Europa se enfrenta a uno de esos momentos en los que el liderazgo político se mide por la capacidad de defender principios. En tiempos en los que está en disputa el orden internacional basado en normas, el liderazgo europeo debería ser coherente con sus valores fundacionales.

Sin embargo, el liderazgo de Ursula Von der Leyen ha demostrado no estar a la altura para representar a los 447 millones de europeos en uno de los momentos más decisivos de la historia.

Desde el inicio de esta legislatura ha quedado patente su desinterés por situar los derechos humanos en el centro de la agenda política europea. Su silencio cómplice ante el genocidio en Gaza y ante las vulneraciones masivas del derecho internacional ha proyectado una imagen de Europa que se maneja con dobles estándares, según quién sea el agresor y quién el agredido.

El proyecto europeo nació tras dos guerras mundiales que devastaron el continente, entendiendo que solo a través del multilateralismo y bajo un orden internacional basado en normas, podía garantizar la convivencia y la paz entre pueblos. 

Hoy ese marco se tambalea.

El estallido del trumpismo en su máxima expresión no es solo una amenaza: provoca el fin de muchas de las certezas sobre las que la Unión Europea ha sostenido su posición internacional durante décadas. 

Europa no puede limitarse a estar a la defensiva ante ese nuevo contexto: necesita definir su propio rumbo.

Sin embargo, lo que vemos hoy desde Bruselas es una líder desnortada, capaz de decir que “Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial… y ya no puede confiar en un sistema basado en reglas…”

Mientras deberíamos estar debatiendo cómo reforzar la autonomía estratégica en términos industriales, tecnológicos, energéticos y democráticos, Von der Leyen empuja a Europa hacia una agenda centrada en la obsesión por el rearme y la securitización.

Europa no puede funcionar desde la lógica de una economía de guerra sostenida en el rearme indiscriminado, la desregulación, la austeridad o el blindaje de fronteras. Mucho menos cuando una gran parte del presupuesto militar europeo termina destinándose a la compra de armamento a EEUU. Porque la cuestión no es sólo cuánto se gasta, sino para qué y qué proyecto político hay detrás.

Europa necesita un concepto de seguridad que incluya dimensiones sociales, climáticas, sanitarias y democráticas. La seguridad pasa por contar con un Estado del bienestar fuerte, y el respeto al pacto verde con el fin de reconstruir la confianza de la ciudadanía en sus instituciones para garantizar la cohesión social. Esa cohesión que hoy está en riesgo.

Una sociedad atravesada por la desigualdad, la precariedad y la pérdida de expectativas de futuro con una profunda crisis de vivienda, sin garantías para acceder a la sanidad o educación pública, es más vulnerable a la polarización, a la desinformación y al auge de discursos de odio fomentados por la extrema derecha.

La transición ecológica es otro de los pilares de la hoja de ruta que deberíamos seguir. Reducir la dependencia energética exterior y apostar por las energías renovables no es solo una política climática: es también una política de seguridad y soberanía. La descarbonización permitirá a Europa reducir su vulnerabilidad geopolítica y posicionarse en sectores económicos que marcarán el futuro de la economía global.

A estos desafíos se suma otro igual de decisivo: la soberanía tecnológica. Hoy el ecosistema digital europeo depende de los grandes tecnooligarcas que operan sin control, debilitando las democracias del planeta. Europa debe trabajar para construir infraestructuras digitales propias capaces de sostener un ecosistema innovador, democrático y autónomo.

Pero mientras estos debates estructurales deberían ocupar el centro de la agenda europea, la Unión parece cada vez más atrapada en otra deriva preocupante: su alejamiento de los derechos humanos y el endurecimiento de su política migratoria.

El llamado Reglamento de Retorno que se impulsa desde Bruselas amenaza con convertirse en una auténtica maquinaria de deportación masiva. 

