El historiador alemán Eberhard Jackel (1929-2017), miembro del Partido Socialdemócrata y experto en el nacionalsocialismo, dedicó gran parte de su actividad profesional al estudio, preocupado, de la incorporación a la historiografía germana de la Alemania nazi y de lo que significó el Holocausto.

En el libro Forever in the shadow of Hitler escribió: “El asesinato de los judíos es algo único porque jamás hasta entonces una nación, con su máximo dirigente al frente, había decidido y anunciado matar a un grupo concreto de seres humanos de la manera más completa, incluidos ancianos, mujeres, niños y bebés”.

Se llama limpieza étnica, genocidio. Son palabras que muchos se resisten a pronunciar, pero califican muy bien lo que acontece. Evidencian la sistemática inferiorización que grupos de poder, potencias, generalmente de raza blanca, llevan a cabo sobre poblaciones o grupos étnicos, generalmente no blancos, con la expresión manifestada u oculta de lograr su aniquilación. Palabras que los asesinos quisieran no existiesen en el vocabulario, términos que singularizan las mayores atrocidades que los seres humanos cometen contra otros a los que no consideran humanos. Parece imposible que tras los progresos y avances de la Ilustración y tras siglos de debates sobre la condición humana, la Alemania nazi asesinara a seis millones de judíos, hombres, mujeres y niños. ¿Cómo es posible que el famoso homo sapiens, tras siglos de supuesto aprendizaje, se comporte con tal brutalidad?

Raul Hilberg (1926-2007), historiador austriaco del Holocausto, cita estas palabras de Hans Frank, esbirro hitleriano devenido gobernador de la Polonia ocupada: “Caballeros: os exijo que desistáis de todos los sentimientos de simpatía. Tenemos que aniquilar a los judíos allá donde los hallemos”.

¿Cabe algún sentimiento de simpatía por parte de los soldados israelíes que están participando en las masacres, en la limpieza étnica, en el genocidio del pueblo palestino que está llevando a cabo el Israel de Benjamin Netanyahu?

Desde el horrendo asalto terrorista y asesinatos de Hamas el 7-10-23, Israel lleva a cabo una constante y desproporcionada campaña de aniquilación de la población palestina de la Franja de Gaza. Sus acciones parecen guiadas por el dios colérico, vengativo y cruel que recogen las versiones más antiguas de la Biblia. Bombardeos masivos por aire y tierra de las zonas densamente pobladas por civiles, incluidos campos de refugiados, en Gaza y ocasionalmente en Cisjordania. Bombardea las “zonas seguras”, decretadas por el propio Gobierno hebreo y ordenado que los palestinos se dirijan a las mismas. Ha asaltado y bombardeado centros de la UNRWA, la Agencia de la ONU encargada de ayudar a los refugiados. Atacado colegios y bombardeado y destruido o inhabilitado varios hospitales. Caso emblemático el del hospital Kamal Adwan. En diciembre de 2024, el ejército israelí forzó la evacuación de 400 pacientes civiles, incluidos los bebés en incubadoras. Significativamente, dañó el área femenina, los pabellones de maternidad y neonatales. ¿Menos mujeres, menos partos, menos nacimientos facilitan la vía hacia la limpieza étnica? Inhumanidad.

¿Será ésta la estrategia? Eliminar el sistema de ayuda alimentaria y médica que proporcionaban las Naciones Unidas, infligiendo sufrimientos indecibles mediante bombardeos, acorralamientos y desplazamientos forzosos. Asesinar, institucionalizar la hambruna. Inventar una imagen de supuesta humanidad facilitando mínimas dosis de ayudas a quienes sufren, sufrimiento producido por los facilitadores. Inhumanidad.

A partir de mayo de 2025 Israel prohibió todo tipo de ayuda humanitaria en la Gaza ocupada , hasta entonces provista -aunque continuamente bloqueada- por las Naciones Unidas. El 26 de mayo anunció que la ayuda sería proporcionada por una tal Fundación Humanitaria para Gaza, un tinglado privado israelo-norteamericano, principalmente financiado por contratistas evangelistas de EEUU y cuyo director es un líder evangélico cercano tanto a Trump como a Netanyahu. La mencionada Fundación ha instalado cuatro puntos de distribución alimentaria. La ONU tenía 400.

El ejército de Israel se halla desplegado en esos cuatro puntos. El diario israelí Haaretz es uno de los escasos medios que denuncian la barbarie que llevan a cabo Netanyahu y sus ministros ultraderechistas y casi diariamente evidencia sus patrañas. El pasado 27 de junio publicó un reportaje, con declaraciones de algunos soldados y oficiales presentes en alguno de esos cuatro puntos de distribución de ayuda, que reproduzco a continuación y que no necesitan de ulteriores comentarios (“It is a killing field. IDF soldiers ordered to shoot deliberately at unarmed Gazans waiting for humanitarian aid”, 27-6-2025). Ni que decir tiene que es comprensible que los genocidas intenten acabar con Haaretz.

Soldado entrevistado por Haaretz en uno de los puntos de distribución: “Según los días, entre uno y seis palestinos son matados diariamente. Quienes buscan ayuda son tratados como una fuerza hostil -no se dan medidas de control de multitudes, no gas para dispersar- solo fuego a discreción con todo lo imaginable: ametralladoras pesadas, lanzadores de granadas, morteros.” Con tal mortífero despliegue, apunto yo,¿ solo de uno a seis víctimas mortales?. Prosigue el soldado: “Los disparos paran, el centro abre y los palestinos se acercan. Nuestra forma de comunicarnos con ellos es el fuego de ametralladora. La pérdida de vidas humanas no significa nada. Ni siquiera es un incidente desafortunado. Todo esto se ha convertido en rutina. Sabes que no es justo. Sientes que no es justo y que los comandantes aquí tienen la ley en sus manos. Pero Gaza es un universo paralelo. La verdad es que la mayoría de nosotros ni siquiera piensa en ello. Se nos dice constantemente que en Gaza no existen los no combatientes y aparentemente ese mensaje ha calado en las tropas”.

Un oficial que se arriesga a hablar a Haaretz dice: “Disparar a los civiles no es consecuencia de una necesidad operativa o causada por un error de cálculo. Es producto de una ideología mantenida por la autoridad superior transmitida a las tropas como un plan operativo. Nadie se para a interrogarse por qué docenas de civiles, muchos de ellos niños, que buscan comida desesperadamente, son asesinados a diario”. Inhumanidad.

El 29-12-2023 Suráfrica, apoyada por numerosos Estados, presentó ante el Tribunal Internacional de Justicia una demanda contra Israel, acusándolo de violar la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza. Al día siguiente, Benjamin Netanyahu afirmó ante la prensa de su país que “el ejército de Israel es el más moral del mundo”. Hablando de moralidad, en junio de 1938, David Ben Gurion, que sería el primer jefe de Gobierno del Estado de Israel, sin el menor reparo, afirmó: “Estoy a favor del traslado forzoso de los palestinos. No veo nada inmoral en ello”. Eran los años en que un grupo de destacados dirigentes sionistas, todavía en la Palestina administrada por Gran Bretaña, urdían el plan de limpieza étnica para convertir al futuro Israel en un Estado puramente hebreo. Todo ello excelentemente documentado por Illan Pappé, uno de los más preclaros denominados nuevos historiadores judíos, en su obra La limpieza étnica de Palestina. Inhumanidad.

Más de una vez diversos diarios occidentales han resaltado la actuación de soldados israelíes filmando y grabando en el interior de viviendas semi destruidas por los bombardeos en la Franja. Mofándose de quienes, ahora muertos o huidos, habitaban moradas de por sí prácticamente inhabitables. Ridiculizando su cultura, sirviéndose de todo tipo de expresiones soeces para referirse a ellos. En fin, la crueldad como entretenimiento. Inhumanidad.

José Antonio Marina cita una frase de Rudolf Hess, número dos de Hitler, de un discurso pronunciado en junio de 1934: “El nacionalsocialismo de todos nosotros tiene sus raíces en la lealtad acrítica, en un sometimiento al Fuhrer que no se detiene en razones individuales y en la silenciosa ejecución de sus órdenes. Creemos que el Fuhrer obedece a una llamada superior para modelar la historia alemana. Esta creencia no admite críticas”.

Cabe preguntarse cuántos ciudadanos de Israel, cuántos soldados de Israel, son partidarios de esa lealtad acrítica. Cuántos serán capaces no solo de ser éticamente críticos y pasar a la acción contra quienes crecientemente conducen a Israel a realizar una inhumana limpieza étnica. Cuántos estarán dispuestos a critícamente oponerse al genocidio en marcha.

Porque, sin duda alguna, el genocidio está en marcha. Numerosas organizaciones no gubernamentales y diversos órganos de Naciones Unidas han facilitado suficientes evidencias de lo que se está cometiendo y en qué dirección se comete. La evidencia más concreta, palmaria y rigurosa la ha proporcionado Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967. En su Informe Anatomía de un genocidio. Recuerda que la Convención sobre el Genocidio entiende en su artículo 2 que tal crimen es “cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la idea de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: matanza de miembros del grupo; lesión grave a la integridad física o mental de los integrantes del grupo y sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial”.

 Las condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial incluyen la hambruna, el desplazamiento forzoso del grupo, la destrucción de medios indispensables para su supervivencia, la reducción al mínimo de los servicios médicos esenciales, la privación de vivienda, educación e higiene.

El Informe Albanese concluye que Israel ha cometido al menos tres de los actos prohibidos por la Convención de Genocidio (algo que también nosotros hemos comprobado). Así, en el asalto a Gaza “hay evidencia directa de la intención genocida. Una retórica genocida pinta a toda la población palestina como el enemigo a eliminar. Altos funcionarios israelíes, incluidos el presidente y el primer ministro, han hecho declaraciones que evidencian la intención genocida (párrafo 50). “La violencia aniquiladora dirigida a las tropas supone una fuerte evidencia de incitación pública y directa a cometer genocidio. Décadas de discursos deshumanizando a los palestinos han construido la base para esa incitación" (párrafo 51).

Inmisericordemente y sin tapujos, Albanese prosigue: “Desde el 7 de octubre, la proliferación de manifestaciones incitando al genocidio también han involucrado a diversos sectores de la sociedad israelí, líderes religiosos, periodistas y distintos profesionales, incluidos médicos y comentaristas políticos” (párrafo 52). “Hay pruebas concretas de que estas manifestaciones han sido interiorizadas por las tropas [recordemos la mofa y mezquino desprecio de soldados israelíes en el interior de viviendas palestinas machacadas], tropas que se han referido en redes sociales a los palestinos como y y han repetido la terminología utilizada por dirigentes políticos en el sentido de que no hay civiles que no estén Implicados” (párrafo 53).

 Al director del genocidio en marcha, Benjamin Netanyahu, se le ha ocurrido la sui generis idea de proponer a Donald Trump, sin cuya complicidad y apoyo material y político no habría ya cien mil palestinos asesinados, candidato al premio Nobel de la Paz. No comment. Salvo que pienso que es Francesca Albanese quien debería recibir ese galardón. Por cierto, hace tiempo que el genocidio en marcha podría haber sido detenido si la Unión Europea, poniendo en práctica los principios y valores que constitucionalmente proclama, hubiera hecho frente a la barbarie diariamente cometida por un Estado con el que mantiene un acuerdo de asociación que exige el respeto a los derechos humanos. En abril de este año, a este respecto, publiqué en estas páginas un texto que titulé Esta no es mi Unión Europea. Para concluir estas líneas, con dolor y profunda tristeza, me sumo a la reflexión que hace semanas expresó Iñigo Domínguez, siempre de aguda pluma: “A la UE le ha llevado año y medio decidir que este cúmulo de crímenes de guerra es lo que es, pero luego ha concluido que no hará nada. En todo este teatro de la crueldad uno no puede esperar mucho de países que creen tener a Dios de su parte (Irán, Israel, Estados Unidos) y por eso pisotean la ley y la verdad. Pero es moralmente demoledor, y el fin del sueño europeo, que la UE, que no tiene a Dios detrás, que se sepa, sino los derechos y la democracia, calle y retroceda ante los bárbaros. En estos tiempos terribles solo los fanáticos son firmes en sus principios. Europa no dice la verdad, ni defiende la ley, pero lo peor es ver a Mark Rutte haciéndole la pelota a Trump. No he visto nunca una pandilla semejante de petimetres tan cobardes y serviles. Estos son ahora los auténticos valores europeos, más que los que se proclaman” (“La Europa de los cobardes y los pelotas”, El País, 29-5-2025).

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Emilio Menéndez del Valle es embajador de España.

El 17 de abril de 2024, Philippe Lazzarini, comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA), tras recordar al Consejo de Seguridad de la Organización ante el que comparecía que la Agencia existe porque no existe una solución política para el tema, manifestó: “Hoy está en marcha una insidiosa campaña para poner fin a las operaciones de la UNRWA, con serias implicaciones para la paz y la seguridad”.

De la insidia, a la fuerza bruta. El 7-4-2025 cerró Israel las seis escuelas que la Agencia mantenía en el Jerusalén Este ocupado. Previamente, el 30-1-2025 habían entrado en vigor las leyes del Parlamento hebreo que prohibían todas sus operaciones en Israel y en las áreas ocupadas. Añádase a ello el bombardeo y destrucción, desde que tuvo lugar el atentado terrorista de Hamas, de diversos centros UNRWA en la Franja de Gaza y la muerte de muchos de sus trabajadores.

La Franja se halla desde hace dos meses sometida a un bloqueo israelí total. Sin alimentos, agua, medicamentos, combustible… Según las propias autoridades hebreas, se trata de hacer insoportable la vida a los dos millones de gazatíes que aún sobreviven para forzar a Hamas a capitular. Bezalel Smotrich, ministro de Hacienda: “Se trata de impedir por completo el flujo humanitario y de abrir las puertas del infierno lo antes posible”.

Es un capítulo de la limpieza étnica que se persigue. En noviembre de 2024, el Tribunal Penal Internacional (TPI) emitió órdenes de detención contra el primer ministro Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad, acusándoles de llevar a cabo una política de hambre criminal contra la población civil, esto es, de utilizar el hambre como arma de guerra. El estatuto del TPI enumera los actos que entiende son crímenes de lesa humanidad. Entre ellos, el exterminio. En su artículo 7, 2b: “El exterminio comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de una parte de una población”.

A causa de la actuación de sus actuales dirigentes, el Estado de Israel se halla bajo la lupa de dos importantes instituciones judiciales internacionales: el TPI y el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), órgano judicial de las Naciones Unidas. Entre el 28 de abril y el 2 de mayo, el TIJ ha celebrado audiencias en La Haya, en cumplimiento de la resolución de la Asamblea General (A/Res/79/232, de 19-12-2024), que le requiere la emisión de una opinión consultiva sobre las acciones de Israel.

La resolución, que fue aprobada por gran mayoría (137 a 12 votos), estipula que “de conformidad con el artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas, solicita al Tribunal Internacional de Justicia que, con carácter prioritario y la máxima urgencia, emita una opinión consultiva sobre la siguiente cuestión, teniendo en cuenta las normas y principios del derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos… y la opinión consultiva del Tribunal de 19 de julio de 2024, en la que el Tribunal reafirmó el deber de la potencia ocupante de administrar el territorio ocupado en beneficio de la población local y afirmó que Israel no tiene derecho a la soberanía sobre ninguna parte del Territorio Palestino Ocupado ni puede ejercer poderes soberanos en él debido a su ocupación: ¿Cuáles son las obligaciones de Israel, como potencia ocupante y como miembro de las Naciones Unidas, en lo que respecta a la presencia y las actividades de las Naciones Unidas, incluidos sus organismos y órganos, otras organizaciones internacionales y terceros Estados en el Territorio Palestino Ocupado y en relación con él, incluida la garantía y facilitación de la provisión sin trabas de los suministros que se necesitan con urgencia y son esenciales para la supervivencia de la población civil palestina, así como de servicios básicos y asistencia humanitaria y para el desarrollo, en beneficio de la población civil palestina y en apoyo del derecho del pueblo palestino a la libre determinación?”.

En las sesiones del TIJ recién concluidas y cuyo veredicto tardará tiempo en emitirse han participado 39 Estados, más la propia ONU y otras tres organizaciones internacionales: la Liga de los Estados Árabes, la Organización para la Cooperación Islámica y la Unión Africana. Todos ellos expusieron oralmente sus argumentos ante el Tribunal. Israel se negó a acudir y envió un texto escrito. Entre otros Estados presentes, China, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, Indonesia, Pakistán, Suráfrica y el propio Estado de Palestina.

