Tardó poco Abascal en salir en tromba contra la regularización de 500.000 personas, prometiendo devolverlas a sus países si llega al gobierno y acusando a Sánchez de pretender reemplazar a los españoles por población extranjera. Según el líder de Vox, se trata de una “invasión” promovida por un presidente “tirano que odia al pueblo español”.

La utilización del miedo no es nueva. Lo hizo Hitler en la Alemania nazi contra judíos y gentes de izquierda, para conseguir sus objetivos en un país con miles de desempleados que no dudaron en ponerse los uniformes de las SA y salir a cazar a los adversarios del régimen. Y los que no apoyaban a los nazis miraron para otro lado. El trumpismo, el bolsonarismo, Orbán o Le Pen hacen lo mismo. Desde la Antigüedad, el miedo es un efectivo instrumento de control político y religioso. Putin lo utiliza como herramienta de poder y autoridad, al igual que China o Irán con sus poblaciones, mientras que Netanyahu, bajo la falsa promesa de seguridad, sigue masacrando al pueblo palestino.

La eficaz propaganda nazi de Goebbels es el espejo donde hoy se miran las corrientes neofacistas. La difusión de información engañosa, con las redes sociales como principal plataforma, se ha convertido en su modus vivendi para influir en la opinión pública y ganar seguidores y elecciones. Mentir, difamar o acosar es ya práctica habitual, parte de una estrategia que basa su fuerza en la teoría del chivo expiatorio. Al igual que la Alemania nazi apuntó injustamente al pueblo judío como origen de sus males, ahora “la culpa es de los moros”. La crisis económica alemana de 1923 se debió a las enormes deudas heredadas de la Primera Guerra Mundial y a las costosas reparaciones que impuso el Tratado de Versailles, pero Hitler supo proyectar sobre los judíos la frustración y el miedo de un país en quiebra.

La extrema derecha utiliza ahora la situación de precariedad y vulnerabilidad social que viven millones de personas en el continente para buscar un culpable. El engranaje psicosocial del chivo expiatorio enfila a los musulmanes como el enemigo, apelando a sentimientos profundos como el patriotismo y el odio. Todo esto queda en el imaginario de grandes capas de la población, condicionando sus percepciones y justificando la inquina y el racismo.

La internacional ultraderechista, con Trump a la cabeza, ha creado un enemigo procedente del extranjero y de piel oscura, que amenaza la identidad nacional y los valores centenarios. La nueva Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense intensifica ampliamente la persecución y deportación de personas migrantes. A lomos de los desalmados agentes del ICE, el miedo recorre las calles del país.

En España, Vox y PP, enfrascados en una guerra electoralista para ver quién es más xenófobo, con los populares muy preocupados porque el voto joven de derechas se les escapa hacia los ultras, criminalizan a magrebíes y subsaharianos, haciéndoles responsables de una gran invasión que pretende acabar con la cultura occidental. La ultraderecha sabe jugar sus cartas: transforma el miedo en odio contra un supuesto enemigo. El miedo es su poder.

El hecho de que la población extranjera que vive y trabaja en España sea uno de los pilares del Estado de bienestar, que esté impulsando la demografía de una sociedad envejecida o que sea uno de los motores de la economía y factor que sostiene el sistema de pensiones son elementos que deberían desmontar el discurso xenófobo de la ultraderecha. Y Sánchez va a hacer lo que ya hicieron Aznar y Zapatero en su momento, una regularización masiva que es positiva para el país y para los propios inmigrantes: al legalizar su situación dejan de ser un blanco fácil para las mafias que les explotan laboralmente, y pasan a contribuir a la financiación de los grandes gastos sociales.

El éxito de los neofascistas es que han conseguido que la ciudadanía vote contra lo que perciben como el enemigo que ellos han sido capaces de construir. La creación del chivo expiatorio les permite canalizar el descontento hacia inmigrantes y minorías, y movilizar a una parte importante de la sociedad a través de la polarización y con el ofrecimiento al elector de un espacio político donde podrá defenderse del invasor. Torre Pacheco es un buen ejemplo.

Feijóo, muy alarmado por la fuga de votos a Vox –se ha vuelto a ver en Aragón–, criticó la regularización: “Es un reparto de papeletas, en vez de un reparto de papeles". Él sabe que los regularizados no podrán votar en las próximas generales ni municipales de 2027, finalmente tuvo que admitirlo su vicesecretaria de Inmigración, Alma Ezcurra, pero siembra la duda al afirmar que el Gobierno persigue alterar el censo electoral. Una vez más, se impone la narrativa del miedo ante el enemigo extranjero. El relato es igual en Estados Unidos, donde Trump afirma que los inmigrantes irregulares votan en masa, y ya ha amenazado con desplegar al ICE en las midterm de noviembre, donde se juega gran parte de su futuro político con las encuestas en contra.

El liderato nacional en xenofobia y racismo lo tiene Vox y, por muchos esfuerzos que haga el PP, no le va a desbancar. El partido ultra se presenta como el único capaz de garantizar seguridad y ofrecer protección ante las amenazas que ellos mismos denuncian. Su discurso antisistema es su gran baza ante el bipartidismo, asistido por un potente mensaje nacionalista que defiende las tradiciones y el sentido patriótico frente a la globalización.

La teoría del Gran Reemplazo, una de las grandes falsedades que la derecha esgrime, es una supuesta conspiración para relevar la población blanca y cristiana de Occidente por musulmanes y negros. Según Abascal, el presidente Sánchez ha decidido “sustituir” al pueblo español, mientras que Ayuso ha defendido en no pocas ocasiones la “civilización occidental” y sus raíces católicas.

