarlo todo, sino volver a encender lo que importa.

Resistir desde lo eco implica redefinir nuestras prioridades y adoptar un enfoque más consciente y sostenible en nuestra vida diaria.

Optar por caminar, comprar menos, consumir con conciencia o sembrar lo que comemos no son modas ni manías: son estrategias vitales y las experiencias a pie de calle demuestran desde hace tiempo que tomarse la vida con más calma y optar por modelos de vida más sostenibles y más justos es posible incluso en entornos hiperurbanos.

Apagar notificaciones, resistirse al algoritmo, rechazar la obsolescencia emocional y material: cada gesto cotidiano puede convertirse en una forma de desacato más que necesario.

Vivir a contratiempo es salirse un poco del guión y entender que no podemos vivir cronometrando cada minuto, sino para ocupar el tiempo con sentido y cuidando de nosotras y de nuestro bienestar. 

Un artículo publicado por Ana Egea-Ronda y María del Campo-Giménez en la Revista Clínica de Medicina familiar en 2023, apuntaba datos interesantes sobre cómo el contacto con la naturaleza tiene una relación directa sobre nuestra salud. Estas dos especialistas en medicina familiar y comunitaria apuntan que cuando tenemos contacto con la naturaleza o realizamos deporte en espacios verdes, mejora el manejo del estrés, los marcadores endocrinos relacionados con el estrés caen o la presión arterial vuelve a los valores basales más rápidamente que cuando se realiza en espacios urbanos.

Así que no se trata de convencer a nadie, ni de imponer nada. Se trata de abrir espacios a otra forma de actuar y de colocarse en el mundo. Se trata de que defender la naturaleza, los cuidados, lo común y lo lento es también defender lo justo. Cuidar no es una tarea menor, es una forma de plantar cara a modelos que agotan cuerpos y territorios. Sembrar tiempo, conectar con otras personas, sostener redes: ahí se trama una transformación que no salva por sí sola el planeta, colabora, pero sí puede salvarnos del ruido, del cansancio y de la desconexión. Eso ya es un cambio enorme.

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Estefanía Suárez es experta en Sostenibilidad Ambiental y colaboradora de la Fundación Alternativas.

En 2015, la comunidad internacional se comprometió a construir un mundo más justo, equitativo y sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) nacieron como una promesa colectiva: erradicar la pobreza, proteger el planeta, garantizar la paz. Pero esa promesa, que parecía inquebrantable, se ha hecho añicos en Gaza.

Desde octubre de 2023, tras el ataque de Hamás y la respuesta militar israelí, Gaza se ha convertido en el epicentro de una ofensiva que ha desbordado todos los límites de la legalidad internacional. Más de 44.000 personas han sido asesinadas, según datos de Naciones Unidas. Hospitales, escuelas, viviendas, redes vitales: todo ha sido arrasado. La población vive atrapada entre el fuego, el hambre y el abandono. Y lo que se está desmoronando no es solo una región: es el pacto ético que sostenía la Agenda 2030.

La Corte Internacional de Justicia ha ordenado medidas cautelares para evitar el exterminio de la población palestina. Amnistía Internacional ha concluido que Israel ha cometido actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio. El Comité Especial de la ONU ha denunciado el uso de la hambruna como método de guerra. No son daños colaterales: es una estrategia militar que desmantela los ODS uno por uno.

Una demolición sistemática del desarrollo

Cada ODS vulnerado en Gaza representa una línea borrada del pacto ético global. No es una crisis más. Es una fractura moral que nos interpela como humanidad.

ODS 1 – Fin de la pobreza

La emergencia humanitaria ha alcanzado niveles que desafían toda noción de humanidad. Según Save the Children, más del 93% de los niños y niñas de Gaza —unos 930.000 menores— corren un riesgo crítico de hambruna. El 80% de la población depende exclusivamente de ayuda humanitaria. El colapso económico, el bloqueo comercial y el desplazamiento forzado han instaurado la pobreza extrema como norma.

