Los impuestos son el salvavidas del Estado del bienestar que nos protege a todos por igual. La fiscalidad progresiva no es solo un instrumento técnico de recaudación para los estados, sino el pilar de la justicia distributiva sobre la que se construyen nuestras socialdemocracias. John Rawls sostiene en su Teoría de la justicia (1971) que la distribución equitativa de los recursos primarios, incluyendo el acceso a servicios públicos universales, constituye el fundamento de una sociedad bien ordenada, donde las desigualdades solo se legitiman si benefician a los más desfavorecidos. En España, esto se materializa en un sistema impositivo que mitiga la concentración de riqueza y fortalece la cohesión social. Sin embargo, el mantra neoliberal de la derecha —con bajadas fiscales indiscriminadas como panacea electoral— socava esta arquitectura, priorizando el alivio de las élites sobre la sostenibilidad de los servicios que protegen a la mayoría: aquellos que nos salvaguardan ante emergencias imprevisibles, enfermedades crónicas y la perpetuación de la ignorancia intergeneracional.

En 2023, España registró el índice de Gini (que mide la desigualdad de ingresos de una población) más bajo desde 2004, gracias a un gasto público en protección social que representa el 25,9% del PIB, superior a la media de la OCDE (20,1%). Este mecanismo de redistribución permite reducir la brecha entre el 20% más rico (con una renta 5,5 veces superior al 20% más pobre) y el conjunto de la población. Sin embargo, las rebajas fiscales a las rentas altas exacerban la desigualdad y erosionan la capacidad recaudatoria para financiar sanidad, emergencias y educación, todas ellas competencias autonómicas. El impacto es palpable: un estudio de Fedea (2025) revela que el gasto público en estos ámbitos reduce la desigualdad en un 1,2% anual, pero las políticas de recortes en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular invierten esta tendencia, priorizando el clientelismo fiscal sobre la equidad.

Este patrón de "populismo fiscal" —término acuñado por economistas como Joseph Stiglitz para describir rebajas impositivas que benefician a minorías acaudaladas mientras recortan bienes públicos— se evidencia en la gestión del PP en regiones clave. En la Comunidad Valenciana, bajo el mandato de Carlos Mazón, la reducción de impuestos en 2023 benefició a los grandes patrimonios y generó una merma recaudatoria de 550 millones de euros anuales, con el grueso del beneficio acaparado por los 26.500 contribuyentes más ricos. Esta cesión fiscal coincidió con recortes drásticos en emergencias: el presupuesto de Emergencias se redujo un 20% en 2024 (unos 14 millones de euros), incluyendo la liquidación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) autonómica. Meses después, la dana de octubre de 2024 devastó buena parte de la provincia de Valencia, causando 229 fallecidos y daños por valor de 5.000 millones de euros. La respuesta tardía —con adjudicaciones de emergencia opacas por 241 millones de euros— subraya cómo la priorización del alivio fiscal para las élites compromete la resiliencia colectiva, dejando expuesta a la ciudadanía ante catástrofes que los servicios públicos podrían haber mitigado.

Un paralelismo inquietante se observa en Castilla y León, gobernada por Alfonso Fernández Mañueco. En 2024, el Ejecutivo autonómico impulsó una nueva rebaja del IRPF —consolidando la región como la segunda con el tipo mínimo más bajo de España—, con un impacto recaudatorio negativo estimado en 200 millones de euros, beneficiando primordialmente a rentas superiores a 60.000 euros anuales. Esta política se tradujo en recortes en prevención de incendios: pese a las afirmaciones de Mañueco de haber "triplicado" la inversión, los bomberos forestales denunciaron una reducción sustantiva en efectivos y medios, con protestas masivas en agosto de 2025 que incluyeron el "desplante" público al presidente. Los incendios de este verano arrasaron 50.000 hectáreas, exacerbados por sequías y vientos, pero agravados por la insuficiencia de operativos —un 15% menos que en 2019. El plan de reconstrucción posterior (114 millones de euros) llega tardío, ilustrando cómo el electoralismo fiscal del PP —vendiendo "alivio" a votantes de clase media-alta— desmantela la red de protección ambiental, expoliando el bien común en favor de exenciones puntuales.