A pesar de que el nazismo fue derrotado tras la Segunda Guerra Mundial, Europa no ha aprendido la lección. La normalización del racismo vive momentos de expansión y canaliza el odio hacia la población migrante sin tapujos. La historia del continente es la crónica de una gran migración desde tiempos prehistóricos, y en la mayoría de los casos los desplazamientos se producen huyendo de la miseria. Nadie abandona su hogar si no es por extrema necesidad.

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Daniel Leguina Casas es responsable de Comunicación de Fundación Alternativas.

Este martes 21 de octubre se cumple el tercer aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, impulsada por el Gobierno de coalición en sustitución de la Ley de Memoria Histórica de 2007. En estos tres años, la normativa ha sufrido distintos reveses con la irrupción de la extrema derecha en autonomías y municipios, en el marco de los gobiernos del PP. Las iniciativas memorialistas, cuyo objetivo es cimentar sociedades más integradas, diversas y libres, están siendo amenazadas por el fanatismo que promueven los que buscan destruir los consensos.

La memoria es un elemento que se apoya en el civismo y en la cultura de la democracia, buscando un futuro distinto para un país que ha estado demasiados años mirando para otro lado en lo que respecta a las víctimas de la Guerra Civil. En ningún caso debe entenderse como una conducta basada en la nostalgia. La sociedad española tiene derecho a saber la verdad. La ley otorga a las víctimas un necesario reconocimiento que cimenta el entendimiento de la historia reciente de España, de su pasado como base para un futuro en plena consciencia de lo que ocurrió, con muchas familias que aún desconocen el paradero de sus familiares ejecutados o exiliados.

Núñez Feijóo ha dicho, en su obsesión por frenar la sangría de votantes hacia Vox, que si llega a la Moncloa eliminará la Ley de Memoria Democrática –también la de amnistía, por cierto, otra de las normas que la extrema derecha más aborrece–. La memoria pretende rescatar lo que supuso la guerra y la dictadura franquista para el pueblo español, el alto precio que éste pagó y lo difícil que fue terminar con ella. Es preocupante que el PP siga todavía poniendo palos en las ruedas a esta normativa, condicionado por unos ultras que cuando han entrado en los gobiernos autonómicos han exigido su derogación como primera medida. En Italia, Alemania o Francia sería inconcebible que la derecha tradicional y democrática impidiera que la gente supiera lo que significó la lucha contra los fascismos europeos; o que existiera una fundación dedicada a un dictador como Francisco Franco.

Las últimas encuestas muestran que la formación de Feijóo hace aguas ante el miedo que le genera la pérdida de más de un millón de votos en dirección a Vox, debido al grave error de abrazarse a las mismas políticas xenófobas y reaccionarias. Algunos dirigentes populares expresan en privado su inquietud ante las próximas citas electorales –el ciclo arranca en Castilla y León en marzo– y su malestar con Génova por seguir al dictado el discurso de los de Abascal.

La memoria democrática ha de tener un objetivo pedagógico. Desgraciadamente, sorprende la profunda desmemoria sobre la historia de España en los centros docentes. No son pocos los profesores y alumnos que afirman que los contenidos que se imparten hablan sobre todo de la Guerra Civil, mientras la trágica posguerra queda en el limbo del olvido.

Este recurrente olvido en las escuelas ha generado décadas de amnesia en generaciones que han llegado a su edad adulta sin saber, con rigor y concisión, lo que supuso la dictadura, su terrible represión y la oposición al franquismo que se originó dentro y fuera de España. Los manuales han ignorado o falseado aquel periodo, y los alumnos han pasado de puntillas por él.

La memoria no es revanchismo ni reabrir viejas heridas, como dicen algunos interesados en eludir el pasado, pero el hecho de promover el desconocimiento podría parecer o, al menos, acercarse mucho, a un ejercicio de manipulación política y mediática auspiciado por el franquismo sociológico que perdura a día de hoy en la sociedad española, cincuenta años después de la muerte del dictador. 

Este franquismo sociológico lleva todo ese tiempo lanzando el mensaje de que la República fue culpable del golpe de Estado, y que la Guerra Civil fue un enfrentamiento entre hermanos con una responsabilidad por igual para ambos bandos. Muerto el dictador, tanto unos como otros hicieron lo posible por enterrar el legado republicano y la barbarie franquista con el objetivo de asentar la democracia, mientras que la Ley de Amnistía (1977), desgraciadamente, sirvió para dejar impunes los crímenes de la dictadura. Como bien dice el catedrático de Educación Enrique J. Díez-Gutiérrez, “mientras que otras democracias, como la italiana o la francesa, se fundaron sobre el paradigma del antifascismo, la española lo hizo sobre el de la superación del pasado”.

En estos momentos, el gran desafío es tener la valentía suficiente para acometer con franqueza, tanto en aulas como en libros de texto, la incorporación de la memoria democrática como componente fundamental del aprendizaje en la educación obligatoria y en etapas posteriores, toda vez que la LOMLOE la introduce en el currículo educativo nacional. Esto, a pesar del torpedeo permanente que la normativa viene sufriendo en las autonomías donde gobierna la derecha, y en las que la ultraderecha pretende negar la dictadura a través de su esperpéntica ley de concordia.   

La no repetición de un pasado traumático, en un momento crítico en Europa con el auge del neofascismo, depende de la educación y de un planteamiento audaz que proponga una batalla cultural sin complejos para evolucionar hacia una sociedad más tolerante e inclusiva, desterrando ideas perniciosas aún hoy muy arraigadas, como la que lanzó hace no mucho Esperanza Aguirre en El País: “La dictadura fue mejor que la República”.  

