En los últimos años los movimientos feministas de todo el mundo han conseguido poner las violencias machistas en el centro de las agendas públicas. Han desvelado su carácter estructural y han creado una conciencia colectiva frente a ellas.

Seguir reivindicando su estructuralidad y la responsabilidad compartida para acabar con las violencias machistas es ahora más vital que nunca. Nos jugamos mucho: nuestras vidas, nuestra libertad y el modelo de sociedad al que aspiramos.

La derecha y la ultraderecha –cada vez más indistinguibles en esto– llevan tiempo usando varias estrategias en torno a esta cuestión: bien, directamente negarla, como hace Vox con la violencia de género; bien justificarla: un “divorcio duro”, “una mala decisión, un colapso personal que acabó en tragedia”, expresiones literales de dirigentes del PP; o bien, la construcción de un relato que culpa de estas violencias a la acción de unos hombres malos –los “bad hombres” de Trump, los otros, los de fuera–.

Por supuesto, además, para ambas, la parte de la violencia machista que reconocen, la que instrumentalizan, se resuelve tan solo con más policía y más cárcel. De hecho, hace poco, escuchamos cómo el señor Feijóo exigía "más pulseras y policía y menos talleres de masculinidad".

Movimiento Sumar reclamó desde el minuto uno que se llevase a cabo una investigación y una reparación del daño causado a cualquier mujer que se hubiera visto afectada por el fallo en el sistema de pulseras. Ahora bien, también nos posicionamos en contra del uso partidista de esta cuestión y, sobre todo, defendimos que este dispositivo de protección no puede estar en manos privadas. No puede depender de una lógica de beneficios empresariales. Algo que, por desgracia, ocurre cada vez más en este ámbito, con empresas que obtienen las licitaciones para gestionar recursos de atención y acogida a víctimas de violencias machistas en base al abaratamiento de los costes. La receta: peores condiciones para las mujeres y sus criaturas y precariedad para las trabajadoras.

Esto, los recortes, la privatización y la precarización de los servicios y dispositivos contra las violencias machistas, es precisamente uno de los objetivos del discurso punitivista de la derecha y la ultraderecha. Según ellos, no hacen falta, no los necesitamos. Basta con endurecer el Código Penal y aumentar los efectivos policiales.

Pero, no es este su único objetivo. Hay más. Por ejemplo, volver a naturalizar el modelo patriarcal de la masculinidad y la feminidad. Ese en el que los hombres han de cumplir un mandato –autoritariamente protector– basado en la dominación y la agresividad y las mujeres, el rol de víctimas sumisas. Por eso, Feijóo dice aquello de que no son necesarios cursos de masculinidad. Como si fueran una cuestión absurda, ridícula, woke. En su propuesta no hacen falta los de masculinidad, pero, en realidad, tampoco los de igualdad, ni de diversidad sexual, ni de buenos tratos, ni de corresponsabilidad, ni de gestión democrática de los conflictos… Juegan a ridiculizar todas las herramientas de educación feminista al mismo tiempo que las persiguen por su potencia transformadora para todas, también para los hombres. Y, si no, que se lo pregunten a las educadoras y activistas a las que se prohíbe el acceso a las aulas, allá donde gobiernan el PP y Vox.

Otro objetivo es reforzar una concepción del Estado, en la que su función no es social, sino meramente represiva. Es decir, un Estado securitario y no un Estado de Bienestar. Unas instituciones que castigan, pero no previenen, acompañan y reparan. Ese modelo de Estado, por supuesto, está basado en una idea individualista de la sociedad, en la que las violencias machistas solo son un asunto de quienes agreden y quienes son agredidas, y no una responsabilidad común, en la que todas las personas podemos y debemos jugar un papel importante en su prevención y reparación.

