La extrema derecha tiene un problema con los medios de comunicación, al menos con aquellos cuya misión es informar al público en nombre del interés general. No es nada nuevo, forma parte de su programa ideológico antidemocrático.

Sus esfuerzos por “normalizarse” solo ciegan a quienes quieren que así sea. Por eso, cuando resurgen sus abyectos métodos, no nos sorprende.

A Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional (RN), no le sentó bien que una de nuestras periodistas le hiciera preguntas el 12 de enero, durante su mal llamada "ruego a la prensa". Podría haber dado muestras de transparencia respondiendo a sus preguntas sobre las candidaturas problemáticas de su partido a las elecciones municipales: hemos identificado una docena de ellas señaladas por comentarios racistas, antisemitas u homófobos, o por su proximidad a grupúsculos radicales.

Pero ha preferido atacar a nuestro periódico, que en 2013 reveló el caso de los asistentes parlamentarios del Frente Nacional (FN) en el Parlamento Europeo, que en la actualidad hace que Marine Le Pen se juegue su futuro político ante los tribunales.

“¿Por qué contrataron al Sr. Meurice, que actuaba en La Main d'Or, el teatro de Dieudonné? ¿Y al Sr. Plenel, que apoya el terrorismo?”, espetó. El humorista, colaborador de Mediapart durante un año, ya explicó que actuó en algunas ocasiones en ese teatro sin conocer personalmente a Dieudonné (famoso humorista de extrema derecha y negacionista, ndt) y que asistió "como todo el mundo a su deriva antisemita”. En cuanto a nuestro cofundador (Edwy Plenel, ndt), que ya no dirige el periódico desde marzo de 2024, contrariamente a lo que insinúa Jordan Bardella, ha tenido ocasión de refutar firmemente el texto que se le reprocha, un artículo sobre los atentados de Múnich de 1972, publicado treinta y seis años antes de la creación de Mediapart.

Esta estrategia de distracción, ya utilizada el verano pasado para pasar por alto nuestras revelaciones sobre los escritos racistas, antisemitas y homófobos de la diputada RN Caroline Parmentier –gran artífice de la estrategia de “desdemonización” del partido–, funciona a pleno rendimiento: sus seguidores en redes sociales, en lugar de pedirle cuentas sobre las “ovejas negras”, transforman el ataque verbal de un hombre en un acoso masivo con insultos de todo tipo, entre los que se incluyen insultos discriminatorios contra nuestra periodista Samia Dechir.

Pero eso no es todo. Conocedor de Antonio Gramsci, pensador y militante comunista al que la extrema derecha ha plagiado descaradamente, el presidente del partido decide, unos días más tarde, relanzar la “batalla cultural”. Su obsesión antidemocrática le traiciona: el 18 de enero, publica un vídeo en el que asocia una imagen totalmente falsa de Edwy Plenel con su idea del terrorismo (un hombre haciendo muecas y con kufiya). Para que su estratagema resulte creíble, difunde un deepfake, es decir, un falso vídeo.

En democracia, las críticas, reguladas por la ley de libertad de prensa de 1881, son libres, y nos alegramos por ello cada día, tanto por los ciudadanos como por nosotros mismos. Pero la manipulación y la falsificación, mediante la inteligencia artificial (IA), por parte de un personaje público que aspira a los más altos cargos del Estado, para convertir a un periodista y, por extensión, a un medio de comunicación, en enemigo público, es intolerable.

No nos engañemos: sabemos que estos ataques desleales, que condenamos firmemente, son pretextos para denigrar a Mediapart, un periódico independiente de todos los poderes que asume su papel de incomodar al orden establecido haciendo su trabajo de investigación para que los poderosos rindan cuentas. Cada vez que se nos persigue judicialmente, respondemos por nuestros escritos ante los tribunales. El FN y luego la RN han pinchado en hueso con nosotros y, en los últimos años, han preferido las invectivas a la justicia.

Nuestra misión de interés general es buscar la verdad de los hechos: lamentamos que un político elija deliberadamente la mentira, haciéndose eco de los métodos indecentes de la prensa de extrema derecha de los años 30.

”La libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información sobre los hechos y si no son los hechos mismos los que se debaten”, escribe Hannah Arendt en "Verdad y política", publicado en The New Yorker en 1967. “Cuando ya no tenemos una prensa libre, puede pasar cualquier cosa. Lo que permite que haya una dictadura totalitaria o cualquier otra dictadura es que la gente no esté informada; ¿cómo puedes tener una opinión si no estás informado? Cuando todo el mundo te miente constantemente, el resultado no es que creas esas mentiras, sino que ya nadie cree en nada […]. Y un pueblo que ya no puede creer en nada […] se ve privado no solo de su capacidad de actuar, sino también de su capacidad de pensar y juzgar. Y con un pueblo así se puede hacer lo que se quiera”, continúa en una entrevista publicada por la New York Review of Books en 1978.

Gracias a sus suscriptores, Mediapart no teme a las intimidaciones: somos capaces de hacerles frente. Nuestra independencia es precisamente lo que nos permite criticar las noticias falsas, vengan de donde vengan. Pero, como ciudadanos, nos alarma la deriva trumpista de Jordan Bardella contra la prensa. A un año de las elecciones presidenciales, y cuando comienza la campaña para las elecciones municipales, abren el camino a una nueva era, la de todas las falsificaciones contra el derecho a saber. El enemigo ya no es la prensa, como sigue haciendo creer el presidente estadounidense, sino el pueblo, el que vota y el que se hace, a través de los periodistas, preguntas legítimas. Al menos en un régimen democrático.

[El equipo de infoLibre y TintaLibre se solidariza con Edwy Plenel y con la Redacción de Mediapart en la defensa de un periodismo independiente, con principios transparentes y ajeno a intereses partidistas o empresariales de ningún tipo].

Traducción de Miguel López

La libertad de informar es un principio fundamental vinculado a los derechos humanos. No solo en Francia, sino en todo el mundo. La misión de los periodistas es estar al servicio del derecho a la información y la libertad de expresión, velando por la veracidad de los hechos, el respeto de las fuentes y el derecho de réplica.

El derecho de toda persona a tener acceso a la información y a las ideas se recoge en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). Al adherirse a esta organización supranacional tras su independencia en 1962, Argelia suscribió de facto esta resolución de 1948.

El miércoles 3 de diciembre, tras la vista de apelación, el tribunal de justicia de Tizi Ouzou, en Argelia, condenó al periodista francés Christophe Gleizes, de 36 años, a siete años de prisión. Nuestro colega, colaborador de So foot y Society, fue detenido el 28 de mayo de 2024 y puesto bajo control judicial, en particular por “entrar en el país con un visado turístico” y por “apología del terrorismo”.

En el estrado, pidió “clemencia” a los jueces y reconoció haber cometido “muchos errores periodísticos a pesar de sus buenas intenciones”, según un periodista de la AFP presente en la vista. Christophe Gleizes admitió pues que debería haber solicitado un visado de periodista y no de turista antes de viajar para realizar un reportaje.

Eso no impidió que la fiscalía solicitara que se aumentara a diez años su primera condena. “El acusado no vino a Argelia para realizar un trabajo periodístico, sino [para cometer] un acto hostil”, afirmó su representante. El tribunal le preguntó si sabía que el Movimiento por la Autodeterminación de Cabilia (MAC) había sido clasificado en mayo de 2021 como terrorista por las autoridades argelinas cuando se reunió con su presidente, Ferhat Mehenni, en París, en octubre del mismo año.

Sea cual sea la respuesta —en este caso, Christophe Gleizes afirmó que no lo sabía—, es necesario recordar que los periodistas no deben identificarse ni con las personas a las que potencialmente implican, ni con los testigos, ni siquiera con sus fuentes. No son defensores de unos ni de otros. Son otra voz, la de los ciudadanos y ciudadanas que quieren saber. Producen hechos de interés general, una vez que estos han sido contrastados, verificados y documentados.

Entrevistar, investigar e informar no es un delito. “El periodismo consiste en recabar información, incluso de personas u organizaciones controvertidas”, señalan las numerosas organizaciones de medios de comunicación francesas que piden la liberación del periodista. “Calificar esta actuación de ‘apología del terrorismo’ equivale a negar la propia naturaleza de la profesión y a amenazar la libertad de información, garantizada por los convenios internacionales. Un periodista que entrevista a un responsable deportivo no es cómplice de sus posiciones: está haciendo su trabajo”.

Tras el fallo, Thibaut Bruttin, director general de Reporteros sin Fronteras (RSF), expresó su estupefacción: “RSF condena con la mayor firmeza la aberrante decisión del tribunal de apelación de Tizi Ouzou, que ha optado por mantener en prisión a un periodista que no ha hecho más que su trabajo.” “Hay que explicar a los magistrados de apelación que un periodista no hace política”, “no es un ideólogo”, “no es un activista”, afirmaba el abogado del periodista, Emmanuel Daoud, antes de la vista.

El abogado intentó, con razón, evitar que el destino de su cliente se viera envuelto en la agitación de las relaciones franco-argelinas, tras el indulto y la liberación por parte de Argel del escritor franco-argelino Boualem Sansal el 12 de noviembre. Así, rechazó la expresión de “rehén”, precisando que Christophe Gleizes había podido recibir visitas y tener acceso a su expediente penal y a sus abogados.

No obstante, al dictar sentencia de prisión para un periodista —sea cual sea su nacionalidad, pues también vale para los periodistas argelinos injustamente encarcelados—, el tribunal viola el derecho de los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad, a disponer de información que les permita posicionarse con total autonomía y libertad.

La Carta Mundial de Ética Periodística, ratificada en Túnez en 2019, que recoge los principios de la Carta de Múnich de 1971, así lo establece: “La responsabilidad del periodista ante el público prima sobre cualquier otra responsabilidad, en particular ante sus empleadores y los poderes públicos”.

Lo único que cuenta es el interés general de los lectores y lectoras, más allá de las fronteras. Christophe Gleizes debe ser liberado. Según el procedimiento judicial argelino, solo queda una salida, el indulto que podría concederle el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune (que solo podría intervenir tras la condena en firme del reportero, que aún puede recurrir en casación).

Esto supone que, junto a los profesionales de la información, los ciudadanos se movilicen para defender su derecho: el de estar informados, directamente por quienes dan testimonio e investigan.

Traducción de Miguel López

Al condenar a Nicolas Sarkozy y a sus antiguos brazos derechos Claude Guéant y Brice Hortefeux, junto con sus compinches Alexandre Djouhri, Wahib Nacer, Khalid Bugshan y Bachir Saleh, el tribunal de París saca a la luz prácticas inaceptables en un Estado de derecho, que estuvieron a punto de quedar enterradas en los oscuros sótanos del Estado.

Las sanciones están a la altura de los cargos: el exjefe de Estado ha sido condenado a cinco años de prisión, con orden de detención diferida, como instigador de una “asociación ilícita” cuyo objetivo “era organizar la corrupción al más alto nivel posible una vez elegido”; Claude Guéant, a seis años de prisión, en particular por haber “buscado financiación en el extranjero” en el marco de la campaña presidencial de 2007; y Brice Hortefeux, a dos años de prisión, entre otras cosas, por haber “aceptado reunirse con Abdallah Senoussi”, a pesar de que este había sido “condenado por terrorismo”.

¡Por fin! Ha sido necesario un gran esfuerzo para que se hiciera justicia, paralelamente a la acumulación de datos periodísticos. Las primeras revelaciones de Mediapart se remontan al verano de 2011. Unos meses antes, nuestros investigadores Fabrice Arfi y Karl Laske se hicieron con unos documentos tan explosivos como inexplorados. Entonces no sabían que se trataba solo de la primera pieza de un rompecabezas que tardarían catorce años en completar.

Poco a poco se fue perfilando uno de los mayores escándalos de la Quinta República. En la más absoluta adversidad: la presión política y mediática rara vez ha sido tan fuerte como en esta investigación con ramificaciones internacionales, emblemática de lo que puede hacer un periodismo independiente de todos los poderes. Y eso a pesar de que la justicia no tardó en hacerse cargo de nuestra información.

En efecto, tras la publicación de artículos que mencionaban la pista de la financiación de la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy en 2007 por parte del régimen del dictador Muamar el Gadafi, la fiscalía decidió abrir una investigación preliminar en abril de 2013. Entre 2016 y 2018, el trabajo judicial se aceleró, multiplicándose las audiencias y los registros en Francia y en el extranjero.