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Daniel Leguina Casas es responsable de Comunicación de Fundación Alternativas.

Después de siete años en situación de calle, hace apenas seis meses que Naiara Nani Pérez, española de 40 años, tiene un techo en el madrileño barrio de Villaverde. Antes de terminar durmiendo al raso, estuvo cuidando de su madre, impedida por varios ictus, durante cinco años en la localidad toledana de Quismondo. Al fallecer su progenitora, su padrastro, un anciano de 81 años, le puso a Nani la condición de que se acostara con él para seguir viviendo en el domicilio. Ante su negativa la echó de casa, y no le quedó otra alternativa que irse a Madrid a buscarse la vida y deambular por la zona de Oporto.

Allí conoció a un grupo de indigentes con los que se sentía “más segura que en el centro de la ciudad, donde hay bandas y es más peligroso moverse; nos cuidábamos unos a otros”. Entre ellos estaba Jimmy, quien hoy es su pareja desde hace dos años y con el que vive en un piso compartido junto a una tercera persona —un búlgaro apodado Toni— gracias al apoyo de la Fundación Atenea, organización que, junto al Samur Social, les sacó de la calle y les hizo las gestiones necesarias para entrar al piso y que Nani pueda cobrar una prestación de 658,81 euros del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una ayuda que, confiesa, “desconocía hasta que los trabajadores sociales me hablaron de ella”. Con esto y con lo que cobra Jimmy por desempleo van tirando, con el propósito de “independizarnos y ser autónomos en un futuro”. 

Nani es una de las 2.050.000 personas, repartidas en 674.000 hogares, que, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, son beneficiarias del IMV en España, cuando se cumple este mayo el quinto aniversario de la norma que el Gobierno introdujo por decreto debido a la situación de emergencia provocada por la pandemia. El pasado diciembre se cumplieron tres años de la consolidación de la ley (20-12-2021) que estableció esta prestación, que pretende prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de personas —solas o integradas en una unidad de convivencia— sin recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas.

En su momento, la medida generó una importante controversia, y ahora es un tema recurrente en el debate político: algunas voces sostienen que esta ayuda, denominada peyorativamente “paguita”, desincentiva a la gente que la recibe a trabajar. Para Nani, “los que critican el IMV tendrían que vivir en la calle y verse sin nada, y a ver cómo salen de ahí; más de uno te aseguro que no sale vivo, yo he visto morir gente en la calle sin ningún tipo de recurso”. 

Esta mujer madrileña, nacida y crecida en Embajadores, empezó a trabajar a los 18 años, y ha hecho un poco de todo: en un McDonald’s, de limpiadora o cuidando niños y personas mayores. “Mi último trabajo fue en Torremolinos de relaciones públicas para fiestas en yates”, relata. Pero la vida en la ciudad malagueña se tornó en infierno debido al maltrato físico y psicológico que le infligía su entonces pareja. De una paliza acabó en el hospital y, como las desgracias no suelen llegar solas, allí le comunicaron que estaba embarazada y que había perdido a sus gemelos. “Me afectó mucho, pero no sé qué hubiera sido de esos críos con un padre maltratador”, admite. 

Según Sara Fernández, educadora social en el programa Housing Led del Ayuntamiento de Madrid, que proporciona alojamiento y acompañamiento a personas sin hogar, el IMV es únicamente adecuado para “cubrir las necesidades básicas”. Su función principal es iniciar el camino para salir de la exclusión y poder acceder a trámites y gestiones que se quedan paralizados por no tener ingresos económicos, como la renovación del documento de identidad, cargas de teléfono móvil para mantener el contacto con la red de apoyo, búsqueda de trabajo y recursos, y compra de alimentos y productos de primera necesidad. Más allá de estas tesituras, la prestación es “un apoyo escaso y no una protección real” para poder realizar “una vida normalizada sin la ayuda de un recurso de atención social, pagando alquiler, colegio u otro tipo de contratos sociales”, aclara Fernández.

La burocracia es una de las principales barreras a las que se enfrentan los posibles beneficiarios de la prestación. Al dilatado tiempo de espera tras realizar la solicitud, se unen aspectos como el necesario seguimiento del proceso, que se vuelve dificultoso para las personas sin recursos o en situación de exclusión, así como los tiempos de respuesta al requerimiento, que, al ser muy cortos, no otorgan el margen adecuado para que las personas sean localizadas con tiempo suficiente para responder al aviso, sobre todo las que no tienen un domicilio fijo o carecen de teléfono, perdiendo así el proceso de solicitud iniciado y debiendo comenzar de nuevo. “Incluso teniendo el respaldo de un recurso de intervención que trabaja con la persona, los procedimientos son muy dificultosos de cumplir”, revela Fernández, que denuncia asimismo la “imposibilidad de conseguir cita en las oficinas del INSS donde se tramita la prestación, entre otras muchas gestiones”.

Alfonso Sito Giráldez, español de 31 años, lleva casi dos años percibiendo el IMV. Su padre murió cuando apenas tenía ocho meses y, con una madre ausente por varias condenas por robos y tráfico de drogas, quedó a cargo de su abuela. Fue ella quien solicitó su pensión de orfandad, que cobró hasta los 26 años. Al fallecer la anciana, sus tías le echaron de casa “y se quedaron con todo”, lamenta, por lo que terminó viviendo en la calle: “He dormido hasta en el aeropuerto”. Gracias a la Fundación Atenea, donde reside desde hace dos años, su situación ha “cambiado mucho” y goza de una estabilidad que no había experimentado nunca: “Se han volcado y han confiado en mí, pero yo también puse de mi parte para salir de la calle, que es algo muy complicado y me costó mucho, porque nadie te lo pone fácil”.