Y junto a todo esto, se hace explícita también, cada vez más, una instrumentalización de las violencias machistas para sus fines racistas. Así, construyen relatos en los que estas se producen tan solo en las calles, de noche, y a manos de manadas de desconocidos, extranjeros. Como si nuestras experiencias y todas las estadísticas y estudios no demostrasen que las violencias machistas, incluida la sexual, se dan mayoritariamente en entornos íntimos y por hombres cercanos. Buscan criminalizar a los migrantes y buscan generarnos terror sexual a las mujeres –y a todas aquellas personas que no encajan en la norma sexual o de género– para que renunciemos a aquello que llevamos años reivindicando, que las calles y las noches también son nuestras.

Los movimientos feministas de base llevan décadas tejiendo alianzas, aprendiendo unas de otras, construyendo puentes y rutas de saberes y experiencias entre países, comunidades y pueblos. Y en ese caminar juntas, nos han enseñado que las violencias machistas y el sistema patriarcal que las sustenta comparten estructuras con el racismo, la lgtibifobia, la desigualdad y la explotación. Y también que los proyectos políticos del neoliberalismo autoritario de nuestros días se enraízan en todas ellas.

Por eso, en Movimiento Sumar no vamos a permitir que nadie convierta la legítima reivindicación de vivir vidas libres de violencia en un puntal para mayores dosis de autoritarismo patriarcal y de control fronterizo. Todo lo contrario, vamos a seguir defendiendo que, frente a las violencias machistas, sumamos todas. Vamos a seguir reivindicando aquello que nos define y nos da sentido: exigir más feminismo. Interseccional, inclusivo, de clase y antirracista. Más recursos, más presupuestos. Más avances culturales y sociales. Más implicación y compromiso de toda la sociedad. También, por supuesto, de los hombres.

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Amanda Andrades es secretaria de Feminismos de Sumar.

Este 25N hemos vuelto a ser miles las que hemos salido a las calles para denunciar las violencias machistas, para reivindicar que tenemos derecho a ser libres y dueñas de nuestras vidas, para recordar a aquellas a las que sus parejas o exparejas asesinaron –42 en lo que va de año; 1.287 desde 2003–, para exigir un mayor compromiso social e institucional.

Hemos tomado las calles como una forma más de seguir hablando, de seguir rompiendo el silencio. Y lo hemos hecho porque sabemos que hablar es una herramienta imprescindible para que, como sociedad, no podamos mirar hacia otro lado ante las violencias machistas, incluidas las sexuales, para que no podamos evitar esa conversación, para que tengamos que dar respuestas tanto individuales como colectivas. Y para construir esas respuestas tenemos que seguir haciéndonos muchas preguntas, tenemos que seguir pensando juntas.

Hace aproximadamente un mes, en Sumar nos vimos sacudidas por una serie de testimonios en torno a comportamientos machistas y vejatorios del que era nuestro portavoz, Íñigo Errejón. Tras su reconocimiento de estos hechos, actuamos de manera clara y contundente: le exigimos que dimitiera de todos sus cargos políticos y orgánicos. Y lo hicimos en tan solo 48 horas.

Desde entonces, son muchas las mujeres y colectivos feministas diversos que han publicado artículos y reflexiones. Todos ellos, pese o gracias a las divergencias, nos han ayudado a pensar, a ordenar las ideas, a situarnos. Hemos agradecido esas lecturas porque han sido puntos de fuga, porque han generado conversaciones incómodas o porque nos han dado calor. Gracias a todas ellas.

Como feministas, como parte por tanto de una tradición de pensamiento y acción colectiva, necesitamos seguir pensando, seguir debatiendo, seguir colaborando y seguir confrontando ideas. Muchos de estos artículos han puesto el foco en la estructuralidad de las violencias machistas, en cómo seguir avanzando para prevenir, intervenir y erradicar comportamientos y actitudes que no siempre tienen por qué ser delitos, pero que sí merecen una respuesta política, social o individual.

A nosotras, como integrantes de una formación política en la que uno de sus terrenos de actuación son las instituciones, nos gustaría plantear aquí una serie de interrogantes que tienen que ver precisamente con las políticas públicas.