Nicolas Sarkozy fue imputado por primera vez en marzo de 2018 por corrupción, financiación ilícita de campaña electoral y encubrimiento de malversación de fondos públicos, y de nuevo en 2020 por asociación ilícita. Tras diez años de investigación judicial, la instrucción se cierra en el verano de 2023 y culmina, en enero de 2025, en un juicio excepcional y en unas peticiones de la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) de una severidad excepcional.

La decisión del tribunal de París, el jueves 25 de septiembre, consagra este largo trabajo. Una decisión muy valiente si se tiene en cuenta que Francia sufre, con razón, una mala reputación en materia de lucha contra la corrupción. Los intereses políticos, económicos y mediáticos son históricamente tan poderosos que consiguen, más que en la mayoría de las demás democracias occidentales, ocultar sus delitos.

Pero la corrupción es “asunto de todos”, por parafrasear el nombre de esta asociación que lucha contra la catástrofe climática. Al desviar la ley en beneficio de su familia política, Nicolas Sarkozy rompió el pacto de confianza entre gobernantes y gobernados. Al debilitar la democracia, perjudicó a todos los ciudadanos. Pero muchos lo ignoran porque se ha hecho todo lo posible por ocultarlo.

Las víctimas suelen ser difíciles de identificar. En el caso libio, las partes civiles están físicamente representadas: tanto por las familias de las víctimas del atentado contra el DC-10 de la UTA, cuyo “cerebro”, Abdallah Senoussi, está en el centro del pacto de corrupción franco-libio mencionado por los jueces, y por las asociaciones de lucha contra la corrupción que representan el “impulso ciudadano de la sociedad civil”, como lo formuló en el estrado Vincent Brengarth, el abogado de la asociación Sherpa.

Además, y sobre todo, la mayoría de los representantes políticos se unen para defender a sus compañeros. En un régimen en crisis, marcado por un presidencialismo cada vez más tóxico, son pocos los que se han manifestado desde nuestras primeras revelaciones para difundir nuestra información. Si bien no dudan en denunciar (con razón) ciertas formas de corrupción relacionadas, por ejemplo, con el narcotráfico, suelen preferir silenciar los casos cuando afectan a uno de los suyos.

Aunque la pena a la que ha sido condenado supera a todas las demás, Nicolas Sarkozy no es un caso aislado. En las más altas esferas del Estado, Jacques Chirac, Alain Juppé, François Fillon y Jérôme Cahuzac, entre otros, también han sido condenados por delitos contra la probidad o fraude fiscal. “La justicia es el corazón de nuestro proyecto, porque la indecencia y los privilegios han durado demasiado y queremos las mismas reglas para todos. Independientemente de su estatus, queremos dirigentes responsables, ejemplares y que rindan cuentas”, afirmaba Emmanuel Macron en marzo de 2017, durante su primera campaña presidencial, para distanciarse oportunamente del caso Fillon.

Pero de las palabras a los hechos solo hay un paso que nunca se ha dado: según nuestro recuento, más de cuarenta personas cercanas al jefe del Estado están implicadas en al menos un caso, sin que ello les haya perjudicado.

En la mayoría de los casos, las personas implicadas cuentan con el apoyo tácito de sus colegas, incluso de la oposición. Los diputados de la Agrupación Nacional, con Marine Le Pen a la cabeza, pueden proclamar el lema “Manos limpias, cabeza alta”, pero están tan rodeados de escándalos que lo que más se les oye son los abucheos a los magistrados.

En la izquierda, faltan voces para defender las decisiones judiciales. Al igual que Emmanuel Macron, François Hollande no cumplió durante su mandato la promesa que hizo durante su campaña: “Como presidente de la República, me aseguraré de que mi comportamiento sea ejemplar en todo momento”.

En cuanto a Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, demuestra cada poco la poca consideración que tiene por la institución judicial. Desde los registros que tuvieron lugar en la sede de su partido, en octubre de 2018, no ha dejado de denigrar los procedimientos y a los actores, lo que le llevó, en marzo de 2025, a criticar la condena de Marine Le Pen (a cuatro años de prisión, dos de ellos sin libertad condicional, y cinco años de inhabilitación provisional). A pesar de que una democracia viva requiere contrapoderes fuertes, Mélenchon consideró que “la decisión de destituir a un representante electo debería recaer en el pueblo”, marginando la función fundamental del poder judicial de controlar la aplicación de la ley y sancionar su incumplimiento.

Al igual que las acusaciones de “justicia política”, el énfasis exclusivo en la presunción de inocencia se convierte en un tótem de inmunidad. Esa “entente cordial” debilita directamente la democracia al alimentar un sentimiento de impunidad del que se benefician principalmente la abstención y la extrema derecha.

Y es que lo que vale para las élites políticas vale también para las élites económicas. La corrupción, como encuentro entre el poder y el dinero, es por definición cosa de privilegiados menos preocupados por buscar la igualdad y el bien común que por mantener sus ventajas.

Como resume Pierre Lascoumes en L’Économie morale des élites dirigeantes (edit. Presses de Sciences Po, 2022): “Por un lado, los hombres y mujeres en el poder establecen normas generales que se imponen a los gobernados. Por otro, han establecido en su beneficio normas derogatorias que protegen sus intereses y sus posiciones y sobre las que mantienen el control.”

Ante esta República delincuente, las asociaciones, desde Anticor hasta Sherpa, pasando por Transparency International, tienen dificultades para imponer su discurso al gran público, ya que son muy pocas y cuentan con muy poco apoyo.

Los medios de comunicación son el último freno, y con mucho peso, para que se tome suficiente conciencia del daño infligido a los ciudadanos. El peso que tienen en Francia, en la difusión de la información, unos pocos multimillonarios, más preocupados por su influencia que por la libertad de información y el pluralismo de la prensa, tiene como efecto marginar las investigaciones que perjudican la prosperidad de sus negocios.

Como atestigua nuestro documental Personne n’y comprend rien (Nadie entiende nada), Nicolas Sarkozy, desde nuestras primeras revelaciones, ha tenido barrra libre en las diferentes cadenas de televisión y periódicos amigos, ya sean propiedad de Lagardère/Bolloré, Bouygues o Dassault, por citar solo algunos. “Fábula”, “broma”, “ignominia”: su defensa —y el menosprecio de nuestra información— se ha difundido hasta llegar a los hogares de millones de franceses. Y esto ha sido así, sin contradicción, durante años. Su condena por el tribunal de París no cambia nada, al contrario, solo sirve para cerrar aún más las filas.

El juicio y su resolución recuerdan así, de manera implícita, la importancia democrática de una prensa independiente capaz de hacer frente tanto a los ataques como al silenciamiento. El reto que se ha propuesto Mediapart desde su creación en 2008 es asumir ser un periódico que molesta a los poderes y a sus redes. Por ello, hemos situado en el centro de nuestro proyecto editorial lo que se denomina “investigaciones por iniciativa propia”. Nos importa menos revelar actas o fragmentos de expedientes de instrucción que revelar hechos nuevos, cuidadosamente ocultos, mediante la presentación de testimonios y documentos inéditos.

En la lucha contra la corrupción, eso ha dado resultados. La mayoría de los avances legislativos e institucionales logrados en las últimas dos décadas —pensemos en la creación de la Fiscalía Nacional Financiera y de la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública o en la aprobación de leyes contra el fraude fiscal— se han producido a raíz de revelaciones periodísticas, en particular las nuestras.

Nuestra independencia económica, que debemos íntegramente al apoyo de nuestros suscriptores, nos proporciona los medios financieros para nuestra independencia editorial, de la que depende nuestra capacidad para cambiar las cosas. El círculo se cierra y se convierte en virtuoso. Porque, sí, en una democracia digna de ese nombre, la información de calidad es útil. No solo para unos pocos, sino para la mayoría.

Ahora más que nunca, los ciudadanos necesitan estar informados sobre las prácticas de sus representantes y las decisiones que se toman en su nombre. Esa es la condición para que puedan, a continuación, exigir con total libertad las reformas necesarias para impedir que unos pocos privilegiados desvíen las leyes en su beneficio.

Traducción de Miguel López

En la escalinata de Matignon, frente a los símbolos de la República, parece que nada puede perturbarlos: en el día de traspaso de poderes, tras la dimisión de uno y el nombramiento del otro, François Bayrou y Sébastien Lecornu intercambian palabras corteses, se felicitan, sonríen y hablan con seriedad sobre el futuro. Están entre ellos, se sienten cómodos, prometen ayudarse mutuamente. Hablan ante el micrófono, pero ¿a quién se dirigen?

Mientras tanto, en este 10 de septiembre en el que se ha materializado el llamamiento a "bloquearlo todo", desde las redes sociales hasta las calles, Francia se cubre ruidosamente de barricadas y manifestantes más enfadados que educados. La represión por parte de las fuerzas del orden, con gran despliegue, no impide que se reinventen las formas de acción y los lemas en un movimiento heterogéneo, surgido desde abajo, símbolo de un hartazgo social que ningún partido político ha logrado recuperar. Hospitales, escuelas, vivienda, salarios: se trata del empeoramiento de las condiciones de vida y de la sensación de no estar ya representados. Entre el entusiasmo y la desesperación, cada uno busca hacer oír su voz.

Pero en Matignon no se menciona la movilización ciudadana, como si no existiera. Es sorprendente, por no decir estremecedor, el contraste entre esos dos mundos. Revela el abismo que los separa y la gravedad de la crisis de régimen en la que se encuentra sumido el país. Y todo ello por culpa del jefe del Estado.

Para salir del laberinto institucional en el que él mismo ha encerrado a Francia, Emmanuel Macron ha optado deliberadamente por obstruir una a una todas las puertas.

Lo absurdo del nombramiento de un hombre, Sébastien Lecornu, es patente: es un clon del presidente a su servicio, apreciado por Marine Le Pen y, además, objeto de una investigación preliminar de la Fiscalía Nacional Financiera por favoritismo, apropiación indebida y encubrimiento.

La ambición del jefe del Estado es doble: mantenerse en el poder hasta el final de su mandato, sin renunciar a la política económica que ha aplicado con fervor siguiendo los pasos de sus predecesores, en beneficio de los más ricos. Para ello, gracias a un presidencialismo cuya verticalidad ha llevado al extremo, está dispuesto a todo, “cueste lo que cueste”. Incluso si ello supone ignorar la lógica institucional y la práctica democrática que le obligan a tener en cuenta el resultado de las elecciones legislativas. Incluso también si ello supone provocar la aceleración de una fusión de las derechas, que solo espera superar el campo macronista.

Su responsabilidad en el caos político es total: no solo porque decidió, por su cuenta, disolver la Asamblea Nacional en el verano de 2024, en un momento en que la extrema derecha se beneficiaba de la dinámica de las elecciones europeas, sino también porque se niega continuamente a escuchar lo que expresan las urnas y la calle.

Macron no ha aprendido nada de las elecciones legislativas anticipadas. En primer lugar, aunque las fuerzas de izquierdas del Nuevo Frente Popular (NFP) quedaron en cabeza, nunca les ofreció el puesto de primer ministro. Es cierto que no tienen mayoría en el hemiciclo, pero estaban en condiciones de ofrecer una alternativa.

Desde 2022, ante la falta de mayoría, sus sucesivos gobiernos han intentado imponerse mediante el artículo 49.3 y coaliciones improbables. A falta de apoyo en las urnas, Macron ha explotado las lagunas autoritarias de la Constitución, que confiere al jefe del Estado la prerrogativa exclusiva de elegir al primer ministro, a un nivel nunca alcanzado en la historia de la V República.

Despreciando a las fuerzas parlamentarias, el concepto “jupiterino” de su papel ha crecido de forma inversamente proporcional a su base electoral. Con este nuevo nombramiento en Matignon, el hiperpresidencialismo alcanza su punto álgido y sus límites: Emmanuel Macron y Sébastien Lecornu, amigos íntimos, son tan intercambiables que ya no hay ningún escudo que proteja al presidente. Se acerca inevitablemente la perspectiva de una disolución del parlamento, o incluso de una dimisión, sin otra solución.

Supuestamente destinada a garantizar la estabilidad institucional, su función como jefe de Estado pende de un hilo. Sin embargo, Macron sigue utilizándola para eximirse de su responsabilidad programática. Esta es la segunda razón —pero la primera cronológicamente— del actual estancamiento: el jefe del Estado nunca ha tenido en cuenta el rechazo masivo de sus políticas, y en particular de su política económica, del que se derivan los fracasos electorales de su partido y sus aliados.