Su condición de transexual le ha originado “situaciones violentas de homofobia” al realizar trámites administrativos ante funcionarios que han optado por llamarle por su antiguo nombre, que sigue siendo el que figura en su documentación, “a pesar de insistir en ser llamado Alfonso”. Empero, esos episodios “desagradables” son ya parte del pasado y se encuentra ahora en “el proceso, con la trabajadora social y la psicóloga, de cambiar mis datos de una vez y recibir un carné de identidad con mi nombre masculino”.

Sito explica que la prestación sólo le cubre “la alimentación e ir ahorrando un pequeño colchón para el futuro”. Tras muchos meses acudiendo al taller de búsqueda de empleo, acaba de encontrar un puesto en una unidad distrital del Ayuntamiento de Madrid, donde hace labores de acompañamiento. “No voy a necesitar más la paga y espero poder cumplir pronto el sueño de irme a vivir con mi pareja”, sentencia.

Según el ‘Informe Arope sobre el estado de la pobreza en España’, en 2024 “el 26,5% de la población española -unos 12,7 millones- se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, aumentando el número en 240.000 personas respecto a 2023, lo que significa una subida del 0,5%”. La realidad es que muchas personas no llegan a fin de mes, ahogadas por los elevados alquileres, los bajos salarios y el aumento general del coste de la vida, y obligadas a verse en “situaciones habitacionales no elegidas para poder tener una vida medianamente estable, o a mantener relaciones no deseadas para poder pagar un alojamiento”, expone Fernández.

La factura de la pandemia fue elevada. La economía española bascula en gran medida sobre el turismo y la hostelería, y en el momento en que el confinamiento cerró ese grifo, muchas personas se acercaron peligrosamente al abismo de la pobreza. El coronavirus enseñó las costuras de un sistema mal preparado para atender a los más desfavorecidos, con recursos como albergues y comedores altamente masificados, teniendo algunos incluso que cerrar. 

No obstante, Ana Vilar, vocal del Consejo General del Trabajo Social, destaca “la solidaridad y el trabajo colaborativo” de aquellos meses desesperados para reparar “los graves daños sociales que se incrementaban a medida que la incertidumbre avanzaba”. Pero ahora, cinco años después, el IMV presenta “márgenes de mejora en sus niveles de cobertura, tramitación, gestión y cuantías”. En este sentido, Vilar demanda la puesta en marcha de “pasarelas reales con el servicio de empleo” para que los beneficiarios “tengan prioridad y acceso directo” a ofertas de trabajo y formativas para alcanzar la inclusión sociolaboral, así como “medidas complementarias” dirigidas al pago de suministros, alojamiento, comedores escolares o escuelas infantiles, y la incorporación de trabajadores en la Seguridad Social para “realizar los acompañamientos y seguimientos necesarios del proceso”.

El fin último del IMV, presente en la mayoría de los países europeos, es que el beneficiario pueda incorporarse al mercado laboral, pero Vilar puntualiza que “no es lo mismo depender temporalmente de 600 euros mensuales que mantener esta cuantía en el tiempo”, que resultaría en ese caso “claramente insuficiente”, y apunta a las personas con mayores “dificultades de acceso” a las nuevas tecnologías, o que se encuentran en “entornos más aislados” para acceder a los servicios o recibir información, así como a las personas de mayor edad, donde “existe una brecha digital evidente”, como los colectivos con mayores obstáculos para conseguir la prestación. En este contexto, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza avisa que cuatro de cada diez posibles favorecidos desconocen la existencia del IMV.

Rosario Fortunata Ruiz (59 años) llegó de su país, Perú, en 2019. Encontró trabajo como cuidadora de ancianos y se iba manteniendo con lo que ganaba en negro, pero con la pandemia todo se fue al traste, al punto de quedar en situación de calle. Desde abril del pasado año cobra el IMV, y ahora vive en un piso de la Fundación Atenea con otras dos mujeres. La ayuda que percibe (658,81 euros) no le llega para costearse una habitación en un piso compartido, que ronda los 500 euros, y cubrir el resto de necesidades básicas. Mientras espera que le concedan la residencia para poder trabajar legalmente, con el IMV se paga la comida y ayuda a su hija y a su nieta, que viven de alquiler y “apenas llegan a fin de mes”. Su meta es ser “independiente” cuando le den los papeles, aunque se muestra desanimada: “Son tiempos malos”. 

En su informe ‘El Ingreso Mínimo Vital, impulso político para la protección de los más vulnerables’, el sociólogo Pau-Mari Klose, ex alto comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, indica que la norma ha mejorado “sustancialmente” la protección de los más necesitados en los últimos años, pero el marco jurídico presenta lagunas que niegan el derecho a “ciertos colectivos que no han sido reconocidos como merecedores de la ayuda: jóvenes e inmigrantes recientes o en situación irregular”, existiendo también un “alto número de solicitudes rechazadas” y segmentos poblacionales que “teniendo derecho a la ayuda, no la solicitan”.

En abril de 2024, el Ministerio de Inclusión, con el apoyo de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES), publicó el estudio ‘Información y apoyo para el acceso al IMV’, que concluía la necesidad de mejorar el acceso a la información -que debe ofrecerse de manera directa y presencial-, y reforzar el acompañamiento a los beneficiaros, para así aumentar el número de solicitudes.