Bajo el discurso de la ‘gestión migratoria’ se están fomentado políticas que priorizan la expulsión frente a la protección, la crueldad frente a la acogida, y la externalización de fronteras frente al respeto de los derechos humanos, normalizando la narrativa de la ultraderecha que presenta la inmigración como la gran amenaza.

De este modo, Europa no solo está moviendo sus fronteras: está moviendo el lugar donde se aplican los derechos de las personas migrantes a las que se excluye de derechos. 

Para ello, el Reglamento de Retorno es un instrumento para no responsabilizarse, que permite que el “trabajo sucio” lo haga otro, lo más lejos posible de nuestra vista, y que así se eluda el cumplimiento del derecho internacional.

Esta misma semana hemos visto cómo el Partido Popular Europeo es un rehén de la ultraderecha, llegando a un acuerdo para sacar adelante este cruel Reglamento, que abre la puerta a la creación de los Guantánamos europeos. Se trata de centros de expulsión y detención ubicados en países fuera de la Unión Europea, permitiendo la barbaridad de detener a niños, familias y personas con perfiles vulnerables susceptibles de protección.

Además, sobre la mesa está la propuesta de fomentar las prácticas del ICE de Trump en Europa: con persecuciones raciales en calles, hospitales, escuelas o centros de trabajo, obligando a los Estados miembro a identificar a personas en situación irregular para expulsarlas, como si fuesen cacerías humanas.

Y todo ello, en contra de las advertencias de la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa y expertos de Naciones Unidas que han advertido que este Reglamento supone un grave riesgo de violaciones de Derechos Humanos.

Von der Leyen y su partido han demostrado que quienes les marcan la agenda son las fuerzas reaccionarias que llevan años tratando de erosionar la democracia desde dentro de las instituciones. 

El crecimiento del fascismo en Europa no se combate adoptando parte de su agenda política. Se combate defendiendo con firmeza los valores democráticos, los derechos humanos y la justicia social, y para ello hace falta un liderazgo político capaz de impulsarlo.

Simone Veil, primera presidenta electa del Parlamento Europeo y defensora incansable de los derechos humanos y la reconciliación europea, lo dijo claramente: “Una Europa que renuncia a sus principios deja de ser Europa; defender la dignidad humana es nuestra obligación, no una opción.”

Siguiendo sus palabras, el proyecto europeo no se mide por la altura de sus muros ni por el tamaño de sus bombas. Se mide por su capacidad para defender la dignidad humana que ella reclamaba, el derecho internacional y la democracia.

Y hoy, en esa medida —la única que realmente importa—, Ursula Von der Leyen no está a la altura.

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Estrella Galán es eurodiputada de Sumar.

El impulso humano de enterrar, nombrar y despedir explica por qué la memoria es un campo de batalla. Y explica también por qué, cincuenta años después de la muerte de Francisco Franco, miles de familias continúan esperando poder dar un entierro digno a los suyos.

Se cumple medio siglo de la muerte del dictador que dio un golpe militar a la democracia, que provocó una guerra civil sangrienta y que convirtió España en una inmensa cárcel durante cuatro décadas. Cuarenta años de exilio, persecución, torturas, desapariciones y asesinatos. No son cifras abstractas: son familias enteras cuyas vidas han sido convertidas en tabú. Es la historia de la mitad del país silenciada junto con sus muertos.

En 1975 Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle. La democracia no cayó del cielo. Si España avanzó hacia un marco democrático, aunque limitado, fue gracias a la lucha social: en las huelgas, manifestaciones y movilizaciones masivas durante una transición marcada por la violencia política. Se derrotó el intento del franquismo de maquillarse y continuar, y se abrió la puerta a un proceso constituyente.

Lo que vino después tampoco fue sencillo. Mucho de lo que hemos conquistado no llegó por iniciativa institucional, sino por el empuje de las víctimas y de la sociedad civil: familiares que buscan a sus desaparecidos, asociaciones que rastrean fosas comunes, historiadores que reconstruyen la verdad frente al silencio oficial. La Ley de Memoria y la reforma de la Ley de Secretos Oficiales no son gestos simbólicos: son herramientas para recuperar cuerpos, dignidad e historia. No son debates del pasado. Son pilares democráticos.