Al nombrar a Michel Barnier (Los Republicanos, LR), luego a François Bayrou (MoDem) y ahora a Sébastien Lecornu (Renacimiento) como primeros ministros, no hace más que reafirmar la lógica neoliberal que sirve de hilo conductor entre ellos, desde la multiplicación de los regalos fiscales a los más ricos hasta el abandono de los servicios públicos, pasando por la renuncia a la ecología y la vivienda, en beneficio de los lobbies y las multinacionales. Y ello a pesar del descontento social que se ha expresado continuamente desde el comienzo de su primer mandato. Desde los chalecos amarillos anterior hasta el movimiento Bloquons tout (Bloqueemos todo) del miércoles 10 de septiembre, pasando por la movilización contra la reforma de las pensiones, las consignas en favor de una mayor justicia social dejan impasible al presidente de la República.

El argumento del aumento de la deuda y la “amenaza de los mercados”, utilizado hasta la saciedad para defender al soldado Bayrou, no ha sido más que la última encarnación de unas políticas que no dejan de maltratar a los más vulnerables sin que se inmuten aquellos que aún se benefician de ellas. No hay duda alguna de que Sébastien Lecornu retomará la antorcha, ya que ha sido nombrado precisamente para permitir a Macron terminar su mandato sin cambiar su trayectoria económica y fiscal.

Sin embargo, citando a François Bayou, “Señoras y señores diputados, ustedes tienen el poder de derrocar al Gobierno, pero no tienen el poder de borrar la realidad”, la realidad es que la economía francesa solo ha sobrevivido a la crisis financiera de 2007-2008 y a las siguientes, en particular la del covid, con la ayuda de papá Estado, financiado por los ciudadanos y que, en principio, debería responder a sus necesidades.

La ralentización de la acumulación de capital ha tenido como consecuencia, en Francia y en el resto del mundo occidental, que sus poseedores se vean empujados a limitar las políticas redistributivas tanto como sea posible. Tanto con la presidencia de Nicolas Sarkozy como con la de François Hollande, las reformas del mercado laboral se tradujeron en un debilitamiento de las condiciones salariales y las medidas fiscales vinieron en ayuda de los empresarios, al tiempo que las transformaciones del Estado social provocaron el abandono de los servicios públicos, desde la educación hasta la sanidad, y la marginación de los desempleados.

En lugar de resolver la crisis económica y social, Macron no ha hecho más que agravarla al continuar con las transferencias de fondos del Estado al sector privado presentando la factura de la reducción del déficit a los trabajadores y a los servicios públicos.

Esas políticas, inevitablemente impopulares, solo pueden conducir al colapso democrático. Y más aún cuando el presidente de la República se ha negado a escuchar el tercer mensaje surgido de las elecciones legislativas anticipadas del 30 de junio y el 7 de julio de 2024.

Mientras los franceses se levantaban en masa para bloquear el acceso de la Agrupación Nacional (RN) a Matignon, él permitió a Michel Barnier y François Bayrou que se apoyaran en la extrema derecha para gobernar. Según los datos estadísticos de la Asamblea Nacional, desde el verano de 2024, RN ha votado el 90 % de los textos presentados por el Gobierno derrocado y, más allá de los proyectos de ley, la mitad de las veces ha votado con los grupos de la mayoría presidencial, según un análisis de Politis.

Esa alianza ha cristalizado en el ministerio del Interior con el nombramiento del líder del partido Los Republicanos, Bruno Retailleau, hoy dimitido, que, al igual que la extrema derecha, considera que existen “franceses de papeles”, pide la exclusión de las mujeres con velo de las competiciones deportivas, tarda en reaccionar ante los asesinatos de Aboubakar Cissé, Hichem Miraoui o Djamel Bendjaballah, pretende restringir los derechos de los periodistas, desea acabar con las energías renovables y promete unas fuerzas del orden “intransigentes” ante los bloqueos como el del 10 de septiembre.

Con Sébastien Lecornu, esa complicidad ahora queda patente en Matignon, ya que Marine Le Pen considera “simpático” al exministro de Defensa. De ahí a pensar que ha sido elegido para seguir buscando vías de comunicación con el grupo que ella dirige en la Asamblea Nacional, solo hay un paso. Al menos se puede concluir que sus encuentros secretos, en la primavera de 2024, no le han perjudicado.

Desde su primer mandato, Macron está convencido de que su permanencia en el poder depende de su capacidad para convertir al partido de Jordan Bardella (presidente de RN, ndt) en la única fuerza política alternativa. Pero la fusión de las derechas que está llevando a cabo, desde una parte de la “Macronía” hasta la Agrupación Nacional, constituye un error democrático devastador para el país. Esta aproximación, que lleva años gestándose, y ahora respaldada por Nicolas Sarkozy, tiene como efecto banalizar, legitimar y reforzar a la extrema derecha, con el riesgo de facilitar su llegada a Matignon y/o al Elíseo.

Las barreras de papel van cayendo una tras otra: las ideas xenófobas, racistas, sexistas, homófobas, climaticidas y antisociales ya se están extendiendo en la cabeza del Estado, y a la RN o a sus comparsas solo les queda hacerse con las llaves.

Traducción de Miguel López

Los aliados europeos de Kiev, al autoinvitarse a Washington en apoyo al presidente ucraniano con motivo de su encuentro con Trump el 18 de agosto, lograron aparecer en la foto de las grandes maniobras en curso para encontrar una solución a la guerra que Rusia libra contra Ucrania desde hace más de tres años.

Preocupados por hacer olvidar la humillación pública a Volodímir Zelensky en el Despacho Oval en febrero, estuvieron a punto de quedar fuera de juego en una recomposición geopolítica que, sin embargo, les afecta en primera línea, la del trazado de sus fronteras. Pero ¿por cuánto tiempo y a qué precio de dependencia?

La cumbre celebrada tres días antes en Anchorage, Alaska (Estados Unidos), fue para ellos un shock en medio de sus vacaciones estivales, pues oyeron silbar en sus oídos la bala de la capitulación de Ucrania y, de rebote, el peligro inmediato para su seguridad.

Pillándoles desprevenidos, como de costumbre, Donald Trump, que esperaba un acuerdo que pudiera atribuirse rápidamente, renunció a exigir el alto el fuego que había ido a conseguir para alinearse con la posición de Vladimir Putin, en busca de un hipotético acuerdo de paz que diera tiempo a su ejército para continuar sus conquistas y, llegado el momento, ratificar una ocupación de los territorios ucranianos lo más amplia posible.

Mientras Moscú pretende desmembrar a su vecino, al que considera un vasallo eterno, Trump ejerce su poder de forma tan versátil como peligrosa, en busca de un Premio Nobel de la Paz que, en un mundo orwelliano, coronaría el derecho del más fuerte. Y se le entregaría, junto a Vladimir Putin, en contra de las normas del derecho internacional construidas tras la Segunda Guerra Mundial.

En la Casa Blanca, la heterogénea “coalición de voluntarios”, formada por el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz, la presidenta del Consejo italiano Giorgia Meloni el presidente finlandés Alexander Stubb, acompañados por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, logró mostrar su apoyo al presidente ucraniano y centrar los debates en la cuestión de las “garantías de seguridad” que deben negociarse para impedir que Moscú lance nuevas ofensivas en caso de que cesen las hostilidades.

Esos avances eran necesarios, pero muy insatisfactorios por haberse obtenido no solo a costa de lamentables zalamerías hacia un anfitrión al que no convenía molestar, sino también a cambio de la promesa de una gigantesca inversión ucraniana en material militar americano financiada por... la Unión Europea (UE). De esta forma, la presencia europea en la mesa de negociaciones se ha pagado con una mayor dependencia de los intereses económico-militares bien entendidos por Estados Unidos.

Los dirigentes del Viejo Continente, tras haber capitulado ya comercialmente a finales de julio al comprometerse a financiar masivamente la economía americana para reducir los aranceles inicialmente exigidos, parecen incapaces de comprender que la nueva configuración geopolítica mundial no les deja otra opción que contar únicamente con sus propias fuerzas. A pesar de la multiplicación de las violaciones de derechos en territorio estadounidense, un país que durante mucho tiempo se ha considerado un modelo de democracia liberal y que hoy se encuentra en plena deriva autoritaria, siguen anclados en la idea de que no hay alternativa.

Es hora de admitir que las reglas del juego han cambiado. Para no quedarse como espectadores de la resolución de un conflicto en su propio territorio, deben dejar de considerar a Washington como su aliado de siempre, o incluso su protector, y dotarse de los medios para alcanzar la independencia, única forma de hacer oír su voz e influir en las posiciones de los dos jefes de Estado que mueven los hilos de la brutal reorganización del mundo, Donald Trump y Vladimir Putin.

Eso supone dejar de mostrarse ingenuos, recuperar el tiempo perdido con Ucrania y contribuir a refundar el multilateralismo sobre bases más justas que las que prevalecieron en su nacimiento.

Desde la elección de Donald Trump, el “frente transatlántico” ha quedado en agua de borrajas. Es cierto que sigue existiendo, como las estrellas extinguidas hace tiempo, en la retina de quienes se niegan a comprenderlo, en particular Emmanuel Macron, que al término de la cumbre de Washington vislumbró una “convergencia” con Estados Unidos.

Sin embargo, la foto de familia tomada en Washington no lo era. Aunque los cambios de postura de Trump pueden generar confusión, es sorprendente constatar hasta qué punto los Estados europeos oyen, pero no escuchan lo que se ha dicho y repetido en todos los tonos, incluso de la manera más agresiva posible.

Pocas semanas después de su investidura, el presidente de la primera potencia militar mundial pidió, de forma casi simultánea, la limpieza étnica de la Franja de Gaza y anunció negociaciones para un acuerdo ruso-estadounidense que pusiera fin a la guerra en Ucrania, en ausencia de Kiev y de los dirigentes europeos. De ese modo, reveló las bases de su programa de pensamiento y acción a escala internacional y confirmó que le son ajenos, al igual que a Putin, principios tan fundamentales como el derecho de los pueblos a la autodeterminación y la integridad territorial.

Como su homólogo ruso, Trump menosprecia a Europa y los valores humanistas y democráticos sobre los que se construyó el derecho internacional tras la Segunda Guerra Mundial. El vicepresidente de los Estados Unidos, J. D. Vance, lo demostró en una conferencia en Múnich (Alemania) el 14 de febrero, en la que pretendió defender la “libertad de expresión” para combatir mejor no solo los principios de igualdad y solidaridad, sino también los contrapoderes constitutivos de las sociedades democráticas: “No hay lugar para cortafuegos”, insistió.

Dos días antes, en Bruselas, durante una reunión del grupo de contacto sobre la defensa de Ucrania, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró abruptamente que la alianza entre Estados Unidos y Europa, cuya expresión estratégica es la OTAN, ya no era una preocupación para Washington y que Estados Unidos tenía otras prioridades, en primer lugar “la seguridad de [sus] propias fronteras”. “La Unión Europea se creó para estafar a Estados Unidos, ese es su objetivo”, resumió Trump al final de ese mismo mes de exposición de su doctrina.

Pero eso no fue suficiente para los dirigentes europeos. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, estuvo presente, simbólicamente, en la Casa Blanca el 18 de agosto, junto a la “coalición de voluntarios”, pero eso no impidió que la organización que dirige quedara relegada a un papel de simple figurante. Al condicionar su protección al grado de sumisión consentida, Washington transforma la Alianza Atlántica en un espacio de relaciones asimétricas, haciendo más palpable la soledad estratégica de sus supuestos aliados.

La falta de previsión es flagrante. El desinterés por Europa no ha caído del cielo de repente. Aunque los lazos fueron inquebrantables durante las dos guerras mundiales, debido a una convergencia de valores que coincidían con los intereses económicos, estos no resumen la historia de una relación compleja y tormentosa.

En Le Grand Continent, Ludovic Tournès, profesor de historia internacional en la Universidad de Ginebra (Suiza), detalla la evolución de la posición de Estados Unidos. “Tras su independencia en 1783 y a lo largo del siglo XIX, su prioridad fue ampliar su territorio y consolidar su nación. Washington daba decididamente la espalda a Europa, percibida como un conjunto de regímenes monárquicos —”tiranías” en el vocabulario americano—, persecuciones políticas o religiosas y conflictos incesantes en los que se negaban a verse envueltos”.

“Estados Unidos solo empieza a preocuparse por Europa cuando ve que sus reacciones representan una amenaza directa para su seguridad y su comercio exterior”, añade.