Sabemos, por ejemplo, que hay diferentes razones por las que las mujeres deciden no acudir a la justicia pese a estar sufriendo violencias físicas, psicológicas y/o sexuales. Algunas tienen que ver con cuestiones más personales que debemos respetar y acompañar. De hecho, una de las reivindicaciones del movimiento feminista desde hace años, y que hoy se recoge en las leyes, es el acceso a servicios de protección y acompañamiento independientemente de la voluntad de las víctimas de emprender acciones legales o testimoniar contra cualquier autor de delito.

Pero también hay razones que tienen que ver con cuestiones estructurales: con el miedo a no ser creídas, con la revictimización, con lo doloroso y solitario que suele ser todo el proceso judicial para las mujeres a las que ni siquiera se les explica adecuadamente a qué van a tener que enfrentarse o a las que no se les ofrece un acompañamiento jurídico y psicológico suficiente y adecuado. También, con la precariedad económica, con las relaciones de poder en espacios laborales, académicos, políticos, deportivos, etcétera. No podemos olvidar la especial vulnerabilidad de las mujeres en situación administrativa irregular que saben que, además del machismo, tendrán que hacer frente al racismo institucional y al riesgo no solo de ser cuestionadas, sino de acabar incluso con una orden de expulsión, o con la existencia aún de sesgos machistas que siguen condicionando la actuación de los juzgados. Por ejemplo, en situaciones relacionadas con divorcios y custodias de hijos e hijas, como acaba de denunciar el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO).

Sobre todo esto, tenemos que seguir haciéndonos preguntas para encontrar respuestas, soluciones. Tenemos que pensar, debatir, evaluar las leyes y los recursos existentes y hacer propuestas. Y en este sentido, además, necesitamos preguntarnos mucho acerca de la privatización, precarización y saturación de los servicios públicos de acompañamiento a mujeres que sufren violencias machistas. Unos servicios cuyas trabajadoras tienen en muchas ocasiones unas condiciones laborales y salariales absolutamente indignas y que les impiden ejercer adecuadamente su labor.

O preguntarnos por qué siempre son los aspectos preventivos o reparativos de las leyes los que se desarrollan menos. ¿Por qué siguen sin estar en marcha la mayoría de los cincuenta y dos centros de crisis 24 horas para violencia sexual cuando solo quedan dos meses para que acabe el plazo de su implementación? ¿O por qué la educación sexual en los centros educativos sigue sin estar presente en los currículos tal y como marcan distintas normas educativas?

Además, como integrantes de una organización que defiende un feminismo en el que han de participar también los hombres, nos toca preguntarnos cómo hacer para que esto sea realmente así.

Las mujeres feministas llevamos años haciendo un trabajo de reflexión, de compartir inquietudes, de hablar (siempre hablamos) e incluso de cuestionarnos a nosotras mismas, de imaginar qué mundo queremos. Todo esto es lo que nos permite seguir militando en las organizaciones, entender cómo funciona el poder, tratar de pensar en otros liderazgos, en otras maneras de relacionarnos.

Llevamos por tanto muchos años siendo muy valientes, tanto que lidiamos con nuestras incomodidades, nuestros miedos, nuestras responsabilidades, nuestros prejuicios y privilegios, por ejemplo en cuestiones ligadas al racismo, el capacitismo o el clasismo. Y lo hacemos de manera individual y colectiva.

Esto justo es lo que le pedimos a los hombres, que asuman ese compromiso individual y colectivo. Necesitamos hombres valientes que combatan las violencias machistas a nuestro lado, que se sientan interpelados por los textos que escribimos, que se hagan cargo de sus comportamientos, de sus maneras de hacer. Que se cuestionen, que lidien con sus incomodidades, sus miedos, sus responsabilidades, sus prejuicios y privilegios.