En Andalucía, el patrón culmina en una crisis sanitaria bajo el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla. Desde 2019, su gobierno ha promulgado sucesivas rebajas fiscales —incluyendo la supresión del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para rentas altas—, con una pérdida recaudatoria acumulada de 1.200 millones de euros hasta 2025, desviando fondos hacia conciertos con la sanidad privada (un 20% del gasto sanitario total, similar al modelo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid). Estos recortes en el Sistema Andaluz de Salud —un 5% en personal y equipamiento entre 2022 y 2024— han derivado en el escándalo de octubre de 2025: un fallo sistémico en el cribado del cáncer de mama dejó sin notificación a al menos 2.000 mujeres con mamografías sospechosas, con retrasos de hasta dos años en diagnósticos, incrementando potencialmente la mortalidad en un 15-20%, según protocolos de la Sociedad Española de Oncología Médica. La admisión de un "error" por parte de la Junta, seguida de un plan de choque, no oculta la raíz estructural: la externalización y subfinanciación pública, que prioriza los dividendos privados sobre la detección precoz y vulnera el derecho constitucional a la salud. En un contexto donde el cáncer de mama afecta a 30.000 mujeres anualmente en España, este fiasco revela cómo las cesiones fiscales a las élites —bajo el pretexto de "eficiencia"— erosionan la universalidad sanitaria, beneficiando a un 10% de la población que opta por seguros privados mientras la mayoría enfrenta largas listas de espera y riesgos evitables.

Este ciclo de bajadas fiscales regresivas se perpetúa mediante narrativas manipuladas, como el infundado reclamo de "96 subidas de impuestos" bajo el Gobierno de Pedro Sánchez repetido hasta la saciedad por el PP. Este bulo se fundamenta en el Impuestómetro 2025, del Instituto Juan de Mariana —un think tank liberal dirigido por economistas afines al PP, con vínculos a exaltos cargos de Ayuso como su patronato. El informe infla la cifra de subidas impositivas mediante artimañas metodológicas: cuenta hasta 35 veces las actualizaciones obligatorias de valores catastrales por inflación, incluye 20 gravámenes municipales ajenos al Ejecutivo central y reitera cotizaciones sociales como "subidas" pese a su vinculación con las pensiones sostenibles. Esta falacia ya ha sido desmontada: las "subidas" netas son 12, centradas en rentas altas (Impuesto de Sociedades al 25% para grandes fortunas). Lejos de oprimir al contribuyente medio —cuya carga fiscal sigue estando 4 puntos por debajo de la UE—, estas medidas financian un Estado del bienestar que, en 2024, evitó 1,5 millones de casos de pobreza extrema mediante transferencias.

La socialdemocracia aboga por una fiscalidad que redistribuya desde el ingreso, con impuestos progresivos que gravan la renta y el patrimonio, asegurando un gasto público que no solo mitigue desigualdades, sino que prevenga riesgos sistémicos. Los servicios públicos actúan como equalizadores horizontales y verticales. En autonomías gobernadas por el PP, los recortes han incrementado la brecha: en Andalucía, el gasto sanitario per cápita (1.950 euros) es un 12% inferior a la media nacional, correlacionado con un 18% más de listas de espera. Frente a esto, el modelo central —con subidas focalizadas en grandes fortunas y grandes multinacionales— ha garantizado, por ejemplo, el poder adquisitivo de los pensionistas, demostrando así que la redistribución fiscal no es una carga, sino una inversión en capital humano.

El imperativo socialdemócrata radica en desmontar el espejismo de las bajadas fiscales universales: un señuelo que enriquece a los ricos mientras desguaza el escudo protector de la mayoría. Como advierte Amartya Sen en Desarrollo y libertad (1999), la verdadera prosperidad reside en capacidades ampliadas, no en exenciones elitistas. España debe reafirmar su compromiso con una fiscalidad justa y equitativa, restaurando presupuestos en emergencias, salud y educación para forjar una sociedad no solo próspera, sino justa y resiliente ante las tormentas —climáticas y económicas— que nos acechan. Solo así garantizaremos un contrato social en el que nadie quede atrás.

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Marta Trenzano es politóloga y diputada del PSOE por València.