Y concluye: “El orden internacional de 1945, configurado en gran medida por Estados Unidos, se basa en esta lógica de indexación: al garantizar la seguridad de Europa occidental a través de la OTAN, Washington aseguraba la suya propia al contener la expansión de la URSS, adversaria tanto geopolítica como ideológica. Al apoyar la reconstrucción europea a través del Plan Marshall, abrió mercados para su poderosa industria y se ganó la fidelidad de un cliente en cautiverio, ya que las capacidades industriales de Europa estaban entonces muy mermadas [...]. A partir de Ronald Reagan, los dirigentes americanos dejaron progresivamente de considerar que existía un vínculo orgánico entre la seguridad de su país y la de Europa. El multilateralismo y las organizaciones internacionales que lo encarnaban fueron objeto de críticas cada vez más duras, por considerarse demasiado costosos y restrictivos para la libertad de acción de Estados Unidos.”

Cuarenta años después del fin de la Guerra Fría, la cultura diplomática europea sigue alimentándose de una cierta ilusión respecto a un orden internacional nacido en 1945 que ya no existe. Es urgente sacar las consecuencias, sin por ello tirar por la borda sus valores fundamentales, refundando un multilateralismo más justo e inclusivo, opuesto a los imperialismos ideológicos y territoriales defendidos por Trump y Putin.

Europa debe asumir toda su responsabilidad, reafirmando alto y claro la igualdad de los Estados soberanos, la prohibición de las guerras de agresión y la incondicionalidad de los derechos humanos, integrando al mismo tiempo a los países, en particular los del Sur, que fueron excluidos de los centros de poder cuando se constituyeron las instancias supranacionales. Teniendo en cuenta el contexto autoritario y reaccionario en el que se ejerce, la defensa de esos principios universales debe ir acompañada de una lucha antifascista ofensiva que no puede limitarse a las fórmulas vacías enunciadas por el presidente francés.

Para defenderse a sí misma, es igualmente necesario que Europa se dote de los medios para defender a Ucrania sin depender del poderío militar americano. Tras más de tres años de guerra y un primer mandato de Trump que dejó claras sus intenciones, ¿cómo puede caer en la humillante situación de tener que financiar armas estadounidenses para proteger a su vecino?

Debido a la insuficiencia de las inversiones militares prometidas en 2022, el ejército ucraniano se enfrenta hoy a una escasez de misiles de interceptación que debilita su defensa antiaérea, expone gravemente a la población civil y frena su capacidad de resistencia. Además, mientras la industria americana es la principal beneficiaria de las exportaciones mundiales de armas, algunos Estados europeos siguen empeñados en debilitar los modestos dispositivos de preferencia europea en materia de defensa.

Teniendo en cuenta los plazos de producción, y sabiendo que la defensa es una cuestión de rapidez, el plan “rearmar Europa” lanzado por la Unión Europea en marzo de 2025 para reforzar las capacidades del continente de aquí a 2030 llega muy tarde y se proyecta muy lejos. Esto ocurre cuando, según estimaciones del Center for Strategic and International Studies, un centro americano de estudios geopolíticos con sede en Washington, desde el inicio de la invasión en febrero de 2022 han muerto o resultado heridos en combate cerca de 400.000 soldados ucranianos y un millón de rusos. Pero sobre todo, esta operación corre el riesgo de volverse en contra de las poblaciones europeas si sigue prevaleciendo al mismo tiempo la lógica de la austeridad .

Para que no se convierta en una trampa social ni en una economía que llame a la guerra, como es el caso de Rusia, la construcción de una autonomía europea en materia de defensa supone que se integre en una política económica global en la que no se olviden los intereses de los ciudadanos europeos. Esto pasa por el apoyo a la demanda interna, la lucha contra las desigualdades y el desarrollo de los servicios públicos y de una industria civil soberana.

La falta de preparación de la Unión Europea y su escaso coraje político le están resultando fatales. Esto se traduce de forma igualmente dramática en su incapacidad para impedir la guerra genocida que Israel está llevando a cabo en Gaza. Si bien empiezan a florecer las promesas de reconocimiento de un Estado palestino, sigue siendo insuficiente para detener la masacre en curso mientras no haya sanciones.

Mientras el mundo entra en un periodo en el que las dos antiguas potencias rivales de la Guerra Fría se ponen de acuerdo para acabar con el derecho internacional de forma radical, Europa, en su afán por no molestar al falso amigo americano, se paraliza y contribuye a su propia desaparición, en beneficio de las fuerzas imperialistas, colonialistas, autoritarias y reaccionarias que, sin embargo, se ha comprometido a combatir.

Traducción de Miguel López

Francia no ha descubierto la islamofobia con el asesinato a puñaladas de Aboubakar Cissé, el viernes 25 de abril, en la mezquita de La Grand-Combe (Gard). Está experimentando el horror de las consecuencias de su influencia, no solo en el ámbito político y mediático, sino también en las más altas esferas del Estado.

A pesar de las declaraciones explícitas del agresor ante la cámara (“Lo he hecho, […] tu Alá de mierda”, repitió en un vídeo rápidamente identificado por la policía), la inercia del Ejecutivo y la vacuidad de sus fórmulas mágicas sobre la República y el universalismo ilustran su incomodidad a la hora de posicionarse. Ante una tragedia que afecta a una población a la que ha convertido en blanco político recurrente, cuyo motivo concreto aún está por determinar, pero por la que se ha abierto una investigación judicial por “asesinato con premeditación y por motivos raciales o religiosos”, el poder ni siquiera hace lo mínimo.

Ante la reacción tardía, la decisión de acudir a la subprefectura de Alès en lugar de ir a la mezquita, la incapacidad para nombrar al joven maliense de 22 años —lo califica de “individuo”— y la escasa disposición a reunirse con la familia, las evasivas de Bruno Retailleau, ministro del Interior encargado de los cultos, solo pueden ser percibidas como una marca de desprecio y de falta de respeto a los musulmanes que viven en Francia.

Según el INSEE y el INED, los musulmanes, que representan el 10 % de la población de la Francia metropolitana, son víctimas de prejuicios generalizados (por detrás de los gitanos, pero por delante de los chinos, los judíos y los negros), según la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH), mientras que su religión ocupa el primer lugar entre las minorías religiosas, por delante del judaísmo y el protestantismo.

El malestar es aún más notable si se tiene en cuenta que el ministro, que además compite con Laurent Wauquiez por la presidencia del partido Los Republicanos (LR), es la encarnación en el Gobierno de una derecha insurrecta anti-inmigración y anti-islámica sin complejos. Ese cuyos “discursos siembran la sospecha y avivan el odio contra nuestros compatriotas musulmanes”, según la fórmula de la diputada ecologista de Hauts-de-Seine Sabrina Sebaihi, es el que asume efectivamente su batalla ideológica contra el velo.

En el deporte, en la universidad, en las excursiones escolares, etc., Bruno Retailleau lo considera un “estandarte islamista”, critica el “asalvajamiento” de la sociedad y reprocha a los más jóvenes “regresar a sus orígenes étnicos”. Asume la referencia a los “franceses de papel” de la Acción Francesa de los años 30, cuando no ataca directamente a la fe musulmana, acusada de ser un “peligro para Francia”.

Por eso, cuando, al ser preguntado sobre el ataque, el ministro menciona un acto «anti-islamista», cuesta creer que haya sido un lapsus linguae. De hecho, cuando afirma que “los islamistas quieren que las mujeres sean violadas”, en lugar de “cubiertas con velo” (juego de palabras entre violée y voilée, ndt), califica su lapsus de "curioso acto fallido".

A los errores de Bruno Retailleau tras el asesinato de Aboubakar Cissé se sumó una serie de disfunciones político-institucionales. La tardanza del prefecto del Gard, que fue cuatro días más tarde al lugar de los hechos, la ausencia de representantes de las autoridades públicas en la marcha blanca, los desacuerdos sobre el minuto de silencio en la Asamblea Nacional y el Senado... Uno tras otro, esos pasos en falso han puesto de manifiesto un problema de diferencia de trato con otros crímenes perpetrados, como este, “por motivos de raza o religión”, que puede alimentar una peligrosa doble moral.

Pero es en otro ámbito donde el arraigo de la islamofobia ha encontrado su expresión más inquietante. Que la controversia en el ámbito político y mediático siga centrándose con tanta virulencia en el uso del término “islamofobia” demuestra hasta qué punto se ha banalizado la indiferencia hacia los actos antimusulmanes, que no aparecen reflejados en las estadísticas del Ministerio del Interior.

Sin embargo, el término “islamofobia” es aceptado desde hace dos décadas por el consenso de los científicos y las organizaciones internacionales. Negarse a nombrar una realidad social es una forma de ocultarla social y políticamente, incluso de negar su existencia. Por lo menos no admite ni su alcance ni su impacto. Al fosilizarse hasta ese punto, el debate público impide establecer un diagnóstico a la altura del problema y aportar las respuestas políticas adecuadas.

No es casualidad que esta negación sea específicamente francesa, ya que se deriva de la historia colonial, como explica la intelectual Reza Zia-Ebrahimi en un artículo titulado The French origins of Islamophobia denial (Los orígenes franceses de la negación de la islamofobia), publicado en la revista académica Patterns of Prejudice. Al negarse a asumir el pasado, las autoridades impiden cualquier reparación y de esa forma violan el presente, dividiendo e hiriendo a la sociedad.

La islamofobia, literalmente “miedo al islam”, se refiere a cómo se instrumentaliza esa religión para encubrir el rechazo hacia los musulmanes, o supuestamente musulmanes. Así califica los estereotipos, los insultos, las agresiones y las prácticas discriminatorias hacia una población considerada en esencia como grupo inferior e indeseable.

Lejos de impedir la crítica legítima a una religión, ese término permite descifrar y, por lo tanto, combatir un proceso social de racialización y alterización. “Aunque ser musulmán no es necesariamente ser religioso, el islam desempeñaría un papel análogo al del color de la piel: ser musulmán es como ser negro; el islam sirve entonces, al igual que el color de la piel, como una especie de perchero en el que se cuelgan todos los prejuicios, todos los estigmas, todos los racismos”, escribía el sociólogo Abdelmalek Sayad en Histoire et recherche identitaire (Historia y búsqueda identitaria, 2002).

Dado que la crítica a las religiones es libertad de expresión, la islamofobia ha podido pasar por una forma “respetable” de estigmatizar a una minoría, cuando en realidad se trata de racismo que, al igual que el antisemitismo y otros racismos, es un delito y no una opinión.

El asesinato de Aboubakar Cissé es, por tanto, el resultado de un largo proceso de construcción de un “problema musulmán”, que ha tenido como efecto moldear la visión que la sociedad francesa tiene de sus compatriotas musulmanes. Para salir de la ceguera, es urgente comprender las causas.

Los orígenes de la islamofobia se remontan a los mecanismos de diferenciación, marginación e incluso exclusión de la comunidad nacional que experimentaron los judíos de Europa y las poblaciones negras e hispanohablantes de Estados Unidos.

En Norbert Elias par lui-même (Norbert Elias a través de sí mismo, 1991), el sociólogo explica que “el resentimiento surge cuando un grupo marginal, socialmente inferior, despreciado y estigmatizado, está a punto de exigir la igualdad no solo legal, sino también social, cuando sus miembros comienzan a ocupar en la sociedad posiciones que antes les eran inaccesibles, es decir, cuando empiezan a competir con los miembros de la mayoría como individuos socialmente iguales, y tal vez incluso cuando ocupan posiciones que confieren a los grupos despreciados un estatus más elevado y más posibilidades de poder que a los grupos establecidos cuyo estatus social es inferior y que no se sienten seguros”.

En resumen, los grupos marginales despreciados son tolerados siempre y cuando no intenten salir de la inferioridad social en la que han sido colocados.

En su obra fundacional publicada en 2013, titulada Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent le “problème musulman” (Islamofobia. Cómo las élites francesas fabrican el “problema musulmán”, Edit. La Découverte), los sociólogos Abdellali Hajjat y Marwan Mohammed concluyen, basándose en esa cita de Norbert Elias, que el surgimiento de la islamofobia debe analizarse como “una de las manifestaciones del rechazo a la igualdad».

Desde la década de 1980, cuando aparecieron los primeros síntomas, el rechazo a los musulmanes enlaza estrechamente con la cuestión de la degradación social propia de los efectos del neoliberalismo y la cuestión poscolonial, es decir, la cuestión social y la cuestión racial.

Uno de los lugares donde se fijó inicialmente ese fenómeno, las huelgas obreras contra los despidos masivos en la industria automovilística, simboliza a la perfección esta interrelación. Tras haber acogido a un gran número de inmigrantes poscoloniales, especialmente argelinos, marroquíes y tunecinos, tras las independencias, las fábricas tuvieron dificultades para “absorberlos” a partir de mediados de los años setenta y de la crisis del petróleo. Al mismo tiempo, la administración francesa, sin esperar a la “lepenización de las mentes”, comenzó a considerar que la inmigración era un problema, hasta el punto de suspender las llegadas legales en 1974.