ODS 2 – Hambre cero

Si no se levantan el asedio y las restricciones a la entrada de alimentos y medicinas, casi un millón de niños y niñas podrían morir de hambre en los próximos meses. Este escenario no es hipotético: más de 62.000 personas han muerto de hambre, la mayoría niños y niñas pequeñas, según una estimación publicada por el Instituto Watson de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad Brown. La ONU ha documentado el uso del hambre como arma de guerra, una práctica prohibida por el derecho internacional humanitario.

ODS 3 – Salud y bienestar

La salud en Gaza no está en crisis: está siendo desmantelada. Según el informe de Naciones Unidas de febrero de 2025, el sistema sanitario está “al borde del colapso”. Solo 19 de los 36 hospitales siguen funcionando, y la mayoría apenas ofrece atención básica. La OMS ha documentado 697 ataques contra la atención médica. Más de 1.500 profesionales sanitarios han sido asesinados. La falta de agua potable, higiene y medicamentos ha disparado el riesgo de epidemias. El acceso a la salud, derecho humano inviolable, ha sido convertido en objetivo militar.

ODS 4 – Educación de calidad

Más de 300 escuelas han sido bombardeadas. La infancia gazatí ha perdido el acceso a la educación, y con ello, a su futuro. Universidades y centros de formación han sido arrasados. La destrucción no solo es física: es simbólica. Se está atacando la posibilidad misma de imaginar otro mañana.

ODS 5 – Igualdad de género

La guerra ha tenido un impacto devastador sobre las mujeres y niñas. Según el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, Israel ha empleado violencia sexual, reproductiva y otras formas de violencia de género como parte de una estrategia de guerra. Más de 3.000 mujeres han muerto, muchas embarazadas sin acceso a atención médica. Maternidades y clínicas han sido bombardeadas. Más de 690.000 mujeres y niñas han sido privadas de productos básicos de higiene menstrual. La guerra ha borrado los espacios de liderazgo y autonomía para las mujeres.

ODS 6 – Agua limpia y saneamiento

La población sobrevive con menos de tres litros de agua al día. Las aguas residuales contaminan calles y fuentes subterráneas. El acceso al agua potable ha sido saboteado como parte de la estrategia militar. UNICEF ha alertado que los niños y niñas reciben menos de la mitad del mínimo vital recomendado.

ODS 7 – Energía asequible y no contaminante

La infraestructura energética ha sido destruida. Gaza ha vuelto a depender de generadores contaminantes, lo que incrementa la huella ecológica y el riesgo de incendios. La energía, que debería ser motor de vida, se ha convertido en un lujo inalcanzable.

ODS 8 – Trabajo decente y crecimiento económico

El desempleo alcanza el 79%. La economía se ha contraído un 24%. El tejido productivo ha sido desmantelado. No hay posibilidad de recuperación sin justicia. Y sin justicia, no hay desarrollo.

ODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles

El 70% del entorno urbano ha sido reducido a escombros. Se han generado más de 39 millones de toneladas de residuos tóxicos. Gaza se ha vuelto prácticamente inhabitable. La ciudad, como espacio de vida, ha sido convertida en ruina.

ODS 13 – Acción por el clima

La guerra ha generado más de 60 millones de toneladas de CO₂. La destrucción masiva, los incendios y la reconstrucción futura agravan la crisis climática en una región ya vulnerable. La sostenibilidad ambiental ha sido sacrificada en nombre de la violencia.

ODS 14 y 15 – Vida submarina y terrestre

La contaminación por municiones, metales pesados y residuos afecta gravemente los ecosistemas. El humedal costero de Wadi Gaza, restaurado con esfuerzo en años recientes, ha sido devastado. La guerra no solo mata personas: mata paisajes, hábitats, memorias.

ODS 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas

El derecho internacional se vulnera sistemáticamente. La ONU ha documentado ataques a hospitales, convoyes humanitarios y personal médico. La impunidad se ha convertido en norma. Gaza es hoy el lugar donde la justicia ha sido suspendida.

Gaza como prueba de fuego del sistema multilateral

Gaza no representa un fallo del desarrollo: representa su sabotaje. La destrucción de hospitales, escuelas, viviendas y redes vitales no es accidental, sino parte de una estrategia militar que viola el derecho internacional más básico y pisotea los principios que sostienen los ODS.