Necesitamos hombres valientes que hablen tanto como hablamos nosotras. Entre ellos y con nosotras. Hombres que trabajen para poner en la agenda las políticas públicas feministas corresponsables, que asuman como prioridad política la urgencia de vivir una vida libre de violencias machistas. Y sobre todo, unas vidas llenas de buenos tratos, de reconocimiento de la diversidad sexual y de género y de vivencias sexuales libres y placenteras.  

Como hemos intentado plantear a lo largo de este texto y como han hecho muchas compañeras en otros, son muchas las preguntas e interrogantes que tenemos que seguir haciéndonos para acabar con las violencias machistas. Hay, sin embargo, una certeza: necesitamos hablar. Necesitamos más feminismos.

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Amanda Andrades  es secretaria de Feminismos de Sumar. Paula Moreno es secretaria de grupos sectoriales de Sumar. 

Aquí está mi casa abierta

Hay un plato por ti en nuestra mesa

Sombra de árbol para tu cabeza

Libro abierto a tu vida en mi puerta

Guardabarranco 

La primera acepción del diccionario de la RAE para la palabra "casa" es concreta y a la vez ambiciosa. Una casa es un “edificio para habitar”. Si nos quedásemos tan solo con la primera parte, estaríamos hablando de una “construcción estable, hecha con materiales resistentes”. Es en la segunda donde está la vida. Habitar. Es decir, vivir. 

La estrofa de la canción del dúo nicaragüense Guardabarranco lo resume en pocas palabras. Una casa debería ser un lugar en el que proteger y compartir nuestras vidas. También de las violencias machistas. Cuando, como sucede en nuestro país, la vivienda no es un derecho, sino un bien de mercado, con lo que se está especulando es con nuestras vidas. Así de sencillo, así de brutal.

Las feministas sabemos y llevamos décadas denunciando que el hogar no es el espacio idílico, supuesto remanso de paz y amor, de plenitud, en el que nos han querido recluir a las mujeres durante siglos. Para millones de mujeres en el mundo, también aquí, es el espacio de la violencia, de las agresiones sexuales, del machismo íntimo y cotidiano. Son variadas las razones que nos impiden escapar, que nos obligan a aguantar, pero una de ellas, sin lugar a dudas se llama mercado, se llama rentismo y se llama especulación. 

En los últimos años, políticas públicas como la subida del SMI –un 54% desde 2018– han logrado reducir enormemente la brecha salarial de género. Aún así, todavía queda bastante por hacer: el salario medio bruto anual de las mujeres se situó en 2022, según la Encuesta de Estructura Salarial publicada en septiembre, en 24.360 euros. Unos 5.000 euros menos al año que el de los hombres. Si a esta brecha le añadimos un mercado inmobiliario absolutamente desatado, en el que los precios de los alquileres no paran de subir y se llevan gran parte de nuestros salarios, la consecuencia es evidente: las mujeres tenemos mayores dificultades para acceder a una vivienda de manera individual. 

En realidad, esta afirmación puede completarse si aplicamos una mirada feminista interseccional que no solo atiende al género. Las mujeres con mayores dificultades para acceder a una vivienda de manera individual son las mujeres de clase trabajadora, precarias, migrantes, jóvenes. De hecho, probablemente ahí está la clave de que mientras el feminismo con calle hace años que incorporó el derecho a la vivienda como una lucha propia, al feminismo liberal les parece que eso es desviarse de la esencia. 

Así pues, miles de mujeres en nuestro país dependen económicamente de una pareja para poder acceder a una vivienda, lo que limita su autonomía a la hora de tomar decisiones como separarse cuando se vive una situación de violencia o incluso cuando simplemente ya no se quiere seguir conviviendo. Si hay criaturas de por medio se complica todavía mucho más. 