Merece la pena reproducir la argumentación de este último: “Las acciones de Israel son impropias de un Estado amante de la paz. Las restricciones a los derechos fundamentales del pueblo palestino, los ataques a las Naciones Unidas y a sus funcionarios, propiedades e instalaciones, su deliberada obstrucción al trabajo de la Organización y su intento de destruir un órgano subsidiario de la ONU no tiene precedentes en la historia de la Organización. Ello supone el repudio de Israel a las obligaciones que la Carta le impone y del derecho internacional”. La abogada que representaba a Palestina ante el TIJ añadió: “Hoy Gaza es el lugar del mundo con mayor número de niños con miembros amputados, la mayor crisis infantil de la historia moderna, con toda una generación en peligro de sufrir irreparables discapacidades físicas y cognitivas. Más de 15.600 niños han resultado muertos violentamente. Decenas de miles de niños en Gaza están heridos o desaparecidos y muchos de los que hasta ahora han sobrevivido se encuentran tan traumatizados que abiertamente manifiestan su deseo de morir”.

La argumentación defensiva escrita, que no presencial, de Israel ha consistido en manifestar que las sesiones son “un circo de antisemitismo”. Asegura que el derecho soberano a defenderse prima sobre la responsabilidad de facilitar ayuda humanitaria al pueblo que ocupa. No tiene por qué respetar la inmunidad de UNRWA, “cuando las legítimas preocupaciones de seguridad de un Estado miembro son gravemente socavadas por la agencia en cuestión”. Posición ridícula: ¿es creíble sostener que una agencia humanitaria puede poner en riesgo la seguridad un Estado? En realidad Israel carece de razones, salvo la de la fuerza bruta y el absurdo argumentativo, como este expuesto estos días por su ministro de Exteriores, Gideon Saar: “Las audiencias del Tribunal Internacional de Justicia son parte de una persecución sistemática de deslegitimación de Israel. No es Israel quien debe ser juzgado. Son las Naciones Unidas y la UNRWA”.

La resolución de la Asamblea General de diciembre de 2024 que solicita la opinión del TIJ fue opuesta por tan solo un puñado de Estados miembros, los tradicionales, escasos y, con excepción de EEUU, irrelevantes amigos de Israel, por razones sui generis, las económicas incluidas: Hungría, Chequia, Fiji, Micronesia, Nauru, Palau,Tonga, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y la Argentina de Milei.

Vivimos momentos clave para el Derecho internacional y los derechos de los palestinos bajo ocupación, sometidos a un proceso genocida y de limpieza étnica. Ante la inacción de los Estados europeos y árabes, me dirijo a los míos, a los europeos: ha llegado la hora de poner en práctica los principios y valores tan repetidamente proclamados o renunciar definitivamente al también frecuentemente exhibido liderazgo moral. La opinión consultiva que el TIJ emitirá dentro de algún tiempo gozará de elevado valor ético y ejemplar, pero no es vinculante. No puede cambiar los hechos. No puede forzar a Israel a dar marcha atrás en lo que diversas sentencias del TIJ ya han enumerado: genocidio plausible, crímenes de guerra y de lesa humanidad, desplazamiento masivo forzoso, hambruna, colapso provocado de las infraestructuras civiles en Gaza. La opinión del TIJ condenará a Israel y reafirmará los principios del Derecho internacional. Nada más. Es necesaria una acción coordinada del mundo occidental, basada en los principios y valores de que hace gala, para poner fin a los horrores denunciados por TIJ y TPI. Sin ello la barbarie proseguirá y al escalofriante relato ante el TIJ de la representante jurídica de Palestina sobre los niños palestinos asesinados o mutilados, podrá añadirse el que hace quince años me hizo en Gaza el psiquiatra palestino Eyad al Sarrej: “No es fácil que, en la hecatombe, un niño sobreviviente, traumatizado, que despierta rodeado de los cadáveres de sus amigos colegiales asesinados por las bombas israelíes, olvide. Si en Gaza se pregunta a un niño qué quiere ser de mayor, no contesta que le gustaría ser médico o ingeniero. Dirá que quiere ser mártir”. Occidente, Israel, tomen nota.

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Emilio Menéndez del Valle es embajador de España.

Esta no es mi Unión Europea. Tengo ochenta años y lo ha sido durante décadas. Ya no lo es. No es la Unión cuyos principios y valores he defendido y propagado, orgulloso, durante ese tiempo. Lo he hecho como ciudadano, embajador y eurodiputado. Hoy no podría hacer lo mismo. Me avergonzaría. Engañaría a la posible audiencia, porque aquella Unión Europea no es la Unión Europea de hoy.

En abril de 2024, si aún estuviera en la Cámara de Estrasburgo, me habría quedado atónito al oír a su presidenta, Roberta Metsola, hacer una exposición de los cinco años de legislatura que tocaban a su fin, con esta conclusión: “Hemos defendido a la humanidad en Oriente Medio”. No ha sido así ni lo está siendo en el caso de Palestina y más concretamente de Gaza. La Unión Europea padece una crisis de humanidad. En la línea de lo que en noviembre de 2023 exclamara António Guterres a propósito de la pesadilla de Gaza: “Es más que una crisis humanitaria. Es una crisis de humanidad“. Muy alejada de lo que reza el Preámbulo de su Carta de Derechos Fundamentales: “Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana” o proclama su artículo 1: “La dignidad humana es inviolable”.

¿Acaso los palestinos no son seres humanos? Está claro que el artículo 1 es susceptible de ser interpretado como derecho universal, no exclusivamente aplicable a los ciudadanos de la UE. ¿De qué defensa de la humanidad hablaría Metsola? La inacción del Parlamento en esa legislatura fue notoria y solo un mes antes de la intervención de la presidenta, la Cámara pidió un alto el fuego inmediato y permanente en Gaza, pero el uno de marzo mayoritariamente rechazó exigir un embargo de armas a Israel, armas con las que Israel masacraba a la población palestina. Justamente ese día soldados israelíes mataron a 127 palestinos que a la desesperada, muertos ya de hambre, asaltaban un magro convoy de ayuda humanitaria.

El apoyo de la UE a Israel, a este Israel bárbaro, es completo y multiforme. Material económico, comercial y político. También propagandístico. Con motivo del asalto terrorista de Hamas del 7 de octubre, la presidenta Von der Leyen apareció ante una bandera israelí cubriendo el edificio de la Comisión y un lema: “Israel tiene derecho a defenderse. Hoy y en los días venideros, la Unión Europea está con Israel”. Entendido. Aceptado. Pero los palestinos, que ni por asomo reciben ayuda similar a la que se da a Israel, ¿tampoco tienen derecho a obtener que una bandera de Palestina cubra el edificio de la Comisión, con una leyenda que diga: “Dado que la Unión Europea no lo ha hecho hasta ahora, lamentamos el error y nos comprometemos a hacer todo lo posible para impedir que Israel lleve a cabo una limpieza étnica en Palestina?”.

La realidad es que desde su fundación la UE ha tratado a Israel como miembro de facto de la misma, a pesar de las permanentes barbaridades, expansión territorial y continuas acciones contrarias al Derecho internacional, cometidas mucho antes de la actual invasión de Gaza. El Acuerdo de Asociación UE/Israel, en vigor desde 2000, ha servido para blindar a este último. El Acuerdo tiene por objeto proporcionar un marco jurídico e institucional adecuado para el diálogo político y la cooperación económica. Contiene una cláusula específica en su artículo 2 que considera el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos elemento esencial del mismo. Elemento obviamente ignorado por Israel.

Tan solo escasos países, entre ellos España, han pedido la denuncia del Acuerdo debido a la acumulación de barbaridades cometidas en Gaza. Dentro de la Comisión Europea, hasta no hace mucho el todavía Alto representante Josep Borrell, prácticamente en solitario, defendió activamente esa posición. A pesar de que el 20/5/2024 el Tribunal Penal Internacional emitiera órdenes de detención contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Galant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad, las reuniones entre ambas partes continuaron.

En junio de 2024, el prestigioso Transnational Institute de Amsterdam publicó un amplio y rigurosamente documentado informe sobre la complicidad de la Unión Europea en el genocidio que Israel lleva a cabo en Gaza ("Partners in crime. EU complicity in Israel’s genocide in Gaza"). Israel está llevando a cabo genocidio y limpieza étnica y la UE es cómplice por inacción política, pero asimismo por la cooperación comercial, económica, financiera y política con ese país. A pesar de las evidencias más que suficientes de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Desde siempre la Unión ha financiado a instituciones israelíes de investigación y continúa haciéndolo durante la actual masacre en Gaza. En los pocos casos en que Bruselas ha criticado determinadas acciones israelíes, ello no ha pasado de la pura retórica, pues nunca la crítica ha sido seguida de medidas concretas.

Si se diera el caso de que los dirigentes de Bruselas no confiaran en las conclusiones de una fuente privada como es el Instituto Transnacional, pueden acudir al "Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese: El genocidio como supresión colonial" (Asamblea General ONU, A/79/384, de 1/10/2024). En diversos textos oficiales, la Unión Europea afirma “estar resuelta a defender la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos. Apoya firmemente el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas”. Parecería congruente que Bruselas actuara según el análisis y conclusiones del Informe Albanese, del onusiano Consejo de Derechos Humanos.

Para reaccionar y emprender contundentes acciones contra Israel debería bastar que Bruselas leyera detenidamente las investigaciones y análisis jurídicos, entrevistas con víctimas y testigos y otras fuentes de verosimilitud contrastada, iniciando la lectura con la Introducción: “En marzo de 2024, la Relatora Especial concluyó que había motivos razonables para creer que Israel había cometido actos de genocidio en Gaza. En el presente Informe, la Relatora Especial amplía el análisis de la violencia ejercida contra Gaza tras el 7 de octubre de 2023, que se ha extendido a la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental. La Relatora Especial se centra en la intención genocida y contextualiza la situación actual dentro de un proceso de expansión territorial y depuración étnica que ha durado décadas y cuyo objetivo ha sido aniquilar la presencia palestina en Palestina. La Relatora Especial sugiere que el genocidio debe considerarse un componente esencial y decisivo del objetivo de Israel de colonizar completamente la tierra palestina expulsando al mayor número posible de palestinos”.

Recientemente, Israel ha añadido un nuevo instrumento al conjunto de acciones para avanzar en la limpieza étnica del territorio. Se trata de asesinar selectivamente. El 11/4/2025, la ONU informó de que 36 ataques israelíes habían sido dirigidos específicamente contra mujeres y niños. Menos mujeres que procreen, menos niños que crezcan y que se resistan por la fuerza a la ocupación, mayores posibilidades de avance para la limpieza étnica. En mi condición de eurodiputado he visitado Gaza en dos ocasiones. Una Gaza que sufría asedio y ataques, aunque no en las proporciones actuales. En 2005 me reuní con el doctor Al Serraj, psiquiatra de prestigio en la Franja, entre otras cosas por haber sufrido persecución tanto por los israelíes como por la Autoridad Nacional Palentina. Cambiando impresiones sobre el futuro, me dijo algo que nunca olvidaré: “Si se le pregunta a un niño palestino qué quiere ser de mayor, no le responderá médico o comerciante. Le dirá que quiere ser mártir”. Atención Israel.

Desearía con estas líneas rendir homenaje a Josep Borrell, no solo por sus denodados esfuerzos como Alto Representante para convencer a sus pares de que la UE debería ejercer su deber legal y moral, sino también por la batalla que ahora continúa librando ante la opinión pública sobre el tema. Hace escasos días, escribió: “A pesar de las múltiples resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas y las decisiones del Tribunal Penal Internacional, no logré como alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, que ni el Consejo ni la Comisión actuaran ante las violaciones masivas y repetidas del derecho internacional y del derecho humanitario por parte del Gobierno de Netanyahu, como sí hemos hecho ante la agresión de Putin contra Ucrania. Y hasta el final de mi mandato, he podido constatar hasta qué punto este doble rasero ha debilitado la posición de la UE en el mundo. España y algunos otros, pocos, países europeos han pedido a la Comisión que estudie si ese comportamiento está de acuerdo con las obligaciones de su Acuerdo de asociación con Europa. Y han obtenido el silencio como respuesta. La mala conciencia por el Holocausto de algunos países europeos, convertida en “razón de Estado” para justificar el apoyo incondicional a Israel, nos puede convertir en cómplices de crímenes contra la humanidad” (El País, 20-4-2025).

Me resulta espeluznante (y creo que a miles y miles de ciudadanos también) ver a diario en las televisiones la continuidad de la masacre en la Franja de Gaza: hospitales y campamentos de refugiados bombardeados, zonas “seguras” previamente designadas por Israel a las que los gazatíes habrían de desplazarse, bombardeadas. Centros y escuelas de la Agencia ONU para los refugiados (UNRWA), bombardeados, centenares de trabajadores humanitarios y periodistas, asesinados. Limpieza étnica, sin tapujos. Borrell dijo hace unos días que los valores de la UE yacen bajo los escombros de Gaza. Loor a Josep Borrell, oprobio a la Unión Europea.

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Emilio Menéndez del Valle es embajador de España.

La felicidad es idea, concepto, reflexión, política, desde el inicio de los tiempos. Se halla presente en las sociedades humanas y en quienes las gobiernan. Para anhelarla o para aniquilarla. De esto último la historia está repleta. En el llamado Occidente, ejemplos recientes son la Alemania nazi, la Italia de Mussolini o la España de Franco. Aún más recientes, el Israel de Netanyahu o los Estados Unidos de Donald Trump. Todos ellos insensibles a la máxima “El ser humano tiene derecho a ser feliz y es deber del gobernante conseguirlo”. 

La idea de la felicidad ha sido una constante en las reflexiones de los filósofos a lo largo de la historia. Platón (427 a.c.-347 a.c.) pensaba que la felicidad consistía en una vida dedicada al conocimiento y a la virtud. Para su discípulo Aristóteles (384 a.c.-322 a.c.) la felicidad (eudemonia) estribaba en una vida bien vivida, en la práctica de virtudes como la justicia, la moderación o la sabiduría. 

Los filósofos de la Ilustración fueron activos en este tema. A Rousseau (1712-1778) no le cabía duda de que “el objeto de la vida humana es la felicidad”. Distinguía entre felicidad privada y pública. Es deber de la comunidad política poner a los ciudadanos en situación de ser felices. Ha de crear condiciones óptimas para que aquellos puedan llevar a cabo la búsqueda de la felicidad en su sentido privado. Para Kant (1724-1804) la felicidad consiste en la plena satisfacción de todas nuestras necesidades. Estar contentos con la propia existencia. La felicidad no es algo innato a la persona. Debemos buscarla, conquistarla, según años después defendería Bertrand Russell (1872-1970), pues no nos viene dada. El matiz conquista, asimismo presente en Albert Camus (1913-1960): “La felicidad es la mayor de las conquistas, la que hacemos contra el destino que se nos impone”. La visión pesimista corresponde a Hegel (1770-1831), para quien “la historia del mundo no es un suelo en el que florezca la felicidad. Los tiempos felices son en ella páginas en blanco”. El inglés Jeremy Bentham (1748-1832), ateo, filósofo y jurista, patrocinador del utilitarismo, fue un gran reformador en la época. Revolucionario, me atrevería a decir. Activista de los derechos humanos y de los animales, partidario de la separación entre iglesia y estado, de la abolición de la esclavitud y de la pena de muerte, de la igualdad en derechos de las mujeres, del derecho al divorcio y de la despenalización de la homosexualidad. Definió como axioma fundamental de su filosofía el principio de que “la máxima felicidad del mayor número de personas es la medida de lo bueno y lo malo”. La mejor sociedad es aquella en que los ciudadanos son felices. 

La búsqueda de la felicidad es objetivo expresado en las Constituciones de numerosos Estados y en diversas Declaraciones nacionales e internacionales. Así, el artículo 13 de nuestra Constitución de Cádiz de 1812 reza: “El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen”. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de agosto de 1789, producto jurídico fundamental de la Revolución Francesa, alude en su Preámbulo a la felicidad como objeto del Gobierno de la Nación: “Los representantes del Pueblo Francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos, han resuelto exponer en una Declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del Hombre…para que esta Declaración… les recuerde permanentemente sus derechos y sus deberes…y para que puedan tender siempre a mantener la Constitución y la felicidad de todos”. 