La publicación, el 25 de julio, por la Cadena SER de un audio en el que se desmiente categóricamente cualquier implicación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el rescate financiero de Air Europa durante la pandemia, constituye un punto de inflexión en el análisis de la dinámica política actual en nuestro país. En este audio, Víctor de Aldama asegura que las acusaciones contra Gómez son “falsas” y denuncia la irresponsabilidad de ciertos sectores mediáticos que “se inventan cosas porque saben que no tienen consecuencias”.

Este testimonio no sólo refuta una narrativa construida con intencionalidad política, sino que revela un patrón estructural en la estrategia del Partido Popular: la instrumentalización de la difamación y la judicialización de la política como sustitutos de un proyecto político sustantivo. Un caso paradigmático de la degradación democrática que practica la derecha con el único fin de erosionar al Gobierno de Pedro Sánchez.

En el marco de la teoría política contemporánea, el concepto de “antipolítica” describe la sustitución del debate programático por tácticas de confrontación que buscan deslegitimar al adversario sin ofrecer alternativas viables (Mair, 2014). El PP, bajo el liderazgo de Feijóo, ha abrazado esta lógica con una intensidad preocupante. En el caso de Begoña Gómez, el PP construyó una narrativa acusatoria que no solo carecía de evidencia, sino que contravenía el principio de presunción de inocencia, pilar del Estado de derecho. La ausencia de rectificaciones a la luz de los nuevos testimonios evidencia un cálculo político deliberado: la verdad es secundaria frente al impacto comunicativo de la difamación. El PP no busca esclarecer, sino polarizar, erosionando la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

El rescate de Air Europa, aprobado en 2020, es un ejemplo de intervención estatal orientada al interés general. La operación, gestionada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), consistió en un préstamo de 475 millones de euros, devuelto íntegramente por la compañía. Este proceso, auditado exhaustivamente, tuvo como objetivo preservar más de 50.000 empleos en un sector estratégico durante la crisis sanitaria. Contrasta esta operación con el rescate bancario impulsado por el PP entre 2008 y 2012. Según el Banco de España, el Estado inyectó 54.353 millones de euros en entidades financieras, de los cuales 49.876 millones no han sido recuperados. Este rescate, caracterizado por una opacidad significativa y una ausencia de mecanismos robustos de rendición de cuentas, benefició principalmente a las élites financieras, sin generar un impacto tangible en el bienestar colectivo. Desde la teoría de la gobernanza pública (Rhodes, 1997), el caso Air Europa refleja un modelo de intervención estatal basado en la transparencia y la responsabilidad fiscal, mientras que el rescate bancario del PP ilustra una captura del Estado por intereses privados, una práctica que el PSOE ha evitado escrupulosamente.

La investigación liderada por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez constituye un ejemplo paradigmático de lo que la literatura jurídica denomina “investigación prospectiva”, explícitamente prohibida por el Tribunal Supremo. Peinado ha explorado aspectos irrelevantes de la vida profesional de Gómez basándose en denuncias de organizaciones como Manos Limpias, cuya legitimidad ha sido cuestionada por su historial de querellas infundadas. La Audiencia Provincial de Madrid ha corregido reiteradamente a Peinado, ordenándole limitar su investigación y descartar líneas, como la del rescate de Air Europa, por falta de fundamento. El Tribunal Supremo, por su parte, desestimó sus intentos de implicar al ministro Félix Bolaños, calificando sus argumentos como “hipótesis sin sustento”.

Esta judicialización selectiva refleja una estrategia dañina, donde el poder judicial es instrumentalizado para fines políticos. La connivencia implícita entre ciertos sectores judiciales y el PP no solo compromete la imparcialidad de la justicia, sino que debilita la confianza ciudadana en las instituciones, un pilar esencial de la democracia liberal.

Por contra, la praxis política del PSOE se alinea con los principios de la democracia deliberativa (Habermas, 1996), que privilegia el diálogo racional y la rendición de cuentas. Ante las irregularidades del caso Koldo, el presidente Pedro Sánchez asumió la responsabilidad política, ofreció disculpas públicas, ordenó una auditoría externa de las cuentas del partido y armó una batería de medidas para cercar la corrupción y los comportamientos machistas. Esta respuesta contrasta con la opacidad del PP, que acumula 30 casos de corrupción pendientes, desde la trama Gürtel hasta la gestión de la DANA en Valencia, que dejó 228 víctimas mortales y evidenció una negligencia estructural.