No estamos ante una crisis más. Estamos ante una fractura moral global. Cada bomba que cae, cada convoy humanitario bloqueado, cada niño o niña que muere de hambre, es una línea que se borra del pacto ético que la comunidad internacional prometió defender. Y cada silencio diplomático, cada cálculo geopolítico que antepone intereses a vidas humanas, nos acerca al abismo de la indiferencia institucionalizada.

Como advirtió António Guterres, “lo que está ocurriendo en Gaza es contrario a la humanidad”. Pero si lo contrario a la humanidad se tolera, se normaliza y se financia, entonces no solo Gaza está en peligro: lo está el alma misma del multilateralismo.

Es hora de romper el silencio. De exigir un alto el fuego inmediato, el fin del asedio, el acceso irrestricto a la ayuda humanitaria y la rendición de cuentas ante los crímenes cometidos.

Pero esta exigencia no puede ser fragmentada ni tímida. La Unión Europea debe estar a la altura de sus principios fundacionales y hablar con una sola voz. No basta con declaraciones aisladas ni con acuerdos técnicos que no cuestionan el fondo del problema. Si Europa se define como defensora del derecho internacional y de los derechos humanos, debe actuar en consecuencia.

Como advirtió George Katrougalos, experto independiente de la ONU, “lo que pase en Palestina será la prueba de fuego para la supervivencia del derecho internacional”. Y si Gaza cae en el olvido, no solo habremos perdido una región: habremos perdido el derecho a llamarnos comunidad internacional. Y Europa habrá perdido el derecho a llamarse conciencia democrática global.

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Estefanía Suárez es experta en Sostenibilidad Ambiental y colaboradora de la Fundación Alternativas.

En un mundo atravesado por la crisis ecológica y la desigualdad estructural, el movimiento ecofeminista se alza como una propuesta política que desafía la alianza entre el sistema patriarcal y el sistema económico global. Frente a un modelo que ha hecho de la explotación su norma, recuperar el principio femenino —como ética del cuidado, de la interdependencia y de la preservación de la vida— se convierte en una vía urgente y transformadora. El movimiento ecofeminista no solo denuncia, sino que construye alternativas para habitar el planeta de otra manera: más justa, más humana, más viva.

La crisis ambiental no es solo una cuestión de emisiones, temperaturas o biodiversidad. Es una crisis de civilización. Una crisis que nos obliga a mirar de frente las estructuras que han sostenido un modelo de desarrollo basado en la explotación de la naturaleza, la invisibilización de los cuidados y la subordinación de millones de vidas. Un modelo que ha hecho de la dominación su lógica y del beneficio su único horizonte.

En este contexto, el movimiento ecofeminista no es una nota al pie del ecologismo ni una rama del feminismo. Es una propuesta radical que conecta dos formas históricas de opresión: la de las mujeres y la de la naturaleza. Y lo hace no solo desde la denuncia, sino desde la construcción de alternativas. Alternativas que parten de una pregunta sencilla pero profundamente política: ¿qué sostiene la vida?

Frente a un sistema que ha separado lo humano de lo natural, lo racional de lo emocional, lo productivo de lo reproductivo, el movimiento ecofeminista propone recuperar el principio femenino. No como una esencia biológica, sino como una ética del cuidado, de la interdependencia, de la sostenibilidad. Una ética que ha sido históricamente despreciada por el sistema patriarcal y el sistema económico, pero que hoy se revela como imprescindible para imaginar un futuro habitable.

La modernidad occidental ha construido su relato sobre una serie de dicotomías jerárquicas: naturaleza/cultura, razón/sentimiento, mente/cuerpo, independencia/dependencia, masculino/femenino. Estas oposiciones no solo dividen el mundo en dos, sino que establecen una jerarquía en la que lo masculino, lo racional y lo productivo se considera superior a lo femenino, lo emocional y lo reproductivo.

Esta lógica ha sido reforzada por la ciencia moderna y por el sistema económico capitalista, que han visto tanto a las mujeres como a la naturaleza como recursos disponibles, explotables, prescindibles. Las mujeres han sido relegadas al ámbito de lo doméstico, de lo invisible, de lo que no cuenta. La naturaleza, convertida en “recurso natural”, ha sido despojada de su valor intrínseco y reducida a materia prima para el crecimiento económico.