Teresa López, directora de la Fundación Atenea, aplaude el IMV porque consigue algo muy importante: “Mantener a las personas más vulnerables en un nivel de pobreza moderada; sin esa ayuda, su situación caería hasta los niveles de pobreza severa o extrema. Es un logro muy significativo que no sólo mejora a los que perciben la prestación, sino que, con ello, se mejora la situación de toda la sociedad”. No obstante, López habla de “insuficiencia” a la hora de “pagar un techo bajo el que vivir de manera autónoma”, aunque también puede ser insuficiente “el propio Salario Mínimo Interprofesional”.

López reclama otras medidas que complementen el IMV, siendo la “no siempre bien valorada sanidad pública universal una de ellas”, pero lo que realmente “nos falta es un parque suficiente de vivienda pública asequible y ayudas adicionales para las personas con especiales dificultades económicas”.

Los programas para personas en situación de exclusión residencial abarcan modelos y metodologías diversas, siempre en función de las necesidades de los usuarios: desde la gestión tradicional de albergues municipales hasta los llamados centros de alta tolerancia, o la gestión que en Madrid lleva a cabo Atenea -junto con la Asociación Realidades y el Consistorio- del programa Housing Led, que tiene 52 pisos y algunas plazas en pensiones. Los proyectos cuentan con profesionales especializados -Trabajo Social, Educación Social, Psicología, Orientación Laboral, Atención Sanitaria- para ofrecer a las personas no sólo un techo, sino un acompañamiento en su camino hacia una vida autónoma, donde el IMV juega un papel esencial.

Entre los diversos perfiles de usuarios de estos programas, destaca el de un hombre solo, joven o de mediana edad, y en ocasiones con la salud deteriorada por una mezcla de años sin hogar, aislamiento y desesperanza, a lo que a veces se añade algún tipo de consumo problemático de sustancias. También predominan los jóvenes de ambos sexos que, por diversos problemas en casa, se han visto finalmente en la calle. “Cuando imaginamos a una persona sin hogar, tendemos a visualizar una imagen muy concreta, almacenada en nuestro imaginario colectivo. Nos cuesta mucho ver que puede ser uno de nuestros hijos, pero es algo que está ocurriendo cada vez con mayor frecuencia”, concluye López.

Desde la Transición, el recuerdo de la Segunda República (1931-1939) se ha mantenido a flote a pesar de los vaivenes de unos y otros. Existe un republicanismo social en la calle que, en cierto modo, ha hecho de contrapeso al franquismo sociológico tan arraigado en la sociedad española, y el legado republicano, en mayor o menor medida, ha resistido desde la muerte del dictador a pesar del letargo en que algunos han intentado sumirlo.

Ni los gobiernos de Felipe González ni los de Aznar mostraron demasiado interés en evocar y reconstruir la herencia republicana. En 2001, con el PP en el poder, se cumplieron setenta años de la proclamación de la República, pero la efemérides pasó totalmente inadvertida. Con Zapatero sí se hicieron mayores esfuerzos con motivo del 75 aniversario (2006). Aquel Ejecutivo aprobó la Ley de Memoria Histórica (2007), que fue un momento decisivo para la reivindicación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, aunque la norma no fue capaz de satisfacer a todo el espectro social.  

La Segunda República española fue el primer proyecto real de instaurar un sistema democrático en España, con sufragio universal, enseñanza pública obligatoria y gratuita y libertad de expresión, culto y asociación. Significó la ruptura con la vieja arquitectura política que llevaba siglos lastrando al país, y que ni la Restauración ni el gobierno de Alfonso XIII supieron regenerar. Destaca la Ley de Reforma Agraria de 1932, implantada para solucionar el grave problema histórico del latifundismo que subyugaba a más de dos millones de campesinos a las órdenes de los propietarios de las tierras, sin apenas derechos y en condiciones miserables.

La política republicana se propuso combatir el analfabetismo con una importante reforma de la enseñanza y la creación de cerca de 10.000 escuelas; modernizar el Ejército; acometer progresos legislativos como la Ley de Divorcio; y establecer un Estado laico que delimitara claramente la relación entre el poder político y la Iglesia y sus competencias. La Constitución de 1931 dispuso la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la descentralización territorial y el reconocimiento de la soberanía popular. Pero el intento republicano de convertir a España en una democracia avanzada de corte occidental, con una gran ampliación de derechos civiles y sociales, y en un país moderno e industrializado, fue anulado por una encarnizada Guerra Civil que se decantó del lado franquista, en gran medida gracias al apoyo de las potencias fascistas de Hitler y Mussolini.

Antes de producirse el alzamiento militar, en el sector de la educación existía en España un gran número de maestros vinculados a la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza, organización perteneciente a la UGT, y a la Institución Libre de Enseñanza. También, en Cataluña, un movimiento llamado Renovación Pedagógica, así como una gran mayoría en todo el Estado compuesta por maestros anónimos que simpatizaban con el progresismo y el ideario de las izquierdas. Todo este conjunto docente fue drásticamente purgado.

Uno de los objetivos de los sublevados fue borrar la memoria del periodo republicano tras el golpe de Estado del 36. Durante la guerra, en la parte del país que quedó bajo dominio franquista se desmanteló la estructura de poder parlamentario, desmontando la legitimidad democrática: fueron destituidos los gobernadores civiles, los alcaldes y cualquier mecanismo de representación política republicana. Una vez concluida la contienda, el proceso de desmantelamiento del aparato político republicano se llevó a cabo en todo el Estado.