Cuando se declararon en huelga en 1982, los trabajadores inmigrantes de Citroën en Aulnay-sous-Bois y de Talbot en Poissy, más o menos seguidos por los sindicatos, vieron rápidamente cómo sus acciones ya no se consideraban legítimas. El motivo era que a sus reivindicaciones sociales clásicas (organización del trabajo, salarios, libertades individuales y sindicales) se sumaba la demanda de un lugar de culto, como ya existía desde 1976 en Renault, en Boulogne-Billancourt, sin que ello provocara revuelo alguno.

Para la patronal, los medios de comunicación y los responsables políticos, la cuestión religiosa es entonces el pretexto para frenar una lucha de clases. Una nota interna de PSA evoca entonces un “riesgo nada desdeñable de que movimientos integristas, ya sean espontáneos o procedentes de Oriente Próximo, traten de sacar provecho de esta agitación”.

Por citar solo un ejemplo en el ámbito político, Gaston Defferre, entonces ministro socialista del Interior, denunció “las huelgas santas de los integristas, los musulmanes y los chiítas”. Casi medio siglo después, da vértigo observar la similitud con las declaraciones actuales de tal o cual ministro sobre la supuesta amenaza que representarían para Francia los Hermanos Musulmanes. El escenario del desolador espectáculo que hoy se nos presenta se instauró en aquel momento.

El segundo escalón del cohete islamófobo se colocó en 1989, con el primer “caso del velo” de Creil, en el contexto altamente sensible de la fatwa de Jomeini contra Salman Rushdie tras la publicación de Los versos satánicos.

Ya no son los trabajadores inmigrantes los que están en el punto de mira, sino sus hijos. La “segunda generación” se manifestó durante la Marcha por la Igualdad y contra el Racismo, que reunió en las carreteras de Francia, primero a un puñado y luego a decenas de miles de personas, entre Marsella y París, del 15 de octubre al 3 de diciembre de 1983. Una marcha en respuesta a la violencia policial contra los jóvenes de Les Minguettes, cerca de Lyon, que fue progresivamente instrumentalizada y despolitizada con la llegada de SOS Racisme, una estructura cercana al partido socialista que acaparó la voz legítima en cuestiones de discriminación en los barrios populares.

En el momento del caso del velo, había que hacerles pagar por esta irrupción en el espacio público. El sociólogo Pierre Bourdieu traduce, en un artículo titulado “Un problema puede ocultar otro”, lo que en realidad había que entender de lo que estaba en juego en Creil: “La cuestión evidente —¿hay que aceptar o no en la escuela el uso del velo islámico?— oculta la cuestión latente: ¿hay que aceptar o no en Francia a los inmigrantes de origen norteafricano?”.

Desde entonces, y más aún desde el 11-S, reactivado por los atentados islamistas de 2015 y 2016, no ha cesado la focalización en los musulmanes y el cuestionamiento implícito de su presencia en Francia. Han adoptado diversas formas, pero siempre se han inscrito en la misma matriz, lo que la extrema derecha ha sabido explotar hábilmente desde los años ochenta.

En su investigación entre los votantes de Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés Rassemblement National), recogida en su libro Des électeurs ordinaires. Enquête sur la normalisation de l'extrême droite (Electores normales. Investigación sobre la normalización de la extrema derecha, edit. Seuil, 2024), el sociólogo y politólogo Félicien Faury observa “hasta qué punto se impone el vocabulario religioso como una de las formas preferidas de expresar lo racial”.

“Para los votantes con los que hablé durante mi investigación”, escribe también, “las manifestaciones de la religión musulmana se interpretan como algo anormal, en el sentido de que se alejan de una norma concebida como mayoritaria. Las reacciones de rechazo que suscitan surgen con mayor facilidad cuanto más legítimas se sienten en sus expectativas las personas encuestadas, acostumbradas y habilitadas para encontrar a su alrededor un mundo ‘familiar’, ajustado a sus estilos de vida mayoritarios (alcohol en todos los bares, cabello femenino visible, signos religiosos o culturales sólo cristianos, etc.). La islamofobia se expresa así desde la norma, desde un imaginario nacional que sigue construyendo al islam como una realidad extranjera, que aún debe hacer aceptar su existencia en la sociedad francesa”.

Como demuestran los episodios fundacionales de las huelgas obreras después de Creil, la construcción de un “problema musulmán” no es sólo responsabilidad de la extrema derecha francesa, que ya en la década de 1960 teorizó una alteridad árabe y musulmana basada en la idea de que el islam era incompatible con “nuestras tradiciones francesas”. Ni mucho menos.

Las representaciones negativas del islam, hoy ampliamente difundidas en la sociedad francesa, han sido transmitidas ante todo por el discurso político, las leyes estatales y el encuadre mediático. A gran escala, y más allá de las divisiones partidistas, las declaraciones impactantes y los titulares cada vez más estigmatizantes han contribuido de manera mucho más eficaz a la marginación de los musulmanes.

Desde el debate sobre la identidad nacional iniciado por Nicolas Sarkozy hasta la ley sobre el separatismo de Emmanuel Macron, pasando por la privación de la nacionalidad de François Hollande, por citar solo algunas de las iniciativas más destacadas, los poderes públicos han impuesto a los musulmanes como la figura de la minoría por excelencia.

Sin nombrarlos específicamente, han acabado por crear la imagen de un grupo constituido como “enemigo interno”, “radicalizado en potencia” y, por lo tanto, considerado como intruso en el territorio. Una categoría de indeseables de los que estaría justificado deshacerse para preservar la cohesión de la nación.

En las últimas décadas, la islamofobia, reivindicada por algunos en nombre de la lucha por los derechos de las mujeres, se ha vuelto especialmente contra las musulmanas de todas las edades. Sus cuerpos y su vestimenta han sido objeto de una atención pública constante. El velo, el pañuelo, la longitud, la forma y el color de las faldas, los vestidos e incluso los trajes de baño.

Esta violencia al designarlas como no francesas recuerda la brutalidad con la que la administración colonial obligaba a las mujeres argelinas a quitarse el velo para fotografiarlas o para obligarlas a dar testimonio de su apego a Francia.

Además de la incapacidad de las autoridades para digerir la independencia de sus colonias, como siguen demostrando hoy en día las grotescas tensiones con Argelia, el fracaso evidente del neoliberalismo, especialmente desde 2008, ha empujado a los partidos de gobierno a apropiarse de los temas predilectos de la extrema derecha. Convencidos, erróneamente si nos atenemos a sus resultados electorales y a la dinámica electoral del RN, de que solo podrían mantenerse en el poder seduciendo al electorado del Nuevo Frente Popular.

Al fracasar en su intento de reactivar la productividad y el crecimiento, los sucesivos gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, han construido una economía de “suma cero”, en la que la promesa de redistribución ha sido sustituida por la competencia dentro de la propia sociedad. “Para obtener más, los grupos sociales deben pretender ‘quitar’ a los demás”, explicaba recientemente Romaric Godin en este medio.” Y como los neoliberales rechazan cualquier redistribución de arriba abajo y, para ello, han destruido todo sentimiento de clase social, es lógico que hayan resurgido las pertenencias étnicas o raciales”.

Francia es un país donde el antisemitismo y la islamofobia matan. Un país donde las autoridades avivan impunemente las brasas de la división entre nuestros conciudadanos. Un país donde el capitalismo no puede sobrevivir sin un cómodo colchón de excedentes racializados.

La extrema derecha aún no ha superado la “barrera” electoral de las elecciones presidenciales, pero sus obsesiones calan profundamente en la sociedad gracias a las élites mediáticas y políticas.

Para invertir la situación, es necesario aceptar nombrar la islamofobia, mirar de frente la historia colonial y rechazar la lógica de la competencia derivada de la destrucción del Estado social. En definitiva, supone restablecer una “República indivisible, laica, democrática y social” digna de ese nombre.

Una República que garantice “la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, sin distinción de origen, raza o religión”, tal y como exige el artículo primero de la Constitución.

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Carine Fouteau es presidenta y directora de Mediapart, socio editorial de infoLibre.

Traducción de Miguel López

El nuevo presidente de Estados Unidos administra a la población una dosis diaria de electroshocks con el objetivo de exaltar a sus seguidores y anestesiar a sus oponentes.

Sus acciones y gestos producen sistemáticamente el mismo efecto en aquellos que tienen como referencia los principios de igualdad, justicia social y solidaridad, consagrados en los textos fundamentales que rigen el derecho internacional desde la Segunda Guerra Mundial: les dejan estupefactos, les escandalizan, les asustan. En resumen, los violentan y los debilitan creando desesperación y resignación en el campo progresista.

Desde su investidura el 20 de enero de 2025, Trump aprovecha ostensiblemente la velocidad del fascismo contra la lentitud del Estado de Derecho, aplicando escrupulosamente el método promulgado por su asesor Steve Bannon de “inundar la zona de mierda”. No importa que sus declaraciones y decretos sean inmediatamente matizados por sus asesores o suspendidos por la justicia, Trump hace política, en el sentido clásico del término, es decir, que al polarizar los debates, reconfigura, en su beneficio, el espacio político-mediático en torno a sus obsesiones ultraderechistas, racistas, sexistas, homófobas y climáticas. Marca las mentes a fuego.

Entre los saludos nazis de su acólito Elon Musk, el proyecto de limpieza étnica de Gaza, el desmantelamiento del Estado federal, la concentración de poderes ejecutivos y la puesta en peligro de millones de mujeres, personas transgénero o pacientes con VIH, sus intervenciones están calculadas para sembrar el pánico y el caos, no solo entre las comunidades afectadas, sino también entre los defensores de un universo democrático, por vaga que sea su definición.

Y eso funciona: por ahora encuentra un escaso nivel de resistencia, a pesar de los signos de vida que han dado los demócratas (ver el artículo de Alexis Buisson) y los intentos de respuesta de la sociedad civil (ver el artículo de Patricia Neves).

Igual que la táctica militar utilizada durante la guerra de Irak, el shock y el temor (“shock and awe”) provocados por los decretos firmados en cadena el mismo día de la investidura –expulsiones masivas de migrantes, abolición de la ciudadanía por nacimiento, salida del Acuerdo de París, supresión de las energías renovables, perdón a los alborotadores del 6 de enero de 2021, fin de los programas de diversidad, de equidad e inclusión–, han desarmado a sus oponentes, que no saben en qué concentrarse prioritariamente, debido a la magnitud, multiplicidad y rapidez de los ataques, ni cómo gestionar su reacción.

Es sorprendente el contraste con los inicios del primer mandato de Trump. Hay que recordar las inmensas Marchas de las Mujeres que hicieron resonar su ira en todas las grandes ciudades del país el 21 de enero de 2017: hasta medio millón de personas desfilaron por las calles de Washington, 5 millones en todo el país, para denunciar el sexismo y la misoginia del presidente.

Tampoco ha habido nada este año parecido a las manifestaciones que se celebraron en los aeropuertos y ante los tribunales de justicia hace ocho años para protestar contra una de las primeras directivas antiinmigración de Trump, una prohibición de 90 días para los viajeros procedentes de siete países de mayoría musulmana.

En ese terreno contestatario surgió la campaña #MeToo al principio de esta era y, en 2020, tras el asesinato de George Floyd, las manifestaciones de Black Lives Matter. A pesar de aquella presidencia hostil, se emprendieron batallas por los derechos y la emancipación sobre la convicción colectiva de que la sociedad civil podía denunciar la injusticia allá donde apareciera. Y ganar.

Salvo un puñado de figuras del Congreso y gobernadores de bastiones demócratas (California, Nueva York, Illinois), hoy en día son pocas las voces anti-Trump que se hacen oír más allá de las fronteras, hasta el punto de que la obispa Mariann Edgar Budde se ha convertido en una celebridad internacional por atreverse a enfrentarse a Trump. Al pedirle “compasión por las personas de [su] país que ahora tienen miedo” —se refería a los inmigrantes y a los niños LGTBIQ+—, esta mujer se expuso a la ira del presidente.

Es cierto que los tribunales intentan detener este tsunami. Se han iniciado más de veinte procedimientos judiciales para impugnar las medidas adoptadas por la administración Trump, de los cuales al menos nueve se refieren a la impugnación del ius solis. Los jueces han bloqueado temporalmente ese decreto, así como la congelación del pago de 3 billones de dólares de subvenciones nacionales cuyos créditos ya estaban aprobados por el Congreso y el traslado de reclusas transgénero a prisiones para hombres.