Trece años se adelantaron a los franceses los independentistas norteamericanos de las  trece colonias de la Corona inglesa. Una de ellas, Virginia, proclama el 12-6- 1776 su Declaración de Derechos, texto emblemático del constitucionalismo universal, que en su artículo primero dice: “Todos los hombres son, por naturaleza, igualmente libres e independientes…tienen ciertos derechos inherentes…a saber, el goce de la vida y de la libertad con los medios de adquirir y poseer la propiedad y perseguir y obtener la felicidad y la seguridad”. Tres semanas después, el 4 de julio, es ratificada la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (título oficial “Declaración unánime de los trece Estados Unidos de América”). El texto se inicia así: “Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le dan derecho, un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que le impulsan a la separación. Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad…”. 

El principio de felicidad ha sido abordado por las Naciones Unidas. En su resolución 65/309 de 19-7-2011, la Asamblea General, por unanimidad, califica “la búsqueda de la felicidad objetivo humano fundamental y manifestación del espíritu de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. Promovida por Bután, señala que “el indicador del producto interno bruto no fue concebido para reflejar la felicidad y el bienestar de las personas” e invita a los Estados miembros a “elaborar nuevas medidas que reflejen mejor la importancia de la búsqueda de la felicidad y el bienestar en el desarrollo”. Se trata de que la comunidad internacional reconozca la necesidad de que se aplique al crecimiento económico un enfoque más inclusivo, equitativo y equilibrado, que promueva el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la felicidad y el bienestar de todos los pueblos. 

Loor a Bután, monarquía constitucional en el Himalaya, entre China e India. Pequeño país de 41.000 kilómetros cuadrados y población de 800.000 habitantes, con una diplomacia capaz de plantear en ONU un asunto de esta naturaleza, en el que posiblemente su cultura budista haya tenido algo que ver. Lhatu Wangchuk, embajador en 2011 de este minúsculo gran Estado, afirmó al presentar su proyecto de resolución: “El anhelo por una vida satisfactoria, significativa y feliz es un objetivo fundamental para cualquier persona y es de hecho lo que nos hace humanos. El desarrollo y la prosperidad medidos sólo como acumulación de bienes materiales no solo no aporta ninguna felicidad, sino que es el germen de todos los males que están llevando a la Humanidad y a la Tierra a su autodestrucción. El desarrollo y la producción descontrolados agravan el cambio climático y destruyen las reservas naturales, lo que acabará llevando a la Humanidad a guerras por los recursos naturales más terroríficas que las del siglo XX”. 

Si pudiera (aunque dé la impresión contraria, no puede con todo), Donald Trump intentaría humillar al embajador Wangchuk y anexionarse Bután, algo que asimismo le resultaría difícil dado que el reino himalayo es vecino de China e India. Ralph Nader advierte que “estamos tratando con un mentiroso compulsivo, patológicamente inestable y trastornado”. Como candidato, Trump prometió un “auge económico nunca visto”. En un mitin de octubre 2024, proclamó: “Iniciaremos una nueva era de altísimos ingresos y riqueza vertiginosa. Millones y millones de nuevos empleos y una clase media en auge”. En el discurso al Congreso sobre el estado de la Unión de 4-3-25, dijo que los aranceles que había ordenado causarían “algunas perturbaciones, pero no durarán”. El 9-3-25, en declaraciones a Fox News, manifestó que “hay un periodo de transición porque lo que estamos haciendo es muy grande. Durará un poco de tiempo, pero estamos trayendo de nuevo la riqueza a Estados Unidos”. Aun así, con las bolsas cayendo, el patológicamente inestable presidente dijo que una recesión no era descartable, al tiempo que JP Morgan y Golden Sacks afirman que una recesión en el año próximo es más probable a causa de los aranceles. Varios medios han recordado que la economía heredada por Trump era sólida, con bajo desempleo y una tasa de inflación decreciente. Lejos se halla el mentiroso presidente de las aspiraciones de la Declaración de Independencia. Obviamente, no comparte que todos los hombres son creados iguales, con derechos inalienables, entre ellos…la búsqueda de la felicidad. El patológicamente trastornado presidente causa dolor, no felicidad. Distanciado se encuentra de las reflexiones y actitudes de Platón, de la moderación y sabiduría aristotélicas, de las de los activistas de la Ilustración. 

Donald Trump ha incorporado a su gobierno (¿puede denominarse así la institución que preside?) a individuos alejados de los valores de la Declaración de Independencia o de la de los Derechos de Virginia, con currículos indeseables, empeñados en abolir derechos y libertades civiles. Gentes no cualificadas para el cargo, potencialmente peligrosas para la seguridad o la salud. Entre otros, Robert Kennedy Jr., ministro de Sanidad, activista anti vacunas y difusor de teorías de la conspiración. O Pete Hegseth, ministro de Defensa, presentador televisivo de Fox News, acusado en octubre de 2017 de agresión sexual. Contrario a acusar a soldado alguno de crímenes de guerra, a favor de inculcarles lo que denomina “ética guerrera”, partidario de relajar las normas de la guerra. Preguntado por un periodista si ello supondría abandonar las Convenciones de Ginebra, contestó que simplemente las reinterpretarían. O Kash Patel, director del FBI, que, días antes de los comicios de 2024, afirmó: “Desde mi trabajo en la próxima administración perseguiré a quienes en los medios de comunicación ayudaron a Biden a amañar las elecciones”. 

El presidente compulsivo es, además, un populista. O como lo califica, Timothy Snyder, un sadopopulista. El historiador de Yale denomina sadopopulismo a un tipo de populismo en el que el pueblo no recibe sino dolor cuando intenta lograr la felicidad. En ese populismo, el lema es “Yo, el líder y vosotros, el pueblo, estamos contra la élite y yo voy a transferiros una parte de la riqueza de la élite”, pero, asegura Snyder, Trump no está transfiriendo riqueza alguna de la élite al pueblo, sino al contrario y añade: “No está dando a la gente mayores oportunidades para perseguir la felicidad. Está creando más dolor en el sistema”. 

Es evidente que el mentiroso compulsivo, patológicamente inestable y trastornado presidente está causando dolor al sistema y a los ciudadanos. Al sistema estadounidense y al internacional. A los ciudadanos norteamericanos y a los del mundo. He aquí algunos ejemplos a nivel interno: desmantelamiento (a la espera de su aprobación en el Congreso) del ministerio de Educación, “en manos de izquierdistas y liberales, gente que odia a nuestros hijos”; sustanciales recortes en el sistema de seguridad social (Medicaid), que cubre a 71 millones de personas, incluidos millones de votantes de Trump. Recortes necesarios para compensar en el presupuesto la rebaja de impuestos a los ricos; desregulación de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), con el objetivo de revitalizar la industria automovilística; clausura de la emisora Voice of America, que emitía en 50 lenguas, con 354 millones de oyentes semanales, acusada de difundir “propaganda radical”.

El daño causado al sistema internacional, al planeta y a millones de personas desfavorecidas, en situaciones de miseria o hambruna, víctimas de crímenes de guerra o de lesa humanidad entre otras, se evidencia con los decretos firmados para retirarse de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del parisino Acuerdo del Clima o del Consenso OCDE para el impuesto mínimo a las multinacionales. El genio “eficiente” de Elon Musk ha logrado la cancelación del 83% de los programas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los restantes serán transferidos al Departamento de Estado para “ser administrados de manera más eficaz”, según su jefe Marco Rubio. Entre otros objetivos, la Agencia financiaba programas vitales para la salud, la educación y el control de epidemias en 120 países, que ayudaban a millones de personas, si no a alcanzar la felicidad, al menos a atenuar el sufrimiento. 

Ante este panorama y en estas circunstancias no parece fácil para la mayoría del pueblo norteamericano lograr la felicidad anhelada en la Declaración de Independencia. Ralph Nader sostiene que el discurso trumpiano al Congreso fue “una declaración de guerra contra el pueblo americano, incluidos los votantes de Trump, en favor de los super ricos y de las grandes corporaciones. Trump, Musk y Vance están instalando una dictadura imperialista y militarista que acabará en un Estado policiaco”. Sin duda, los aludidos considerarán a Nader un peligroso radical que debe ser eliminado. Sin embargo, medios no tan “radicales” exponen tesis similares. Por ejemplo, The Financial Times, en “Trump: an all-out assault on the rule of law” (22-3-25). Claro que este diario británico liberal-conservador puede ser objeto de persecución autoritaria, al igual que lo están siendo otros medios locales. 

He citado páginas arriba la sentencia de Camus: “La felicidad es la mayor de las conquistas, la que hacemos contra el destino que se nos impone”. No cabe duda de que Trump y la camarilla de oligarcas que le rodean (certeramente denunciados por el senador independiente por Vermont, Bernie Sanders) pretenden imponer un destino alejado de la felicidad. Numerosos ciudadanos se encuentran huérfanos de la máxima kantiana, no están contentos con la propia existencia y Donald Trump supone precisamente una amenaza existencial para los valores y principios que pueden hacerla grata. 

¿Cómo lograr en los actuales Estados Unidos que la aspiración de Jeremy Bentham (“La mejor sociedad es aquella en que los ciudadanos son felices”) se convierta en realidad? Veo una posibilidad de abrir camino en esa dirección en las elecciones de medio mandato para renovar parcialmente a congresistas, senadores y gobernadores. Durante los dos próximos años hasta la celebración de esos comicios, podría producirse un cambio de actitud en numerosos ciudadanos que votaron en 2024 al patológicamente inestable y trastornado presidente. La agresión trumpiana al sistema de Seguridad social, que perjudica a millones de personas independientemente de su ideología, supone un aliciente para cambiar de voto. Por otro lado, un número histórico de votantes de confesión musulmana se inclinó por Trump en noviembre, abandonando al Partido Demócrata, indignados por la política de Biden hacia Israel/Palestina. La actitud de apoyo incondicional de Trump a la limpieza étnica en Gaza promovida por Netanyahu y su propio y absurdo proyecto de crear una “Riviera turística” en el territorio, con mucha probabilidad cambiará el sentido del voto de muchos. Asimismo, numerosos ciudadanos de origen hispano que en noviembre abandonaron a los demócratas, alarmados por la actual política migratoria, podrían consolidar idéntica tendencia. El resultado de las votaciones de medio mandato puede ser clave para impulsar la búsqueda de la felicidad, dado que se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes, un tercio de senadores y los gobernadores de 34 de los 40 Estados de la Unión. 

De no ser así, lamentable y angustiosamente, el país tal vez podría sumirse en el sentimiento de desesperación que, tres días antes de la victoria en noviembre del cabecilla del MAGA, el periodista y escritor Shaun Micallef, expresaba así: “Creo que la única manera de que América sea verdaderamente grande de nuevo es que los británicos vuelvan a invadirnos y hagan de América lo que en su día fue: 13 colonias separadas que producen principalmente tabaco, arroz e índigo”.

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Emilio Menéndez del Valle es embajador de España.

En agosto de 2022 publiqué en estas páginas una pieza con este título. Esta es, lamentablemente, la continuación. Me preguntaba entonces si un país democrático y constitucional tenía allanado el camino hacia un resultado de esa naturaleza. Hoy me temo que el camino está allanado, salvo que… Dejemos las salvedades para más adelante. 

En enero de 2022, The Washington Post había publicado un concienzudo estudio que sostenía que el 40% de los ciudadanos norteamericanos apoyaría un golpe de estado en determinadas circunstancias. Destacaba las conclusiones del sueco Instituto Internacional por la Democracia, que el 22-11-21 había incluido a los EEUU en la lista de Estados considerados “democracias en retroceso”. El estudio del Post resaltaba como preocupante el hecho de que el número de ciudadanos dispuestos a tolerar un golpe de Estado había pasado del 28% en 2017 al 40% en 2021. 

Por su parte, Chris Cirizza, una estrella de la CNN, comunicó entonces que “solo” el 32% de los ciudadanos afirmaba que Biden había ganado fraudulentamente las elecciones (en realidad había vencido a Trump por más de siete millones de votos). Añadía que pensar que el asalto al Capitolio fue un incidente aislado no se compadece con el hecho de que uno de cada tres norteamericanos cree firmemente que a su ídolo se le robó la presidencia y con idéntica firmeza se niega a aceptar hechos objetivamente verificables que desmienten la fantasía en que viven. Se trata de una receta para el desastre, decía. 

Y ante esa receta nos hallamos ahora, tras haber ganado Donald Trump, esta vez sí, los comicios legítimamente y haber accedido a la Casa Blanca. Muchos, dentro y fuera de EEUU, se preguntan, nos preguntamos, cómo es posible que un personaje como Trump haya vencido legítimamente. Si prestamos atención a diversos estudios, análisis, encuestas aparecidos en años recientes, hasta pocos meses antes de las elecciones de noviembre de 2024, es posible que hallemos respuesta. 

Encuesta de Democracy Fund, de diciembre 2022: “Hipocresía Democracia. Examen de las frágiles convicciones democráticas de Estados Unidos”. Centrándose en los republicanos , concluye que el 81% de quienes en septiembre de 2020 creían que es importante que el perdedor reconozca la victoria del ganador, tras la victoria de Biden un 62% lo rechazaba afirmando que no era un presidente legítimo. El 53% mantenía que Trump no debería aceptar a Biden.

En lo que se refiere al asalto al Capitolio de enero 2021, el 46% de los republicanos lo describía como un acto de patriotismo y el 72% se oponía al comité parlamentario formado para investigar dicho asalto. 

Encuesta de Public Religion Research Institute/Brookings Institution, agosto 2023: “Amenazas a la democracia norteamericana ante una elección presidencial sin precedentes”. Se trata de una macroencuesta con diversos capítulos sobre política, economía, religión, valores y cultura.

Inicialmente y ante la pregunta de si los encuestados estiman que Estados Unidos camina en buena dirección, solo el 22% responde afirmativamente. El 77% dice que va en la dirección equivocada. No se dan diferencias significativas en virtud del género, raza, educación o región. 

Sobre si la cultura y el modo de vida norteamericanos han empeorado, el 58% de los blancos, el 54% de los hispanos y el 47% de los negros así lo sostienen. Sintomático: en las áreas rurales, el 67% afirma que han empeorado. 

Ante la pregunta ¿Hemos dejado atrás los mejores años de nuestra vida?, el 52% así lo piensa, pero en las áreas rurales son el 64%.

Consecuentemente, la encuesta inquiere sobre “Apoyo al autoritarismo como respuesta a la dirección en que camina el país”. Y ante esta proposición: “Dado que las cosas han ido tan lejos en los Estados Unidos, necesitamos un líder que quiera romper algunas normas, si ello consigue que las cosas vuelvan a su sitio”, el 38% se declara de acuerdo. 

También consecuentemente, el siguiente tema versa sobre “Apoyo a la violencia política como respuesta a la situación en que se halla el país”. El 23% de los inquiridos está de acuerdo en que “dado que las cosas han llegado tan lejos, es posible que los auténticos patriotas norteamericanos tengan que recurrir a la violencia para salvar a nuestro país “. Esto era en 2023. En 2021 era solo el 15%. 

En otro orden de cosas, el 46% de los encuestados manifestaba que las elecciones de 2020 fueron robadas a Donald Trump y sobre su posible reelección en noviembre de 2024, el 91% de los demócratas estimaba que podría suponer una amenaza para la democracia, pero solo el 21% de los republicanos lo pensaba. 

La encuesta aborda dos temas cuyas respuestas en 2023 podrían conceder un grado de optimismo. Por un lado, en el asunto de la inmigración, el 52% declara que el creciente número de llegadas de personas de otros países fortalece la sociedad norteamericana, frente al 44% que dice que ello amenaza las costumbres y valores del país. Por otro, hay una proposición concreta sobre el estudio de la historia: “Debemos enseñar a nuestros hijos los aspectos buenos y malos de nuestra historia, de manera que puedan aprender del pasado”. El 94% se muestra conforme. Pareciera que los artífices de esta interesante encuesta se hubieran inspirado en este aspecto en el gran historiador e hispanista británico John Elliott (1930-2022), cuyo lema de cabecera era “Hay que estudiar historia porque la ignorancia conduce al recelo y al odio”. Donald Trump no es grande, no es aficionado a la historia (aunque ya se ha incorporado a la misma) y desde luego no es amigo de los hispanos ni de los latinoamericanos. 

Otras diversas encuestas fueron realizadas con posterioridad a las que he mencionado y cada vez más cercanas a noviembre de 2024. Temas conexos y con similares conclusiones. La de la encuesta NORC/Universidad de Chicago, marzo 2024, es : “La mayoría piensa que la democracia es importante para la identidad de los Estados Unidos, pero pocos piensan que esté funcionando bien”. El 53% piensa funciona mal, frente al 31% bien. Esta encuesta contiene una proposición, abordada en otras,  singularmente significativa en los tiempos que ahora corren: “La mezcla de culturas y valores provenientes de diversas partes del mundo ¿es importante para la identidad norteamericana?. El 78% de los demócratas responde afirmativamente, pero solo lo hace el 37% de los republicanos. 