Las víctimas y sus familias han pasado una vida esperando. Primero cuarenta años esperando que muriera el dictador; después casi otros cuarenta esperando poder devolver la dignidad a sus muertos. Ha sido una espera demasiado larga.

Por eso inquieta la normalización del revisionismo. Vox –y lamentablemente también el Partido Popular– dan pasos atrás: hace apenas dos semanas, se negaron a asistir al homenaje a los últimos asesinados por la dictadura, repitiendo el insulto franquista de llamarlos “terroristas”. A esto se suman muchas otras afrentas a la memoria: la destrucción del memorial de La Almudena, las “leyes de concordia” que ensalzan el régimen, la humillación de las víctimas como Aurora Picornell, y un largo etcétera.

Es una revictimización de las víctimas, y una amenaza para las libertades presentes. Ya estamos viendo las consecuencias, pues una reciente encuesta del CIS indica que más del 41% de los votantes del PP considera que la dictadura fue “buena” o “muy buena” y, por primera vez en la historia de la democracia española, también lo considera así el 19% de los jóvenes españoles (de 18 a 24). Porque quien normaliza el franquismo, normaliza la deriva autoritaria que avanza en Europa. Y sin memoria, la democracia se debilita.

La memoria es un deber colectivo. Es el único camino hacia una democracia plena, con verdad, reparación y justicia.

Quizá uno de los países que comprende mejor el valor de honrar a quienes ya no están es México, donde la ritualidad del paso de la vida a la muerte es una celebración pública, popular y profundamente humana. Un país que demostró una inmensa solidaridad con el pueblo español en los momentos más difíciles: primero apoyando a la causa republicana cuando las potencias europeas miraban hacia otro lado; y después, acogiendo a miles de españoles y españolas que huían de la persecución franquista y del fascismo europeo.

Tuve la oportunidad de estar allí coincidiendo con el Día de Muertos. En el Muro de Honor del Congreso mexicano pude leer una dedicatoria sencilla y conmovedora: “Al exilio republicano español”. Aquellas palabras, grabadas en piedra, demuestran que la memoria también existe fuera de nuestras fronteras. Que otros no olvidaron lo que aquí se quiso esconder.

Miles llegaron en barcos como el Sinaia, el Ipanema, el Mexique o el Flandra. Más de 20.000 compatriotas que desembarcaron en Veracruz tras pasar por los campos de concentración franceses. España fue un país de exilio. Y gracias a la solidaridad de otros pueblos, muchos pudieron volver a empezar.

Ocho décadas después, aquel recuerdo es también una llamada.

Hoy vemos a miles de personas huyendo de la guerra, del hambre o de la persecución. A veces se olvida demasiado rápido. Pero un día fuimos nosotros y nosotras. Y ahora es nuestro turno de acoger. Porque la memoria no se honra solo con homenajes o discursos: se honra con solidaridad, con humanidad y con justicia.

A 86 años del exilio español, a 50 años de la muerte de Franco, la memoria sigue siendo el mayor antídoto contra el autoritarismo. La democracia se defiende mirando de frente a nuestra historia, no escondiéndola.

Porque un país que no recuerda, repite.

Y un país que recuerda, construye democracia.

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Estrella Galán es eurodiputada por Sumar.

Tuve que ver las imágenes dos veces para entender lo que sucedía.

El pasado domingo, en la playa del Sotillo, en Castell de Ferro (Granada), un grupo de bañistas corría entre sombrillas y toallas, no para auxiliar a personas recién llegadas por mar sino para perseguir, reducir y retener violentamente a varios migrantes exhaustos. 

Los justicieros eran personas normales y corrientes, que estaban veraneando. Ciudadanía cuyo uniforme era un bañador y unas chanclas que, sin ningún pudor, se arrojó el papel de frontera.