Pero frente a la brutalidad de la represión de extrema derecha, estas acciones parecen marginales. Durante el mandato anterior, la oposición seguía convencida de que, aunque el período era peligroso, Estados Unidos todavía contaba con un sólido sistema de contrapoderes que podían frenar o incluso detener la maquinaria. Hoy en día eso ya no es tan seguro. Y por una buena razón: Trump y su banda —con Elon Musk, el poderoso jefe de la tecno en cabeza— ya no se consideran sujetos al Estado de Derecho y lo han dejado claro desde la campaña presidencial.

De la misma manera que califican a los periodistas de “enemigos del pueblo”, denigran a la justicia. Ya no se conforman con desafiar el marco legal, incluido el constitucional. Esta vez tienen la intención de destrozarlo reforzando la base del poder ejecutivo. Ya no buscan simplemente eludir las normas y reglas o poner a prueba sus límites, sino que actúan para sabotearlos desde dentro, aplicando el programa descrito precisamente en el “Proyecto 2025” de la Heritage Foundation.

En su guerra relámpago, Trump ya ha anulado leyes, impidiendo que los migrantes soliciten asilo en suelo estadounidense y ordenando al Departamento de Justicia que no aplique la prohibición de TikTok, cuando el Tribunal Supremo ya la había confirmado por unanimidad.

Ha tomado medidas para purgar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), creada por el Congreso, y ha intentado congelar los gastos previamente aprobados, incluida la mayor parte de la ayuda exterior. Ha paralizado la acción de otras tres agencias estatutariamente independientes, la Junta Nacional de Relaciones Laborales, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo y la Junta de Supervisión de la Privacidad y las Libertades Civiles, al destituir a algunos de sus miembros, en contra de las normas jurídicas que prohíben las destituciones arbitrarias.

También ha despedido sin previo aviso y sin base legal a fiscales, en particular a aquellos cuyas investigaciones habían conducido a sus acusaciones y a la condena de los alborotadores del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Han sido también despedidos altos funcionarios de carrera del FBI, así como inspectores generales, cuya misión es perseguir el despilfarro, el fraude, el abuso y la ilegalidad... dentro del gobierno, , lo que hace temer el mismo destino para miles de funcionarios.

Ante este poder autoritario y destructivo, la oposición parece estar desorientada. Lejos de la energía contestataria convergente de los años 2016-2020, los demócratas no parecen capaces de superar, al menos por ahora, esta repetición de la historia. La sorpresa de una elección entendida como una aberración hace ocho años ha dado paso a la constatación de que el país se mantiene en sus trece y que es consciente de sus errores estratégicos.

Al agotarse contrarrestando las ocurrencias del todopoderoso multimillonario, los anti-Trump se han dejado encerrar en su terreno y han perdido la batalla cultural. Al indignarse, han descuidado la creación de una contranarrativa radical sobre la cuestión social que pudiera responder a la inmensa ira de los votantes estadounidenses, independientemente de sus vínculos partidistas.

En un reciente podcast, la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez explicó por qué algunos residentes de su distrito de Nueva York habían votado tanto por ella como por Trump en las últimas elecciones: “Ven a dos personas fundamentalmente anti establishment, dos personas que no respetan una regla si no conduce a un resultado”.

En lugar de centrarse en lo que une al electorado, es decir, un fuerte rechazo a las “élites” y un fuerte resentimiento relacionado con la pérdida de salario real y el declive generacional, como ocurre en Francia, los demócratas han seguido apoyándose en los reflejos moralizantes de una vieja y privilegiada sociedad blanca, evitando la necesaria introspección sobre la forma en que han acompañado al neoliberalismo durante más de treinta años.

¿Cómo podría ser este partido creíble en su crítica de la sumisión de Trump a los intereses financieros sin renunciar él mismo a cortejar a los “buenos” multimillonarios y sin cuestionar las estructuras del capitalismo destinadas a perpetuar la desigual distribución del fruto del trabajo?

¿Cómo pueden sus representantes presentarse como garantes de la justicia y la paz, cuando Barack Obama autorizó diez veces más ataques con drones que George W. Bush? ¿Cómo podría Kamala Harris convencer de su compromiso con la libertad de expresión, cuando Joe Biden negó a un palestino-estadounidense la oportunidad de intervenir en la Convención Nacional Demócrata?

Mientras, Trump, al presentarse como el salvador, logró, en un increíble truco de magia, hacer creer que iba a arremangarse para transformar las jerarquías sociales. Prometer ir al planeta Marte cuando el nuestro estaba en llamas debería habernos alertado sobre sus intenciones de salvar en realidad solo a los suyos, en el mejor de los casos a algunos de sus congéneres.

Las contradicciones a las que se enfrentan los demócratas americanos cuestionan al campo progresista en su conjunto, especialmente en Francia, donde las mismas causas están produciendo los mismos efectos. La respuesta a la extrema derecha supone, en primer lugar, negarse a dejarse atrapar por el shock y el miedo, que sabemos, desde Rinoceronte, la obra de teatro  de Eugène Ionesco, que luego se transforman en hábito, aceptación y luego adhesión. Frente al tsunami no sirve de nada achicar el agua: el estado de reacción perpetua termina produciendo impotencia.

Mientras que la oligarquía en el poder en Estados Unidos, abiertamente hostil a las minorías sexuales, de género o raciales, se va a transformar inevitablemente en una máquina de guerra contra los pobres y los trabajadores, es imperativo, también en nuestro país, poner fin a las disputas entre facciones y hacer converger las reivindicaciones sociales y colectivas. Hacer que la igualdad y la solidaridad pasen de ser principios a realidades es una necesidad para reparar las injusticias y destruir los fenómenos de reproducción en beneficio de todos y todas.

Ante las herramientas digitales de comunicación, vigilancia y represión que están en manos de los dirigentes americanos, es urgente organizarse. En su blog en Mediapart, el economista Cédric Durand menciona la necesidad de “formar una frente anti-tecnofeudal que incluya, además de las fuerzas de izquierda, fuerzas democráticas, incluidas fracciones del capital que han roto con las Big Tech”.

Los medios de comunicación tienen un papel importante en esta lucha. Al igual que los jueces y los defensores de los derechos humanos, los periodistas están en el punto de mira de Trump y de Musk, que a base de algoritmos difunden odio, confusión y propaganda en sus redes sociales. Mediapart, cuya misión de interés público es hacer que las potencias económicas y políticas asuman sus responsabilidades, asume plenamente su papel de contrapoder. Es nuestra razón de ser. Lo es aún más en los momentos oscuros que atravesamos.

"¿Cuántas veces puede un hombre girar la cabeza y hacer como si no viera?"

Nos sumamos a este llamamiento de Bob Dylan a ver las cosas con claridad, inscrito en su canción Blowin' in the Wind, que se ha convertido en el estandarte de las luchas por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam. Cada día intentamos mostrar el mundo tal y como es. A nuestros lectores y lectoras tratamos de darles referencias y sentido para que se orienten en el caos. Para que no sucumban al shock ni al miedo y no se conviertan en rinocerontes ni en robocops.

Traducción de Miguel López

No se puede decir que no lo supieran. El electorado americano eligió a sabiendas a un hombre que presume de ser “un puto lunático” y promete ser “un dictador desde el primer día”. El hombre que, rodeado de casos judiciales, quiere suprimir partes enteras de la Constitución, purgar masivamente la administración, utilizar el sistema judicial para ajustar cuentas, cerrar medios de comunicación y encarcelar periodistas. El hombre que pretende deportar millones de inmigrantes y que, acusado de agresión sexual, se jacta de “agarrar a las mujeres por el coño” haciendo mímica de una felación.

Han elegido, con los ojos bien abiertos, a alguien que quiere acabar con una de las democracias más antiguas del mundo occidental, cuyos padres fundadores ya temían que fuera dinamitada desde dentro por un tirano. Y lo hicieron aun conociendo al personaje y su trayectoria, tras haberle aupado al poder por primera vez en 2016.

¿Cómo no sentir una enorme amargura, incluso una inmensa rabia, hacia esos votantes que tenían el destino del mundo en sus manos y han creído que votaban por sus carteras a pesar de que Trump aboga por drásticos recortes en el gasto público? ¿Cómo no culpar al Partido Demócrata por dejar caer a Joe Biden demasiado tarde e ignorar la miseria social?

Ha fracasado el “frente republicano” contra el candidato del Partido Republicano, y Trump, cuyo partido ha tomado también el Senado, tiene ahora vía libre, con el Tribunal Supremo a su entera disposición, para llevar al país a su perdición.

El electorado americano ha votado, pero las consecuencias las vamos a pagar todos. La avalancha trumpista va a caer sobre el mundo, como ya ocurrió en 2016. Hace ocho años, su sorprendente elección anunció el advenimiento orwelliano de los “hechos alternativos” y las teorías de la conspiración.

Esa ola reconfiguró nuestra relación con la realidad, convirtiendo las mentiras en verdades y relegando a un segundo plano los hechos verificados. Todavía hoy somos víctimas de ello, como atestigua en Francia la decadencia del espacio político y mediático, copado por la propaganda del imperio Bolloré (magnate de medios de comunicación, ndt).

A este gran viraje se ha unido otro aún más aterrador: lo que en un principio se presentaba como un populismo de derechas enfadado con la verdad ha experimentado en los últimos años una deriva fascista suficiente para preocupar a los demócratas que quedan en este planeta.

Con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, el movimiento trumpista demostró que estaba dispuesto a desafiar el Estado de Derecho con las armas para imponer lo que considera una necesaria “regeneración” identitaria. Los grupos de extrema derecha, a los que el historiador Robert Paxton ha comparado con las milicias fascistas del siglo XX, se han sentido autorizados por sus jefes para tratar de interrumpir por la fuerza la alternancia democrática.

La publicación el año pasado del Proyecto 2025, elaborado por un think tank próximo al Partido Republicano, reforzó la idea de un cambio de rumbo: en los cientos de páginas de ese infame ladrillo, se asume abiertamente el imperativo de una “contrarrevolución” para restablecer la dominación blanca, cristiana y patriarcal, así como la necesidad de retomar el control del aparato del Estado.

Eso ya se ha conseguido: el movimiento MAGA (Make America Great Again), que propugna un nuevo apartheid y se proclama anticientífico, ha ganado el poder apoyándose no sólo en el voto de las clases medias blancas en declive, sino también en el apoyo ideológico y financiero de los seguidores de la tecno-solución libertarios de Silicon Valley. Más alarmante aún dado el colosal poder de Elon Musk y sus compinches, capaces de vigilar a las masas utilizando sus satélites y robots fascistoides.

Esta victoria es peligrosa para las democracias, las mujeres, las minorías y el clima y da alas a las redes de extrema derecha y a los supremacistas blancos.Y los autócratas están encantados, desde Vladimir Putin a Kim Jong-un, pasando por Viktor Orbán, que, caprichos del calendario, acaba de recibir en Budapest el jueves 7 de noviembre a los 47 países de la Comunidad Política Europea, formada por los 27 Estados miembros de la UE y sus vecinos, entre ellos Turquía y Ucrania.

Para estos déspotas, el regreso a la Casa Blanca de un presidente aislacionista y disfuncional es un regalo del cielo, que les permite legitimar su posición y gestionar tranquilamente sus asuntos: predicen con razón que, bajo su influencia, el orden internacional estará más que nunca “fundado en el derecho de los potentados a disponer de los pueblos que residen en su órbita”, como escribió el filósofo Michel Feher en el diario digital AOC.

Benjamin Netanyahu está igual de encantado: el caudillo israelí sabe que Trump no se interpondrá en su camino para impedirle llevar a cabo su lógica genocida en Gaza y, si lo considera oportuno, “golpear” el programa nuclear iraní; incluso lo sugirió recientemente.

A diferencia de los palestinos, que no esperaban nada de una presidencia demócrata que no ha dejado de financiar y entregar armas a Israel, los ucranianos se preparan para una retirada a campo abierto. Es un golpe de gracia para ellos, dado que Trump ha dicho en repetidas ocasiones que no habrá “ni un céntimo más para Ucrania”.

Los europeos lo saben bien: si corta la ayuda militar a Kiev y negocia con Putin una paz favorable al invasor, el Viejo Continente, debilitado en sus valores e incapaz de garantizar su propia seguridad, sufrirá directamente.