Llevamos ya dos décadas de lucha contra la violencia machista, dos décadas diciéndole a las mujeres que denuncien, que no tengan miedo, que no están solas, que vamos a acompañarlas. Y, sin embargo, en muchas comunidades autónomas y en muchos municipios, los recursos públicos de centros de emergencia o de pisos de acogida son escasos y están sobresaturados. Esta es en demasiadas ocasiones la realidad a la que se enfrentan las mujeres y sus hijos e hijas cuando dan ese primer paso. Una realidad que luego se complica aún más, cuando tras esta fase inicial, toca buscar una casa, para habitar, para vivir, para llenarla de alegrías y buenos recuerdos. ¿Cómo pagarla con los actuales precios de los alquileres? 

El acceso a una vivienda es un elemento crucial en los procesos de recuperación de las sobrevivientes de violencia de género. Es poder construir un hogar propio, un lugar en el que proteger y compartir nuestras vidas. De hecho, la ley de violencia de género, de 2004, determina que las mujeres víctimas de violencia de género serán “consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores”. También señala que, mediante convenios con las Administraciones competentes, el Gobierno podrá promover procesos específicos de adjudicación de viviendas protegidas a las víctimas de violencia de género. 

Ante la falta de vivienda pública en nuestro país –según la mayoría de los estudios, tan solo un 2,5% del total–, las administraciones han optado en muchas ocasiones por ofrecer ayudas para el alquiler. Además de la enorme burocracia que suele conllevar acceder a las mismas, esta solución tiene un efecto perverso: con el dinero público se subvenciona a los rentistas que mantienen los precios imposibles. 

Que se cumpla el derecho a la vivienda para las mujeres sobrevivientes de violencia pasa, en realidad, exactamente por el mismo camino que garantizarlo para las mayorías de este país: limitar el precio de los alquileres y contar con un auténtico parque público de vivienda que no pueda privatizarse. Pasa por que se deje de especular con nuestros hogares, con nuestras vidas. 

Hay decenas de razones para acudir a las manifestaciones por el derecho a la vivienda, como la de este domingo 13 de octubre en Madrid. Defender el derecho a una vida libre de violencias machistas es una de las mías.

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Amanda Andrades González es secretaria de feminismos de Sumar.

Más de un año le ha costado a Feijóo darse cuenta de que el gobierno elegido el 23 de julio de 2023 no solo no es ilegítimo, sino que además puede durar. No parece haber sido un proceso sencillo ni rápido, pero caerse del guindo suele costar.

El primer reflejo de esta constatación de los populares ha sido lo que la prensa ha denominado como giro social del PP. De una semana a esta parte, los de Génova han empezado a hablar de cuestiones como vivienda, conciliación y reducción de la jornada laboral. Es decir, de aquello sobre lo que en Sumar llevamos meses haciendo propuestas. Bienvenidos sean. La política debe servir para esto, para confrontar modelos.

En Sumar llevamos meses poniendo el foco en estos tres temas por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque sabemos que son fuente de desvelo, incertidumbre y angustia para la gran mayoría de la sociedad, para nuestros vecinos y vecinas de clase trabajadora. Y en segundo lugar, porque estas tres cuestiones, junto con otras como el feminismo y los derechos de las personas migrantes, son cruciales para entender qué modelo de sociedad queremos.

Una sociedad del penúltimo contra el último, regida por el mercado, por la ley del más fuerte y que se inclina cada vez más hacia el cuestionamiento de la democracia y el autoritarismo. O una sociedad comprometida con la justicia social y en la que la democracia se entiende no solo de manera formal, como depositar el voto en una urna, sino como una herramienta para la redistribución de la riqueza, del capital económico, pero también social y cultural, y por lo tanto del poder.

Esta semana el PP ha presentado su propuesta de ley de conciliación bajo la idea de que no es “ni de izquierda ni de derechas, sino útil”. Y la pregunta a hacerse es útil a quién. Queda claro que en esta propuesta de los populares, pero también en sus soluciones para la vivienda, existe una aceptación de un supuesto orden natural, en el que no caben ni el diálogo ni el contrato social.