A cuatro meses de las elecciones de noviembre, Informe del Pew Research Center, julio 2024: el 72% dice que la democracia solía ser un buen ejemplo, pero ha dejado de serlo en los últimos años. El 11% dice que nunca ha sido un buen ejemplo. 

A solo dos meses de noviembre, el Informe del Center for American Progress, septiembre 2024, resume: los valores de la democracia norteamericana se hallan en estos tiempos sujetos a un activo ataque político a cargo de una minoría política y poderosos y ricos intereses. Simultáneamente, muchos ciudadanos sienten que el Gobierno no está haciendo su trabajo de proporcionar prosperidad y seguridad. La insatisfacción con la democracia crece y un apreciable número de ciudadanos se muestran abiertos a la autocracia. Los jóvenes y las personas de color, a quienes a menudo se les niega poder político pleno en el sistema y que se enfrentan a dificultades económicas desproporcionadas, se muestran especialmente abiertos a líderes autocráticos que quieren destruir el sistema. 

Cabría pensar que aunque los votantes norteamericanos están divididos ante numerosos asuntos, no lo estarían sobre las virtudes de la democracia donde sería posible resolver las diferencias. Sin embargo, prácticamente la mitad de los electores había puesto de manifiesto antes de noviembre su voluntad de votar por Trump, quien ya había acosado a la democracia durante su primer mandato y prometido que continuaría en esa línea si era reelegido. ¿Significa esto que el compromiso de los ciudadanos norteamericanos con la democracia y con sus normas, el imperio de la ley y un sistema judicial imparcial se había  debilitado ya antes de la segunda edición Donald Trump? Joe Goldman, el presidente de Democracy Fund, escribió en febrero 2024 que “cuando se vive en tiempos polarizados, es más probable que la gente encuentre excusas para dejar  sus principios a un lado porque en esos momentos su identidad política es más importante que casi cualquier otra identidad”. 

En enero de 2024, cuando absurdamente Joe Biden aún se mantenía como contrincante electoral de Donald Trump, insistió en un mitin sobre lo que se venía encima. Tras detallar las mentiras trumpianas sobre las elecciones de 2020, su articulada violencia para mantener el poder y sus promesas de venganza contra sus enemigos políticos, advirtió: “El asalto de Trump a la democracia no es solo parte del pasado. Es lo que está prometiendo para el futuro”. 

Y ya estamos en el futuro. En una sociedad norteamericana que hasta ahora no ha demostrado ser inmune al autoritarismo (¿lo será ante el totalitarismo?) y con pareceres de respetados expertos y analistas que advierten sobre el golpe de Estado que la victoria de Trump ha supuesto. Así, Paul Krugman, que recuerda que el secretario del Tesoro de la actual administración ha dado a Elon Musk acceso total a los computadores de su departamento, lo que, entre otras cosas, posibilita que el payaso advenedizo pueda descargar los datos privados de millones de ciudadanos y controle el gasto público. Dice Krugman: “Podemos haber sufrido ya un golpe de estado del siglo XXI. Sin tanques en las calles, pero el control efectivo del gobierno puede haberse escapado ya de los representantes democráticamente elegidos” (Krugman blog, “Trump is doing exactly what he said he would”, 3-2-2025). Hay un proverbio turco aplicable al  prácticamente incondicional acceso de Elon Musk a la cumbre del poder: Cuando un payaso accede a un palacio, no se convierte en rey. El palacio se transforma en un circo.

O Heather Cox Richardson: “Los republicanos están permitiendo que Elon Musk, un billonario no elegido, cuya inversión de 290 millones de dólares en Trump y otros candidatos republicanos durante la campaña electoral, se tome la libertad de llevar el gobierno, sobrepasar al Congreso para implementar sus propias políticas y cancelar aquellos programas que le disgustan. La sustitución de nuestro sistema constitucional de gobierno por los caprichos de un ciudadano particular no elegido es un golpe de estado” (citada por Joyce Vance: “Is it really a coup?”, 5-2-2025). Por su parte The Guardian editorializaba: “La toma del poder por Donald Trump es un golpe de estado encubierto por el caos”, 3-5-2025. 

La democracia está basada en la convicción de que el candidato que pierde unas elecciones acepta el resultado, se retira y en todo caso trabaja para intentar lograrlo la próxima vez. Evidentemente, esa no es la convicción de Donald Trump, quien, tras perder los comicios en 2020, apoyó y fomentó el intento de golpe de estado que supuso el asalto al Capitolio de enero de 2021. 

El historiador de Yale Timothy Snyder publicó en 2017 un libro preclaro y precursor: Sobre la tiranía. Aparecido durante el primer mandato de Trump, donde las libertades ya estaban amenazadas, advertía de que “las sociedades pueden quebrarse, las democracias pueden caer, la ética puede venirse abajo y la gente corriente puede encontrarse en situaciones inimaginables. No somos más sabios que los europeos, que vieron cómo la democracia se rendía ante el autoritarismo durante el siglo XX. Pero cuando el orden político parece amenazado, nuestra ventaja es que podemos aprender de su experiencia para impedir el avance de la tiranía. Ahora es un buen momento para hacerlo”. 

En las encuestas que he facilitado al inicio de este artículo queda de manifiesto que muchos ciudadanos norteamericanos (por supuesto no la mayoría, pero…) están de una u otra manera insatisfechos con el actual sistema: el 77% afirma que el país va en la dirección equivocada y el 38% manifiesta que “necesitamos un líder que quiera romper algunas normas, si ello consigue que las cosas vuelvan a su sitio”. Ya lo tienen en la Casa Blanca, está rompiendo más que algunas normas y además quebrantando el sistema, a nivel nacional e internacional. Estados Unidos se halla en situación de emergencia democrática que podría llegar al colapso de las instituciones y facilitar una situación de tiranía. 

Sinclair Lewis, primer norteamericano en recibir el premio Nobel de literatura, publicó en 1935 una novela titulada Eso no puede pasar aquí. Una sátira política distópica, cuya trama es el acceso al poder de un presidente que, ante la dramática situación económica y social tras el crac de 1929, persigue crear un Estado totalitario. Diversos personajes expresan opiniones perfectamente trasladables a varios miembros del equipo del actual presidente Trump. Un general que hace un discurso claramente fascista exclama: “Lo que realmente me gustaría que hiciéramos es salir y decirle a todo el mundo: ya no importa el aspecto moral del asunto. ¡Tenemos poder y el poder no necesita excusas!”.

Se trata de una reunión social de un club de adinerados miembros donde las opiniones van casi unánimemente en parecida dirección. Un banquero le dice a un influyente comunicador, propietario de un diario: “¿Por qué te asusta tanto la palabra fascismo? Quizá no sea algo tan malo, con la cantidad de vagos que tenemos hoy mendigando ayudas estatales y viviendo de mis impuestos y los tuyos. Al menos no es peor que tener un hombre fuerte de verdad, como Hitler o Mussolini, que dirija el país de verdad , para que sea eficiente y próspero de nuevo”. (¿Make America Great Again?). Otro contertulio: “Es una tontería seguir hablando sobre el tema. Quizá nos venga bien tener un hombre fuerte al mando, pero eso no puede ocurrir aquí, en Estados Unidos”. 

En los días que redacto este texto, Donald Trump se vanagloria intentando humillar, entre otros, a Zelenski, Trudeau y a la propia Unión Europea, “empeñada en joder a Estados Unidos”. A Trump probablemente le encantaría leer esta proclama a cargo de uno de los miembros más excitados del club: “La única relación auténtica que tenemos con Europa es la ardua tarea de tener que educar a las masas groseras e ignorantes que Europa exporta e intentar darles algo parecido a la cultura americana y las buenas maneras. Pero tenemos que estar preparados para defender nuestras costas de todas las bandas extranjeras de mafiosos internacionales que se definen a sí mismas como ‘gobiernos’ “. Por supuesto, confieso ser admirador de Sinclair Lewis.

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Emilio Menéndez del Valle es embajador de España.

Las leyes basadas en la reciprocidad, el respeto mutuo, la justicia y la paz han regulado las relaciones internacionales durante siglos. Normas y costumbres internacionales han beneficiado los intereses de los Estados. Unos 700 instrumentos multilaterales se hallan registrados en las Naciones Unidas y los acuerdos internacionales benefician a los ciudadanos cuyos gobiernos los han suscrito. 

La adopción tras la Segunda Guerra Mundial de tratados internacionales sobre derechos humanos supuso la consolidación normativa para proteger a hombres y mujeres de la tortura y otras formas de trato inhumano y degradante. Facilitó la persecución de criminales de guerra, terroristas, traficantes de índole diversa. La  creación del Tribunal Penal Internacional (TPI) basado en el Estatuto de Roma de 1998 es un hito fundamental en este tema. Cuatro crímenes centrales son objeto del mismo: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. La Comisión de Derecho Internacional, creada en 1947 por la Asamblea General de Naciones Unidas, ha codificado y promocionado el Derecho Internacional y las normas fundamentales del Derecho Internacional Humanitario, calificándolas de universalmente aplicables y jerárquicamente superiores a cualquier otra de Derecho Internacional. Y ha promovido tratados e instrumentos clave, como el TPI, sobre el que ya emitió una primera propuesta en 1949. Lamentablemente, esta bien diseñada estructura ha sido a menudo quebrantada por numerosos gobiernos, en especial los más poderosos. Nunca, sin embargo, el quebranto ha sido tan considerable como el que está llevando a cabo Donald Trump.

Clasificaría las acciones políticas que Donald Trump está llevando a cabo desde su muy reciente toma de posesión en dos categorías. Una constituye una confrontación directa con el Derecho y las instituciones internacionales. La otra supone una manifiesta intención de llevar a cabo una limpieza étnica en Gaza, intención extensible, en íntima asociación con su principal aliado, Israel, al resto de Palestina. Salvo que alguien le pare los pies. ¿Quién?.

Al inicio del siglo XX, los Estados Unidos mantuvieron una actitud positiva hacia el Derecho y las instituciones internacionales. El presidente Woodrow Wilson lo demostró ejerciendo como uno de los principales artífices de la Sociedad de Naciones tras la Primera Guerra Mundial. Actitud positiva continuada tras la Segunda, al apoyar la creación de la ONU. Pero más tarde las buenas intenciones comenzarían a desvanecerse. La Constitución norteamericana prescribe que “con el consejo y consentimiento del Senado, el presidente tendrá poder para celebrar tratados, siempre que las dos terceras partes de los senadores presentes le den su anuencia” (art. 2, sección 2). Empero, el proceso está en declive. Durante su primera presidencia, Trump presentó sólo cinco tratados al Senado. Este declive democrático (ausencia de debate parlamentario en la cámara) ha sido sustituido por un elevado número de lo que se denominan acuerdos ejecutivos. Tendencia asentada antes de la llegada de Trump al poder. Desde finales de los años 30 del pasado siglo, el 90% de los acuerdos internacionales concluidos por Washington han sido acuerdos ejecutivos, no  tratados sujetos a consideración parlamentaria. Muchos de ellos se refieren a asuntos de suma importancia: acuerdos de seguridad, alianzas, tropas en el extranjero, programas de armamentos, acuerdos de libre comercio, entre otros. 

Existe dentro y fuera de los EEUU el temor de que un presidente temerario, de probadas descabelladas actitudes, dotado de las facultades constitucionales que he descrito, pueda actuar en… inconsecuencia produciendo calamitosas situaciones dentro del país o retirando a éste de tratados o de instituciones que le han beneficiado, así como a la sociedad internacional. Lamentablemente, el país de Donald Trump se encuentra en estos momentos agrediendo sistemáticamente al Derecho Internacional y los principios esenciales de las relaciones internacionales. Y lo que es peor, como sostiene la profesora de Princeton, Rebecca Ingber, ya antes de la primera presidencia del magnate, “la estigmatización del Derecho y las instituciones internacionales había infiltrado todos los niveles importantes del sistema político y jurídico del país. Estaba presente en la retórica jurídica y política, en la estructura de la burocracia federal y en las instituciones académicas”. 

El proyecto de limpieza étnica en Gaza anunciada por el empresario Trump se apoya en ese caldo de cultivo de desprecio y agresión al Derecho e instituciones internacionales. Dicho sea de paso, Gaza no es un Estado de la Unión americana. No lo es Canadá, si bien la esquizofrenia trumpiana aspira a que lo sea. Lo es California, aunque no sería extraño que en un futuro no lejano el magnate propusiera allí una limpieza de los numerosos izquierdistas que lo habitan. El delirante proyecto de convertir Gaza, expulsando previamente a los dos millones (menos 47.000 asesinados por Israel) palestinos que sobreviven, en un paraíso turístico de playa, sol y aguas mediterráneas, es un insulto a la Humanidad. Sabido es que la limpieza étnica es la expulsión forzosa o exterminio sistemático de un grupo étnico, racial o religioso de una zona determinada, con la intención de hacer una región étnicamente homogénea. Probablemente Trump y Netanyahu persiguen convertir a Gaza en temporal solárium para blancos occidentales y judíos de diversas tonalidades, hasta su no muy lejana incorporación al Gran Israel. Cisjordania a no muy lejana espera. 

A la vista está que ni el primer ministro de Israel ni el presidente de EEUU son fervientes partidarios de la legalidad internacional. Pretenden disponer caprichosamente de territorios y habitantes no sujetos a su soberanía (Gaza, Cisjordania). Caso omiso al artículo 49 del cuarto Convenio de Ginebra que prohíbe las deportaciones forzosas de población o al artículo 7 del Estatuto de Roma que califica la deportación o el traslado forzoso de población de crimen de lesa humanidad. 

El plan del actual presidente norteamericano es una calculada afrenta al Derecho Internacional y a los principios de la justicia internacional. Cuando redacto estas líneas acaba de conocerse la orden ejecutiva de Trump que impone sanciones al Tribunal Penal Internacional a causa de las acciones legales que el mismo ha puesto en marcha contra Netanyahu y otros dirigentes israelíes. Merece la pena transcribir la reacción oficial de Amnistía Internacional: “Esta decisión envía el mensaje de que Israel está por encima del Derecho y de los principios universales de la justicia internacional. Sugiere que el presidente Trump asume los crímenes del gobierno de Israel y  acepta la impunidad. La orden ejecutiva supone un paso brutal que persigue minar y destruir lo que la comunidad internacional dolorosamente ha construido durante décadas, si no siglos: normas globales aplicables a todos que buscan proporcionar justicia a todos.  Estados Unidos se dispone a castigar a una institución que garantiza que los individuos perpetradores de atrocidades no puedan escapar de la justicia. Nadie responsable de delitos sancionados por el Derecho Internacional debe ser protegido o ayudado en su intento de eludir la rendición de cuentas y mucho menos con la ayuda del gobierno norteamericano, ligado por las alianzas políticas del presidente Trump. En un momento histórico en que somos testigos del genocidio contra los palestinos en Gaza, la agresión de Rusia a Ucrania y la amenaza desde múltiples frentes contra el imperio global de la ley, instituciones como el Tribunal Penal necesitan más que nunca avanzar en la protección de los derechos humanos, prevenir futuras atrocidades y asegurar justicia para las víctimas. El TPI desempeña un papel vital en la investigación de delitos contra el Derecho Internacional perpetrados a menudo por los individuos más poderosos en situaciones en que, sin la implicación del Tribunal, los perpetradores gozarían de perpetua impunidad. Las sanciones impuestas al Tribunal son también una afrenta a los 125 Estados miembros que, colectivamente, han resuelto que el Tribunal tiene que ser capaz de llevar a cabo una justicia efectiva, lo que significa que debe poder ejercer funciones judiciales independientes, tales como dictar órdenes de detención, por ejemplo, contra Benjamin Netanyahu o Vladimir Putin”. 

La propuesta de limpieza étnica sugerida por el hombre de negocios Donald Trump ha sido descrita por él mismo como una “transacción inmobiliaria” a efectuar en el territorio gazatí, previa expulsión de sus millones de habitantes. Washington se haría cargo de la Franja (como si de territorio norteamericano se tratara) para convertirla en “la Riviera de Oriente Próximo”. Es de señalar que en este caso las transacciones inmobiliarias son competencia de la familia, especialmente del yerno del magnate, Jared Kushner, casado con su hija Ivanka. Durante su primera presidencia el suegro designó al yerno asesor especial para política exterior (empresario el yerno, carente de experiencia alguna en el área asignada). En esos años Jared ya hizo pinitos con Netanyahu y ahora, recientemente, se ha explayado. Lo hizo en la universidad de Harvard el 15-2-2024, donde comentó las magníficas cualidades de la Franja para convertirse en territorio donde disfrutar de las aguas y playas mediterráneas. Sugerencia incorporada por su suegro a su peculiarmente pertrechado equipaje de política exterior. El proyecto Jared Kushner incluía un significativo detalle técnico: habría que trasladar a los gazatíes al desierto del Neguev. Además, el brillante conferenciante en Harvard (al parecer esta universidad ya no es lo que era) quiso hacer gala de sus conocimientos de relaciones internacionales con esta guinda: “El plan de los dos Estados es una súper mala idea. Premiaría un acto de terror” (The Guardian, 19-3-2024). 