Frente a esta lógica de separación y dominación, el movimiento ecofeminista propone una forma de entender la vida no desde la competencia, la acumulación o la eficiencia, sino desde la atención a las necesidades, la responsabilidad mutua y la interdependencia. Esta ética, inspirada en autoras como Carol Gilligan, no es exclusiva de las mujeres, pero sí ha sido desarrollada a partir de sus experiencias históricas y desde el activismo de las mujeres en muchos lugares del planeta.

El cuidado —de las personas, de los cuerpos, de los ecosistemas— no es un asunto privado ni un trabajo menor. Es la base de toda vida posible. Y, sin embargo, ha sido sistemáticamente invisibilizado, precarizado y feminizado. El movimiento ecofeminista no propone esencializar el rol de las mujeres como cuidadoras, sino universalizar el cuidado como principio político. Como criterio para reorganizar nuestras economías, nuestras instituciones y nuestras prioridades.

A pesar de los avances en igualdad formal, la división sexual del trabajo, la desigualdad, la imposición de roles sigue marcando nuestras sociedades. Las mujeres dedican muchas más horas que los hombres al trabajo considerado “doméstico” y de cuidados no remunerado. Esta carga invisible sostiene el funcionamiento del sistema económico, pero rara vez es reconocida o valorada.

El movimiento ecofeminista denuncia esta desigualdad y propone que el conocimiento generado en estas prácticas —como la previsión, la sostenibilidad y la atención a las necesidades— puede ser clave para enfrentar la crisis ecológica. Además, destaca que muchas mujeres en el mundo lideran luchas por la defensa del territorio y los recursos naturales, como en los casos de Cajamarca (Perú), Sarayaku (Ecuador) o el TIPNIS (Bolivia).

Estas luchas no solo son políticas, sino también éticas: expresan una forma de relación con la tierra basada en el cuidado, la reciprocidad y la defensa de la vida. Como señala Rosa Sara Huamán Rinza, lideresa indígena peruana, “el territorio es alegría porque da vida, engendra, reproduce… a él le debemos la vida y hay que protegerlo”.

Recuperar el principio femenino no significa volver a una visión esencialista de la mujer, sino reivindicar una forma de estar en el mundo que ha sido históricamente despreciada por el sistema patriarcal y el sistema económico capitalista. Significa reconocer que cuidar no es debilidad, sino fortaleza. Que sostener la vida no es un obstáculo para el desarrollo, sino su condición de posibilidad.

Vandana Shiva lo dice con claridad: “Amar la naturaleza es un acto político. Es desafiar un sistema que ha hecho del desarraigo su norma. Es recuperar la conexión con la tierra, con los cuerpos, con los otros. Y es, también, una forma de justicia. Porque no hay justicia social sin justicia ecológica. Y no hay justicia ecológica sin una transformación profunda de nuestras formas de vida”.

Yayo Herrero lo complementa: “El gran reto es reconstruir lo común en culturas profundamente individualistas. Volver a tejer comunidad, volver a mirar al otro no como amenaza, sino como parte de un nosotros. Porque sin comunidad no hay cuidado. Y sin cuidado, no hay vida”.

Todos los enfoques ecofeministas coinciden en que la subordinación de las mujeres y la explotación de la naturaleza responden a una misma lógica: la lógica que supedita la vida a la obtención de beneficios. Esta lógica ha invisibilizado tanto a las mujeres como a la naturaleza, relegándolas a un segundo plano en la toma de decisiones y en la construcción del conocimiento.

Frente a esta lógica, es más necesaria que nunca una transformación profunda de los valores que rigen nuestras sociedades. La ética del cuidado, en este sentido, no es solo una propuesta moral, sino también política: implica reorganizar nuestras prioridades, nuestras instituciones y nuestras formas de vida .

La ética del cuidado, desde una perspectiva ecofeminista, ofrece una alternativa ética y política frente a la crisis ambiental. Propone una forma de vida basada en la interdependencia, el respeto y la responsabilidad compartida. En un mundo marcado por la explotación y la desigualdad, esta mirada nos invita a construir una sociedad más justa, sostenible y humana.