El franquismo se afanó en trastocar el curso que la historia de España venía siguiendo desde el siglo XIX, que había supuesto la confirmación –contradictoria e interrumpida en alguna ocasión– de un horizonte político constitucional y parlamentario, hasta confluir en la experiencia democrática republicana y la gradual hegemonía de una cultura liberal y moderna.

El republicanismo social y su movimiento político han generado un destacado interés en la historiografía. Durante el siglo XIX, los republicanos sentaron las bases de una ideología común como elemento de identificación y propaganda, asegurando la transmisión de la memoria cultural republicana, hasta su eclosión en los años treinta del siglo pasado. El franquismo, empero, se encargó de proyectar una imagen negativa del republicanismo en España, en libros y publicaciones, mientras los exiliados luchaban por mantener viva la llama.

Las dos experiencias republicanas acabaron en tragedia. En la sociedad española subyace un sentimiento monárquico que, de alguna manera, ha lastrado la continuidad de los regímenes republicanos, gracias a la arraigada tradición representada por la Iglesia y el Ejército. No obstante, diferentes encuestas afirman en la actualidad que una consulta sobre el modelo de Estado daría ventaja a la alternativa republicana. Sobre este punto, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) lleva desde 2015 sin evaluar el papel de la Corona, tras suspender entonces con un 4,3 a un Felipe VI arrastrado por los escándalos financieros de su padre.

Durante la Transición, la sociedad en su conjunto se orientó a construir un país democrático, evitando abrir el debate sobre la forma de Estado: existía el temor a que se convirtiera en un problema para la estabilidad política y social que el proyecto demandaba. La obra de la Segunda República quedó relegada y tuvo escasa presencia en la opinión pública, centrada en apuntalar la democracia.

Superada la Transición, la Ley de Memoria Histórica de Zapatero buscó reparar la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Pero un sector de la sociedad y de la política no vio esta norma con buenos ojos: percibían un sesgo que reconocía sólo a los vencidos, lo que generó inquinas y crispación. El gobierno de Mariano Rajoy, por su parte, fue reduciendo sus partidas presupuestarias, llegando a ignorarla por completo en su segunda legislatura. En la actualidad, la Ley de Memoria Democrática de 2022, impulsada por Pedro Sánchez, trata de alcanzar un consenso; sin embargo, en las comunidades donde gobierna el PP la derogan. Vox va más allá y propone las ‘leyes de concordia’ en contra de la Memoria Democrática, en un aberrante intento de equiparar la dictadura franquista con la democracia republicana.

Es posible que la Segunda República despertara esperanzas difíciles de satisfacer, pero la dictadura franquista manipuló, adulteró y tergiversó su historia democrática, reivindicando sólo la memoria de los vencedores. La historia consiste en recordar el pasado, pero también puede optar por el olvido. Por eso es importante la Memoria Democrática: las cunetas españolas alojan todavía miles de cadáveres olvidados.

La historiadora Ángeles Egido escribía en 2022: “Han pasado ya casi cincuenta años desde la muerte de Franco y aún una parte de la sociedad española y una parte de la clase política parecen incapaces de reconocer que ese tramo de nuestra historia, simplemente, no se contó, o, lo que es peor, se contó mal”.

Un análisis de las distintas posturas dentro de la izquierda socialista y de los nuevos partidos de izquierdas, así como de los nacionalismos, resultaría esclarecedor acerca de la pervivencia del talante republicano en sus bases, teniendo en cuenta que son estas formaciones las que tienen la posibilidad de plantear un referéndum en el futuro.

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Daniel Leguina es periodista, historiador y jefe de prensa de la Fundación Alternativas.

La Conferencia de Berlín reunió en 1885 a las potencias occidentales para repartirse África. Los europeos llevaban ya largo tiempo esquilmando el continente, pero el congreso en la ciudad alemana le dio al saqueo un carácter legal. España estuvo presente, pero con el imperio español en pleno declive –apenas le quedaban trece años para perder sus últimas posesiones ultramarinas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas– su peso internacional ya no era el de antaño y su intervención quedó limitada a actuar como testigo.

En Berlín no hubo representación de ningún país africano, pero tras el simposio se inició una carrera colonialista –liderada por británicos, franceses, belgas y alemanes– de expediciones científicas y militares para analizar sobre el terreno los rendimientos económicos y acantonar tropas que protegiesen y controlasen los nuevos territorios conquistados frente a otros competidores.   

Desde entonces, la depredación económica ha sido constante en África, dejando un continente asfixiado, sin pulso y sin margen para desarrollarse internamente, y con los niveles de corrupción, inseguridad y pobreza más elevados del planeta. Algo muy parecido ha ocurrido en América Latina. 

Con este escenario, no puede sorprender que en la actualidad lleguen a Europa cientos de miles de migrantes cada año huyendo de la miseria. Estos desheredados de la tierra ponen sus vidas en juego porque no tienen nada que perder: nadie se sube a una patera si no es por total desesperación. 

La globalización ultraliberal ha provocado un aumento generalizado de la desigualdad, con un enorme crecimiento de grandes fortunas y unas clases trabajadoras depauperadas que están viendo mermados sus niveles de renta. Esto no sólo ocurre en el Tercer Mundo, donde las oligarquías locales controlan los dividendos mientras la inmensa mayoría de la población vive en la pobreza: es una dinámica extendida a las sociedades occidentales, donde tanto migrantes como la mayor parte de los nacionales cada vez lo tiene más difícil para sobrevivir.   