Es notorio que la división interna de la Unión Europea está desde hace ya tiempo produciendo una erosión en los principios y valores que la significaron desde su nacimiento en el pasado siglo. Bien se ha notado en el asunto de la inmigración y está afectando ahora a la ausencia de una contundente respuesta a la “transacción inmobiliaria” del empresario Trump. Sí ha denunciado la agresión al TPI, indicando un portavoz que “la Comisión responde solo a actos concretos, como la orden ejecutiva de Trump contra el Tribunal Penal”. Como si todo lo manifestado por el magnate respecto al proyecto de limpieza étnica estuviera tan lejos de la concreción. La Comisión Europea debería tomar nota de lo manifestado por Lin Jian, portavoz oficial del gobierno de China, el 5-2-2025: “Nos oponemos al desplazamiento forzoso de los residentes de Gaza. Defendemos el principio de que los palestinos gobiernen Palestina. Esperamos que las partes lleven la cuestión a la vía correcta para un acuerdo político fundamentado en la solución de dos Estados que logre una paz duradera en Oriente Medio”. 

Países individuales de la UE, como Alemania, Francia o España han reaccionado sin ambages en línea similar a la china. Resultaría irónico que estos y otros posibles Estados tuvieran que coaligarse con Pekín para dar ejemplo de la dignidad que el caso merece ante las insensateces que he venido comentando. 

La historiadora de Oxford Margaret MacMillan, preguntada en Foreign Affairs (7-1-2025) sobre si estimaba que nuestro atribulado orden mundial sería capaz de sobrevivir al perturbador Donald Trump, respondió: “El orden de hoy parece más fuerte y resistente que el de los años 1930, pero, sin duda, normas que de siempre eran consideradas inviolables han sido ignoradas. Y me refiero a tiempo atrás, antes de que Trump accediera a la Casa Blanca. Las barreras normativas contra la agresión, el genocidio y el catastrófico daño medioambiental han ido declinando durante décadas. Y Trump apenas se preocupa por cualquier ley que pudiera frenarle siquiera mínimamente”. 

Ante este panorama… ¿pesimismo?, ¿optimismo de la voluntad? ¿Qué le parece, generoso lector, el consejo que Quijote da a Sancho: “Sábete Sancho que todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que habiendo durado mucho el mal, el bien ya está cerca, así que no debes congojarte por las desgracias…”.

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Emilio Menéndez del Valle es embajador de España.

Durante las últimas décadas, diversos gobiernos norteamericanos, hasta cierto punto, sólo hasta cierto punto, han participado e impulsado –y en parte dominado– diversos cónclaves de carácter internacional, multilateral. No parece que el nuevo inquilino de la Casa Blanca sea partidario de continuar esa política, ni siquiera con las limitaciones y frenos impuestos por sus predecesores. A tenor de sus declaraciones, parece claro que Donald Trump no es precisamente un entusiasta del Derecho Internacional, de sus obligaciones y compromisos. 

Es preciso señalar que el presidente Biden tampoco ha sido ejemplo de respetuoso internacionalista. A lo largo de su mandato y en declaraciones sobre este particular, el predecesor de Trump ha preferido no mencionar la expresión Derecho Internacional. Ha usado siempre una fórmula peculiar: “un orden internacional basado en normas”. Da la impresión de que estuviéramos ante una infección terminológica singularmente contagiosa. Timothy Garton Ash nos informó de que en 2020, en la sesión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2019, 35 oradores de muy diversos Estados se refirieron a “un orden internacional basado en normas”, sin tampoco aludir al Derecho Internacional. Garton Ash, acertadamente, dice que “el Derecho Internacional posee un profundo valor que debemos mantener. Si lo que entendemos por ‘normas’ es en realidad Derecho, debemos decir Derecho, palabra más fuerte, simple y precisa”. 

Podemos deducir la razón por la que ya Biden, no Trump, prefirió invocar un “orden internacional basado en normas”, eludiendo esa palabra fuerte, simple y precisa. Para su vergüenza, Washington no es parte de muchos importantes tratados multilaterales que constituyen un núcleo fundamental del Derecho Internacional. Entre otros, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; varios tratados referentes al Derecho Internacional Humanitario, incluidos los cuatro convenios de Ginebra; el Estatuto de Roma sobre el Tribunal Penal Internacional (TPI); la Convención sobre los derechos del niño; la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad; la Convención sobre las municiones en racimo o la Convención sobre la prohibición de minas anti personales. La posición hegemónica norteamericana contribuyó a impulsar y estabilizar el orden jurídico internacional desde la segunda guerra mundial, pero simultáneamente sorteó o burló acuerdos internacionales, autorizó abusos de derechos humanos y rechazó toda rendición de cuentas internacional. El presidente Reagan se esforzó en minar la política exterior pro derechos humanos de su predecesor, el presidente Carter, se retiró de la jurisdicción obligatoria del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), se negó a pagar las contribuciones a la ONU y se retiró de la UNESCO. El presidente Bush hijo mantuvo la línea hostil contra TPI y TIJ, abrogó el tratado EEUU/Rusia sobre misiles antibalísticos y declaró que los Convenios de Ginebra no eran aplicables en la lucha contra Al Qaeda. 

Por otro lado, la potencia norteamericana ha justificado el uso de la fuerza contraria al Derecho Internacional, fuera del marco de la ONU. Su argumentación para servirse de la fuerza en Iraq en 2003 y en Libia en 2011 fue considerada un pretexto para lograr ilegalmente un cambio de régimen. Tras la invasión de Afganistán en 2002, su negativa a otorgar el estatus de prisionero de guerra a los detenidos talibanes en Guantánamo viola el artículo 4 de la Convención de Ginebra relativa al trato debido a prisioneros de guerra. Con estos antecedentes, no parece que Washington se halle en disposición de acusar a gobierno alguno de violar el Derecho Internacional Humanitario ni el de los Derechos Humanos. Sin duda, le resulta más conveniente que la expresión “orden internacional basado en normas” sustituya a “Derecho Internacional”. 

John Dugard, nacido en Suráfrica en 1936, profesor de Derecho Internacional, ha tenido tiempo vital para denunciar el comportamiento alejado de la idea de justicia de varias administraciones norteamericanas. Dugard ha sido miembro de la Comisión de Derecho Internacional, juez del Tribunal Internacional de Justicia y relator especial de Naciones Unidas para la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Escribe Dugard sobre la renuencia de Washington a denunciar a determinados Estados, como Israel, por sus violaciones del Derecho Internacional. No solo EEUU no es miembro del Tribunal Penal Internacional (TPI), sino que es claramente hostil al mismo. Biden se ha alineado con Israel ante las acusaciones del Tribunal de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Hostilidad asimismo exhibida ante el procedimiento iniciado en el Tribunal Internacional de Justicia sobre el posible comportamiento genocida de Israel  hacia el pueblo palestino. Dugard recuerda también cómo Biden guardó silencio ante las actitudes anti TPI de la primera administración Trump. Se refiere Dugard a la prohibición de entrar en Estados Unidos a la fiscal jefe, Fatou Bensouda, que desde 2016 investigaba los supuestos crímenes de guerra cometidos en Afganistán por soldados estadounidenses entre 2003 y 2004. Aunque EEUU no se ha adherido al Estatuto de Roma, Afganistán sí lo hizo, de manera que los ciudadanos estadounidenses que hayan cometido delitos en su suelo pueden ser perseguidos por la justicia internacional. 

Por otro lado, no cabe duda de que la administración Biden y otros gobiernos occidentales han agredido repetidamente a las instituciones internacionales y al Derecho Internacional con el objetivo de proteger a Israel. El doble rasero e hipocresía de Biden sobre este particular han sido notorios. Desoyó y descalificó las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia que ordenaba a Israel prevenir actos genocidas en Gaza y permitir la entrada de ayuda humanitaria (Israel ha utilizado el hambre como arma de guerra), al tiempo que exigía el cumplimiento de las decisiones del TIJ sobre Rusia/Ucrania. Denigró al Tribunal Penal Internacional y a su fiscal jefe, Karim Khan, por ordenar la detención de Netanyahu y de varios ministros israelíes por crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero en 2023 apoyó y elogió la decisión del mismo tribunal de detener a Putin por iguales delitos. Caso singular es el del príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán. La administración de Joe Biden, quien en su campaña electoral prometió hacer de Arabia saudí un “Estado paria”, en noviembre de 2022 dictaminó que el príncipe, considerado instigador del crimen, estaba jurídicamente blindado en el caso abierto contra él por el asesinato del periodista crítico Jamal Kasohogi en el consulado saudí de Estambul en 2018.

Por su parte, otro gobernante occidental respetuoso de “un orden internacional basado en normas”, el presidente Macron, había comenzado unos meses antes la limpieza del currículo de Bin Salmán. Lo invitó a cenar en el Elíseo. El gobierno de París hizo gala de doble hipocresía. Justificó la visita como una decisión geoestratégica en un momento en el que Europa buscaba diversificar su aprovisionamiento energético y en boca de la primera ministra, Elisabeth Borne, “no se trata evidentemente de dejar de lado nuestros principios, de cuestionar nuestro compromiso con los derechos humanos”. Por supuesto que no. Faltaría más. 

Trump y su gente consideran que el Derecho y las instituciones internacionales son estorbos que dificultan la libre actuación de los Estados Unidos en el mundo. No hay por qué cumplir los compromisos adoptados en esas instituciones. Ya en su primera presidencia Trump dejó claro su desinterés por los cónclaves multilaterales. Desprecia el sistema multilateral global. No existen valores y principios que estime debe respetar. Es un profeta mesiánico propulsor y fortalecedor del unilateralismo. 

A poco de inaugurar su primer mandato, diversos analistas levantaron las primeras alarmas. En 2017, Jack Goldsmith: “Somos testigos del inicio del mayor embate presidencial contra el Derecho Internacional y las instituciones internacionales en la historia de los Estados Unidos”. En 2018, Randall Schweller: “Trump, cuestionando la propia estructura de la cooperación internacional, ha asaltado el sistema comercial mundial, reducido la financiación de la ONU, cuestionado la OTAN y amenazado con poner fin a los acuerdos comerciales multilaterales. Ha pedido que Rusia sea  readmitida en el G7 y se ha mofado de los intentos de hacer frente a desafíos globales, como el del cambio climático”. También en 2018, John Ikenberry: “El presidente Trump ha hecho declaraciones sobre comercio, alianzas, Derecho Internacional, medio ambiente, tortura, derechos humanos  que, de concretarse, acabarían con toda seguridad con el papel de los Estados Unidos como líder del orden mundial liberal”. El mismo profesor Ikenberry, pocos días antes de la proclamación de este 20 de enero, insistía: “Trump está dispuesto a enfrentarse a casi todos los elementos del orden liberal internacional: comercio, alianzas, migración, multilateralismo, solidaridad entre las democracias, derechos humanos. Un Estado revisionista ha hecho su aparición con el fin de cuestionar el orden liberal internacional: los Estados Unidos, con Trump en la oficina oval”.

Habremos de estar atentos en las próximas semanas a la actuación de este profeta mesiánico en lo que respecta a sus pretensiones imperialistas, expansionistas (Groenlandia, Canadá, Panamá). Hay indicios preocupantes. En una reciente rueda de prensa, un periodista textualmente le preguntó: “ ¿Puede usted garantizar que no usará la coerción militar o económica para controlar Groenlandia o el canal de Panamá?”. Trump: “No puedo garantizarlo, pero sí puedo decirle que los necesitamos por razones de seguridad económica. Impondremos elevados aranceles a Dinamarca si se niega a vender Groenlandia”. 

Recordemos que el artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe no sólo el uso de la fuerza sino también la amenaza del uso de la misma. Trump, amenazando, está violando el Derecho Internacional incorporado a la Carta. La adquisición de territorios por la fuerza está rigurosamente prohibida. Hecha contra la voluntad de sus habitantes, viola el principio onusiano del derecho de los pueblos a la autodeterminación. La imposición de aranceles insinuada por Trump podría atentar contra las normas de la Organización Mundial del Comercio. Por no citar la prohibición de intervención en los asuntos internos o externos de Estados soberanos. Es legal que Trump pida a Dinamarca que le venda Groenlandia, pero, según doctrina TIJ, al servirse de la amenaza de la fuerza, la “petición”, absurda y provocadora, se convierte en ilegal.

El futuro del actual orden internacional liberal depende de que los gobiernos se comprometan con el multilateralismo, los derechos humanos y el imperio de la ley. La dejación de ese compromiso supondrá que el mundo abandonará un sistema internacional basado en valores y principios para retornar a un mundo sujeto a la cruda política del poder por el poder, ausente el Derecho. Además, el quebranto y daño que las políticas de Trump pueden ocasionar al Derecho y a las instituciones internacionales contribuirá a crear un vacío en las relaciones internacionales. Ante ese vacío, gobiernos autoritarios y ultranacionalistas, de siempre irrespetuosos con el Derecho Internacional, aumentarán su capacidad de maniobra. No hay que descartar, por otro lado, que las amenazas expansionistas trumpianas alienten las aspiraciones del mismo tipo de China y Rusia. Como sostiene Andrea Birdsall, “la hostilidad estratégica y la indiferencia hacia el Derecho suponen un peligro”. ¿Podrá la Unión Europea contribuir a combatir esa hostilidad?

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Emilio Menéndez del Valle es embajador de España.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) es la entidad de la Organización mundial que promueve el desarrollo y atiende a la educación, la salud, los servicios sociales y la ayuda de emergencia de casi seis millones de personas que viven o malviven en Jordania (2.393.000), Franja de Gaza (1.587.000), Cisjordania (913.000), Siria (569.000) y Líbano (493.000), según cifras oficiales de septiembre de 2023. Las cifras se refieren a los más de 700.000 palestinos expulsados de sus tierras por Israel tras la guerra con los Estados árabes de 1948 y a sus descendientes. La UNRWA fue creada por la Asamblea General mediante la resolución 302 (IV), de 8-12-1949. 

Durante décadas Israel ha vivido una sui generis relación con la Agencia onusiana. Por un lado, satisfecho de que la misma se encargara, sin coste alguno para el Estado hebreo, de proveer todo tipo de servicios a la comunidad palestina en los territorios ocupados, algo que, por cierto, según el Derecho internacional corresponde a la potencia ocupante. Simultáneamente, numerosos políticos y grupos judíos acusaban a la Agencia de promover el antisemitismo. Israel entendía y entiende que la UNRWA perpetúa el conflicto y la convicción palestina de su derecho al retorno a las tierras originales de las que fueron expulsados en 1948. No obstante, durante mucho tiempo, asumió que ese riesgo compensaba, dado que la acción onusiana impedía que la Franja de Gaza y la Cisjordania ocupada devinieran en una situación caótica. 

Sin embargo, en las actuales circunstancias, todo parece indicar que permitir la actuación de la UNRWA en los territorios ocupados ya no “compensa”. El Gobierno Netanyahu -junto con el de Ariel Sharon el más reaccionario y racista de la historia del Estado judío- ha decidido no solo liquidar a la UNRWA, sino también enfrentarse abiertamente a las Naciones Unidas (a este respecto, ver mi “Israel ha decidido matar a su progenitor”, Infolibre, 18-10-2024). 

La ofensiva israelí contra la Agencia onusiana es bastante anterior al salvaje atentado terrorista de Hamás de octubre de 2023, pero el culmen de la misma tiene lugar a partir de enero de 2024. Numerosas declaraciones verbales y escritas de muy distintos personajes de la vida política israelí e innumerables bombardeos contra escuelas y centros de salud gestionados por la Agencia tienen lugar. Levanto acta a continuación de algunas de ellas.

Benjamin Netanyahu: “Creo que ha llegado el momento de que la comunidad internacional y las propias Naciones Unidas entiendan que la misión de la UNRWA tiene que terminar” (31-1-2024). Coincidiendo con esta declaración y refiriéndose a la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia que ordena a Israel adoptar medidas para evitar el genocidio en Gaza, el  primer ministro dijo: “Muchas acusaciones son falsas e infundadas. Fueron aportadas por funcionarios de la UNRWA y sabemos que funcionarios de la UNRWA fueron cómplices en la masacre del 7 de octubre “.