El movimiento ecofeminista no es un ecologismo “de mujeres”, sino una propuesta universal que pone en el centro la vida, el cuidado y la justicia. Frente a la lógica de la dominación, propone una lógica del sostenimiento. Frente a la explotación, propone el cuidado. Y frente a la indiferencia, propone la responsabilidad.

Porque cuidar es revolucionario. Y porque, si queremos un futuro habitable, no podemos seguir dejando fuera del debate a quienes más saben de sostenibilidad: las mujeres que, día a día, sostienen la vida.

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Estefanía Suárez es experta en Sostenibilidad Ambiental y colaboradora de la Fundación Alternativas.

En pleno siglo XXI, el mundo sigue siendo un lugar hostil para las mujeres. La igualdad de género, a pesar de décadas de luchas, sigue siendo una meta lejana. Las mujeres continúan enfrentándose a un sistema que las considera ciudadanas de segunda clase, un sistema en el que la desigualdad es estructural. 

Esta desigualdad es evidente si la mirada es a nivel global, y no muy distinta si hablamos de Europa y España. La realidad es que las mujeres sufren, sufrimos, de forma más intensa las crisis actuales. La emergencia climática, la brecha digital y la violencia de género no hacen otra cosa que agravar las desigualdades. 

El cambio climático es un claro reflejo de las injusticias sociales y económicas que laten en nuestro modelo de desarrollo. Las consecuencias del calentamiento global no se distribuyen de manera equitativa: profundizan las brechas existentes y ponen de manifiesto esas estructuras de poder que perpetúan la desigualdad. La desigualdad entre los que más tienen y los que menos, las desigualdades entre el Norte y el Sur global y, por supuesto, las desigualdades entre hombres y mujeres.

Las mujeres siguen sufriendo doble discriminación mires donde mires, y puede llegar a ser triple si sumamos, además, raza, origen, etnia u orientación sexual. La violencia contra las mujeres sigue siendo una pandemia global. Según datos de ONU Mujeres, desde que empezó la guerra en Gaza han muerto más de 10.000, y más de un millón de mujeres y niñas palestinas sobreviven sin apenas alimentos ni agua. 

El informe ‘El progreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Panorama de género 2024’, presentado en septiembre por ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, tampoco permite ser muy optimista, los avances en igualdad de género a nivel mundial son escasos. Aunque se han logrado algunos progresos, la brecha sigue siendo alarmante. Se proyecta que la paridad de género en los parlamentos no se alcanzará hasta 2063, y tardaremos 137 años en eliminar la pobreza entre mujeres y niñas. Estas cifras sonrojan y exigen no sólo acciones urgentes, también contundentes.

Este informe destaca, por ejemplo, que en el ámbito tecnológico la brecha digital entre hombres y mujeres supone otra capa de desigualdad. El acceso a internet y dispositivos móviles es inferior en las mujeres, lo que limita sus oportunidades educativas, laborales y de participación social. Esta realidad tiene un impacto económico devastador, especialmente en los países en vías de desarrollo. El mundo digital, aunque ofrece nuevas oportunidades como el emprendimiento y la educación a distancia, también plantea desafíos: ciberacoso, violencia de género online y la discriminación algorítmica son solo algunos ejemplos.

Si hablamos del mercado laboral, aunque las mujeres participan más que nunca, siguen ganando menos que los hombres y ocupan empleos precarios y peor remunerados.

En España, si le echamos un ojo a los datos sobre brecha laboral, es cierto que ha habido un avance significativo. Según datos de FUNCAS, las mujeres están cada vez más presentes en puestos de alta cualificación y han aumentado el número de contratos a tiempo completo, pero, aunque se ha reducido, persiste una brecha salarial entre hombres y mujeres, y las mujeres siguen siendo mayoría en sectores más precarizados.

Las mujeres reciben pensiones más bajas que los hombres debido a factores como la interrupción de la carrera laboral por cuidados y la menor remuneración a lo largo de su vida laboral; y suelen asumir la mayor parte de las tareas de cuidado no remuneradas, lo que limita sus oportunidades laborales y educativas, y las expone a mayores riesgos en situaciones de emergencia climática.

En el sistema educativo también se mantienen desigualdades significativas en el acceso o en la elección de estudios. Un caso clarísimo es la brecha de género en las carreras STEM, y eso se verá reflejado no sólo en las carreras profesionales de las mujeres, también en ese mundo de la IA y la robótica que se está diseñando, donde si no cambiamos el rumbo la visión de las mujeres y la perspectiva de género serán inexistente. 