Según el informe de Oxfam La ley del más rico, “desde 2020, el 1% más rico ha acaparado casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada en el mundo, casi el doble que el 99 % restante; la fortuna de los milmillonarios aumenta en 2.700 millones de dólares cada día, mientras que los salarios de al menos 1.700 millones de trabajadores, más que la población de India, crecen por debajo de lo que sube la inflación; en 2022, las empresas energéticas y de alimentación duplicaron con creces sus beneficios, distribuyendo 257.000 millones de dólares en dividendos a sus ricos accionistas, todo ello mientras más de 800 millones de personas se iban a la cama con hambre cada noche”.

Mientras la desigualdad y la pobreza aumentan, la necesidad de mano de obra extranjera crece en sociedades como la española. Aunque muchos no quieran reconocerlo, España precisa inmigrantes para mantener su tasa de beneficios: se han convertido en un componente fundamental en el engranaje capitalista y en el funcionamiento del Estado de bienestar. La migración, sobre todo la africana, con bajos índices de cualificación, ha desembarcado en el sector servicios (hostelería, transportes, comercio, mensajería), así como en la agricultura y la construcción. Además de económicas, las motivaciones para emigrar son, en su mayoría, políticas, medioambientales o por causa de las guerras. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, los españoles delinquen más que los extranjeros en términos absolutos: en 2023 el 72,3% de los condenados por delitos penales era de nacionalidad española. Asimismo, el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior aclara que el número de encarcelados extranjeros en prisiones españolas ha descendido un 35% en los últimos 15 años, al pasar de 27.162 en 2009, el máximo histórico, a 17.793 a finales de 2023, mientras que los reclusos españoles han caído un 20%. El ministerio cifra en 56.698 el total de internos en las prisiones, de los que 39.005 son españoles.

Los partidos de derecha y ultraderecha juegan al embuste con el ‘efecto llamada’ y la relación entre migración y delincuencia, con el objetivo de sembrar miedo en la sociedad. El miedo a la inmigración está en la agenda política y las redes sociales son la plataforma perfecta para propagarlo. En este contexto el rey es Trump, que azuza el rechazo al inmigrante siempre que tiene ocasión; y en España le secunda Vox, que rompió sus cinco coaliciones autonómicas con el PP porque los de Feijóo aceptaron repartir por la Península 400 menores migrantes llegados a Canarias. Los populares, empero, están asimilando el discurso de la ultraderecha por temor a la fuga de votos, y Feijóo llegó a pedir el apoyo a su partido en las pasadas elecciones catalanas para que los inmigrantes “no ocupen nuestros domicilios”. Por su parte, Jorge Buxadé, portavoz de Vox en continua campaña de bulos, declaró en abril de 2023: “La inmigración ilegal, por su propia denominación, es delincuencia”. 

El asesinato de un menor de once años en Mocejón (Toledo) fue utilizado por el ultra Alvise Pérez para relacionar, una vez más, inmigración con delincuencia, y criminalizar sin pruebas a personas extranjeras. En su campaña de manipulación, el agitador de bulos publicó en su canal de Telegram -más de 700.000 seguidores- que la llegada al pueblo de cincuenta africanos había desatado una ola de robos y violaciones y la muerte del menor. La investigación policial determinó, una vez más, que el asesino es español, vecino de Madrid y con vínculos familiares con el municipio. 

Las migraciones son fenómenos que se producen desde tiempos inmemoriales. Pero cuando los flujos de personas se impiden u obstaculizan, generalmente ocurren tragedias con muertos y heridos. Los desplazamientos son inevitables y a lo largo de la historia han adoptado distintas formas, pero si se llevan a cabo de manera ordenada y reglamentada todos podrían ganando: migrantes y países de origen y destino.  

Según el barómetro del CIS de febrero, los españoles sitúan la inmigración en el sexto puesto en el orden de problemas que tiene el país, por debajo de la vivienda, la economía, el desempleo o la inestabilidad política. Pero cuando la derecha agita el avispero con sermones xenófobos y fines electoralistas, la preocupación social por la inmigración se dispara.

La Conferencia del Berlín sirvió para instaurar un sistema legalizado de violencia sobre el continente africano. La arbitraria red de fronteras que allí se trazó para dividir los territorios mejoró la cooperación entre los europeos, pero espoleó gravemente las luchas tribales y los conflictos territoriales, dificultando el progreso económico y social hasta la actualidad. La explotación extranjera de los recursos africanos ha provocado una relación de dependencia con los colonizadores, que ha trazado la trayectoria de un continente cuyo futuro se vislumbra trágico con la irrupción en el tablero geopolítico de un país como China, que se ha lanzado a la conquista africana con importantes inversiones en infraestructuras y explotación de recursos. 

Rusia extiende también sus tentáculos sobre un territorio que sólo es visto como un gigantesco mercado por estas nuevas potencias, que únicamente buscan garantizarse el control de materias primas y rutas comerciales, mientras los africanos siguen pagando la desigualdad y la pobreza, y poniendo en riesgo sus vidas en el mar en busca de un futuro que, lamentablemente, nunca está garantizado. 

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Daniel Leguina es periodista, historiador y jefe de prensa de la Fundación Alternativas.

Todavía hoy, en pleno siglo XXI, hay quienes se empeñan en sepultar la historia de España. Son muchos los historiadores que han intentado presentar una identidad española desde un enfoque personal –y político– basado en una serie de dogmas e ideales que no corresponden a toda la sociedad, ni a la actual ni a la de hace décadas o siglos. 