Netanyahu: “La UNRWA perpetúa el problema de los refugiados palestinos y sus escuelas adoctrinan a los niños palestinos en el genocidio y el terror” (7-2-2024). ¿Netanyahu –para quien los refugiados son simplemente un “problema”– hablando de genocidio? 

Yoav Gallant, ministro de Defensa: “UNRWA es Hamás con un lavado de cara “ (31-1-2024.

Kobi Michael, del israelí Instituto de Estudios sobre la Seguridad Nacional, impregnado al parecer de sentimiento bíblico, se pronuncia así: “La UNRWA nació en el pecado y existe en el pecado. Debe ser desmantelada” (26-1-2024). 

Israel Katz, ministro de Asuntos Exteriores: “Israel impedirá que UNRWA opere en Gaza después de la guerra. No formará parte del día después. Buscaremos el apoyo de Estados Unidos, de la Unión Europea y de otros. Hemos estado advirtiendo durante años. UNRWA perpetúa el tema de los refugiados, obstruye la paz y actúa como brazo armado de Hamás” ( 26-1-2024). Obviamente, es Israel quien perpetúa “el tema de los refugiados”, al rechazar la solución política de los dos Estados preconizada por la comunidad internacional, Estados Unidos incluidos, al menos hasta la llegada de Donald Trump a la presidencia.

Israel lanzó la campaña de que UNRWA estaba infiltrada por elementos de Hamás en enero 2024. Una docena de países occidentales suspende entonces sus contribuciones económicas a la organización, que exige pruebas de la acusación. Significativamente, Israel hace coincidir las acusaciones con el fallo del Tribunal Internacional de Justicia que le ordena cumpla medidas cautelares, entre ellas la de no obstaculizar la entrada en Gaza de ayuda humanitaria. 

Ante esta situación, el secretario general de la ONU, António Guterres, designa una comisión independiente para investigar el asunto. La preside la ex ministra francesa de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, y la integran el sueco Instituto de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, el noruego Instituto Chr. Michelsen y el danés Instituto de Derechos Humanos. El Informe Colonna concluye en abril que las autoridades israelíes no han presentado pruebas que acrediten los vínculos terroristas atribuidos a varios de los trabajadores de la UNRWA. Y además afirma que “ante la ausencia de una solución política entre Israel y los palestinos, la labor de la Agencia es irremplazable e indispensable en distintos ámbitos sociales, especialmente en educación y atención sanitaria”. 

Ariel King, primer teniente de alcalde de Jerusalén: “ UNRWA es la organización responsable de educar a los árabes durante 70 años en el odio a Israel. Por eso no es sorprendente que tengamos árabes procedentes de las escuelas de la UNRWA que se han integrado en las organizaciones terroristas aquí en Jerusalén. No hablamos de Gaza, hablamos de Jerusalén” (7-2-2024). Detalle: el diez de octubre, el periódico Israel Hayom informaba de que el ayuntamiento de Jerusalén expropiará la sede de la UNRWA situada en la parte oriental, palestina, de la ciudad para construir 1440 viviendas para colonos judíos. La ONU ha denunciado a este vicealcalde como instigador de amenazas y ataques, incluido el incendio de la sede de UNRWA en Jerusalén Este el pasado mayo. “No hay sitio para el enemigo en nuestra ciudad santa”, dijo en esa ocasión Ariel King. 

Israel Katz insistía el 24-10-2024: “Guterres y UNRWA son cómplices de crímenes de guerra”. Así las cosas, el Parlamento israelí acaba de aprobar una ley (28-10-2024) por mayoría absoluta que puede suponer el golpe definitivo para la Agencia. De ejecutarse, supondría la prohibición de sus actividades en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados. Philippe Lazzarini, comisionado general de la misma, ha destacado que ello “profundizará el sufrimiento de los palestinos, especialmente en Gaza. Privará de educación a más de 650.000 niñas y niños, poniendo en peligro a toda una generación. Se trata de un castigo colectivo”. El secretario general, Guterres, exige que “Israel actúe coherentemente con sus obligaciones en virtud de la Carta de Naciones Unidas y demás obligaciones derivadas del Derecho Internacional… la legislación nacional no puede alterar esas obligaciones”. 

Yulia Malinovsky es la diputada de la Knesset del partido Yisrael Beitenu, impulsora de la ley que pretende liquidar la UNRWA. Durante el debate parlamentario (26-10-2024) reveló que el embajador de los Estados Unidos en Israel, Jacob Lew, había contactado con líderes de la oposición, entre ellos Yair Lapid y Benny Gantz, para pedirles que se opusieran a la moción. Al tiempo, recordó que “la UNRWA es cómplice de Hamás, que educa a los niños en el odio a Israel, extiende el antisemitismo y les vende cuentos sobre su regreso a Israel, algo que nunca sucederá”. 

No obstante, los intentos del embajador Lew eran vanos, no tenían posibilidad de prosperar, como evidenció el resultado de la votación parlamentaria: 92 votos a favor, 10 en contra. Y como las declaraciones de los contactados un par de días antes auguraron. La oficina del líder de la “oposición”, Yair Lapid, informó a la CNN (26-10-2024) que “la UNRWA desempeñó un papel activo en la brutal masacre del 7 de octubre. Desde sus instalaciones se lanzaron ataques terroristas contra Israel”. Y ese mismo día, sin ambages, Benny Gantz declaró: “La propia UNRWA ha elegido convertirse en inseparable componente del mecanismo de Hamás. Ha llegado el momento de deshacernos de ella”. 

¿Oposición? ¿Existe en Israel en relación a la limpieza étnica de los palestinos? El embajador Lew debería saber que el único instrumento que habría podido hacer vacilar a Israel es que Washington cortara de raíz el suministro de armas y financiación a Tel Aviv. En cualquier caso, el embajador no tendrá tiempo de aprenderlo pues el nuevo inquilino de la Casa Blanca lo cesará nada más pisarla. 

Un último botón de muestra del consolidado y poderoso bloque existente en el Estado hebreo decidido a acabar con la UNRWA. La señora Einat Wilf, ex diputada autodefinida como “liberal”, declaró a The New Humanitarian (27-10-2024): “UNRWA se ha convertido en un instrumento que garantiza que la guerra de 1948 no termine. En sus escuelas anima e impulsa el nacionalismo palestino, enrocado en la idea de la destrucción del Estado judío. La Agencia es la partera, la matriz que hace nacer el nacionalismo palestino. UNRWA debe ser cerrada de inmediato. Los alimentos, medicinas y todo tipo de ayuda deben ser detenidos hasta que los rehenes sean liberados. Esto no es ayuda humanitaria. Es reabastecer al enemigo en la guerra”. 

Considerar a la UNRWA “el enemigo”, identificarla conscientemente con el verdadero enemigo, Hamás, supone ceguera política, basada en la fuerza bruta y equivale a una criminalización de la ayuda humanitaria, cuyo principal, mayor e irremplazable actor en los Territorios Palestinos Ocupados es precisamente la Agencia de la ONU, creada y legitimada por su Asamblea General, a la que Israel pertenece. No obstante, todo parece indicar que para Israel el verdadero enemigo lo constituye el pueblo palestino. De ahí la consideración de la Agencia como parte del enemigo. De ahí que, a la fecha, unas doscientas de sus instalaciones hayan sido destruidas o dañadas. De ahí que 237 de sus empleados hayan sido asesinados. Todo parece indicar que la eliminación de la UNRWA es parte de un plan para forzar a la población a huir a territorios vecinos, dejando vacía de palestinos la Palestina histórica. Desde el 7 de octubre, Israel no solo ha causado la muerte a 43.000 personas (la mayoría civiles, hombres, mujeres y niños) sino que ha obligado también a centenares de miles a desplazarse, a abandonar sus raíces, tras someterlos desde 2007 a un bloqueo por tierra, mar y aire. 

Todo parece indicar –como sostiene y documentalmente prueba el grupo de los denominados nuevos historiadores judíos– que nos hallamos ante un proceso de limpieza étnica, un crimen de lesa humanidad reconocido como tal en tratados internacionales y en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional de 2002. El profesor Danzen Petrovic la define así: “La limpieza étnica es la política establecida por un grupo de personas para eliminar sistemáticamente a otro grupo de un determinado territorio sobre la base de un origen religioso, étnico o nacional. Dicha política implica violencia y muy frecuentemente está ligada a operaciones militares. Ha de conseguirse por todos los medios posibles, de la discriminación al exterminio. Implica la violación de derechos humanos y del Derecho Internacional humanitario y quebranta los Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos adicionales de 1977” (European Journal of International Law, 1994, 5, 3).

Todo esto acontece ante la ausencia de sentimiento moral y de justicia de la tan cacareada comunidad internacional. Philippe Lazzarini, comisionado general de la Agencia, lo expresa así: “La UNRWA es una organización temporal que desgraciadamente ha durado hasta ahora 75 años. Años que son expresión del fracaso de la comunidad internacional para promover una solución justa y duradera del conflicto israelo-palestino”. A Lazzarini se une Michael Lynk, relator especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos (2016-2022): “Ninguna ocupación contemporánea ha tenido lugar ante una comunidad internacional tan alerta a sus graves violaciones del Derecho internacional, tan bien informada del sufrimiento y despojo de los ocupados y, sin embargo, tan poco dispuesta a actuar en base a las pruebas abrumadoras, sirviéndose de los abundantes instrumentos jurídicos y políticos disponibles para poner fin a la injusticia”. 

He relatado cómo diversos políticos israelíes, incluido el primer ministro, acusan a UNRWA de educar, indoctrinar, a los niños de sus escuelas en “el odio a Israel”. Nada más alejado de la realidad. No es la Agencia sino las masacres las que en todo caso son causa de tal sentimiento. No es fácil que en la hecatombe, un niño sobreviviente, traumatizado,  que despierta rodeado de los cadáveres de sus amigos colegiales asesinados por las bombas israelíes, olvide. Hace unos años, en Gaza, el psiquiatra Eyad al Sarrej me dijo: “Si en Gaza se pregunta a un niño qué quiere ser de mayor, no contesta que le gustaría ser médico o ingeniero. Dirá que quiere ser mártir”.

Habiendo ganado Donald Trump las elecciones, no es prudente especular sobre el riesgo bélico en la región. Sabido es que numerosos israelíes viven apegados a la Biblia. A ellos quisiera recordarles que en el siglo X antes de Cristo, el gran rey Salomón, hijo del rey David, contribuyó a una de las primeras formulaciones de la paz internacional que la Biblia recoge: “Yavé dictará sus leyes a numerosos pueblos, que de sus espadas harán rejas de arados y de sus lanzas hoces. No alzarán la espada gente contra gente ni se ejercitarán para la guerra” (Isaías, 2). Otro profeta (Miqueas, 4) amplía la referencia: “Yavé juzgará a muchos pueblos y ejercerá la justicia hasta muy lejos con naciones poderosas, que de sus espadas harán azadas y de sus lanzas hoces. No alzará la espada gente contra gente ni se ejercitarán ya para la guerra. Sentárase cada uno bajo su parra y bajo su higuera y nadie los aterrorizará”.

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Emilio Menéndez del Valle es Embajador de España.

Israel es hijo de las Naciones Unidas. Fue concebido en 1947-48 cuando la Asamblea General acordó dividir el antiguo territorio otomano bajo administración británica en dos partes, una para los judíos, otra para los árabes. Fue más generosa con el vástago judío que con el no reconocido árabe, puesto que concedió al primero el 54% del territorio, con las tierras más fértiles y la mejor franja costera, incluido el único puerto, lo que dejaba a los árabes prácticamente sin acceso al mar. Dadas las circunstancias, no es extraño que el hermano no demasiado apreciado rechazara el plan de partición y apelara a los parientes consanguíneos para hacer la guerra al hermano privilegiado. 

Hubo varias guerras, pero tras las de 1948 y 1967 el progenitor se percató de que el hijo privilegiado no compartía los principios y valores solemnemente adoptados en la Carta fundacional de la organización que, tras dos guerras mundiales, la mayoría de los Estados habían adoptado con el propósito de que los horrores vividos entre 1914 y 1945 no se repitieran. Pero Israel estaba haciendo caso omiso. Insatisfecho con la partición de 1947, aspiraba con la ayuda de algunos sostenedores occidentales a obtener el cien por cien. Aspiración que no se manifestaba abiertamente, pero que era conocida por cualquier observador atento. Y observadores los había, fuera y dentro de Israel. La carga de la prueba tiene lógicamente más valor si procede de dentro. Y así fue. Historiadores judíos israelíes, competentes y rigurosos y valiéndose de documentos oficiales desclasificados, han demostrado cómo el hijo privilegiado ha perseguido la limpieza étnica de Palestina desde los años treinta del siglo XX. Paso a paso, con detallada planificación y con objetivos perfectamente señalados. Cualquier lector interesado lo puede comprobar en los libros de Ilan Pappé, Avi Shlaim o Benny Morris, entre otros. 

Ante la manifiesta  conculcación de la Carta, la ONU reacciona y adopta resoluciones, numerosas, de la Asamblea General la mayoría, pero también del Consejo de Seguridad, por sus actos en Palestina contrarios al Derecho internacional y al Derecho internacional humanitario. Significativo es que durante 2023 Israel ha sido condenado o advertido por la Asamblea General de su progenitor en 14 ocasiones, mientras que en ese mismo año el resto del mundo ha sido blanco de la Asamblea solo 13 veces. En el período 2015-2023, la Asamblea ha adoptado 155 resoluciones censurando a Israel por el trato a los palestinos y medidas diversas en los territorios ocupados. En ese período ha habido solo 88 resoluciones que afectan a los demás países de la Organización. 

El vástago privilegiado en 1948  no se considera bien tratado por su progenitor en estos años. Se rebela. Se empeña en propagar: conspiración antisemita. Absurdo porque los árabes son también descendientes de Sem, uno de los tres hijos de Noé. No importa. Se trata de convencer a Occidente de que los únicos y auténticos semitas son ellos y que la conspiración es contra ellos. Las resoluciones del progenitor son un infundio. Ellos son los únicos semitas y van contra ellos. Occidente debe ayudar a propalar la verdad y combatir las falsedades. ¿Qué debe Occidente a los árabes? 

Sin embargo, las numerosísimas resoluciones onusianas que afectan a Israel han sido aprobadas por un elevadísimo número de Estados miembros. Desde el parto de los montes de 1947-1948, las relaciones entre progenitor y vástago preferido alcanzaron su peor momento tras la guerra árabe-israelí de 1967. A partir de entonces proliferan las resoluciones de condena o crítica de Israel. La 242, de 22-11-1967, del Consejo de Seguridad, exige a Israel su retirada de los territorios ocupados en esa guerra, incluidos Jerusalén Este, los Altos del Golán en Siria y el Sinaí egipcio. Además de exigir que fije sus fronteras internacionales, pide “el reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de todos los Estados de la región y su derecho a vivir en paz”. El vástago privilegiado nunca cumplió y es el único Estado de la ONU que continúa sin fijar sus fronteras. 

En 1981, anexionados de facto los Altos del Golán, la resolución 497 del Consejo (17-12-1981) afirma que “la decisión israelí de imponer sus leyes, su jurisdicción y su administración al territorio sirio de los Altos del Golán es nula y sin valor y no tiene efecto alguno desde el punto de vista del Derecho internacional”. En fin, a lo largo de décadas, resoluciones sobre las manifiestas y continuas violaciones por Israel del Derecho internacional y del Derecho internacional humanitario, pero, dado que Occidente no actúa, es obvio que el vástago indisciplinado ha asumido que está por encima de ambos Derechos y que goza de inmunidad y de impunidad, pero, descaradamente, osa trasladar esa condición a quienes le juzgan y condenan: “Los funcionarios de la ONU que expresan opiniones antisemitas quedan impunes” (embajador israelí, 14-12-2022). Aparte de la actividad sancionadora de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, el Estado judío ha recibido la del Consejo de Derechos Humanos.

