Nos enfrentamos a un momento crítico sin precedentes para la Unión Europea. Dos son los eventos recientes que ponen de manifiesto su pérdida de autonomía y de relevancia en un mundo cada vez más hostil y que cuestionan su papel como actor global en tanto que gigante comercial: el “acuerdo” alcanzado entre Von der Leyen y Trump en un campo de golf propiedad del mandatario estadounidense y la práctica total ausencia de reacción ante el genocidio de Gaza. 

A falta de conocer en detalle lo acordado, los datos que se saben son preocupantes y revelan una claudicación que sólo beneficia a los intereses de Estados Unidos. La amenaza constante en relación con la imposición de aranceles, el desprecio a los intereses europeos y la grosería con la institución y con lo que representa, se han materializado. Por lo que hasta ahora sabemos, se ignora cualquier referencia al marco multilateral del que nos habíamos dotado y se establece una relación profundamente asimétrica que no tiene en cuenta los intereses europeos –compra de energía por valor de 750.000 millones de euros en tres años a Estados Unidos al margen de cualquier condicionalidad ambiental, imposición de un arancel general del 15% a los bienes europeos, sin reciprocidad, inversiones europeas en Estados Unidos por valor de 600.000 millones de euros durante el mandato del actual presidente–. Pero, tanto como su contenido, es igual de grave su simbolismo. Si existía un ámbito en el cual la UE era capaz de mostrar fortaleza y asertividad, éste era el comercial. Estados Unidos ha dejado de ser un socio fiable en materia comercial, ambiental, política y de seguridad; y hubiera sido necesario mostrar una postura sólida que evidenciara el poder económico de la Unión en el mundo. No ha sido así. 

Esta misma postura acrítica y de vasallaje se está demostrando ante el genocidio de Gaza. La información que llega desde la Franja es estremecedora: más de 60.000 muertos, la utilización del hambre como arma de guerra, el bombardeo de hospitales, escuelas, zonas residenciales y campamentos de desplazados altamente poblados han convertido a Gaza en un infierno en la tierra. A la clara intención genocida del gobierno israelí, se suman las conductas que configuran el crimen de genocidio y, ante ello, ni la Unión ni los Estados miembros adoptan medidas contundentes. Nuevamente, el comercio debería ser el instrumento clave para hacer frente a esta situación con la herramienta que provee el Acuerdo de Asociación con Israel. No se puede olvidar que el principal socio comercial de este Estado es la Unión Europea, y si realmente la Unión quiere hacer valer los valores y principios que formaban parte de su ADN y que se han incluido en estos acuerdos a través de la cláusula democrática, Bruselas debería, como poco, suspender inmediatamente su aplicación. No hacerlo nos convierte en cómplices. 

Esta doble rendición nos lleva a plantearnos preguntas sobre el futuro del proyecto europeo. ¿Es tolerable permitir que se cometa un genocidio sin responder con las herramientas de las que nos hemos dotado? ¿Podemos seguir siendo considerados como un actor clave en el mundo si nos rendimos ante la voluntad autoritaria de Estados Unidos? 

Ante la desazón que nos generan estos acontecimientos, es necesario que la Unión recupere su dignidad, que no se abrace a alianzas contraproducentes y que apueste por una política comercial basada en valores y principios. 

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Ana Manero Salvador es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid y delegada de España en el Grupo de Trabajo de Ciencias Sociales y Humanidades del International Arctic Science Committee. Su último libro es El Antropoceno y el Derecho Internacional. Implicaciones para el Ártico (Tirant lo Blanch, 2024).

A pocos días de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, la tensión geopolítica está creciendo a nivel global y especialmente en una región que en los últimos años ha sufrido un cambio radical por lo que respecta a las relaciones internacionales: el Ártico. 

Desde la guerra fría, cuando Gorbachov promovió la excepción ártica que acabaría dando lugar al Consejo Ártico, esta región del mundo se caracterizaba por la cooperación entre los ocho Estados árticos —Rusia, Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia, Dinamarca, Canadá y Estados Unidos—. Esta cooperación se materializaba, por ejemplo, en iniciativas conjuntas en materia científica y llegaba, incluso, a la adopción de tratados internacionales para proteger a las especies de peces del Océano Ártico central. 

El primer mandato de Donald Trump ya comenzó a quebrar la armonía de este espacio de cooperación. Esta administración dificultó enormemente el consenso en la cumbre ministerial de Rovaniemi que ponía fin a la presidencia finlandesa (2019) y empezó a mostrar cómo para Estados Unidos el Ártico dejaba de ser un espacio de cooperación pacífica y pasaba a ser uno de competición geopolítica. No obstante, el punto de inflexión definitivo, y que ha dado lugar a una importante fractura en la región, fue el inicio de la agresión rusa sobre Ucrania. En marzo de 2022, pocos días después del comienzo de la guerra, los Estados árticos occidentales adoptaban la Declaración conjunta de condena de la invasión de Ucrania, en la afirmaban que existían “serios obstáculos para la cooperación internacional en el Ártico, como consecuencia de la actuación de Rusia” y suspendían en sus actividades al Consejo Ártico. Si bien el Consejo ha retomado sus funciones de forma parcial, siempre que no esté involucrada Rusia, está claro que la región ha cambiado de forma radical. Y es que, además, el Ártico se encuentra sufriendo de forma dramática los efectos de la crisis climática, que facilita la extracción de los recursos así como la navegación de las aguas. 

No es una boutade que Donald Trump quiera anexionarse Canadá, ni que quiera comprar Groenlandia. La gran potencia ártica es Rusia —el 53% del litoral ártico pertenece a este Estado—, que se encuentra explotando los recursos árticos, especialmente gas y petróleo, al tiempo que potencia la navegación de la ruta del Norte y reactiva las bases militares a lo largo de la costa. Si Estados Unidos consiguiera extender su soberanía, competiría en igualdad de condiciones geográficas en el Ártico con Rusia, aunque no es este un escenario plausible. Por lo que respecta a Canadá, estamos ante un Estado soberano que considera las aguas del archipiélago canadiense como aguas interiores, esto es, de plena soberanía canadiense y, en consecuencia, su navegación requiere de la autorización de Canadá. Esta tesis ha venido siendo rechazada por Estados Unidos, que considera que el mítico Paso del Noroeste es un estrecho utilizado para la navegación internacional, por lo que todos los buques gozan del derecho de paso en tránsito. En la hipótesis —del todo improbable— de que Estados Unidos se anexionara Canadá, no necesitaría de la autorización de dicho Estado para navegar el paso. Por otro lado, en relación con Groenlandia, la extensión de la soberanía estadounidense a la mayor isla del mundo le permitiría a Estados Unidos extender su litoral en el Ártico, así como controlar totalmente la ruta y acceder a los importantes recursos que existen en su subsuelo. Si bien no creo que Estados Unidos pueda extender su soberanía en el Ártico, sí que considero que las declaraciones del presidente electo constituyen un indudable elemento de presión, tanto para Canadá como para el gobierno autónomo de Groenlandia, para Dinamarca, para la comunidad ártica y para la comunidad internacional. La navegación de las aguas árticas y la explotación de los recursos son dos cuestiones clave que el nuevo presidente considera esenciales y estratégicas, y más en un escenario con un importante déficit de gobernanza, tal y como es el existente en el momento actual en el frágil y prístino Ártico.  

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Ana Manero Salvador es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid y delegada de España en el Grupo de Trabajo de Ciencias Sociales y Humanidades del International Arctic Science Committee. Su último libro es El Antropoceno y el Derecho Internacional. Implicaciones para el Ártico (Tirant lo Blanch, 2024).