Con una escena como esta, la pregunta que nos interpela es ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado para que los penúltimos persigan a los últimos?.

Castell de Ferro no es una zona exclusiva, ni un resort de lujo. Es un pueblo costero tranquilo, elegido en vacaciones tradicionalmente por familias trabajadoras y gente modesta.

Es una costa popular, donde muchas personas veranean después de un año duro, con recursos justos y muchas renuncias. Personas precarizadas, que sufren la crisis de la vivienda, las dificultades de acceder a la sanidad y educación pública y que con mucho esfuerzo llegan como pueden a fin de mes, mientras ven como las grandes empresas publican cada año mejores resultados a costa de que sus salarios sigan estancados.

Por eso, la escena es aún más dura. Que esas mismas personas, hijas de la periferia social, se sientan legitimadas para actuar como agentes del control migratorio, como si la única forma de defender su lugar en el mundo fuera reducir al que está aún más abajo, es resultado de una quiebra social y moral muy profunda.

Pierre Bourdieu lo explicó con claridad: cuando el poder simbólico triunfa, los dominados adoptan la mirada del dominador. 

Y en este caso, el relato de la ultraderecha ha conseguido que parte de la ciudadanía ponga su desafección, su frustración y su rabia en la dirección equivocada. 

En lugar de señalar a los responsables reales de su precariedad —las élites políticas y económicas que quieren recortar sus derechos—, persiguen al que huye del hambre, del despojo, de la violencia, porque ha sido señalado intencionadamente, como una amenaza.

Pero volviendo a la escena de la playa,  lo más preocupante, no es solo lo que hicieron aquellos veraneantes, sino el porqué lo hicieron. Como si fuera su deber. Como si la solidaridad fuera una traición y perseguir al migrante una obligación.

Lo más triste de todo, es que muchas de esas personas que se sintieron en la obligación moral de perseguir a los migrantes ‘por el bien de nuestra sociedad’, probablemente no mueven un dedo cuando ven a una persona tirada en la calle,  cuando saben que hay un vecino sin recursos que va a ser desahuciado, o tampoco se inmutan ante el asesinato de más de 60.000 personas en el genocidio que se está cometiendo impunemente en Gaza. Pero corren —literalmente corren— para detener a alguien que acaba de salir del agua y que está a punto de desfallecer. 

El discurso del odio ha conseguido que las fronteras ya no sean solo líneas geográficas: se han instalado en las ideas, en las miradas, en los gestos cotidianos. En Castell de Ferro, la playa se convirtió en frontera. Y la frontera estaba en la mente de quienes actuaron con violencia para evitar que las personas que bajaban de la patera pudieran pisar un lugar seguro.

El éxito de la ultraderecha es haber diseñado una ingeniería del odio, que transforma el malestar social en xenofobia. De este modo evita que los de abajo se organicen para resistir y luchar juntos, enfrentándoles entre sí.

Pero hay otra mayoría: la que no corre tras nadie, la que representa la voz que en el video grita:  “¡Dejad al chiquillo!”

Esa voz no solo rompe el consenso del miedo. Nos recuerda que otra ética es posible. Alguien que ve al migrante como persona. Que no se deja arrastrar por el odio. Que elige ser solidaria antes que ser justiciera. Y esa es la esperanza en la que debemos aferrarnos.

Pero también es una alerta. Una invitación a rebelarse. A reconstruir el tejido común. A no aceptar que se persiga a un joven en la playa con la misma facilidad con la que se ignora a quien agoniza en la calle. 

Es un grito de justicia social que exclama con desesperanza “¡Dejad al chiquillo!”

Lo que ocurrió este fin de semana en esa playa de Granada no es una anécdota. 

Es un espejo que muestra hasta qué punto el relato de la exclusión ha calado. 