Desde la creación de éste en 2006, más de un tercio de sus resoluciones de condena han tenido como objetivo dicho Estado. A su vez, Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile y Alta Comisionada para Derechos Humanos (2018-2022), fue objetivo de las diatribas hebreas. Por supuesto, antisemita y nada menos que “portavoz de la Autoridad Nacional Palestina”. Durante su período, Tel Aviv no concedió o se negó a renovar visados para que funcionarios del Consejo pudieran comprobar la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, lo que llevó a Bachelet a afirmar que “el trato israelí de nuestros funcionarios es parte de una más amplia y preocupante tendencia a bloquear el acceso relacionado con los derechos humanos en el territorio palestino ocupado. Hay que preguntarse sobre qué exactamente tratan de ocultar las autoridades israelíes”. Un organismo onusiano como el Consejo de Derechos Humanos, tan directamente enfocado a ocuparse de los que Israel viola cotidianamente en Palestina, Cisjordania y ahora en Líbano, no podía sino irritar al ocupante. De ahí que en 2018, recién estrenada Bachelet en su cargo y ante la aprobación de cinco resoluciones en el Consejo, Danny Danon, embajador hebreo ante la ONU, amenazara con “consecuencias significativas” al tiempo que abiertamente manifestara que su país “trabaja estrechamente con sus amigos y aliados para poner fin a lo absurdo que representa este Consejo”. Sincera muestra de soberbia y prepotencia, ante la seguridad de la colaboración de “sus amigos”, sin duda occidentales. Similar actitud, la de su sucesor en el cargo, embajador Gilad Erdan, quien en 2023, al exigir la ONU una tregua humanitaria en Gaza y la condena de la violencia israelí contra la población palestina, manifestó que “a la ONU no le queda ni una pizca de legitimidad o relevancia. Ha llegado el momento de darles una lección”. Ya en 2023 el vástago disconforme daba muestra de un atisbo parricida. Para él, sin duda todos los demás estaban equivocados y únicamente ellos tienen la razón. Y quien no comparta su razón, por ley divina que favorece al pueblo elegido, ha de ser castigado. 

Francesca Albanese, profesora de Derecho internacional, autora de un importante libro (The Palestinian Refugees in International Law) y Relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, es blanco preferido de Israel, sobre todo a raíz del Informe oficial titulado Anatomía de un genocidio, publicado en abril de 2024, si bien ya el 4-12-2023 Eylon Levy, portavoz gubernamental la definió como “cómplice de Hamás”. La campaña de calumnias contra Albanese es expresión del patrón israelí de ataques no militares con la intención de acallar toda crítica legítima del comportamiento inhumano con que trata a los palestinos en los territorios ocupados. Recientemente el régimen hebreo ha intensificado sus ataques verbales contra instituciones clave y señalados representantes de las Naciones Unidas con la pretensión (absurda e inútil) de ocultar la verdad sobre sus innumerables violaciones del Derecho internacional y del Derecho internacional humanitario en Gaza y Palestina y ahora también en Líbano. 

El 18 de septiembre de 2024, la Asamblea General, en una sesión especial de emergencia, aprobó por gran mayoría un texto histórico que exige a Israel  ponga fin a su presencia y políticas ilegales en el territorio palestino ocupado. Aprueba la convocatoria de una conferencia internacional para llevar a cabo las resoluciones de Naciones Unidas sobre la base de la solución de los dos Estados y en función de la opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia del 19 de julio “sobre las consecuencias legales derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén oriental, y de la ilegalidad de la continuada presencia israelí en el territorio palestino ocupado”. 

124 Estados miembros de la Organización que el vástago díscolo quiere eliminar votaron a favor. Muchos argumentaron significativamente su voto. Recojo el parecer del embajador de Bélgica, muchos de cuyos ciudadanos escondieron en sus casas a judíos durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Entre 1942 y 1944 los ocupantes (¿le suena este término al actual Israel?) deportaron a 25.000 hebreos al campo de exterminio de Auschwitz, donde la mayoría fueron asesinados. El representante belga dijo que “la ocupación israelí de décadas destruye los derechos humanos de los palestinos y compromete cualquier posibilidad de un proceso de paz en Oriente Próximo. La adopción de esta resolución no implica reducción alguna de la seguridad de Israel y hay que destacar que grupos terroristas, como Hamás, se alimentan de la opresión y la desesperanza”. 

La intervención del representante de Israel, en línea con el propósito parricida en marcha: “Nos hemos reunido aquí para contemplar el circo palestino de las Naciones Unidas, donde el mal es lo correcto, el crimen justificado y el terror aplaudido. Esta resolución es terrorismo diplomático”. La inquina de Netanyahu contra el órgano judicial de la ONU había quedado de manifiesto un par de meses antes, a punto de volar a Washington para estrechar aún más lazos con su principal sostenedor: “El pueblo judío no es un ocupante en su propia tierra, ni en nuestra capital eterna, Jerusalén, ni en la tierra de nuestros antepasados en Judea y Samaria. Ninguna decisión falsa en La Haya distorsionará esta verdad histórica, del mismo modo que no se puede cuestionar la legalidad de los asentamientos israelíes en todos los territorios de nuestra patria”. En paralelo, el ministerio de Asuntos Exteriores: “El documento del Tribunal Internacional de Justicia es parcial y sesgado, descalificado por su odio al Estado de Israel”. El ridículo lo profundiza el diario Jerusalén Post cuando el 30-7-2024 escribe: “Parece como si  la comunidad internacional, liderada por una organización de élite, las Naciones Unidas, se hubiera dejado engañar una y otra vez y hubiera abusado de sus valores y principios, de una manera que está poniendo en peligro todo el orden internacional basado en normas”. ¿Israel hablando de valores y principios? ¿La ONU, con sus 193 Estados miembros, una organización de élite? 

Me pregunto cuántos ciudadanos israelíes conocen que en 2020 el Congreso Mundial Judío concedió a António Guterres, el odiado, menospreciado y vilipendiado por la actual clase política israelí, secretario general de la ONU, el premio Theodor Herzl (1860-1904), intelectual judío, padre del sionismo político. No parece que el galardón obligara a Elie Cohen, ministro israelí de Asuntos Exteriores hasta 2024, a matizar su diatriba cuando en marzo de 2023 dijo: “La permanencia en el cargo de Guterres es una amenaza a la paz mundial. Su petición de un alto el fuego en Gaza constituye un apoyo a la organización terrorista Hamás y un respaldo al asesinato de ancianos, el secuestro de niños y la violación de mujeres” (!!). Por esas mismas fechas, Gilan Erdan, embajador israelí ante ONU que ya había anteriormente vituperado al secretario general, dijo de él que “ha alcanzado un nuevo nivel de bajeza moral…nueva prueba de la distorsión moral y de su sesgo contra Israel”. Resulta insólito que representantes diplomáticos de Israel osen utilizar la expresión bajeza moral. ¿De qué moralidad pueden ellos hacer gala?

Israel Katz, sucesor de Cohen en el ministerio de Exteriores, decide proseguir con la sarta de repugnantes alegatos. El dos de octubre declara al secretario general persona non grata y prohíbe su acceso a la zona y anuncia que “Israel continuará protegiendo a sus ciudadanos y manteniendo su honor nacional con o sin Guterres. Un secretario general que apoya a los terroristas, violadores y asesinos de Hamás, Hizbolá, hutíes y ahora a Irán, madre del terror global, será recordado como una mancha en la historia de las Naciones Unidas”. ¿El cenagal israelí denominando “mancha” a una persona honorable receptora del premio Theodor Herzl? 

Israel se revuelve contra las Naciones Unidas y su secretario general porque ambos reiteradamente condenan su ocupación ilegal de Palestina, su agresión a los valores y principios de la Organización, la persistente conculcación de todo tipo de leyes internacionales, la muerte y destrucción de civiles, mujeres y niños, el arrasamiento institucionalizado de ciudades, el bombardeo despiadado de hospitales, mezquitas, campos de refugiados y escuelas infantiles. Por cierto, en el programado acoso y derribo de su progenitor, el Gobierno judío otorga suma importancia a la liquidación de la UNRWA, la Agencia onusiana para los refugiados palestinos. Hace tiempo que Philippe Lazarini, su director general, lo ha advertido: “Israel está llevando a cabo un esfuerzo concertado para desmantelar UNRWA”. Algo que el vástago resentido no oculta. Benjamin Netanyahu: “La UNRWA perpetúa el problema de los refugiados palestinos y sus escuelas adoctrinan a los niños palestinos en el genocidio y el terror”, 7-2-2024 (?!). Es comprensible. Se trata de acabar con el problema palestino. Limpieza étnica. 

El 27 de septiembre de 2024, el primer ministro de Israel, con ocasión de su importante sesión anual, accede a la tribuna de la Asamblea General para pronunciar su discurso. Lo hace solo ante la mitad de los representantes de los Estados miembros puesto que la sala ha quedado medio vacía en señal de protesta por lo que Israel comete en Oriente Próximo. Los que han permanecido pueden oír frases como estas: “Israel es campeón de la paz y prosperidad en Oriente Próximo. Israel busca la paz”. Probablemente, no sabe encontrarla. Esta frase la pronuncia el pacífico líder una hora antes de que sus aviones machaquen Líbano. Persigue además dejar claras sus intenciones en la propia casa del progenitor que le dio vida en 1947-1948: “Mientras  esta ciénaga antisemita no sea drenada, la ONU no será nada más que una farsa despreciable”. 

Si el atento lector ha logrado llegar a estos párrafos finales sin perder la fe en la Humanidad y en el buen dios, sea de la confesión que sea, capaz de intervenir ante las barbaridades que estoy describiendo, le brindo una última información. El Gabinete del primer ministro de Israel está controlado por ministros de extrema derecha, de los cuales Netanyahu no se aleja. Uno de ellos, Bezalel Smotrich, acaba de manifestar en una entrevista (11-10-2024) lo siguiente: “Está escrito en las sagradas escrituras que el futuro de Jerusalén es expandirse hasta Damasco. Este Estado judío ha de extenderse a Jordania, Líbano, Egipto, Siria, Iraq y Arabia Saudí”. Esperemos que Israel no consiga acabar con  su progenitor antes de que quienes tienen poder y sentido común en la Organización (¿los hay?) consigan poner coto a tal propósito. Ya muy inicialmente en la época de la ONU existían dudas sobre sus capacidades. Ello llevó a decir a Dag Hammarskjöld, su segundo secretario general, que “las Naciones Unidas no nacieron para traernos el paraíso, sino para alejarnos del infierno”. Israel nos está acercando al infierno. 

Coda.- He visitado Gaza en varias ocasiones como eurodiputado. Antes lo hice como delegado para Oriente Medio de la Agencia Humanitaria de la Unión Europea (ECHO). En ésta me entrevisté con el doctor Eyad al Sarraj, psiquiatra y pacifista, activista humanitario encarcelado por Israel y por la Autoridad Nacional Palestina por denunciar las violaciones de derechos humanos por una y otra parte. Al Sarraj me dijo: “¿Se imagina usted lo que es vivir, sobrevivir, malvivir en un minúsculo territorio, sometidos a los bombardeos de la potencia ocupante, con niños malheridos que recuperan la respiración entre cadáveres de colegiales amigos? Si en Gaza se pregunta a un niño qué quiere ser de mayor, no contesta que le gustaría ser médico, soldado o ingeniero. Dice que quiere ser mártir”. Netanyahu no tiene por qué preocuparse del “adoctrinamiento” en las escuelas de la UNRWA. De eso se encargan los bombardeos israelíes.

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Emilio Menéndez del Valle es embajador de España.

En julio de 2005, en mi condición de eurodiputado, viajé a Afganistán. Hacía cuatro años que los terroristas islámicos obedientes a Osama bin Laden habían causado más de tres mil muertos al destruir las neoyorquinas Torres gemelas y pasarían seis antes de que fuerzas especiales norteamericanas acabaran con la vida de Osama en su refugio de Pakistán. Concluía así, en 2011, la denominada guerra contra el terrorismo declarada por el presidente Bush hijo, quien en 2001 había ordenado la invasión de Afganistán, cuyo 90% del territorio estaba controlado por los talibanes. Guerra a la que se sumó la OTAN en apoyo al empeño norteamericano. Diversos Estados miembros, España incluida, participaron. La misión militar internacional finalizó en 2014 y España inició su retirada en 2012. Con su habitual cáustica mirada, El Roto lo reflejó así: “Nos vamos de Afganistán con la satisfacción del deber cumplido, que no sabemos cuál ha sido” (El País, 25-6-2012).

En octubre de 2004, bajo tutela estadounidense y de la OTAN, Hamid Karzai había sido democráticamente elegido presidente del país. A ese país llegué un año después. Visité diversas zonas, además de Kabul. Herat, cercano a la frontera de Irán, es un crisol de poblaciones. La mayor la constituyen los tayikos, de lengua persa, pero los pastunes, hazaras y uzbekos, debido a la influencia del gran vecino, también la hablan. El dari es el nombre afgano del idioma persa. Dari y pastún son los dos idiomas oficiales de un país multilingüe de unos 35 millones de personas, la mitad aproximadamente de los cuales son mujeres, con 40 idiomas menores y unos 200 dialectos diferentes. Dada la importancia geopolítica de Teherán en esta parte del mundo y la contigüidad de Herat, la visita tenía interés de cara a sondear el sentimiento de la población hacia los talibanes antes de la invasión occidental de 2001, sondeo que idiomáticamente no presentó problemas puesto que los cuatro diputados que integrábamos la misión del Europarlamento disponíamos de un intérprete de dari y pastún. 

No necesité de intérprete alguno en la visita realizada al lugar más significativo desde el punto de vista que este artículo quiere afrontar. Me refiero a Bamiyán, capital de la provincia del mismo nombre, a unos 300 km al oeste de Kabul. Flotando en el ambiente la ausencia de las dos monumentales estatuas de Buda en el acantilado del valle de Bamiyán, construidas en el siglo V y dinamitadas por los talibanes en marzo de 2001, unos meses antes de que las Torres gemelas corrieran la misma suerte, tuve ocasión de visitar una escuela femenina en la ciudad. El propósito en esta ocasión era indagar sobre la situación de la educación nueve meses después de que, como ya he dicho, Hamid Karzai asumiera democráticamente el poder. Una profesora me invitó a acudir a su clase y en un más que aceptable inglés me proporcionó la información requerida. Mientras lo hacía, en el aula treinta muchachas de unos quince años, escuchaban atentamente, si bien ignoro si comprendían el inglés. Jóvenes con un ligero pañuelo en la cabeza, con la cara plenamente descubierta y una franca sonrisa, muy lejos de lo que mujeres, jóvenes y niñas experimentan en el Afganistán de hoy. Ante un ambiente tan naturalmente normal, pregunté a la profesora si podía hablar con las jóvenes. Acabé sentándome en un pupitre en medio de ellas, acogido con normalidad y simpatía y con sonrisas, que no risas, por su parte. Escribo estas líneas teniendo al lado la foto que conservo del momento, yo entre ellas, que hizo la profesora con mi cámara.

Lejano 2005 del Afganistán de hoy. El 14 de abril de 2021, el presidente Biden decide la completa retirada de Afganistán de las tropas norteamericanas. “Es hora de poner fin a la guerra más larga de los Estados Unidos”, dice. El 38 de agosto de ese año se completa la retirada de las tropas y se deja al país en manos de los talibanes. Más de 120.000 personas son evacuadas. Biden: “Los Estados Unidos deben aprender de los errores cometidos. La retirada significa el final de una era de grandes operaciones militares con el fin de rehacer a otros países”. 

Hace tres años los victoriosos talibanes firmaron un acuerdo con los invasores occidentales en retirada. En él se comprometían a respetar los derechos humanos, la libertad de expresión y amnistía para los funcionarios del anterior Gobierno. Muy pronto se desvaneció la esperanza de que actuaran de acuerdo a lo que habían firmado. Violencia, represión e impunidad. El aula abierta de Bamiyán en la que en 2005 me senté, escuché y opiné, ya no existe hoy. Todas las aulas del país han sido violentamente clausuradas para niñas, jóvenes, mujeres. Más de ochenta decretos emitidos por los talibanes en tres años han hecho de numerosos sectores de la sociedad objeto de discriminación y persecución. 

Estos bárbaros han creado el sistema más perverso y extendido de sistemática violación de los derechos de las mujeres. Quienes de estas batallan y denuncian dicho sistema se enfrentan a detenciones, tortura e incluso desaparición forzosa. Huérfanas de un marco jurídico y judicial justo que las ampare puesto que los bárbaros acabaron con él en noviembre de 2022 al introducir la sharia. La versión de la misma que los talibanes practican implica que no se permite la presencia de abogados en los juicios, que han sido sustituidos por los “eruditos” religiosos de las madrasas, las escuelas islámicas.