Los elementos identitarios han sido buscados –y no sólo por historiadores– con ahínco para crear un contexto excluyente que proyectara una imagen de España con ancestrales raíces cristianas, pretendiendo minimizar el extenso periodo musulmán de al-Andalus (711-1492) o la enriquecedora presencia hebrea desde tiempos muy pretéritos. De esta forma, hay quien opina hoy en día que sus creencias y valores son los mismos que los de Don Pelayo o los Reyes Católicos, y deben incumbir a toda la sociedad actual. 

El periodo musulmán de al-Andalus ha sufrido un hondo rechazo desde hace siglos, pero la sociedad andalusí dejó un profundo legado en España que influye en toda su etapa posterior, hasta la actualidad. La historia de España es muy diversa, con matices e ingredientes muy interesantes y plurales. Sin embargo, ha sido trufada interesadamente de elementos manidos con el objetivo de sepultar un variado mosaico, que se presenta fascinante y único cuando desaparecen esas telarañas que lo tapan y ensombrecen.

La Reconquista es un elemento que el nacionalismo español utiliza como herramienta de exclusión, con la intención de cimentar en este hecho histórico el origen de España, y apunta como antiespañoles a los que defienden al-Andalus como un periodo fundamental de este país. Pero la Reconquista no busca erradicar el islam de la Península: se limita a expandir el cristianismo a medida que va ganando territorios, sin el objetivo de eliminar a los musulmanes, que son generadores de riqueza económica y buenos conocedores de una serie de disciplinas –matemáticas, botánica, astronomía, medicina, navegación o agricultura, entre otras– que los cristianos no dominaban con la misma destreza. Durante ocho siglos, ambas culturas se complementan y respetan por intereses económicos, y el islam arraiga con firmeza en la Península en el periodo medieval. 

En estos momentos existe una pluralidad lingüística y política que es perseguida por muchos con el ya anticuado discurso de que está en juego la unidad de España. Pero la realidad es que España es una sociedad heterogénea con una historia manipulada por una serie de ideólogos y teóricos, que se empeñan en obstaculizar un proceso de integración que refleja la diversidad peninsular que se vive desde hace siglos.  

La historia nacional ha sido falseada para argumentar el relato presente y marcar el camino por donde algunos quieren que vaya la crónica futura, basándose en el arrebato y la tergiversación de varios de los momentos históricos más relevantes. Pero esto no es exclusivo de España: en muchos lugares de Europa está ocurriendo lo mismo, a lomos de una corriente ultraderechista que promulga un discurso xenófobo que ha crecido mucho y muy rápidamente desde la crisis de 2008.

La diversidad cultural española, empero, se ha mantenido a flote, y preserva lenguas e instituciones distintas en un sistema autonómico que permanece sólido por más que algunos prefieran volver a la caverna autoritaria. La ultraderecha proclama que la pluralidad lingüística y política dentro de la nación es un problema, pero, en realidad, es una gran oportunidad para tender puentes y estrechar lazos dentro y fuera de España, para crear un marco de convivencia y cohesión que impulse el desarrollo social.

El historiador Eduardo Manzano, en su obra España diversa. Claves de una historia plural, sostiene: “La historia de España contiene acontecimientos, cambios e ideas tan distintas a las que hoy en día prevalecen que más que ser juzgada lo que nos plantea es el reto de conocerla para ayudarnos a salir de nuestro creciente ensimismamiento identitario”. Y continúa: “La herencia judía, por ejemplo, es generalmente considerada como un exotismo recubierto de tópicos, pero rara vez se extraen de ella, fuera del círculo de especialistas, los conocimientos que atesora su legado o las conclusiones que se desprenden del análisis de su cruel rechazo. Es igualmente penoso constatar que los historiadores nacionalistas españoles hayan decidido, por lo general, prescindir de la tradición histórica, cultural y lingüística de territorios como Cataluña, el País Vasco o Galicia, que, lejos de haber sido engorrosos obstáculos para el proyecto de unidad nacional, contienen una rica historia y una valiosa especificidad que han hecho avanzar social y culturalmente a este país, y han contribuido a su empobrecimiento cuando se ha optado por ignorarlas”. 

No obstante, los historiadores de los nacionalismos periféricos funcionan de la misma manera, tratando de justificar su ideología a través de una reafirmación de su identidad cultural. Para ello, utilizan todos los elementos a su alcance –idioma, etnia, religión, fronteras, herencia, valores, aspiraciones– para asegurar su cultura nacional, desechando los que puedan ser perjudiciales para su propósito propagandístico y simbólico. 

Más allá de los conflictos religiosos, la pluralidad cultural no ha sido origen del importantes enfrentamientos entre los pueblos peninsulares. Tras la expulsión de judíos (1492) y moriscos (1609) se establece una homogeneidad religiosa de más de tres siglos, que se ha ido diluyendo desde el fin del franquismo sin ningún tipo de problema.   

Se equivocan los que se obstinan en buscar un momento concreto de la historia para designar el nacimiento de España y reafirmar así su identidad nacional: es más bien un proceso histórico que tiene algunos hitos remarcables –unión de las coronas (1479); caída de Granada (1492); abdicación de Carlos V (1556); Decretos de Nueva Planta (1707); Constitución de Cádiz (1812)–, pero que se ha ido construyendo con una amplia variedad de elementos y de forma gradual, y en el que no puede obviarse la influencia de las distintas culturas que han dejado su marchamo en el proceso de creación de la nación española. 

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Daniel Leguina es periodista e historiador, jefe de prensa de la Fundación Alternativas.