Pero también es una alerta. Una invitación a rebelarse. A reconstruir el tejido común. A no aceptar que se persiga a un joven en la playa con la misma facilidad con la que se ignora a quien agoniza en la calle.

Porque cada acto de indiferencia o violencia contra los más vulnerables, pone en juego nuestra capacidad de convivir, y nuestra capacidad colectiva de sostener la dignidad humana como principio político.

Estrella Galán es eurodiputada por Sumar

Estos datos sólo son un ejemplo de la magnitud de una crisis de vivienda que está empujando a millones de personas a una situación de vulnerabilidad, exclusión y pobreza. 

La UE no puede seguir dándole la espalda a esta realidad que nos interpela a todos. Dispone de herramientas para paliar esta crisis y es urgente que las ponga en marcha a través del siguiente decálogo:

PRIMERO.- Es imperativo reconocer que el acceso a una vivienda digna y asequible debe ser un derecho fundamental, al mismo nivel que el derecho a la educación o a la salud. Actualmente, este derecho está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pilar Europeo de Derechos Sociales, pero no está explícitamente incluido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Esto debe cambiar y no por una cuestión simbólica o nominativa. El derecho a la vivienda debe ser incorporado formalmente en la Carta porque así se garantiza un marco jurídico sólido que obligue a los Estados miembros a priorizar este derecho en sus políticas nacionales. 

SEGUNDO.- Es fundamental reforzar las políticas de vivienda públicas y sociales. La crisis actual demuestra, una vez más, que el mercado por sí solo no puede garantizar el acceso a una vivienda asequible. 

TERCERO.- Necesitamos directivas con un enfoque social que priorice la creación y mantenimiento de un parque de viviendas públicas y sociales, destinado especialmente a los grupos más vulnerables, como jóvenes, personas sin hogar, mujeres en situación de pobreza, migrantes y personas con discapacidad, que enfrentan barreras adicionales para acceder a una vivienda digna. 

CUARTO.- Para garantizar el derecho a la vivienda, los fondos de la UE deben proporcionar un mayor apoyo financiero a los Estados miembros, porque si no se dota de presupuesto suficiente, cualquier intento de enfoque social será propósito vacío.

QUINTO.- En la UE hay alrededor de 700.000 personas sin hogar, y se estima que hay más de 11 millones de viviendas vacías, una cifra escandalosa en medio de una crisis que afecta a los 27. Urgen soluciones como la rehabilitación de estas viviendas y el fomento del alquiler social. Por tanto, los fondos de cohesión, como el FEDER y el Fondo Social Europeo, deben ser utilizados para aumentar el parque de vivienda pública protegida, promover la renovación sostenible de edificios y, sobre todo, para contrarrestar el impacto negativo de los fondos buitre y la especulación inmobiliaria. 

SEXTO.- Las políticas de cohesión deben ser una herramienta clave para garantizar que todas las personas en la UE, independientemente de su situación económica o social, tengan acceso a una vivienda digna, asequible y sostenible. Esto implica no solo aumentar los fondos en vivienda social, sino también garantizar que se utilicen de manera eficiente y transparente, con mecanismos de control que aseguren que los recursos lleguen a quienes más los necesitan, para que nadie se quede atrás.

SÉPTIMO.- Debemos establecer límites claros a los Fondos de Inversión Internacionales, que están comprando nuestras ciudades y barrios, con el aval de unas derechas que promueven un modelo en el que la vivienda es una mercancía en manos de estos multipropietarios rentistas.

Estos actores, que priorizan el lucro sobre el derecho a la vivienda, han contribuido significativamente a la crisis actual, inflando los precios y excluyendo a miles de personas del acceso a una vivienda digna. Es crucial que las viviendas financiadas con fondos públicos permanezcan en manos públicas.

OCTAVO.- Necesitamos medidas concretas como el control en zonas tensionadas de los alquileres turísticos y de temporada o por habitaciones que están fuera de toda regulación.