Muy recientemente (21-8-2024) los bárbaros impusieron la denominada Ley sobre la promoción de la virtud y la prevención del vicio, título que por sí mismo probablemente no necesitaría de ulterior comentario. Aun así, comento. El engendro legal otorga poderes especiales a la denominada policía de la moral a propósito de la conducta de las mujeres. El artículo 13 estipula que las mujeres deben cubrirse su cuerpo por completo, reducir la voz en determinadas ocasiones (?) y no mirar a hombres extraños (?). El absurdo se evidencia todavía más con la institución del “mahram”: ninguna mujer puede viajar, acceder a un avión o entrar en un edificio administrativo para cualquier gestión si no va acompañada de un pariente masculino. ONU Mujeres es la organización de Naciones Unidas que desarrolla programas, políticas y normativas con el fin de defender los derechos humanos de mujeres y niñas. Acaba de publicar un informe según el cual solo el uno por ciento de las afganas entrevistadas estiman que tienen algún tipo de influencia en las comunidades a que pertenecen. El 64% no se sienten seguras cuando salen de casa y el 8% conocen a a alguna mujer o niña que ha intentado suicidarse desde que los talibanes lograron el poder en 2021. 

El colmo de las insensateces de los bárbaros lo refleja el hecho de que se han visto forzados a no llevar a cabo la vacunación contra la polio porque la mayoría de quienes debían ejecutarla eran enfermeras, mujeres. Aducen que protegen los derechos de mujeres y niñas de acuerdo a la sharia y las costumbres y normas de la sociedad afgana. Sin embargo, las costumbres y tradiciones culturales o religiosas no pueden justificar la violación de los derechos humanos. Si bien no es plausible que los bárbaros presten atención, el artículo 4 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer estipula que los Estados no pueden invocar costumbres, tradiciones o consideraciones religiosas para eludir la obligación de eliminar la violencia contra la mujer.

En julio de 2024, Richard Bennet, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, presentó su Informe sobre el tema. Merece la pena concluir este artículo con algunas de sus conclusiones y recomendaciones: “El sistema de discriminación, segregación, desprecio de la dignidad humana y exclusión institucionalizado por los talibanes está motivado por, y se traduce en, un profundo rechazo de la plena humanidad de las mujeres y niñas. Es omnipresente y metódico y se institucionaliza a través de edictos y políticas que sancionan y refuerzan la grave privación de derechos fundamentales” (párrafo 14). El Relator Especial recomienda a los Estados y la comunidad internacional que “eviten la normalización o legitimación de las autoridades afganas de facto hasta que no se produzcan mejoras palpables… en materia de derechos humanos, especialmente en lo que respecta a las mujeres y las niñas” (párrafo 133, a).

Probablemente el Relator tiene en mente que, desde la asunción de los bárbaros al poder en 2021, la ONU rechazó en tres ocasiones su pretensión de ocupar en la Asamblea General el puesto que tenía el anterior Gobierno apoyado por Occidente. Desde 2021 se sucedieron disputas entre ambos aspirantes al puesto. En mayo de 2024, la ONU zanjó la cuestión suspendiendo los derechos de voto de Afganistán en la Asamblea General. Es llamativo y loable que el Relator Especial indirectamente aluda a las distintas interpretaciones del islam al pedir que “los países de mayoría musulmana y la Organización de Cooperación Islámica redoblen los esfuerzos para persuadir a los talibanes para que modifiquen las políticas y prácticas contrarias a los principios islámicos dominantes, incluida la igualdad de acceso a la educación para todos” (párrafo 133, d). 

Por otro lado, hay que constatar que la barbarie no se ceba únicamente en las mujeres. Objeto de la misma son igualmente un cúmulo de actores: minorías étnicas y religiosas, homosexuales y transexuales, personas con discapacidades, defensores de derechos humanos, trabajadores sanitarios, periodistas, educadores, jueces, profesionales del derecho, antiguos funcionarios… Conviene asimismo tener en cuenta que todo esto tiene lugar en una situación de catástrofe humanitaria, social y económica, en la que dos tercios de la población afgana (28 millones) precisan asistencia humanitaria para sobrevivir. 

Ayuda humanitaria, por supuesto, pero pienso que, en este y otros temas de parecidas características, nos hallamos ante una crisis… de humanidad. ¿Cómo es posible que asumamos que la tan cacareada comunidad internacional permita atrocidades como las que he relatado? Que el proceso de apartheid, limpieza étnica y genocidio que bárbaros de otro tipo están llevando a cabo en Gaza continúe. Sí, salvedad establecida: Hamás es un engendro terrorista y bárbaro, pero…

En esta comunidad internacional que no es tal existen cómplices de uno y otro lado que impiden el progreso. Estados Unidos vetando en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cualquier resolución que dañe a su aliado israelí. Rusia y China oponiéndose en ese Consejo a “interferir en los asuntos internos de Afganistán”. 

Existen mecanismos e instrumentos jurídicos y judiciales en esta poco atenta sociedad internacional para, teóricamente, hacer frente a la barbarie. La Ley talibán sobre la promoción de la virtud institucionaliza un sistema de discriminación y opresión de mujeres y niñas que debería movilizar la conciencia de la humanidad. Supone un ataque sistemático y generalizado a la población civil que podría calificarse de crimen de lesa humanidad. Hay en curso negociaciones internacionales para lograr un Tratado sobre crímenes de lesa humanidad, ocasión que podría aprovecharse para codificar el apartheid de género como delito en Derecho internacional. El Tribunal Penal Internacional tendría puerta abierta para actuar. Hay que valerse de los mecanismos de rendición de cuentas existentes. El Tribunal Internacional de Justicia debería encausar a Afganistán por violación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General onusiana en diciembre de 1979 y ratificada por 189 Estados. Sí, pero…

Michael Ignatieff cita a Butros Butros Ghali, secretario general de Naciones Unidas, quien en 1995 dijo que Afganistán se había convertido en “uno de los conflictos huérfanos del mundo, esos que Occidente, selectivo y promiscuo en su atención, prefiere dejar de lado a favor de Yugoslavia”. El mundo había apartado la vista de Afganistán, dejando que la guerra civil, la fragmentación étnica y la polarización desembocaran en la quiebra del Estado. El país había dejado de existir como un Estado viable, y cuando un Estado quiebra la sociedad civil es destruida. Generaciones de niños crecen sin raíces, sin identidad ni razón para vivir sino la de luchar (con matices, aplicable a los niños palestinos). 

En aquellos años, Ahmed Rashid entrevistó a Lakhdar Brahimi, mediador de la ONU, quien le dijo: “Estamos tratando con un Estado en quiebra que parece una herida infectada. Uno ni siquiera sabe por dónde empezar a limpiarla”. En 2005, durante mi breve estancia, viajé por un país escabroso, árido, áspero y desierto. En su libro Los Talibán, Rashid relata: “Hace muchos años, un sabio y anciano muyahid afgano me contó la historia mítica de la creación divina de Afganistán: 'Cuando Alá hizo el resto del mundo, vio que había quedado un montón de desechos, fragmentos, trozos y restos que no encajaban en ninguna parte. Tras reunirlos, los arrojó a la tierra y eso fue Afganistán'”.  En medio de esos desechos malviven, padecen, sufren las mujeres afganas. Hasta que la tan cacareada comunidad internacional o Alá las libere.

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Emilio Menéndez del Valle es embajador de España.

El 24 de julio Benjamin Netanyahu habló en Washington al Congreso de los Estados Unidos. La invitación formal fue realizada el 31 de mayo pasado por los cuatro líderes de sus dos Cámaras, dos republicanos y dos demócratas. En la invitación se afirmaba que ésta se hacía para “resaltar la especial relación de los Estados Unidos con Israel y expresar el apoyo parlamentario a la lucha conjunta contra el terrorismo global que amenaza la estabilidad regional y global”. 

Al parecer, no todos los congresistas eran partidarios de la invitación pues cerca de la mitad de los demócratas no asistieron al acto promovido por esos cuatro anfitriones. El día anterior al acto del 24 de julio, el respetable senador demócrata por Vermont, Bernie Sanders, se dirigió al hemiciclo en  estos términos: “Señor presidente: mañana tendrá lugar un momento único en la historia del Congreso. Traer al primer ministro Netanyahu a dirigirse al Congreso significará que por primera vez en la historia americana a un criminal de guerra se le ha concedido tal honor. Esta invitación a Netanyahu es una desgracia que lamentaremos y que impedirá a los Estados Unidos dar lecciones a país alguno en la tierra sobre derechos humanos y dignidad humana. El primer ministro ha sido creíblemente acusado por el Tribunal Penal Internacional de crímenes de guerra. Los cargos del fiscal de dicho tribunal están bien fundados. Se refieren a la utilización de la hambruna contra civiles como método de guerra, así como a los ataques intencionadamente dirigidos contra la población civil. En concreto, el fiscal afirma que Netanyahu es responsable de ‘privar a los civiles de lo necesario indispensable para su supervivencia, incluido el suministro intencional de la ayuda humanitaria, contemplada en las Convenciones de Ginebra’”.

Por otra parte, no parece que la mayoría de los congresistas presentes en el acto y que al final de su intervención aplaudieron al criminal de guerra resultaran satisfechos por sus propuestas. Serias y concretas no las hubo. Probablemente muchos esperarían concreciones sobre cómo terminar la guerra de Gaza, ideas sobre el futuro, alto el fuego, paz. ¿Dos Estados, israelí y palestino? Ausencia de visión política, no solo para terminar la guerra sino también para poner fin al conflicto de décadas. 

En realidad, no se refirió a los palestinos, salvo para afirmar que las muertes civiles en Rafah fueron “prácticamente ninguna”. Como ha escrito Noa Landau en el diario israelí Haaretz: “Netanyahu no fue a Washington para terminar la guerra de Gaza. Fue para obtener los medios para prolongarla”. De ahí que tras elogiar a Biden como “un orgulloso sionista, firme al lado de Israel”, pidió al Congreso que acelerara la entrega de armas para “terminar el trabajo más rápidamente”, argumentando que la guerra contra Hamas es en realidad la guerra de los Estados Unidos, implícitamente sugiriendo que hace la guerra en nombre de los Estados Unidos.

Esa guerra, según Netanyahu es “una lucha entre la barbarie y la civilización“. Ignoro cuántos en la audiencia compartían esa aseveración. Sé que ni el Tribunal Penal Internacional (TPI) ni el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) -a quienes Netanyahu tiene por norma vituperar- la comparten. Como he descrito líneas arriba, el parecer del TPI lo ha resumido Bernie Sanders. El TIJ lo hizo cinco días antes del discurso de Netanyahu en Washington. Y ambos le hacen a él responsable de la barbarie.

El Tribunal Internacional de Justicia en su opinión consultiva sobre “Las consecuencias jurídicas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén Oriental” (19-7-2024). Y lo hace clara y contundentemente: “El abuso continuado por parte de Israel de su posición como Potencia ocupante, mediante la anexión y la afirmación de un control permanente sobre el Territorio Palestino Ocupado y la continua frustración del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, viola principios fundamentales del derecho internacional y hace ilegal la presencia de Israel en el Territorio Palestino Ocupado”. 

Contesta así el Tribunal a la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 2022, que le preguntaba: “¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de la actual violación por Israel del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, de su prolongada ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el  estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de su adopción de legislación y medidas discriminatorias conexas?”.

Es innegable que Benjamin Netanyahu tiene firmes partidarios en el Parlamento norteamericano. La Cámara de Representantes aprobó (3-6-2024) una moción contra el TPI por la emisión de la orden de arresto contra el premier israelí. Por otro lado, doce senadores republicanos enviaron una amenazante carta al fiscal del TPI, Karim Khan (24-4-2024), conminándole a no emitir orden de detención contra Netanyahu: “No hay equivalencia moral entre el terrorismo de Hamas y la justificada respuesta de Israel. El TPI se convertiría en el mayor patrocinador del terrorismo”. Alineándose con la proclama de Netanyahu de que lleva a cabo la guerra en nombre de los EEUU, los doce senadores proclamaron que se trata “no solo de una amenaza contra la soberanía de Israel, sino también contra la soberanía de Estados Unidos”. Y añadían: “Elija como blanco a Israel y nosotros lo elegiremos a usted “. 

La reacción ante la opinión consultiva del TIJ, bien fundada jurídicamente, de quienes dentro de Israel apoyan, por ahora, al primer ministro, es significativa. Superfluo valerse de calificativos gruesos. Son, simplemente, extravagantes y ridículas. Juzguen ustedes: reacción de Netanyahu dos días antes de volar a Washington: “El pueblo judío no es un ocupante en su propia tierra, ni en nuestra capital eterna Jerusalén, ni en la tierra de nuestros antepasados en Judea y Samaria. Ninguna decisión falsa en La Haya distorsionará esta verdad histórica, del mismo modo que no se puede cuestionar la legalidad de los asentamientos israelíes en todos los territorios de nuestra patria”. En paralelo, el ministerio de Asuntos Exteriores: “El documento del Tribunal es parcial y sesgado, descalificado por su odio al Estado de Israel”. El ridículo lo profundiza el Jerusalén Post cuando el 30-7-2024 escribe: “Parece como si la comunidad internacional, liderada por una organización de élite, las Naciones Unidas, y su inmensamente reputado  sistema judicial internacional se hubiera dejado engañar una y otra vez, y hubiera abusado de sus valores y principios, de una manera que está poniendo en peligro todo el orden internacional basado en normas”.

¿La ONU, con sus 193 Estados miembros, una organización de élite? En efecto, el sistema judicial internacional es reputado y el problema para Israel es precisamente que ese sistema hace gala de principios y valores y no se deja engañar por las falaces argumentaciones que acabo de reproducir. Es Israel, quien, desprovisto de valores y principios, agrede el orden internacional basado en normas. 

¿Odio al Estado de Israel? Yo no lo profeso. A raíz de los terribles atentados del 11-S del fundamentalismo islámico contra las neoyorquinas Torres Gemelas, diversos analistas norteamericanos se hicieron esta pregunta: ¿Por qué nos odian? Y extrajeron consecuencias y razones. Desde el fallo del TIJ del pasado 19 de julio, Israel ha intensificado los bombardeos contra la población civil palestina en Gaza y sus escasos recursos naturales. ¿Por qué nos odian?

Sin duda, la mayoría de la comunidad internacional apoya la opinión consultiva del TIJ. Desde luego, la no perteneciente al mundo occidental. Y gran parte de éste, con vergonzosas excepciones, también lo hace.  ¿Cuáles son esas excepciones? Aparte de los Estados Unidos, sostenedor con escasos matices de la barbarie que Netanyahu practica (lo digo con tristeza y también con la esperanza de que a no mucho tardar la gran potencia americana emprenda el camino de Damasco y se reconvierta a la mayoritaria postura internacional), el Reino Unido y Países Bajos son las principales excepciones. 

En las audiencias celebradas en febrero de este año en La Haya para que los Estados que lo desearan pudieran expresar su posición ante la opinión consultiva, entre otros muchos, España, Francia, Irlanda, Bélgica y Luxemburgo consideraron competente al TIJ. El Reino Unido apoyó los argumentos contrarios de EEUU y pidió al Tribunal que no emitiera dictamen alguno. Países Bajos sostuvo que “la ocupación de un territorio puede ser legítima en el marco del derecho de legítima defensa, en respuesta a un ataque armado”. Obviando que, según el derecho internacional, esa legítima defensa debe ser llevada a cabo proporcionalmente al mal recibido, lo que no casa con la actuación de Israel desde el 7 de octubre, que ha asesinado a miles de civiles palestinos, destruyendo gran parte de la Franja y sus infraestructuras, incluidos hospitales, universidades y escuelas de la UNRWA. 

El Consejo de Derechos Humanos de la “elitista” ONU acaba de pedir que los Estados miembros cumplan con el dictamen del TIJ sobre la presencia de Israel en los Territorios Palestinos ocupados. Pide asimismo que los Estados revisen sus vínculos políticos, diplomáticos, comerciales y económicos con Israel. 

Es significativo que el TIJ dedique una sección de su opinión consultiva a las obligaciones internacionales que terceros países deben asumir derivadas de los actos ilegales de Israel en Palestina. Significativo es asimismo que el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, declarara inmediatamente que “las conclusiones de la opinión consultiva están en gran medida de acuerdo con la posición de la Unión”. Relacionado con el hecho de que varios Estados de la UE han exigido sanciones contra Israel y que se revise el Acuerdo de Asociación con este país. Precisamente el artículo 2 de este Acuerdo indica que la Unión y sus Estados miembros deben basar sus relaciones en el respeto a los derechos humanos. Borrell, persona sensible y comprometida con la defensa de los derechos humanos y la exigencia de que estos sean eficazmente respetados, ha declarado que la próxima reunión de la UE con Israel “no puede ser un rutinario encuentro del Acuerdo de Asociación”.

A la espera quedamos.

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Emilio Menéndez del Valle es embajador de España.