Mientras el PSOE prioriza la transparencia y el fortalecimiento institucional, el PP recurre a la difamación, porque carece de un proyecto político coherente. Su estrategia se reduce a la polarización y la judicialización. Esta concepción de la política, que sustituye la deliberación por el conflicto, representa una amenaza existencial para la democracia española.

El caso de Begoña Gómez no es un episodio aislado, sino un síntoma de una crisis más profunda en la política. Al priorizar la difamación sobre el debate de ideas, el PP no solo renuncia a su responsabilidad como oposición, sino que socava los fundamentos de la democracia. El PSOE, por el contrario, defiende una política basada en hechos, transparencia y respeto al Estado de derecho. La política española merece un debate elevado, orientado al interés general y anclado en los principios democráticos. El PSOE está comprometido con ello; el PP, lamentablemente, ha optado por todo lo contrario.

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Marta Trenzano es politóloga y diputada del PSOE por València.

En el marco de las democracias contemporáneas, España se enfrenta a una situación preocupante: una creciente desconfianza hacia el Estado y sus instituciones, alimentada por un relato sostenido por sectores ultraderechistas, influencers y pseudoperiodistas cuyo alcance es, además, exponencial en redes sociales. Esta corriente difunde una narrativa que equipara a los políticos y al Estado con la corrupción y la ineficacia. Frases como “todos los políticos son iguales” o “solo el pueblo salva al pueblo” no son coincidencia ni simples reclamos espontáneos de frustración social. Son parte de una estrategia cuidadosamente construida para socavar los cimientos de la legitimidad democrática, fomentando una percepción de caos y de rechazo hacia las instituciones estatales. Este fenómeno es, en realidad, una amenaza que mina no solo la cohesión social, sino el respeto a la función pública y a los principios democráticos fundamentales. La historia y el pensamiento político nos enseñan que la ciudadanía informada y activa es el único antídoto ante este deterioro.

A lo largo del siglo XX, autores como Noam Chomsky nos han advertido sobre el peligro de la manipulación mediática como herramienta para moldear la opinión pública. La “manufactura del consenso”, en palabras de Chomsky, describe cómo ciertos sectores económicos y políticos concentran el poder informativo para influir en la opinión pública, llegando incluso a construir percepciones y crisis que alejan a los ciudadanos de una crítica racional y propositiva. En la España actual, esta manufactura toma la forma de campañas de desinformación en redes sociales y medios que, en lugar de promover la reflexión y el análisis, pretenden enardecer a la ciudadanía, mostrándole una versión sesgada y alarmista de la realidad. Este fenómeno, claramente calculado, es particularmente nocivo cuando se difunde de forma masiva en el contexto de crisis políticas y sociales, como la reciente respuesta estatal ante la dana en Valencia. En lugar de evaluar la eficiencia de los mecanismos de protección y reconstrucción pública, se busca desprestigiar toda la estructura institucional sin análisis.

El Estado, entendido en su forma moderna, es el garante de derechos y de igualdad social. Y es en situaciones de emergencia, como la reciente catástrofe climática en Valencia, cuando el valor de la acción estatal se vuelve evidente. Las instituciones públicas desempeñan un papel central en la coordinación de recursos, la planificación de respuestas y el apoyo a los afectados, algo que ninguna iniciativa privada o comunitaria podría hacer en igual medida y con la misma efectividad. En estos momentos críticos, el Estado demuestra ser la herramienta fundamental que la ciudadanía tiene para organizarse y enfrentar retos comunes. Atribuirle al Estado, o a quienes le representan, una imagen de ineficacia generalizada no es solo injusto, sino peligroso. Aquí, la función pública debería ser defendida como un logro social que ha costado siglos consolidar.

Autores como Hannah Arendt han subrayado la importancia del “espacio público”, ese lugar seguro que las instituciones democráticas brindan a las personas para desarrollarse y enfrentar los desafíos sociales en un marco de seguridad y previsibilidad.