NOVENO.- Necesitamos medidas también para la paralización de los desahucios provocados por la especulación y fondos buitres. Las personas en situación de vulnerabilidad deben contar con mecanismos que les permitan mantener su hogar o acceder a una alternativa digna en caso de dificultades económicas.   

La presión social detuvo en febrero el desahucio de un profesor que llevaba 22 años viviendo en la emblemática Casa Orsola de Barcelona, finca adquirida por un fondo y que pretendía echar a los vecinos con subidas abusivas para hacer alquileres de temporada. 

Menos suerte tuvieron Aurora, de 79 años, y su hija Lola, desahuciadas el pasado mes de septiembre de la casa en la que vivieron toda su vida en Getafe, después de que otro fondo comprara el bloque en el que vivían y echaran a las demás familias.

Porque por más que la extrema derecha quiera agitar la bandera de la ocupación ilegal, la realidad de los desahucios en España son personas que no pueden afrontar las subidas abusivas del alquiler por parte de empresas que adquieren edificios enteros para especular. 

DÉCIMO.- Por último, aunque no es un tema menor, Europa debe desincentivar que los Estados miembros ofrezcan las Golden visas, que no son otra cosa que un atajo para que los que más tienen puedan conseguir la residencia mediante la compra de vivienda por un valor igual o superior a 500.000 euros. 

No podemos olvidar que la crisis de vivienda es una cuestión de derechos humanos, de dignidad y de justicia social. Para resolverla, debemos garantizar que las políticas de vivienda públicas y sociales sean una prioridad en la agenda europea. 

Bajo este decálogo podremos construir una Europa más cohesionada, justa e inclusiva que nos proteja y que no nos expulse de nuestros barrios, pueblos o ciudades para dar cobijo a los grandes inversores.

No queremos una UE con gente sin casas, ni casas sin gente.

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Estrella Galán es eurodiputada de Sumar, antropóloga, trabajadora social y activista por los derechos humanos.

El flujo de llegadas a las islas Canarias no es una noticia novedosa, son diferentes repuntes de llegadas sostenidos en el tiempo. Así lo hemos podido comprobar la semana pasada, en una misión de eurodiputados, al constatar in situ lo que ha sido una constante en los últimos 30 años.

Se trata de un fenómeno estructural que está siendo abordado erróneamente con carácter de emergencia, lo que produce sensación de alarma social, en una sociedad altamente acogedora, pero que se siente amenazada con la idea de que sus islas puedan convertirse en un gueto de la Unión Europea donde aislar a las personas sin que pisen el continente.

Canarias es frontera exterior de la Unión Europea, por tanto, quien llega a la isla de El Hierro, a Fuerteventura o a Gran Canaria (al igual que quien llega a Ceuta o Melilla) está en un territorio tan europeo como Bruselas o Estrasburgo, por mucho que  se pretenda utilizar la ficción jurídica prevista en el Pacto de Migraciones de retener en esos territorios alegando que no han entrado en Europa hasta decidir su entrada o su expulsión.

Canarias se enfrenta en estos momentos a un enorme desafío, y con ello, también España. Puede convertirse en un gran campo de recogida y retención, siguiendo el modelo de Meloni con ‘Guantánamos’ en las fronteras exteriores y en terceros países; o puede apostar por un modelo de acogida, inclusión y derivación para una gestión de las migraciones más humana y justa, frente a las políticas de blindaje de fronteras y rechazo de personas, demostradamente fracasadas.

Es demagógico y poco realista considerar que la intervención de FRONTEX, blindaje de fronteras y eslóganes de expulsiones masivas traslada un mensaje desincentivador a quienes necesitan dejar su país. Las migraciones no son un grifo que se abre o se cierra a placer con políticas cortoplacistas, sino un fenómeno mucho más complejo.