En España, según el informe de ESADE “Mujeres en STEM. Desde la educación básica hasta la carrera laboral”, publicado en marzo de 2024, las niñas presentan una probabilidad un 15% menor de elegir matemáticas como su materia preferida, y cuando llegan a la universidad las mujeres no llegan al 50% del total de personas matriculadas en grados STEM. Especialmente baja y preocupante es en las formaciones relacionadas con la informática, donde las mujeres no superan el 13%.

Si hablamos de violencia de género, en España 37 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Las cifras son escandalosas.

Por último, en la lucha contra el cambio climático, las mujeres siguen estando subrepresentadas en los espacios de toma de decisiones, tanto a nivel local como global. Esto limita su capacidad para influir en políticas que afectan directamente sus vidas y las de sus comunidades. No se puede enfrentar una crisis de esta magnitud sin integrar a más de la mitad de la población en la toma de decisiones.

En definitiva, las mujeres seguimos sufriendo los mismos problemas con mayor o menor intensidad, pero los mismos. Los más visibles como son la pobreza o la violencia en todas sus formas, pero también de una forma más sutil: no dejándonos participar en los espacios de poder y de decisión, haciéndonos luz de gas o intentado tutorizarnos como si necesitásemos que una mente superior nos iluminase el camino o, directamente, invisibilizando nuestras voces en foros y debates.

Lo que está en juego es mucho más que la igualdad, que no es poco. Es nuestra supervivencia. Un mundo que deja atrás a sus mujeres no solo es injusto, es además insostenible. Si queremos realmente construir una sociedad más equitativa, si queremos enfrentar la crisis climática, debemos dejar de ver a las mujeres como víctimas pasivas y reconocerlas como las líderes que son. Sin ellas, no habrá futuro.

La igualdad no puede seguir esperando, porque la historia nos ha demostrado a las mujeres que cada paso que damos corremos el riesgo de volver tres hacia atrás, no hay más que ver los retrocesos que plantea la ultraderecha europea, sin rastro de políticas que promuevan la igualdad real o dificultando el ejercicio de un derecho tan básico como es el derecho al aborto.

No vivimos momentos nada fáciles, pero no vayamos a volver a decirle a las mujeres que “estas cosas de la igualdad, quizás para más adelante”.

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Estefanía Suárez es experta en Sostenibilidad Ambiental y colaboradora de la Fundación Alternativas

Las elecciones al Parlamento Europeo dejan un sabor agridulce. Los partidos europeístas han conseguido mantener el tirón, pero el fantasma de la ultraderecha vuelve a recorrer una Europa que ya no se reconoce a sí misma. Es cierto que en los resultados, populares, socialistas y liberales superan el 55% de los escaños, y las declaraciones de Ursula von der Leyen tendiendo la mano a estos partidos, verdadera ancla de la Unión, son un rayo de esperanza en una noche en la que todos y todas temblamos cuando se anunció el resultado en Francia, donde la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen obtenía una contundente victoria frente al actual presidente, Emmanuel Macron. 

Está por ver si se constituye un verdadero muro de contención contra los que, de una forma o de otra, quieren acabar con Europa, o con lo más esencial de ella, o si, por el contrario, todo queda en un canto de sirena. El grupo parlamentario Identidad y Democracia, donde milita la formación de Le Pen, tiene como objetivo dinamitar la Unión; esa es la gran amenaza. 

Y de una manera más disimulada, pero con idéntico resultado, maniobran los partidos del grupo Conservadores y Reformistas, donde se agrupan Vox y Hermanos de Italia, defendiendo una reforma profunda de la UE que devuelva las competencias a los Estados miembros.  En la práctica supondría la liquidación de las instituciones europeas.