En Génova apuestan por una sociedad de individuos, en la que, en realidad, la sociedad y, por tanto, la política del bien común en realidad no existe. Ni tan siquiera es una idea original. Ya lo dejó claro Margaret Thatcher cuando dijo aquello de que solo existían hombres y mujeres individuales. Y las familias.

Esta formulación se refleja claramente en la propuesta popular de eliminar la obligatoriedad de que los padres cojan las primeras seis semanas del permiso de paternidad. “El PP no va a meterse en cómo se reparten los permisos las madres y los padres. Tendrán libertad para utilizarlos durante el primer año del bebé”, dijo Feijóo cuando anunció la medida. No solo niegan las desigualdades de género que siguen existiendo en nuestra sociedad y cómo necesitamos medidas que impulsen la implicación de los hombres en la crianza, la corresponsabilidad, sino que además ocultan que no será la libertad de los padres y las madres, sino la libertad de la empresa a la hora de imponer cuándo se pueden coger los hombres la baja.

También se ve claramente en su planteamiento sobre la jornada laboral. Nada de reducirla por ley, pese a que dos de cada tres personas en nuestro país, incluida una buena parte de sus votantes, apoyan esta medida. Nada de entender que necesitamos trabajar menos —y ganar más— porque estamos cansadas de arrastrarnos entre el trabajo, el tupper, los parques infantiles, los ambulatorios con nuestros padres y los reels de Instagram combinados con la serie chorra porque el cerebro ya no nos da para más. No nos da para quedar con nuestras amigas, sin tener que buscar un hueco en la agenda, no nos da para leer, para pasear, para jugar, para militar, para imaginar o para simplemente no hacer nada.

Frente a este agotamiento vital, el PP solo plantea horarios flexibles y bancos de horas para gestionar lo que por derecho, por las luchas del movimiento obrero, nos pertenece: no hacer horas de más, las vacaciones, los permisos. Una vez más, por supuesto, siempre y cuando la empresa lo acuerde. Una vez más, por supuesto, la libertad cae solo de un lado.

Del mismo lado que cae en su propuesta de vivienda, del de los rentistas, los caseros, los poderosos, y no del de los inquilinos e inquilinas. Así, para Génova, la solución pasa por limitar la protección contra los desahucios para que se liberen pisos —dónde dormirán esas familias expulsadas de sus hogares será en todo caso un asunto de unos servicios sociales desbordados y sin recursos—, por poner fin al tope de los precios a los alquileres o por rebajas fiscales a los propietarios para que alquilen. Ponga usted el precio que quiera, que nosotras además le bajaremos los impuestos.

Cualquiera que haya seguido la actualidad en las últimas semanas sabe que las propuestas de Sumar en estas cuestiones son otras: condicionar al cumplimiento de la ley de vivienda que hoy se saltan los gobiernos autonómicos del PP, los fondos estatales en esta materia; prohibir la compra de vivienda para usos especulativos en zonas tensionadas; contratos de alquileres indefinidos; prestación universal por crianza; remuneración de los permisos de cuidados; y por supuesto, reducción real de la jornada.

Los detalles y las concreciones, es decir, las diferencias son importantes en sí, pero lo son sobre todo por lo que se halla detrás de ellas: cómo concebimos la sociedad, la política y la democracia. Por eso, en Sumar estamos orgullosas de ser quienes estamos poniendo sobre la mesa estos asuntos, quienes estamos empujando para que ocupen el centro de la agenda política.

Queremos que este sea el debate de la legislatura y lo queremos porque estamos preparadas para discutir y sobre todo para proponer un modelo de sociedad basado en un nuevo contrato social de reparto de la riqueza, incluido el tiempo, de justicia social y de feminismo. Y además sabemos que de las respuestas que demos a estas angustias sociales depende en buena medida el futuro. Sabemos que no basta con agitar el miedo a la ultraderecha. Ojalá otros se dieran cuenta.

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Amanda Andrades es secretaria de Feminismos de Sumar.