Lo que realmente puede desactivar a las mafias es la puesta en marcha de vías legales, con políticas de visados que eviten su lucrativo negocio. Si queremos evitar las muertes en el mar (más de 6000 en la ruta canaria en lo que va de año) e impedir que los traficantes de personas sigan siendo la única opción para quien necesita huir, no lo vamos a conseguir importando en la UE políticas Trumpistas, cerrando todas las puertas, porque ¿cómo se pueden poner puertas al mar, a la búsqueda de un lugar seguro o a los sueños para lograr una vida mejor?

Las islas Canarias han recibido en lo que va de año cerca de 40.000 personas. En estos momentos, las personas adultas que llegan a las islas son trasladadas a la península bajo los programas gestionados por el Gobierno Español en un plazo aproximado de un mes. Sin embargo, no siempre ha sido así, y eso se vislumbra como una amenaza permanente para las islas, dado que depende de la voluntad política del gobierno del momento, que es quien tiene las competencias en materia migratoria.

Altamente preocupante es la situación que viven los niños y niñas migrantes no acompañados.  En estos momentos hay 5.400 menores en las islas, acogidos en más de 80 centros dependientes del Gobierno Canario y del Cabildo por ser su competencia. 5.400 niños y niñas con sus derechos vulnerados, esperando una oportunidad que en las islas no pueden garantizarse debido a la sobresaturación de los recursos existentes, pese al gran esfuerzo que se está haciendo por todas las partes. 

Sin embargo, la imposibilidad de ser trasladados a la península por la falta de solidaridad y responsabilidad del resto de Comunidades Autónomas, que no están dispuestas a acogerles bajo argumentos peregrinos, pone en evidencia que lo que subyace es el miedo de los voceros de la derecha y la ultraderecha, con sus argumentos que criminalizan a la infancia migrante, y que les da rentabilidad política.

Europa acogió en un tiempo récord a cerca de 6 millones de personas procedentes de Ucrania. Solo España ha acogido hasta el momento a 201.000.  Muchas de aquellas, eran menores (62.000 niños y niñas; en torno a 1.800 son menores sin referentes familiares que todavía permanecen acogidos en nuestro país). Se pudo hacer sin ningún problema porque hubo voluntad política.

Todas ellas y ellos, tan menores y tan vulnerables como los que están en estos momentos atrapados en las islas, no son otra cosa que niños y niñas que necesitan la misma protección garantizada por la Convención de los Derechos del niño y la Ley Orgánica de Protección del Menor. Más aún, cuando el ACNUR estima que un 70% de estos menores tienen necesidades de protección internacional, es decir son potenciales refugiados. 

Pero es imposible brindarles una acogida digna y asegurar sus derechos porque el sistema de protección de la infancia en el archipiélago está desbordado al igual que los recursos públicos que les dan soporte. Los derechos de los niños y niñas no son una cuestión de caridad o solidaridad, son de obligado cumplimiento y, por tanto, aquellas Comunidades Autónomas que se están negando al reparto y a la acogida, están obviando sus obligaciones jurídicas.

Canarias necesita urgentemente una respuesta para resolver la situación de esos niños y niñas varados en las islas. Para empezar, con la reforma de la Ley de Extranjería que, a través de su artículo 35 bis, permitirá, el reparto vinculante de niños y niñas entre las Comunidades Autónomas. Lamentablemente, el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo no es una solución para Canarias, ni tampoco para una gestión eficiente de las migraciones, dado que carece de un enfoque de solidaridad entre países, y amenaza el respeto de los derechos humanos. 

España debe poner pie en pared y exigir a la Unión Europea que se implique, para no convertir a Canarias en una gran cárcel de niños y niñas a cielo abierto. Con planes para abordar las causas profundas de la migración y para el desarrollo en los países de origen, con un sistema de acogida estable y coordinado entre todos los estados miembros, dotando a España, y en este caso a Canarias, de fondos de emergencia ágiles que permitan gestionar la presión migratoria sin tensionar sus recursos públicos.  Porque se trata de evitar que los penúltimos compitan contra los últimos.

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Estrella Galán es eurodiputada de Sumar.