En definitiva, unos y otros, les chers collègues de Le Pen, ponen los pelos de punta al más pintado. Los Hermanos de Italia de Meloni han obtenido un amplio respaldo; en Austria, el Partido de la Libertad ha ganado las elecciones; en Hungría, Viktor Orbán ha vuelto a vencer; y en Bélgica, la ultraderecha también ha conseguido un buen resultado. Tampoco hay que olvidar a Alemania, donde el crecimiento de la ultraderecha ha hecho que la segunda fuerza más votada haya sido Alternativa para Alemania. Aunque se oculten bajo nombres tan prosaicos, con referencias a reformas y democracia, en realidad es la ultraderecha de siempre: misógina, machista, xenófoba, homófoba y negacionista.

Cambiar 180 grados las políticas de la Unión no es fácil y, por suerte, también populares, socialdemócratas y liberales siguen teniendo una holgada mayoría; pero lo que sí puede hacer la ultraderecha es influir en las políticas de los Estados miembros y, desde esos mismos gabinetes, alterar las normativas comunitarias. Lo vemos con claridad meridiana en países como España, donde la alianza entre PP y VOX ha supuesto una radicalización inaudita en un partido que ha gobernado y pretende gobernar nuestro país.

Muchas veces es difícil distinguir el original de la copia. Esta extraña pareja que forman los dos partidos tiene consecuencias concretas en la vida de los ciudadanos y ciudadanas, y se pueden resumir en proliferación de discursos antifeministas, negación de la violencia machista o recortes a las políticas específicas de igualdad y lucha contra la violencia de género. También en eliminación en algunos casos de organismos, recursos y programas dedicados a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, desprotección del medio ambiente y persecución de los migrantes.

Vox tiene discursos incendiarios contra la igualdad de género, contra la Agenda 2030 y las políticas de lucha contra el cambio climático, y contra el Pacto Verde europeo, que pide que se derogue. Contra todo lo que suponga proteger la naturaleza y no verla como un mero instrumento a su servicio. Son discursos absolutamente xenófobos que criminalizan a las personas migrantes, llegando a pedir que se “blinden” las fronteras.

En Francia, Marine Le Pen se opone frontalmente al multiculturalismo, aunque es mucho más tibia en otros temas que sabe que le pueden hacer perder votos. La ultraderecha europea es una amalgama de partidos, a veces con posiciones comunes, a veces no. Empeñados muchas veces en blanquearse, prefieren no entrar en temas que saben que son especialmente sensibles, pero no hay más que ver lo que hacen donde gobiernan.

En Italia, por ejemplo, el gobierno de Meloni en la práctica ha dificultado el ejercicio del derecho al aborto de las mujeres, y en los temas climáticos ha pasado del puro negacionismo a la pura ambigüedad. Donde no ha cambiado ni una coma del discurso es en los temas migratorios, donde propone poco menos que la persona migrante es el enemigo. 

En Hungría, Orban promueve políticas de promoción de la familia tradicional, que al final del recorrido lo que hacen es perpetuar roles de género donde a las mujeres les queda poco más que ser madres y cuidadoras, porque las políticas para promover la incorporación de las mujeres al mercado laboral brillan por su ausencia, igual que lo hacen las políticas de coeducación o las medidas de conciliación y corresponsabilidad. En definitiva, que no nos engañen ni nos dejemos engañar. 

Detrás de esos nombres tan rimbombantes, detrás de esa apropiación de términos como libertad o democracia, detrás de “no estoy en contra pero ya lo veremos”, detrás del no decir pero pensar, se esconde una política que Europa ya ha sufrido. Ya sabemos adónde nos llevaron las políticas radicales en Italia, Alemania y, sobre todo, en España con cuarenta años de oscurantismo y atraso. Sabemos a lo que nos llevó y, por desgracia, podemos tener una idea bastante aproximada de adónde nos llevará.

Es más necesario que nunca volver a tomar conciencia de la política y alejarse del griterío. Es hora de proteger lo que hemos construido: políticas medioambientales, políticas de igualdad. Todo eso por lo que un día nos sentimos orgullosos de formar parte de la casa común que es Europa.

Y como nota a pie de página, a los partidos de esa derecha tradicional que a veces tienen problemas de identidad y les cuesta saber cuánto a la derecha están de sí mismos, recordarles a Mateo 24-24: “Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos”. Así que no caigan ustedes en la tentación, ni se sumen al carro del populismo.

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Estefanía Suárez es experta en Sostenibilidad Ambiental y colaboradora de la Fundación Alternativas