Para las mujeres de todo el mundo, la victoria de esta masculinidad tóxica es sinónimo de carnicería y retroceso, ocho años después del inicio del movimiento #MeToo. Después de todo, el candidato republicano ha sido elegido contra ellas, con la derrota de Kamala Harris demostrando que incluso hoy, en Estados Unidos, una mujer no puede ser elegida frente al más machista de los hombres.

Ellas están recibiendo un mensaje alto y claro: dos años después de que el derecho federal al aborto fuera abolido por el Tribunal Supremo de mayoría conservadora, sus cuerpos siguen siendo objeto de todas las fantasías del puritanismo fanático. Del mismo modo, se ha debilitado la existencia misma de todas las minorías sexuales y raciales: el ejemplo dado en este ámbito por la primera potencia mundial repercute inevitablemente en todas partes.

También el clima, y por tanto todos los seres vivos, pagará los platos rotos del electorado americano. Al hacer del precio de la gasolina su principal prioridad, han aceptado dar vía libre a uno de los más enconados opositores a la transición energética.

Trump ha prometido retirar a su país del Acuerdo de París, como ya había hecho en 2017, y ha anunciado su intención no solo de cancelar las directivas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también de levantar las restricciones a la producción de petróleo, carbón y gas.

Este extractivismo desenfrenado, combinado con su creencia en un productivismo con aroma de los años 50, completa el cuadro de un Trump fascistizante: enemigo público número uno de la democracia, el sepulturero de la República estadounidense, está llevando a su país al paredón, y a nosotros con él. “El fascismo no es lo contrario de la democracia burguesa, sino su evolución en tiempos de crisis”, escribió Bertolt Brecht.

En un momento en que las elecciones americanas añaden caos al caos, en un contexto de degeneración del capitalismo y de guerras monstruosas, sólo nos queda organizar los medios de resistencia, allí donde nos encontremos, y reforzar los frenos y contrapesos como baluartes democráticos.

Traducción de Miguel López

Un pueblo está muriendo ante nuestros propios ojos, y miramos hacia otro lado. Un año después del injustificable ataque de Hamás contra familias israelíes, Oriente Próximo arde en proporciones nunca vistas hasta ahora.

El 7 de octubre de 2023 fueron cometidos crímenes de guerra en forma de asesinato y secuestro de civiles por hombres armados que querían demostrar a Israel y al mundo, de la forma más brutal posible, que estaban dispuestos a todo, incluso al sacrificio de palestinos y a una conflagración regional, para liberar Gaza y destruir a su enemigo.

Inmediatamente se puso de nuevo en marcha un ciclo infernal de represalias, con el apoyo “incondicional” de varios países occidentales, entre ellos Francia, a pesar de que parecía claro que el uso de la fuerza militar sólo podía ser indiscriminado y desproporcionado. En nombre de la “legítima defensa” de Israel, han muerto bajo las bombas más de 40.000 gazatíes, convirtiendo esta guerra en una de las más mortíferas del siglo XXI.

Hay que tener en cuenta la magnitud de este desastre que no sólo ha segado vidas, sino también una memoria, una cultura y un futuro, con la destrucción de escuelas, hospitales, redes de agua y electricidad, ayuda humanitaria, museos, campos y comercios.

El 26 de enero de 2024, el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) reconoció la existencia de un “riesgo real e inminente de que se cause un daño irreparable” a los habitantes de Gaza y ordenó a Israel “tomar todas las medidas a su alcance para impedir la comisión [...] de cualquier acto” de genocidio.

El 20 de mayo de 2024, el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI) anunció que había presentado una solicitud de orden de detención internacional contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant por “crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”.

El 12 de junio de 2024, la Comisión Especial de Investigación de la ONU, creada tras la guerra de once días de mayo de 2021, acusó a Israel de “crímenes contra la humanidad de exterminio, asesinato, persecución por motivos de género de hombres y niños palestinos, traslado forzoso, tortura y trato inhumano y cruel”.

A pesar del Derecho Internacional, de la movilización de los países del Sur y de la protesta de algunos jóvenes, la comunidad internacional no ha hecho nada para detener la masacre, aunque podría haberlo hecho. Si Estados Unidos y los países de la Unión Europea dejaran de suministrar armas, la guerra se detendría. Si suspendieran sus relaciones económicas y revisaran las relaciones diplomáticas, también. Si reconocieran unánimemente el Estado de Palestina, mostrarían su voluntad de encontrar una solución justa. Sus llamamientos a un alto el fuego, que liberaría a los rehenes israelíes, suenan a hueco. Es un error decir que estas potencias son impotentes. Tienen los medios, pero están dejando que ocurra.

Con sus crímenes impunes, Israel, en posición de superioridad militar, tiene todas las oportunidades para continuar su funesta labor. La guerra se extiende dramáticamente al Líbano, en nombre de la lucha contra Hezbolá. Después de los suburbios del sur, ahora el objetivo es el centro de Beirut. En quince días han muerto cientos de civiles y un millón de personas han tenido que huir de sus hogares.

Los habitantes de Oriente Próximo “son prisioneros de la dinámica de destrucción regional a la que les han arrastrado sus dirigentes”, escribe Omer Bartov, destacado historiador de la Shoah, en un artículo publicado en The Guardian y traducido por Orient XXI. Desde el ataque a los desplazados de Rafah, el 8 de mayo de 2024, Bartov califica la ofensiva israelí de “crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y actos genocidas sistemáticos”.

La comunidad internacional es cómplice por su inacción. Pero, ¿y las sociedades civiles occidentales? ¿Por qué miran hacia otro lado cuando está en marcha un proceso genocida? ¿Qué es lo que, en su (in)cultura común, les impide movilizarse masivamente, sobre todo a los que no descienden de poblaciones colonizadas?

En primer lugar, dejemos claro algo obvio: las autoridades israelíes nos impiden ver. Al prohibir la entrada en Gaza a los periodistas extranjeros, impiden que se documente toda la magnitud de sus crímenes. Las únicas imágenes y relatos que nos llegan son transmitidos por periodistas palestinos que a su vez han sido objetivo del Tsahal. Al convertir a todos los hombres en potenciales combatientes de Hamás o Hezbolá, la propaganda israelí hace invisibles a las víctimas civiles y justifica el ataque contra todo un pueblo.

Israel puede contar así con el apoyo de sus aliados para silenciar a las sociedades occidentales y se amordaza la posibilidad de expresar su apoyo a los gazatíes. En Francia, por ejemplo, en una nueva forma de macartismo, la solidaridad con Palestina se castiga con citación policial, condena penal o prohibición previa.

Al final, lo que se impone sobre todo es una gran introspección: a los occidentales no sólo se les impide ver, es que además no quieren ver. Para comprender esta ceguera, hay que remontarse a los fantasmas del pasado, al racismo intrínseco de nuestras sociedades, fruto a su vez de una historia colonial europea nunca reparada.

En la obra En el corazón de las tinieblas, publicada en 1899, el escritor británico Joseph Conrad relata el trágico destino de una misión colonial en África Central, que remonta las aguas turbulentas de un río sinuoso, en medio de una naturaleza hostil, en busca de uno de los suyos, que ha caído en manos de los nativos tras abrir un comercio de marfil. En toda su oscuridad, la narración refleja la deshumanización inherente a la experiencia colonial que, con el pretexto de “civilizar a los salvajes”, se arroga el derecho de disponer de cuerpos y tierras, cuando no desemboca en la necesidad de la aniquilación. ¡Exterminad a todas esas bestias! es el título del libro publicado en 1992 por el escritor sueco Sven Lindqvist, título que sacó de las líneas de ese tumultuoso relato, que luego el cineasta haitiano Raoul Peck lo aprovechó para una de sus películas (2021) que narra la historia desde el punto de vista de los colonizados.

La mecánica de la colonización, iniciada por los europeos, consolidada en el siglo XIX y basada en la idea de la superioridad racial de un grupo sobre otro, sólo puede conducir a la negación del pueblo sometido al yugo del ocupante. Conviene recordar que al final de la Reconquista, en 1492, la expulsión de judíos y musulmanes de España, coincidiendo con la partida de las naves de Cristóbal Colón hacia América, fue precedida no sólo de conversiones forzosas al catolicismo, sino también de masacres para apropiarse de tierras y recursos.

También es interesante recordar, como hace Naomi Klein en Doppelganger. Un viaje al mundo del espejo (edit. Actes Sud, 2024), que un mes después de la Noche de los Cristales, en noviembre de 1938, una delegación de la Liga Aborigen Australiana condenó la “cruel persecución del pueblo judío por el gobierno nazi alemán”, mucho antes de que las capitales occidentales decidieran entrar en guerra.

“Esos líderes indígenas, que seguían luchando por sus propios derechos fundamentales, habían percibido claramente la gravedad de la amenaza”, señala la ensayista canadiense. “El carácter industrial de las masacres perpetradas por los nazis era una novedad, y el caso judío es diferente. Pero todos los casos son diferentes, y algunos elementos son definitivamente similares”, prosigue. Aimé Césaire, en su Discurso sobre el colonialismo (1950), lo expresó con sus propias palabras: los europeos “apoyaron [el nazismo] antes de sufrirlo”.

Se supone que las democracias europeas se han liberado, al menos institucionalmente, de los oropeles del pasado. La igualdad entre los seres humanos está consagrada en todos los textos fundamentales que las rigen. Sin embargo, el racismo, intrínsecamente ligado a la esclavitud y al colonialismo, no ha desaparecido. Basta con leer Mediapart para darse cuenta de la magnitud del problema. Los defensores más o menos declarados de la desigualdad natural están a las puertas del poder. Marine Le Pen (Agrupación Nacional) y Bruno Retailleau (Los Republicanos) tienen ya incluso un pie dentro.

“Lo que estructura la vida política francesa es el racismo”, opina la filósofa Nadia Yala Kisukidi en una entrevista a Mediapart. “A base de años de ideología islamófoba y de guerra internacional ‘contra el terrorismo’ ha calado en las mentes y ha hecho más aceptable la retórica antipalestina, justificando, a ojos de muchos, una guerra de aniquilación en Gaza”, insiste la historiadora social Houda Asal en un artículo de la revista Contretemps, publicado el 16 de septiembre de 2024.

La responsabilidad histórica de las sociedades occidentales en la colonización, sumada a su permeabilidad al racismo y la discriminación, puede explicar la atonía, o incluso el consentimiento tácito, con un conflicto que en sí mismo está determinado en gran medida por una lógica de dominación.

Las formas que adopta el colonialismo en la historia difieren, por supuesto, de una experiencia a otra. Pero anclar el caso israelí en los precedentes europeos no ayuda a comprender el presente, ni a preparar el futuro, ya que la única solución política válida es crear un marco que permita la convivencia entre los dos pueblos.

Pero lo cierto es que Israel, cuya creación constituyó paradójicamente una injusticia contra los palestinos para reparar otra nacida del horror de los campos nazis, es un Estado colonial cuya política de ocupación y expropiación viene siendo denunciada en vano por la comunidad internacional desde 1967. En aquella época había menos de una docena de asentamientos ilegales en Cisjordania; hoy hay 145, todos ellos contrarios al Derecho Internacional, al igual que los de Gaza, que fueron desmantelados en 2005.

La llegada al poder de la derecha nacionalista y de la extrema derecha mesiánica no ha hecho más que acelerar ese proceso. Al aprobar, el 19 de julio de 2018, una ley fundamental que define a Israel como el “hogar nacional del pueblo judío”, el Estado discriminó formalmente a las minorías árabe y drusa y rompió con la declaración de independencia de 1948, según la cual el país debía garantizar “la plena igualdad de derechos sociales y políticos de todos sus ciudadanos, sin distinción de credo, raza o sexo”.

Los atentados del 7 de octubre fueron para las autoridades la justificación definitiva de su política separatista. Israel, frente a un enemigo al que, en un aterrador juego de espejos, niega el derecho a su existencia, se vio reforzado por su preocupación existencial de que se encontraba ante un nuevo Holocausto y, en consecuencia, en la necesidad de protegerse cueste lo que cueste.

Inmediatamente resurgió de entre las sombras lo más hondo del supremacismo del gobierno de Benjamin Netanyahu. Al imponer un "asedio total” a Gaza en 48 horas, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, explicó con furia las implicaciones: “No hay electricidad, no hay agua, no hay comida, no hay combustible, todo está cerrado [...]. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia”. ¿Cómo interpretar esas palabras sino como una variación del llamamiento de Kurtz, el trágico personaje de la novela de Joseph Conrad, a “exterminar a todas esas bestias” ? ¿Qué podemos pensar de las declaraciones del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, el 5 de agosto de 2024, cuando dijo que podría ser “justificado y ético dejar que los habitantes de Gaza mueran de hambre”?