En cambio, el discurso ultraderechista que hoy penetra en amplios sectores de la sociedad adopta una postura polarizante, simplista y con una retórica peligrosamente efectiva: “nosotros, el pueblo”, frente a “ellos, los políticos”. Bajo este planteamiento, se desvirtúa el contrato social y se presenta al Estado como un enemigo a vencer, obviando la complejidad de sus funciones y la importancia de la pluralidad política. Los efectos son devastadores. Rousseau nos enseñó que la ciudadanía no es solo una condición pasiva, sino que debe asumirse en plenitud, participando y exigiendo, pero también respetando los mecanismos democráticos. El relato de “el pueblo contra el Estado” diluye esta visión, sustituyéndola por una concepción falsa y peligrosa de libertad, en la que la institucionalidad pierde valor y la democracia misma queda desprotegida.

No obstante, el problema es aún más profundo cuando consideramos que la desinformación y los eslóganes radicales ya no son exclusivos de una minoría, sino que llegan, con fuerza, a una mayoría en las redes. La ciudadanía está, en muchas ocasiones, privada de una información veraz y equilibrada, expuesta a una sobrecarga de contenido que obstaculiza el discernimiento y favorece el eco de opiniones polarizadas. Zeynep Tufekci, experta en sociología digital, ha advertido cómo los movimientos sociales pueden aprovecharse de las frustraciones individuales y colectivas para canalizar la energía de la ciudadanía contra sus propios intereses, en vez de promover soluciones efectivas. En el caso español, las redes sociales se han convertido en el campo de batalla ideal para sectores que pretenden, precisamente, debilitar la credibilidad institucional y fomentar el descontento sin proponer alternativas viables.

El resultado de esta estrategia no es solo una ciudadanía desinformada, sino un colectivo social que ha renunciado a su condición de ciudadanía crítica y activa. Cada vez son más las personas que, expuestas a la desinformación continua, caen en la trampa de la indiferencia política, repitiendo sin reflexión que “da igual quién gobierne” y que “todos son iguales”. Esta indiferencia no es inocua: al dejarse seducir por esta narrativa, los ciudadanos abandonan una postura activa y vigilante, convirtiéndose en espectadores pasivos de la política. En palabras de John Dewey, la democracia es un proceso de educación continua, y una sociedad que se despreocupa de los hechos y se desentiende de su rol participativo no es sino un terreno fértil para la autocracia y la violencia.

De hecho, ya estamos presenciando cómo esta desafección se traduce en actos de violencia y en un clima de tensión constante en las calles. La polarización y la falta de compromiso ciudadano han incrementado la posibilidad de revueltas, exacerbadas por quienes encuentran en la desestabilización una oportunidad para sus propios intereses. Si permitimos que esta tendencia continúe, ¿qué futuro le espera a nuestra democracia? ¿Qué nos queda si eliminamos el respeto a las instituciones, a los mecanismos de representación y al derecho a disentir en un marco de paz?

Es crucial, pues, reivindicar la buena política y el papel de las instituciones democráticas como elementos esenciales de la vida en sociedad. La política no debe entenderse como un campo minado de intereses individuales, sino como un espacio en el que los intereses colectivos se representan y defienden. El “todos son iguales” es una simplificación que traiciona la esencia de la democracia misma, y quienes alientan este discurso sin escrúpulos, están lejos de pretender un cambio beneficioso. Hoy más que nunca, necesitamos recordar que las instituciones públicas, los representantes políticos y el Estado de derecho son nuestras herramientas más valiosas para construir una sociedad justa, equitativa y solidaria. La democracia es el único camino viable para alcanzar este ideal, y socavar sus instituciones es atentar contra el bien común.

Finalizo con una invitación: como ciudadanos, debemos comprometernos a informarnos, a participar y a defender nuestras instituciones de quienes buscan su deterioro. No debemos caer en la indiferencia ni ceder a la tentación de los atajos simplistas que nos ofrecen. La ciudadanía comprometida es el baluarte de la democracia. Dejemos de repetir consignas que no responden a la realidad y valoremos la complejidad de la política y del Estado, pues en esa valoración reside nuestra mejor defensa.

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Marta Trenzano es politóloga y diputada del PSOE por València.