Mientras un pueblo está siendo borrado del mapa, la ausencia de un levantamiento masivo debería plantear interrogantes en las sociedades occidentales y llevarlas a hacer un examen de conciencia colectivo y a despojarse de una vez por todas de su ética de colonos, o al menos de la de los descendientes de colonos. Sus crímenes pasados, en lugar de facilitar la aceptación de los actuales, deberían ayudarles a ver con claridad los mecanismos que se aplican con la esperanza de ponerles fin.

Sin un reconocimiento profundo de sus fechorías, cuando se imaginaban ser la vanguardia ilustrada del mundo, sin una deconstrucción de los marcadores racistas que siguen profundamente arraigados y sin una voluntad real de reparar a las víctimas, esas sociedades seguirán ciegas ante la gravedad de lo que se está desarrollando ante sus ojos y no serán de ninguna ayuda para los palestinos y los israelíes que buscan un punto de encuentro. Necesitamos urgentemente descolonizar nuestras mentes, nuestra cultura y nuestras estructuras organizativas para hacer frente a lo irreparable.

En contraste con este necesario replanteamiento, Francia está dando un trágico paso atrás. La forma en que el ejecutivo, en los últimos meses, ha destruido metódicamente cuarenta años de proceso descolonizador en Nueva Caledonia está haciendo resurgir viejos reflejos coloniales.

En una tierra en la que los habitantes y las instituciones han demostrado una inteligencia colectiva y una adaptación razonables, una gestión policial brutal y binaria, sin pasado ni futuro, está condenada no sólo al fracaso, sino también a la tragedia. En lugar de apaciguar y “tranquilizar”, reabre heridas, reaviva tensiones y mata.

No es casualidad que, en su denuncia de la acción retrógrada de las autoridades francesas, los independentistas canacos no dejen de afirmar su solidaridad con el pueblo palestino, señal de que ambos se reconocen en sus condiciones de existencia y en sus destinos.

El reciente nombramiento de Bruno Retailleau como ministro del Interior es un mal presagio, dado que hace apenas un año ensalzaba “los buenos momentos” de la colonización y despotricaba contra el “arrepentimiento perpetuo”. El hecho de que tengamos que confiar en el primer ministro Michel Barnier para esperar el comienzo de un “enfoque constructivo”, como dijo el diputado independentista Emmanuel Tjibaou, hijo del líder histórico del nacionalismo canaco, nos deja con la duda.

Contra esta apisonadora reaccionaria, sólo una férrea determinación ciudadana puede llevarnos a mirar de frente al pasado, condición sine qua non para defender el derecho de los pueblos a la autodeterminación y evitar que las generaciones futuras nos avergüencen para siempre. No miremos para otro lado. Dejemos de apoyar esta carnicería. Somos moralmente responsables de lo que está ocurriendo si no nos oponemos. El silencio acabará también con nosotros.

Traducción de Miguel López

La extrema derecha, a las puertas del poder en Francia, tiene las claves de la supervivencia del nuevo primer ministro. Fuera de control, Emmanuel Macron se niega a tener en cuenta los resultados de las elecciones legislativas, pisoteando los principios parlamentarios. La izquierda, que ha logrado unirse, no consigue hablar con una sola voz para contrarrestar la toma de poder del Elíseo.

En este contexto político extremadamente preocupante, en el que la misión de interés general de los periodistas adquiere todo su sentido, los Estados Generales de la Información (EGI, proceso de reflexión lanzado en 2023 para afrontar los retos derivados de la revolución digital, ndt) acaban de publicar sus conclusiones. Los nueve meses de trabajo, ensombrecidos por la muerte de Christophe Deloire, secretario general de Reporteros sin Fronteras (RSF), nombrado en noviembre de 2023 por Emmanuel Macron para dirigir este proyecto basado en las contribuciones de profesionales, ciudadanos e investigadores, culminaron el jueves 12 de septiembre con la presentación de quince propuestas para “salvaguardar y desarrollar el derecho a la información”.

Frente al peligro que corremos, este plan de acción, adoptado por los miembros del comité de dirección, todos ellos seleccionados por el presidente de la República, es de una simpleza extrema.

Y sin embargo, ya desde la introducción, queda claro que existe una “emergencia democrática”, así como la necesidad de que la información, bien público y bien común a la vez, ocupe un lugar central en la escena pública, para garantizar un debate informado basado en hechos verificados, contrastados y documentados, y por tanto reconocidos y compartidos por todos.

Pero bajo un barniz apolítico, las propuestas se ven debilitadas por un escollo importante: sitúan la amenaza casi exclusivamente en los algoritmos, las redes y la inteligencia artificial, es decir, la tecnología, omitiendo nombrar a los verdaderos enemigos del derecho a saber, es decir, los actores políticos y económicos, incluidos los medios de comunicación, que utilizan esas herramientas y otras en su beneficio, aunque eso signifique dañar a la democracia. Al centrar su atención en las alteraciones digitales actuales, antes de examinar las disfunciones estructurales en Francia, el comité de dirección, presidido por Bruno Patino, responsable de Arte, impide encontrar soluciones a la altura del desafío.

Se ha soslayado así una de las funciones fundamentales de los medios de comunicación. Los periodistas no son los amables organizadores de un debate pacífico. Al ejercer su ojo crítico, constituyen un contrapoder esencial para el buen funcionamiento de la democracia. Nuestro papel social es pedir cuentas a los poderes económicos y políticos, en nombre de los ciudadanos, y denunciar los abusos.

En un momento en que nuestras instituciones flaquean y los medios de comunicación están sometidos a la voracidad de unos cuantos depredadores multimillonarios, más preocupados por su propia influencia que por el interés general, es vital no elegir el blanco equivocado. Para devolver la información al lugar que le corresponde, la prioridad es reforzar drásticamente la independencia de los periodistas, piedra angular de todo el edificio.

Sin embargo, el comité de dirección de los EGI, para no encararse con los accionistas –éste es el otro escollo de estas propuestas– se niega a defender el derecho de aprobación y el derecho de revocación sobre el nombramiento de los jefes de redacción, lo que permitiría a los equipos disponer de un derecho de control efectivo sobre sus superiores jerárquicos elegidos por los propietarios. Sólo parece una lamentable copia de lo anterior, con la posibilidad de que los “comités de ética emitan un dictamen”. Esos derechos de aprobación y revocación, apoyados por parlamentarios de todos los colores, ya existen en algunos periódicos, como Le Monde, Libération y Mediapart, y nunca han desestabilizado a esas empresas; al contrario, han contribuido a reforzar y dar poder a los colectivos de periodistas.

Garantizar la independencia de la profesión significa también luchar activamente contra su precarización. Es lamentable que este aspecto, que afecta a los free-lance y a los más jóvenes, esté completamente ausente del plan de acción.

Del mismo modo, las medidas preconizadas para proteger el secreto de las fuentes y luchar contra los procedimientos mordaza son insuficientes, habida cuenta de los ataques masivos que sufren los periodistas y las empresas de comunicación. El informe propone, en efecto, “reducir” las excepciones al secreto de las fuentes y la intervención de un juez antes de cualquier procedimiento judicial, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero guarda silencio sobre el secreto comercial, en nombre del cual se han obtenido censuras, y sobre la protección de los denunciantes. Además, no hay sanciones por violar la confidencialidad de las fuentes.

Contra el acoso judicial, destinado a intimidar y silenciar recurriendo a procedimientos penales o comerciales (secreto de empresa, secreto de defensa, denigración comercial, etc.), la fórmula propuesta carece de la ambición necesaria para esperar desalentar las elusiones de la ley de prensa de 1881.

Para garantizar el pluralismo de la información, deberíamos haber estado dispuestos a hacer frente a los accionistas luchando activamente contra la concentración de los medios de comunicación. La situación actual en Francia es caricaturesca: una decena de grupos industriales o financieros, que en su mayoría no se dedican a la información, controlan la mayoría de los “grandes” medios privados. Este estado de cosas agrava inexorablemente la desconfianza del público, que exige con razón una información no sólo diversa, sino también libre de los intereses creados de los propietarios de los medios de comunicación.

En un momento en que se estrechan los vínculos con los dirigentes políticos, y en particular con el ejecutivo, las sospechas no pueden sino aumentar. Es elocuente el ejemplo del grupo de Vincent Bolloré, que no cesa de aumentar su dominio sobre Europe 1, CNews, Paris Match y Le Journal du dimanche (JDD) a base de noticias falsas y mensajes de odio. Sus objetivos hegemónicos y destructivos para el Estado de Derecho son bien conocidos. Sin embargo, no se ha hecho nada para impedir la toma de control del JDD en el verano de 2023, después de que despidieran a sus periodistas tras una huelga sin precedentes de cuarenta días.

El hecho de que Pascal Praud, el presentador estrella de CNews, se enterara de la decisión de Macron de disolver la Asamblea Nacional incluso antes que el entonces primer ministro y casi todos los ministros, demuestra la porosidad entre esos dos mundos. Gracias a esa confidencia, el grupo puso todos sus medios de comunicación al servicio de la extrema derecha, montando el juego, deseado por el jefe del Estado, entre la “macronie” y la Agrupación National. La elección del nuevo primer ministro, Michel Barnier, del JDD para escribir una columna nada más ser nombrado, confirma esa alianza estratégica, la única prevista por el presidente de la República, aunque resultara perdedora en las urnas.

Pero en lugar de abordar este importante problema democrático, el comité de dirección de los Estados Generales de la Información se contenta con tímidas medidas que difícilmente van a preocupar a Vincent Bolloré ni a los multimillonarios que utilizan “sus” medios de comunicación como máquinas al servicio de su influencia.

Tal y como recomiendan los participantes en los Estados Generales de la Prensa Independiente, lanzados a iniciativa del Fondo por una Prensa Libre (FPL) en el otoño de 2023, en primer lugar habría que haber prohibido a todo grupo industrial cuya actividad principal no sea la información convertirse en operador directo de un medio de comunicación. Después habría que haber revisado completamente la ley de 1986, bajando los umbrales de concentración. Por último, habría sido útil exigir que los acuerdos firmados por la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom), para la concesión de frecuencias TDT públicas y de libre acceso prohibieran la transformación de una cadena de información en una cadena de opinión que difunda noticias contrarias a los principios deontológicos de los periodistas.

Para sanear el panorama mediático y garantizar la transparencia de su financiación, el informe lamentablemente no identifica la necesidad de revisar las subvenciones a la prensa. Hoy en día, esas subvenciones benefician a los mismos pocos propietarios que tienen todo el poder en sus manos. Para una mayor equidad, deberían reservarse a los medios independientes, estar condicionadas al cumplimiento de las obligaciones legales y las exigencias deontológicas y, por supuesto, retirarse en caso de condena por comentarios sexistas, racistas, LGTBfóbicos o discriminatorios.

Como la falta de transparencia en su distribución no hace sino aumentar la desconfianza ciudadana, deberían estar sujetos a obligaciones de transparencia, como la publicación anual de las cuentas, los accionistas directos e indirectos y las subvenciones directas públicas y privadas recibidas y su destino.

Básicamente, las medidas más interesantes van dirigidas a contrarrestar el poder de las plataformas digitales, que de hecho constituyen un gran peligro al privatizar el espacio global de la información en beneficio propio. Sin embargo, aparte de que el comité director haya pasado por alto la cuestión central de la remuneración justa de los derechos conexos de la prensa y la consiguiente necesidad de transparencia, es comprensible que estas medidas se incluyan en el plan de acción, dado que los accionistas temen perder sus prerrogativas en un pulso que les es desfavorable.

En un discurso con motivo de su salida como accionista del St. Louis Post-Dispatch, el magnate de la prensa Joseph Pulitzer, no precisamente un extremista, declaraba que ese periódico de Missouri “luchará siempre por el progreso y la reforma, nunca tolerará la injusticia ni la corrupción; atacará siempre a los demagogos de todos los partidos, se opondrá a las clases privilegiadas y a los explotadores del pueblo, nunca carecerá de simpatía por los pobres, permanecerá siempre consagrado al bien público”. “Nunca se contentará con imprimir noticias y mantendrá radicalmente su independencia”, prosiguió.

Más de un siglo después, cabía esperar más valentía y claridad sobre las batallas que se avecinan por parte de un organismo que se supone representa los intereses de la profesión y del público. Sobre todo teniendo en cuenta que sólo se trata de propuestas y que no hay garantías de que vayan a incluirse en un futuro proyecto de ley.

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Carine Fouteau es presidenta y directora de Mediapart, socio editorial de infoLibre.

Traducción de Miguel López